UP reclama el nuevo "contrato social" de Díaz desde la reforma fiscal y la subida del salario mínimo

Los ministros de Trabajo y Consumo, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, conversan con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a su llegada al Congreso.

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Unidas Podemos concentra sus propuestas de resolución del debate del estado de la nación sus principales reivindicaciones de cara a los nuevos Presupuestos Generales del Estado y plantea un nuevo "contrato social" basado en un aumento de fiscalidad a las grandes empresas, precisamente una de las principales banderas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

De esta forma, el espacio confederal llama a profundizar en la reforma laboral con el impulso de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, subir el salario de los empleados públicos, impulsar una ley de usos del tiempo de descanso en el ámbito laboral y establecer un marco jurídico para la democracia en la empresa con la participación de los trabajadores en consejos de administración, iniciativas que ha reivindicado Díaz durante el lanzamiento de su nueva plataforma Sumar, ha informado Europa Press.

La formación morada opta por recuperar también otra de sus propuestas icónicas, crear una empresa pública de energía, que recupere instalaciones hidroeléctricas cuando las concesiones caduquen y que haga también funciones de comercializadoras. Su objetivo, contribuir a la bajada del precio de la luz y fomentar la transición ecológica. De esta forma, Unidas Podemos insiste con una propuesta que ya fue rechazada por el PSOE en el Congreso.

El espacio confederal, entre las propuestas registradas, demanda la subida cuanto antes del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% de la retribución media del país, incrementar los salarios de los trabajadores públicos, elevar un 15% de las pensiones no contributivas del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que rige en muchas ayudas sociales y hacer permanente el incremento, también del 15%, del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Por otro lado, ahonda en su afán de lograr una reforma fiscal con la bajada del gravamen del 25 al 23% para las pymes, reducir el IVA de productos de productos de higiene femrnina y pañales, a las peluquerías y las clínicas veterinarias. Todo ello junto a su petición de establece un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre los beneficios reales y un recargo del 10% para las energéticas, así como un impuesto de grandes fortunas (que también fue rechazado por el PSOE este año) y elevar el tipo de IRPF a las rentas mayores de 10.000 euros mensuales.

Dentro del apartado laboral, defiende garantizar el sistema público de pensiones, poner en marcha una nueva Agencia Española del Empleo, regularizar las prestaciones por desempleos de las trabajadoras del hogar e impulsar que las cooperativas puedan constituirse como plataformas para garantizar los derechos laborales.

Refuerzo de los servicios públicos

También insta a suscribir un pacto de estado para mejorar la financiación de la sanidad pública con un incremento de inversión del 7,5% sobre el PIB en los Presupuestos y elevar en los servicios públicos la ratio de profesionales por encima de la media europea en 10 años.

A ello suma la reivindicación de ampliar el Plan Corresponsables a 200 millones para llegar a 1,2 millones de hogares, ampliar los permisos de maternidad a seis meses, desplegar un permiso retribuido por trabajador para cuidado de familiares, desplegar un fondo de 10.000 millones para reforzar la sanidad y la educación y 600 millones más para dependencia.

Precisamente en materia educativa Unidas Podemos solicita extender la red de escuelas infantiles públicas, garantizar currículums educativos que tenga como ejes transversales el feminismo, los derechos LGTBi o la fiscalidad justa y revisar la legislación actual para cumplir con el principio de equidad.

En la parcela de salud insiste el socio minoritario en la derogación de la ley que permite la externalización de la gestión sanitaria, el desbloqueo de una nueva ley de salud mental, garantizar el derecho al aborto y su acceso a la sanidad pública e incorporar a los funcionarios dentro del sistema público de salud, suprimiendo así la opción actual de mutualidades.

Pide una ley para garantizar la laicidad del Estado

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En política migratoria, demanda una regularización de migrantes similar a Alemania y condenar las muertes acaecidas en la valla fronteriza de Melilla mientras que en el apartado de Igualdad exhorta a garantizar la paridad en los organismos públicos y el uso del lenguaje inclusivo

Además, rescata también los contenidos que ya esbozó en su iniciativa sobre libertad de conciencia al apostar por una ley que garantice la laicidad, unido a la supresión la asignación tributaria de la Iglesia católica, la eliminación de la asignatura de religión, la recuperación del patrimonio inmatriculado de la Iglesia, el impulso a la investigación de abusos sexuales en el ámbito eclesíativos y el fin de los acuerdos entre España y la Santa Sede.

Por otro lado, llama a defender el uso de todas las lenguas cooficiales y promover su uso en la radio y televisión pública, junto con actuaciones para limitar la apertura de casas de apuestas cerca de centros educativos o un nuevo modelo de financiación local.

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