Cataluña

El Supremo traduce al neerlandés la euroorden contra Puigdemont tras solicitarlo Bélgica

El expresident de Cataluña, Carles Puigdemont.

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El Tribunal Supremo está traduciendo al neerlandés la euroorden que el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, envió ayer contra el expresident de la Generalitat huido, Carles Puigdemont, para que sea entregado por los delitos de sedición y malversación, después de que la Fiscalía belga se lo solicitara, han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal.

La traducción, que tenía que ser realizada a uno de los idiomas oficiales de Bélgica —francés, flamenco o alemán— o al inglés, ha sido reclamada como necesaria por el Ministerio Público belga antes de que decida una respuesta para la justicia española, que prevén pueda producirse la semana próxima.

Según las mismas fuentes, que se muestran algo molestas por las exigencias de la Fiscalía belga, la traducción no supone ningún problema y se remitirá en los próximos días.

"Vista la complejidad del caso y de las dos órdenes de detención ya emitidas con anterioridad contra Carles Puigdeont, el expediente exige un análisis jurídico profundo", justificó la Fiscalía de Bruselas en un comunicado en el que también confirma que es esta instancia la que ha asumido el caso.

Llarena decidió reactivar la euroorden por tercera vez contra Puigdemont el lunes, mismo día en el que el Tribunal Supremo dictaba sentencia condenatoria contra los líderes independentistas encausados por el procés en Cataluña, aunque la Fiscalía federal no ha remitido formalmente la documentación a la Fiscalía de Bruselas hasta este martes.

Procedimiento

En el momento en el que la Fiscalía recibe la petición de entrega de parte de las autoridades españolas, el paso natural es que la propia Fiscalía notifique la denuncia a las fuerzas policiales para que éstas procedan a buscar y detener a esta persona, para que sea conducida después a prestar declaración ante el juez de instrucción en las 48 horas siguientes.

Es este magistrado quien examinará en primer lugar la euroorden, aunque no sobre el fondo de la misma, sino que deberá verificar si cumple las reglas europeas en cuanto a su forma.

Si Puigdemont no aceptara la extradición ante el juez de instrucción, como ya ocurrió con la anterior, el proceso continuará en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia de Bruselas), en donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la euroorden es ejecutable o no.

En caso de que su decisión fuera recurrida, las partes podrían acudir aún a dos instancias más, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación, sucesivamente.

En ambos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite el recurso y otros 15 días para tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no.

La directiva de aplicación de la euroorden prevé un plazo máximo de 60 días para que el Estado miembro requerido tome una decisión sobre si ejecuta o no la extradición solicitada por otro Estado miembro.

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Este plazo podría ser prorrogado otros 30 días en casos excepcionales. Las autoridades de ambas partes tendrían después 10 días para acordar y llevar a cabo la entrega del detenido.

Protección de los derechos fundamentales

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.

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