Elecciones 24-M

Tres de cada cuatro municipios sospechosos de manipular su censo son de Castilla y León

Imagen de archivo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado 31 de marzo los censos electorales para los comicios que se celebrarán a nivel municipal y autonómico el 24 de mayo. Un dato llama la atención: 183 municipios han sido señalados con el dedo debido a las variaciones "injustificadas" que han sufrido en los últimos meses. Pero hay una cifra más llamativa. De estas localidades, 132 son de Castilla y León. Es decir, un 72% de todos los sospechosos.

Dentro de esta comunidad autónoma, Burgos encabeza la lista de provincias con más casos dudosos, 78, más de la mitad. Le siguen León (29), Palencia (19), Segovia (5) y Ávila (1).

A una amplia distancia queda la siguiente comunidad con mayor número de censos electorales puestos en el puto de mira, Castilla-La Mancha, donde hay un total de 33 casos. En esta región, la lista la encabeza la provincia de Guadalajara, con 21 de municipios sospechosos. Tras ella, Cuenca (11) y Albacete (1).

La cifra de casos en el resto de comunidades autónomas dista bastante de las anteriores. Así, hay 6 en Cantabria, 3 en Andalucía (2 en Jaén y uno en Almería), 3 en Aragón (2 en Zaragoza y uno Teruel), 3 en La Rioja y un único caso en Galicia (Meis, en Pontevedra) y la Comunitat Valenciana (Higueras, en Castellón).

Alegaciones hasta el 13 de abril

Las altas en los municipios de "hasta 2.000 electores" –y aquellos que sufren "variaciones especialmente significativas"– son analizadas por el INE, ya que consideran que "por su tamaño tienen una mayor trascendencia los empadronamientos que pudieran ser sospechosos de ser irregulares". Así, cuando se superan los límites establecidos y no se encuentra justificación "por sus características sociodemográficas", el INE se remite a la resolución del 24 de febrero de 2006.

El INE señala que podrán presentar alegaciones hasta el 13 de abril en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Asimismo, estas pueden pedir a los ayuntamientos que verifiquen mediante pruebas que los electores dudosos "residen realmente en el municipio" y, advierten, no es "suficiente la mera aportación de las hojas de empadronamiento". Además, la citada resolución establece que "la falsedad puede ser considerada como infracción electoral y sancionada con multa de 30,01 euros a 601,01 euros".

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Consulta el listado de los 183 censos electorales sospechosos [PDF]

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