Siete respuestas sobre el fin de los peajes anunciado por Ábalos

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha tomado su primera decisión en materia de infraestructuras: no renovará la concesión de más de 500 kilómetros de autopistas que termina el año que viene y retirará los peajes con los que hasta ahora mismo funcionaban. Así lo anunció el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado domingo en una entrevista en el diario El País, en la que explicó además que tiene previsto auditar los costes y plazos de la relicitación de las nueve autopistas de peaje rescatadas por el Estado, que había previsto el anterior Gobierno y con la que pretendía sufragar una parte de la compensación que tendrá que pagar a las concesionarias.

"Vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y en el Senado para que estas autopistas se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje", señaló el nuevo ministro al ser preguntado directamente por la supresión del pago en las vías cuya concesión termina en 2018 y 2019. El anuncio ha provocado reacciones encontradas, y mientras la patronal de los transportistas ha mostrado su alegría y ha asegurado que la decisión descongestionará el tráfico en las zonas afectadas, la patronal de las concesionarias argumenta justo lo contrario: que la decisión de revertir las vías a lo público y eliminar el peaje supondrá un incremento del tráfico en estas autopistas que las carreteras no están preparadas para asumir.

Aún no se han desvelado los detalles del plan, y únicamente se conocen las explicaciones que ofreció Ábalos en su entrevista. infoLibre ha recogido varias de las respuestas a las preguntas que suscita el anuncio, y también algunas de las dudas que despiertan los planes del Gobierno.

  1. ¿Qué autopistas dejarán de tener peaje?

En su entrevista, Ábalos aseguraba que el nuevo Ejecutivo iba a cumplir sus "compromisos", y eso implica llevar a cabo lo que exigía el ahora ministro cuando estaba en la oposición: sin ir más lejos, el pasado abril Ábalos sostenía que el PSOE está "por la liberalización de todos los peajes que han terminado y concluido", ya que, "como en su concepción inicial, deben revertir a lo público". Los tramos de autopistas que tiene en su mano renacionalizar y liberar de peaje el Gobierno son tres: el de la AP-1 que va de Burgos a Armiñón (Álava), el de la AP-4 que une Sevilla y Cádiz y el de la AP-7 entre Alicante y Tarragona.

De esas tres vías, la primera sobre la que tendrá que tomar una decisión el nuevo Ejecutivo es la AP-1, cuya concesión está en manos de la empresa Itínere, participada por compañías como la constructora Sacyr o los bancos Abanca y Kutxabank. El contrato de concesión del tramo entre Burgos y Armiñón, que cuenta con 84 kilómetros, finalizará el próximo 30 de noviembre, y podría ser –si Ábalos no da marcha atrás– el primer tramo en revertir a lo público y pasar a ser gratuito. Posteriormente, en diciembre de 2019, acaban las concesiones de los tramos de la AP-4 y la AP-7, ambos en manos de Aumar, filial de Abertis: el que va de Sevilla a Cádiz cuenta con 93,8 kilómetros, y el que une Alicante y Tarragona tiene –en dos tramos– 373,8 kilómetros.

  2. ¿A cuántos conductores afecta?

Lógicamente, no se puede hacer una predicción sobre cuánto aumentará el número de conductores en los tres tramos de autopistas que se librarán del peaje entre este año y el que viene. Pero sí es posible comprobar cuál es su nivel de tráfico actual, un dato que ofrece el Ministerio de Fomento. El tramo más transitado de los cuatro que revertirán al Estado –contando por separado los de la AP-7 que unen Alicante y Valencia y Valencia y Tarragona– es el de la AP-4 que une Sevilla y Cádiz: un total de 21.790 vehículos lo tomaron al día durante 2017, de los cuáles un total de 1.327 eran vehículos pesados.

El tramo de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, por su parte, fue utilizado el año pasado por 19.948 usuarios al día, aunque de entre ellos muchos más eran vehículos pesados: un total de 3.445. Entre Tarragona y Valencia circularon diariamente por la autopista de peaje un total de 19.248 vehículos (3.716 pesados), y el tramo de peaje entre Valencia y Alicante fue el menos utilizado de los cuatro, ya que sólo sirvió a 19.020 conductores al día, 1.174 de los cuáles manejaban vehículos pesados.

En total, 80.006 vehículos utilizaron de media cada día estas autopistas el año pasado.

  3. ¿Le va a costar dinero al Estado?

O dicho de otra manera, ¿el contribuyente va a tener que abonar algo en el momento en el que las autopistas reviertan a lo público y sean gratuitas? Pues no por hacerse con su propiedad, pero sí por mantenerlas. Al terminar y no renovarse la concesión otorgada a las empresas adjudicatarias, las carreteras pasan a ser automáticamente del Estado. Pero eso implica también hacerse cargo del coste de su gestión, que según afirmó Ábalos ascenderá a un rango "de 50.000 a 68.000 euros por kilómetro cada año".

Teniendo en cuenta que los tramos que se verán afectados por la decisión suman 551,6 kilómetros, el precio anual de su mantenimiento será de entre 27,5 y 37,5 millones de euros. Y a esa cantidad, recordó el propio ministro, hay que sumarle el "coste de oportunidad" que supone dejar de cobrar los peajes, ya que el Estado podría también haber decidido hacerse con la titularidad de las autopistas pero manteniendo su precio.

  4. ¿Y las radiales rescatadas? ¿Les afecta el anuncio?

Son un total de nueve las autopistas que han tenido que ser rescatadas al haber quebrado: la M-12, las R-2, 3, 4 y 5, la AP-41, la AP-36, el tramo entre Cartagena y Vera de la AP-7 y la circunvalación de Alicante. El anterior Gobierno fijaba en 1.800 millones de euros el precio a pagar a las concesionarias en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, mientras los acreedores reclaman 4.500 millones. Los planes del Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy pasaban por acometer la reprivatización exprés de las carreteras para obtener en torno a 1.000 millones de euros, y de hecho ya le habían puesto fecha a esa nueva licitación: finales de este año.

Pero Ábalos tiene menos prisa. "Tenemos que hacer una revisión ajustada, porque nos enfrentamos a una responsabilidad patrimonial del Estado y todo parece indicar que vamos a tener un horizonte de litigios considerables con las antiguas concesionarias. Y es importante saber de qué cifras estamos hablando", planteó el nuevo ministro de Fomento en su entrevista. Ábalos también pone en duda las cifras anunciadas por el anterior Gobierno: frente a los 1.000 millones de ingresos previstos, el nuevo ministro asegura que "los ingresos previstos por la licitación son 700 millones". Y frente a los 1.800 millones que calculaba el Ejecutivo de Rajoy que tendría que abonar a las concesionarias, Ábalos señala que esa cantidad ascenderá a "entre 2.000 y 2.600 millones".

  5. ¿Qué dicen las concesionarias?

A las empresas que, previsiblemente, perderán la concesión en 2018 y 2019 no les ha hecho ninguna gracia el anuncio, y pronostican que el más perjudicado será el Estado. Así lo aseguró este martes Julián Núñez, presidente de la patronal de las constructoras Seopan, que planteó que la eliminación de los peajes provocará que "se se detraigan recursos que deberían destinarse a prioridades de protección social, educación, sanidad o medio ambiente para subvencionar a los usuarios de las carreteras su uso gratuito".

Núñez también afirmó que los planes del Gobierno provocarán un aumento del tráfico que no podrán asumir las carreteras, y puso como ejemplo el tramo de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, el primero que pasará a ser de titularidad pública. El tráfico "crecerá un 30%", especialmente el número de camiones, sostuvo el presidente de Seopan, que afirmó que será necesario aumentar el número de carriles de la vía para asumir el incremento de la circulación a costa del erario público. Y eso, señaló, se sumará a los "300 millones de euros" que ya son necesarios para mantener la autopista.

  6. ¿Y las compañías transportistas?

La otra cara de la moneda son las empresas de transporte, las grandes beneficiadas de la decisión de Ábalos. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera, aplaudió este lunes el anunció de Fomento y aseguró que "aportará indudables ventajas para la mejora de la seguridad vial y la descongestión de la red viaria nacional".

La retirada de los peajes, señala la patronal del transporte, "permitirá una mejor redistribución de los tráficos tanto privados como profesionales entre las carreteras nacionales y las autopistas paralelas de peajes, basando la elección por una u otra vía por parte de los conductores, no en criterios exclusivamente económicos como hasta ahora, sino en función de la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje". Y eso, apuntan, "permitirá un importante trasvase de vehículos particulares que actualmente circulan por las carreteras nacionales a las autopistas de peaje [...], lo que posibilitará una utilización más racional de las carreteras nacionales por los vehículos de transporte que así lo elijan en función del destino de la mercancía".

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  7. ¿Qué pasa con los empleados?

El anuncio de Ábalos también ha tenido respuesta por parte de los sindicatos, y concretamente de UGT, que ha alertado de que la decisión de prescindir de los peajes pone en riesgo el puesto de trabajo de más de 400 personas a corto plazo: 121 empleados de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, que volverá a manos del Estado este año, y "más de 300" los tramos de la AP-7 y la AP-4 que lo harán el año que viene.

"En el ámbito laboral se abren muchos interrogantes respecto al alcance de la medida anunciada [...], que tienen que ver con el mantenimiento y conservación de las infraestructuras, la continuidad del modelo concesional en España como fórmula de participación público-privada, la seguridad vial, la implantación de la denominada Euroviñeta (contaminación, ruido, accidentabilidad, congestión…)", denuncia UGT, que afirma que "la medida puede suponer la desaparición de hasta 1.300 empleos directos antes de finalizar el 2021, contabilizándose la AP-7, a su paso por Cataluña, la AP-2 y la C-32". No obstante, estas concesiones no finalizan hasta ese año 2021, es decir, hasta la próxima legislatura.