Políticos bajo sospecha

El PP pide que Cospedal no comparezca en la 'comisión Kitchen' del Congreso por respeto a su “intimidad y honor”

Dolores de Cospedal y Pablo Casado en una imagen de archivo.

El Partido Popular ha presentando en el Congreso un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en el que entre otras cosas solicita que su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, no tenga que declarar, tal y como está previsto, en la comisión que investiga la utilización ilegal de recursos del Ministerio del Interior para favorecer intereses del PP y eliminar pruebas en casos de corrupción que afectan a este partido.

Cospedal fue imputada hace dos semanas por el juez que investiga la Operación Kitchen por la supuesta comisión de graves delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, justo el día que debía declarar en la citada comisión, lo que motivó su suspensión. A pesar de que ella sí se presentó en el Congreso y manifestó su deseo de comparecer, ahora el PP pide que se salvaguarde “el respeto a la intimidad y el honor y los derechos constitucionales de las personas que sean llamadas a comparecer en la comisión y especialmente de María Dolores de Cospedal” y que se dé a la ex número dos del partido “por comparecida”.

En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, el PP alega que no se salvaguardaron estos derechos al suspender la comparecencia el día que estaba fijada. Y sostiene que la suspensión de su comparecencia vulneró los derechos constitucionales de Cospedal al ponerla “bajo el foco mediático” y modificar “de formas caprichosa” su propia agenda “por mor de intereses partidistas de socialistas, comunistas y demás socios del actual Gobierno”.

El Grupo Parlamentario Popular trata así de dar cobertura a la que fuera número dos del PP con Mariano Rajoy, sin cuya ayuda Pablo Casado no hubiese conseguido ser elegido presidente del partido en el congreso de 2018. Hace apenas unos días, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular acordó no abrirle siquiera expediente informativo alegando que su conducta no resulta del “ejercicio de un cargo público o representativo”. Tampoco cree el PP de Casado, el mismo que aseguró que no dejaría “pasar ni una” en relación con este caso, que las conductas por las que Cospedal ha sido imputada sean incompatibles “con las obligaciones y deberes éticos” del partido.

El escrito presentado por el PP para solicitar que su ex número dos no tenga que dar explicaciones apoya su petición con el argumento de que la suspensión de la comparecencia de Cospedal incumplió las leyes y el reglamento de la Cámara.

Cospedal se presentó en el Congreso el día y a la hora a la que había sido citada alegando que no había sido advertida de la suspensión de su comparecencia. “No me han avisado. Nadie me ha dicho nada. Esto no puede ser”, protestó ante los periodistas en los pasillos del Congreso antes de dirigirse al mostrador de ujieres del edificio que se encuentra frente del Palacio del Congreso para quejarse por que no se le hubiera notificado que su comparecencia había sido aplazada y para pedir cuentas por este proceder.

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Por el camino, se encontró con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y otros diputados de su partido, que la acompañaron hasta una de las salas del Congreso. “Esto es más que un atropello. No hay democracia ni hay nada. Es una cosa increíble”, comentaba, visiblemente enojada, con sus compañeros.

El azar hizo coincidir su imputación judicial y la de su marido, Ignacio López del Hierro, con la citación de ambos ante la comisión Kichen. La noticia se conoció pfecxisamente cuando el esposo de Cospedal estaba presente la comisión. La imputación judicial altera las condiciones en las que se celebran las comparacencias porque otorga a los citados el derecho a no responder las preguntas de los diputados.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a Cospedal y a su marido en la pieza 7 del caso Villarejocaso Villarejo, la que investiga la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 y financiado con fondos reservados para hacerse con documentación sensible para el PP que el extesorero Luis Bárcenas se habría llevado del partido tras ser despedido. El magistrado les imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

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