El pegamento para los pactos PP-Cs-Vox: la sanidad y la educación privadas unen a la derecha

Hay un punto en el que PP, Cs y Vox alcanzan el acuerdo total: la defensa de la educación concertada. El principio inspirador de la educación, condicionante de todo el modelo, debe estar para los tres partidos de derechas basado en la "libertad". Más concretamente, en la "libertad de elección" de las familias a elegir la educación de sus hijos, que es una forma más diplomática de enunciar la obligación de la Administración pública de proveer financiación pública a los centros privados de Primaria, Secundaria y Bachillerato: lo que comúnmente se conoce como colegios concertados. Ahí el nivel de coincidencia programática tiende al 100%. "Son las familias quienes deben elegir el modelo que deseen para sus hijos y las administraciones atender a esas preferencias", señala el programa marco del PP para las elecciones autonómicas. "Garantizaremos el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos", señala Cs. Las medidas de Vox van orientadas a "que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos". Sintonía total.

Más incluso que en la reivindicación simbólica de lo español, más que en el plano fiscal –en ambos casos hay gradaciones y matices–, es en el plano educativo donde la coincidencia es plena. Lo es en Andalucía, donde los partidos de la derecha, en el laboratorio de ensayo de su pacto a tres, orientan ya las políticas hacia una mayor concertación educativa. También en Navarra, donde PP y Cs se han presentado junto a UPN con un programa que consagra el principio de "libertad" de elección. Y también es plena la coincidencia en la defensa de la educación concertada en las comunidades donde PP, Cs y Vox buscan o ya han alcanzado un acuerdo: Madrid, Murcia y Castilla y León (en este caso sin Vox).

Si culminan sus negociaciones, estas tres comunidades –más Galicia– tendrán allanado el camino a una radicalización de las políticas de concertación. No está siendo fácil. En Castilla y León, donde Vox no es necesario, sí ha habido ya pacto y el martes será investido presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP). Pero en Murcia y Madrid las negociaciones, enturbiadas por las dificultades entre Vox y Cs, siguen sin culminar. Eso sí, pese a las discrepancias en público, los contactos discretos siguen al máximo nivel, como publicó infoLibre este sábado. Y lo cierto es que tanto PP como también Vox y Cs acumulan numerosas coincidencias profundas en temas clave como la sanidad y la educación. Coincidencias que, de hecho, ya han aflorado plenamente en Andalucía, donde los tres partidos han firmado ya un acuerdo de presupuestos para dos años. 

Al consenso de los partidos de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal sobre educación, que afecta a un tema básico del diseño de una sociedad, se suma un apreciable grado de coincidencia en el apoyo a la "libertad de elección" de médico y hospital, que también favorece la derivación de recursos públicos a la sanidad privada. "Ese modelo [de "libertad de elección" sanitaria] ya se ha probado en Madrid, que estaba dividida en áreas y se eliminaron para ser una sola en aras de esa supuesta libertad. El resultado ha sido más desorden, que es lo que persigue este modelo neoliberal, más mercado, más privatización y más derivaciones. El resultado es perverso de la A a la Z", señala Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa por la Sanidad Pública de Madrid y de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública indica que la "libre elección de médico y centro" favorece las "derivaciones hacia el sector privado" sin mejorar los resultados. Por sí sola la "libertad de elección" no presupone una mayor concertación, pero sí hacerlo en la forma en que se ha hecho en Madrid –donde Cs ya apoya este modelo del PP desde 2015–, con la supresión de áreas sanitarias y los mecanismos de estímulo a los centros para atraer pacientes.

  CONCERTACIÓN AL ALZA

Esta ofensiva política a favor de la concertación se produce justo cuando la privatización, tanto educativa como sanitaria, dibuja una dinámica ascendente en España. En 2017 el gasto en escuela concertada, que salió del ciclo de recortes antes que el conjunto de la inversión educativa, marcó su cuarto año consecutivo de subidas. El dinero público destinado a la educación privada alcanzó su máximo histórico, con más de 6.000 millones. Mientras tanto, el gasto público total en educación (49.458,04 millones) sigue por debajo de los umbrales precrisis.

El papel de la educación concertada es objeto de un intenso debate político-ideológico en España. La llamada "segunda red", que está en más de un 60% en manos de la Iglesia a través de organizaciones como el Opus Dei, emplea mecanismos sutiles de filtrado social del alumnado, como los cobros a las familias y la ubicación selectiva de los centros. Al situarse generalmente en mejores zonas desde los puntos de vista social, económico y cultural, su alumnado parte con ventaja a la hora de obtener resultados, lo que es a su vez utilizado por los promotores de este modelo educativo para afirmar que la segunda red da mejores resultados que la pública. Ello invierte la relación causa-efecto.

La concertada, a diferencia de la pública, no es de facto gratuita para las familias. En realidad los concertados realizan cobros informales, aprovechando la falta de controles para solicitar pagos extraordinarios. Las familias se benefician de desgravaciones en sus aportaciones a las fundaciones de los colegios, creadas para dar cobertura a unos ingresos que sobre el papel son voluntarios, aunque en la práctica pocos padres se oponen. El cobro de cuotas por aspectos obligatorios del funcionamiento educativo, que deberían ser legalmente gratuitos, está generalizado, según vienen denunciando asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios.

A esto se suma la vigencia de una norma educativa a la medida de la concertada: la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que ha supuesto un impulso a la segunda red. La norma de José Ignacio Wert ha ampliado las opciones de construcción de centros concertados en suelo público y blindado el criterio de "demanda social" en la planificación de plazas. La norma da cobertura al precepto según el cual el Estado tiene la obligación de cubrir con el presupuesto público la concertada, incluso en el caso de que separe a niños y niñas.

En el curso 2008-2009 había un total de 25.572 centros de enseñanza no universitaria: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial. En 2018-2019 han sido 28.531. Es decir, un 11,5% más. Pero el crecimiento no es homogéneo según la titularidad de los centros. El número de públicos creció de 18.061 a 19.112 (+5,81%) mientras el de concertados y privados pasó de 7.511 a 9.419 (+25,4%).

Todo esto en cuanto a la educación. La concertación sanitaria también sube. Los conciertos, la fórmula más extendida de privatización de servicios públicos, batieron en 2017 su récord histórico con un total de 7.812,08 millones de euros, lo que supuso un 11,2% del total de la inversión pública sanitaria. Mientras la concertada supera su techo precrisis, fenómeno simultáneo al récord de negocio alcanzado por la sanidad privada, la inversión sanitaria pública global sigue por debajo de 2009, completando un fenómeno similar al que se da en el ámbito educativo. Es decir, la concertación sale antes de la crisis a costa de la inversión en el sistema puramente público.

  "LIBERTAD DE ELECCIÓN"

El PP presume en su programa marco de las autonómicas de que las comunidades en que gobierna "han puesto en marcha modelos educativos que han ampliado la libertad de elección de las familias". La idea de la "libertad" puede ser confusa. La izquierda no cuestiona que las familias elijan qué educación quieren para sus hijos, sino –en todo caso– la obligación del Estado de sufragarla.

La invocación de la "libertad" o de la "libertad de elección" es la fórmula que ha hecho fortuna políticamente. Junto a una segunda idea: la Administración debe evitar la "ideología" en las aulas. No obstante, el modelo de concertación tiene como principales beneficiarias a las organizaciones de la Iglesia, que está fortaleciendo su posición en el ámbito educativo pese al avance de la secularización. El planteamiento educativo de organizaciones como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo o la Asociación Católica de Propagandistas, que gestionan concertados, está lejos de ser ideológicamente neutro.

El PP lo ve en su programa marco de modo opuesto: "El sistema educativo debe dejar de ser un instrumento de experimentación e ideologización de la izquierda". Completa el razonamiento en su programa de las generales, donde dice que "las familias tienen el derecho de elegir qué educación quieren para sus hijos y que esta sea de calidad". Es decir, se crea para los padres una especie de derecho a la concertada que se traduce en una obligación pública de financiación. El partido de Casado también se compromete a extender la concertación al Bachillerato en todas las comunidades en las que gobierne y a favorecer las deducciones por aportaciones a centros concertados.

Cs, que no tiene programa autonómico marco, blinda en el de las generales la "garantía" del "derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos". "Defenderemos que se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos",demanda social añade el programa, que al fiar a la "demanda social" la planificación escolar está aceptando un elemento central de la Lomce y siguiendo al pie de la letra lo que demandan la Conferencia Episcopal y los grupos de presión de la Iglesia. Ciudadanos sí recoge con claridad en su programa su compromiso de evitar "el cobro por parte de los centros [concertados] de cuotas injustificadas", pero, al mismo tiempo, defiende unas deducciones cada vez más cuestionadas: "Haremos que la Agencia Tributaria deje de perseguir a las familias que se desgravan donaciones que realizan los colegios concertados de sus hijos". Según Cs, la Agencia Tributaria "persigue" a los padres de alumnos de la concertada.

Vox combina una defensa clara de la financiación pública de la concertada con una denuncia del carácter ideológico de la pública. En el programa marco de las autonómicas, defiende "implantar el sistema de cheque escolar, el PIN Parental y la Autorización Expresa con objeto que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos y se precise su consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales". A juicio de Vox, la mejor forma de evitar estas intromisiones es dar a los padres "una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio", como señala en sus "100 Medidas para una España Viva".

Los tres partidos coinciden, tanto en sus programas generales como en los específicos de las comunidades, en la ampliación de la educación gratuita al periodo 0-3 años, sin aclarar si su prestación se hará a través de una red pública o de gestión privada.

  ANDALUCÍA

El acuerdo en Andalucía de PP y Cs, que gobiernan gracias a Vox, recoge la "protección" de los dos "modelos", público y concertado, sobre la base de la "libre elección de centros". La oposición cree que el plan es en realidad que el concertado crezca a costa del público. Los tres partidos de la mayoría derechista acaban de rechazar una proposición no de ley de Adelante Andalucía para comprometer a la Junta a no eliminar líneas en centros públicos "mientras existan conciertos vigentes" en la misma etapa y la misma ciudad. La iniciativa se planteó después de conocerse el anteproyecto presupuestario de 2019, en el que la inversión en educación concertada sube casi un 5,3%.

El acuerdo PP-Vox, que fue fundamental para la investidura de Juanma Moreno, pone el énfasis en la lucha contra las "injerencias" de los poderes públicos en la "formación ideológica de los alumnos" y la "eliminación de las zonas educativas", una insistente demanda de los promotores de la educación privada. También está recogida la ampliación de la concertación al Bachillerato.

  COMUNIDAD DE MADRID

Si Andalucía es el campo de pruebas de la nueva mayoría PP-Cs-Vox, Madrid ha sido durante más de dos décadas el laboratorio neoliberal español. El programa del PP ya no promete novedades educativas, sino continuidad y profundización: "Seguiremos apoyando la educación concertada" y se mantendrá el "distrito único", una fórmula que facilita la demanda de concertada. El PP propone deducciones fiscales por la adquisición de "vestuario de uso escolar exclusivo", es decir, uniformes.

Ciudadanos y Vox se sitúan en la estela del PP. El partido naranja establece la "garantía" de las familias de "elegir la educación de sus hijos ya sea en centros públicos, concertados o privados". La formación de ultraderecha, además de defender una "auténtica libertad" de elección de centro educativo, defiende un "pin parental" para que los padres puedan vetar contenidos "éticos, morales o sexuales" que vean inadecuados para sus hijos en la escuela pública, ya que –a juicio de Vox– es adoctrinadora. El partido de Abascal se compromete a promover asociaciones de padres "independientes" en la escuela pública y concertada.

El pacto de PP y Cs de 2015 ya establecía "favorecer la libertad de elección de centro".

  CASTILLA Y LEÓN

"Durante los próximos años, en materia de educación, nos seguiremos guiando por valores como la calidad, la libertad y la equidad", proclama el programa electoral del PP en Castilla y León. El partido de Casado promete "revalidar el acuerdo de centros en crisis para la enseñanza concertada, mejorando las ratios en las diferentes etapas educativas", hasta igualarlas a las de la pública. También hay un compromiso de equiparación de las condiciones laborales de los docentes.

"Defendemos la escuela concertada como garante de la libertad de enseñanza y la pluralidad del sistema educativo" señala Cs, que es explícito al vincular la educación universal y gratuita de 0 a 3 años con la "concertación de plazas". No obstante, el partido naranja marca diferencias con PP y Vox al hacer expresa su voluntad contra los cobros ilegales a las familias y al apostar, aunque sea retóricamente, "por la educación no diferenciada por sexos".

Vox no tiene programa autonómico castellanoleonés, con lo que se acoge al programa marco autonómico, que hace una encendida defensa de la educación concertada. No obstante, el partido no es aquí necesario para la mayoría derechista.

  REGIÓN DE MURCIA

"Defendemos que es a los padres a quienes corresponde elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos", señala el programa del PP en la Región de Murcia, que promete tener en cuenta "la demanda social" en planificación de centros, fórmula que beneficia a la concertada. "Apoyaremos la red de centros concertados, para que, en conjunción con la red pública, las familias puedan hacer efectivo su derecho a elegir el centro en el que desean escolarizar a sus hijos e hijas", añade el PP, que establece mismos salarios para profesores de la pública y la concertada.

Cs establece el "derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos", la "renovación de los conciertos vigentes" y la "aplicación del criterio de demanda social". El partido naranja, a diferencia de PP y Vox, sí hace hincapié en el programa en los "mecanismos de control para evitar el cobro por parte de los centros concertados de cuotas sin sustento legal. Vox también se acoge aquí a su programa marco autonómico sus medidas para todo el Estado.

  NAVARRA

En Navarra Suma la síntesis de las fuerzas de derechas, en este caso incluyendo a UPN y excluyendo a Vox, se ha producido antes de las elecciones mediante una marca y un programa, no –como en el resto de los casos donde ha habido ocasión– después mediante un pacto. PP, Cs y UPN siguen al pie de la letra el marco conceptual implantado originalmente por Esperanza Aguirre en Madrid: con una "garantía" de la "libertad" para la "educación en valores" en todas las etapas escolares.

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La coincidencia de planteamientos en la educación se extiende, con matices, a la sanidad. El PP es el único partido que hace expreso reconocimiento en su programa marco de la "libertad de elección de médico y centro sanitario" dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), que también incluye los hospitales concertados. Vox y Ciudadanos sí recogen este principio en programas autonómicos, como el de Murcia en el caso del partido naranja y el de Madrid en el de Vox. Navarra Suma se compromete en su programa a "hacer efectivo el derecho de todos los usuarios a la libertad de elección de centro hospitalario".

El partido de Pablo Casado es el más insistente en la defensa, que considera de éxito probado en Madrid, donde ha seguido una fórmula conocida popularmente como de "dinero sigue el paciente" que ha beneficiado la concertación. El acuerdo de PP y Cs de 2015 ya recogía medidas para "facilitar la elección de centros por parte de los madrileños", lo cual indica que en este campo el partido de Rivera va en la estela del PP. ¿Y Vox? En Madrid defiende expresamente no sólo más plazas concertadas, sino "colaboración con la sanidad privada" para reducir las listas de espera.

Esta "colaboración con la sanidad privada" nos lleva a Andalucía, donde se pone a prueba el entendimiento entre PP, Cs y Vox. En la comunidad del sur los tres partidos están impulsando la derivación de pacientes a la sanidad privada para reducir las listas de espera –dedicando a los centros privados 15,5 de los 25,4 millones de un plan de choque que ya está en marcha–, el incremento de la remuneración pública de los médicos que, al mismo tiempo, trabajan en la privada y el fin de la subasta de medicamentos. El grado de acuerdo en el ámbito sanitario de los tres partidos conservadores es elevado. La "libre elección de especialista" está recogida en el acuerdo de PP y Cs.