PP y Vox rechazan hacer públicos los datos sobre muertos en las residencias de Castilla y León
PP y Vox han rechazado este miércoles en las Cortes de Castilla y León hacer públicos los datos de los fallecidos en residencias privadas de la comunidad. Ha sido durante un pleno, después de que el PSOE propusiera instar al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) a hacer públicas las cifras de fallecidos durante la pandemia en centros de mayores privados y los datos sobre enfermos trasladados y no trasladados a los hospitales, concretando el lugar de la muerte del usuario.
La solicitud del PSOE se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenase al Gobierno autonómico entregar dicha información a infoLibre, en una sentencia que se hizo publica el pasado lunes y que estimó de "forma íntegra" el recurso contencioso presentado por este periódico para obtener los datos.
Con independencia del debate político, en relación con la sentencia del TSJ, el Gobierno de Mañueco tiene ahora dos opciones: facilitar la información a infoLibre en un plazo máximo de días días hábiles o recurrir ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes, si quiere seguir manteniendo en secreto dichos dados.
El origen del pleito
El TSJ de Castilla y León ordena a la Junta que entregue a infoLibre los datos de fallecidos en residencias
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Esa información fue solicitada por infoLibre en la primera semana de mayo de 2020, a través de los portales de Transparencia de las 16 comunidades autónomas y las tres Diputaciones forales vascas competentes en materia de residencias de mayores. En dicha petición pedía conocer los datos sobre fallecidos en los geriátricos, de forma desglosada, y también si el deceso se había producido en el centro residencial o en el hospital.
El Gobierno de Mañueco facilitó los datos desglosados de las residencias de gestión pública, pero se negó a aportar la misma información sobre los centros de gestión privada. Ello llevó a infoLibre a plantear un recurso contencioso-administrativo, que interpuso en enero de 2021.
Ha sido este mes de septiembre cuando el TSJ le ha dado la razón a este medio. El tribunal desestimó todas las alegaciones planteadas por la Junta para no facilitar la información: que su difusión podía perjudicar los “intereses económicos y comerciales” de las empresas propietarias de las residencias, que se trataba de “datos personales” o que el interés por el tema era “muy escaso”. Y reafirma que los límites al derecho de acceso a la información pública deben aplicarse “con cautela y con criterios restrictivos que no menoscaben los objetivos de transparencia de la actividad de los entes públicos”, en línea con la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia.
