La Junta Electoral pide al Gobierno un nuevo informe sobre los lazos para decidir si se sanciona a Torra

La Junta Electoral Central (JEC) ha pedido a la Delegación del Gobierno en Cataluña un nuevo informe sobre el grado de cumplimiento por parte de la Generalitat de la orden de retirada de lazos amarillos y banderas esteladas de los edificios dependientes del Govern, según ha informado el Ejecutivo. Este nuevo informe deberá obrar en poder de la JEC antes de las cuatro de la tarde de este jueves y tendrá que precisar si los lazos amarillos y esteladas han sido sustituidos por otros elementos, detalla la solicitud del supervisor electoral.

Como la petición anterior a la Delegación del Gobierno en Cataluña, la JEC demanda que la documentación que se le aporte vaya acompañada de fotografías. "El Gobierno está a disposición de las indicaciones de la JEC y seguirá sus instrucciones tantas veces como sea requerido", señalan fuentes de Moncloa. La JEC tiene previsto reunirse este jueves para tomar una decisión ante la negativa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a aceptar la orden de retirar los lazos amarillos y las esteladas de edificios públicos en Cataluña.

Torra desatendió la pasada semana el primer plazo de 48 horas que le había dado la JEC para quitar esos símbolos por ser contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral, y este martes tampoco atendió el ultimátum extra de 24 horas que se le había dado.

Estrategias para burlar la ley

Ante la petición de la Junta Electoral, algunas Instituciones catalanas han buscado otras fórmulas para seguir reivindicando la libertad de los políticos presos por el procés sin incumplir lo dictado por el organismo de arbitraje electoral. Así, por ejemplo, la Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha colocado en su sede varias pegatinas amarillas con dibujos de soles, tractores, animales y flores.

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Sanción o inhabilitación

Este incumplimiento del presidente catalán, a quien van dirigidos los requerimientos de la Junta Electoral, puede derivar en la apertura de un procedimiento administrativo, con posibilidad de una multa que va de 300 a 3.000 euros, e incluso en una investigación judicial si el caso se remite a la Fiscalía al apreciarse un delito de desobediencia.

Hay un precedente por un hecho similar, el de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera estelada colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.