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Corrupción

Una proposición de ley en Cataluña para que denunciar casos de corrupción deje de ser “un acto heroico”

Simona Levi, portavoz de Xnet, junto a los diputados con los que ha presentado la proposición de Ley de protección integral de los alertadores.

Este lunes, la red de activistas Xnet registró en el Parlament de Catalunya la Ley de protección integral de los alertadores, que consideran la más avanzada del mundo entre las destinadas a amparar a las personas que denuncien casos de abusos y corrupción.

“Denunciar abusos no debería ser un acto heroico, debería ser la normalidad”, indica la plataforma. En su nombre, registraron la proposición los diputados Gerard Gómez del Moral (ERC), Gemma Geis (JxCat), Maria Sirvent (CUP), Ferran Pedret (PSC-Units) y Susana Segovia (Cataluña en Comú).

Señalan la necesidad de esta ley porque el 70% de los casos de corrupción son denunciados por personas y no por empresas. Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge el deber de todo ciudadano de denunciar un delito si tiene conocimiento de su perpetración. “Aun siendo las personas que denuncian esenciales para acabar con el problema, sufren represalias y persecuciones”.

Xnet lleva cuatro años trabajando en este proyecto para redactar un texto en el que se recoge “lo mejor de las mejores leyes y recomendaciones” sobre la materia. Un resultado que consideran muy superior a la proposición de Cs, que se encuentra en tramitación e “inminente fase de enmienda” en el Congreso.

Denuncian –a través de la campaña #VuelveLaStasi y enmiendas recogidas por ERC y Unidos Podemos, además de PSOE y PDeCAT, en menor medida– que esta propuesta del partido de Albert Rivera tiene una “gravísima falta de las más básicas garantías jurídicas”, que la protección sólo se extiende a los funcionarios y que prohíbe la denuncia anónima.

Es por todo eso que, en su proposición de ley, Xnet defiende el derecho de alertadores y facilitadores –quien ayuda al primero a hacer pública la información–a la seguridad, a la confidencialidad, al anonimato, al asesoramiento y a la defensa jurídica, además de medidas protección del empleo o la actividad económica.

"Nosotros, la sociedad civil, creamos la ley desde ahí donde la necesitamos" y los diputados se encargan de su aprobación; conjuntamente nos encargaremos de vigilar su implementación", aseguran.

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