El camino hacia la igualdad

Sexo biológico o género elegido: el centro de la batalla por la Ley Trans que se recrudece en la izquierda

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, interviene en la sesión de control al Gobierno.
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¿Estamos cerca de que la Ley Trans sea una realidad? Pues depende de a qué parte del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se le pregunte. En el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero (Unidas Podemos), defienden que el proyecto puede llegar al Consejo de Ministros durante la primera quincena de este mes de febrero. Y en la parte socialista del Gobierno, la mayoritaria, enfrían de forma contundente estos plazos. "No por ir rápido vamos a hacer una mejor ley", resumen las fuentes consultadas.

El último enfrentamiento en el seno del Ejecutivo tiene como base un borrador de la ley que circula desde este martes. Un texto que parte de Igualdad y que, entre otras cuestiones, apuesta por la despatologización de estas personas y por permitir la rectificación del sexo registral a partir de los 16 años con el único requisito de la "declaración expresa"

Fuentes socialistas subrayan que el borrador no es fruto del consenso. Es más, "sólo representa", dicen, la postura de Unidas Podemos. Para que pueda considerarse algo más completo "faltan cuestiones tan esenciales como los informes de los ministerios de Justicia y Sanidad". La voluntad del Gobierno es que al Consejo de Ministros llegue una iniciativa "pulida, consensuada". "Y nada más lejos de lo que ocurre a día de hoy", resumen las citadas fuentes.

La batalla, explican en el PSOE, no está en qué parte del Gobierno lidera las políticas en materia de igualdad o de defensa del colectivo LGTBI. Ellos no tienen que demostrar nada porque su trayectoria les avala, insisten. Lo que el Ejecutivo no puede perder de vista es que la iniciativa que salga del Consejo de Ministros ha de hacerlo "con calidad normativa y seguridad jurídica". Los socialistas argumentan que saben de buena tinta que los conservadores suelen recurrir ante el Tribunal Constitucional aquellas leyes que suponen avances sociales de este tipo. Por ello, la ley que se apruebe debe estar lista para pasar todos los "filtros" del tribunal de garantías.

Sin querer entrar en la letra pequeña del borrador lo que más chirría a los dirigentes socialistas consultados es cómo se plantea la cuestión de la autodeterminación de género. Echan en falta una serie de "garantías básicas" sobre esta figura y que "no se pueden resolver en cuestión de días". Como por ejemplo, la cuestión de la reversibilidad. En este contexto, abogan por hacer un ejercicio de derecho comparado y echar un vistazo a la forma en la que otros países han legislado sobre esta materia y los posibles obstáculos con los que se han encontrado.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, recibió el polémico borrador hace un par de semanas. Y hasta la fecha, señalan en La Moncloa, se ha reunido en un par de ocasiones con el equipo del Ministerio de Igualdad para trabajar sobre el tema. La próxima semana está previsto que los socialistas mantengan una reunión con representantes de estos colectivos.

Una muestra más de la brecha que hay entre las posiciones de Unidas Podemos y PSOE en este campo estriba en que los socialistas han llegado a plantear que la Ley Trans acabe integrada en una Ley LGTBILey LGTBI. En el Ministerio de Igualdad no lo ven bajo ningún concepto.

Los orígenes del conflicto

Hay voces que apuntan a que el conflicto comenzó a gestarse con la Ley LGTBI de 2017 y la Ley Trans de 2018. Otras que apuntan a julio de 2019, cuando una conferencia celebrada en Gijón elevó el tono del debate en torno a los derechos de las personas trans. Y otras que ponen la diana en febrero de 2020, cuando el Partido Feminista de España (PFE) fue expulsado del seno de Izquierda Unida (IU). Pero la fecha es lo de menos. Lo demás es el fondo del asunto. Cada vez que se intenta legislar o se plantean reformas que afectan a los derechos de las personas trans, el debate se recrudece y el cisma entre las dos visiones de la realidad trans parece insalvable. La publicación del borrador de la Ley Trans del Ministerio de Igualdad en manos de Unidas Podemos ha sido la llave para que la caja de los truenos de la izquierda vuelva a abrirse. 

La controversia es transversal, atraviesa el plano académico, social, político e institucional. Y ha vuelto a quedar patente. La Ley Trans que el departamento de Irene Montero pretende llevar al Consejo de Ministros en esta primera quincena de febrero se asienta sobre un principio: despatologizar a las personas trans permitiéndoles su autodeterminación del género. ¿Qué significa esto? El propio borrador de la norma lo explica como el derecho a la "vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodefine" sin necesidad de un informe médico o psicológico previo.

Ahora, según la Ley de Igualdad que data del año 2007, está permitido un cambio registral sin necesidad de operaciones, pero siempre tras haber recibido un diagnóstico psicológico y un tratamiento hormonal de al menos dos años. La ley del departamento de Irene Montero pretende romper eso. 

Explicar este aspecto es importante, pues sobre él gira el grueso del debate. Para comprenderlo, primero, hay que entender la diferencia conceptual entre sexo y género. Según la Real Academia Española, el género es el "grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico". El sexo, por contra, es definido por los órganos sexuales con los que se nace. Es decir, está determinado biológicamente. El borrador de Igualdad interpela en todo momento a las personas trans como todas aquellas cuya "identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer" y se refiere a expresión de género como "la manifestación que cada persona hace de su identidad de género".

Una vez hechas las diferencias pueden entenderse las discrepancias. La escritora Carmen Domingo, por ejemplo, se muestra muy crítica con el borrador de la Ley Trans precisamente por no compartir ese punto de partida. Según explica, no puede legislarse sobre esa idea porque lo que hay que hacer con el género es suprimirlo. "Lo que tenemos que legislar es sobre las desigualdades, el género hay que destruirlo porque es un constructo social que ha creado el patriarcado y que consiste en que se encasille a las mujeres en la casilla de las mujeres y a los hombres en la de los hombres. Sin embargo, se ha logrado que una parte de la izquierda progresista crea que evitar esas casillas o elegir la que se quiera es ser libre, pero es justo lo contrario", argumenta. 

Lidia Falcón, líder del Partido Feminista, se mueve en la misma línea y se pregunta "qué es la autodeterminación del género". "El género no significa nada. En la especie humana hay hombres y mujeres, eso no nos lo inventamos nosotras, son categorías antropológicas", explica. 

Violeta Assiego, abogada e investigadora en temas de derechos humanos, en cambio, no puede tener una posición más contraria a ellas y más de acuerdo con el borrador de Igualdad. "La ley es, sin duda, un avance que va muy en la línea de las recomendaciones y directrices de las organizaciones internacionales y de derechos humanos, que intentan hacer respetar la dignidad de las personas trans", afirma. Hasta ahora no se hacía."¿Por qué? Pues porque se les negaba el cambio registral a no ser que se sometieran a una serie de requisitos que vulneraban su derecho a la vida privada, su integridad física o su integridad emocional", explica. 

"La ley es un avance porque supone un reconocimiento de los derechos trans como derechos humanos", apunta. También para los menores, puesto que las personas entre dieciséis y dieciocho años también podrán acceder a ese cambio registral sin más requisito que mostrar su voluntad expresa. Para Assiego eso es un acierto. Lo compara con el acceso al aborto que se da a las mujeres comprendidas entre esas edades, que queda blindado cuando no exige la autorización de un mayor responsable. "Entendemos y consideramos que, a veces, los entornos de esos menores pueden impedir que estos accedan a derechos fundamentales y humanos", recalca. Con el cambio registral podría pasar algo parecido, argumenta. Para Domingo, en cambio, es una "barbaridad". "No pueden ir a votar pero sí pueden decidir si son hombre o mujer en el registro", reflexiona.

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), se posiciona en la misma línea que Assiego. Cree que la ley presentada por Igualdad "cumple con sus reivindicaciones" y que parte de "una base sólida y de unas garantías jurídicas" que pueden suponer "una oportunidad histórica" para avanzar en la conquista de los derechos para las personas trans. Del mismo modo, la Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans, celebraron también la presentación de estos borradores y se mostraron confiadas en que "el proceso de este nuevo marco normativo cumpla los plazos previstos" para poder "celebrar su aprobación en el marco del Orgullo 2021". 

Base argumental de la oposición al borrador

Quienes se oponen a la Ley Trans elaborada por Igualdad desde el sector del feminismo clásico aluden a que la autodeterminación de género puede tener consecuencias fatales. Unas consecuencias, denuncia Assiego, que en realidad son producto de la "transfobia" existente en la sociedad. Para Falcón, por ejemplo, el reconocimiento de ese derecho de autodeterminación puede provocar que "algunos hombres aseguren que se sienten mujeres" y, así, "aprovechen para acceder a sus espacios íntimos" para ejercer violencia contra ellas o acaben con el funcionamiento de "las cuotas" obligatorias para asegurar la presencia de mujeres en distintos espacios.

Pero el argumento no es válido, según explica Assiego. "Muestra transfobia social", insiste. "Presuponen que hay hombres malintencionados que van a beneficiarse del cambio registral" para perpetuar la "sociedad machista, misógina y discriminatoria", critica. "Es realmente preocupante que haya gente inteligente que use ese argumento para deslegitimar una ley que amplía derechos", lamenta. Por eso cree que ahora el Ejecutivo tiene que elegir entre ser "acorde" con los tratados internacionales o "marear la perdiz y promover la transfobia social que se está agravando en algunos entornos como el escolar".

Otro de los argumentos empleados por quienes se oponen al anteproyecto de ley, recuerda Assiego, es que las personas trans que recurran al cambio registral podrían eludir ser juzgadas al amparo de la Ley de Violencia de Género. Algo, señala la abogada e investigadora, que ya prevé la norma. Así que tampoco es válido. Concretamente, tal y como recoge el diputado de Más Madrid en la Asamblea autonómica Eduardo Rubiño, el texto especifica que el cambio "no alterará obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad y en particular a la Ley contra la Violencia de Género".

Un debate trasladado al plano político e institucional

Estas diferencias no se quedan sólo en el plano meramente social. De hecho, el debate conceptual es el gran escollo que los socios de Gobierno deben salvar. El pasado verano, un argumentario del PSOE elaborado por la Secretaría de Igualdad y firmado, entre otras, por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, alertaba precisamente de los riesgos de autodeterminación de género porque "desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y los logros del movimiento feminista". Fuentes del Ministerio de Igualdad de Montero, no obstante, rechazan responder a si, actualmente, el PSOE es contrario a la autodeterminación. 

No obstante, el PSOE apoyó en febrero de 2019 un informe de ponencia debatido en la Comisión de Igualdad del Congreso en el que se eliminaba la necesidad de un diagnóstico médico para que las personas trans pudieran realizar este cambio en el registro. Fuentes de Podemos han señalado a Europa Press que este texto fue firmado por la entonces diputada socialista y portavoz de Igualdad el grupo parlamentario, Ángeles Álvarez, que en la actualidad se ha posicionado en contra de la autodeterminación de género que recoge la norma de Igualdad alineándose así con los postulados del feminismo clásico también defendido por Falcón y Domingo. Lo ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que lamentó a través de un mensaje publicado en su perfil de Twitter que se quiera hacer "daño a las personas trans sólo porque no les guste que Unidas Podemos esté en el Gobierno". 

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, criticó en declaraciones a Europa Press la "gran contradicción" de que el PSOE se sitúe "en contra" de la sentencia del Tribunal Constitucional que determinaba que requerir informes médicos o psicológicos a las personas trans "atenta contra la dignidad y los derechos humanos del colectivo". Además, recordó Cambrollé, esta posición iría en contra de las 11 leyes autonómicas ya existentes en esta materia.

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