Accidentes

Nueve años para escuchar la palabra “perdón”

Ximo Puig y Mónica Oltra reciben a las víctimas del accidente de metro de Valencia.

Sergi Tarín | Valencia

Es la foto de la dignidad. Este miércoles las víctimas del accidente del metro de Valencia entraron por la puerta principal del Palau de la Generalitat y escucharon por primera vez en nueve años la palabra “perdón”. Un perdón por la soledad, el desprecio, la insensibilidad y la descortesía a que han sido sometidos, sistemáticamente, por los gobiernos del Partido Popular desde que el 3 de julio de 2006 sus vidas se hicieran añicos a 37 metros del andén de Jesús. Ese día, a las 13:02:01, una cuenta atrás macabra, la unidad 3736 de la línea 1 volcó a 80,89 km/h dejando un rastro de 43 muertos y 47 heridos. Cifras cuya suma da 0 responsables, ya que ni un solo político ni técnico dimitió jamás por esta tragedia.

“Es una sensación ambivalente, de tristeza y tranquilidad”, admite Enric Chulio, que perdió a su mujer en aquella curva de la línea 1. Su único hijo está a punto de cumplir 10 años. “Puedo explicarle lo ocurrido con esta pequeña honra que da la conciencia limpia”, manifiesta y sus palabras suenan a fin de etapa, ya que este viernes celebrarán la última concentración en la plaza de la Virgen. “No tiene sentido continuar porque a quienes exigíamos responsabilidades ya no están”, asegura en referencia a los políticos del PP, aunque advierte que la asociación no se disuelve.

Han sido más de un centenar de encuentros, uno por cada 3 de julio de cada mes. Algunos populosos, otros con los apoyos justos. Incluso, recuerda Chulio, con ciertas dosis de arrogancia y desdén por parte del poder. Como cuando Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, quiso prohibirles que se reunieran con la excusa de que la megafonía molestaba a los vecinos. “¿Pero no habéis cobrado ya? ¡Pues a callar!”, llegaron a escuchar de gente que pasaba por la plaza. Era la época de la hegemonía incontestable del Partido Popular. En mayo de 2007, pese al escándalo del siniestro, Camps mejoró su mayoría absoluta, el mejor traje a medida para sentirse infalible e impune.

Pero en mayo de 2013, la emisión en primetime de "Los Olvidados", un capítulo de Salvados dedicado al accidente, en LaSexta, convulsionó la conciencia colectiva valenciana. Una indignación que jamás se había mostrado como tal y que desbordó la plaza de la Virgen. El reportaje recogió todas las irregularidades del proceso político y judicial y actuó como un vendaval que hizo jirones las tesis del gobierno valenciano, es decir, que el accidente era inevitable y que la única causa fue la velocidad, el doble del máximo permitido en ese tramo.

Un consigna repetida durante nueve años. “Aquí no pasará nada si no perdemos los nervios”, señaló el entonces consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, a la gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, en la boca del túnel de Jesús la mañana del 4 de julio, según desvela la periodista Laura Ballester en su libro Luchando contra el olvido. Entre el 27 de julio y el 1 de agosto se celebró la comisión de investigación más breve del parlamentarismo valenciano. Cuatro días para interrogar 32 personas, de las cuales solo cinco acudieron a propuesta de la oposición. Además, 18 técnicos de FGV fueron aleccionados por la consultora H&M Sanchis, que entre el 24 y 25 de julio preparó en el despacho de Gracia una batería de 66 posibles preguntas y respuestas con la prohibición explícita de palabras como “tragedia”, “deficiencia” o “baliza”.

Y es precisamente el vocablo “baliza”, mecanismo de frenado automático, el que más escuece y angustia a los familiares. En el tramo del accidente había dos. Una primera para impedir que el tren saltara el semáforo de la estación de plaza de España. Y una segunda para evitar que el convoy alcanzara el andén de Jesús a más de 40 km/h, pero no programada para detenerlo si superaba esa velocidad en la curva anterior, la del accidente. El Partido Popular siempre defendió que no eran necesarias nuevas balizas, pero al poco compró 14 nuevas, a 3.600 euros la unidad, que colocó a lo largo del túnel de la línea 1 “para evitar la alarma social”. Era algo que los sindicatos llevaban exigiendo desde 1999.

Cúmulo de irregularidades

Pero existen más anomalías en torno al accidente. El libro de averías jamás apareció y la caja negra apenas estuvo custodiada una noche por la policía. Los técnicos borraron su contenido al volcar los datos y el vagón siniestrado permaneció durante meses en los talleres de FGV, accesible a cualquier trabajador. Además, la 3736 era una unidad históricamente conflictiva, ya que había descarrilado, sin víctimas, en 1992, 1994 y 2003.

También contaba con las suspensiones dañadas y las ventanas defectuosas. Esto último, según los expertos, fue determinante en el elevado número de muertes, ya que antes de volcar, los cristales se desprendieron y los viajeros fueron succionados al exterior y triturados por el convoy. El tipo de vagón, una UTA 3700, estaba en el final de su vida útil, según los informes internos de FGV, y en dos meses no pasó por el taller pese a que la normativa sobre este tipo de vehículos exige una periodicidad mínima de dos revisiones mensuales.

Un cúmulo de irregularidades que nunca tuvo en cuenta Nieves Molina, titular del juzgado de instrucción número 21, quien hasta en dos ocasiones archivó la causa al asumir las tesis del Partido Popular. Actualmente el proceso está abierto a petición de la Fiscalía y a instancias de la sección segunda de la Audiencia de Valencia. Molina, a quien las familias han llegado a acusar abiertamente de “imparcial”, también instruye la mega causa del caso Cooperación y ha solicitado un juez de refuerzo para que se centre en la causa del metro.

“Estamos esperanzados tras tantos años oscuros y de mucho sufrimiento”, confiesa Beatriz Garrote, presidenta de la asociación, con la voz quebrada al otro lado del teléfono en conversación con infoLibre. Garrote perdió a su hermana y este viernes intervendrá en el hemiciclo valenciano durante el pleno especial convocado para reabrir la comisión de investigación. El nuevo Ejecutivo se ha comprometido a aprobar un Ley de Transporte Valenciano y otra de Protocolo a las Víctimas. “Es un nuevo tiempo, vamos a colocar la primera piedra de nuestras reivindicaciones”, apostilla Garrote.

La Historia les ha llenado de dolor y de razón. La misma que ha volatilizado los rostros de la memoria amarga. Por ejemplo el de Francisco Camps, que jamás se atrevió a mirarles a la cara. O Juan Cotino, miembro del Opus Dei imputado por el saqueo de la Gürtel durante la visita del Papa y que peregrinó de casa en casa intentando comprar el silencio de la víctimas. O Serafín Castellano, portavoz del PP que acusaba a la oposición de “carroñera” por demandar una investigación plural y que ahora acude esposado a los juzgados tras ser imputado por tráfico de influencias durante su etapa como consejero de Gobernación.

Son algunas, no todas, de las coordenadas de la reparación. El antiséptico para suturar heridas o el simbolismo que permite consumar el duelo. O como dice Enric Chulio: “el derecho a girar la página y encontrarla de nuevo en blanco”.

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