Violencia machista

La lucha contra la violencia sexual también se queda en un cajón del Congreso

Concentración contra la violencia machista en Navarra.

Fue presentada el verano pasado como una ley integral cuyo paso más significativo consistía en eliminar la distinción entre abuso y agresión en el contexto de la violencia sexual. El objetivo, acabar con exigencias como la oposición de resistencia, tan polémica en casos conocidos como el de La Manada. La norma contemplaba además sanciones contra el acoso en la vía pública o la especialización de juzgados de instrucción y de lo penal. Se trata de la proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, registrada por Unidos Podemos y cuya admisión a trámite ha sido este martes debatida y ratificada en el Congreso, con la abstención de PP y Cs. Pese al consenso a la hora de respaldar la propuesta –aun existiendo diferencias entre los diputados–, la convocatoria de elecciones y la inminente disolución de las Cortes el próximo martes 5 de marzo lastran el recorrido de la norma e impiden que continúe adelante.

Para la diputada socialista Ángeles Álvarez, la propuesta tejida por Unidos Podemos contiene "medidas que serían un retroceso con relación a lo que dice la legislación" y otras que "faltan" al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Aunque reconoce que "por supuesto hay que legislar en esta materia" y que la lucha contra la violencia sexual "reclama un cambio de perspectiva", el texto propuesto "a veces se excede y otras se queda corto". Pone como ejemplo la trata de seres humanos, que a su juicio debe recogerse en otra ley específica, así como la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al trabajo doméstico, o aspectos civiles del matrimonio forzado. Los socialistas han optado, pese a las críticas, por dar su apoyo a la proposición.

Patricia Reyes, diputada de Ciudadanos, asegura que su grupo habría presentado una enmienda a la totalidad y tacha la actitud de Unidos Podemos de "política ficción" por haber presentado la propuesta en el último Pleno del Congreso. Señala las carencias que a su parecer contiene la ley y se pregunta además "qué son las violencias simbólicas" o "qué es el derecho a decidir en la vida sexual". También entiende que la propuesta muestra una "permanente despreocupación por la seguridad jurídica" y censura la forma de abordar el acoso en la vía pública. "¿Puede entonces un piropo resultar intimidante?", cuestiona Reyes, quien asegura que el texto supone la "banalización de las penas, del Código Penal y de la Justicia".

Con ella coincide la conservadora María del Carmen Dueñas, quiensubraya que la violencia sexual supone un "ataque directo contra la dignidad e integridad moral y física de las mujeres que la sufren" y por tanto "un problema de primer orden". Dueñas recalca la "ausencia notable de seguridad jurídica" de la norma y la pretensión de su equipo, en caso de haber existido continuidad parlamentaria, de presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo. Finalmente, del mismo modo que el partido naranja, el Partido Popular ha decidido abstenerse respecto a "un texto que nace para morir".

La propuesta

El modelo normativo que plantea el grupo confederal de Unidos Podemos se estructura en torno a 65 artículos divididos en seis títulos: medidas de formación, derechos de las víctimas, tutela penal, tutela procesal, coordinación de la respuesta institucional y rendición de cuentas. La norma, a diferencia de la Ley contra la Violencia de Género de 2004, afecta a "todas las personas", de forma que busca la "protección integral del derecho a la libertad sexual", así como la "erradicación de todas las violencia sexuales, reconociendo que afectan a las mujeres de manera desproporcionada como manifestación de la discriminación múltiple, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de género".

En su exposición de motivos, el grupo recalca que "la libertad sexual deviene un bien jurídico objeto de protección integral que se identifica con la prestación del consentimiento libre, revocable y para unas prácticas concretas". El mutuo acuerdo, por tanto, "se establece como marco de libertad y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo como elemento central" y en consecuencia, la ley diseñada por Unidos Podemos modifica el Código Penal para eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual, y así "se pasa a considerar delito de agresión sexual toda violencia sexual física no consentida, con tipos atenuados o agravados en función de los supuestos concretos".

Entre las medidas más debatidas se encuentra la protección frente al acoso en la vía pública, de manera que quedaría incluido un nuevo artículo en el Código Penal: "Será castigado con pena de multa de tres a nueve meses" quien se dirija a una persona "en vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad, creen para la víctima una situación intimidatoria".

También en el ámbito penal, la propuesta sugiere una modificación para castigar con pena de prisión a quien "realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento". En este sentido, se consideran agresión "los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación, abuso de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima". Incluye asimismo la violación en grupo cuando dos o más personas "en un contexto objetivamente intimidante para la víctima" realicen todos o parte de los actos constitutivos de agresión sexual.  

Pasos previos

En el mes de octubre, el Gobierno alcanzó un acuerdo con Unidos Podemos de cara a los Presupuestos Generales. En él ya contemplaba la creación de una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. Lo hacía bajo "el blindaje de que sólo sí es sí". Aquel compromiso garantizaba la "sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación", además de implicar "la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de agresiones sexuales".

El asunto está, opina Ángeles Álvarez, "en que una vez que acaba la legislatura, el pacto en términos políticos queda roto". Unidos Podemos, agrega, "se ha adelantado al Gobierno presentando una iniciativa, pero es un acuerdo del pacto" que, si bien no ha tenido ningún problema en superar la tramitación parlamentaria, en la próxima legislatura "sacarlo adelante va a ser complejo".

Por otro lado, también en relación a las agresiones sexuales, la sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, a la que el Ministerio de Justicia encargó la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal, propuso a principios de diciembre una modificación que suprimiese el abuso de manera que todos los delitos fueran considerados agresión o violación. La propuesta de los expertos se alinea de esta forma con la ley planteada por Unidos Podemos y su acuerdo con el Gobierno.

Patricia Reyes ha recordado este martes en la Cámara Baja los trabajos de la Comisión de Codificación y se ha dirigido al PSOE para interpelar sobre su materialización. "Estos trabajos terminaron ya y se entregaron al Gobierno como texto articulado allá por el mes de diciembre", ha recalcado para enseguida preguntar "qué ha pasado con ese proyecto de ley que deberían haber traído a esta Cámara una vez finalizados los trabajos". infoLibre ha contactado con el Ministerio de Justicia para conocer la situación actual del grupo de trabajo y sus conclusiones, pero no ha obtenido respuesta.

La prostitución como agresión

Aunque la norma abarca la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, nada dice de la prostitución. Para Ángeles Álvarez, es importante recordar que en el marco del debate en torno a las violencias sexuales, ésta juega un papel fundamental. Precisamente sobre dicha cuestión se debatió el pasado martes en la Cámara Baja, donde el Gobierno llevó una votación relativa a su abolición. La propuesta, que fue criticada por la oposición al entender que no era el momento ni el lugar para presentarla, salió adelante con el apoyo del PP e Izquierda Unida. No así el de Podemos, que del mismo modo que Ciudadanos y PNV, optó por abstenerse. "Verles de la mano del discurso neoliberal de Ciudadanos en esta materia es desolador", ha recordado Álvarez durante el debate de este martes. Bajo el punto de vista de la socialista, la formación morada debe "ser un poco coherente" y entender que "la prostitución afecta a todo lo que tiene que ver con las violaciones y la violencia sexual".

Sofía Castañón, diputada de Unidos Podemos, criticó entonces las formas de los socialistas al emplear una proposición no de ley para plantear la abolición de la prostitución. Una propuesta, observó, que no aborda el tema y que fue presentada "con fines partidistas".

Aumento de los delitos sexuales

La reflexión sobre los delitos sexuales, que afloró con especial intensidad tras el abuso cometido por La Manada y gracias al trabajo del movimiento feminista, se produce en un contexto en el que las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 22,7% durante 2018. Aquel año se cerró con un total de 1.702 delitos de violación, frente a los 1.387 de 2017, según los datos publicados por el Ministerio del Interior.

De acuerdo a estas cifras, la comisión de delitos sexuales –violaciones y otro tipo– aumentó un 18,1% en 2018. Los otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual distintos al de la agresión sexual también experimentaron en 2018 un incremento del 17,5%, siendo 12.109 frente a los 10.305 del año anterior.

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