Madrid rompe con la firma que financia la residencia a cambio de alquilar tu casa tras apreciar una nula demanda
El Ayuntamiento de Madrid pone fin antes de tiempo a su relación con Pensium SL, la empresa que financia el acceso de los mayores a un centro residencial privado a cambio de poder alquilar su casa. Hace solo un par de semanas, ambas partes decidieron resolver el convenio de colaboración que suscribieron el pasado verano, un acuerdo por el cual el consistorio de la capital utilizaría sus recursos públicos para difundir en los centros de servicios sociales el programa sobre el que pilota la actividad de la compañía. Una ruptura que se produce después de que el equipo de gobierno haya podido percatarse de que el "innovador" proyecto solo podía llegar a un "número muy reducido de posibles beneficiarios". Tan reducido que sólo se ha informado del mismo en este tiempo a una mujer.
El convenio en cuestión fue suscrito por ambas partes la última semana de julio. De un lado, el delegado del área de gobierno de Familias, José Aniorte. De otro, Miguel Perdiguer, consejero delegado de la compañía. A través de este acuerdo, el ayuntamiento se comprometía a incluir el denominado programa Pensium entre las alternativas de acceso a los recursos residenciales sobre las que los centros de servicios sociales pueden informar a las personas mayores dependientes. Es decir, a emplear trabajadores públicos para dar a conocer los servicios que ofrece la firma. Es más, entre las obligaciones que se fijaban para el propio consistorio se incluía la de "facilitar las sesiones informativas" del proyecto dirigidas a los profesionales de los servicios sociales municipales, algo de lo que se encargaría la propia compañía.
Desde el consistorio se enmarcó el acuerdo dentro del proceso de búsqueda de proyectos "innovadores" para poder ofrecer soluciones "temporales" a aquellas personas que se encuentran a la espera de que la administración autonómica les conceda una plaza residencial. En concreto, el programa consiste en "facilitar recursos económicos" para completar la diferencia existente entre los ingresos de la pensión pública y el coste de una cama en un geriátrico privado a cambio de que los beneficiarios cedan un piso a Pensium para que pueda explotarlo en forma de alquiler "hasta cancelar el importe" que se haya ido anticipando de forma periódica.
El convenio, criticado con dureza desde la oposición por usar a empleados públicos como "agentes comerciales" de una empresa privada que se "va a lucrar" a "costa" de los mayores, estaba previsto que se prolongase hasta finales de 2022, con posibilidad de ampliarlo cuatro años más. Sin embargo, ha durado menos de siete meses. El pasado 5 de febrero, ambas partes decidieron resolverlo. Una suspensión que, según explicó en comisión el director general de Servicios Sociales y Emergencia Social del equipo de gobierno local, Alejandro González López Pérez, no lleva aparejada "liquidación alguna" por tratarse de "la divulgación de un proyecto" cuya finalización "no genera daños a ninguna de las partes ni a terceros".
Un extremo que confirman a este diario desde la firma. "Sí, así es, el convenio ya preveía esta resolución", señala David Igual, director de Operaciones de la empresa, que también insiste en que el acuerdo suscrito "no plantea ninguna compensación ni durante el programa ni por la rescisión del mismo".
Solo se ha informado a una mujer de 92 años
El paso se ha dado tras comprobar que muy pocas personas podrían apostar por el programa. "Se trata de un servicio demasiado específico para un número muy reducido de posibles beneficiarios", explican a infoLibre fuentes municipales. Tan reducido que, según apuntan esas mismas fuentes, solo se ha informado acerca de Pensium en este tiempo a una mujer de 92 años. "Era la única cuya situación podía hacer que le interesara, si bien todavía no había decidido contratarlo", abundan. Tampoco es que, hasta la fecha, hubiesen sido formados demasiados trabajadores de los servicios sociales para informar sobre este servicio. En concreto, solo 61 de seis de los treinta y seis centros, lo que equivale al 5% de la plantilla, según los datos oficiales.
Preguntados por el motivo de la resolución, desde la empresa lo achacan a que "ya se ha completado el proceso de explicación del recurso a los profesionales del Ayuntamiento de Madrid", algo que no coincide con los datos facilitados desde el consistorio. Y preguntados por si ha influido el hecho de si ha tenido algo que ver el reducido alcance, completan: "Nuestro programa es líder en financiación de plazas residenciales en España. La formación no buscaba la captación de usuarios sino dar a conocer el mismo porque es muy probable que a los profesionales del sector se les pregunte por el mismo. Ayudamos a muchas personas en toda España y en particular en Madrid".
"Estaría mejor que los acuerdos se sopesaran antes de suscribirlos"
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Mar Barberán, concejal de Más Madrid en el consistorio, celebra que se haya dado marcha atrás con un convenio que "si no era ilícito, sí era poco ético". "Era una declaración de intenciones por la que el ayuntamiento decía abiertamente que no asumiría su compromiso como administración obviando su responsabilidad de facilitar una plaza de residencia", resume la edil de la oposición, quien critica la "mercantilización" que se hace de "los servicios sociales". No obstante, se muestra preocupada por la improvisación: "Estaría mejor que los acuerdos los sopesaran antes de suscribirlos, que midieran previamente las consecuencias legales, morales o éticas que puede conllevar cualquier medida. Si no, parece que se mueven más en la improvisación que en el saber hacer de una gestión pública eficiente".
Al igual que Más Madrid, los socialistas consideraban que el convenio era un "despropósito". Y así se lo trasladaron al delegado del área de gobierno de Familias, José Aniorte. Les preocupaba la "capacidad" de esta firma para "prestar este tipo de servicios", teniendo en cuenta que solo cuenta con "cinco años de vida" y tiene una plantilla de "solo diez personas". O que se hubiera recurrido a una firma que generaba "muchas dudas" entre las organizaciones de consumidores. Y, sobre todo, no entendían que el Ayuntamiento no hubiera firmado mejor un convenio con la Empresa Municipal de la Vivienda, "que dispone de un servicio de intermediación de alquiler a coste cero". "Desaparece, por tanto, un motivo de inseguridad y una opción que no era muy favorable para los mayores", apunta Emilia Martínez, concejala del PSOE.
Nacida hace varios años de la mano de dos exdirectivos de banca, Pensium, que con su propuesta también ofrecía incrementar el parque de vivienda de alquiler, cuenta ya con el respaldo de importantes compañías. Según informan en su propia página web, forman parte del capital de esta start-up las mutualidades de médicos y de la abogacía o el Sabadell. No es el único banco interesado. También colaboran con la firma Abanca, Kutxabank o Cajasur, además de otras compañías como Sanitas o algunos de los gigantes del sector de las residencias: Amavir, DomusVi o Colisée.
