Cada año cientos de mujeres madrileñas y de otras comunidades cercanas acuden al Hospital de Torrejón para dar a luz. El paritorio es uno de los servicios más reputados de un hospital que se ha puesto en entredicho en las últimas semanas por las declaraciones de su CEO. No obstante, esta gestión también ha acabado afectando al servicio dedicado a los partos y las matronas han dicho basta. El equipo de matronas y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) remitió en marzo una carta a la dirección alertando de que "las circunstancias actuales sobrepasan y limitan nuestra capacidad para brindar una atención segura y de calidad". La situación a finales de año sigue siendo similar.

En Barcelona, las circunstancias también dan pistas de estar llegando al límite. Algunos centros hospitalarios han buscado personal de manera urgente anre la posibilidad de que hubiera escasez de matronas en las fiestas. El déficit de personal y la sobrecarga también se trasladan a otras comunidades, como Toledo, donde las profesionales denuncian que sus tareas están siendo sustituidas por enfermeras sin ningún tipo de especialidad.

La precariedad y la falta de reconocimiento de las matronas provocan que el problema sea transversal en toda España. El ratio de matronas es significativamente bajo en comparación con la media europea y de la OCDE, con aproximadamente tres matronas por cada 10.000 mujeres o unas 12,4 por cada 1.000 nacimientos, frente a las siete por cada 10.000 mujeres (OCDE) o 25 por 1.000 respectivamente. Esto refleja un déficit crónico que afecta a la salud materna y reproductiva, con más de 5.000 matronas necesarias para alcanzar los estándares europeos.

Rosa Navarro, matrona en un hospital de Cataluña que prefiere no desvelar, asocia la situación a una falta de recursos provocada por la ausencia de voluntad política. "Se ha retirado mucha gente y las matronas que salen son tan pocas que no cubren las jubilaciones. No hay voluntad política ni de crear nuevas plazas con el sistema que hay ahora, pero tampoco de volver a tener esa carrera independiente que sí generaría bastantes más plazas. No hay relevo y ya no podemos más", denuncia.

Las matronas reclaman que, además del aumento de plazas y recursos, una de las soluciones para atraer a más profesionales es la mejora de su reconocimiento. El Colegio Oficial de Enfermería exige una reclasificación profesional que las cambie del grupo A2, en el que están las enfermeras sin especialización y fisioterapeutas, al A1, en el que están los médicos de familia y los médicos especialistas. "Cualquier grado de cuatro años, por ejemplo Psicología, es un grado A1 en la administración pública y las matronas no lo tienen con seis años de formación, que son dos años extra. Además, el nivel de responsabilidad que tienen es muy alto porque de ellas dependen la madre y el feto", denuncia Lola Ruiz, doctora en Historia y autora de Historia de las matronas en España.

Además de la preparación del embarazo y la etapa posparto, las matronas denuncian la falta de recursos y de personal, que no les permite llegar a todos los programas que tienen bajo sus competencias. Sus tareas también incluyen la pedagogía sobre las enfermedades de transmisión sexual, la menopausia o los cribados de cáncer de cuello uterino, el cuarto más común en las mujeres según la OMS.

"A los responsables se les llena la boca diciendo que las matronas van a ser las responsables de un nuevo programa de infecciones de transmisión sexual o de sexualidad, pero nos preguntamos cómo y, sobre todo, cuándo. Yo estoy recogiendo exudados para un diagnóstico de infección de transmisión sexual a los 20 o 30 días", denuncia Raquel Ortega, matrona en atención primaria vinculada al Hospital de Torrejón. Además, advierte que "las listas de espera van a seguir ampliándose porque queremos trabajar cumpliendo con nuestras competencias, pero necesitamos recursos humanos, materiales y tiempo".

Las matronas arrastran esta falta de reconocimiento desde hace décadas en España, pese a sus logros como pioneras. En el siglo XVIII se convirtieron en las primeras mujeres en acceder a espacios de educación superior como el Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. Más tarde, cuando la cirugía y la medicina se integraron en las facultades universitarias, también fueron las primeras mujeres en obtener títulos universitarios.

Durante décadas mantuvieron una identidad profesional sólida, con colegios propios, organizaron congresos y participaron activamente en el debate público. Todo ese recorrido se quebró con el franquismo, que no solo las silenció políticamente, sino que desmanteló su autonomía profesional. "Durante la dictadura perdieron la carrera independiente", explica Ruiz, aludiendo a la unificación con practicantes y enfermeras que las relegó a una especialidad secundaria y marcó un retroceso profundo.

Ese legado no se corrigió plenamente con la llegada de la democracia y tuvo un punto crítico en los años noventa, cuando se dejó de formar matronas en números suficientes. "Hubo un tiempo, entre los años 80 y 90, en el que no se formaron matronas en España y, claro, las últimas que se habían formado en los 80 se están jubilando. Por ello, ese impás temporal de 10 años en los que no se formó a nadie ahora lo estamos empezando a pagar", denuncia Navarro.

Lejos de reforzar una profesión clave para la salud pública, el sistema optó por una planificación que generó un déficit estructural cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad y afectan directamente a las pacientes. La ausencia de reposición ha provocado la desaparición de suplencias, el aumento de las listas de espera y una atención cada vez más tardía a las mujeres, en momentos especialmente sensibles como el embarazo o el posparto.

Ese déficit tiene un impacto directo y medible en la salud de las mujeres. Ortega relata que en su consulta está atendiendo revisiones posparto que deberían realizarse a los siete o diez días y que llegan a los 20 o 30 días, cuando muchos problemas ya se han cronificado. "Eso supone que no detectamos problemas, que las lactancias complicadas muchas veces acaban en lactancia artificial", detalla.

Las demoras afectan también al seguimiento del embarazo, generando circuitos asistenciales desordenados que, lejos de proteger a las mujeres, añaden confusión y pérdida de calidad. "Yo en consulta estoy viendo mujeres con la cita postergada que se les junta con la cita en el hospital. No tiene ningún sentido que una embarazada tenga dos citas seguidas, eso no es un buen control del embarazo", insiste Ortega.

A estas disfunciones se suman desigualdades asistenciales difíciles de justificar, que afectan especialmente a las mujeres mayores. En la Comunidad de Madrid, las mayores de 79 años directamente dejan de tener derecho a una matrona asignada. "No se les adjudica matrona, cuando sí tienen médico, enfermera, fisioterapeuta y trabajadora social", denuncia Ortega. Una exclusión que resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que muchas de estas mujeres siguen necesitando atención específica en ámbitos como la sexualidad, la menopausia tardía o los problemas ginecológicos.

Ante la falta de profesionales, el sistema también recurre a una sustitución encubierta como solución. Pese a no tener la especialidad, las enfermeras generalistas acaban realizando las funciones propias de una matrona. Una solución que no solo es insuficiente, sino injusta para las pacientes. "No es una buena atención. Incluso las enfermeras me han llegado a decir que hacen lo que pueden, pero que la mujer no ha sido bien atendida porque no tienen los conocimientos", detalla Marisa, matrona en atención primaria en Toledo.

La consecuencia de todo este deterioro es un escenario sin relevo que amenaza directamente la continuidad de la profesión. Sin mejoras reales en las condiciones de trabajo y en el reconocimiento, muchas optan por cambiarse a la enfermería general, adelantar su jubilación o abandonar la sanidad pública, no por falta de vocación, sino por puro agotamiento. "Queremos proteger la sanidad pública, pero cada vez resulta más difícil sostener ese compromiso cuando la sobrecarga es constante y los recursos no llegan", alerta Navarro. La vocación sigue siendo fuerte, pero ya no basta para compensar años de precariedad, responsabilidad extrema y falta de apoyo institucional.

En 1998, el sistema universitario español estaba claramente dominado por lo público. Ese año, con la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena —la última universidad pública puesta en marcha en España—, el país contaba con solo 14 universidades privadas, muchas de ellas vinculadas a órdenes religiosas o con una larga trayectoria académica. Aquel 1998 marca un punto de inflexión histórico, ya que desde entonces no se ha creado ninguna universidad pública y, al mismo tiempo, el mapa universitario ha cambiado de forma radical hasta situarse al borde de la superioridad de los centros privados.

En 2025, España cuenta con 50 universidades públicas y 48 privadas, una diferencia mínima que podría desaparecer ya en 2026 si prosperan los proyectos que dependen únicamente de la tramitación parlamentaria en varias comunidades autónomas. El sorpasso de la universidad privada, impensable a finales del siglo XX, ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad inmediata.

Este giro se produce mientras la universidad pública arrastra una infrafinanciación estructural que limita su capacidad para ampliar plazas, contratar profesorado o reforzar la investigación. En ese vacío avanza la universidad privada, con el respaldo de varios gobiernos autonómicos del Partido Popular. Ante lo que el propio Ejecutivo define como una "expansión sin precedentes", el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó el pasado octubre un endurecimiento de los criterios para frenar lo que Pedro Sánchez denominó "universidades chiringuito".

Para Montse Rius, investigadora y portavoz de UCM por la Pública, el problema es que durante años se ha construido un "carril rápido" para la privada. "En Madrid, para montar una universidad privada, hasta ahora bastaba con el apoyo del Gobierno autonómico. No importa que los informes técnicos sean negativos y aunque prometan que en tres o cinco años lo arreglarán, luego nadie lo comprueba", señala.

La insistencia de algunos gobiernos autonómicos, como el de Baleares, por contar con su primera universidad privada está acelerando aún más el proceso. El Parlament ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley para crear la Universidad de Mallorca (UMAC), impulsada por la escuela universitaria ADEMA, con 31 votos a favor de PP y Vox, siete en contra de Més per Mallorca y 17 abstenciones del PSOE. Además, el Gobierno de Marga Prohens lo ha tramitado por la vía de urgencia, alegando la necesidad de atender la demanda formativa. Una decisión que ha desatado críticas por las prisas, la falta de transparencia y la sensación de "legislación a la carta".

El proyecto sigue adelante pese a un informe técnico muy crítico del ministerio, que cuestiona su solvencia financiera, el capital social aportado, las previsiones ante un eventual cierre, la debilidad de la investigación y la ausencia de másteres iniciales y de convenios suficientes para prácticas externas en ciencias de la salud. En julio, ADEMA se desvinculó de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para asociarse con la privada Isabel I, un campus online con sede en Burgos, con el objetivo de ampliar la oferta de grados de su proyecto universitario.

La urgencia política contrasta con la situación de la universidad pública. La UIB está infrafinanciada y ya sufre un grave déficit de plazas de prácticas clínicas. Mario Devis, representante de CCOO Educación en Baleares, alerta de que la competencia por los recursos y el profesorado puede agravar un problema ya existente. "En grados como Enfermería o Fisioterapia faltan plazas de prácticas. Esto aumenta la segregación, porque muchos estudiantes no pueden asumir los costes más elevados de la privada, mientras la inversión en lo público avanza lentamente o se estanca", subraya.

Si Baleares se encamina hacia su primera universidad privada, Extremadura ha pasado en pocos años de no tener ninguna a manejar varios proyectos simultáneos. El que aparece mejor posicionado para convertirse en la siguiente en aprobarse es la Universidad Abierta de Extremadura, promovida por el Grupo Planeta y concebida como universidad a distancia. A diferencia de otros expedientes, cuenta con un informe favorable —aunque condicionado— del ministerio, que exige garantías adicionales sobre la formación del profesorado, la calidad de la plantilla y las prácticas. Este aval sitúa a Planeta a un paso de culminar el proyecto, a la espera de que se reactive la actividad parlamentaria en la región.

En paralelo, Extremadura aprobó el pasado octubre su primera universidad privada, la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE). PP y Vox sacaron adelante el proyecto con la oposición de Unidas por Extremadura y la abstención del PSOE, que denunció "atajos y prisas" del Ejecutivo de María Guardiola. La Junta tramitó la ley por lectura única, sin debate en comisión ni posibilidad de enmiendas, un procedimiento que, según la oposición, vacía de deliberación parlamentaria una decisión que condiciona la estructura educativa de la región durante décadas.

Tras tres años de tramitación, la polémica reside en que UNINDE contó con un informe desfavorable de la Conferencia de Política Universitaria y con objeciones del Consejo Económico y Social de Extremadura. Además, el proyecto prevé iniciar su actividad en bajos comerciales y en el centro comercial Las Vaguadas (Badajoz). Un formato que el informe técnico considera poco idóneo y sin garantías para una universidad con ambición investigadora. El dictamen ministerial cuestiona también la solvencia financiera, la escasez de profesorado, la vaguedad del plan de investigación y la falta de garantías documentales.

Tras UNINDE, esperan turno otros dos proyectos que ya se enfrentarán al marco más exigente del Ministerio: la universidad virtual CEU Núñez de Balboa, ubicada en Jerez de los Caballeros, y la Universidad Europea de Extremadura, con Medicina como principal reclamo. Desde CCOO Extremadura y la Universidad de Extremadura advierten de que la proliferación de privadas puede suponer la puntilla para una universidad pública ya asfixiada por la infrafinanciación, al abrir una competencia directa por alumnado, profesorado y, sobre todo, por unas plazas de prácticas claramente insuficientes.

Madrid es, con diferencia, el territorio donde este ecosistema está más consolidado. La Comunidad concentra ya 14 universidades privadas y recientemente ha aprobado la IE University Madrid. Al mismo tiempo, mantiene vivos proyectos con informes técnicos negativos, como la Universidad Internacional de las Artes (TAI) y la Universidad Felipe II, dos expedientes que evidencian el choque entre el criterio técnico del ministerio y la voluntad política autonómica.

En el caso de TAI, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, los técnicos dudan de su viabilidad con el capital declarado. Consideran insuficientes los fondos para afrontar las inversiones previstas, alertan de la ausencia de convenios claros de prácticas y advierten de que la plantilla docente sería demasiado reducida para el volumen de grupos proyectado.

En el proyecto Felipe II, promovido por capital chileno y sin partir de ningún centro universitario previo, el diagnóstico es igualmente negativo. El informe cuestiona su capacidad para absorber las pérdidas iniciales, la falta de garantías bancarias, la incertidumbre sobre las sedes y el incumplimiento de la inversión mínima en investigación. También pone en duda que pueda garantizar las prácticas obligatorias, especialmente en titulaciones sanitarias.

Pese a ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha optado por dejar ambos proyectos en reserva y aplazar la decisión para reactivarlos más adelante. Esta estrategia coincide con un momento especialmente tenso para la universidad pública madrileña en términos de financiación, plantillas y capacidad de absorber demanda. "La Comunidad de Madrid quiere poner todavía más fácil la creación de privadas. Se insiste en la colaboración público-privada y en que, si una privada no tiene doctorado o instalaciones, recurra a convenios con la pública. Eso no es complementariedad, es sostener proyectos privados con recursos públicos", denuncia Rius.

Más allá de los expedientes avanzados, otras iniciativas repartidas por distintas comunidades deberán someterse a los nuevos requisitos endurecidos por el ministerio que dirige Diana Morant. En Aragón se tramitan propuestas como The Power University, la Universidad Internacional de Aragón y NCI Aragón; en Asturias, la Universidad Europea de Asturias; en Andalucía, la Universidad Internacional Antonia Guerrero, y en Canarias, la Universidad Digital. Todos estos proyectos deberán acreditar músculo financiero, capacidad investigadora y calidad docente si quieren salir adelante.

Con 48 universidades privadas frente a 50 públicas y varias aprobaciones en marcha, 2026 puede ser el año en que la balanza se incline definitivamente. El debate de fondo, coinciden sindicatos y expertos, no es solo cuántas universidades privadas puede haber, sino el riesgo de que se consolide un modelo orientado al mercado y a la rentabilidad rápida en detrimento del sistema público.

Cuando se cumple un año del inicio del segundo mandato de Trump el análisis parece claro: Estados Unidos vive una aceleración autoritaria sin precedentes recientes. Ataques sistemáticos a minorías, restricciones a la libertad académica, persecución de migrantes y una ofensiva cultural que señala a periodistas, activistas y profesores universitarios como enemigos internos. En ese contexto, el historiador Mark Bray, profesor en la Universidad de Rutgers y autor del libro Antifa (2017, Capitán Swing), ha pasado de ser una figura académica comprometida a convertirse en objetivo directo de las campañas de acoso de la extrema derecha estadounidense.

Tras recibir amenazas de muerte en su domicilio, sufrir campañas de señalamiento y acoso en Internet y ver cómo su nombre circulaba en documentos oficiales y medios afines al trumpismo, Bray decidió abandonar Estados Unidos junto a su familia y trasladarse a España en otoño de 2025. Desde aquí observa con distancia —y preocupación— la deriva política de su país y analiza con infoLibre las lecciones históricas del antifascismo en un momento en el que, advierte, "algunos fascistas ya están en la Casa Blanca".

¿Cómo ha llegado un historiador de la Universidad de Rutgers a exiliarse en España en 2025?

Escribí el libro Antifa en 2017 y ya entonces recibí un montón de amenazas. La situación cambió más recientemente, después del asesinato de Charlie Kirk. Trump decidió, sin ninguna prueba, que la culpa era de la izquierda y poco después firmó una orden ejecutiva sobre Antifa [así es como se conoce al movimiento antifascista en Estados Unidos ] diciendo que es un grupo terrorista. En Estados Unidos no existe una forma legal de designar a un grupo doméstico como terrorista, solo a grupos extranjeros, así que esa orden no tiene fuerza legal, pero sí mucha fuerza retórica. 

Fue entonces cuando empecé a recibir amenazas más serias. Durante unos días di clase por Zoom y el grupo local de mi universidad de Turning Point USA, la organización de Charlie Kirk, organizó una petición para que me despidieran. Fox News publicó un artículo sobre esa petición y entonces recibí muchas más amenazas. Una de ellas incluía la dirección personal de mi casa en Nueva Jersey. Dos días después alguien publicó mi dirección en X junto con información sobre mi familia y decidí que no era seguro quedarse en casa, especialmente en un país con tantas armas.

Mi esposa y yo pensamos en mudarnos a otra ciudad dentro de Estados Unidos, pero teníamos miedo, no solo por la situación personal, sino por la situación política en general. Habíamos vivido en España en el pasado, es un país que conozco más o menos, y decidimos venir aquí por un tiempo. En el aeropuerto también tuvimos problemas porque nos cancelaron la reserva y al día siguiente unos agentes federales me interrogaron y revisaron mis cosas durante una hora. Pero después de todo eso, aquí estamos.

¿Cree que las redes sociales y las estrategias digitales han cambiado la forma en que la extrema derecha moviliza a los jóvenes respecto a los años 20 y 30 del siglo XX?

La tecnología de la comunicación siempre ha sido importante para el fascismo. Hace cien años fueron los periódicos, la radio y, en menor medida, el cine. Todo eso fue fundamental para movilizar a la gente. Hoy la tecnología más importante son las redes sociales y en Estados Unidos encajan muy bien con una cultura extremadamente individualista. A través de las redes, un joven puede creer que está actuando como individuo —porque decide qué cuentas seguir, qué leer— cuando en realidad está participando en algo colectivo.

Los influencers juegan un papel clave. Se presentan como individuos con perspectivas personales, aunque en realidad tengan vínculos muy fuertes con la Casa Blanca o con organizaciones como Turning Point USA. Ese tipo de cuentas tiene mucho más poder que las cuentas oficiales y las redes crean espacios para que las personas participen en proyectos colectivos sin perder esa sensación de individualidad. La extrema derecha ha difundido con mucha eficacia la idea de que los hombres jóvenes son víctimas del feminismo o que la gente blanca es víctima de la cultura woke. Todo eso circula muy fácilmente por las redes y ha cambiado mucho la forma de movilizar, aunque el núcleo del mensaje sea parecido.

¿Qué ha supuesto este primer año del segundo mandato de Trump para los colectivos vulnerables, las libertades y la democracia estadounidense?

Su segundo mandato ha sido mucho más explícitamente autoritario, incluso fascista si queremos usar esa palabra. Los ataques contra grupos vulnerables han sido muy duros. Para mí, uno de los elementos más graves es el papel del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Han detenido no solo a personas sin papeles, sino incluso a cientos de ciudadanos estadounidenses y los tribunales han respaldado detener a alguien por el color de su piel. Además, las personas detenidas acaban en centros horribles, que son más o menos como campos de concentración, y muchas son deportadas, incluso a países que no son los suyos, como El Salvador.

El Gobierno también ha atacado los derechos de las personas trans, quiere destruir el matrimonio igualitario y ha impuesto vetos migratorios a muchos países. En educación, en estados como Texas o Florida hay materias que no se pueden enseñar. A nivel federal, han creado listas muy largas de palabras prohibidas en documentos oficiales, como "mujer transgénero" o "vehículo eléctrico". Todo esto muestra que el objetivo es crear una nación cristiana y blanca. Make America Great Again es un lema fundamentalmente fascista, porque quiere volver a un pasado imaginario donde las jerarquías "naturales" eran respetadas.

¿Qué diferencias existen entre el primer y el segundo mandato de Trump?

Una razón es que probablemente Trump no pensaba que iba a ganar en 2016. Su campaña era más un intento de hacerse famoso y ganar dinero. Cuando ganó, no tenía un plan. Después del 6 de enero de 2021, cuando Mike Pence fue clave para frenar el intento de golpe de Estado, Trump decidió que la próxima vez solo trabajaría con personas que hicieran exactamente lo que él quiere. Por ello, su círculo es explícitamente autoritario y tiene un plan, como el Project 2025, para transformar el Estado y la sociedad. Además, el Partido Republicano del centro ha desaparecido, ya que figuras como Pence, Romney o incluso el legado de la familia Bush ya no existen dentro de la formación.

Trump también ataca a los periodistas. ¿Cree que veremos periodistas estadounidenses exiliados?

Es posible. Durante la última década, la extrema derecha ha decidido que todos los periodistas fuera de Fox News o Newsmax son enemigos. Si un periodista descubre algo importante, puede recibir amenazas de muerte. Habrá algunos casos en los que huir será necesario.

Trump y figuras como Charlie Kirk han servido de referencia para dirigentes y activistas de la extrema derecha en otros países. ¿Cómo interpreta usted este fenómeno de exportación de discursos y estrategias políticas entre Estados Unidos y Europa?

Creo que este intercambio funciona en las dos direcciones. Durante mucho tiempo la política estadounidense ha tenido una enorme influencia global y eso también se nota en la extrema derecha. Hay formas de comunicar, de movilizar y de hacer propaganda que vienen claramente de Estados Unidos y que luego se adaptan en Europa. Pero también es importante entender que muchas ideas centrales de la extrema derecha estadounidense no nacen allí. La teoría del gran reemplazo, por ejemplo, es de origen francés y ha tenido un papel muy importante en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con conceptos como la re-inmigración, que surgen en Europa y después empiezan a circular en el debate político estadounidense.

Lo que vemos hoy es un intercambio constante. En Europa la extrema derecha ha estado históricamente muy centrada en la inmigración desde África y Oriente Medio, mientras que en Estados Unidos el foco ha sido América Latina. Sin embargo, las formas de articular ese racismo y de convertirlo en discurso político se influyen mutuamente, y las redes sociales han acelerado mucho ese proceso.

Además, hay una dimensión política organizada. Figuras como Steve Bannon han viajado a Europa para establecer contactos y desde la extrema derecha estadounidense existe un interés claro en debilitar proyectos como la Unión Europea, que se perciben como un obstáculo ideológico y económico. Por eso no hablaría solo de una exportación desde Estados Unidos a Europa, sino de una red transnacional de extrema derecha que comparte ideas, estrategias y objetivos.

Vox ha propuesto recientemente ilegalizar a las organizaciones antifascistas. ¿Estamos lejos de una criminalización como en EE. UU.?

Creo que la situación es diferente. En países como España, Francia o Italia, el antifascismo tiene una relación mucho más fuerte con la historia nacional. En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial; en España, después del franquismo. Aquí el fascismo no es algo abstracto, es una experiencia histórica reciente. El esfuerzo de participar en la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos no se vendió como un proyecto de antifascismo en el imaginario popular, por lo que términos como este tenían una asociación con la izquierda y con el comunismo después de la guerra. 

Eso ha facilitado que hoy se pueda presentar el antifascismo como algo ajeno o extremista. En Europa es más difícil imponer ese marco, aunque no imposible. Dependerá del contexto político y de la fuerza de la extrema derecha.

¿Qué lecciones históricas del antifascismo considera más útiles en el contexto político actual?

Cuando escribí mi libro en 2017 hablé mucho del antifascismo preventivo. Resistir al fascismo cuando aún es pequeño para que no crezca. Esa estrategia funcionó durante mucho tiempo, pero la situación actual es distinta y hay que plantarle cara. En Estados Unidos, algunos fascistas ya están en la Casa Blanca y tampoco estamos en el contexto clásico del antifascismo militante ni en una guerra civil. Es un escenario nuevo, pero sigue siendo fundamental conectar el presente con la historia del antifascismo. No solo para aprender lecciones prácticas, sino también por una razón emocional y política. Hay que entender que estamos en la misma lucha. 

En la última década, el movimiento antifascista ganó la lucha en las calles, especialmente entre 2016 y 2019, pero la extrema derecha cambió de estrategia. Abandonó los intentos de crear un movimiento independiente, como en Charlottesville en 2017, y empezó a infiltrarse en el trumpismo, en protestas contra las mascarillas o las vacunas, y acabó influyendo directamente en el movimiento MAGA. El antifascismo ganó unas batallas, pero perdió otras, sobre todo, en el terreno institucional y en las redes sociales. La extrema derecha supo adaptarse y el antifascismo tendrá que hacer lo mismo.

Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, reclamando que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, dimita o convoque elecciones anticipadas no son un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia española. Los obispos han opinado —y a menudo con dureza— sobre la política nacional desde la Transición, especialmente frente a los Gobiernos socialistas. Desde las advertencias contra la ley del aborto de Felipe González hasta las campañas contra el matrimonio igualitario o Educación para la Ciudadanía durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, los choques han sido recurrentes.

Sin embargo, el momento, el tono y el respaldo institucional en el que se producen estas declaraciones han generado una crisis entre la Iglesia y el Gobierno de mayor calado. La diferencia es que ahora esas palabras llegan desde la presidencia de la CEE, en un momento de debilidad interna de la institución y con el Gobierno negociando los principales asuntos Iglesia-Estado directamente con el Vaticano, al margen de Añastro.

Pese a que Argüello ha insistido en que hablaba a título personal, ese razonamiento quedó invalidado cuando la Oficina de Comunicación de la CEE salió públicamente a justificar sus palabras tras la carta de protesta enviada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Fue entonces cuando su opinión individual pasó a adquirir una dimensión institucional. Para Jesús Bastante, periodista especializado en información religiosa y cofundador del medio Religión Digital, ese es el elemento clave del conflicto. "Aquí es una opinión de un obispo, pero cuando el portavoz de la Iglesia española refrenda esas palabras, eso sí que es grave", explica. Además, varios obispos admiten en privado a eldiario.es que Argüello "ha vuelto a meter a la Iglesia en un lío", como ya ocurrió en junio con declaraciones similares.

La llegada de Luis Argüello a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española en marzo de 2024 inició la vuelta al primer plano del sector más conservador del episcopado. Su elección por mayoría absoluta en primera votación —48 apoyos de 78 electores— supuso la derrota clara del candidato aperturista, el cardenal José Cobo, y la conformación de una mayoría inclinada a cerrar filas frente a la agenda cultural del Gobierno y a marcar distancias con el reformismo asociado al pontificado de Francisco.

Para Natalia Núñez-Bargueño, investigadora Marie Skłodowska-Curie en la Universidad Católica de Lovaina, ese resultado ya anticipaba el cambio de rumbo. "Aunque Argüello fue nombrado obispo por Francisco y estaba considerado inicialmente como moderado, su elección hacía presagiar un posible giro hacia el conservadurismo en la CEE", matiza. A su juicio, el nuevo presidente ha ido mostrando una "mayor sintonía con ideas defendidas por sectores conservadores en política y en la sociedad civil", en contraste con el perfil más neutral de su antecesor.

Jesús Bastante coincide en ese diagnóstico y subraya que Argüello "es un convencido de que estamos ante una batalla cultural". Añade que su discurso, aunque formulado en términos más intelectuales que partidistas, "coincide en buena medida con los postulados de algunos think tanks de la extrema derecha". En la Comisión Ejecutiva figuran además obispos de línea dura como Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, que ha acusado al Gobierno de formar parte de "la decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática".

El perfil de Argüello se refleja también en sus declaraciones más controvertidas sobre los abusos sexuales. Durante su etapa como secretario general de la CEE minimizó reiteradamente la magnitud del escándalo, aludiendo a "pequeños casos" o cuestionando la necesidad de un informe global. Ya como presidente, avaló el informe Para dar luz, que excluyó centenares de casos reconocidos por diócesis y órdenes religiosas y cuya rectificación posterior se hizo de forma silenciosa.

El contraste con Juan José Omella es significativo. Presidente de la CEE entre 2020 y 2024 y uno de los hombres de mayor confianza del papa Francisco en España, Omella encarnaba un perfil pastoral, dialogante y mediador, más preocupado por rebajar la tensión institucional que por convertir el enfrentamiento político en eje del discurso eclesial. Bajo su presidencia se alcanzaron acuerdos relevantes con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el reconocimiento de cerca de un millar de inmatriculaciones indebidas o la eliminación pactada de determinadas exenciones fiscales, entre ellas las relativas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Ese talante lo traslado también a escenarios políticamente delicados. Como arzobispo de Barcelona, Omella ejerció de mediador durante el conflicto catalán, manteniendo interlocución tanto con el Gobierno central como con las autoridades catalanas y evitando alineamientos explícitos. "Omella tenía un talante radicalmente distinto, más cercano a Francisco y más pastoral", resume Bastante. Con Argüello, ese equilibrio se ha desplazado hacia un discurso más confrontativo, que vuelve a situar el choque con el Gobierno como uno de los ejes centrales de la proyección pública de la Conferencia Episcopal.

Otro de los factores clave para entender el endurecimiento del discurso de Argüello es el desplazamiento progresivo de la Conferencia Episcopal Española como interlocutor central del Gobierno en los asuntos más sensibles de la relación Iglesia-Estado. En los dos grandes frentes abiertos en esta legislatura —la resignificación del Valle de Cuelgamuros y la reparación a las víctimas de abusos sexuales— el Ejecutivo ha optado por negociar directamente con el Vaticano.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tratado ambas cuestiones con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y con el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, convertido en España en el principal interlocutor de Roma. Esta estrategia ha dejado a la CEE en un segundo plano y ha evidenciado la falta de confianza del Gobierno en la capacidad de la actual cúpula episcopal para cerrar acuerdos estables, especialmente tras el fracaso del plan PRIVA, impulsado por Argüello.

El historiador José Ramón Rodríguez Lago, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidade de Vigo, interpreta este movimiento como una toma de posiciones ante un posible cambio de ciclo político. "Las declaraciones de Argüello y el contexto del nombramiento del nuevo nuncio apuntan a un retorno a estilos de confrontación episcopal propios de etapas como las de Suquía o Rouco frente a gobiernos socialistas", señala. A su juicio, la Iglesia española "está recuperando usos y discursos de etapas precedentes" en un momento en el que considera que el actual Ejecutivo se encuentra debilitado.

"Ahora mismo el Gobierno ha conseguido que Roma sea un interlocutor más directo que la propia Conferencia Episcopal y eso está en la base del cabreo interno de Argüello", resume Bastante.

El 2 de junio de 2018, Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y tomó posesión sin Biblia ni crucifijo, una imagen inédita en la democracia española que proyectaba una clara voluntad de separación entre la esfera civil y la religiosa. Aquel arranque, coherente con el discurso que el PSOE había mantenido durante años desde la oposición, alimentó la expectativa de una etapa de avances laicistas.

Sin embargo, el paso del tiempo y la gestión desde el Gobierno han rebajado notablemente ese listón. Aunque el Ejecutivo ha desarrollado una agenda legislativa —aborto, eutanasia, derechos LGTBI— frontalmente contraria a los postulados de la jerarquía católica, en el terreno específico de las relaciones Iglesia-Estado los cambios han sido limitados y siempre negociados. De esta forma, el PSOE ha ido retirando de sus programas la denuncia del Concordato y la supresión del IBI, y ha optado por una estrategia de diálogo institucional que evita tocar los pilares del estatus eclesial.

En fiscalidad, la Iglesia ha perdido exenciones como el ICIO y las contribuciones especiales, pero mantiene intacta la exención del IBI incluso en inmuebles de uso lucrativo. En materia patrimonial, el Gobierno ha reconocido cerca de un millar de inmatriculaciones indebidas, aunque sin promover reformas legales que faciliten su reversión. Además, el sistema del IRPF —más de 300 millones anuales— no solo se mantiene, sino que sigue garantizando a la Iglesia una posición económica sólida, sin avances hacia la autofinanciación prevista en los acuerdos de la coalición de Gobierno con Podemos en la segunda legislatura.

En algunas facultades de la Universidad de Málaga (UMA), los profesores han tenido que llevar folios desde casa para que sus alumnos puedan examinarse, las impresoras han llegado a estar bloqueadas salvo para lo imprescindible y los departamentos funcionan con presupuestos reducidos a lo básico. A pocos metros, grúas detenidas, edificios a medio construir y nuevas facultades inacabadas completan un paisaje que refleja hasta qué punto la precariedad de la institución es transversal. Una imagen que resume el momento que atraviesa la universidad pública andaluza, asfixiada por la falta de financiación de la Junta de Andalucía.

La UMA arrastra una infrafinanciación estructural que se traduce en un déficit superior a los 59 millones de euros anuales. Este agujero ha obligado al nuevo equipo rectoral a aplicar desde la pasada primavera un severo plan de ajuste. A finales de 2024, la Junta de Andalucía le concedió un préstamo extraordinario de 48,5 millones de euros, con un interés del 1%, destinado a garantizar el pago de nóminas y proveedores. Sin embargo, ese balón de oxígeno ha llegado acompañado de un mayor control financiero y de nuevas exigencias de ajuste por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

El caso guarda ciertas similitudes con lo ocurrido en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La mayor universidad presencial de España cerró 2024 con un déficit de 33,2 millones de euros y también tuvo que solicitar a la Comunidad de Madrid un préstamo de 34,5 millones para sostener su tesorería. El apoyo llegó, como en Málaga, ligado a un plan de ajuste prolongado que, en el caso madrileño, implica una retención del 35% del gasto operativo hasta 2028.

En Málaga, la tensión ha terminado por desbordar las aulas. Los estudiantes y docentes han vaciado clases, convocado paros académicos y protagonizado concentraciones ante el rectorado y durante actos institucionales desde el pasado curso. Plataformas como UMA por la Pública y los sindicatos denuncian una degradación progresiva de las condiciones de la enseñanza.

La escasez de recursos que denuncia la comunidad educativa se explica, en gran medida, porque la Universidad de Málaga es una de las peor financiadas del sistema universitario español. Según los datos de financiación por estudiante de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), la institución malagueña figura como la cuarta universidad pública peor financiada del país. Los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía indican que recibe 6.267 euros por estudiante, unos 678 euros menos que la media andaluza. Además, esta brecha no es casual, ya que desde 2012 la financiación autonómica destinada a la UMA ha caído del 15,1% al 13,8%.

Se trata de un problema que no afecta solo a Málaga, pero que allí se manifiesta con mayores consecuencias. "Si la financiación no crece, las universidades van a seguir tomando medidas que acaban afectando a las plantillas y al estudiantado", advierte José Luis Martos, secretario de Universidad de CCOO Andalucía, que sitúa el caso de la UMA como el ejemplo más extremo de un modelo que falla en toda la comunidad. Además, alerta de que nueve de las diez universidades públicas andaluzas cerrarán el ejercicio de 2025 en números rojos, frente a las cinco del año anterior.

Frente a esta situación de precariedad, la Junta de Andalucía sostiene que nunca antes se había destinado tanto dinero a la educación superior. Sin embargo, el conflicto no gira en torno al volumen global de los presupuestos, sino al incumplimiento reiterado del propio modelo de financiación aprobado por la administración autonómica para el periodo 2023-2027.

El principal punto de conflicto es la denominada cláusula de salvaguarda, una garantía incluida en ese modelo que debe asegurar que ninguna universidad pública reciba menos financiación que el año anterior, al margen de ajustes presupuestarios. En la práctica, esta protección no se ha aplicado, lo que ha dejado a universidades como la de Málaga con menos recursos reales para funcionar. A ello se suma la no actualización del capítulo 2, la partida destinada a cubrir los gastos básicos del día a día —luz, agua, limpieza, mantenimiento de edificios o material docente—, que no ha crecido al ritmo del aumento de los precios. "No estamos reclamando más dinero del pactado, sino que se cumpla lo que ya está firmado", subraya Salvador Pineda, portavoz de UMA por la Pública.

Pineda denuncia que, mientras el presupuesto universitario de la Junta ha crecido en torno al 1,9%, la inflación y el incremento de los costes energéticos, de servicios y de personal han avanzado a un ritmo muy superior. "Ese diferencial se va acumulando año tras año y termina estallando en forma de recortes", advierte. Recuerda además que la Junta anunció aportaciones extraordinarias de hasta 16 millones de euros adicionales para el conjunto de las universidades públicas andaluzas que nunca han llegado a ejecutarse.

Otra parte clave del problema de la Universidad de Málaga se explica por una cadena de decisiones que arranca antes de la pandemia, cuando la institución contaba con un elevado volumen de remanentes acumulados y decidió acometer grandes inversiones. Se iniciaron obras como la nueva Facultad de Psicología, el Pabellón de Gobierno, la Facultad de Turismo o la ampliación de Filosofía y Letras, todas ellas licitadas y en ejecución con respaldo presupuestario.

Esa planificación se rompió en 2020, cuando la Junta de Andalucía exigió a las universidades una aportación extraordinaria al Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19. A la UMA se le reclamaron 36 millones de euros de sus remanentes, una cantidad que la propia gerencia calificó entonces como "un recorte en toda regla". "Es como si empiezas a reformar tu casa porque tienes dinero en el banco y, a mitad de obra, te lo quitan", resume Martos.

La respuesta de la administración autonómica no fue una compensación directa ni la devolución de esos fondos, sino el préstamo de 48,5 millones de euros con un interés del 1% destinado a pagar las deudas con las constructoras y continuar con las obras. El representante de CCOO califica esta fórmula como una "intervención de facto de la universidad" por parte de la Junta.

El resultado es una institución en modo supervivencia que está trasladando los recortes al profesorado. Belén Casado, doctora en Derecho Civil y profesora de la UMA, denuncia que es la única universidad pública andaluza donde no se conceden sustituciones por bajas médicas o maternales. "Cuando alguien cae enfermo o se va de baja, el resto del departamento asume su docencia", explica.

Casado alerta también de que los recortes están teniendo un impacto económico directo. Desde 2024, los complementos retributivos reconocidos oficialmente no se están abonando, lo que está empujando a numerosos docentes a plantearse reclamaciones judiciales. "Estamos hablando de retribuciones concedidas, no de promesas futuras. Nos dicen que no hay dinero y que no saben cuándo se van a pagar. Eso genera una enorme inseguridad económica y personal", señala.

El bloqueo de las promociones agrava aún más el escenario. Según Casado, más de un centenar de docentes de la UMA han obtenido la acreditación para catedráticos o figuras superiores sin que se convoquen sus plazas, en contraste con lo que ocurre en otras universidades públicas andaluzas. "Hay compañeros acreditados desde hace más de un año, incluso año y medio, que siguen cobrando como titulares mientras ven cómo en Cádiz, Sevilla o Córdoba sí salen las plazas y otros colegas, acreditados en las mismas fechas, ya han promocionado", denuncia.

La precariedad alcanza incluso a la investigación y a la vida académica cotidiana. Las ayudas para proyectos y estancias se han reducido al mínimo o han desaparecido, lo que hace prácticamente inviable salir al extranjero o mantener líneas de investigación activas. Las bibliotecas carecen de presupuesto para renovar fondos y en los laboratorios se acumulan equipos averiados que no pueden repararse durante meses por falta de recursos. "Todo se está dosificando al límite, el material, el mantenimiento, los viajes y las actividades académicas. Vivimos en una lógica de racionamiento permanente", resume Casado.

"He pasado por tres operaciones, seis meses de quimioterapia, radioterapia y ahora tengo por delante siete años de hormonoterapia. Perdí mi negocio, mi fuerza y mi vida cambió para siempre. Todo por no llamarme a tiempo", relata Sofía, malagueña y paciente del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Se hizo la mamografía del programa público de cribado el 20 de agosto de 2024, pero nadie la llamó durante meses. Cuando por fin fue atendida, en enero de este año, el cáncer ya estaba en estadio tres y con metástasis en los ganglios linfáticos

La historia de Sofía no es una excepción. Tampoco lo son las de Amparo e Isabel, sevillanas y pacientes del Hospital Universitario Virgen Macarena, que atravesaron el mismo recorrido: mamografías sin respuesta, meses de silencio y diagnósticos tardíos que desembocaron en cirugías agresivas contra el cáncer de mama y tratamientos con secuelas irreversibles. Las tres desarrollaron cáncer tras los retrasos en los cribados y sus testimonios desmontan el relato defendido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Pese a la cantidad de casos de mujeres afectadas que han aparecido en los últimos meses, Moreno Bonilla aseguró este viernes en la presentación de su libro que al menos 23 mujeres —en torno al 1% del total— desarrollaron un tumor tras los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama. Frente a esa cifra, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) sostiene que al menos 301 mujeres han desarrollado cáncer, una cifra respaldada por historiales clínicos y que sigue aumentando conforme afloran nuevos casos. "No somos 23", insiste Sofía. "Solo en el grupo de afectadas en el que estoy somos más de 300 y todas con documentación".

Sofía intentó informarse por su cuenta cuando vio que pasaban las semanas sin noticias tras la primera mamografía. "Llamé para preguntar por el resultado y me dijeron que no me preocupara, que si no me llamaban era porque no corría prisa", recuerda. El informe de la prueba tardó más de un mes en elaborarse y, además, no estaba firmado por ningún radiólogo. Cuando finalmente fue citada en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, ya en enero de este año, la reacción de la especialista que la atendió fue inmediata. "Se llevó las manos a la cabeza cuando vio que habían pasado cinco meses desde la mamografía y me preguntó cómo era posible", relata.

En Sevilla, Amparo pasó por un silencio casi idéntico. Se hizo la mamografía en junio de 2023 y recibió el mismo mensaje tranquilizador. "Me dijeron que si en 10 o 15 días no me llamaban, que estuviera tranquila", recuerda. Pasó todo el verano sin recibir ninguna notificación y no fue hasta septiembre cuando la citaron para pruebas complementarias y, tras semanas de nuevas exploraciones, llegó el diagnóstico definitivo. "En noviembre me dijeron que tenía cáncer y que me tenían que hacer una doble mastectomía. Entre la mamografía y la operación pasó casi un año", explica.

El caso de Isabel se remonta aún más atrás. Se sometió al cribado en agosto de 2022 y durante meses no recibió ninguna información. En diciembre le repitieron la prueba y le practicaron una biopsia, pero el silencio volvió a imponerse. Nadie la llamó para comunicarle el resultado. "Me enteré de que tenía cáncer porque fui a mi médico de cabecera a preguntar. Miró el ordenador y me dijo que tenía cáncer'", detalla. No tenía ninguna cita programada para que le explicaran el diagnóstico ni para iniciar el tratamiento. "Si no llego a preguntar, no sé cuánto tiempo habría pasado. Tenía cuatro tumores y estaba haciendo vida normal", añade.

Cuando el diagnóstico llegó, en los tres casos el cáncer ya exigía tratamientos intensivos, pero las consecuencias han sido distintas en cada historia. En Málaga, Sofía ha pasado por tres cirugías, seis meses de quimioterapia y sesiones de radioterapia, y continúa con un largo tratamiento de hormonoterapia e inmunoterapia. "Mi cuerpo ya no responde como antes porque me mareo y me caigo al no tener fuerza y hay días que no puedo ni levantar el brazo con normalidad", explica.

En Sevilla, Amparo sufrió seis meses de quimioterapia, 18 sesiones de inmunoterapia y 25 de radioterapia tras la doble mastectomía. Además, los efectos del tratamiento derivaron también en una secuela física. "De tanto tratamiento se me necrosó la cadera y este año me han tenido que poner una prótesis y ahora no voy a poder correr nunca más", relata. Además, denuncia que parte de su atención se realizó tras una derivación a centros privados. "La reconstrucción del pecho fue en un hospital privado y la operación de la cadera en Quirón. Yo no tengo seguro privado y fui derivada por la Seguridad Social".

Isabel pasó por una mastectomía completa con reconstrucción tras meses sin diagnóstico y sufrió graves complicaciones posteriores. "Tuve trombos, infecciones quirúrgicas y una bacteria del quirófano, lo que me llevó a pasar todo el mes de junio ingresada". También continúa con tratamiento hormonal y con secuelas físicas que condicionan su vida diaria. "Cuando escucho que dicen que somos 23, se me revuelve el estómago".

Al impacto del diagnóstico tardío y de los tratamientos agresivos, las afectadas suman la herida de la deslegitimación pública por parte de la Junta de Andalucía. Desde que estalló la crisis de los cribados, el Gobierno andaluz ha cuestionado reiteradamente los testimonios de las mujeres y el papel de la asociación AMAMA, acusándolas de generar alarma social e incluso de mentir.

El propio Juanma Moreno Bonilla ha llegado a asegurar que las críticas al sistema sanitario andaluz "hacen dudar a la ciudadanía" y que algunas denuncias están "sobredimensionadas". En sus declaraciones más recientes, el presidente incide en dicho relato al minimizar el alcance del problema a alrededor de una veintena de casos. Un mensaje que las afectadas han sufrido como un nuevo golpe. "Duele muchísimo escucharlo, es volver a revivirlo todo otra vez y demuestra una falta total de empatía", incide Amparo. 

El tono se ha endurecido también desde la Consejería de Salud. El actual consejero, Antonio Sanz, ha acusado a AMAMA de "verter injurias y calumnias" contra la Junta y ha restado gravedad a las denuncias de las afectadas. "Nos han llamado exageradas, alarmistas, que damos miedo a la gente, pero yo tengo fechas, informes y documentación. No hablo de oídas y no me invento nada", denuncia Sofía

Desde AMAMA recuerdan que las cifras que manejan no son estimaciones ni opiniones, sino historias clínicas y expedientes contrastados. La asociación ha presentado más de 25 denuncias y prepara nuevas reclamaciones por responsabilidad patrimonial. "Vamos a denunciarlas todas para que no puedan seguir diciendo que mentimos", añade Amparo.

Sofía pone palabras a un sentimiento compartido por muchas de las afectadas: "Asumo que tengo cáncer, lo que no asumo es que me hayan abandonado". Para las víctimas, el problema no se reduce a un fallo administrativo puntual, sino a una cadena de retrasos que ha tenido consecuencias irreversibles. "Nadie ha explicado todavía dónde estuvo el error", denuncian.

Las historias de Sofía, Amparo e Isabel ponen rostro y contexto a una crisis que la Junta de Andalucía ha tratado de acotar a una cifra mínima. Sus diagnósticos tardíos, los tratamientos posteriores y las secuelas que arrastran evidencian que el alcance del problema va más allá de lo reconocido oficialmente. Una realidad documentada por la asociación AMAMA y por los historiales clínicos de las propias afectadas, que desmienten que el impacto de los fallos en los cribados pueda reducirse a tan solo una veintena de casos.

"A las tres de la mañana ya no sabía si lo que estaba diciendo era verdad o si estaba exagerando por puro cansancio". Así recuerda la anestesista Itziar Insausti un momento de crisis que vivió la semana pasada. Llevaba más de veinte horas seguidas de trabajo en el Hospital de La Paz cuando los cirujanos la llamaron para valorar a un paciente con una infección grave. No era una urgencia inmediata, pero sí una operación que, si se retrasaba demasiado, podía costarle la vida al enfermo. "Yo era la anestesista más senior de la guardia y me tocaba decidir si lo operábamos ya o si podíamos esperar a primera hora de la mañana, cuando todos estuviéramos descansados", explica. "Pero estaba tan agotada que no tenía certeza de si mi criterio era real o era fruto de la fatiga. Después de 20 horas ya no sabes si decides bien".

La urgencióloga Mar Laínez describe una escena similar en su servicio en el Hospital de Móstoles. "Cuando llevas desde las ocho de la mañana trabajando y siguen entrando pacientes a las dos, a las cuatro o a las seis de la madrugada, no puedes más. A esas horas no eres la misma médica, no tomas decisiones igual de rápidas y el paciente lo nota. Es inhumano trabajar 24 horas seguidas con este nivel de estrés", denuncia. Ambas acumulan años de carrera, noches enlazadas y decisiones críticas bajo una fatiga que reconocen como el mayor enemigo dentro del hospital. "En todas mis salidas de la guardia me llevo en la cabeza a algún paciente con el que dudo si habría actuado mejor estando descansada", confiesa Laínez. Sus voces reflejan el malestar que ha empujado a miles de médicos a una huelga nacional de cuatro días, celebrada esta semana, para rechazar el borrador del nuevo Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. La protesta ha coincidido con un nuevo intento de negociación entre el Comité de Huelga —formado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz— y el equipo de la ministra Mónica García. Un encuentro, celebrado este jueves, que terminó sin avances relevantes. Aunque Sanidad ha retirado el ultimátum de mantener su propuesta y se ha comprometido a seguir negociando el próximo 17 de diciembre, los sindicatos insisten en que el contenido del texto sigue sin incorporar ninguna de las cuestiones de fondo que les han llevado al conflicto.

La situación de desacuerdo resulta especialmente llamativa porque al frente del Ministerio de Sanidad se encuentran dos dirigentes que conocen de primera mano esa realidad asistencial. Tanto la ministra, Mónica García, como el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, han sido médicos en activo hasta hace relativamente poco tiempo y han trabajado en hospitales públicos sometidos a las mismas dinámicas que denuncian los profesionales en huelga. Esa trayectoria previa, que durante años les ha situado del lado de las reivindicaciones laborales y de la crítica a la sobrecarga del sistema, ha intensificado la frustración ante un texto que consideran insuficiente. "Precisamente porque saben lo que es una guardia, duele más que no hayan ido más lejos", lamenta Insausti.

Las experiencias que describen ambas facultativas reflejan las razones por las que los médicos han llegado a este punto. Los sindicatos denuncian que el problema central es que siguen existiendo jornadas que pueden alargarse hasta 24 horas seguidas, unas condiciones que consideran "insostenibles" tanto para quien trabaja como para quien es atendido. "Somos la única categoría sanitaria que está 24 horas seguidas trabajando. Vemos pasar tres turnos de enfermeras, de técnicos y de celadores y nosotros seguimos ahí, sin relevo", recuerda Insausti.

Por ello, una de las principales reclamaciones es eliminar estas guardias encadenadas. Según los profesionales, el borrador del nuevo Estatuto Marco no corrige esta situación, sino que la maquilla al establecer que "la jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo en los días laborables". "El Ministerio dice que ya no habrá guardias de 24 horas, pero es falso, ya que entre semana las llaman de 17 horas, pero se hacen a continuación de una jornada ordinaria de siete u ocho horas, y los fines de semana directamente lo permiten", denuncia Insausti.

Otra de las cuestiones que reclaman con fuerza es que las guardias sigan considerándose "jornada complementaria". Dicha categoría provoca, según los sindicatos, que estas horas se paguen por debajo de la jornada ordinaria y que, además, no cuenten como tiempo de trabajo real. Es decir, no tienen el reconocimiento que sí tendría una hora extraordinaria. "Las guardias no cuentan para nada, no computan para jubilarte y no te reducen la jornada, pero sin ellas no llegas a fin de mes porque el sueldo base es muy bajo", denuncia Laínez.

La regulación de la jornada real es otro punto clave. Los médicos denuncian que el borrador deja intacta la expresión "necesidades del servicio", un concepto amplio que, en la práctica, actúa como una cláusula de escape. Esta fórmula permite a los centros sanitarios ampliar horarios, imponer más guardias de las previstas o modificar los turnos cuando falte personal, algo frecuente en servicios tensionados como urgencias, anestesia o cuidados intensivos. Según los profesionales, esta coletilla convierte en ineficaz cualquier límite horario teórico porque "basta con invocarla para programar semanas de cincuenta o sesenta horas, cubrir ausencias inesperadas o compensar plantillas insuficientes". "Si la ley deja esa puerta abierta, seguiremos con cinco guardias al mes y con déficits estructurales que se tapan a base de cansancio médico", advierte Insausti.

En cambio, el Ministerio de Sanidad defiende que su propuesta supone "el mayor avance en veinte años" y "un intento real" de mejorar las condiciones de un sistema que arrastra carencias desde hace tiempo. El departamento de Mónica García subraya que el texto introduce por primera vez un límite explícito a la jornada, que reduce la duración máxima de las guardias y que refuerza los descansos obligatorios.

El debate competencial también está dificultando alcanzar ciertos acuerdos respecto a los puntos más sensibles de la negociación. El equipo de Mónica García insiste en que el Estatuto Marco es una ley básica que debe respetar el reparto territorial de la sanidad, y que determinadas reclamaciones —como las retribuciones o las políticas de contratación— dependen exclusivamente de las comunidades autónomas. Los médicos, sin embargo, sostienen que ese argumento no puede servir para bloquear los cambios esenciales. Recuerdan que el Estado sí tiene la capacidad de fijar las bases del régimen estatutario, los límites de jornada, la definición de lo que es una guardia y los descansos mínimos que garanticen la seguridad del paciente.

"Las jornadas ordinarias de 35 horas dependen de cada comunidad, igual que el precio de la hora de guardia, pero la regulación  del tipo de descanso obligatorio y los límites de tiempo de trabajo es algo que tiene que fijar el Estado", aclara Laínez. Para los sindicatos, el problema no es jurídico sino político, ya que durante dos décadas "ningún Gobierno ha querido reordenar un sistema que sobrevive gracias a la disponibilidad ilimitada de sus médicos". "Defender nuestras condiciones laborales es defender la seguridad del paciente. Eso es exactamente lo que hacemos cuando vamos a la huelga", recuerda la urgencióloga.

El enfrentamiento actual no puede entenderse sin mirar atrás. El Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal estatutario se aprobó en 2003, durante el segundo Gobierno de José María Aznar. Desde entonces, apenas se ha tocado pese a que el sistema sanitario se ha visto afectado por un aumento de la presión asistencial, plantillas ajustadas, un incremento constante de las urgencias y una estructura organizativa que no se parece a la de hace veinte años. Además, la descentralización ha provocado que cada comunidad autónoma haya ido gestionando sus recursos humanos de forma distinta, lo que ha generado un mosaico desigual de horarios, retribuciones, ratios de personal y niveles de estabilidad. 

Para Insausti, esta reforma es "la única oportunidad" para corregir un marco que ha quedado obsoleto. "No puede ser que cada comunidad funcione con reglas propias sin unos mínimos comunes. Pedimos un texto que impida jornadas de 24 horas y que reconozca nuestro trabajo como lo que es." Laínez coincide en que la normativa vigente ha dejado a los profesionales expuestos a decisiones unilaterales de cada consejería. "El Estatuto actual no protege. Permite diferencias abismales y fomenta la precariedad. Necesitamos una actualización real, no un lavado de cara."

Cuarenta y seis años después, la Universidad Complutense ha vuelto a pronunciar en voz alta lo ocurrido el 13 de diciembre de 1979. Lo ha hecho en la Facultad de Ciencias de la Información, donde este viernes se ha inaugurado en la quinta planta el mural que recupera la pintada hallada hace un año con una frase casi borrada y dos nombres que durante décadas habían quedado sepultados bajo capas de pintura y un silencio institucional prolongado. José Luis Montañés Gil, de 22 años, estudiante de Ciencias Políticas, y Emilio Martínez Menéndez, de 20, alumno de Ingeniería Industrial, murieron por disparos policiales tras una jornada de movilizaciones estudiantiles contra la Ley de Autonomía Universitaria. Aquella pintada —"José Luis, Emilio, no os olvidamos"— fue la prueba de que, pese al paso del tiempo, su recuerdo había resistido en los márgenes.

"Su nombre, su historia y su ausencia forman parte de una herida que aún duele", ha resumido Javier Montañés, hermano de José Luis, en una de las intervenciones que han marcado la jornada. "La memoria no es venganza, es la base mínima de una democracia", ha insistido. A su lado, Mari Carmen Martínez, hermana de Emilio, ha agradecido que la universidad y las nuevas generaciones hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano. "Ver este mural y escuchar hoy a los estudiantes de la época es una forma de reparación después de tantos años", ha celebrado, subrayando la importancia de que la memoria "salga por fin del ámbito privado y se convierta en un reconocimiento colectivo".

La inauguración del mural, obra de Alicia León Gordo, ha sido el eje simbólico de una jornada de charlas que ha reunido a instituciones, familias y al movimiento estudiantil. El acto ha querido convertir el hallazgo de la pintada en una reparación pública, con el impulso de la facultad y la participación del Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, además del acompañamiento de infoLibre, que ha apoyado el proyecto y ha participado en el arranque institucional.

El bloque dedicado a las familias ha sido el más emocionante de la jornada. Mari Carmen Martínez ha recordado a Emilio como un joven profundamente comprometido desde muy temprano, con quien hablaba de política y de la Transición. Además, ha relatado el impacto devastador de su muerte en "una familia que no entendía cómo la policía podía disparar contra un hijo que no era un delincuente". "Fue muy duro asumirlo, y lo fue aún más el silencio posterior", ha señalado. Pero también ha destacado el valor del momento actual y ha agradecido que la Universidad y los estudiantes hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano.

Javier Montañés ha insistido en que el recuerdo de José Luis no puede quedar reducido a una nota a pie de página. Ha descrito a su hermano como un joven con "hambre insaciable de leer y conversar", comprometido con el estudio y la solidaridad. "A José Luis y a Emilio los asesinó la policía con su arma reglamentaria. Sus únicas armas eran su voz y su lucha", ha recordado. Montañés ha defendido que "recordar no es reabrir heridas, es evitar que se repita la impunidad".

La importancia del homenaje también ha residido en su respaldo institucional. Tanto la Secretaría de Estado de Memoria Democrática como infoLibre, que han financiado parte de la reconstrucción del mural, han subrayado el acto como "un paso necesario" para convertir la memoria en reparación pública. Carmina Gustrán, comisionada de los 50 años de España en Libertad, ha advertido de que la democracia no llegó de forma plena con el final del franquismo: "En 1975 no llegó ni la libertad ni la democracia". "Actos como este nos recuerdan el muchísimo trabajo que queda por hacer y la necesidad de celebrar el pasado con espíritu crítico", ha insistido.

Por parte de infoLibre ha intervenido Jesús Maraña, director editorial del periódico, que ha vinculado memoria y presente desde su experiencia como estudiante en la Complutense en aquellos años. Ha recordado la movilización estudiantil de 1979 y ha cuestionado el relato de una Transición modélica. "Cuando se insiste en la imagen de una Transición pacífica se está falseando la historia", ha afirmado. "La democracia no cayó del cielo, se construyó con conflicto, con represión y con un coste humano que no podemos permitirnos olvidar", ha insistido.

La mesa dedicada al movimiento estudiantil ha trazado un hilo continuo entre el 13 de diciembre de 1979 y la universidad actual, mostrando que cambian las formas, pero no las lógicas de control y represión. Desde el movimiento del 79 se ha situado la muerte de José Luis y Emilio en un contexto de violencia estructural y de continuidad de prácticas franquistas en las fuerzas de seguridad. Ramón Adell, sociólogo y entonces activista estudiantil, ha señalado que "las tácticas policiales no se habían democratizado y la impunidad era total", y ha recordado la actuación sin consecuencias de grupos de extrema derecha dentro y fuera de la universidad.

Otros participantes han rechazado cualquier lectura edulcorada de aquel periodo y han subrayado que la lucha contra la Ley de Autonomía Universitaria iba mucho más allá de una norma concreta. Mauricio Gallego, abogado y miembro del movimiento estudiantil de la época, ha defendido que "no peleábamos solo contra la LAU, peleábamos contra un sistema que quería cerrar en falso la Transición".

Sobre el 13 de diciembre, la mesa ha sido explícita. Carlos Tejero, que estuvo presente en aquella manifestación, ha sostenido que "ese día alguien dio la orden de ahogar en sangre la movilización", insistiendo en que las muertes no fueron un exceso aislado, sino el resultado de una estrategia represiva. La campaña posterior de descrédito mediático también ha sido señalada como una pieza clave de la impunidad. Adell ha resumido esa violencia prolongada con una frase contundente: "A José Luis y a Emilio no solo los ha matado la policía, los han rematado los medios".

Ese pasado ha encontrado un reflejo directo en las intervenciones del movimiento estudiantil actual. Las voces jóvenes han descrito una universidad donde la represión ya no suele expresarse en disparos, pero sigue presente en campus militarizados, sanciones, vigilancia y límites al derecho de protesta. Fran Flecha, del movimiento libertario, ha advertido de que "la violencia continúa aunque no termine en muertes", vinculando estas prácticas a desahucios, cargas policiales y control del espacio público.

Al mismo tiempo, se ha reivindicado la continuidad de la lucha. La defensa de lo público y de la autonomía universitaria ha aparecido como un eje compartido entre generaciones, junto a la preocupación por la derechización de una parte de la juventud. Frente a ese avance, se han puesto en valor las resistencias que se articulan desde el feminismo, los movimientos queer y las asambleas estudiantiles. María Prieto, de la Acampada por Palestina, ha resumido ese hilo de continuidad entre generaciones con una idea clara: "No hemos heredado una lucha cerrada, seguimos en la misma".

La jornada ha culminado con la inauguración del mural en la quinta planta de la facultad. Aquella pintada mínima que decía "José Luis, Emilio, no os olvidamos" ha dejado de ser un rastro casi borrado para convertirse en una afirmación pública y permanente. La Complutense no solo ha homenajeado a José Luis y Emilio, sino que ha convertido la memoria en un acto presente y colectivo.

Más de cinco años después de la primera ola de la pandemia, la investigación penal por las 7.291 muertes en las residencias de Madrid ha dado por fin sus primeros pasos reales en dos juzgados. Por primera vez, un ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo, ha declarado como imputado. Se trata de uno de los autores de los Protocolos de la Vergüenza —desvelados por infoLibre— y ha admitido en sus declaraciones judiciales de esta semana en Plaza de Castilla y Collado Villalba que sus criterios fueron "discriminatorios". Ahora deberá entregar los correos y mensajes con los que afirma haber trasladado su rechazo interno en marzo de 2020.

Ese requerimiento no es un trámite menor, ya que es la primera vez que un juez obliga a un investigado clave a respaldar con pruebas la versión con la que intenta reducir su responsabilidad. No obstante, la sensación de avance también se ha visto acompañada de un elemento de bloqueo. Carlos Mur, el director general que firmó los protocolos, y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112, no han comparecido en ninguna de las dos citaciones pese a estar imputados. Los juzgados alegan que no han podido localizarlos, aun cuando ambos han sido notificados en causas anteriores, ya que han declarado como testigos en procedimientos previos y han ejercido funciones públicas perfectamente identificables. 

La abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, señala a infoLibre que los procesos por fin "van tomando cuerpo", pero requieren que la Justicia actúe con celeridad. Considera imprescindible que los juzgados localicen a los dos investigados ausentes, coordinen las distintas causas abiertas y despejen el escenario para que las próximas diligencias avancen sin nuevos bloqueos. Jacinto subraya que "estamos un paso más adelante que la semana pasada", pero recuerda que, tras casi seis años, la lentitud judicial amenaza con vaciar de sentido cualquier investigación. 

Las dos declaraciones de Francisco Javier Martínez Peromingo han mantenido un mismo relato. Reconoció ante los jueces de ambos procedimientos que las primeras versiones de los criterios de exclusión aplicados en marzo de 2020 fueron discriminatorias y que las residencias nunca llegaron a estar medicalizadas. También afirmó haber trasladado a Mur su oposición por escrito —mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp— y trató de situarse como un técnico que ejecutaba órdenes con las que no coincidía.

Pero esa estrategia, según las acusaciones, intenta desdibujar su papel real. La documentación aportada por las asociaciones lo sitúa como coeditor y partícipe directo en la elaboración de los documentos que luego justificaron la no derivación hospitalaria de miles de mayores. "No puede presentarse como un mero receptor", explica Jacinto. Además, la abogada añade que el propio Peromingo redactó un protocolo técnico diferente a los firmados por Mur que también tenía "un carácter absolutamente discriminatorio”.

Ante las dudas que genera el propio relato de Peromingo —que intenta presentarse como un opositor a unos protocolos que él mismo ayudó a redactar—, el magistrado de Collado Villalba le ha exigido que aporte las comunicaciones que respalden su versión. Sin embargo, Jacinto, alerta de que esas pruebas podrían no ser tan concluyentes como sugiere el imputado. "Habrá que ver qué aporta, ya que puede ser un correo aislado, un matiz técnico o algo que exprese cierta duda pero que no modifique en absoluto su papel como coeditor. Quizá no estemos ante una oposición firme, sino ante comunicaciones que, cuando las veamos, no sean para tanto", detalla. 

Mientras Peromingo redefine su papel, la ausencia reiterada de los otros dos imputados amenaza la consistencia de la investigación. Carlos Mur y Pablo Busca han mantenido su estrategia de no comparecer tanto en Plaza de Castilla como en Collado Villalba. Es la tercera incomparecencia de Mur y la segunda consecutiva de ambos como imputados. Los juzgados insisten en que no han logrado notificarles, pero el argumento resulta difícil de sostener, ya que Mur ha declarado como testigo en varias ocasiones y continúa ejerciendo como médico, y Busca trabaja para el Gobierno vasco.

La acusación ha reclamado que, además de subsanar la falta de esfuerzos efectivos, los juzgados se coordinen entre sí, empleen domicilios profesionales o recurran a otro tipo herramientas para evitar unas ausencias que parecen responder también a un cálculo procesal. "No descarto que estén esperando a conocer la versión de Peromingo antes de declarar", señala Jacinto. Para la abogada, retrasar su comparecencia les permite calibrar qué ha dicho el coeditor del documento y ajustar después su relato, incluso tratando de desplazar hacia él la responsabilidad técnica. 

Jacinto teme que estemos ante un escenario en el que "cada uno vaya pasando la responsabilidad al otro", y recalca que solo las declaraciones de los tres permitirán determinar si hubo autoría directa, coautoría o incluso autoría mediata, es decir, decisiones tomadas desde niveles superiores de mando.

Tras dos días de declaraciones, las asociaciones de familiares coinciden en que se ha producido el avance más significativo en años, pero que persisten los mismos obstáculos que han frenado la investigación desde 2020. María Jesús Valero, presidenta de Verdad y Justicia, destaca la importancia de que Peromingo haya reconocido como imputado el carácter discriminatorio de los protocolos, pero recuerda que el avance llega “seis años tarde” y sigue incompleto mientras dos de los tres investigados continúan sin comparecer. 

Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias, pone el foco en que está quedando demostrado en sede judicial que la discriminación no solo se produjo en las derivaciones hospitalarias, sino también en la ausencia sistemática de atención dentro de los centros. “Ni entraban médicos ni se permitía salir a los hospitales. Esa omisión es parte esencial del delito”, subraya. 

La portavoz advierte además de que la comparecencia de Mur y Busca es crucial para evitar un nuevo bloqueo. "Si vuelven a no comparecer, el mensaje para las familias es devastador", detalla. Valero denuncia que las familias "siguen atrapadas en un sistema que funciona demasiado despacio para quien ya ha perdido demasiado". "La justicia, si llega tan tarde, deja de ser justicia", concluye.

El juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha dado este miércoles un paso relevante en la investigación penal por las 7291 muertes en residencias. El magistrado ha solicitado a Francisco Javier Martínez Peromingo que entregue los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en los que, según él mismo ha declarado, expresó a Carlos Mur su rechazo a los criterios de exclusión aplicados a los mayores durante la pandemia. Aquellas discrepancias se habrían producido en marzo de 2020, cuando Mur dirigía la Coordinación Sociosanitaria y Peromingo coordinaba el grupo técnico encargado de redactar los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre.

Peromingo ha vuelto a afirmar que comunicó su desacuerdo "por escrito" a través de mensajes de Whatsapp y correo electrónico y ha calificado como "discriminatorias" las primeras versiones de dichos documentos. Por ello, el magistrado quiere comprobarlo y ha pedido formalmente esa documentación.

Según la acusación, la declaración de Peromingo ha sido más detallada que la del martes en Plaza Castilla. Aunque ha vuelto a negarse a responder a las acusaciones particulares, sí ha contestado a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su defensa. En su relato ha insistido en que Mur fue quien asumió la responsabilidad final de los protocolos y que él trató de matizar criterios que consideraba excluyentes. También ha señalado que la prometida "medicalización" no llegó a la mayoría de las residencias.

No obstante, lo que distingue la jornada judicial es la exigencia de acreditar documentalmente ese desencuentro interno. "Si existen esos correos o WhatsApps, deben constar en la causa. Y si no existen, será igualmente relevante", explica Javier Castillo, abogado de la familia querellante.

Sin embargo, Carlos Mur y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112, han vuelto a no comparecer. El juzgado asegura que no ha podido notificarles en los domicilios facilitados, pese a varios intentos. La acusación considera que ya no puede hablarse de simples problemas de localización. "Es incomprensible que dos personas con relevancia pública sigan evadiéndose de la Justicia", denuncia Castillo. "Si esto continúa, solicitaremos que se activen todas las medidas necesarias, incluida la búsqueda y captura".

Castillo explica que propondrán nuevas direcciones para intentar localizar a ambos investigados y que el juzgado deberá valorar "as medidas proporcionadas" para asegurar su comparecencia. "La ley actúa de la misma manera para cualquier persona que evita una citación judicial", recuerda.

La instrucción continúa el próximo lunes 15, cuando declararán personal médico y el geriatra de enlace del Hospital Puerta de Hierro, responsable de aplicar los criterios en la zona. "Estamos por fin en una fase de investigación real, después de años de parálisis", concluye el abogado. "Ahora necesitamos que todos los investigados comparezcan y que se aporte la documentación. La verdad depende de eso".

"Decían que estaba bien mientras se estaba muriendo y le negaron el traslado al hospital porque vivía en una residencia. Eso es discriminación y por eso estamos aquí, tantos años después". Con esta mezcla de agotamiento y determinación Bárbara explica a infoLibre por qué decidió llevar ante la justicia la muerte de su padre —una de las 7291 personas fallecidas en las residencias madrileñas durante la primera ola del covid—. Su querella es la que ha obligado a que este miércoles los tres ex altos cargos vinculados a los 'Protocolos de la Vergüenza' —desvelados por este periódico— estén citados a declarar como investigados en el Juzgado de Collado Villalba. Su causa es una de las ocho que han logrado romper años de bloqueos, archivos y dilaciones.

Sin embargo, lo ocurrido este martes en Plaza de Castilla —un anticipo de lo que podría repetirse este miércoles— la ha dejado con sentimientos encontrados. El Juzgado de Instrucción 23 había citado a los tres ex altos cargos implicados en los 'Protocolos de la Vergüenza' como investigados por otra querella distinta, pero solo compareció Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los principales responsables del diseño de esos protocolos. El juzgado afirmó no haber podido localizar ni al ex director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, ni al ex gerente del SUMMA 112, Pablo Busca, pese a varios intentos de citación. Una situación que la acusación considera "injustificable".

En la sala, Peromingo reconoció ante la jueza que los protocolos existieron y eran discriminatorios, un hecho que las familias llevan años intentando que se admita en sede judicial. "Te enfada y te desanima, porque es siempre lo mismo", admite Bárbara. "Pero que Peromingo haya dicho que los protocolos existieron y que eran discriminatorios es un paso. Pequeño, pero un paso".

Esta no es la primera vez que Bárbara acude a la Justicia. En 2020 presentó una denuncia centrada en la responsabilidad política durante la pandemia con la que logró que Carlos Mur declarara como testigo en 2023. Aquella vía terminó de nuevo cerrada, pero la familia no perdió la esperanza. Ahora, ya integrada en la macrodenuncia coordinada por las asociaciones, que investiga un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, ha conseguido que los tres exdirectivos estén citados este miércoles como investigados. "Ojalá acudan los tres, si no será otro golpe", reconoce. "Pero por lo menos ya no pueden fingir que nunca hubo protocolos. Hoy se ha dicho ante una jueza, por fin".

El padre de Bárbara llevaba dos años viviendo en la residencia Sanitas de Torrelodones, en Madrid. Pese a su deterioro cognitivo avanzado, estaba estable y bien atendido, pero todo cambió con la pandemia. Las visitas se cancelaron de un día para otro y la comunicación quedó reducida a una aplicación interna que apenas ofrecía información. "De repente ya no podíamos verlo, ni hablar con él ni saber nada. Dependíamos de mensajes sueltos en una aplicación y preguntábamos, pero era desesperante porque nunca sabíamos nada", relata.

A partir de ese momento, comenzaron a observar cambios de habitación sin explicación, comunicaciones confusas, medicación administrada sin previo aviso y, sobre todo, la sensación de que nadie supervisaba realmente el estado del residente. "Supimos por casualidad que le habían puesto un antibiótico. Preguntamos por qué y nos dijeron que tenía infección de orina, pero sin detalles y sin una sola llamada médica", recuerda Bárbara. "Era como si la información estuviera restringida. Como si no quisiéramos saber más de la cuenta".

La falta de atención médica era evidente incluso a distancia. El hombre estuvo días sin ser visto por un facultativo pese a tener fiebre, heridas y signos claros de empeoramiento. "Había jornadas enteras en las que no entraba un médico en su habitación y, cuando llamábamos, no cogían el teléfono o nos decían que ya nos informarían. Vivíamos en la incertidumbre absoluta", denuncia.

Mientras a otros residentes sí se les realizaban pruebas diagnósticas de covid mediante la sanidad privada —según pudo saber la familia—, a él nunca le practicaron un test, pese a las insistentes peticiones. La residencia respondía que estaba "estable", aunque sufría fiebre persistente, una infección sin resolver en el sacro, heridas sin tratar y una saturación de oxígeno cada vez más baja. "Decían que estaba como siempre, pero estaba enfermo y nadie lo valoraba", recuerda.

El momento más doloroso llegó cuando, tras diez días de empeoramiento, un médico llamó por fin a la familia. Les comunicó que habían consultado con los geriatras del Hospital Puerta de Hierro, pero que el traslado estaba descartado. "Nos dijeron claramente que no podían llevarlo al hospital, que esa opción no existía para él, y ahí se te cae el alma", relata Bárbara.

A partir de entonces solo quedaba esperar. Su estado era crítico, pero aun así no recibió valoración hospitalaria al no contemplarse el traslado. La familia vivió esas horas finales como un desamparo absoluto. "El día que nos llamaron para despedirnos fue devastador. Me dijeron que estaba saturando muy poco oxigeno, con fiebre muy alta, y que le iban a poner morfina. Cuando llegamos, ya no se enteraba de nada y fue horrible", recuerda.

Como tantas otras familias, Bárbara interpuso en 2020 una primera denuncia dirigida contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero Enrique Ruiz Escudero y diez directores de residencias madrileñas. Formaba parte de una oleada de denuncias que señalaban la gestión política de la pandemia. "La cerraron, la abrieron, la volvieron a cerrar, por lo que fue un ir y venir constante", recuerda. "Siempre parecía que faltaba algo, que había que esperar, que no tocaba investigar".

Ese procedimiento solo logró un avance parcial ya que en 2023, y gracias a la insistencia de la familia, Carlos Mur declaró como testigo. No obstante, la causa terminó archivada de nuevo. "Fue muy frustrante. Sentías que cada paso se daba para ganar tiempo, que querían que nos cansáramos y abandonáramos", relata.

La diferencia llegó con las nuevas querellas basadas en el delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, un enfoque jurídico impulsado por las asociaciones de familiares y que ahora guía la investigación. Esta vía ha permitido sortear los archivos masivos y abrir diligencias que señalan directamente a quienes firmaron y aplicaron los Protocolos de la Vergüenza. "Sin esta vía, nada de esto existiría", reconoce Bárbara. "Es la primera vez que vemos una investigación penal centrada en lo esencial debido a que a nuestro padre no se le trasladó porque vivía en una residencia. Eso no es un fallo médico, es una orden".

Bárbara afronta la jornada de este miércoles con serenidad, pero también con una advertencia: "Hemos visto demasiados retrasos y no queremos otro intento fallido. Que vayan, que declaren y que expliquen por qué se tomaron esas decisiones. Sin eso, no habrá justicia, pero no vamos a rendirnos".

Javier Martínez Peromingo, ideólogo de los Protocolos de la Vergüenza y sucesor de Carlos Mur al frente de la dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha afirmado en su declaración como investigado que dichos protocolos “fueron discriminatorios”. En su comparecencia, Peromingo, al igual que hizo cuando compareció como testigo, ha incriminado a Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, como principal responsable. Además, ha afirmado que las residencias de la Comunidad de Madrid no estaban medicalizadas en esa primera ola de la pandemia en la que murieron 7291 personas. No obstante, la defensa cree que estuvo implicado y que formó parte de “esta acción colectiva”.

Solo uno de los tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso vinculados a las muertes en las residencias, junto al geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, ha acudido a su declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción 23 de Plaza de Castilla. Los otros dos investigados, Carlos Mur y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, no han comparecido debido a que el juzgado alega que no han podido ser citados al no haber sido posible contactar con ellos. 

Ante la incomparecencia de los dos exdirectivos, la abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, asegura que elevará a la jueza dos órdenes de busca y captura para que tanto Busca como Mur "no puedan seguir eludiendo la acción de la Justicia y burlándose del dolor de las víctimas". No obstante, Jacinto ha querido incidir en que no se ha podido localizar a estas dos personas, pero que Busca está trabajando en el Gobierno Vasco y Mur sigue ejerciendo la medicina.

La sesión ha avanzado con nuevos detalles sobre cómo se aplicaron aquellos criterios durante la primera ola. Según la acusación, Peromingo ha explicado también ante la jueza que las objeciones que trasladó a Mur —por escrito, por correo y por mensajes telefónicos— nunca derivaron en una modificación sustancial del funcionamiento real del sistema, que siguió impidiendo derivaciones hospitalarias en miles de casos. Sin embargo, la abogada sostiene que esos reparos formales no pueden ocultar su responsabilidad: "Reconoce que participó en la redacción de las distintas versiones y que se mantuvo en el cargo mientras el protocolo se ejecutaba. Sin su intervención, esos documentos no habrían tenido forma ni aplicación".

También ha declarado el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, encargado del triaje telefónico con varias residencias. Su testimonio ha resultado "especialmente preocupante", según la acusación, ya que ha afirmado no haber recibido instrucciones directas más allá de criterios clínicos generales y no pudo detallar ni el estado en el que se encontraba la víctima cuya muerte dio origen a esta causa. Para Jacinto, ese vacío es significativo debido a que "cuando ni siquiera se conoce el diagnóstico exacto, es imposible justificar que no se derivase a un paciente que lo necesitaba".

A las puertas del juzgado, las familias de las víctimas también han seguido cada paso de la jornada judicial. Entre ellas, Ángela Armingol, hija del residente cuya muerte se investiga, exige que la investigación debe llegar a los puestos más altos del Gobierno madrileño. "Se tienen que depurar responsabilidades políticas porque yo no me creo que ningún médico motu proprio ideara aquellos protocolos", denuncia. La portavoz de Marea de Residencias, Carmen Ruiz, también ha subrayado lo que está en juego esta semana. "Hoy hemos conseguido avanzar, pero llevamos cinco años luchando contra retrasos, archivos y maniobras procesales", añade. "Lo importante es que por fin se le ha preguntado al menos a uno de ellos de una vez quién tomó las decisiones y por qué se dejó morir a miles de personas sin acceso a un hospital".

La ausencia de Carlos Mur —y también la de Pablo Busca— no ha sorprendido a las familias, pero sí ha aumentado la indignación acumulada. Se trata ya de la tercera ocasión en la que el ex director general evita declarar como investigado, después de dos intentos fallidos en primavera que dejaron a las víctimas sin respuestas. En mayo, la vista prevista se suspendió en el mismo día porque las defensas alegaron no haber recibido toda la documentación del procedimiento, una incidencia que las familias consideran "planificada" para retrasar la causa. Apenas un mes después, en junio, otro juzgado —el número 6 de Leganés— anunció su inhibición en favor del Juzgado 3 de Madrid justo antes de los interrogatorios. En este último caso, el juzgado asegura que no ha logrado localizar ni a Mur ni a Busca. Para Jacinto, esta situación “resulta insostenible” y afirma que “no estamos ante personas ilocalizables” y que “las instituciones no hacen lo suficiente para obligarles a dar la cara”.

La situación se enmaraña aún más por el enfrentamiento entre las propias defensas. La de Martínez Peromingo reclama desde hace más de un año que todas las causas —más de noventa— se acumulen en el Juzgado de Instrucción número 3, lo que abriría la puerta a una macrocausa. La defensa de Mur defiende lo contrario, es decir, que cada procedimiento permanezca en el juzgado del territorio donde residía la víctima, lo que consolidaría la absoluta dispersión actual.

La Audiencia Provincial deberá resolver en los próximos meses si unifica las causas o mantiene el laberinto judicial. En paralelo, este miércoles vuelven a estar citados los tres ex altos cargos en Collado Villalba por la querella de un familiar de una residente del centro de Sanitas Torrelodones. Las familias no saben si, esta vez, la Justicia logrará que comparezcan los tres citados que ya están imputados en ocho procedimientos. 

"Esperanza sí, pero con toda la prudencia del mundo", dice Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias. Para ella y para cientos de familias, esta semana supone por fin adentrarse en un momento largamente esperado en la lucha por la justicia de las 7.291 personas fallecidas en las residencias madrileñas durante la pandemia. Una cita que, cinco años después, puede marcar —como afirma María Jesús Valero, presidenta de Verdad y Justicia— "un antes y un después" en la investigación judicial.

Este martes 9 de diciembre, a las 10.00 horas, tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberán comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Los investigados son Carlos Mur —entonces director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante del denominado Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre—, Francisco Javier Martínez Peromingo —su ideólogo y posterior sustituto— y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, el dispositivo que regulaba el envío de ambulancias públicas durante la pandemia. La investigación analiza un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria y parte de la querella presentada por una familiar de la residencia Amavir Valdebernardo.

Las familias reciben este avance con ilusión contenida. "Después de tantos años de archivos y paralizaciones, lo importante es que declaren por fin y empiece de verdad la investigación", resume Valero. Para las asociaciones, el hecho de que quienes diseñaron y aplicaron los protocolos tengan que responder ante una jueza supone un hito. "Es la primera vez que estos responsables inmediatos van a declarar como imputados", subraya Ruiz, que recuerda que hasta ahora la atención se había centrado en altos cargos políticos, sin llegar a quienes tomaron decisiones operativas.

La agenda judicial será doble. Veinticuatro horas después, el miércoles 10 de diciembre, Mur, Peromingo y Busca volverán a comparecer, esta vez en el Juzgado número 2 de Collado Villalba (Madrid), a raíz de otra querella presentada por la familia de una residente de Sanitas Torrelodones. En ambos procesos también están imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, encargados de aplicar las instrucciones que impidieron el traslado hospitalario de miles de mayores.

Pese al avance, el recuerdo de las dificultades que han pasado persiste entre los familiares. "Hemos visto archivos, retrasos y paralizaciones constantes", señala Ruiz. Para Valero, que perdió a su padre en una residencia adherida a los protocolos, que los investigados se sienten ante una jueza "después de cinco años sin una sola explicación" es un acto mínimo de reparación: "Ahora ya no pueden negar que firmaron esos protocolos. Los documentos están ahí, no hay escapatoria posible".

Pese al volumen de causas abiertas contra ellos, los ex altos cargos de Ayuso todavía no han llegado a ser interrogados como imputados. Mur, Peromingo y Busca están investigados en múltiples procedimientos —ocho en el caso de Mur, siete en el de Peromingo y seis en el de Busca—, pero nunca han llegado a declarar ante un juez. Los dos intentos previos durante este año se han frustrado en el último momento.

El 26 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid suspendió las comparecencias después de que las defensas alegaran que no se les había trasladado toda la documentación del caso. La cita se canceló en el mismo día, pese a que las familias llevaban meses esperando ese primer interrogatorio. Unas semanas después, el 17 de junio, el Juzgado número 6 de Leganés volvió a paralizar las declaraciones al decidir inhibirse en favor del número 3, al entender que ya investigaba hechos idénticos. Más de una decena de juzgados también han optado por remitir sus causas al número 3 —siguiendo la tesis procesal de la defensa de Martínez Peromingo—, lo que ha generado una cadena de suspensiones y ha impedido que ningún interrogatorio llegue a celebrarse.

"Llevamos años viendo cómo la cuestión procesal sustituye a la investigación penal", denuncia la abogada de las familias, Alejandra Jacinto. "Nunca sabemos qué maniobra pueden intentar para evitar declarar. Han logrado frenar cualquier intento de interrogatorio durante cinco años, y eso impide avanzar en lo esencial, que es saber quién tomó las decisiones y con qué criterios", detalla.

La fragmentación judicial es otro de los grandes obstáculos. Tras la macrodenuncia presentada por 109 familias, la Fiscalía decidió trocear el caso en una causa por denunciante. El resultado es que hay 92 procedimientos repartidos por la Comunidad de Madrid. De ellos, 73 siguen en instrucción, una decena están pendientes de recursos en la Audiencia Provincial, cuatro han escalado al Tribunal Constitucional y cinco han sido desistidos.

Además, distintos juzgados han ido inhibiéndose en favor del Juzgado número 3 de Madrid, siguiendo la estrategia procesal impulsada por la defensa de Martínez Peromingo, que sostiene que todas las diligencias deben concentrarse en ese órgano. Sin embargo, el propio Juzgado número 3 ha rechazado en varias ocasiones hacerse cargo de esa acumulación, argumentando que no le corresponde absorber procedimientos tan heterogéneos.

Una posición que también defiende la defensa de Carlos Mur, diametralmente opuesta a la de Peromingo, ya que considera que cada caso debe investigarse en el juzgado del lugar donde residía la víctima, lo que consolidaría la dispersión actual y evitaría una macrocausa unificada. Esta divergencia entre los propios acusados —uno reclamando la acumulación y otro rechazándola— ha generado un conflicto procesal continuo que mantiene a los juzgados en una suerte de parálisis. 

"Que haya 92 procedimientos dispersos rompe la continencia de la causa y convierte la cuestión procesal en una barrera para investigar", valora Jacinto. "Necesitamos una macrocausa que permita abordar los hechos de manera coherente. Ahora mismo, la fragmentación solo provoca retrasos, recursos y más dilaciones", añade. La Audiencia Provincial deberá decidir si se unifican las causas o si continúa el actual laberinto judicial, que amenaza incluso con la prescripción de algunos de los procedimientos.

En un barrio céntrico se inaugura un nuevo centro concertado, con uniforme obligatorio, aspiraciones académicas elevadas y una larga lista de familias acomodadas esperando plaza. A pocos minutos de allí, una escuela pública recibe otro grupo de alumnos recién llegados, familias con menos margen de elección y estudiantes con necesidades educativas que requieren apoyos permanentes. Esa realidad de contrastes se ha convertido en una seña de identidad del sistema educativo vasco y llevó a la comunidad educativa a movilizarse el pasado fin de semana en Bilbao bajo el lema "Segregazioaren kontra publikoa da bidea" [Contra la segregación, lo público es el camino].

Los datos son contundentes. El estudio Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver, publicado por Comisiones Obreras, señala que Euskadi es la segunda comunidad autónoma que más segrega al alumnado según su origen después de Cataluña. Un informe de Esade y Save the Children ya alertaba en 2021 de que era también el segundo territorio —solo por detrás de Madrid— que más aislaba a los estudiantes de rentas bajas. La dimensión del fenómeno es tal que el 43% del alumnado vasco tendría que ser reubicado para eliminar el problema, según el Grupo de Expertos sobre Segregación Escolar del Observatorio Vasco de Educación (GEPS).

Como consecuencia, la red pública escolariza prácticamente a la mayoría del alumnado de origen extranjero, mientras la concertada mantiene porcentajes mínimos. En 2019, por ejemplo, el 92% del alumnado migrante de Infantil y Primaria de Vitoria-Gasteiz estaba matriculado en centros públicos. Los sindicatos, agrupados en la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro!, subrayan que la red pública atiende al 61% del alumnado becado, al 60% de quienes tienen necesidades educativas especiales y al 68% del estudiantado extranjero del territorio.

La llegada constante de estudiantes recién aterrizados, la diversidad lingüística y la mayor presencia de necesidades educativas exige una dedicación intensa que, sin refuerzos suficientes, sobrecarga al profesorado y limita el acompañamiento individual en la pública. "Cuando la vulnerabilidad se acumula por encima de cierto umbral, la escuela pierde su capacidad de compensar desigualdades", advierten los investigadores del GEPS, que comparan la situación de algunos colegios vascos con dinámicas de grandes ciudades europeas donde la segregación lleva décadas enquistada.

Julen Llanos, responsable de CCOO Irakaskuntza, alerta de que esta problemática está generando "una sociedad de dos o tres velocidades". "La clase trabajadora vasca —que hoy integra a buena parte de la población migrante— está concentrada en la pública, que hace lo imposible por corregir las desigualdades que el sistema reproduce", explica.

A ello contribuye la resistencia de una parte importante de la red concertada a escolarizar alumnado migrante o con necesidades especiales. Aunque los conciertos económicos con la consejería obligan a garantizar la igualdad de acceso, en la práctica operan mecanismos que dificultan la entrada a quienes requieren más apoyos. Haizea Arbide, portavoz de STEILAS, describe un patrón habitual. "Las concertadas no facilitan la admisión de familias vulnerables y cuando llega un alumno con dificultades se le acepta un curso, pero enseguida aparece algún pretexto para decir que no encaja en el proyecto y que estará mejor en la pública. Son invitaciones encubiertas a marcharse", detalla.

Este filtrado indirecto impide que la concertada asuma su parte de responsabilidad y agrava la guetificación en la pública. El caso de Ordizia es ilustrativo, ya que allí el 87% del alumnado extranjero estudia en centros públicos. Llanos añade que esta brecha no puede entenderse sin el "componente aspiracional que recorre la sociedad vasca". "Aquí la segregación no es un error, es una elección social. Parte de las familias buscan distinguirse y ven la concertada como ese espacio diferenciado donde sus hijos recibirán una educación distinta", añade.

El elemento que mejor explica esta deriva es el peso extraordinario de la red privada concertada. Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el 48,6% del alumnado estudia en centros concertados o privados. Una proporción muy alejada de la media española, situada en el 30%. La singularidad vasca es también presupuestaria debido a que Euskadi es la comunidad que más dinero destina a la concertada, según Save the Children, dedicando alrededor del 23,5% del gasto educativo a financiar conciertos, casi el doble que la media estatal (12%) y por encima de Madrid (19%) o Navarra (18%). Esa combinación convierte a la concertada en un pilar estructural del sistema, no en una red complementaria.

Su fortalecimiento no sería posible sin el creciente respaldo del Gobierno Vasco, sostenido por PNV y PSE. Entre los cursos 2020-21 y 2023-24, la inversión en conciertos pasó de unos 623 millones a más de 816 millones, cerca de un 30% más, mientras el presupuesto educativo ha subido alrededor de un 25%. "Para las instituciones, la prioridad no es la pública; la concertada tiene cada vez más apoyo político y presupuestario", señala Arbide, quien recuerda que "incluso mientras se habla de frenar la segregación, el dinero de los conciertos sigue aumentando".

Esta apuesta quedó consagrada en la ley educativa de 2023, aprobada con los votos del PNV y EH Bildu. La norma introduce el concepto de "servicio público educativo" para referirse por igual a la red pública y la concertada. Para los sindicatos, ese término normaliza un modelo dual en el que dos redes profundamente desiguales obtienen la misma legitimidad. "La ley avala la ficción de que pública y concertada son equivalentes, pero no lo son. No pueden serlo cuando solo una escolariza la diversidad real del país", advierte Llanos.

La tercera pieza del sistema son las ikastolas privadas concertadas, históricamente centrales en el proyecto cultural vasco. Su origen como espacios de euskaldunización en la Transición les otorgó un prestigio que sigue blindándolas frente a cualquier cuestionamiento, aunque hoy operan como cooperativas privadas con conciertos y, en muchos casos, con una composición social muy homogénea. "Se habla de sistema dual, pero las ikastolas son concertadas como el resto. Bildu debería defender sin ambigüedades la escuela pública, pero acaba protegiendo a las ikastolas como si fueran otra cosa", critica Arbide.

El Gobierno Vasco sostiene que el programa Eskola Bikaina Denontzat y la mesa por un pacto contra la segregación escolar suponen un punto de inflexión. La consejera Begoña Pedrosa los define como una "herramienta ambiciosa" para revisar las admisiones y repartir la vulnerabilidad entre todas las redes. Sin embargo, quienes participan en esa mesa discrepan abiertamente.

Las sesiones —en las que están representadas patronales de la concertada, asociaciones de familias, organizaciones sociales y la escuela pública— no han generado compromisos verificables ni un calendario de medidas vinculantes. "Si no se apuesta de forma clara y decidida por reforzar la pública, la segregación no se reducirá", resume Llanos. Arbide añade que "la mesa nace para aparentar movimiento” y cuestiona la posibilidad de construir igualdad “con quienes siguen negándose a escolarizar la diversidad real del país".

Cada año sin cambios profundos acerca a Euskadi a un escenario que Llanos describe como "dos sociedades que se miran de lejos aunque vivan en la misma ciudad". Y, como advierte Arbide, si la política educativa sigue protegiendo la arquitectura que genera la desigualdad, “ninguna mesa, por muy participativa que sea, podrá resolverla”.

En la quinta planta de la Facultad de Ciencias de la Información, una reforma dejó al descubierto, detrás de un tablón, unas letras desdibujadas: "José Luis, Emilio… no os olvidamos". No era una frase completa ni un homenaje reciente, sino el rastro de un dolor escrito a toda prisa hace 46 años, cuando los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez Menéndez murieron por disparos policiales durante una manifestación el 13 de diciembre de 1979. El muro había retenido ese mensaje en el yeso, guardando una memoria de la Transición que durante décadas ha quedado relegada o directamente borrada por parte de las instituciones.

La profesora Cristina Mateos, que vio la pintada al salir de clase, entendió su importancia de inmediato. Especialista en movimientos sociales, supo que aquel fragmento no era una simple pintada antigua, sino "un resto arqueológico de memoria". Su aviso al decanato abrió así un proceso que la Complutense había dejado inconcluso durante 46 años. "Aquí murieron dos estudiantes y jamás se incorporó a la memoria institucional. Esa ausencia habla tanto como la pintada", señala Mateos.

La aparición del mensaje desencadenó un trabajo de recuperación histórica que se prolongó durante meses: búsquedas en archivos, revisión de hemerotecas, entrevistas con antiguos estudiantes y, sobre todo, la localización de las familias de José Luis y Emilio, a quienes nadie había pedido explicaciones ni ofrecido reparación desde 1979. Esa investigación ha culminado en un mural de memoria democrática que reconstruye la frase original y devuelve a los dos jóvenes un espacio en la universidad que nunca debieron perder.

La tarde del 13 de diciembre de 1979, Madrid vivía una oleada de movilización estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), que muchos jóvenes percibían como un retroceso en derechos recién conquistados. La manifestación estaba legalmente convocada y, pese al clima de tensión, discurría dentro de lo habitual. José Luis Montañés, de 22 años, compaginaba su último curso de Ciencias Políticas con un trabajo de mensajero para pagarse los estudios. Su hermano Javier lo recuerda como "un chico muy responsable, trabajador y consciente de lo que estaba pasando en el país". Vivía en el barrio de la Concepción, aunque pasaba gran parte del tiempo en Embajadores, donde estaba a punto de mudarse con amigos. Esa tarde acudió a la protesta como tantos otros.

En paralelo, Emilio Martínez Menéndez, de 20 años, estudiante de Ingeniería Industrial, atravesaba un momento de fuerte compromiso político. Su hermana, Mari Carmen, recuerda que "era muy reivindicativo desde muy joven" y que hablaba con espíritu crítico sobre la Transición y la muerte de Franco. Vivía ya fuera de casa, trabajaba y se movía entre Lavapiés y Embajadores, donde coincidió con la disolución de una manifestación sindical.

Fue entonces cuando varias dotaciones policiales abandonaron la zona. Según el sumario y los testimonios, todos los jeeps emprendieron la marcha salvo uno, que realizó un giro brusco, abrió el portón trasero y comenzó a disparar. La versión oficial habló de tiros "al aire", pero los hechos reflejan otra realidad. José Luis cayó abatido por un impacto en el cuello a unos 59 metros del furgón y Emilio, alcanzado en el tórax, se desplomó a unos 100 metros. "Qué disparo al aire mata a dos jóvenes que ni siquiera están cerca del coche", cuestiona Javier.

Varios testigos mencionaron una ráfaga de metralleta y vieron a agentes recogiendo proyectiles incrustados en un autobús y en el asfalto. Según las familias, la Policía impidió que nadie auxiliara a José Luis, que murió en la calle, mientras que Emilio falleció horas después en el hospital. El cirujano que lo atendió entregó la bala al juez instructor, un gesto decisivo que permitió identificar el arma y al agente responsable.

El juez Clemente Auger imputó a varios policías por uso desproporcionado de la fuerza, una decisión excepcional en esa época, pero el caso se estrelló en la Audiencia Nacional. "Lo pararon en seco", recuerda Javier. "La judicatura seguía siendo la del franquismo y era imposible que prosperara".

El dolor de la pérdida fue inmediato, pero la manipulación mediática se prolongó durante años. La prensa de entonces difundió versiones que presentaban a los jóvenes como agitadores, violentos o incluso como supuestos "sicarios pagados" para provocar a la Policía. "Decían barbaridades que luego escuchabas repetidas en la calle", recuerda Mari Carmen, que tenía 15 años cuando mataron a su hermano. "Mi hermano no era un delincuente. Estudiaba, trabajaba y ayudaba a todo el mundo".

La familia quedó profundamente marcada. Su madre nunca aceptó que la Policía —a la que consideraba garante del orden— hubiera matado a un joven que no había hecho nada malo. "Cayó en una depresión de la que no salió", relata su hija. El padre, de derechas, sostuvo durante años una batalla legal convencido de la inocencia de su hijo. En 1986 obtuvo una victoria parcial en un contencioso, aunque las muertes siguieron impunes.

La familia Montañés vivió un proceso similar. Javier explica que jamás recibieron una llamada de apoyo de ningún partido político. "Ni del PSOE, ni del PCE, ni de nadie. A nadie le interesaba airear esto", denuncia. Considera que existió un pacto tácito para mantener estos episodios fuera de la narrativa celebratoria de la Transición. El silencio social, dice, se convirtió en una carga imposible de soltar: "Te acompaña toda la vida ser 'el hermano del chico que mataron'', no se cierra nunca".

Ambas familias reclaman actualmente la verdad histórica y las reparación que nadie les ha concedido en 46 años. "A mi hermano no me lo van a devolver, pero lo que no podemos permitir es que su vida quede relegada a un pie de página", señala Javier Montañés. Y añade una reflexión que resume el sentido del homenaje: "Si algo debe servir todo esto es para que la universidad y este país asuman lo que pasó. No para vengarse, sino para contar la verdad por fin".

La pintada apareció a finales de 2023, cuando la facultad iniciaba reformas en varias plantas. Mateos fue la primera en verla y entendió que era un vestigio único. "No podíamos pintarlo encima como si nada. Era la memoria hablando desde la pared", explica. Sin embargo, su hallazgo no generó consenso inmediato, ya que en el decanato hubo dudas y cierto temor a abrir un episodio que la universidad nunca había afrontado. El proyecto quedó en suspenso hasta 2025, cuando Ángel Rubio asumió el decanato y convirtió la preservación de la pintada en su primera iniciativa.

El equipo inició entonces una investigación sistemática: recorrieron archivos históricos de la universidad, hemerotecas de diarios nacionales, fondos documentales del movimiento estudiantil y los sumarios judiciales disponibles. Descubrieron imágenes inéditas de las movilizaciones y del homenaje celebrado días después, así como un comunicado que los estudiantes dirigieron "al pueblo de Madrid" denunciando la represión y anunciando que seguirían movilizándose. "Su potencia política es enorme. Sería impensable hoy que una asamblea estudiantil se dirigiera así al conjunto de la ciudadanía", afirma Mateos.

También localizaron el cartel de una proyección en 1980 de la película 13 de diciembre, grabada por dos estudiantes de periodismo cuyos nombres aún no han sido identificados. La búsqueda continúa revisando listados masivos de matrículas de la época y tratando de localizar a sus posibles autores. "No perdemos la esperanza de encontrar la cinta, pero si existe, habrá sobrevivido de milagro", explica Mateos.

El proyecto culmina con un mural creado por la ilustradora Alicia León. La obra reconstruye la frase original e incorpora los rostros de Emilio y José Luis a partir de fotografías familiares, rodeados de una multitud estudiantil y consignas extraídas del análisis documental. La placa que se inaugurará junto al mural reconoce que ambos fueron "estudiantes muertos por disparos de la Policía durante las movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria". Un recordatorio de que las paredes, a veces, conservan lo que la historia intentó borrar.

El reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de los fármacos adelgazantes como "esenciales" para combatir la obesidad ha reabierto un debate largamente postergado. La OMS calcula que esta enfermedad causó 3,7 millones de muertes en 2024 y su decisión vuelve a subrayar la urgencia de tratarla como una patología crónica que requiere financiación, seguimiento y una estrategia pública sostenida.

Tras revisar los estudios disponibles y concluir que existe evidencia suficiente de su eficacia y seguridad, el organismo ha incluido medicamentos de enorme popularidad (y elevadísimo precio) —como Ozempic, Wegovy o Mounjaro— en su lista modelo de fármacos esenciales, integrada actualmente por 532 productos. Con ello, insta a los sistemas públicos de salud a garantizar que estos tratamientos sean "universalmente accesibles" y "asequibles", aunque advierte de que aún persisten las dudas sobre sus efectos a largo plazo.

En contraste con el impulso de Naciones Unidas, el Ministerio de Sanidad mantiene una postura mucho más restrictiva. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha rechazado financiar Mounjaro —indicado para diabetes y control del peso— y ha descartado también sufragar nuevas versiones de Ozempic, debido al elevado impacto presupuestario que tendría para el Sistema Nacional de Salud. Ambos fármacos continuarán cubiertos únicamente para los usos contra la diabetes ya autorizados, mientras se aplaza su incorporación como tratamientos más amplios contra la obesidad.

Pese a las decisiones del Ministerio, los datos disponibles muestran que España sigue por encima de la media europea en prevalencia de obesidad. El estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad (ALADINO) sitúa al país como el sexto de la Unión Europea con mayor proporción de población con exceso de peso y el séptimo en obesidad. El problema es especialmente acusado en la infancia, ya que cerca del 36% de los niños entre seis y nueve años presentan exceso de peso, una de las cifras más elevadas del continente.

A pesar de ello —y aunque la OMS define la obesidad como una "enfermedad crónica compleja"—, España no la reconoce oficialmente como patología. Para Alicia del Llano, directora de proyectos de la Fundación Gaspar Casal, "esta falta de reconocimiento dificulta combatir el estigma, garantizar una atención continuada y financiar los medicamentos adelgazantes como se hace con la diabetes tipo 2".

En la misma línea, Inka Miñambres, miembro del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), recuerda que "la obesidad cumple todos los criterios para ser considerada una enfermedad". "Tiene una base fisiopatológica conocida, alteraciones biológicas claras, signos y síntomas definidos, técnicas diagnósticas disponibles y un tratamiento establecido", detalla. Pese a ello, España sigue sin dar el paso. Italia, en cambio, se convirtió en octubre en el primer país europeo en reconocerla por ley como "enfermedad crónica", destinando 2,7 millones de euros a su prevención y tratamiento.

Otro de los argumentos centrales del Ministerio para no financiar estos fármacos es su coste. Fuentes de Sanidad explican a infoLibre que no se ha alcanzado un acuerdo con las farmacéuticas para una rebaja significativa de precios, lo que haría viable asumir su financiación generalizada sin comprometer otros tratamientos esenciales.

Sin embargo, el impacto económico de la obesidad sobre el sistema público también es considerable. Un análisis de estudios realizado por Jaume Puig-Junoy, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, estima que el gasto sanitario asociado a la obesidad y el sobrepeso pudo alcanzar los 25.700 millones de euros anuales en 2022. Miñambres insiste en que dotar al sistema de medios para abordar la enfermedad reduciría las listas de espera y el riesgo de patologías cardiometabólicas, digestivas, respiratorias, neurológicas, musculoesqueléticas, infecciosas e incluso varios tipos de cáncer.

Aunque una caja de Ozempic ronda los 128,15 euros y el Mounjaro puede superar los 358 euros, Del Llano sostiene que una financiación selectiva sería eficaz. "La evidencia muestra que tiene sentido financiarlo por tramos, sobre todo, para los colectivos más vulnerables que carecen de acceso a una nutrición de calidad y a estos medicamentos", añade. El último informe ALADINO confirma la brecha: en hogares con menos de 18.000 euros anuales, la obesidad y el sobrepeso infantil alcanzan el 23,4% y 23,1%, respectivamente, frente al 10,9% y 18,3% de las familias que superan los 30.000 euros. Una diferencia que ilustra hasta qué punto las condiciones económicas determinan la salud infantil.

Aunque los tratamientos como Ozempic ganaron impulso tras ser utilizados por figuras como Elon Musk o Kim Kardashian, los especialistas insisten en que no son "una solución mágica" y requieren supervisión médica. "Son fármacos seguros si se integran en un tratamiento integral de la obesidad y se prescriben dentro de un programa de seguimiento continuado", explica Miñambres.

No obstante, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de un uso ilegal creciente que ha provocado problemas de suministro. En 2024 se registraron 116,8 millones de unidades de falta de stock de Ozempic, un 41,7% menos que el año anterior, pero aún cifras muy elevadas.

En cualquier caso, Del Llano insiste en que ningún avance será suficiente sin una estrategia nacional de prevención. Recuerda que los medicamentos solo funcionan cuando se enmarcan en un plan amplio que fomente la actividad física, la alimentación saludable y cambios de hábitos mantenidos en el tiempo. "El verdadero punto de inflexión no vendrá de un medicamento, sino de políticas públicas que faciliten entornos saludables y permitan a la población moverse, comer mejor y prevenir la enfermedad", concluye.

Aprovechando el acto convocado por el Partido Popular contra el Gobierno de Sánchez, la ultraderecha trató de reactivar el espíritu de las protestas de hace unos meses frente a la sede madrileña del PSOE. En la esquina de la calle Ferraz con Marqués de Urquijo volvieron a verse banderas españolas sin la corona, ataques a periodistas de Televisión Española y cánticos de "Pedro Sánchez a prisión". Aunque la concentración se saldó con un detenido, quedó muy lejos de las de noviembre de 2023, ya que la Delegación del Gobierno la cifró en 400 asistentes.

De nuevo, Revuelta, la organización juvenil ultra vinculada a Vox, estuvo detrás de la convocatoria. Junto a Hazte Oír, llamaron desde el viernes a la manifestación una hora después de la organizada por los populares y lo hicieron bajo el lema Todos a una contra la organización criminal. También se desplegaron carteles con mensajes como "Consumado el golpe, estalla la revuelta" o "Revuelta frente a la organización criminal".

Pese a la presencia del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, la dirección del partido se desmarcó públicamente de cualquier movilización celebrada este domingo. Sin embargo, los vínculos entre Vox y Revuelta son anteriores y explícitos. Líderes regionales como Ignacio Garriga o Manuel Mariscal se fotografiaron con ellos en la manifestación de Colón del 29 de octubre de 2023. Además, su líder, Jesús de Blas, declaró en La Gaceta de la Iberosfera —el medio oficial de Vox y de la Fundación Disenso— que "el único partido que ha apostado por dar voz a este proyecto ha sido Vox".

Aunque no existe legalmente como asociación, Revuelta opera de forma similar. Ofrece afiliaciones desde tres euros al mes y solicita donaciones de hasta 200 euros. Su origen se vincula a Plataforma 711, un colectivo estudiantil vetado por la Universidad Complutense en 2022 por "desprecio a los valores democráticos". Anna López, doctora en Ciencia Política y autora de La extrema derecha en Europa (Tirant, 2025), sostiene que se nutre de "cuadros y activistas veteranos del espacio conservador-ultra que buscan canalizar a la juventud bajo una marca propia". Esto explicaría su apuesta temprana por una estética identitaria y por el merchandising como vía de financiación. Camisetas, sudaderas y otros productos fueron su carta de presentación en la carpa que instalaron durante la manifestación contra la amnistía en Colón en octubre de 2023.

Además de su papel protagonista en las protestas violentas de noviembre de ese año frente a Ferraz, la organización volvió a ganar presencia tras la dana en Valencia. Difundieron una campaña en redes en la que presumían de haber movilizado a "miles de chavales" y ridiculizaban a quienes los señalaban como "peligrosos neonazis". Su mensaje, centrado en que los puntos de recogida eran para "ayudar a los españoles afectados", reproduce —según López— un patrón discursivo característico de la extrema derecha. "Buscan emociones simples, agravios culturales y llamamientos directos a la acción que remiten a la prioridad nacional popularizada por la ultraderecha francesa", explica.

Otro episodio que contribuyó a su proyección fueron los incendios en la provincia de León, donde Revuelta se presentó como "juventud patriótica" ante un Estado supuestamente ausente. Aunque su papel se limitó a tareas básicas de apoyo, convirtieron esa presencia en una operación comunicativa centrada en la idea del "pueblo que se salva a sí mismo". Para Antonio Maestre, periodista especializado en extrema derecha, este despliegue confirma que dicha organización forma parte de un engranaje diseñado para reforzar la narrativa de Vox. "Hasta la tipografía de Revuelta es la misma que la del sindicato de Vox, Solidaridad. Funcionan como marcas satélite del partido, aunque se presenten como iniciativas autónomas", apunta.

Los analistas coinciden en que Revuelta cumple para Vox la función de actuar como intermediario en la calle, permitiendo al partido capitalizar la protesta sin asumir directamente sus costes. López la define como un "instrumento de movilización" que reporta a Vox dos beneficios inmediatos. Por un lado, captura la visibilidad y la narrativa de 'movilización espontánea'. Por otro, cuando la protesta escala, puede marcar distancia formal y presentarse como un actor moderado en el ámbito institucional", señala.

Esa maniobra, explica, no sería posible sin la estructura híbrida que sostiene a Revuelta: vínculos orgánicos con cuadros afines, apoyo logístico desde fundaciones y sindicatos próximos, y presencia de dirigentes en actos públicos. "Es una relación simbiótica. Revuelta explota la calle y la viralidad, mientras Vox mantiene el control del relato desde las instituciones", resume.

El periodista Antonio Maestre coincide en que la organización funciona como una extensión operativa del partido, creada precisamente para evitar que Vox asuma la responsabilidad de las protestas más duras. "Revuelta es, en la práctica, la marca juvenil de Vox. La utilizan para acciones que el partido no quiere firmar directamente", sostiene. Esa distancia calculada permite a Vox activar movilización sin exponerse a imágenes de disturbios o a la mezcla con grupos extremistas. "Es una forma de no mancharse las manos mientras dan apariencia de transversalidad al presentar iniciativas que dicen venir de la sociedad civil cuando en realidad son puro Vox", concluye.

Revuelta ha reforzado su presencia entre los más jóvenes apoyándose en figuras virales que actúan como puente con las redes sociales. Durante la dana de Valencia, una de sus aliadas más visibles fue la influencer Rocío Bueno, más conocida como Roro —4,8 millones de seguidores en Instagram—, que difundió vídeos amplificando su relato y asegurando que gracias a ellos se pudieron cocinar más de 15.000 platos al día en Valencia. Ese tipo de colaboraciones, señala Ana López, responde a una estrategia en la que "las organizaciones ultras se apoyan en perfiles virales para dotarse de legitimidad emocional y acceder a audiencias que no consumirían contenido político de forma directa".

A este entramado digital se suman perfiles de amplio alcance como el agitador Vito Quiles, que combina retransmisiones en directo, confrontaciones con dirigentes políticos y un estilo combativo contra la izquierda que encaja con el tono juvenil que quiere proyectar Revuelta. Su actividad constante en X y TikTok convierte cualquier disputa en contenido viral. Para López, estos actores funcionan como "aceleradores del conflicto", capaces de multiplicar el impacto de la organización más allá de su capacidad real.

En paralelo, el pseudomedio Herqles actúa como altavoz estructurado del mismo ecosistema, difundiendo discursos de dirigentes de Vox, acciones de organizaciones ultras y vídeos con mensajes identitarios que circulan con rapidez entre perfiles de ultraderecha. Maestre subraya que estos actores digitales operan de forma coordinada. "No solo comparten discurso, comparten estética y códigos internos que permiten identificar a todos como parte del universo Vox, aunque se presenten como iniciativas independientes", concluye.

Las protestas contra el equipo Israel–Premier Tech durante la Vuelta a España 2025 han alcanzado un nuevo hito. Manifestantes con banderas palestinas, bajo el lema "Neutralidad es complicidad, boicot a Israel", interrumpieron etapas, forzaron cancelaciones y alteraron el desarrollo de la carrera, enviando un mensaje claro contra la utilización del deporte como instrumento de normalización política por parte de Israel. Una ola de movilización que no solo visibilizó el rechazo popular, sino que ha acabado poniendo en jaque la continuidad del proyecto ciclista.

Tras el abandono de su principal patrocinador y de su proveedor de bicicletas, la estructura ha sido adquirida por NSN —la empresa deportiva del exfutbolista Andrés Iniesta— en alianza con la firma suizo-catalana Stoneweg. El equipo competirá bajo el nombre NSN Cycling Team a partir de la temporada 2026, con licencia suiza y base operativa en Barcelona y Girona, apartando así al empresario canadiense Silvan Adams de la propiedad.

La venta ha llegado poco antes del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se ha celebrado este sábado. Una fecha clave para colectivos y movimientos de solidaridad, que buscan seguir denunciando la ocupación y el genocidio en Palestina. Decenas de organizaciones han convocado este fin de semana manifestaciones, marchas, concentraciones y actos reivindicativos en más de 30 ciudades del Estado —y en numerosas capitales europeas— como muestra de rechazo al silencio internacional y de exigencia de un embargo real de armas, la ruptura de relaciones diplomáticas y sanciones a Israel.

Para Lidón Soriano, portavoz de Yala Nafarroa con Palestina e integrante del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS), la disolución de Israel–Premier Tech marca un punto de inflexión. "La lucha y la movilización han servido para conseguir una pequeña victoria frente a movimientos sionistas", afirma. Además, subraya que este logro no debe leerse como un final, sino como "el arranque de una etapa nueva", ya que la presión social "ha logrado desmantelar una de las herramientas de legitimación política más relevantes para Israel".

La victoria, insiste, no se explica sin la organización previa. Soriano destaca que la clave de lo ocurrido en la Vuelta fue el trabajo en red y la coordinación territorial. "La gran diferencia fue que un grupo de personas desde Turín hasta Madrid estuvimos coordinándonos. Hablamos con gente de todos los pueblos por los que pasaba la Vuelta para que, cada cual desde su autonomía, compartiera un mismo marco narrativo y una metodología común", relata. Según la activista, este tejido permitió que las protestas no fueran acciones aisladas, sino "un movimiento articulado capaz de vencer al sistema".

La disolución del equipo y avances como el anuncio del embargo de armas por parte del Gobierno demuestran, según Soriano, que la presión ciudadana ha tenido un impacto real y que puede reforzar el "efecto llamada". "Esto puede animar a más gente a volcarse, porque ven que la lucha funciona. Cada paso logrado es una derrota para el proyecto sionista y un impulso para quienes aún dudan en sumarse", añade.

La desaparición del equipo ciclista contrasta con el trato excepcional que Israel sigue recibiendo en otras competiciones europeas. El caso más evidente es el del baloncesto, donde la Euroliga —la principal competición del continente— ha optado por mantener a los clubes israelíes pese a las denuncias internacionales y la presión social. En lugar de suspenderlos o excluirlos como ya hizo con los rusos, la organización ha impuesto un protocolo diseñado para garantizar su continuidad, disputando todos sus partidos como locales en Serbia, a puerta cerrada, bajo fuertes medidas de seguridad y sin posibilidad de protestas visibles.

Esto implica que equipos como el Maccabi Tel Aviv llevan meses compitiendo en Belgrado sin público, gracias a un acuerdo excepcional que no se concede a ningún otro club europeo. El blindaje también se ha extendido a España, donde equipos como Valencia Basket, BAXI Manresa o CB Canarias han optado por jugar a puerta cerrada sus encuentros ante rivales israelíes, alegando "riesgo de seguridad".

Las decisiones adoptadas por las grandes entidades deportivas europeas revelan un inmovilismo institucional que se ha acentuado desde el anuncio del plan de Trump para Gaza. Teresa Aranguren, periodista especializada en Oriente Medio, señala que los gobiernos europeos "tratan de mirar hacia otro lado" pese a que en la Franja se sigue asesinando a civiles bajo el alto el fuego. "Pese a que muchos países reconocieron en septiembre y octubre a Palestina, la mayoría de esas iniciativas se han quedado en algo simbólico, y eso aleja aún más la posibilidad de tomar medidas contra la participación de Israel en otros ámbitos", explica.

En el ámbito cultural, el ejemplo más llamativo es Eurovisión, donde la Unión Europea de Radiodifusión aprobó la semana pasada un cambio profundo en las reglas de votación que, según Soriano, busca asegurar la continuidad de Israel pese al rechazo social. El nuevo sistema limita la importancia del televoto, refuerza el peso de los jurados nacionales y endurece los requisitos contra campañas públicas que puedan influir en el voto. Para la portavoz de Yala Nafarroa, estas reglas "neutralizan las campañas masivas de televoto que impulsa cada año Israel con el objetivo de legitimar su continuidad en el certamen". "Cuando ven que la presión popular funciona, las instituciones reaccionan blindando aún más a Israel", denuncia.

Aranguren subraya que, pese a la victoria lograda en el ciclismo, uno de los principales obstáculos para avanzar en otros ámbitos es la hipercomercialización que domina el deporte y la cultura. En su opinión, la "sponsorización actúa como un blindaje estructural" que limita cualquier cambio significativo. "El deporte está completamente sometido a los sponsors, toda la estructura económica depende de ellos y eso condiciona cualquier decisión o pronunciamiento", explica. Esa dependencia no solo afecta al fútbol o al baloncesto, sino que se extiende también al ámbito cultural.

La periodista recuerda que Eurovisión lleva años patrocinado por Moroccanoil, una firma de origen israelí, lo que, según ella, dificulta cualquier intento de sancionar al país dentro del festival. "Cualquier gesto de ruptura con Israel implica enfrentarse a intereses comerciales enormes, lo que convierte esos espacios en terrenos especialmente resistentes a asumir posturas políticas", apunta.

Para Soriano, lo esencial ahora es seguir movilizándose y no dejarse adormecer por el "falso contexto de paz" que las instituciones intentan instaurar tras el alto el fuego. "Nada ha cambiado; Israel solo modifica el formato y la intensidad de la limpieza étnica", advierte. Por eso insiste en que la sociedad civil debe mantenerse organizada y firme, incluso cuando escasean los recursos o las fuerzas. "Estamos respondiendo más que sobradamente, especialmente en España. Lo importante es no dejar que nos frenen", concluye.

Las universidades públicas madrileñas atraviesan una crisis que les ha obligado a parar. Tanto alumnos como estudiantes han realizado una huelga los días 26 y 27 de noviembre bajo el lema "no habrá paz para quien nos asfixia". Las protestas ponen sobre la mesa no solo la infrafinanciación crónica de la universidad pública en la Comunidad de Madrid (CAM), sino también el rechazo frontal a la futura Ley de Estudios Superiores y Universidades (LESUC).

En mitad de las movilizaciones, el consejero de Universidades, Emilio Viciana, ha subrayado que las protestas "no tienen ninguna justificación" y que lo que merece una protesta es "el cupo independentista por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año". Además, ha defendido el proyecto de presupuestos para 2026 como una "apuesta muy decidida por la universidad pública" con 1.239,7 millones de euros. La cifra, según asegura el consejero, estaría "entre las más altas de la Unión Europea".

Sin embargo, el discurso del Gobierno de Ayuso contrasta con la realidad. La Comunidad de Madrid, con el nuevo presupuesto, invertirá un 0,46% de su Producto Interior Bruto (PIB) en el sistema universitario público, muy lejos del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Una inversión aún más alejada de la media europea, que se sitúa en un 1,2%. Esto se suma a que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante, con 6.929 euros por alumno, mientras España está un 19,5% por debajo de la media de gasto de los países de la OCDE (19.800 euros).

La crisis madrileña, pese a que se viene gestando desde los recortes de 2010, se inscribe en un contexto europeo de recortes y tensión presupuestaria creciente en la educación superior. Desde 2020, universidades de capitales como París, Berlín, Roma o Ámsterdam han sufrido recortes o restricciones de gasto ante la pérdida de financiación pública. Una de las capitales donde se han vivido protestas similares a las de Madrid es la alemana. El Gobierno regional, tras anunciar un aumento en la inversión universitaria para 2025, impuso recortes de 250 millones en financiación para investigación y educación superior.

Esto ha provocado que la mayor universidad del país, la Freie Universität, haya tenido que realizar un ajuste de 41 millones solo en 2025, lo que supone un recorte del 5,8% de su presupuesto, que ronda los 700 millones de euros. El resto de universidades de la capital también tendrán que realizar ajustes presupuestarios para evitar entrar en déficit: la Universidad Técnica de Berlín tendrá 32 millones menos, la Humboldt 27 y la Universidad de Ciencias Aplicadas (BHT) 8,8.

En Francia, los efectos de su inestabilidad político-económica también han impulsado la austeridad. La Ley de Finanzas de 2025 prevé 1.000 millones de euros menos que el año anterior para enseñanza superior e investigación. Además, los presupuestos de 2024 ya contaron con una reducción de 320 millones de euros sobre un total de 31.300 millones. Como resultado, 60 de 75 universidades públicas en Francia cerraron en 2024 con déficit (frente a 30 en 2023). En la capital, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, con más de 40.000 alumnos, prevé un recorte del 20% del total. Por ejemplo, la biblioteca interuniversitaria de la Sorbonne vio su presupuesto caer un 40%.

La presión sobre las universidades también se ha intensificado en Países Bajos a raíz del recorte estatal y la caída de los ingresos vinculados a estudiantes internacionales, una de las principales fuentes de financiación del sistema neerlandés. La Vrije Universiteit Amsterdam calcula que tendrá que ajustar 60 millones de euros en apenas tres años. Una decisión que ya ha tomado la Universidad de Amsterdam, que opera desde hace meses con recortes anuales de entre 30 y 50 millones, pese a partir de una situación financiera inicialmente sólida.

En Roma, centros como Sapienza, Tor Vergata o Roma Tre trabajan ya en planes de contención pese a presentar buenos resultados económicos en sus últimas memorias. Esto se debe a que el Fondo de Financiación Ordinaria afronta una reducción de 173 millones, lo que supone en realidad una falta de 500 millones al sumarse los incrementos obligatorios de costes, según la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas (CRUI). Unas universidades italianas que habían conseguido afrontar parte de sus problemas económicos con un aumento de las tasas de sus estudiantes.

El exrector de la UNED y exsecretario de Estado, Alejandro Tiana, subraya que la distancia entre España y Europa es clara. "Las universidades de los países europeos que aparecen en los rankings manejan cifras por estudiante muy superiores a las españolas, lo que muestra el nivel de financiación que necesita una institución para aspirar a la excelencia".

Aun así, ninguna gran universidad de las capitales europeas combina déficits tan abultados con un porcentaje de recortes tan alto como en Madrid. La Complutense concentra el mayor porcentaje de recorte financiero entre las universidades de las principales capitales analizadas. La Universidad Complutense (UCM) va a mantener durante tres años un recorte del 35% en sus gastos, que ya realizó al 30% en 2024 con el objetivo de contener el gasto ordinario. En este caso, el porcentaje ha aumentado debido a que tiene que devolver a la Comunidad de Madrid el préstamo de 34,5 millones de euros para poder pagar las nóminas de diciembre y las pagas extraordinarias de Navidad.

La falta de financiación por parte del Gobierno de Ayuso ha provocado que la UCM acumule en los dos últimos ejercicios un déficit de 142,3 millones de euros —64,5 millones en 2023 y 77,8 en 2024—. No obstante, los datos del informe anual de cuentas de la URJC reflejan también un saldo negativo de 47 millones, frente a los 43,6 del año anterior. Para Montse Rius, portavoz de UCM por la Pública e investigadora académica, la situación evidencia el fracaso del modelo autonómico. "En bruto parece que se invierte mucho, pero Madrid destina solo el 0,42% de su PIB a la universidad. No se cumple ni la LOSU ni la media europea y así es imposible sostener universidades del tamaño de la Complutense", detalla.

Rius subraya además que la infrafinanciación madrileña no responde a un contexto de crisis económica, sino a una decisión política. "En 2010 hubo un argumento macroeconómico para recortar, pero hoy no hay ninguno. España crece más que la mayoría de la UE y Madrid recorta. Por tanto, no se compensa lo perdido y seguimos pagando las consecuencias quince años después", denuncia.

Pese a los problemas de infrafinanciación que sufre el sistema universitario público en Madrid, la negociación con el Gobierno autonómico está completamente bloqueada. Rectores, decanos y representantes sindicales denuncian que la Comunidad de Madrid ha cerrado filas en torno a su modelo, sin abrir ninguna vía para actualizar el sistema de financiación. Una postura que, por ejemplo, contrasta con la del Gobierno Regional de Berlín, que, tras imponer los recortes en 2025, ha acordado con las universidades que no habrá austeridad en 2026 y que recibirán 31 millones de euros más ese año, 62 millones extra en 2027 y 93 millones en 2028.

"No hay voluntad de negociar. Ni siquiera se nos incluye como parte de la mesa que diseña la ley autonómica que va a regir nuestro futuro. Estamos reclamando un presupuesto mínimo y el cumplimiento de la ley, pero el Gobierno de Ayuso ha decidido seguir hacia delante con su modelo privatizador", subraya Rius.

La comunidad universitaria reclama, además, que el Gobierno abandone el relato del aumento de los presupuestos y asuma la urgencia del problema. Tiana señala que "si no se alcanza el 1% del PIB y se sostiene esa inversión en el tiempo, es imposible tener un sistema universitario competitivo con el resto de Europa". "La excelencia no es compatible con la austeridad permanente", incide.

La Comisión Europea vuelve a la carga. Apenas un mes después de intentar debilitar la privacidad con el fallido Chat Control y de introducir recortes encubiertos en anteriores paquetes ómnibus, la institución ha impulsado este martes en el pleno de Estrasburgo un nuevo decreto ómnibus digital que las organizaciones de derechos digitales califican como "el mayor retroceso en la historia de la UE en protección de datos". La votación final, prevista para el jueves, llega rodeada de advertencias de que la legislación que ha blindado la privacidad en Europa podría quedar seriamente comprometida.

La Comisión plantea este decreto ómnibus como una reforma transversal para actualizar distintas normas digitales —incluido el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Inteligencia Artificial y la Directiva ePrivacy— bajo el argumento de "armonizar" procedimientos y reducir cargas para empresas y administraciones. Entre los cambios más relevantes figura una redefinición de qué se considera dato personal y la creación de nuevas excepciones que permitirían usar "datos parcialmente anonimizados" —información en la que se elimina el nombre, pero que sigue pudiendo identificar a una persona— sin necesidad de pedir su consentimiento en determinados casos.

El texto incorpora, además, un aplazamiento de un año en la entrada en vigor de las obligaciones destinadas a los sistemas de inteligencia artificial catalogados como de alto riesgo. Estas reglas, previstas inicialmente para agosto de 2026, pasan ahora a diciembre de 2027. Durante ese periodo adicional, estos sistemas podrán seguir operando sin los requisitos reforzados de documentación, supervisión humana y evaluación de impacto que establece la Ley de IA.

El nuevo paquete ómnibus no es una simple actualización, sino una reforma que cambia partes esenciales del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la norma que protege la privacidad en la UE. Uno de los cambios más importantes es la nueva definición de "dato personal", ya que las modificaciones del RGPD dejan en manos de las empresas dicha catalogación. Si afirma que no puede identificar a alguien con determinada información, ese dato podría dejar de estar protegido, aunque en la práctica existan formas técnicas de averiguar quién es esa persona.

Itxaso Domínguez Olazábal, asesora de políticas en European Digital Rights, critica que este decreto no es una mera simplificación administrativa, sino "un retroceso profundo que reabre protecciones básicas sin medir su impacto". "Si permites que sea la propia empresa la que decida si un dato identifica o no a una persona, estás dejando la puerta abierta a que muchos datos muy reveladores queden sin protección. Y sabemos por experiencia que las compañías siempre tienen incentivos para minimizar esa identificación, no para reconocerla", añade.

Eduard Blasi, jurista especializado en privacidad e inteligencia artificial y socio de TechAndLaw Abogados, advierte de que el nuevo ómnibus debe leerse también en clave económica. A su juicio, la Comisión está moviendo fichas para alinearse con un escenario internacional dominado por la inversión extranjera en IA. "Más del 90% de la inversión en inteligencia artificial ocurre fuera de Europa. La UE no quiere quedarse atrás y este decreto refleja esa voluntad de ser más ‘business friendly’, reducir complejidad y ganar agilidad", detalla.

Aunque las medidas afectarían a todos los usuarios, las consecuencias pueden ser especialmente graves para los colectivos más vulnerables: personas migrantes, mujeres, jóvenes, minorías étnicas o quienes dependen de servicios públicos que ya funcionan con sistemas automáticos. El paquete también abre la puerta a que empresas y Administraciones utilicen más libremente los llamados "datos inferidos". Es decir, información que no damos directamente, pero que se deduce de nuestra actividad digital. Son pistas sobre cómo nos movemos en Internet, qué emociones mostramos, qué compramos, qué apps usamos o incluso qué estado psicológico podemos tener.

Con la reforma, las empresas podrían argumentar que esa información "no identifica directamente" a una persona y que podría usarse sin pedir permiso ni aplicar las garantías actuales. Esto es especialmente problemático porque la investigación científica, según Domínguez, ya ha demostrado que estas inferencias pueden servir para clasificar por origen étnico, medir solvencia financiera por el comportamiento digital o predecir rendimiento escolar, a menudo con sesgos que perjudican a quienes menos poder tienen para defenderse.

"En Internet, lo más delicado no es lo que dices, sino lo que se deduce sobre ti. Hemos visto algoritmos que descartan a personas en procesos de selección, anuncios que solo llegan a ciertos perfiles o sistemas que excluyen automáticamente a quienes necesitan una prestación. Cuando se rebajan las protecciones, los primeros perjudicados son quienes ya están en la parte más débil de la relación tecnológica", detalla la experta de European Digital Rights.

El retraso de un año —hasta diciembre de 2027— para aplicar las obligaciones de la Ley de Inteligencia Artificial en los sistemas de alto riesgo tampoco llega por casualidad. Coincide con un clima político marcado por la presión del Gobierno de Donald Trump, que desde hace meses reclama que Europa rebaje sus estándares y permita un uso más flexible de los datos y de la IA.

El resultado es que el ómnibus busca conceder tiempo extra a las inteligencias artificiales dedicadas a tareas como el reconocimiento biométrico en espacios públicos, la selección laboral, el control de trabajadores o la asignación de ayudas sociales. Durante ese año adicional, todos estos sistemas podrán seguir operando sin los controles reforzados que la propia UE anunció como esenciales para evitar abusos. Blasi señala que "la UE está pasando de marcar el camino sobre la protección de datos a un incipiente ‘efecto Washington’, donde empieza a moverse hacia un marco más cercano a los intereses empresariales".

"No es una medida pensada para pymes o startups y los únicos que ganan son las grandes tecnológicas", subraya Domínguez. Además, la experta señala que esto supone "un cambio político". "Hace apenas un año la UE estaba orgullosa de su Ley de IA y ahora resulta que necesitan más tiempo, más margen, más excepciones. No ha cambiado la evidencia, ha cambiado la presión política y económica", concluye.