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Comunitat Valenciana

La Sindicatura de Cuentas desvela sobrecostes de más de 18 millones en la construcción de colegios

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La Sindicatura de Cuentas, el órgano de control externo y presupuestario del sector público de la Comunitat Valenciana sigue sacando los colores a la Generalitat, en manos de Alberto Fabra ((Partido Popular).

El último informe, correspondiente al ejercicio de 2012 apunta a un sobrecoste de más 18,5 millones de euros en las obras de construcción de un total de 11 centros educativos públicos en la Comunitat Valenciana. La cifra de desfase entre lo inicialmente presupuestado y el coste final por estos conceptos en el citado periodo podría ser mucho mayor. Para la elaboración de este informe, el órgano fiscalizador se ha centrado sólo en algunos de los colegios, no en todos los construidos.

La información, a la que ha tenido acceso este diario, ha sido denunciada este sábado por Esquerra Unida, la marca valenciana de Izquierda Unida. La formación de izquierda ha anunciado una ofensiva en Les Corts a fin de que el equipo de Alberto Fabra aclare estas cifras y los contratos.

Los mencionados sobre costes han sido asumidos por Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. (Ciegsa). Según su página web, esta firma es "una empresa pública creada por la Generalitat Valenciana con el objetivo de construir nuevos centros educativos, además de adecuar, ampliar y mejorar los ya existentes en todo el territorio de la Comunidad Valenciana".

De los 90.101.741 euros de coste total de estos centros educativos construidos por Ciegsa, más de 18,5 millones –se trata de dinero público– se corresponden a sobrecostes. Estas variaciones en el precio van incluidas en el informe de la Sindicatura de Comptes dentro del apartado de "modificaciones". Y estas, integran por orden de importancia, los modificados, las liquidaciones de obra y las revisiones de precios como partidas más significativas.

De todos los casos analizados por el organismo fiscalizador, uno es especialmente significativo. Se trata del Colegio Público San Roque de Polop (Alicante). Presupuestado inicialmente en poco más de 4 millones de euros, el sobrecoste fue de 2,6 millones. Esto supuso que la infraestructura costase al erario público cerca de siete millones de euros.

Paralelamente, la deuda de Ciegsa es asumida por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF),  la entidad que tiene como finalidad actuar como principal instrumento de la política financiera del Consell de la Generalitat. Sólo la deuda de Ciegsa representa el 48,75% del total de la asumida por el IVF.

"Desastrosa y temeraria política"

La diputada de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Marga Sanz va a iniciar una campaña "para arrojar un poco de luz al tremendo desorden que hay en Ciegsa gracias a la desastrosa y temeraria política del PP".

Sanz, que denuncia la "nefasta gestión" de los fondos públicos por parte de la Generalitat, censura la gestión neoliberal de las políticas públicas que "no tiene en cuenta el valor supremo e incuestionable para el futuro del País Valencià".

"La gestión irresponsable del Consell no ha resuelto las necesidades de plazas en las escuelas entregando un negocio sustancioso a la patronal privada de la educación", sostiene Marga Sanz. La diputada autonómica ha registrado una batería de preguntas parlamentarias al respecto y ha solicitado documentación relacionada con este caso. Estas iniciativas van dirigidas a la consellera de Educación, María José Català.

"Esperamos máxima diligencia y total transparencia por parte de la consellera. Si nos niegan cualquier documento acudiremos a los tribunales", avisa la parlamentaria autonómica.

El caso del aeropuerto de Castellón

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Según avanzó infoLibre hace un mes, este mismo informe de la Sindicatura de Comptes revela "incumplimientos significativos de la normativa aplicable al Aeropuerto de Castellón SL (ACSL) en la gestión de los fondos públicos". El análisis es preciso. Y pone el foco en lo relacionado "con el área de contratación".

Se trata de una irregularidad no corregida en el tiempo y que viene de lejos. A finales de 2013, este diario informó de que a lo largo de 2009 la empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castellón concedió cuatro contratos calificados de "menores" con precios comprendidos entre los 21.139 y 34.800 euros, IVA incluido. Se trata de cantidades muy por encima de la fijada en la Ley de Contratos que, en su modificación de 2007, puso el techo a este tipo de contratos en los 18.000 euros, IVA excluido. Hasta esta modificación, el límite había sido los 12.000 euros.

El máximo responsable de estas adjudicaciones 'a dedo' fue Carlos Fabra. Hasta marzo de 2013, el expresidente de la Diputación de Castellón, ejerció como presidente de este proyecto que lleva años consumiendo dinero público sin prestar servicio alguno. A finales del pasado año, Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública tras un largo proceso en los tribunales.

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