Terremoto político

El Poder Judicial calla ante los ataques al juez de 'Gürtel' al que el PP acusa de estar "en sintonía con el mundo proetarra"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

Tres días después de que el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, acusara a uno de los jueces firmantes de la sentencia de Gürtel, José Ricardo de Prada, de estar "en sintonía con el mundo proetarra", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguía este lunes guardando silencio.

Adscrito al sector progresista -y minoritario- de la judicatura, De Prada fue uno de los dos miembros de la sala cuyo voto resultó decisivo para que el PP fuese declarado beneficiario económico de la trama. Durante el juicio, su voto ya había resultado esencial para que Mariano Rajoy se viese forzado a declarar como testigo. 

El lunes de la semana pasada, el órgano de gobierno de los jueces impidió que De Prada participase en las sesiones donde el tribunal de Gürtel debía decidir cuáles de los sentenciados a penas más graves habían de ingresar en la cárcel de manera inmediata y cuáles permanecerían en libertad. El Consejo argumentó que el juez ya no pertenecía a esa sala porque desde marzo se encuentra en servicios especiales destinada en La Haya.

Dos asociaciones judiciales –Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente– habían urgido por la mañana al órgano de gobierno de los jueces a amparar “de modo efectivo” a De Prada “ante los intolerables ataques” de Hernando. Preguntados por infoLibre, los portavoces del CGPJ remarcaron que el amparo solo se concede a petición de parte. Y que De Prada no lo ha solicitado hasta el momento.

Por la tarde y en medio del silencio del Consejo, el PP renovó su ataque al magistrado con un comunicado ahora suscrito por su portavoz de Justicia, María Jesús Moro: José Ricardo De Prada ha mantenido en distintos momentos “posicionamientos públicos” recogidos “en informaciones periodísticas o en sentencias” que, "agradaron a los proetarras". El PP renunciaba así a zanjar el asunto con una disculpa o una retractación explícita o implícita. “El portavoz –remarca el comunicado en alusión a lo dicho por Rafael Hernando– sólo ha hecho referencia a hechos e informaciones publicadas”.

Una vez difundió el PP ese comunicado, este periódico preguntó a los portavoces del CGPJ si cambiaba en algo la situación. Las fuentes consultadas reiteraron su mensaje de la mañana. Y añadieron esto: "Si el jueves, cuando se reúne la comisión permanente del Consejo, algún vocal plantea el asunto se debatirá en ese momento", agregó un portavoz del CGPJ.

Hace un mes, un día después de que la sentencia dictada en el caso de La Manada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra provocase un estallido de indignación, el presidente del Poder Judicial -y del Tribunal Supremo- salió por iniciativa propia en defensa del tribunal. Las decisiones judiciales –dijo entonces Carlos Lesmes a través de un comunicado oficial- "están sin duda sometidas a la crítica pública". Pero "cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos". Debe recordarse, añadió Lesmes, "que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales".

De manera oficiosa, algunos de los que representan la posición mayoritaria en el CGPJ –la conservadora- argumentan que Lesmes se vio impelido a hacer ese pronunciamiento porque uno de los ataques al tribunal navarro partió nada menos que del entonces titular de Justicia, Rafael Catalá. Entonces, también Jueces para la Democracia salió en defensa del juez que en su voto particular se mostraba favorable a la absolución de los acusados. La asociación pidió la dimisión de Catalá.

Del ‘caso Faisán’ a las torturas

El PP basa su andanada contra De Prada en lo que su propio comunicado enuncia a modo de pregunta retórica formulada por María Jesús Moro: “¿Acaso su posición pública sobre torturas en la Audiencia Nacional bendecida por el diario Gara, o sus votos particulares en sentencias por enaltecimiento de terrorismo o en el caso Faisán, no son argumentos que gustaron a los proetarras porque están en su sintonía?”.

En el caso Faisán, José Ricardo de Prada emitió en 2011 un voto particular contra el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Ruz. En suvoto, De Prada sostenía que el chivatazo con el que se alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), estaba justificado “dentro de un proceso de negociación política". "Esta es la primera causa penal en la historia de España que llega a un estado de tramitación", argumenta.

Dos años más tarde y por el delito de revelación de secretos, la Audiencia Nacional sentenció a año y medio de prisión a los dos policías procesados por el chivatazo. La sentencia, luego confirmada por el Supremo, desechó condenarles por colaboración con organización terrorista al considerar probado que su objetivo no fue "favorecer la actividad de la banda terrorista" sino "que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA".

Con su mención a las torturas, el PP se refiere a unas declaraciones por las que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la propia Fiscalía recusaron 2016 a José Ricardo de Prada, recusación que la Audiencia Nacional rechazó. La doble recusación llegó después de que, en abril de ese año, el juez hubiese afirmado que la tortura a etarras “se había producido de manera clara”. “Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de derecho”, dijo el magistrado.

Dos años después de que De Prada hubiese pronunciado esas palabras, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó en febrero de este año a España por “trato inhumano y degradante” a los terroristas Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado con que ETA mató a dos personas e hirió a una veintena en la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006.

La condena a España, que anulaba la sentencia exculpatoria del Tribunal Supremo, tuvo en cuenta como elemento crucial las lesiones infligidas a Portu durante su arresto en 2010 -colapso pulmonar, dos costillas rotas, neumotórax y hematomas por todo el cuerpo. “Ni las autoridades nacionales ni el Gobierno han ofrecido ningún argumento convincente ni creíble que sirva” para explicar o justificar esas lesiones, se lee en la sentencia europea.

Dado que los denunciantes no alegaron “que las lesiones en cuestión hayan tenido consecuencias a largo plazo en ellos y en ausencia de una prueba concluyente relativa a la finalidad del trato infligido", la corte europea consideró que los hechos no debían ser calificados como torturas. Pero sí como “tratos inhumanos y degradantes".

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