Los derechos de los consumidores

La Junta de Andalucía deja impunes los cobros de la asociación de consumidores UCA a Telefónica y Altadis

Juan Moreno, presidente de la UCA (izquierda), durante la firma de un convenio.

Más de ocho meses después de anunciarse, la investigación del Gobierno andaluz sobre la organización de consumidores UCA –sobre sus cobros a grandes empresas, sobre los mensajes positivos sobre dichas empresas que difundía, sobre la falta de transparencia acerca de la sociedad creada para prestar servicios a compañías– no ha arrojado ningún resultado. 

Para ubicar el caso hay que ir al 2 de febrero, cuando tuvo lugar un pleno del Parlamento incómodo para la consejera de Salud, Marina Álvarez (PSOE). infoLibre había publicado que la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) mantenía una relación comercial con multinacionales como Telefónica y Altadis. Es decir, cobraba de ambas a través de una sociedad constituida por la propia UCA. La asociación, en teoría dedicada a defender los derechos de los consumidores, lanzaba mensajes favorables a ambas compañías, una teleco y otra tabaquera. La UCA, presidida por el que fuera máximo responsable de Juventudes Socialistas de Andalucía Juan Moreno, había recibido 2,48 millones de la Consejería de Salud sólo entre 2007 y 2013. Y además formaba parte del Consejo Económico y Social de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo, del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, del Consejo Andaluz de Comercio, del Consejo Andaluz de Turismo y del Consejo Andaluz de Deportes. Todo ello la situaba en la sala de máquinas de las políticas de consumo de Andalucía.

Álvarez tenía que responder en el pleno del 2 de febrero sobre toda esta información, así como sobre las medidas que su departamento tenía previsto adoptar en relación a la asociación, que además se encuentra en una situación de declive económico y a la que la Cámara de Cuentas ha detectado diversas irregularidades en la justificación de ayudas.

La parlamentaria de IU Inmaculada Nieto afeó a la consejería que alegara "desconocimiento" sobre el proceder "irregular y gravísimo" de la UCA, de la que dijo que se había beneficiado de "un favoritismo de libro". La UCA no había informado a la Junta ni al Gobierno de la existencia de Ediuca, una sociedad constituida en 2003 por la asociación que le sirvió para trabar la relación comercial con las multinacionales. Este ocultamiento supone un posible incumplimiento del real decreto de consumidores de 2007, que establece la obligación de las asociaciones de informar de cualquier sociedad a las autoridades de consumo. Las mercantiles deben además presentar cuentas en el Instituto Nacional de Consumo. Se trata de evitar que las organizaciones de consumo se dediquen al blanqueamiento de la imagen de empresas a cambio de dinero. La UCA lanzó un total de veinte notas de prensa sobre la superioridad del servicio de Movistar y se alió con la tabaquera en una campaña de difusión contra el contrabando.

La consejera salió del debate del 2 de febrero con un voto de confianza en base a un compromiso: una investigación interna sobre los pagos de Telefónica y Altadis que podría desembocar en la suspensión de la UCA. Álvarez afirmó que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, se encontraba investigando si la organización de Moreno había cometido unas "irregularidades" que podrían conllevar que se decretara la "suspensión" de esta entidad como miembro del Registro de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores de Andalucía. Dejaría en tal caso de ser una asociación de consumidores, perdería toda la representatividad y la posibilidad de obtener subvenciones. La expulsión podría ser de más de cinco años, advirtió la consejera.

¿Qué ha pasado con dicha investigación? Se ha quedado, por el momento, en nada.Las elecciones autonómicas, de las que saldrá un nuevo Gobierno andaluz, convocadas para el 2 de diciembre.

Este periódico ha preguntado al departamento dirigido por Marina Álvarez por la investigación anunciada, que sirvió entonces para lanzar un mensaje de mano dura así recogido por los medios de comunicación. "Se sigue trabajando", es la respuesta, ocho meses y medio después del anuncio de la investigación. Es decir, la conducta de la UCA queda impune. "Se están realizando las gestiones posibles dentro del marco de las competencias de Consumo para aclarar la situación denunciada, sin que de momento se puedan avanzar novedades al respecto", señalan desde la Consejería de Salud, donde recuerdan que actualmente la UCA no recibe subvenciones de la Junta.

Registro de asociaciones

El desvelamiento de sus prácticas no le ha salido gratis a la UCA. Tras la publicación de la información el 24 de enero, las divisiones provinciales de Sevilla y Huelva abandonaron la organización. Esto supuso la pérdida de la condición de asociación "más representativa" de la UCA. Con ello dejó de tener acceso a diversos beneficios públicos, que la Junta le había mantenido hasta entonces: formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios y de los Consejos de Consumo provinciales y autonómico; gozar de prioridad en el acceso a los medios de comunicación públicos; participar en el diseño y aplicación de las políticas de consumo. No obstante, la UCA sigue en el registro de asociaciones. Sus problemas han venido por su propio desmoronamiento, no por las medidas del Gobierno andaluz.

La situación de la organización es crítica. Tanto la UCA como su empresa Ediuca han sido declaradas insolventes. La sede común de la asociación y la empresa fue rehipotecada y plagada de anotaciones preventivas de embargo que incluyen a Hacienda y la Seguridad Social. Las deudas anotadas superan los 200.000 euros. Eso sí, la UCA mantiene su actividad con la cobertura que le ofrece seguir siendo una asociación de consumidores reconocida por la Junta. En junio firmó un convenio con la Diputación de Cádiz. Sus actividades recientes incluyen la defensa del máximo reconocimiento sanitario de los podólogos, la elaboración de un informe sobre el coste de la vuelta al cole y la exigencia pública de servicios mínimos durante una huelga de taxistas.

La UCA asegura que tiene más de 10.000 asociados al corriente de pago, aunque la Junta no lo ha comprobado. A través de su web sigue intentando captar socios, a los que ofrece servicios de defensa legal, informativos y de formación, entre otros. También ofrecía el envío de una revista, llamada Sucede, que llevaba ya dos años sin editarse. Facua lo denunció y la asociación lo retiró de su web.

infoLibre contactó con Juan Moreno y con la UCA, sin respuesta.

 

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