Educación

La reforma educativa avanza al fin pero las organizaciones temen que encalle en las Cortes

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

La reforma de la Lomce, la ley educativa impulsada por el exministro conservador Ignacio Wert, está a punto de ser una realidad. El actual Gobierno socialista así lo ha prometido y todo parece indicar que así será próximamente, si el proceso parlamentario, tal como pide la comunidad educativa, no se dilata. El Ejecutivo ultima los detalles de su anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Lomce y prevé llevarlo, según ha confirmado la ministra Isabel Celaá, al Congreso en febrero, después de una segunda lectura en Consejo de Ministros. La ministra ha precisado que tendrá listo un texto definitivo del anteproyecto la próxima semana y que llegará a la Cámara Baja "a principios del mes que viene" sin esperar al informe del Consejo de Estado, que según Celaá no es "preceptivo para esta ley".

A finales de noviembre el Gobierno avanzaba las líneas maestras de una reforma basada en la modificación de los aspectos más controvertidos de la norma, aunque sin alcanzar la derogación completa de la ley. Entre las propuestas del Ministerio de Educación se incluye el refuerzo de la coeducación, que la asignatura de Religión no interfiera en la nota media o que sean las comunidades quienes regulen el uso de las lenguas cooficiales, así como la limitación de las repeticiones con el objetivo de reducir el abandono escolar.

Este martes el anteproyecto ha retomado su senda a través de la aprobación de un total de 121 enmiendas presentadas por diversos actores de la comunidad educativa –fueron registradas más 551, aunque muchas de ellas estaban duplicadas, dicen quienes participaron en el pleno–. El Ministerio de Educación ya ha adelantado que al menos estudiará 71 de las enmiendas aprobadas por el Consejo Escolar. Entre las aportaciones se encuentran cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades y la necesidad de que "todo el sistema educativo" esté "impregnado de un enfoque de género", la coeducación, la inclusión de Filosofía entre las materias obligatorias en la ESO o la gratuidad de los libros de texto y el material curricular para todos los alumnos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica.

El balance hasta el momento, dicen las organizaciones especializadas, es positivo. Aunque lo miran con perspectiva: no cumple todas las medidas exigibles pero sí responde a la urgencia que requiere el sistema. Temen, sin embargo, que una vez entre en la Cámara Baja, el debate parlamentario haga encallar el proyecto.

Inestabilidad en las aulas

Carles López, presidente de Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), reconoce su inquietud ante los trámites que vendrán el próximo mes. "Esta ley tiene algunas cosas buenas para los estudiantes, pero parece que tendrá un proceso legislativo complicado", apunta en conversación con este diario. Los motivos de su preocupación son obvios. "La Lomce ahora mismo está causando inestabilidad en las aulas", especialmente en lo relativo a cuestiones como la pruebas finales de etapa, la titulación en FP Básica o la doble titulación en ESO, menciona. "Todo eso ya está causando problemas", de manera que si el proyecto no logra un pronto avance "el Gobierno debería tener un plan b plan b vía, por ejemplo, real decreto ley".

Aunque López cree útil y sano el debate educativo, reclama que su sentido no se desvíe. Que no gire en torno "a la Religión o el castellano", sino que se trate de un debate "sobre lo que está haciendo que los estudiantes se queden fuera del sistema educativo". A su juicio, es además importante "ser conscientes de que hay situaciones que requieren ser reguladas ahora mismo", de manera que confía en una reflexión centrada en "los temas que afectan al día día de las aulas", porque los estudiantes, agrega, sufren "situaciones de inestabilidad a causa de los sucesivos cambios legislativos" soportados desde el lanzamiento de la también conocida como Ley Wert.

Las reflexiones de Carles López son compartidas por otras organizaciones que forman parte de la comunidad educativa. Maribel Loranca, responsable de Servicios Públicos en UGT, confía en que los grupos sean fieles a sus compromisos y el trámite avance sin demasiadas trabas, para lo que Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), pide un "ejercicio de responsabilidad". Al final, subraya, "la comunidad educativa quiere esto y todos, salvo el PP, se comprometieron a derogar la Lomce en 2013".

Ley de mínimos

Para los agentes sociales, aunque la reforma deja asuntos fuera, responde a una necesidad clara. Y esa urgencia, dicen, pesa más que las aristas por pulir. López reconoce que no percibe el devenir del anteproyecto como una modificación "que vaya a perdurar muchos años" y subraya, además, que en paralelo existe espacio para otros debates. Se puede "seguir legislando respecto a las urgencias que hay sobre la mesa", como por ejemplo "el debate de las becas", que aunque los Presupuestos Generales propuestos por el Gobierno parecen presumir un aumento en su cuantía, sigue reclamando un "cambio de modelo".

Loranca pone por delante su apoyo al anteproyecto, aunque admite que "todos los textos son siempre mejorables". La reforma, en esencia, "recupera el equilibrio entre educación y libertad de enseñanza", además de rescatar todo aquello "que se había roto con la Lomce". También Loranca coincide en recordar que el alumnado ya está "empezando a sufrir las medidas" de aquella ley, más precisamente respecto a la titulación de la FP Básica o en cuanto a la "situación kafkiana de las pruebas de acceso a la universidad". Al final, insiste, la reforma "resuelve cuestiones prácticas", pero la máxima aspiración de su sindicato, recalca, consiste en la confección de una nueva ley.

Cardenal, por su parte, no difiere en lo planteado por las voces consultadas. "Ya era hora de decir adiós a la Lomce", afirma. Si tuviera que poner en una balanza, dice, las demandas que no han entrado en la reforma y la urgencia de la situación, vencería la segunda opción. "Preferimos que se apruebe ya para dar estabilidad a los alumnos en las aulas", reitera. Pese a todo, asegura que seguirán peleando por cuestiones que no caerán en el olvido, como la exclusión de la materia de Religión, que a su juicio debería ser extraescolar –hasta que no se reformen los Acuerdos con el Vaticano es imposible, reconoce–, o que "se aborde la representitividad del Consejo Escolar para que sea paritario". Por el momento, celebra, "esto era urgente y se tiene".

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