Memoria histórica

IU propone prohibir la Fundación Franco, retirar los pluses a Billy el Niño y crear un censo de víctimas de la dictadura

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en el Congreso.

IU quiere aprovechar el anuncio de que el Gobierno sacará al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos para avanzar en el reconocimiento de sus víctimas reformando de una tacada varias leyes. Por ello, este viernes la federación presentará en el Congreso una proposición de ley en la que, entre otros asuntos, plantea elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, instaurar una fiscalía especial para la búsqueda de represaliados, penar el enaltecimiento del franquismo, retirar condecoraciones como las que ostenta el expolicía Billy el Niño –y también los beneficios económicos que incluyen– o ilegalizar la Fundación Francisco Franco.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso infoLibre, será registrada apenas unos días después de que el Gobierno haya confirmado que exhumará a Franco y lo sacará del Valle de los Caídos antes de agosto. La propuesta se presentará bajo el título de "Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición", y pretende ampliar la ley de memoria histórica aprobada en 2007. Pero la iniciativa de IU no se limita a reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del franquismo, sino que también afecta a normas como el Código Penal, la Ley de Amnistía del 1976 o el concordato con la Iglesia Católica, que se propone derogar.

Uno de los primeros asuntos que aborda la proposición de ley son los derechos de las víctimas y sus familiares. Para empezar, la propia norma declara "ilegales, nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en el Estado español por el régimen franquista desde el 17 de julio de 1936", y entre ellas se hace referencia expresa a las dictadas por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y su sucesor, el Tribunal de Orden Público (TOP). A esos condenados, la norma les reconoce el derecho al "resarcimiento proporcional y actualizado".

IU también busca que se elabore un "censo de víctimas" del franquismo, y así lo plantea en la proposición de ley. Dicho censo estaría "compuesto por información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil, del franquismo y de la Transición" sería "de carácter público" y sólo aparecerían en él aquellas víctimas que hubieran dado su consentimiento directo o, "en caso de fallecimiento o desaparición", las que no tengan algún familiar que se oponga a ello. Esa lista serviría para acceder a "compensaciones o ayudas", y sus integrantes podrían reclamar indemnizaciones a las "empresas y personas jurídicas de carácter privado que se hubiesen beneficiado del trabajo forzoso" durante el franquismo, que también se incluirían en un censo elaborado por el Estado.

Para las víctimas fallecidas, la norma propone elaborar un "mapa de fosas" actualizado con el objetivo de proceder a las exhumaciones de los cadáveres cuyas familias lo requieran. La justicia estará "obligada" a "la localización, búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos", y se establece expresamente que "el Ministerio Fiscal deberá garantizar los derechos de las víctimas e impulsar en todo momento las investigaciones". De hecho, la propuesta contempla la creación de una "fiscalía especial para las desapariciones forzosas y la sustracción forzada de menores" para ocuparse de estos asuntos, y también de una "Oficina de víctimas" cuya misión sería "dar apoyo técnico y jurídico a las víctimas y sus familiares" en sus gestiones.

Ilegalizar la Fundación Franco y retirar los pluses a Billy el Niñopluses

Y así como se reconocen derechos para las víctimas, se busca también reformar el Código Penal para castigar el enaltecimiento de los verdugos. Concretamente, la proposición de ley de IU plantea cambiar el artículo 510 de dicha norma –el que castiga los delitos de odio– para incluir expresamente en el mismo a quienes "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, incluidos los crímenes del fascismo, del franquismo y su dictadura, o enaltezcan a sus autores".

En este sentido, hay una disposición adicional que apunta directamente a la controvertida Fundación Nacional Francisco Franco: si se aprueba la ley, "serán declaradas ilegales las Asociaciones y Fundaciones que públicamente humillen o trivialicen los crímenes del franquismo y de la Transición, o que tengan por objeto realizar apología del franquismo, fascismo y nazismo". La norma, además, prohibiría al Gobierno y el resto de las administraciones subvencionar o conceder ayudas "sea cual sea la naturaleza de las mismas" a "aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución penal o administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática del Estado español".

IU quiere también que la Fundación Nacional Francisco Franco esté obligada a restituir al Estado "los documentos públicos o privados" del dictador al ser considerados "de interés público". Y, asimismo, se contempla la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para que sean "desclasificados y hechos públicos todos los documentos oficiales de la dictadura franquista y la transición que aún se encuentren clasificados y bajo secreto o restricción de acceso".

También hay un apartado que parece especialmente pensado para personas como el expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, que cuenta con un total de cuatro condecoraciones que le reportan un jugoso complemento a su pensión. Según la norma, "se consideran contrarios a la memoria democrática del Estado español y retirados los reconocimientos de carácter económico por el desempeño de su cargo o función a aquellos militares, agentes policiales y empleados públicos del Estado que hayan formado parte del aparato de represión de la dictadura". Y, asimismo, se propone retirar "los títulos nobiliarios otorgados a los responsables y colaboradores de la dictadura franquista", aunque esta es una prerrogativa de la que dispone únicamente el rey.

Tampoco se considerarían válidos, si se aprobase la ley, dos apartados de la Ley de Amnistía de 1977, concretamente los que dejan sin castigo "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público [...] y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas", según se explica en la exposición de motivos. Según IU, estos dos epígrafes son contrarios "al derecho internacional, concretamente respecto a la imprescriptibilidad y prohibición de amnistía de los crímenes internacionales como son los crímenes de lesa humanidad y el genocidio", y por ello quedarían sin efecto.

El Valle de los Caídos, un lugar de conmemoración

La proposición de ley contempla, igualmente, varias medidas de reconocimiento a las víctimas del franquismo. Para empezar, su artículo 33 declararía el día 8 de mayo como "Día Oficial de Homenaje a las víctimas del franquismo y de la Transición", una efeméride que ya se celebra en varios países europeos para conmemorar la firma de la capitulación de la Alemania nazi en 1945. "Las instituciones públicas del Estado español impulsarán en esa fecha actos de reconocimiento y homenaje con el objeto de mantener el recuerdo de las víctimas", apunta la iniciativa.

Dentro de las medidas de homenaje, la propuesta de IU incluye crear "lugares de memoria democrática" a modo de centros de "explicación del pasado del Estado español en términos de represión y violencia ejercida por el régimen franquista". Estos puntos incluirían "fosas colectivas, lugares de detención e internamiento, obras realizadas con trabajos forzados, cárceles, maternidades, hospitales o centros de cualquier índole donde desaparecieron niñas y niños" o "espacios vinculados a la resistencia guerrillera antifranquista", y recibirían el tratamiento de bienes de interés cultural, con la protección que conlleva.

El más representativo de estos lugares de memoria democrática sería el Valle de los Caídos, que IU propone renombrar como Valle de Cuelgamuros. La federación plantea que el complejo sea limpiado de simbología franquista y convertido "en un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención al sistema concentracionario español, al Patronato de Redención de Penas del Trabajo y su relación con las grandes empresas o el papel de la Iglesia católica en la dictadura". Obviamente, los restos tanto de Franco como del líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera, serían exhumados, y se contempla expresamente la necesidad de atender "todas las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas cuyos restos mortales se encuentren en el lugar".

La relativa al Valle de los Caídos no es la única acción que afecta a la Iglesia: en una disposición adicional, la proposición de ley establece el deber de que el Gobierno rompa el concordato con la Santa Sede suscrito en 1953, así como "los acuerdos alcanzados entre el Estado español y la Santa Sede en 1976 y 1979". "Esta disposición viene a su vez a llamar la atención sobre el papel desempeñado por la Iglesia Católica como eficaz colaboradora del bando que se sublevó contra la Segunda República y de la posterior dictadura franquista, en especial por parte de los estamentos eclesiásticos mejor posicionados jerárquicamente", señala la norma.

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