El 'caso Púnica'
El juez niega la salida de prisión de Granados tras hallar un millón de euros en casa de sus suegros
El juez de la Audiencia Nacional que instruye la operación Púnica, Eloy Velasco, ha denegado la petición de libertad del exconsejero madrileño Francisco Granados, Francisco Granadosen prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el 31 de octubre del pasado año.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 rechaza su libertad, entre otros motivos, por el hallazgo en casa de sus suegros, en un registro practicado el pasado 18 de diciembre por agentes de la UCO de la Guardia Civl, de un maletín con cerca de un millón de euros en metálico.
El juez tomó declaración a los suegros del que también fuera secretario general del PP madrileño el pasado lunes, 21 de diciembre, como imputados por un delito de blanqueo de capitales.
Prisión de Estremera
Granados se encuentra en la prisión de Estremera desde el pasado 31 de octubre, día en el que también ingresó en la cárcel su socio y amigo de la infancia David Marjaliza quien ha aportado a la Audiencia Nacional la escritura de una finca en Valdemoro para intentar cubrir la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez Eloy Velasco para salir de la cárcel.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 está tasando la finca antes de acordar la puesta en libertad de Marjaliza, tras haber destacado su "dinámica de colaboración con la Justicia" durante la instrucción que le llevó a admitir hechos que se le atribuyen, aportar "evidencias documentales incriminatorias" y auxiliar al juzgado en "la recuperación de activos de origen delictivo".
El número dos de Granados puede abandonar la prisión si paga una fianza de 100.000 euros
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Testaferros del constructor
El magistrado destacó que los investigadores han recibido informaciones procedentes de los testaferros del constructor y de sus "colaboradores más inmediatos", en referencia a su secretaria, Ana María Ramírez.
Granados y Marjaliza están imputados por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal.
