Jueces y fiscales piden la dimisión de Catalá por sus declaraciones sobre el juez de La Manada

El choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo a cuenta de la sentencia de La Manada se agravó este lunes con unas declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que aseguraba que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y entre los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma en general, "todos saben" que el juez que dictó el voto particular pidiendo la absolución, Ricardo González, tiene "algún problema singular". Por ello, a su juicio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar "preventivamente". El titular de Justicia no precisó cuál es ese "problema singular" que "todos saben". 

Las palabras del ministro volvieron a indignar a jueces y fiscales, que reaccionaron de forma unánime con un contundente comunicado pidiendo, "una vez más", la dimisión de Catalá. En el documento, las siete asociaciones se quejan de la "intromisión" del Ejecutivo en la Justicia: "Hoy es por el juicio de La Manada pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno".

Las asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales reprochan al titular de Justicia que con sus manifestaciones haya sembrado públicamente "dudas sobre la capacidad y condición del magistrado".

"Una temeridad"

"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", añaden.

Los jueces y fiscales alertan del que, a su juicio, es el "verdadero peligro" que se esconde tras esta polémica: "La utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".

El origen de la última crisis

"Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", sostuvo Catalá en declaraciones a la Cadena Cope. No se trata, según dijo, de decirle al CGPJ "que sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular", pero sí de recordar que "la independencia del poder judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera" y "en eso el Consejo tiene una responsabilidad".

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Desde el órgano de poder de los jueces también difundieron un comunicado este lunes, en el que aseguran que "en el actual mandato del CGPJ –es decir, en los últimos cuatro años– no se ha incoado ningún expediente disciplinario contra" el magistrado Ricardo González. No obstante, añaden que de haber existido actuaciones disciplinarias anteriores a lo largo de sus 32 años de carrera, "los antecedentes estarían cancelados según lo dispuesto por el artículo 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". 

En este sentido, según informa Europa Press, Ricardo González fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios de los 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. Según las sentencias del Tribunal Supremo, las sanciones impuestas sumaron más de 350.000 pesetas de multa y una de ellas, del año 2003, supuso la suspensión por un periodo de seis meses por la comisión de una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos.