Las investigaciones judiciales por financiación ilegal ya alcanzan a Génova y al PP en siete autonomías

Jueces, fiscales, funcionarios de Hacienda y de la Policía Judicial rastrean la posible financiación ilegal del Partido Popular nacional y de siete de las organizaciones siete de las organizaciones territoriales de esta formación política, según el recuento realizado por infoLibre de los casos de corrupción Gürtel, Bárcenas, Palma Arena y Pokémon.

Además del pago en negro de 1,7 millones de euros para remodelar la sede nacional del PP, en estos momentos cuatro jueces escudriñan las cuentas del partido presidido por Mariano Rajoy en la Comunidad Valenciana, Illes Balears, Galicia, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja y Cantabria, ante las evidencias de la posible financiación irregular de estas organizaciones territoriales.

Sin embargo, la dirección nacional del PP sigue negando de forma oficial que el partido se haya financiado de forma irregular.

Precisamente, esta semana ha sido aciaga para el PP, cuya financiación parece repleta de irregularidades, según se desprende de los diferentes sumarios. Este viernes la Fiscalía Anticorrupción acordó solicitar el ingreso en prisión de varios dirigentes del PP valencianoPP valenciano por delitos electorales. Las penas reclamadas por el Ministerio Público llegan a los siete años y nueve meses de cárcel.

'Palma Arena'

Y también, el juez de Palma de Mallorca José Castro ha acordado abrir la pieza separada número 28 del caso Palma Arena, con la finalidad de investigar la financiación del PP y la compra, presuntamente irregular, de la sede del PP balearPP balear.

El jueves pasado los peritos de Hacienda que analizaron la remodelación de la sede nacional del PP se ratificaron en sus conclusiones: que no eran otras que el PP había pagado en negro las obras realizadas por el arquitecto Gonzalo Urquijo, que deberá responder por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. 

El martes 10 de febrero la jueza que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, reclamó nueva documentación para proseguir sus investigaciones sobre la supuesta "financiación ilícita" del PP de Ourense por cuatro delitos: falseamiento de cuentas, apropiación indebida, y en su caso, cohecho y tráfico de influencias.

Estos son los casos de presunta financiación ilegal del PP investigados por cuatro jueces:

Remodelación de la sede nacional

Dos peritos de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez Pablo Ruz que las obras en la sede del PP que se desarrollaron entre 2005 y 2011, se pagaron con 1,71 millones de euros en negro. Además, los funcionarios confirmaron que la empresa Unifica cometió cuatro delitos fiscales.

Sin embargo, la formación no habría cometido delito porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no afectaba en el momento de los hechos a los partidos políticos. De los 1,71 millones, al menos 184.000 euros tuvieron reflejo en la contabilidad Bcontabilidad B del PP denominada papeles de Bárcenas.

Los funcionarios de Hacienda recordaron que muchas de las irregularidades se confirman gracias a la lectura de los correos electrónicos interceptados al PP. Según los mismos, tanto el extesorero Luis Bárcenas como el entonces gerente Cristóbal Páez dieron instrucciones para llevar a cabo los cobros de forma irregular.

Financiación ilegal del PP valenciano

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado que instruye en el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJV), José Ceres, que procese a cinco exdirigentes del PP de la Comunidad Valenciana: los exdiputados regionales Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra; las gerentes del PP valenciano Cristina Ibáñez y Yolanda GarcíaPP valenciano. Para los cuatro primeros, el fiscal reclama penas de siete años y nueve meses de cárcel. En el caso de Yolanda García, pide seis meses de cárcel como "cómplice".

El Ministerio Público también dirige su escrito provisional contra nueve empresarios y cinco integrantes del denominado Grupo Correa. En este sentido, el fiscal propugna una pena de 27 años de prisión para Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, responsable de Orange Market; 24 años y medio para Pablo Crespo –número dos de la trama– y Francisco Correa –el presunto cerebro de la trama–.

El juez Castro investiga la sede de Mallorca

El juez José Castro investiga la financiación ilegal del PP balear así como la compra y reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), ahora en la cárcel.

El magistrado ha citado a declarar como testigo al exconcejal de Urbanismo de Palma de Mallorca Javier Rodrigo de Santos, quien realizó una confesión sobre las presuntas irregularidades. En esta nueva pieza el juez ha incluido el testimonio de dos personas. El primero es un constructor que realizó obras de forma simultánea en el Palacete del expresident balear Jaume Matas y en la sede del partido. El empresario reconoció que Matas le abonó 70.000 euros en negro por las obras de reforma de su vivienda.

El segundo de los testimonios aportados a la pieza separada es el del empresario Daniel Mercado, que resultó adjudicatario de numerosos concursos públicos a cambio, supuestamente, de abaratar al máximo los costes de las campañas electorales.

El caso Pokémon del PP de Ourensecaso Pokémon

La jueza que investiga el caso Pokémon en Galicia, Pilar de Lara, sostiene de forma "indiciaria" que el PP de Ourense se habría podido financiar "ilícitamente a través de un elaborado sistema de facturación falsa y ficticia" en el que cree que podrían haber colaborado algunas empresas que están siendo investigadas.

La magistrada se basa en el testimonio del exgerente Emilio Pascual para apuntar que el "método consistente en facturar falsamente para encubrir donaciones" se habría utilizado hasta el año 2010. Sin embargo, la jueza extiende sus sospechas de irregularidades más allá y señala que, según un informe de Vigilancia Aduanera, a partir de 2011, cuando ya estaba al frente del PP de Ourense José Manuel Baltar, "se ha podido seguir con idéntico sistema si bien utilizando otras empresas".

Este es el motivo por el que la magistrada ha acordado ampliar la investigación en el caso de los senadores Carmen Leyte Coello y Francisco José Fernández Pérez, así como en el de la diputada en el Congreso Ana Belén Vázquez Blanco, que se añaden a los más de 20 dirigentes del PP sobre los cuales ya había solicitado documentación.

200.000 euros para el PP de Cospedal

El juez Ruz anunció en el auto en el que citada a declarar como imputado al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) que seguirá investigando el grado de participación en la supuesta financiación ilegal del PP de Castilla-La Mancha "que hubiera podido tener persona o personas aforadas", en clara referencia a la presidenta de esta Comunidad y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y al actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado.

El magistrado investiga desde hace dos años la confesión de Luis Bárcenas en la que reconocía haber participado en el pago de 200.000 euros por parte de la empresa Sacyr al todavía gerente del PP de esta Comunidad José Ángel Cañas Cañada.

El extesorero nacional del PP aseguró, en su declaración ante Ruz, que ese dinero tenía como destino la primera campaña electoral de Cospedal a la presidencia regional, que ganó el socialista José María Barreda. Ruz sopesa la posibilidad de enviar el caso Tribunal Superior de Justicia de Albacete.

Una caja B vasca para financiar la sede  de Bilbao caja B

Pablo Ruz considera que Bárcenas creó una segunda contabilidad opaca distinta a la del PP nacional que se alimentaba a través de una cuenta denominada Sede VizcayaSede Vizcaya y que tenía un funcionamiento "muy similar" a la del extesorero del PP. El fondo se financiaba con las aportaciones de particulares recibidas en efectivo en la sede nacional que se desgajaban para no superar el máximo legal de 60.000 euros y que se desviaban mediante transferencias al País Vasco.

La presunta financiación en negro de la compra y posterior reforma del edificio, cuyo importe total ascendió a 991.669 euros, se realizaba también mediante la entrega en efectivo al gerente de la sede regional, Ignacio Aguirre, del importe de una cuota mensual.

Entre los donantes que efectuaron aportaciones en efectivo se encuentra el consejero de la empresa Bruesa Construcciones y del grupo empresarial Bruesa Emilio Álvarez López, que entregó 36.000 euros en efectivo.

200.000 euros para el partido en La Rioja

Bárcenas desveló en su declaración ante el juez que el PP nacional en ocasiones blanqueaba el dinero recaudado de forma ilegal en las sedes regionales del partido. Y puso como ejemplo el pago de 200.000 euros al PP riojano para que comprara su sede en 2008. Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 en sus papeles la frase "entrega de La Rioja", que sirvió para financiar una parte de la compra del nuevo edificio con dinero negro.

Ese dinero procedía en realidad de unos empresarios locales que se lo entregaron al partido en La Rioja. Los fondos llegaron a Bárcenas quien, tras regularizarlo como si se tratara de una aportación anónima, lo devolvió al PP riojano.

El magistrado citó a declarar en febrero de 2014 al secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, y a la gerente, Ana Elvira Martínez, que reconocieron que la sede central del partido donó esta cantidad para la ampliación del edificio que ocupa la formación en Logroño "a fondo perdido".

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90.000 euros para el PP cántabro

Luis Bárcenas, que fue senador por Cantabria, anotó en su contabilidad paralela el pago en 2004 al PP de esta Comunidad Autónoma de 90.000 euros en B, según explica un informe de la Policía Judicial (UDEF).

El informe policial refleja un total de doce donativos de entre 4.000 y 11.000 euros que se realizaron entre el 13 de febrero y el 23 de junio de 2004 y que fueron ingresados en una cuenta a nombre del partido en la Caja de Ahorros de Cantabria y Santander.