Los soberanistas buscan la forma de dar poder político a Puigdemont aunque su cargo sea simbólico

Cataluña sigue adentrándose en terreno desconocido de la mano del expresident Carles Puigdemont. El candidato de Junts per Catalunya sigue tratando de esquivar el veto del Estado a su investidura, y en los últimos días ha propuesto ser nombrado presidente de un Consejo de la República que ejercería el gobierno efectivo de Cataluña desde Bruselas, mientras un Ejecutivo escogido en el Parlament gestionaría los asuntos cotidianos desde Barcelona. No obstante, la idea de Puigdemont está rodeada de incertidumbres, ya que no está claro con qué dinero se financiaría ese Consejo de la República, si un Govern tutelado desde Bruselas serviría para desactivar la aplicación del artículo 155 de la Constitución o si los independentistas se exponen a más cargos penales por la creación de la nueva estructura.

Puigdemont y ERC llevan días explorando en Bruselas las posibilidades que existen de conformar una estructura paralela de Gobierno en Bélgica sin que los independentistas se expongan a la acción de la justicia y garantizando, a la vez, que se retire el artículo 155 y las instituciones catalanas dejen de estar tuteladas por el Ejecutivo central. Por el momento, según aseguran a infoLibre fuentes conocedoras de la negociación, ambos partidos se han puesto de acuerdo en presentar al Parlament una propuesta de resolución sin efectos jurídicos para reconocer el Govern cesado y denunciar la imposibilidad de elegir a Puigdemont en el Parlament, pero todavía se encuentran discutiendo sobre el candidato a elegir para presidir el Gobierno de Cataluña y también sobre cómo otorgar poder político a Puigdemont sin que éste tenga que salir de Bruselas.

Las fuentes consultadas aseguran que el acuerdo sobre la propuesta de resolución que se presentará en el Parlament es "inminente", y apuntan incluso que ambos partidos podrían registrarla este mismo viernes. Por el contrario, aún no se ha llegado a un acuerdo en relación al programa de Gobierno conjunto para esta legislatura, y tampoco está cerrado el reparto de puestos del nuevo Ejecutivo. ERC y Junts per Catalunya han acordado repartirse a partes iguales las carteras, pero mientras los conservadores apuestan por tomar como referencia para este reparto el presupuesto que maneja cada consejería, los republicanos quieren que el criterio a seguir para distribuirse el poder sea el peso político de cada departamento. "Educación, por ejemplo, tiene mayor peso presupuestario que Presidencia, pero Presidencia tiene mucho mayor peso político", ejemplifican fuentes de Esquerra.

No obstante, la discrepancia mayor estriba en cómo otorgar poderes reales al Consejo de la República que presidiría Puigdemont, un órgano que ni siquiera existe ahora mismo. ERC asume que es imposible que el expresident sea investido de nuevo presidente de la Generalitat, por lo que apuestan por que el Parlament elija a otro dirigente; para el puesto se barajan posibilidades como la del del exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, o la jefa de campaña de Puigdemont, Elsa Artadi. Por su parte, Puigdemont sería escogido presidente del Consejo de la República en Bruselas, si bien las fuentes de los republicanos consultadas son conscientes de que esa investidura tendría "efectos políticos", pero no "legales". Es decir, que la investidura de Puigdemont sería simbólica, por mucho que los independentistas quieran que la vara de mando real esté en Bélgica.

Por el contrario, Junts per Catalunya insiste en seguir intentando que Puigdemont sea elegido president de la Generalitat, y para ello apuesta por modificar la Ley de la Presidencia para introducir expresamente la posibilidad de que la investidura sea a distancia, tal y como publicó hace unos días La Vanguardia. En paralelo –y como forma de cubrirse las espaldas si la investidura de Puigdemont por los cauces legales, como parece, no es posible–, el expresident sería escogido líder del Consejo de la República por la Asamblea de Electos que creó hace meses la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

La barrera del Tribunal Constitucional

Pero los planes de los independentistas suscitan varias dudas, para empezar la base legal que tendría ese Consejo de la República que quiere crear Puigdemont. La propuesta del expresident pasa por fundar este órgano cambiando la Ley de la Presidencia de la Generalitat. Esa reforma, que debería tramitarse de manera exprés utilizando el método de lectura única, también debería incluir en la ley la posibilidad de que la investidura del presidente autonómico pueda realizarse sin que el candidato esté presente en el Parlament. 

Sin embargo, este plan tiene escollos obvios. Para empezar, cualquier modificación de la Ley de la Presidencia de la Generalitat con el fin de crear un órgano que asuma el poder efectivo al margen del Govern sería recurrido ante el Tribunal Constitucional con total seguridad por el Gobierno central, que tampoco aceptaría que el president fuera elegido desde Bruselas, una opción que ya vetó el Constitucional hace unos días. Si en esa modificación, además, participasen los exconsellers en libertad provisional que aún son diputados, se expondrían a volver a la cárcel, algo de lo que ERC no quiere ni oír hablar.

Además, la Asamblea de Electos que tendría que escoger a Puigdemont presidente del Consejo de la República está conformada en teoría por "todos los cargos electos de Cataluña", pero en la práctica sólo la reconocen los independentistas. Y, obviamente, cualquier decisión que tomase carecería de amparo legal, por lo que su votación no tendría efectos jurídicos y la elección del expresident no podría aparecer en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña –el equivalente al BOE– sin ser recurrida ipso facto por el Ejecutivo central al TCipso facto .

Pero incluso si pudiera constituirse legalmente este Consejo de la República, Puigdemont podría tener complicado presidirlo, ya que el Tribunal Supremo prevé inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos a finales de marzo tanto al expresident como a los cuatro exconsellers que lo acompañan en Bruselas. Esta inhabilitación sería posible en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando sea "firme un auto de procesamiento" y haya sido "decretada la prisión provisional" por un delito de terrorismo o rebelión, "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Comín (ERC) defiende un Govern "interior" para "levantar el 155" y otro en Bruselas para avanzar hacia la República

Ver más

Rajoy no retirará el 155 sin "un presidente normal"

Por otra parte, también parece poco probable que la solución de tener un gobierno efectivo y otro simbólico vaya a satisfacer al Gobierno central, del que depende levantar la aplicación del 155 en Cataluña. El propio presidente Mariano Rajoy así lo confirmó este jueves, cuando pidió al Parlament que elija un "presidente normal", que "no esté incurso en procedimientos judiciales", que pueda estar presente "en su propia investidura" y que, una vez elegido, "pueda ejercer su cargo y gobernar". Y, mientras eso no ocurra, Rajoy aseguró que "Cataluña no va a estar sin gobierno, porque el artículo 155 es la garantía de que se siguen atendiendo los servicios esenciales y las necesidades reales de los catalanes".

Pero incluso si se pudieran superar todas estas barreras, las dudas seguirían rodeando al gabinete paralelo de Puigdemont. Y es que el Consejo de la República podría optar por no cobrar ningún salario, pero si lo hiciera, este dinero no podría proceder en ningún caso de las arcas públicas, ya que el Gobierno o la Fiscalía podrían denunciar a la Generalitat por un posible delito de malversación de fondos. Lo mismo ocurriría con el viaje a Bruselas de los cargos públicos miembros de la Asamblea de Electos que tendrían que escoger a Puigdemont como presidente de este nuevo órgano: el dinero debería salir de sus bolsillos.