La herencia del PP

El Tribunal de Cuentas da carpetazo al caso de la venta de pisos públicos a un fondo buitre en la etapa de Botella

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

Ocho meses después de que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas cifrara en 2,3 millones el potencial quebranto derivado de la venta de 1.860 pisos públicos de Madrid al fondo buitre Blackstone en la etapa de Ana Botella, el máximo órgano fiscalizador ha dado carpetazo a las investigaciones. No obstante, la reapertura del caso a efectos de posible responsabilidad contable, será en la práctica automática en cuanto la exija –y ya ha decidido hacerlo– el Ayuntamiento de Madrid. Así lo han confirmado tanto las fuentes consultadas por infoLibre en el Tribunal de Cuentas como en el Ayuntamiento de Madrid. Sobre la operación Blackstone hubo otras actuaciones, estas de carácter penal, que fueron archivadas por un juzgado de Madrid y que se encuentran ahora en espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie por segunda vez sobre su eventual reapertura.

Fechada el 25 de mayo, la denominada "acta de liquidación provisional" con que el Tribunal de Cuentas da por cerradas las actuaciones esgrime que la enajenación de 1.860 viviendas públicas a Blackstone tuvo "naturaleza privada". El fiscal, cuyo informe fue el detonante de la apertura de diligencias contables –distintas y ajenas a las del ámbito penal–, cifró en 2,3 millones el eventual quebranto provocado por aquella operación formalizada en octubre de 2013. Pero el acta de liquidación concluye que no hubo "menoscabo" para las arcas públicas. El argumento central del tribunal se basa en que la venta de aquellas 18 promociones de vivienda pública tuvo "naturaleza privada".

El acta dice lo siguiente: "Aunque no se llevaron las actuaciones previas a la enajenación de los bienes inmuebles conforme a los términos que se establece en la propia normativa interna de la sociedad [la EMVS] y en su defecto en la Ley de Contratos del Sector Público mediante procedimientos de licitación y no mediante una convocatoria anunciada en la prensa, [se trata de] irregularidades que darían lugar a responsabilidades contractuales, en el ámbito de otra jurisdicción, no así la contable".

Los pisos formaban parte del patrimonio de una empresa, la EMVS, netamente pública. Blackstone, que pagó 128,5 millones por los pisos más un lote de garajes y locales independientes, ni siquiera había ofrecido el precio más alto. Pero no solo eso: pagó 128,5 millones porque logró finalmente una rebaja de dos millones bajo la alegación "no demostrada" –el entrecomillado pertenece al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas– de que había un elevado índice de morosidad. Y otro además: a última hora obtuvo sin ver incrementado el precio en un solo euro, una propina de 13 garajes valorados en 297.000 euros. Esos y otros agujeros negros de la operación afloraron tras el relevo de 2015 en el gobierno municipal de Madrid.

La suma de esas dos cantidades –los dos millones de rebaja so pretexto de la morosidad y los 297.000 euros de los 13 garajes– es la que condujo al fiscal Miguel Ángel Torres a sostener la existencia de indicios de un quebranto económico de 2,3 millones. Las conclusiones del fiscal se cimentaban en un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, organismo fiscalizador de ámbito autonómico, sobre la Operación Blackstone.

El fiscal no abordó en su escrito de octubre, pero sí lo hizo la EMVS, un factor todavía inexplicado y que costó al erario madrileño otros 2,4 millones: la contratación, como "intermediario inmobiliario", de una UTE capitaneada por un antiguo directivo y socio de Aguirre Newman SA, gigante del sector y copropiedad de un hermano de Esperanza Aguirre. A día de hoy, sigue sin haber rastro de a cambio de qué tarea tangible desarrollada por esa UTE pagó la EMVS 2,4 millones de euros.

El equipo de Carmena ha confirmado a este diario que se opondrá al cerrojazo, lo que de manera inmediata obligará a la reapertura. No ha trascendido si el fiscal, Miguel Ángel Torres, se adherirá a la petición municipal. El acta de liquidación refleja que Torres no compareció al acto donde la "delegada instructora" del caso –una funcionaria– anunció que no encuentra motivos para concluir que los antiguos rectores de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid incurrieron en responsabilidad contable. Aunque el equipo rector de la EMVS nunca ha accedido a pronunciarse sobre el asunto desde que quedó en manos del Tribunal de Cuentas en octubre de 2016, es esa misma acta la que constata cómo la representante de la empresa municipal calificó de "algo confusa" la descripción que el tribunal hace de los hechos.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide la reapertura del caso sobre la venta de pisos de Madrid a un fondo buitre

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