Extrema derecha

La ofensiva judicial de Vox para acallar a sus críticos ya suma cinco querellas

Imagen del acto de Vox en el Palacio de Vistalegre.

Criticar las posiciones políticas de Vox se está convirtiendo en una práctica de riesgo. Este martes, el partido ultraderechista anunció que se ha querellado contra el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, por acusar a Vox de proponer políticas cómplices con los asesinatos de mujeres por violencia de género. La formación les acusa de supuestos delitos de injurias, calumnias y odio, y Echenique y Rodríguez no son los únicos: el partido ultraderechista ha presentado en los últimos meses cuatro querellas más contra periodistas, políticos o personajes públicos que han criticado duramente sus planteamientos.

"Desde Vox no permitiremos que nuestros votantes y afiliados sean criminalizados por criticar leyes que han sido manifiestamente ineficaces para resolver la violencia frente a los colectivos más débiles de la sociedad", aseguró el partido en el comunicado en el que anunció la querella contra los dos dirigentes de Podemos. La ultraderecha denuncia que Echenique haya asegurado en las últimas semanas que "PP y Ciudadanos negocian el gobierno de Andalucía con los cómplices de los violadores y los asesinos" y que Rodríguez haya afirmado que Vox "no quiere que se luche contra la violencia contra las mujeres" y "es cómplice de los feminicidios".

Hace apenas unos días, el 2 de enero, el blanco de su acción judicial fue el periodista Antonio Maestre, que a través de su cuenta de Twitter acusó a quienes defienden a Vox de ser "responsables" y "cómplices" de muertes como la de la profesora Laura Luelmo, asesinada tras ser agredida sexualmente. El partido achaca a Maestre los mismos delitos que a Echenique y Rodríguez: calumnias –por el tuit sobre Laura Luelmo–, injurias –a causa de "una serie de tuits contra los votantes de Vox en las recientes elecciones en Andalucía, acusándolos de ser 'fascistas'" o "'nazis'", asegura la formación– y delito de odio.

Asimismo, entre las querellas que Vox ha presentado contra sus críticos también se encuentra una contra la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que aseguró en la campaña electoral de las pasadas elecciones en esa comunidad que el partido de extrema derecha es "machista" y lo acusó de "justificar la violencia contra las mujeres". En esta ocasión, según el propio partido, el único delito del que acusa Vox a Díaz es el delito de odio, el mismo en el que la formación ha basado su querella contra el actor Willy Toledo, que a finales de octubre afirmó en un programa de televisión que "el fascismo sólo se combate a hostias" cuando fue preguntado por el crecimiento de Vox.

Pero el partido no solo se ha querellado contra personajes públicos, periodistas o dirigentes políticos, sino que también ha recurrido a la justicia contra otros partidos, concretamente contra el extraparlamentario Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). La querella de Vox pretende que se investigue la concentración de protesta que convocó la formación comunista ante un recinto en el que el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, ofrecía un mitin el pasado 14 de noviembre y en la que se corearon lemas como "¡Sin piernas, sin brazos, fascistas a pedazos!", "fuera fascistas de nuestros barrios" y "vergüenza".

Dicha concentración, que acabó con dos detenidos por presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, estuvo rodeada de polémica ya que algunos manifestantes gritaron al ahora dirigente de Vox José Antonio Ortega Lara que volviera "al zulo" donde la organización terrorista ETA lo mantuvo secuestrado durante más de un año. La querella del partido ultraderechista acusa al PCPE de la comisión de un delito de odio y de otro de amenazas.

La libertad para criticar a los partidos, reforzada

infoLibre se ha puesto en contacto con Vox para conocer en qué punto se encuentra la tramitación de estas querellas, pero el partido ha rehusado ofrecer ningún detalle. No obstante, el denominador común de todas las querellas anunciadas es el delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a cuatro años para quienes "públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad".

Joaquim Bosch, juez y ex portavoz de la asociación judicial Jueces para la Democracia, rechaza que pueda aplicarse este delito a las situaciones y declaraciones denunciadas por Vox, especialmente en el caso de las críticas de diferentes políticos y periodistas a la posición de la ultraderecha con respecto a la violencia de género. Para empezar, porque "la crítica es contra figuras públicas" y está mucho más protegida por la libertad de expresión en la jurisprudencia, explica Bosch, que recuerda, además, que dicha libertad de expresión también queda reforzada porque las críticas se producen "sobre un asunto de interés general" sujeto a debate público.

Pero es que, además, el juez señala que no puede hablarse de delitos porque en ninguno de los casos contra los que Vox se ha querellado se está acusando al partido o a sus dirigentes de "connivencia con ningún asesinato concreto". "Sería diferente si se dijera que un militante concreto de Vox, por ejemplo, ha participado o ha colaborado con un asesinato, ya que ahí sí podría hablarse de un delito, aunque no sería de odio, sino contra el honor", explica Bosch, que sin embargo afirma que las críticas realizadas por otros partidos a la ultraderecha se enmarcan en la "discusión política" cotidiana, por dura que sea.

"Los representantes públicos, además, tienen reforzado su derecho a la libertad de expresión, y de hecho en España hemos visto alusiones mucho más duras que no han recibido ningún castigo: se ha acusado a un presidente del Gobierno de colaborar con ETA o a Felipe González de ser la X de los GAL" y en todos los casos se ha entendido que esas críticas, pese a su contundencia, entraban dentro del juego político, ejemplifica a este respecto el juez. 

Bosch, no obstante, muestra más dudas con respecto al caso que involucra al PCPE, aunque insiste en que el delito de odio implica "que se incite a la violencia contra un grupo". El juez considera más probable que los gritos que se profirieron en la manifestación contra Ortega Lara pudieran considerarse enaltecimiento del terrorismo, en base a la restrictiva interpretación que se ha establecido en los últimos tiempos para este delito, pero insiste en que "siempre tiene que ponderarse" a la hora de juzgar la "libertad de expresión" de quienes realizan las manifestaciones, toda vez que, además, Ortega Lara es ahora un dirigente político y está sujeto a una mayor libertad de ser criticado.

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