Justicia politizada

Tristán, el juez amigo del PP que divide al PSOE

Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez, en una imagen de 2007.

Manuel R. Marqués

Casado con una consejera de Cospedal y convertido por decisión propia en árbitro del proceso judicial por la privatización de seis hospitales madrileños, la elección del magistrado Francisco Gerardo Martínez Tristán como vocal del Poder Judicial ha provocado un agrio enfrentamiento entre los dirigentes socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez.

El líder de los socialistas madrileños ha convertido la lucha contra la privatización de la sanidad en el eje de su política de oposición al Gobierno de Ignacio González. Ello ha incluido la recusación del magistrado Tristán, después de que este ordenase quitar la causa al tribunal que la investigaba (la Sección Tercera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) para que el acuerdo lo tomase una Sala presidida por él mismo.

Por ello, la decisión de Rubalcaba de pactar con el ministro de Justicia una lista de vocales para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que incluía a Tristán se consideró en el PSOE de Madrid como un hecho inaceptable que "desacreditaba al partido en la región". Gómez decidió presentar su dimisión como senador. En la dirección federal del PSOE, en cambio, el cabreo con el líder madrileño es enorme. Lo acusan de "yoísmo" y de actuar pensando solo en sus intereses personales. "Busca el enfrentamiento con Rubalcaba para lograr salir en los medios", se lamentan en Ferraz.

¿Pero quién es y cómo ha actuado el tal Martínez Tristán? 

El marido de la consejera

Uno de los motivos por los que el PSOE recusó a Martínez Tristán es que el magistrado es el marido de Marta García de la Calzada, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha y hasta 2009 alto cargo en la Comunidad de Madrid, tal y como desveló infoLibre. En otras palabras, una persona de confianza de Esperanza Aguirre y de María Dolores de Cospedal.

Marta García de la Calzada es compañera de Gobierno en Castilla-La Mancha de José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad primero de Aguirre y ahora de Cospedal, quien además es máximo responsable en esta materia del PP nacional. Todo un cúmulo de casualidades. ¿O no?

El PSOE de Madrid cree que no y, por ello, uno de los argumentos que utiliza para recusar a Martínez Tristán es su matrimonio con la consejera de Cospedal. En el escrito, presentado el pasado 29 de octubre, el abogado de los socialistas asegura que el magistrado "ha frecuentado en innumerables ocasiones la sede del Partido Popular en la calle Génova 13 y actualmente se postula para ser elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. No es que no tenga derecho a hacer ninguna de las dos cosas, que por supuesto, pero sin duda ante la trascendencia de la decisión le hace perder la apariencia de imparcialidad".

Martínez Tristán, por su parte, se ha negado en todo momento a aceptar la recusación ya que entiende que ni sus condiciones familiares ni sus decisiones le han hecho perder la imparcialidad.

Aupado por el PP

El Partido Popular ha aupado esta semana a Martínez Tristán al cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial, tras el pacto alcanzado entre el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y Rubalcaba. Pero no es la primera vez que los conservadores intentan impulsar la carrera de Tristán.

En marzo de 2005, la mayoría conservadora del CGPJ quiso convertir a Tristán en presidente del Tribunal Superior de Castilla y León. Para lograr el puesto era necesario obtener 13 votos y, en la cuarta y última votación, logró 11. El portavoz de aquel Poder Judicial era Enrique López, uno de los magistrados más inequívocamente identificado con el PP, durante años articulista polémico en La Razón y nombrado recientemente magistrado del Tribunal Constitucional.

En junio de 2005, fue elegido finalmente como presidente del Tribunal Superior de Castilla y León el magistrado José Luis Concepción. Pero el CGPJ no dejó en la estacada a Martínez Tristán. Pocos meses después, en diciembre, lo nombró presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo dle Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y allí sigue, tras ser renovado en el puesto en abril de 2011.

La llamada de la comunidad

En una conversación con este periódico, Martínez Tristán reveló que la Comunidad de Madrid le había pedido que interviniese para llevar al pleno de la Sala de lo Contencioso del TSJM todos los recursos relacionados con la privatización de la sanidad madrileña. En otras palabras: el Gobierno de Ignacio González le pidió el pasado 30 de septiembre que intentase tener bajo su control el proceso judicial de la privatización sanitaria.

La versión de Tristán es que no aceptó inmediatamente, porque no veía motivos para quitarle las causas a los tribunales que las estaban investigando, y que sólo lo hizo 11 después cuando ya detectó razones para tomar dicha decisión.

La maraña judicial es la siguiente. La Sección Tercera del TSJM ordenó el 11 de septiembre la suspensión cautelar del proceso de privatización sanitaria, después de que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) denunciase que el Gobierno de Madrid había cambiado de forma irregular las condiciones del concurso para privatizar los seis hospitales. En concreto, redujo e 200 millones a 28 la fianza que debían depositar los concusantes. Y lo hizo tan solo cuatro días antes de que expirase el plazo para la presentación de ofertas. 

Por otra parte, la Sección Octava del TSJM rechazó el 8 de octubre la suspensión cautelar del proceso de privatización sanitaria, en este caso a petición de Comisiones Obreras, al entender que el sindicato no estaba legitimado para personarse en el proceso. CCOO argumentaba que el Gobierno de Madrid pretendía privatizar los hospitales por la vía de hecho, sin trámite administrativo, pero no hacía en su escrito ninguna referencia a las condiciones del concurso como AFEM.

El 11 de octubre, Martínez Tristán acordó que la decisión sobre todos los recursos relacionados con la privatización sanitaria la adoptase el pleno de la Sala de lo Contencioso, compuesta por 50 magistrados y que él mismo preside. Es decir, Tristán cumplió lo que le había pedido la Comunidad: quitar a la Sección Tercera el control sobre la privatización sanitaria.

El argumento que nunca existió

El argumento que utilizó Tristán para llevar el asunto al pleno de la Sala de lo Contencioso es que dos Secciones –la Tercera y la Octava– habían dictado resoluciones "que resultan o pueden resultar contradictorias". El único problema de dicho argumento es que tal contradicción ni se había producido, ni era posible que se produjese.

Las dos Secciones se habían pronunciado en idéntico sentido cuando tuvieron que decidir sobre quiénes estaban legitimados para participar en la causa. La Sección Tercera impidió que se personase el PSOE y la Sección Octava no admitió la personación de Comisiones Obreras, alegando en ambos casos que la privatización de la sanidad no supondrá para esas dos organizaciones un perjuicio o beneficio directo. Por tanto, no sólo no hubo contradicción en sus decisiones, sino plena coincidencia.

Y tampoco pueden existir resoluciones contradictorias respecto al objeto de los recursos, por el sencillo motivo de que son diferentes. AFEM impugnó la privatización alegando que se había cambiado a última hora las condiciones del pliego de adjudicación, mientras que CCOO ponía en duda que el Gobierno de Ignacio González tuviera "potestades legítimamente atribuidas" para llevar a cabo la privatización. Es decir, es perfectamente posible que la Sección Tercera decida anular el proceso de privatización al entender que se modificó ilegalmente el pliego de condiciones y que la Sección Octava acuerde no anularlo al considerar que el Gobierno madrileño sí tiene potestar para privatizar la sanidad. No hay contradicción posible porque el objeto de los recursos es diferente.

La importancia de ser 50

El argumento esgrimido por Tristán para quitarle el caso a la Sección Tercera no es el único sorprendente en este proceso. Pocas horas después de que infoLibre desvelase los hechos, el pasado 16 de octubre, el TSJM sacó un comunicado por orden del magistrado defendiendo su decisión. Después de aclarar que Martínez Tristán "cuenta con un solo voto", asunto que debió tranquilizar a algunos, el TSJM explicó que el acuerdo de Tristán se había tomado "en aras de la decisión jurídica y del acierto". O sea que el presidente de la Sala de lo Contencioso considera que hay más posibilidades de "acertar" cuando una decisión judicial la toman 50 jueces (el pleno) que cuando la adoptan 5 (una Sección).

Se trata, sin duda, de una interpretación novedosa desde el punto de vista jurídico. Ni en la Constitución ni en la centenaria jurisprudencia del Tribunal Supremo hay referencia alguna a que, cuantos más jueces deliberen, mayores posibilidades hay de que se imparta justicia. En cambio, la Carta Magna sí que establece que todos los españoles "tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley", un derecho fundamental que según algunos juristas consultados por este periódico se habría conculcado en este caso. Ello sería así porque el juez predeterminado sería la Sección Tercera del TSJM y no el pleno de la Sala de lo Contencioso.

El fiscal y el consejero le echan una mano

La decisión de Tristán de quitarle el caso a la Sección Tercera del TSJM desató una fuerte polémica y llevó al PSOE madrileño a recusarlo. Pero en socorro de las tesis del magistrado acudieron inmediatamente el Gobierno de Ignacio González y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

El fiscal jefe consideró "absolutamente razonable" la decisión de Tristán. Aunque no se quiso pronunciar sobre la recusación, afirmó lo siguiente: "No podemos aspirar a que la Justicia esté resolviendo de manera diferente sobre un mismo hecho. Hay que unificar la respuesta judicial porque supondría una inseguridad jurídica para todos los ciudadanos".

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, calificó de "bochornosa" la recusación presentada por los socialistas madrileños y acusó a Tomás Gómez de querer "manchar el nombre de un magistrado". Una preocupación llamativa teniendo en cuenta cómo ha reaccionado el Ejecutivo de González ante las decisiones judiciales que no favorecían sus intenciones privatizadoras. Por ejemplo, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, acusó al juez Carlos Gómez Iglesias de "no emitir opiniones de tipo jurídico sino de tipo personal y político impropios de un auto en un juzgado". Y tras el auto de la Sección Tercera del TSJM que decidió paralizar la privatización sanitaria, el mismo Lasquetty consideró apropiado ofrecer públicamente una lección judicial: "El auto no contiene la precisión que requiere una medida cautelar", pontificó. No consta que a Salvador Victoria le molestasen estas declaraciones, ni que realizase declaraciones pidiendo que no se manche el nombre de estos magistrados.

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