Sanidad

Lasquetty privatiza la gestión de seis hospitales con al menos siete recursos judiciales sin resolver

Hospital Infanta Leonor

La pasada semana la Comunidad de Madrid entregó a las empresas Sanitas y Ribera Salud la gestión de tres hospitales madrileños. Está previsto que esta semana haga lo propio con HIMA San Pablo, compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario, que aspiró a los centros de San Sebastián de los Reyes, Parla y Aranjuez. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, dijo este lunes que la adjudicación es "definitiva" y que con este paso el procedimiento, muy contestado desde que se anunció hace más de nueve meses, ya se ha "culminado". La privatización, por tanto, será una realidad en septiembre. 

Sin embargo, la entrada de capital privado en la sanidad pública madrileña tiene todavía al menos siete recursos pendientes por las vías penal y contencioso-administrativa e incluso un recurso ante el Constitucional. Estos escritos, algunos incluyen la reclamación de medidas cautelares de suspensión, son el clavo ardiendo al que se agarran los sindicatos, partidos políticos y asociaciones profesionales que reclaman ante la Justicia la detención de este proceso. A pesar de haber puesto en marcha iniciativas judiciales independientes, todos coinciden en calificar de "arrogante" la actitud de la Consejería que, dicen, quiere finiquitar a toda un prisa un proceso muy contestado en la calle y en los centros de trabajo. 

"El acento hay que ponerlo en los hechos y no en las palabras", señala Fátima Braña, portavoz de Afem. En este sentido, recuerda que en una providencia dictada por el TSJM el pasado 31 de julio, este tribunal dice a la Consejería que todas las decisiones que sobre este proceso se tomen hasta los primeros cinco días de septiembre "se verían afectadas en caso de acordarse las medidas cautelares solicitadas". Esta advertencia tiene su razón de ser en el plazo de 5 días que el TSJM ha dado a AFEM para que acredite que tiene legitimidad para recurrir el concurso para la privatización de la gestión de seis hospitales madrileños. Como el mes de agosto no es hábil –sólo las instrucciones de los casos penales siguen su curso– el plazo concluye el 5 de septiembre. "Decir que la adjudicación de los hospitales es definitiva es sólo otro acto de arrogancia más", amplía. 

"Una carrera publicitaria"

A la espera de que la Justicia se pronuncie sobre recursos presentados están partidos políticos como el PSM, que ha vuelto a reclamar la paralización después de que el TSJM se desdijera y, tras haber detenido la licitación durante 14 días, archivase la petición presentada por esta formación al considerar, tal y como argumentó la consejería, que los seis diputados socialistas que pidieron la detención del proceso no representaban un “interés legítimo”. Y también ayuntamientos. Este es el caso de la localidad madrileña de Parla, que argumenta que el hospital construido en esa localidad, edificado sobre suelo cedido, no puede pasar a manos de una empresa privada.

"El objetivo es acelerar el proceso, llevar a cabo actuaciones que parecen irreversibles. Todo es una carrera publicitaria", asegura, por su parte, José Manuel Freire, diputado socialista en la Asamblea de Madrid y portavoz en la Comisión de Sanidad de esa formación. Según su criterio, tras esta operación del consejero Lasquetty subyace el objetivo de "desmoralizar" a los trabajadores y usuarios de la sanidad pública madrileña. Además de AFEM o el PSM, otras de las organizaciones que han presentado recursos todavía sin respuesta son el sindicato médico AMYTS o la central del enfermeros Satse. Un portavoz del primero manifestó a Europa Press que AMYTS sigue pensando que la iniciativa del Gobierno regional "no se ajusta a los procedimientos administrativos" y que hay "razones para suspender" la externalización por "defectos de forma". 

Una protesta que llegó al TC

A estos recursos se une la imputación de la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización tras admisión a trámite de la querella presentada por los facultativos contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Esperanza Aguirre Manuel Lamela y Juan José Güemes por presuntas irregularidades cometidas en los primeros hospitales de la comunidad cuya gestión se externalizó. Y también el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2013, la norma que en sus artículos 62 y 63 abre la vía para la externalización de seis hospitales de gestión mixta y 27 centros de salud presentado por el PSM.

En este escrito, basado en un informe de Afem, los socialistas señalan que la privatización favorece la creación de una red dual: una pública, adonde acuden los enfermos graves, con tratamientos costosos, y la concesionada, que retiene a los pacientes más leves, con baja ocupación de camas y cuyos cuidados son más baratos. 

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