Palomares se aleja de un futuro sin plutonio: de la prometida limpieza al traslado secreto de más residuos

No es sólo que los materiales radiactivos no salen, sino que llegan más. Y además con total discreción. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) transportó en 2016 a Palomares, epicentro del accidente nuclear de 1966, aún pendiente de descontaminación, casi una tonelada y media de residuos radiactivos. La población local no se enteró. N el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, en cuyo término municipal se encuentra la pedanía de Palomares, donde ya hay al menos 30.000 metros cúbicos de tierra contaminada por plutonio. Tampoco la Subdelegación del Gobierno en Almería. Ni la Junta de Andalucía.

Un año antes, en 2015, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP), había anunciado un acuerdo con su homólogo estadounidense, el demócrata John Kerry, para la limpieza de Palomares. Margallo dijo que tenía"garantías" de que Estados Unidos iba a "reparar un error histórico cometido hace 50 años", en referencia al más grave accidente nuclear de la historia de España, ocurrido en 1966. Aquel compromiso de Margallo no sólo ha quedado en nada. Es que desde entonces ha regresado a Palomares con total opacidad material radiactivo tomado para su estudio.

El total de residuos regresados a Palomares suma 1.446 kilogramos. Casi una tonelada y media. Llegó a Palomares en dos envíos: en mayo de 2016, 796 kilos en 76 cajas; en noviembre del mismo año, 670 kilos en 77 cajas. La información sólo se ha hecho pública porque la desveló La Voz de Almería el 23 de octubre.

Ni el subdelegado del Gobierno, entonces Andrés García Lorca (PP), ni el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández (PSOE), recibieron información al respecto. Los residuos fueron depositados en unos contenedores protegidos por unas vallas bajo responsabilidad del Ciemat, dependiente del Ministerio de Ciencia. Provienen de sondeos y muestras de suelo, sedimentos y cenizas, entre otros materiales. Fueron trasladados desde Madrid, donde habían estado almacenados en bidones del Ciemat, por un empresa de transportes autorizada para el traslado de material radiactivo.El Ciemat asegura que no había obligación legal de informar de dicho traslado.

La Audiencia Nacional, que investiga los residuos de Palomares a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción, ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que aclare este traslado de residuos, que deberán permanecer en Palomares hasta la limpieza del entorno. Dicha limpieza no tiene ni plazos, ni plan, ni tratado que le dé cobertura, ni asignación económica. Se trata de traslado de nuevo material sine die.

Mutismo institucional

Tras la publicación de la información por parte de La Voz de Almería, el alcalde de Cuevas viajó a Madrid y fue recibido en el Ciemat, donde se le informó de que "de acuerdo con las características del material, este tipo de transportes no requieren comunicación previa". Es decir, que no había por qué informarle de que iban a depositar en su pueblo más de una tonelada de material de radiactivo, cuando en teoría el Gobierno está trabajando para que Estados Unidos se lleve de Palomares la tierra contaminada. El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora se conformó con la explicación. Consultado por infoLibre, el consistorio se remite una comunicación emitida por el Ciemat defendiendo su actuación. El Ciemat alega en dicha comunicación que los materiales deben permanecer en Palomares para facilitar su inspección y estudio.

No siempre el Gobierno local fue tan dócil. Con el PP en el Ejecutivo central, el alcalde se mostraba más exigente. En 2017 lamentaba que la descontaminación estuviese en "stand by". Este mismo año, en marzo, meses antes de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa, reclamó a Exteriores que "fijara un plazo" para la limpieza. Ahora sabe que no solamente no hay plazo, sino que además en 2016, también con el PP en el Gobierno, llegaron nuevos residuos.

A pesar del cambio de color político, no sale un solo reproche del Gobierno hacia la actuación del Ciemat con el PP. Este periódico ha contactado con todas las administraciones potencialmente interesadas. El Ministerio de Ciencia, del que depende el Ciemat, remite a dicho organismo o al Consejo de Seguridad Nuclear. Lo mismo hace el Ministerio de Medio Ambiente. La Junta de Andalucía es la única administración que no oculta su malestar. La Consejería de Medio Ambiente ha solicitado información al CSN. "Aunque no lo gestione la Junta al ser de competencia estatal, hemos pedido al Consejo de Seguridad Nuclear que nos informe sobre de qué es lo que está ahí exactamente", señaló este lunes el consejo José Fiscal.

El CSN, un organismo público teóricamente independiente que responde ante el Congreso y el Senado, no responde a las preguntas de este periódico, entre ellas si el Ciemat debió informarle del traslado de una tonelada y media de residuos a Palomares. El Ciemat afirma: "Para este tipo de materiales no aplica el régimen de aprobaciones y notificaciones sobre el bulto, la expedición y la notificación previa de la expedición". El material fue catalogado con la etiqueta de Naciones Unidas UN2910, correspondiente a "material radiactivo, bultos exceptuados, cantidades limitadas de materiales".

No responde el grupo parlamentario socialista, que fue preguntado sobre si mantiene su exigencia al Gobierno, expresada en febrero de este año, de que "ponga fecha" al traslado de los residuos.

Una deuda histórica

En realidad ni el PSOE ni el PP han sido capaces de empujar a Estados Unidos a retirar el material contaminado, pese a ser su responsabilidad. Una responsabilidad histórica. Un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135 de Estados Unidos colisionaron el 17 de enero de 1966 durante una operación rutinaria sobre Palomares. Cayeron cuatro bombas nucleares que transportaba el B-52. Dos de las bombas fueron recuperadas intactas. Pero no las otras dos. Una cayó en un valle a 1,7 kilómetros al oeste del núcleo urbano. Su paracaídas no funcionó, por lo que se produjo una detonación que ocasionó un cráter de 6,6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad. La otra cayó en una cañada en el límite este de Palomares, "en un lugar próximo a algunas viviendas", según el CSN. Su paracaídas se había desplegado pero resultó dañado, por lo que detonó parcialmente el explosivo químico, produciéndose un cráter de 6 metros de diámetro y un metro de profundidad. No hubo heridos entre los habitantes de Palomares, donde sí quedó para siempre el estigma del plutonio. Nunca ha habido compensación.

El informe del CSN Palomares 1966-2013. En el camino de la normalización radiológica describe así la situación resultante: "Al impactar dos de las bombas con el suelo, se produjo la deflagración de parte de su explosivo químico yse diseminó una buena parte de los 9 kilogramos de combustible nuclear fisionable [que puede sufrir fisión, es decir, división o rotura], en forma de óxidos de plutonio (Pu), uranio (U) y americio (Am)". Militares estadounidenses identificaron la zona afectada por la contaminación radiactiva, la llamada línea cero, que comprendía unas 220 hectáreas. Más de 700 personas, en su mayoría militares de Estados Unidos auxiliados por militares españoles y guardias civiles, trabajaron en las tareas de reparación. Las operaciones, que costaron al Ejército de Estados Unidos 80 millones de dólares de la época, supusieron la retirada de 1.400 toneladas de tierra y vegetales, trasladados al centro de reprocesamiento de materiales nucleares Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur).

The New York Times publicó publicó en 2016 que de cuarenta veteranos del ejército de Estados Unidos que habían trabajado en la zona tras el accidente y que el periódico localizó, 21 tuvieron cáncer.

Papel mojado

A pesar de los empeños de España, nunca se ha acometido la descontaminación completa y el traslado de los restos a Estados Unidos. Ambos países han firmado diversos acuerdos de colaboración, desde el Pacto Otero-Hall de 1966 a los firmados en 1997, 2005 y 2007. Un plan de rehabilitación de 2010 prevé instalar unas plantas de tratamiento de suelos para minimizar el volumen de terrenos a transferir a Estados Unidos para su almacenamiento definitivo. El plan establece los pasos a dar en relación a la zona contaminada: extracción de tierras, desbrozado de vegetación a ras de suelo, retirada de tierra afectadas de difícil accesos, restauración ambiental mediante relleno, comprobación radiológica y control final. El Ciemat puso cifras a la contaminación en 2010: 30.000 metros cúbicos de tierra en 40 hectáreas. Hay medio kilo de plutonio.

El plan del Ciemat no es más que un documento de carácter preliminar, según una respuesta de la Abogacía del Estado a una demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para forzar la limpieza de la zona. De hecho, no hay planificación económica para la limpieza, detalles sobre los puntos de partida y llegada durante el hipotético traslado y programa para la gestión de los residuos. Transcurridos más de 52 años desde el accidente, España carece de un estudio epidemológico de Palomares.

Lo único que hay es un protocolo de intenciones firmado en 2015 por Kerry y Margallo, que entonces dio por encarrilada la solución. Pero el propio Ministerio de Exteriores responde hoy que la firma por parte de la Administración demócrata de un "protocolo de intenciones" sobre "parámetros y objetivos" no vincula jurídicamente a posteriores gobiernos de Estados Unidos.

La Administración Trump, señala Exteriores, "no ha dado muestras de tener intención de iniciar negociaciones jurídicamente vinculantes". Es papel mojado. El ministerio que ahora dirige Josep Borell insiste, no obstante, en que la "solución definitiva" al problema pasa por "trasladar los residuos fuera de España".

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El abogado de Ecologistas en Acción José Ignacio Domínguez afirma que el Estado "ha perdido toda la credibilidad"para hablar del traslado de los restos. "No se lo cree ya nadie", señala, reafirmado por el traslado de una tonelada y media en 2016, 50 años después del accidente. Domínguez cree que la movilización popular podría llevar a cambiar de estrategia al Gobierno, pero lamenta el "síndrome de Estocolmo" del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. "Se ponen del lado de los que les están engañando y ocultando información. Es alucinante que un alcalde acepte que no tiene que ser informado de que le han metido dos contenedores en residuos en su pueblo, con una alambradilla junto a una zona cultivable. Lo único que les preocupa es salir en la prensa porque creen que se ven perjudicados los productos agrícolas y el turismo. Punto", afirma Domínguez, para quien en la práctica Palomares se ha convertido en"un almacén nuclear clandestino y no reconocido".

Ecologistas en Acción siempre ha considerado que la limpieza fue "cosmética", como le trasladó el pasado año en un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear, al que instaba a actaur. Ante el fracaso de esta solicitud, Ecologistas presentó en octubre del pasado año una demanda ante la Audiencia Nacional para que obligue al CSN "a limpiar 50.000 metros cúbicos y a que los almacene temporalmente a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene por qué estar en Estados Unidos", en vista de la poca voluntad de colaboración de la Administración Trump.

Las autoridades españolas afirman que el peligro para la salud humana es bajo. "El riesgo que se podría dar en Palomares", señala en un informe el CSN, "es que las partículas contaminantes que están de un modo estable adheridas a los suelos puedan ser ingeridas o inhaladas por su transferencia a alimentos o al aire". Ambas vías se controlan en la actualidad de acuerdo a los criterios de restricción de uso de los terrenos con la delimitación y control de accesos a las zonas afectadas. Por lo tanto, señala el Ciemat, "puede asegurarse que la exposición de la población de Palomares es muy baja". Ecologistas en Acción denuncia en cambio que sí hay riesgos y que se oculta información mediante la declaración de documentación como secreto oficial.