La legislatura arranca con diez días de asedio de la derecha política y mediática al Gobierno de coalición

“Somos conscientes de que este Gobierno tiene por delante 1.400 días pero que no vamos a tener 100 días de gracia. Eso ya quedó para otras épocas”. Son palabras del presidente del Gobierno, pronunciadas el pasado martes en su primera comparecencia de prensa después de la investidura. Pedro Sánchez, su equipo de colaboradores y los miembros del primer Ejecutivo de coalición de la moderna democracia española son muy conscientes de que no van a encontrar tregua en el camino. Al menos no hasta que consigan aprobar unos Presupuestos Generales del Estado sobre los que asentar la legislatura.

El Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos creen estar ante un escenario en el que los partidos de la derecha —PP, Vox y Ciudadanos—, con la ayuda de los medios de comunicación que les son afines y el auxilio de algunos estamentos, singularmente la parte de la judicatura más escorada hacia posiciones ultramontanas, van a tratar de explotar al máximo cualquier elemento, incluidas simples opiniones que en otras circunstancias no merecerían ni la atención de la prensa, para alimentar su tesis de que el nuevo Ejecutivo de coalición amenaza la unidad de España, la continuidad de la monarquía, el obligado control de la acción de gobierno que lleva a cabo el legislativo y hasta la independencia de la justicia. Es lo que han hecho en los últimos diez días, durante los cuales el asedio de la derecha política y mediática a la coalición progresista ha sido incesante.

El Gobierno, no obstante, se han conjurado para ir a por todas. La intención de Sánchez y de sus ministros es no dejar pasar ni una y dar réplica no sólo a los ataques, los excesos y “las hipérboles”, sino a las políticas impulsadas por la derecha, como el intento de legalizar la posibilidad de que los padres puedan controlar la educación que reciben sus hijos.

El primer episodio tuvo lugar en los compases finales de la investidura, cuando PP, Vox y Ciudadanos trataron de reventar la sesión plenaria acusando a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al candidato, Pedro Sánchez, de no haber plantado cara a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, cuando esta calificó, en su turno de palabra, de “autoritario” el discurso de Felipe de Borbón del 3 de octubre de 2017. Nada más empezar a hablar, y antes incluso de llegar a ese punto, ya se escuchaban los murmullos en la bancada de la derecha. Después llegaron los gritos de “asesinos” y “terroristas”. Un supuesto agravio a la monarquía que Batet defendió en nombre de la libertad de expresión pero que PP, Vox y Cs utilizaron para asumir la defensa del rey de unos ataques que no dudaron en atribuir, por extensión, a los socios de Gobierno —PSOE y Unidas Podemos— y a todos los partidos que dieron apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

La decisión de Sánchez de situar en la Fiscalía General de Estado a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, alimentó también la contestación de la derecha, apoyada después en asociaciones de fiscales y de jueces, mayoritariamente conservadores. Una ofensiva dirigida a intentar bloquear el nombramiento de Delgado —el PP llegó pedírselo expresamente al órgano de gobierno de los jueces— a pesar de que su candidatura, más allá de la consideración política que merezca, cumple con los requisitos legales establecidos, como se vio obligado a reconocer el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) este jueves.

La independencia de la justicia

La candidatura de Dolores Delgado dio alas a la tesis de que el Gobierno está atacando la independencia de la justicia. Una acusación a la que echó gasolina el propio órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, al responder con un insólito comunicado a unas declaraciones del vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que los miembros del consejo —cuyo mandato venció hace más de un año— decidieron interpretar como un ataque a su independencia.

Lo que Iglesias aseguró, en una entrevista emitida por Antena 3, en relación con el poco éxito que ha tenido la “judicialización del conflicto” en Cataluña, es que muchos “tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces” en relación on el procés. “Eso es una humillación para el Estado español”, remachó.

La respuesta del CGPJ, lejos de hacer mella en la unidad del Ejecutivo, alimentó un comunicado del Gobierno pactado por ambos socios de gobierno dando soporte a Iglesias. El intercambio de mensajes, a su vez, dio de de nuevo pie a las derechas a hablar de un supuesto intento de poner fin a la separación de poderes con la renovación pendiente del Consejo —que exige mayorías transversales muy cualificadas para poder llevarse a cabo— como telón de fondo, un asunto en el que hasta Vox se desmarcó del PP y de Cs al anunciar su disposición a negociar con el Gobierno.

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Los mensajes de la derecha tratan de caracterizar al Gobierno como una amenaza para los pilares del Estado de Derecho: la separación de poderes, la unidad de España, la independencia judicial y también la capacidad de control que el Congreso tiene de la actividad del Ejecutivo. Esta última tesis se basa en la decisión de Sánchez de cambiar de día de la semana, del viernes al martes, la celebración del Consejo de Ministros.

Más allá de la intencionalidad del Gobierno de dominar la agenda política y sacar más rendimiento a sus acuerdos, la derecha intentó presentar el nuevo calendario como un intento de eludir el control que el Congreso hace de la labor del presidente y de sus ministros, porque —si la Cámara Baja no adapta su procedimiento interno— no contará con tiempo suficiente para plantear y debatir temas de actualidad. La portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, llegó a calificar el cambio de día del Consejo de Ministros como “una afrenta” al funcionamiento ordinario del Parlamento con la que PSOE y Unidas Podemos buscan, según ella, “degradar” al legislativo “opacando” su labor.

En su intento de retratar al nuevo Gobierno como un Ejecutivo “ilegítimo”, porque afirman que se ha formado en contra de las promesas hechas a los votantes en las elecciones del 10 de noviembre, la derecha —en este caso la mediática— ha explotado incluso asuntos como el relevo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre, al que atribuyen malestar por la forma en que se ha producido su relevo. Para avivar la sensación de excepcionalidad, el militar se despidió de sus subordinados con un mensaje que adquiere especial relevancia en un momento en el que PP, Vox y Cs denuncian que el rey y la unidad de España están amenazados: “Dejadme que os exhorte a seguir defendiendo a su Majestad el Rey y a vuestra Patria”, escribió. “Ante todo España, sobre todo España, siempre España”.