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Crisis del coronavirus

Marlaska ignora la tormenta en la cúpula de la Guardia Civil y enmarca la salida de cargos clave en un “impulso” del cuerpo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Industria, Reyes Maroto (al fondo, y la ministra Portavoz, María Jesús Montero, a su llegada  a la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Fernando Varela

Como si no fuera con él. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, optó este martes por ignorar las informaciones que aseguran que decidió destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por no haberle informado en su día del informe que el cuerpo remitió a una jueza de Madrid y que acusa al delegado del Gobierno en la comunidad madrileña y al doctor Fernando Simón de haber puesto en riesgo a sabiendas la salud de los ciudadanos al permitir la celebración de la manifestación del 8M.

Marlaska optó por situar tanto el cese del coronel como la dimisión del director operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, en “un plan de impulso” del instituto armado que supuestamente puso en marcha en enero, al comienzo de su mandato, y que se habría visto obligado a aplazar por culpa de la pandemia. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros el ministro optó por no dar explicaciones en relación con la renuncia de Ceña, pese a que su carta alude directamente a su discrepancia con la destitución de Pérez de los Cobos.

En plena tormenta política por lo ocurrido, que según distintas fuentes ha provocado un amplio malestar en la Guardia Civil, el Gobierno aprobó este martes el tercer tramo del programa ya conocido de igualación salarial de policías y agentes del instituto armado. En unos meses unos y otros verán incrementadas sus nóminas —con efectos retroactivos a 1 de enero— hasta cobrar lo mismo que mossos y ertzainas. Los tres tramos de subida —este será el último— suponen un incremento medio del 20%. No obstante, el propio Marlaska aseguró que la medida ya estaba prevista, separándola así de la polémica abierta con la cúpula de la Guardia Civil.

El ministro negó tener el informe de la Guardia Civil contra el Gobierno que supuestamente ha desencadenado la crisis en la cúpula de la Guardia Civil y se amparó en sus 30 años de experiencia como juez —muchos de ellos en la Audiencia Nacional— para subrayar que siempre ha tenido muy claras las funciones de los jueces. “Sé perfectamente cuales son las competencias de un ministro y de un juez: la palabra injerencia no la conjugaré nunca”. No obstante, subrayó, “nada va a apartarme” del camino que ha elegido y de la decisión de rodearse de un equipo propio al frente del ministerio.

Marlaska se escudó en ese ”impulso” de la Guardia Civil en relación con el cese de Pérez de los Cobos y la renuncia de Ceña, pero no dio detalles sobre ese proyecto más allá de su decisión de rodearse de personal de confianza. Restó importancia, eso sí, a la decisión del director operativo de la Guardia Civil de dejar el cargo recordando que ya tenía que haberse jubilado y que si permanecía en el puesto era por las circunstancias excepcionales de la pandemia. Y, aunque reconoció el currículum “ejemplar” del ya excomandante del instituto armado en Madrid, subrayó que en la Guardia Civil hay “muchísimas personas” con los tantos méritos como él.

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El ministro ya tiene sustituto para Ceña como director operativo de la Guardia Civil. Se trata de Pablo Salas, al que el Consejo de Ministros de este martes ascendió al puesto de teniente general y que hasta ahora era el jefe del servicio de información del cuerpo. De cuya hoja de servicios Marlaska destacó la detención del etarra Josu Ternera.

En la misma rueda de prensa, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno decidirá si solicita una nueva prórroga del estado de alarma al final de esta semana en función de los datos disponibles en ese momento sobre la pandemia, lo que sugiere que el Gobierno está considerando la posibilidad de no hacerlo.

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Montero aseguró que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos mantienen un diálogo permanente con todos los grupos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez pero, subrayó, en esta ocasión sólo están dispuestos a poner sobre la mesa la situación sanitaria y no aceptarán negociar nada ajeno a ella, como ocurrió en la prórroga precedente y que acabó desencadenando el fallido pacto con Bildu sobre la reforma laboral.

En su reunión semanal, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico en el que se incluyen dos créditos, por un importe global de 30.502 millones de euros, para afrontar la pérdida de ingresos de la Seguridad Social por los mayores gastos en prestaciones, las exenciones de cuotas y menores cotizaciones, así como para hacer frente al pago del mayor número de prestaciones por desempleo derivadas de la crisis sanitaria.

En concreto, según ha detallado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha incluido en este decreto un crédito extraordinario del Estado a la Seguridad Social por importe de 14.002 millones de euros para mantener el equilibrio presupuestario ante los menores ingresos del sistema por las medidas de protección adoptadas (prestación extraordinaria para autónomos, exoneración de cotizaciones en los ERTE, entre otras). Asimismo, se ha aprobado otro crédito, por un máximo de 16.500 millones de euros sin intereses, para afrontar el pago del mayor número de prestaciones por desempleo que ha causado la pandemia. “Es evidente que los ingresos del sistema se van a ver reducidos respecto a lo previsto (...) Estos créditos reflejan el compromiso del Gobierno con el sistema de la Seguridad Social”, destacó Montero.

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