Un pelotazo de 20 millones y ex altos cargos del PP en el banquillo, la 'perla negra' que escondía Castilla y León

Once años después de que un juzgado de Valladolid abriese diligencias penales por la compra de terrenos y un edificio en 2005 a un precio muy superior al inicialmente previsto por tasación -20 millones más-, el juicio del llamado caso de la Perla Negra de Castilla y León comenzó este lunes con cinco ex altos cargos del PP y siete empresarios en el banquillo por supuestos delitos de corrupción.

Sustentada en hechos que tuvieron lugar cuando el actual presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, era consejero de Presidencia y Administración Territorial, los 12 acusados se arriesgan a penas que oscilan entre los 70 años que solicita la Fiscalía y los 221 que, como ha publicado El Norte de Castilla, pide el PSOE en su condición de acusación popular. Prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos y fraude a la Administración son los delitos que centran el proceso.

Tras sufrir un nuevo parón en marzo de 2022 –la vista oral se suspendió al extraviarse un cedé con información relativa a la exviceconsejera de Economía Begoña Hernández, una de las principales acusadas– la Perla Negra representa el mayor caso de corrupción que hasta ahora ha afrontado el PP de Castilla y León.

La última lista de morosos difundida por la Agencia Tributaria, publicada en julio de 2023, desvela que casi dos décadas después de aquel pelotazo nutrido con dinero público Urban Proyecta PM3 SL le debe a Hacienda 15.621.078 euros. Según el PSOE, que en su escrito de acusación desgrana en detalle la secuencia cronológica de aquella adjudicación, Urban Proyecta gozó de "información privilegiada" para hacerse con la adjudicación del contrato. De hecho, le encargó a un estudio de arquitectos el proyecto para la fase de concurso de ADE, "concurso que no se publicaría -exponen los socialistas- sino en diciembre de 2005". Es más, el solar donde propondría levantar el edificio ni siquiera le pertenecía aún. Lo adquirió el 11 de enero de 2006.

Sobreprecio de 10 millones y otros 9,6 de propina

Por aquella compra, cuyo precio "no debió superar los 50 millones aproximadamente", la Junta de Castilla y León pagó 60,5 millones. De forma adicional abonó a la empresa adjudicataria –Urban Proyecta PM3 SL– otros 9,78 millones por "una serie de conceptos que debían correr a cargo" de la empresa.

Los entrecomillados del párrafo anterior pertenecen al escrito de acusación del fiscal, que en el listado de pruebas enumeradas en su escrito de acusación incluye el "CD remitido por la Agencia Tributaria conteniendo información fiscal sobre Begoña Hernández y la mercantil Tough Trade SA".

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Y resulta que Tough Trade SA es una de las empresas involucradas en los presuntos sobornos de otro de los grandes casos de corrupción de Castilla y León, este en la lista de espera para la celebración del juicio: el de la trama eólica, donde en el ranking de acusados ocupa puesto de máxima relevancia uno de los 12 compañeros de banquillo del caso de la Perla Negra, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado. Por la trama eólica, la Fiscalía pide para Delgado 42 años de cárcel y 239 millones de multa.

Que existieron unas "ventajosas" relaciones comerciales entre la empresa privada Urban Proyecta PM3 SL y ADE ya lo hizo constar la Audiencia de Valladolid en un auto fechado hace siete años y fruto de uno de los distintos intentos de los implicados para frenar e incluso dinamitar la causa. Para el PSOE, y así lo plasma en su escrito de acusación, de lo investigado se infiere que los dos exviceconsejeros –Begoña Hernández y Rafael Delgado– y varios empresarios existía "un convenio en el tiempo entre todos ellos dirigido a trabajar de forma coordinada y concertada para la realización de los hechos descritos, formando los entramados empresariales y adoptando cada uno de ellos diversos papeles y funciones en su organización". ¿Y para qué? Los socialistas remarcan que todo ello perseguía "la obtención de un solo fin que no era sino el enriquecimiento de cada cual en la medida de su intervención y gracias al perjuicio generado a las arcas de la administración pública".

Uno de los supuestos partícipes en aquel núcleo de socios conjurados es, según el escrito del PSOE, Alberto Esgueva. Sobre él y los beneficios que obtuvo de la empresa pública ADE el fiscal incorpora a su escrito de acusación un episodio de cuya veracidad dudaría cualquier oyente o lector de no estar acreditado. La historia se resume así: a propuesta de Rafael Delgado en su condición de presidente de ADE, Esgueva ocupó un asiento en el consejo de administración de la empresa pública en noviembre de 2003. En ese momento era director de la División de Creación de Empresas de ADE. Año y medio después, presentó su renuncia al cargo de vocal del consejo el 27 de junio de 2005. Pero -relata el fiscal- "a continuación la Junta General, a propuesta de Rafael Delgado nombró vocal a la entidad Alberto Esgueva SL". Homónima de su fundador y socio único y constituida en enero de 2004, Alberto Esgueva SL se convirtió ese mismo día en consejero delegado de ADE.