El encuentro entre el rey Felipe VI y el agitador ultra Javier Negre se produjo durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Una escena que ha terminado desatando una polémica política después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, la calificara de “absoluta ignominia” y cuestionara que el jefe del Estado se prestara a fotografiarse con el fundador de EDATV.

Las imágenes fueron grabadas el pasado viernes en Cali, donde Felipe VI acudió como representante de España a la investidura de De la Espriella. En el vídeo difundido posteriormente por el propio Negre se observa cómo este se acerca al monarca, le estrecha la mano, intercambia unas palabras con él y le pide una fotografía. Felipe VI accede y posa junto al comunicador. No obstante, la conversación apenas puede distinguirse en la grabación.

Fue Negre quien difundió el encuentro en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que celebraba haber vuelto a coincidir con el rey. La escena no tardó en provocar críticas y Puente compartió las imágenes con un mensaje contundente: “Esta situación me parece una absoluta ignominia”.

Ante las reacciones generadas, el ministro desarrolló posteriormente sus motivos. Puente aseguró que Negre había “insultado reiterada y gravemente” tanto a la reina Letizia como a Felipe VI y lo definió como “un profesional de la difamación y el bulo” y “un activista de ultraderecha” que, según el ministro, practica el acoso contra políticos progresistas y sus familias, incluida la suya.

Puente puso además el foco en la dimensión institucional del encuentro. “El Rey es un símbolo”, defendió, antes de advertir de que “no es inocuo” con quién se fotografía o a quién saluda cuando, según su interpretación, no se trata de una relación institucional ni de un acto protocolario. “Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables”, concluyó.

Las críticas del ministro adquieren además un componente particular por las declaraciones que el propio Negre ha dedicado anteriormente a la Casa Real. Hace apenas unos meses llegó a referirse a Felipe VI como “un títere de Sánchez” y calificó a la reina Letizia de “vergüenza”. 

Negre respondió al ministro defendiendo la normalidad del encuentro. “Ignominia no es que el rey de todos los españoles salude al propietario del grupo de medios más viral en política de Hispanoamérica”, escribió, antes de acusar de corrupción al Gobierno y relacionar la polémica con la crisis de Ceuta. Puente volvió a contestarle poco después: “Hay una sola verdad en tu tuit. Que eres un virus”.

El Partido Popular, por su parte, aprovechó las palabras del ministro para salir en defensa del monarca y cargar contra el Ejecutivo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, replicó que “ignominia” es la gestión gubernamental de la crisis migratoria de Ceuta y reprochó a Sánchez haberse marchado de vacaciones.

También intervino el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien sostuvo que la verdadera “ignominia” eran Puente, Sánchez y su Gobierno y acusó al titular de Transportes de señalar al jefe del Estado.

Dentro del propio Ejecutivo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, evitó sumarse a las críticas de su compañero. Preguntado por el asunto, señaló que no era él quien debía pronunciarse “ni sobre con quién se fotografía el rey de España ni sobre los tuits” de Puente.

La Casa Real tampoco ha realizado por el momento ningún pronunciamiento público ni ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre para aclarar el contexto del saludo y la conversación con Negre, así como su posición ante las declaraciones de Óscar Puente.

Javier Negre, de 41 años, trabajó durante años en El Mundo y en 2020 puso en marcha Estado de Alarma, proyecto que acabaría convirtiéndose en EDATV y expandiéndose posteriormente por Latinoamérica. Su conglomerado ha establecido vínculos con el ecosistema político de la derecha y la ultraderecha española y latinoamericana, y Negre adquirió en 2024 la mitad de La Derecha Diario en Argentina, coincidiendo con el ascenso de Javier Milei.

Su trayectoria periodística ha estado acompañada de polémicas tanto por sus métodos como por la difusión de contenidos falsos. En 2019, Negre y El Mundo fueron condenados a indemnizar con 30.000 euros a una mujer vinculada al caso del asesino Sergio Morate por una “intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y la propia imagen”. La sentencia examinó un reportaje presentado como una entrevista con la mujer pese a que esta no había consentido mantenerla en esos términos.

También existen ejemplos más recientes de desinformación difundida directamente por Negre. Tras la dana de octubre de 2024, aseguró que el radar de AEMET en Valencia no funcionaba durante el episodio. El organismo meteorológico lo desmintió públicamente y aseguró que el radar había operado “sin ningún tipo de problemas”. La falsedad volvió a quedar desmentida en mayo de 2026, cuando un informe de AEMET incorporado a la causa judicial sobre la dana señaló que el radar de Cullera fue, de hecho, la “herramienta principal” utilizada para la vigilancia meteorológica durante la catástrofe.

Negre ha convertido desde entonces EDATV en el centro de un entramado mediático con creciente presencia internacional. Según las últimas cuentas publicadas, el grupo pasó de facturar 346.000 euros en 2021 a 1,3 millones en 2024, con ingresos procedentes, entre otras fuentes, de administraciones gobernadas por el PP, anunciantes privados y su expansión por América Latina.

Menos de tres días después de asumir la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella se enfrenta a la primera gran prueba de su mandato. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste del país, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El último balance difundido durante la madrugada eleva a 132 los fallecidos y a más de 570 los heridos, mientras continúan las operaciones para localizar a personas desaparecidas y atrapadas entre los escombros. Solo en el Valle del Cauca, el propio presidente cifró en 188 los desaparecidos.

La catástrofe ha sorprendido al nuevo mandatario cuando apenas había comenzado a instalarse en la Casa de Nariño. De la Espriella tomó posesión el viernes 7 de agosto después de una campaña construida en buena medida alrededor de la promesa de romper con las políticas de Gustavo Petro. El terremoto ha obligado al abogado y empresario, sin experiencia previa en cargos públicos, a pasar prácticamente de la investidura a dirigir una emergencia nacional.

Su primera reacción llegó a través de las redes sociales. 59 minutos después del terremoto, anunció que había asumido "directamente el liderazgo" de la emergencia, ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado y reclamó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe sobre las necesidades más urgentes. También anunció que se desplazaría personalmente a las zonas afectadas.

La respuesta gubernamental se fue ampliando durante las horas siguientes. De la Espriella suspendió su agenda, convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y centralizó inicialmente la coordinación desde Bogotá. Más tarde se desplazó a Quibdó y Cali. Además, el Ejecutivo declaró la situación de desastre nacional y movilizó efectivos militares y equipos de búsqueda. El Ejército movilizó, entre otros recursos, cinco pelotones especializados en búsqueda y rescate y equipos caninos hacia las zonas afectadas.

Pero mientras el nuevo presidente comunicaba las primeras decisiones para responder a la catástrofe, su Gobierno siguió desplegando su ofensiva contra las decisiones del expresidente Petro, en este caso, en materia de política exterior. Apenas 22 minutos después del mensaje en el que De la Espriella anunciaba que asumía personalmente la emergencia, a las 8.55 hora colombiana, la Cancillería hizo pública la decisión de congelar las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El Ejecutivo anunció además que reconoce "la soberanía de Marruecos sobre todo su territorio, incluyendo el Sahara Occidental".

La decisión revierte una de las primeras medidas internacionales adoptadas por Petro cuando llegó al poder en agosto de 2022. Tres días después de su investidura, el anterior Gobierno restableció las relaciones diplomáticas con la República Saharaui, que permanecían congeladas desde 2001. Esos vínculos habían continuado reforzándose hasta prácticamente el final de su mandato, ya que en abril de este año las dos partes mantuvieron una reunión.

La Cancillería de De la Espriella argumenta que Naciones Unidas no reconoce a la RASD como Estado miembro y asegura que su nueva posición respeta el derecho internacional. Sin embargo, la situación es más compleja, ya que la ONU continúa considerando el Sáhara Occidental un territorio no autónomo pendiente de descolonización y mantiene el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

El giro diplomático no terminó ahí. Poco después, la Cancillería publicó que Colombia reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y anexionado unilateralmente en 1981.

El Gobierno justificó la decisión por la "importancia estratégica" del territorio para la seguridad israelí y defendió el derecho de Israel a protegerse frente a amenazas externas. La medida convierte a Colombia en el segundo país, después de Estados Unidos, que reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

Tampoco se trata de una decisión improvisada después del terremoto. El propio comunicado de la Cancillería especifica que responde a un compromiso alcanzado entre Colombia e Israel el sábado 8 de agosto, antes de la catástrofe. De la Espriella había prometido además durante la campaña recomponer unas relaciones diplomáticas que Petro rompió en 2024 por el genocidio israelí sobre Gaza.

Por tanto, las decisiones estaban preparadas, pero el Gobierno optó por mantener su publicación durante las primeras horas de la mayor emergencia que afronta su país, mientras los equipos de rescate buscan supervivientes entre decenas de edificios derrumbados.

La comunicación del nuevo mandatario durante la catástrofe ha provocado además otra polémica. Antes de una de sus comparecencias para informar sobre la emergencia, las cámaras captaron a De la Espriella sonriendo, saludando y lanzando besos a quienes se encontraban frente a él. Las imágenes comenzaron rápidamente a circular en redes sociales y han generado críticas por el contraste entre la actitud del presidente y la magnitud de la tragedia. 

El terremoto se ha convertido así, apenas unas horas después de comenzar su mandato, en una prueba de la gestión y del estilo de De la Espriella. El nuevo presidente ha aprovechado también sus primeras jornadas en el poder para ejecutar el giro diplomático prometido durante la campaña: alejar a Colombia de las posiciones de Petro, estrechar los vínculos con Marruecos y situarse junto a Israel. 

Los datos que ayudan a organizar la atención de millones de pacientes del sistema sanitario británico, las comunicaciones entre los sistemas de mando de la OTAN y el software con el que las Fuerzas Armadas españolas analizan información dependen de la tecnología de una misma empresa estadounidense: Palantir.

La compañía no es propietaria de toda esa información. Su poder reside en proporcionar la infraestructura para reunir datos dispersos, relacionarlos y convertirlos en decisiones sanitarias, policiales, empresariales o militares. Una posición que le ha dado acceso a algunas de las funciones más sensibles de los Estados y ha generado dependencias difíciles de romper. Pero el creciente rechazo europeo a la compañía tampoco se explica únicamente por esta dependencia tecnológica.

Peter Thiel, cofundador y presidente de Palantir, es uno de los principales aliados empresariales de Donald Trump y una figura vinculada al universo intelectual de la llamada Ilustración Oscura, una corriente neorreaccionaria que cuestiona la democracia liberal. Alex Karp, cofundador y consejero delegado, ha defendido por su parte una visión militarista de la tecnología.

A ello se suman los contratos de Palantir con el Pentágono, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —ICE— y el Ejército israelí. La actividad de la compañía y las posiciones políticas de sus dirigentes han elevado las dudas sobre la conveniencia de confiarle infraestructuras que sostienen la seguridad, la defensa o los servicios públicos europeos.

Palantir se ha consolidado dentro del aparato de seguridad estadounidense, pero su desembarco en Europa se ha acelerado al calor de las sucesivas crisis que ha afrontado el continente. La inteligencia interior francesa recurrió a la compañía después de los atentados de París de 2015 y la policía del estado alemán de Hesse adoptó Gotham — la plataforma de Palantir para integrar y analizar grandes cantidades de datos policiales, militares y de inteligencia— en 2017 para combatir el terrorismo islamista.

“Es un error explicar el éxito de Palantir centrándonos solo en la tecnología”, sostiene Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi). Aunque reconoce la potencia de sus herramientas para integrar y analizar grandes cantidades de información, destaca también la apuesta política de la empresa, las relaciones construidas durante años con los gobiernos y su capacidad para ofrecer soluciones ya preparadas en momentos de crisis.

Palantir no se limita a vender e instalar un programa. Sus ingenieros se integran en las organizaciones, estudian cómo trabajan, qué información utilizan y qué necesidades tienen para adaptar la plataforma a cada cliente. Darío García de Viedma, investigador en política tecnológica y digital del Real Instituto Elcano, señala a infoLibre que este modelo de “consultoría desplegada” constituye una de sus principales ventajas, ya que sus equipos pueden pasar meses dentro de una oficina o un cuartel diseñando una herramienta específica. “No hay dos clientes de Palantir que usen la misma plataforma”, resume.

A medida que el personal aprende a utilizarla y los procedimientos internos pasan a depender de ella, sustituir el sistema se vuelve cada vez más complejo. García de Viedma señala una paradoja: Palantir presenta sus herramientas como una forma de evitar la dependencia de proveedores de modelos de inteligencia artificial como OpenAI o Anthropic, pero termina generando su propia dependencia con los clientes.

El alcance de esa relación se observa en el Servicio Nacional de Salud inglés. Un consorcio encabezado por Palantir obtuvo en 2023 el desarrollo de la Federated Data Platform, destinada a conectar hasta 240 hospitales y organismos sanitarios mediante un contrato con un valor máximo de 330 millones de libras durante siete años.

En España, el Ministerio de Defensa adjudicó en 2023 a Palantir Technologies Spain un contrato de 16,54 millones de euros para una “solución de fusión y análisis de inteligencia” destinada al Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La contratación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, recibió una única oferta y utilizó el precio como único criterio de adjudicación.

El caso de Francia es hasta ahora el más paradigmático. La Dirección General de Seguridad Interior contrató a Palantir después de los atentados de París de 2015, pero el Gobierno ha seleccionado ahora a la compañía francesa ChapsVision para sustituirla. Sin embargo, el relevo será gradual y puede prolongarse durante varios años para evitar un vacío operativo.

El cambio forma parte de un proyecto impulsado junto a Alemania para construir una “columna vertebral digital soberana” destinada a los servicios europeos de seguridad e inteligencia. Sin embargo, Alemania mantiene una posición contradictoria, ya que varios estados federados utilizan o han utilizado Gotham para el análisis policial, mientras el Gobierno debate su posible extensión a nivel nacional.

El Tribunal Constitucional alemán declaró en 2023 inconstitucionales las normas de Hesse y Hamburgo que permitían analizar de manera automatizada grandes cantidades de datos policiales sin límites suficientes. La sentencia no prohíbe Palantir, sino determinadas formas de vigilancia. El conflicto, por tanto, no se reduce al origen estadounidense del proveedor, sino que afecta también al uso que las administraciones hacen de estas herramientas.

En España, varios medios señalan que el Gobierno ha pedido a empresas públicas y participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que eviten nuevos acuerdos con Palantir en ámbitos estratégicos. No existe, sin embargo, una prohibición pública ni se ha anunciado la cancelación del contrato vigente con Defensa.

Para Lucía Velasco, codirectora del Oxford AI Diplomacy Lab, el creciente rechazo a Palantir responde principalmente a razones estratégicas. Que “funciones tan sensibles como la defensa, la policía o la sanidad dependan de una empresa estadounidense, sometida a su legislación, últimamente imprevisible, parece un factor de riesgo”, sostiene. A su juicio, la soberanía y la dependencia jurídica son los factores que más pesan, aunque el uso de la tecnología de Palantir en conflictos militares, las deportaciones de ICE y las posiciones ideológicas de sus dirigentes han acelerado el rechazo político y social.

La Unión Europea tampoco ha aprobado un veto específico. La revisión del Reglamento de Ciberseguridad permitiría considerar de alto riesgo a determinados proveedores por motivos geopolíticos, mientras la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la IA plantea exigir propiedad europea e independencia frente a legislaciones extraterritoriales en los servicios más sensibles. Cualquier restricción necesita una justificación jurídica y una alternativa capaz de prestar el mismo servicio, y aquí reside el principal obstáculo europeo.

ChapsVision es, por ahora, la alternativa más avanzada. Fundada en Francia en 2019, su plataforma ArgonOS aspira a integrar y analizar información para administraciones, empresas y organismos de inteligencia. Además de sustituir a Palantir en la inteligencia interior francesa, ha conseguido contratos en Alemania y ha despertado el interés de otros países.

Francia también impulsa proyectos como Artemis AI y Arcadia, mientras grupos industriales como Thales desarrollan sistemas compatibles con los estándares de la OTAN. Pero Velasco advierte de que “ahora mismo no existe nada comparable a la tecnología de Palantir”, aunque algunos países puedan sustituirla en funciones concretas. El problema, explica, aparece cuando se pretende un reemplazo completo de unos sistemas ya profundamente interconectados.

A ello se añade la fragmentación europea. Los países de la UE aumentaron un 20% su gasto en defensa en 2025 respecto al año anterior, pero Velasco recuerda que persisten carencias en innovación y coordinación. Según los datos de la Agencia Europea de Defensa que cita la experta, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico continúa por debajo de los objetivos y solo el 24% de las adquisiciones de material se realizan de forma conjunta.

Pese a la falta de coordinación, al mismo tiempo está apareciendo una nueva industria europea de tecnología militar. La alemana Helsing, valorada en 18.000 millones de dólares tras su última ronda de financiación, desarrolla inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos. Empresas como Quantum Systems, Auterion o la finlandesa NestAI trabajan también en plataformas no tripuladas, redes tácticas y herramientas de mando. Ninguna de ellas constituye todavía un reemplazo directo de Gotham o Foundry. El reto consiste en convertir un ecosistema fragmentado en soluciones interconectadas, capaces de utilizarse en varios países y de competir en contratos públicos dominados durante años por compañías estadounidenses.

García de Viedma considera que Europa difícilmente puede competir con Estados Unidos en las tecnologías más costosas, como los grandes modelos de inteligencia artificial, pero sí tiene margen en la capa de software y aplicaciones donde opera Palantir. El investigador señala que ya existen soluciones europeas y de código abierto, aunque todavía les falta escala, experiencia y una relación suficientemente estrecha con los clientes para competir con una empresa que lleva años personalizando sus sistemas para gobiernos y ejércitos.

Tampoco basta con que el sustituto tenga su sede en la Unión Europea. El experto del Real Instituto Elcano advierte de que la soberanía tecnológica depende de toda la “pila tecnológica”: los servidores donde funciona el sistema, los chips que utiliza o las herramientas de ciberseguridad que lo protegen. “Conseguir que todas esas capas sean completamente europeas resulta poco realista, por lo que el objetivo debería ser reducir las dependencias capaces de convertirse en un riesgo”, detalla García de Viedma.

Domínguez introduce una última cautela. Europa puede desarrollar alternativas, pero la meta no debería ser crear simplemente un clon continental de Palantir. “Si sustituimos una dependencia por otra, habremos cambiado muy poco”, advierte. Una solución verdaderamente soberana debería permitir a las administraciones controlar los datos y la infraestructura, auditar los sistemas y cambiar de proveedor, pero también incorporar garantías democráticas y mecanismos efectivos de supervisión.

“La soberanía no puede convertirse en una excusa para hacer aquí exactamente lo mismo que criticamos cuando lo hace una empresa extranjera”, resume Domínguez.

Una mujer puede haber sido sedada y agredida sexualmente durante meses o incluso años sin ser consciente de ello. Un ejemplo de esto se vio claramente con el caso de Gisèle Pelicot. En algunos casos, la primera noticia de lo ocurrido para la víctima llega cuando la Policía contacta con ella tras localizar vídeos, conversaciones u otros indicios durante una investigación. Las afectadas apenas conservan recuerdos, no perciben los efectos físicos de las agresiones o atribuyen su malestar a una enfermedad. Esto es debido a que el supuesto agresor suele ser una de las personas en las que más confían: su pareja, un familiar, un amigo o alguien con acceso habitual a su vivienda.

Este es el fenómeno que trata de combatir el Proyecto Medusa, una iniciativa internacional puesta en marcha en abril por Alemania y Reino Unido con el apoyo de Europol. Su objetivo es identificar y desarticular comunidades digitales en las que hombres intercambian métodos para sedar o drogar a mujeres, comparten imágenes de las agresiones y, en algunos casos, coordinan la participación de terceros. En el proyecto colaboran España y otros países europeos como Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos o Reino Unido. Desde fuera del continente también participan Brasil, Canadá y Estados Unidos.

El último gran intercambio de información se produjo entre el 22 y el 24 de junio en la sede de la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) en Londres. Allí se reunieron 29 investigadores para cruzar datos sobre víctimas, presuntos agresores y comunidades misóginas. La operación permitió identificar a 156 personas entre afectadas y sospechosos, abrir 274 nuevas líneas de investigación y descubrir cuatro grupos digitales que hasta entonces no estaban localizados.

Esas cifras corresponden únicamente a la operación de junio y no deben confundirse con el balance acumulado del Proyecto Medusa. Desde su creación, los casos vinculados a la iniciativa han dejado 57 personas detenidas, 158 víctimas bajo protección y 113 investigaciones iniciadas. Europol no ha explicado qué parte de las 156 personas identificadas son víctimas y cuál corresponde a presuntos agresores, ni ha distribuido esos resultados por países.

Las agresiones sexuales facilitadas por drogas se producen cuando una persona utiliza alcohol, medicamentos u otras sustancias para incapacitar a otra y anular su capacidad de consentir. Las drogas pueden impedirle resistirse, recordar lo ocurrido o advertir los efectos físicos de la agresión. Además, al ser administradas sin conocimientos médicos o combinadas entre sí, pueden poner en peligro su vida.

El Proyecto Medusa pone el foco en una realidad diferente a la imagen más extendida de la sumisión química, asociada habitualmente a discotecas, festivales o encuentros entre desconocidos. Los casos investigados se producen sobre todo dentro de relaciones sentimentales o círculos de confianza. Unas agresiones que, al tener lugar en el domicilio de la víctima, pueden repetirse durante largos periodos y afectan casi exclusivamente a mujeres, según Europol.

La investigación británica que precedió al lanzamiento del proyecto ayuda a dimensionar el fenómeno. Desde octubre de 2025, la NCA había identificado a más de 270 personas relacionadas con un foro concreto y sus plataformas sucesoras. La agencia elaboró más de 210 informes de inteligencia sobre posibles agresores, sospechosos y víctimas, que dieron lugar al menos a 14 investigaciones en Reino Unido y otros países. La propia NCA reconoce que todavía desconoce la verdadera magnitud de estos delitos porque probablemente están muy infradenunciados.

“Las agresiones sexuales facilitadas por drogas ya no son un comportamiento aislado, sino cada vez más organizado”, advirtió el subdirector de la NCA, Nigel Leary, al presentar los resultados. Las autoridades británicas consideran que las plataformas digitales han permitido conectar a agresores que antes podían actuar individualmente, reforzar sus conductas y facilitar delitos más allá de las fronteras nacionales.

Las investigaciones han encontrado servicios de mensajería cifrada, foros y grupos cerrados en los que sus participantes cosifican y deshumanizan a las mujeres, pero no se limitan a compartir comentarios misóginos. Según Europol, intercambian imágenes y vídeos de víctimas, narran experiencias, explican técnicas de sedación y difunden información sobre medicamentos, drogas y formas de administrarlos.

En estos espacios también se facilita la compraventa ilegal de fármacos y estupefacientes y se preparan logísticamente las agresiones. Europol ha detectado conversaciones en las que algunos miembros permiten que otros hombres abusen de sus parejas o personas cercanas. Después, los participantes comparten el material obtenido, felicitan a los agresores y validan la violencia como una forma legítima de dominación.

El proyecto relaciona estas redes con comunidades digitales que promueven una masculinidad extrema y discursos de odio contra las mujeres. En ellas se presenta a las víctimas como seres inferiores y sin autonomía, se considera el dominio masculino como un derecho y se justifica la violencia o la coacción para obtener acceso sexual. El grupo no solo proporciona conocimientos prácticos: también construye el marco ideológico con el que los participantes legitiman sus actos.

La dificultad para identificar a las víctimas ha obligado a las fuerzas policiales a desarrollar un sistema específico de cooperación. Medusa prevé la creación de un equipo especializado en identificación, encuentros intensivos de analistas de distintos países y el intercambio rápido de información a través de SIENA, la red segura de comunicaciones de Europol.

Los investigadores cruzan bases de datos en tiempo real, analizan información disponible en fuentes abiertas y buscan coincidencias entre direcciones IP. También estudian posibles conexiones con la ‘dark web’, identifican a los usuarios más activos y emplean herramientas de análisis de imágenes para descubrir lugares, objetos u otros elementos que permitan reconocer a una víctima.

Otro de los objetivos es crear una base de huellas digitales o valores ‘hash’ de las imágenes. Estos códigos permiten reconocer copias de un mismo archivo aunque se hayan vuelto a publicar en otras plataformas, lo que facilita retirar contenidos y relacionar investigaciones abiertas en distintos países. Europol proporciona apoyo financiero y analítico, además de coordinar el intercambio de información una vez terminan las reuniones presenciales.

España participa a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos investigadores formaron parte del operativo de junio. Sin embargo, el balance difundido por Europol no detalla cuántas víctimas, sospechosos, detenciones o líneas de investigación corresponden al territorio español. Canadá sí ha hecho público posteriormente que había localizado a 41 personas vinculadas al país entre posibles víctimas y agresores, aunque tampoco ofreció más detalles debido al carácter abierto de las investigaciones.

Uno de los principales obstáculos es que las víctimas pueden carecer de un relato completo. No recordar lo sucedido, no presentar lesiones evidentes o haber consumido alcohol voluntariamente puede dificultar tanto la denuncia como la investigación. En los casos perseguidos por Medusa se añade que el agresor suele controlar el espacio doméstico, puede repetir la sedación durante años y dispone de acceso a medicamentos, dispositivos electrónicos y pertenencias de la mujer.

Las autoridades británicas están tratando de cambiar el enfoque. En lugar de depender únicamente del testimonio de la víctima o esperar que sea ella quien reconstruya lo ocurrido, los investigadores analizan el comportamiento del sospechoso, sus comunicaciones, sus conexiones digitales y los patrones que se repiten en diferentes casos. La prioridad es reunir pruebas y ofrecer protección incluso cuando la mujer todavía desconoce que ha sufrido una agresión.

No obstante, las investigaciones de Medusa no se limitan únicamente a presuntas violaciones o agresiones sexuales. Algunos procedimientos incluyen delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio por el riesgo que implica administrar sustancias sedantes, especialmente cuando se mezclan sin controlar las dosis. La operación continúa abierta y Europol advierte de que la cooperación internacional seguirá activa a medida que las 274 nuevas pistas conduzcan a otros sospechosos, víctimas y comunidades digitales.

“Una mujer estuvo inconsciente durante diez minutos. Llevaba tres días sin comer”. Con este episodio, Lara Salceda, integrante del equipo jurídico de No Name Kitchen, resume la situación que ha presenciado durante los últimos días en Ceuta. Entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos y la crisis ha dejado al menos 88 muertos, según el último balance del Gobierno de la ciudad autónoma, donde la organización humanitaria de asistencia social trabaja sobre el terreno desde 2021. 

Las primeras señales de alarma, asegura, no llegaron con la entrada masiva del pasado jueves, sino unos diez días antes. “Empezaron a llegar unas 300 o 400 personas al día”, recuerda. Aunque esta ruta suele registrar un aumento de los cruces a nado o por la valla durante determinadas épocas, Salceda sostiene que entonces el volumen comenzó a ser muy superior al habitual.

La organización advirtió pronto de que el sistema de acogida estaba desbordado. El CETI llevaba unas dos semanas completo y, antes incluso del jueves, alrededor de un millar de personas esperaba fuera de un centro con capacidad para unas 700, según sus cálculos. No Name Kitchen trataba de informarles de que podían solicitar protección internacional, aunque tenían que esperar para poder iniciar el procedimiento. Mientras tanto, el reparto de agua y comida resultaba “muy escaso” para el número de personas concentradas allí. “La gente empezó a darse cuenta de que iba a haber problemas y de que el proceso sería muy lento por falta de recursos”, resume.

Salceda subraya que la primera reacción de quienes sobreviven al trayecto suele ser de alivio. “Cuando llegan sienten un gran alivio porque no tenemos que olvidar que en esta ruta muere mucha gente”, explica. Muchas personas celebran haber alcanzado Ceuta después de dejar atrás “su vida, su familia, sus costumbres y todo” con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Sin embargo, esa euforia inicial se diluye conforme pasan los días y descubren la falta de plazas, la lentitud de los trámites y las dificultades para conseguir algo tan básico como comida o agua.

La entrada de miles de personas obligó a No Name Kitchen a reorganizar su actividad. El equipo sanitario se centró en atender a quienes llegaban con rozaduras provocadas por los trajes de neopreno y cortes sufridos al salir del mar entre las rocas. “Vimos que lo que necesitaban inicialmente era ayuda sanitaria”, recuerda Salceda.

El equipo jurídico, del que forma parte la entrevistada, comenzó a recopilar nombres, datos y testimonios para dejar constancia de la presencia de estas personas en territorio español ante el riesgo de que fueran devueltas. Fue mientras realizaba ese trabajo frente al CETI cuando una mujer perdió el conocimiento.

Siete personas tuvieron que cargarla en brazos para acercarla hasta el centro, situado en una zona elevada. Desde las instalaciones les lanzaron una botella de agua y la mujer terminó recuperándose después de permanecer unos diez minutos inconsciente y comer unos dátiles. “Llevaba tres días sin comer”, relata Salceda, que denuncia además una “escasez de agua importantísima”.

Entre quienes esperaban en el exterior había personas procedentes de Sudán, Mali, Chad, Guinea, Senegal, Yemen o Afganistán. Muchas, destaca la integrante de No Name Kitchen, habían recorrido durante meses rutas especialmente largas y peligrosas. “Hay personas que iniciaron el viaje hace ocho o nueve meses, incluso un año, y llega hasta aquí y se encuentra con que no puede ni beber agua ni comer”, lamenta.

Salceda asegura, además, que algunas personas, especialmente las procedentes de Marruecos, Argelia y otros países del Magreb, evitaban permanecer en lugares visibles por miedo a ser localizadas y devueltas.

No Name Kitchen colabora habitualmente con entidades como Luna Blanca, vinculada a la mezquita de Sidi Embarek, y con otras asociaciones que acompañan a personas migrantes y refugiadas en Ceuta. Durante estos días, las organizaciones han intentado cubrir las necesidades más urgentes, desde el reparto de alimentos y agua hasta las curas y el asesoramiento. “Intentamos hacer distribuciones de comida y agua, pero está siendo muy complicado”, reconoce Salceda.

La llegada de miles de personas ha superado, afirma, la capacidad de unas entidades con recursos limitados. “Las organizaciones hacemos lo que podemos, pero tenemos los medios que tenemos”, resume. Su principal crítica se dirige a las administraciones, a las que reclama que garanticen unas condiciones mínimas de asistencia: “Necesitamos que la Administración se mueva y no lo está haciendo”.

Según Salceda, la respuesta institucional se ha concentrado en el control de las calles y de la frontera, mientras la atención humanitaria ha quedado relegada. La integrante de la ONG describe que las fuerzas de seguridad han perseguido y devuelto principalmente a ciudadanos marroquíes y argelinos, mientras migrantes procedentes de otros países permanecían junto al CETI sin suficiente comida ni agua.

“Lo que está haciendo la Administración es sacar a la Policía, al Ejército y a la Guardia Civil y tratar de ‘limpiar las calles’”, denuncia. La integrante de No Name Kitchen considera que esa actuación está generando un trato diferente según el país de origen y asegura que se está buscando “a las personas de Marruecos para llevarlas a la frontera”, mientras el resto continúa esperando en condiciones precarias.

La crisis coincide con el enfrentamiento entre No Name Kitchen y el Gobierno de Ceuta por Sobrevivir al limbo, un informe sobre el consumo de sustancias y las conductas autolesivas entre menores migrantes no acompañados. La Ciudad Autónoma ha cuestionado la metodología del estudio y ha pedido a sus servicios jurídicos que valoren si algunas afirmaciones pueden perjudicar al sistema público de protección, a sus profesionales o a las entidades colaboradoras.

La Administración sostiene que el trabajo se apoya en una muestra indeterminada, testimonios insuficientemente contrastados y observaciones que no permiten generalizar sobre la situación de los menores acogidos. Frente a esas críticas, Salceda reivindica el conocimiento directo de quienes acompañan a estos jóvenes: “Nosotros trabajamos sobre el terreno y el terreno significa literalmente estar en la calle”.

Según relata, antes de la actual crisis ya encontraban a menores fuera de los recursos de acogida y consumiendo pastillas, calmantes y otras sustancias. “Las utilizan para aliviar la situación de miseria y dolor que sufren”, explica. A ello se suma, advierte, la facilidad para conseguirlas.

La representante de No Name Kitchen defiende que el documento recoge esas observaciones y los testimonios obtenidos durante su trabajo. “Tratamos de reflejarla situación que observábamos a partir de nuestro trabajo sobre el terreno y de las entrevistas, con las evidencias disponibles y una metodología rigurosa, para hacer un acto de denuncia”, sostiene.

Salceda rechaza que el objetivo sea desacreditar a los profesionales del sistema y sitúa el foco en la necesidad de actuar ante lo que la organización observa. “La infancia y las personas menores tienen que estar especialmente protegidas”, concluye.

La ley europea de inteligencia artificial alcanza este domingo una de las fechas más importantes de su calendario. Aunque entró en vigor el 1 de agosto de 2024, comienza ahora a aplicarse de forma general. Desde este domingo serán obligatorias las normas que exigen informar a los usuarios cuando interactúan con una máquina o reciben contenidos creados o manipulados con IA. Otras partes ya estaban en marcha: los usos considerados inaceptables están prohibidos desde febrero de 2025 y las primeras reglas para los modelos de IA de uso general rigen desde agosto del año pasado.

El despliegue llega, sin embargo, con una protección todavía incompleta. Europa comienza a exigir que los ciudadanos sepan cuándo interviene una máquina, pero ha aplazado los controles sobre las herramientas capaces de condicionar el acceso a un empleo, una prestación pública, un crédito o un permiso migratorio. La Comisión Europea sostiene que los retrasos permitirán reducir cargas para las empresas y evitar inseguridad jurídica mientras se elaboran los estándares técnicos necesarios.

Para Anabel Arias, responsable de Derechos Digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, este escenario obliga a rebajar las expectativas. “No es un marco de protección de derechos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sino una regulación tecnológica”, explica a infoLibre. La norma ordena el desarrollo y el uso de esta tecnología según el peligro que representa, pero no garantiza por sí sola los derechos fundamentales.

Una de sus principales fortalezas es que Europa deja de confiar únicamente en los compromisos voluntarios de las empresas y establece obligaciones legales. Prohíbe prácticas como la puntuación social, la manipulación mediante técnicas ocultas, la explotación de las vulnerabilidades de determinados colectivos o algunos usos del reconocimiento biométrico.

También prevé controles a los llamados sistemas de alto riesgo, aunque su aplicación se ha aplazado hasta diciembre de 2027. Son aquellos que pueden influir de manera importante en la vida de una persona, por ejemplo, al intervenir en la concesión de un empleo, una plaza educativa, un crédito, una ayuda pública o un permiso de residencia. Estas herramientas deberán cumplir requisitos sobre la calidad de los datos, documentar su funcionamiento, contar con supervisión humana y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad.

Cristina Puente, ingeniera de inteligencia artificial y profesora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, considera que esta clasificación busca equilibrar “la mitigación o minimización de las amenazas” con el desarrollo responsable de la tecnología. Frente a una regulación específica para cada nueva herramienta, que podría quedar obsoleta rápidamente, el modelo basado en riesgos ofrece, según la ingeniera, una “gran capacidad de adaptación a los cambios”.

Arias valora también la creación de un registro europeo que debería permitir conocer qué herramientas de alto riesgo se emplean, para qué sirven y quién responde por ellas. El problema es que los controles más exigentes solo afectan a una parte de la inteligencia artificial disponible. Los algoritmos que deciden qué publicaciones, recomendaciones o anuncios ve cada usuario pueden reforzar prejuicios, amplificar la desinformación o condicionar el debate público, pero no entran necesariamente en esa categoría.

“El enfoque de riesgo es la limitación más estructural del Reglamento”, sostiene Arias. La definición deja margen para distintas interpretaciones y confía en que sean las propias empresas las que clasifiquen correctamente sus productos. La experta señala además las excepciones que permiten determinados usos de la vigilancia biométrica por parte de las fuerzas de seguridad en espacios públicos, una protección menor de la reclamada por las organizaciones de derechos fundamentales. Estas entidades temen que las excepciones faciliten una identificación y un seguimiento más amplios de la ciudadanía y que afecten especialmente a colectivos ya expuestos a discriminación. 

Gran parte de las obligaciones para las herramientas de alto riesgo debía comenzar a aplicarse este agosto. No obstante, el Ómnibus de Inteligencia Artificial, incluido en la estrategia de desregulación de la Comisión, ha trasladado la fecha al 2 de diciembre de 2027. Los requisitos para la IA incorporada a productos como juguetes, maquinaria o dispositivos médicos se aplazan también hasta agosto de 2028.

Bruselas justifica la demora por la falta de estándares, orientaciones y herramientas técnicas que permitan cumplir la ley con seguridad jurídica. Elisa Gutiérrez García, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y experta en inteligencia artificial y derechos fundamentales, reconoce a infoLibre que estos sistemas son los más complejos de adaptar, por lo que el retraso “puede ser comprensible desde esa perspectiva”. También recuerda que no se debería producir un vacío legal: “El derecho previo sigue siendo de aplicación, incluyendo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Arias cuestiona que la falta de estándares justifique posponer el conjunto de las obligaciones. La Comisión puede aprobar especificaciones comunes mientras estos se terminan y defiende que medidas como evaluar los riesgos, documentar el funcionamiento o garantizar la supervisión humana no dependen exclusivamente de una norma técnica. “Que no lo haya hecho es también una decisión política”, afirma. “Estamos hablando de sistemas que ya están decidiendo sobre acceso a servicios sociales, procesos migratorios o condiciones laborales. Retrasar las garantías y reducir la transparencia no beneficia a las personas, beneficia a quienes despliegan estos sistemas sin querer rendir cuentas” amplía.

El ex eurodiputado socialista Iban García del Blanco, uno de los negociadores de la ley durante la pasada legislatura, tampoco considera que el Ómnibus sea una simple corrección técnica. Aunque reconoce la necesidad de coordinar mejor las diferentes normas y facilitar su cumplimiento, cree que Bruselas ha reabierto un equilibrio legislativo delicado antes de comprobar sus resultados. Resume el giro como “algo de pragmatismo y mucho de claudicación” ante la búsqueda de competitividad tecnológica.

Este proceso no sólo afecta a la inteligencia artificial. La misma estrategia de simplificación alcanza también al Reglamento General de Protección de Datos y a la Directiva ePrivacy. Tanto Arias como Del Blanco temen que la competitividad termine utilizándose como argumento para debilitar los límites a la recopilación de datos y al poder de las grandes plataformas.

La principal novedad que sí se activa este 2 de agosto se centra en la transparencia. Los proveedores deberán avisar cuando una persona interactúe con un chatbot, un agente virtual o un avatar e incorporar marcas técnicas que permitan detectar contenidos sintéticos. Además, quienes empleen estas herramientas deberán identificar visiblemente los deepfakes y determinados textos creados con IA sobre asuntos de interés público.

Para Gutiérrez, estas medidas son “de vital importancia para combatir la desinformación y otros desórdenes informativos”, porque ponen en alerta al destinatario sin imponer limitaciones excesivas que puedan perjudicar la libertad de expresión o el derecho a la información.

Puente advierte de que la desinformación no siempre se comparte de forma consciente. Los sistemas de IA pueden ofrecer respuestas falsas o sesgadas con apariencia de veracidad, y los usuarios pueden confiar en ellas sin comprobarlas. “Muchas veces el propio usuario desconocerá que el contenido generado es erróneo y lo puede dar por bueno”, explica. Esa confianza puede hacer que la información falsa termine difundiéndose en redes sociales. Por eso, considera “muy valioso” identificar claramente los contenidos creados o modificados mediante IA. 

Una de las principales excepciones afecta a los textos informativos. No tendrán que identificarse cuando hayan pasado por una revisión humana o un control editorial sustantivo y una persona asuma la responsabilidad final. Las directrices de la Comisión aclaran que una simple corrección ortográfica o gramatical no basta, pero será difícil comprobar desde fuera cuánto ha sido creado por IA. 

“Es una excepción razonable en teoría, pero en la práctica será difícil de verificar externamente y abre margen a interpretaciones laxas”, advierte Arias. Una empresa, una institución o un partido podrá afirmar que el contenido ha sido revisado, mientras periodistas y ciudadanos carecerán de medios para conocer el proceso real de elaboración.

La eficacia de la ley dependerá finalmente de la capacidad para monitorizar y hacerla cumplir. La supervisión se reparte entre la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y las autoridades nacionales, pero algunos países todavía no han definido por completo qué organismos asumirán cada competencia, cómo actuarán y de qué recursos dispondrán.

En España, el proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial continúa en la Comisión de Economía del Congreso, con el plazo de enmiendas abierto hasta el 2 de septiembre. La legislación que debe completar el reparto de competencias y el régimen sancionador no estará, por tanto, aprobada cuando comiencen a aplicarse las obligaciones de transparencia.

Arias alerta de que una norma común puede ofrecer niveles de protección desiguales si unas autoridades cuentan con equipos capaces de auditar herramientas complejas y otras carecen de recursos, personal especializado o voluntad política para enfrentarse a las grandes compañías tecnológicas. Además, buena parte de la aplicación dependerá de orientaciones, estándares técnicos y códigos voluntarios. Estas herramientas pueden ayudar a las empresas a cumplir la ley, pero no sustituyen una supervisión pública que compruebe si las medidas se aplican realmente. 

“Su capacidad para proteger a las personas dependerá en gran medida de cómo interactúe con otras normas y de que las autoridades tengan recursos y voluntad real de hacerlo cumplir”, concluye Arias.

Los incendios que desde hace días golpean Madrid, Ávila, Toledo y Castellón han vuelto a colocar la gestión del territorio en el centro del debate. Aunque algunos de los fuegos han comenzado a dar una tregua y miles de personas han podido regresar a sus casas, los equipos de extinción siguen vigilando los puntos calientes ante el riesgo de reactivaciones y la llegada de una nueva ola de calor.

Cuando las llamas se apagan, en muchas zonas rurales vuelve a plantearse quién se ocupa durante el resto del año de mantener los caminos, las cunetas, los puntos de agua, los montes comunales y las franjas próximas a los pueblos. En Bernedo, en plena Montaña Alavesa, los vecinos se reúnen una, dos o hasta tres veces al año para limpiar arquetas, desbrozar terrenos, podar árboles o rehabilitar fuentes. La Junta Administrativa proporciona las herramientas y los materiales y, una vez terminado el trabajo, la jornada suele cerrarse con una merienda o un picoteo.

“Aparte del trabajo físico, hay un vínculo y una interrelación entre los vecinos”, explica David Antoñana, presidente de la Junta Administrativa de Bernedo, a infoLibre. Las veredas o jornadas de auzolan, sostiene, no solo permiten cuidar los espacios comunes, sino también “hacer comunidad” y recuperar unas relaciones vecinales que se han ido debilitando con los años.

Estas fórmulas no se organizan de la misma manera en todo el territorio. El auzolan navarro puede ser convocado formalmente por el concejo; la hacendera leonesa suele apoyarse en la costumbre y la colaboración voluntaria; y las agrupaciones catalanas de defensa forestal responden a una estructura asociativa integrada en los organismos públicos. 

Navarra y Álava concentran los modelos más institucionalizados de trabajo comunitario. En ambos territorios, estas labores no dependen únicamente de una convocatoria informal entre vecinos, sino que se apoyan en pequeñas entidades locales —concejos en Navarra y concejos o juntas administrativas en Álava— con capacidad jurídica para decidir qué actuaciones necesita el pueblo, organizar las jornadas y regular su funcionamiento mediante ordenanzas. En Aniz, una localidad navarra de unos 70 habitantes, se celebran entre seis y ocho auzolanes al año, según explica a infoLibre Mikel Azkarate, ganadero y vecino del pueblo.

El auzolan navarro está reconocido por la legislación foral como una forma de trabajo en beneficio de la comunidad concejil. Cada localidad establece su funcionamiento y, según su ordenanza, la participación puede ser voluntaria u obligatoria, con excepciones para determinadas personas y fórmulas de compensación para quienes no puedan acudir.

En Aniz, las actuaciones suelen acordarse en el batzarre, la reunión vecinal, o ser convocadas por el alcalde del pueblo cuando se acumulan varios trabajos. “Aquí sí que funciona, y la verdad es que bastante bien”, señala Azkarate. Los vecinos se ocupan de limpiar el manantial y las tuberías que abastecen a la localidad, desbrozar caminos, retirar ramas o árboles caídos e incluso organizar las fiestas.

El modelo alavés es similar. Sus juntas administrativas, responsables de numerosos núcleos rurales pequeños, convocan las denominadas veredas o jornadas de auzolan para actuar sobre aquellos espacios e infraestructuras que son de su propiedad o competencia. En Bernedo, según detalla Antoñana, esto permite trabajar en calles, cementerios, fuentes, parques infantiles, alumbrado público o redes de abastecimiento y saneamiento, además de limpiar arquetas, realizar podas y desbroces o reparar superficies de madera.

La propia junta administrativa determina qué actuación debe realizarse y proporciona a los participantes las herramientas, los útiles y los medios necesarios. “Todo lo que sea de competencia concejil se puede arreglar”, resume Antoñana. Las veredas, según el regidor, pueden convocarse para responder a un problema concreto, pero también de manera preventiva antes o después del verano, cuando resulta necesario acondicionar determinados espacios.

La Diputación Foral de Álava respalda estas actuaciones mediante líneas de ayuda destinadas a los concejos y juntas administrativas. Las entidades presentan el proyecto que quieren rehabilitar o reparar y reciben financiación para adquirir los materiales, cuyo coste no tiene que asumir íntegramente la administración local. La aportación de los habitantes, no obstante, continúa siendo el elemento central de estas actuaciones.

La diferencia respecto a una campaña de voluntariado convencional está, por tanto, en quién toma la iniciativa. En Navarra y Álava son los propios órganos de gobierno del pueblo los que identifican las necesidades, aprueban el marco regulador y movilizan a la comunidad. 

Asturias, Castilla y León, algunas zonas de Guadalajara y La Rioja también conservan distintas formas de trabajo comunitario destinadas a mantener caminos, fuentes, pastos y otros bienes comunes. Aunque adoptan nombres diferentes —sextaferia o sestaferia en Asturias, hacendera o facendera en León y Guadalajara y vereda en La Rioja—, todas parten de que los habitantes se organizan para realizar tareas que benefician al conjunto del pueblo.

La principal diferencia está en su grado de formalización. En algunas parroquias rurales asturianas, como Barcia y Leiján, en Valdés, la sextaferia sigue regulada por una ordenanza. La norma permite convocar a los vecinos para construir, conservar, reparar y limpiar caminos, montes, pastos y otras infraestructuras de titularidad parroquial, fija quién debe participar, contempla excepciones y regula la aportación de herramientas, transporte o una compensación económica cuando no sea posible acudir. 

En Otero de Curueño (León), la falta de desbroce de un terreno público llevó este mes de julio a la junta vecinal a convocar una hacendera. 14 de los 38 vecinos empadronados participaron en los trabajos después de que la pedanía reclamara sin éxito la actuación del ayuntamiento. 

En Guadalajara y La Rioja estas prácticas se utilizan también de forma más puntual. Canredondo recuperó recientemente una hacendera para limpiar y embellecer el pueblo, mientras Soto en Cameros recurrió a la vereda para desbloquear manualmente una fuente a la que no podía acceder la maquinaria pesada.

Cataluña y Galicia cuentan con fórmulas estables de participación local en la prevención y el cuidado del monte, pero se alejan de las jornadas de trabajo comunitario protagonizadas directamente por los vecinos. Se trata de sistemas más profesionalizados y sujetos a coordinación pública, aunque mantienen un fuerte vínculo con el territorio.

En Cataluña, las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) reúnen a propietarios forestales, ayuntamientos y organizaciones locales para realizar tareas de vigilancia, mantenimiento de caminos y puntos de agua, sensibilización y apoyo a los servicios de extinción. Se trata de asociaciones permanentes, equipadas y coordinadas con la Administración, más próximas a una red organizada de prevención que a una convocatoria vecinal espontánea.

En Galicia, el modelo gira en torno a las comunidades de montes vecinales en mano común, cuyos integrantes comparten la titularidad del terreno. Las asambleas deciden los aprovechamientos, las inversiones y las medidas de protección, pero los trabajos pueden ser ejecutados por los propios comuneros o encargarse a empresas y brigadas profesionales. La normativa les obliga, además, a reinvertir parte de sus ingresos en la mejora del monte y la prevención de incendios.

La diferencia principal es que las ADF catalanas son asociaciones creadas específicamente para la defensa forestal, mientras que las comunidades gallegas gestionan un patrimonio colectivo. 

En otras regiones también existen programas de voluntariado ambiental, vigilancia o mantenimiento de senderos, generalmente impulsados por ayuntamientos, gobiernos autonómicos o asociaciones especializadas. Hay ejemplos en Aragón, Cantabria, Madrid, la Comunitat Valenciana, Canarias, Andalucía y Murcia, aunque se trata de iniciativas puntuales que no constituyen una tradición de trabajo comunitario tan consolidado como la que mantienen otros territorios.  

España vuelve a tener una tasa de paro inferior al 10%. La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre sitúa el desempleo en el 9,87%, su nivel más bajo desde 2008. Entre abril y junio se crearon 486.000 puestos de trabajo, el número de ocupados alcanzó el récord de 22,8 millones y 213.300 personas salieron del desempleo.

El balance general es positivo, aunque no todos los trabajadores se han beneficiado por igual. Buena parte del avance se debe al inicio de la campaña turística y a las contrataciones propias del verano. De hecho, los servicios generaron 394.000 de los nuevos empleos, más del 80% del total. El fuerte peso de este sector ayuda a explicar por qué algunos colectivos y comunidades mejoran con rapidez, mientras otros apenas participan del crecimiento.

La comparación con el mismo periodo del año pasado obliga también a matizar el optimismo. España cuenta con 510.200 trabajadores más que hace 12 meses, pero el paro solo ha disminuido en 57.800 personas. Es decir, el mercado laboral está creando puestos suficientes para absorber a buena parte de quienes se incorporan, aunque no tantos como para reducir el desempleo con la misma intensidad.

Las mujeres han sido uno de los grupos sociodemográficos que ha protagonizado la mayor reducción del desempleo durante el trimestre. El paro femenino disminuyó en 145.400 personas, más del doble que entre los hombres, donde bajó en 67.900. También se crearon más puestos ocupados por mujeres: 249.700, frente a los 236.300 nuevos empleos masculinos.

Como resultado, la tasa de paro femenina descendió 1,33 puntos y quedó situada en el 11,02%, mientras la masculina bajó algo menos, 63 centésimas, hasta el 8,84%. El tirón de los servicios ayuda a entender esta evolución. Buena parte de las contrataciones se concentra en el turismo, la hostelería, el comercio y las actividades de ocio, sectores con una elevada presencia femenina. La campaña estival ha permitido así recuperar parte del terreno perdido durante el primer trimestre, cuando el desempleo entre las mujeres aumentó en 137.000 personas.

Sin embargo, la mejoría no borra la desigualdad. La tasa femenina todavía supera en 2,18 puntos a la masculina. Las mujeres también continúan teniendo una mayor presencia en el empleo a tiempo parcial y enfrentan más obstáculos para acceder a un puesto de trabajo y conservarlo. La temporada turística acorta temporalmente la distancia, pero no resuelve las causas estructurales que la mantienen año tras año.

El crecimiento también ha beneficiado especialmente a los trabajadores extranjeros. De los 486.000 empleos creados, 240.000 fueron ocupados por personas extranjeras y 246.000 por españoles, incluyendo en este último grupo a quienes tienen doble nacionalidad. 

La aportación de ambos colectivos es prácticamente idéntica en cifras absolutas, pese a que los trabajadores extranjeros representan una parte mucho menor del mercado laboral. La elevada presencia de trabajadores extranjeros en actividades vinculadas al turismo y los servicios ayuda a explicar este comportamiento.

La situación de los jóvenes, pese a seguir siendo una de las más complicadas, ofrece dos realidades muy diferentes. Quienes ya han tenido algún contacto con el mercado laboral se encuentran entre los grupos que más mejoran. La tasa de paro bajó 1,89 puntos entre las personas de 20 a 24 años, hasta el 19,88%, y descendió en la misma proporción entre quienes tienen de 25 a 29 años, hasta el 11,95%.

El panorama cambia entre los menores de 20 años. En el grupo de 16 a 19 años, la tasa de desempleo aumentó casi dos puntos, desde el 39,13% hasta el 41,12%. Es el único gran tramo de edad que empeora en un trimestre marcado por la bajada general del paro. El número de personas desempleadas que nunca han trabajado aumentó en 53.400 y alcanzó los 309.000.

El final del curso académico explica una parte de esta subida. Miles de estudiantes comienzan a buscar un empleo durante el verano y pasan a contabilizarse como población activa. Pero las cifras también reflejan una dificultad más profunda. Incluso en una campaña con una elevada demanda de trabajadores, la falta de experiencia continúa cerrando muchas puertas.

Una posible explicación es que las empresas prioricen perfiles con alguna experiencia previa frente a quienes buscan su primer empleo. Por eso, la temporada estival beneficia especialmente a quienes tienen entre 20 y 29 años y cuentan con alguna experiencia, pero no ofrece las mismas oportunidades a quienes intentan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

Las diferencias entre comunidades también dibujan un mapa muy ligado al turismo. Baleares encabeza con claridad la mejoría relativa, ya que en apenas tres meses, el número de parados cayó un 51,6% y la ocupación aumentó un 18,8%. La comunidad sumó 108.000 trabajadores coincidiendo con la preparación y el inicio de la temporada alta. Su tasa de paro se sitúa ahora en el 6,11%, la más baja de España.

Cataluña registra, por su parte, el mayor avance en cifras absolutas. Incorporó 130.800 ocupados y redujo el desempleo en 92.600 personas. Solo esta comunidad concentró más del 40% de toda la bajada del paro registrada en España durante el trimestre. Su tamaño económico y el peso del turismo y los servicios explican buena parte del resultado.

Más allá de los cambios del trimestre, las diferencias territoriales siguen siendo profundas. Andalucía concentra 627.100 parados, aproximadamente una cuarta parte de todo el desempleo de España, y mantiene la tasa más elevada entre las comunidades autónomas, con un 14,56%. Le sigue Extremadura, con un 13,22%.

En el extremo opuesto se encuentran Baleares, País Vasco, Cantabria, Madrid, Cataluña y Galicia, todas con tasas inferiores al 8%. La distancia entre unas comunidades y otras se mantiene pese al récord de ocupación y confirma que las posibilidades de encontrar trabajo todavía dependen, en gran medida, del lugar de residencia.

La EPA muestra, en definitiva, un mercado laboral capaz de seguir creando empleo y de incorporar a hombres y mujeres, españoles y extranjeros. Pero situar la tasa de paro por debajo del 10% no significa que el desempleo haya dejado de ser un problema estructural.

Una bandera arcoíris permanecía el domingo extendida sobre el asfalto mientras los operarios desmontaban las últimas estructuras del Orgullo. A pocos metros, en el Tiergarten berlinés, decenas de agentes mantenían acordonada la zona en la que se encontraba la furgoneta blanca que, alrededor de las diez de la noche del sábado, había irrumpido a gran velocidad cerca de la Puerta de Brandeburgo y arrollado a un grupo de asistentes al Orgullo. Una mujer murió y otras 29 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Tras el atropello, el conductor abandonó el vehículo, agredió con un arma blanca a varios transeúntes y huyó a pie.

La escena contrastaba con la imagen que Berlín había ofrecido durante buena parte del sábado. Cientos de miles de personas recorrieron el centro de la capital alemana entre carrozas, música y pancartas para participar en una de las mayores marchas LGTBIQ+ de Europa. La jornada había transcurrido sin incidentes y se acercaba ya a su final cuando la furgoneta entró en el parque de Tiergarten y se lanzó contra quienes todavía abandonaban los actos.

El autor había huido y horas después, cuando fue localizado, fue abatido por la Policía. La investigación apunta, por el momento, hacia el entorno islamista. Las autoridades alemanas consideran que los indicios recabados permiten tratar lo sucedido como un posible atentado terrorista dirigido contra la celebración del Orgullo, aunque todavía deben aclarar el grado de planificación, si el atacante actuó solo y cuáles fueron sus contactos previos.

Lo ocurrido, sin embargo, no constituye un episodio sin precedentes. En los últimos años, Europa ha sufrido atentados terroristas contra bares y personas LGTBIQ+, ataques organizados contra marchas del Orgullo, asaltos a sedes de asociaciones y agresiones individuales que han terminado en asesinatos.

La propia Alemania ya había sufrido en los últimos años un ataque similar. El 4 de octubre de 2020, un joven apuñaló en Dresde, al este del país, a una pareja de hombres que se encontraba haciendo turismo. Uno de ellos murió y el otro resultó gravemente herido. El agresor acabó siendo condenado a cadena perpetua después de que tanto la Fiscalía federal como el tribunal consideraran que había seleccionado a las víctimas por sus convicciones islamistas y por haberlas identificado como una pareja homosexual.

No obstante, el precedente más directamente relacionado con una celebración del Orgullo se produjo en Oslo en junio de 2022. Horas antes de la marcha, Zaniar Matapour abrió fuego contra varias personas frente al London Pub, uno de los principales espacios de encuentro de la comunidad LGTBIQ+ de la capital noruega. Mató a dos personas, hirió de bala a nueve y causó lesiones a otras 25. La magnitud de lo ocurrido obligó a cancelar la celebración y llevó al país a elevar su nivel de alerta terrorista.

Matapour, al que los servicios de seguridad consideraban un islamista radicalizado, fue condenado en 2024 a la pena máxima de 30 años de prisión por asesinato y terrorismo agravado. La investigación no se detuvo ahí y, en enero de este año, un tribunal noruego impuso la misma condena a Arfan Bhatti por haber participado desde Pakistán en la planificación del atentado.

La amenaza contra la comunidad no procede únicamente del extremismo islamista. El atentado cometido frente al bar queer Tepláreň, en Bratislava, mostró en octubre de 2022 la capacidad de la ultraderecha para convertir la homofobia y la transfobia en violencia terrorista. Un joven de 19 años disparó contra las personas que se encontraban a las puertas del establecimiento, mató a dos jóvenes, hirió a una tercera persona y se suicidó horas después. Las autoridades eslovacas terminaron calificando el crimen como un atentado terrorista contra la población LGTBIQ+. El local se transformó posteriormente en un espacio de memoria y concienciación antes de cerrar definitivamente en 2023.

El ataque no surgió de manera aislada. Antes de cometerlo, el responsable había publicado en internet un manifiesto cargado de antisemitismo, homofobia, transfobia y teorías supremacistas. El documento reflejaba, además, la influencia de comunidades ultraderechistas que glorifican atentados anteriores y convierten a las minorías, los migrantes y las personas LGTBIQ+ en objetivos de una supuesta guerra racial y cultural.

En distintos puntos de Europa, grupos organizados han convertido las celebraciones del Orgullo en escenario de ataques contra el movimiento LGTBIQ+. Así ocurrió en Białystok, al este de Polonia, donde alrededor de un millar de personas participaron en julio de 2019 en la primera Marcha por la Igualdad de la ciudad. Frente a ellas se congregaron unos 4.000 contramanifestantes, entre los que había grupos ultraderechistas, nacionalistas y aficionados radicales al fútbol. Estos atacaron a los asistentes con piedras, botellas y petardos, además de proferir numerosos insultos homófobos.

El episodio se produjo en un contexto político en el que dirigentes del entonces gobernante partido Ley y Justicia presentaban los derechos LGTBIQ+ como una amenaza extranjera contra la identidad y los valores nacionales. La Policía detuvo a 25 personas, aunque las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el dispositivo desplegado para proteger la marcha había sido insuficiente.

La ofensiva no se ha dirigido únicamente contra quienes participan en estas movilizaciones, sino también contra las entidades que las hacen posibles. En julio de 2021, una multitud integrada por grupos de extrema derecha y sectores ultraconservadores asaltó en Tiflis (Georgia) las oficinas de varias organizaciones, entre ellas Tbilisi Pride. Los agresores destruyeron material, arrancaron banderas y obligaron a cancelar la Marcha por la Dignidad.

La violencia contra el colectivo LGTBIQ+ también se manifiesta en España a través de agresiones físicas, amenazas y campañas de intimidación. En mayo de 2024, la Asociación Trans de Andalucía denunció la “brutal agresión” sufrida por una menor trans de 13 años en Santa Fe, Granada. La adolescente recibió patadas, puñetazos y empujones hasta perder el conocimiento mientras la amenazaban de muerte y proferían insultos contra su identidad.

En esas mismas fechas, una pareja homosexual de Albolote, también en Granada, denunció el segundo ataque homófobo sufrido en apenas cinco meses. En esta ocasión, recibió un sobre que contenía amenazas, una fotografía de ambos y símbolos nazis, además de encontrar un grafiti en la fachada de su vivienda.

El asesinato de Samuel Luiz continúa siendo, sin embargo, el principal símbolo de la violencia contra las personas LGTBIQ+ en España. El joven, de 24 años, murió después de recibir una paliza grupal en la madrugada del 3 de julio de 2021 junto al paseo marítimo de A Coruña. El Tribunal Supremo confirmó en diciembre de 2025 las condenas de entre 20 y 24 años de prisión para los tres autores adultos del asesinato y mantuvo la absolución de un cuarto acusado por falta de pruebas. La pena más elevada recayó sobre el hombre que inició la agresión, al que se aplicó la agravante de discriminación por la orientación sexual que atribuyó a Samuel. 

La última gran encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, basada en las respuestas de más de 100.000 personas, refleja que una mayor visibilidad no ha ido acompañada de una reducción de la violencia. Cada vez más ciudadanos hablan abiertamente de su orientación sexual o su identidad de género, mientras aumentan el acoso, la intimidación y las agresiones. Además, señala que las personas trans e intersexuales se encuentran entre quienes sufren una mayor victimización.

El 14% de las personas encuestadas declaró haber sufrido una agresión física o sexual durante los cinco años anteriores, frente al 11% registrado en el estudio precedente en 2019. A ello se añade que un 36% afirmó haber padecido discriminación en algún ámbito de su vida durante el año anterior.

El informe anual de ILGA-Europe describe, además, un escenario en el que las marchas del Orgullo se han convertido en un indicador de la salud democrática del continente. Aunque siguen apareciendo nuevas celebraciones, estas se desarrollan cada vez con mayor frecuencia entre contramanifestaciones organizadas, amenazas, ataques contra participantes y acciones simbólicas como la destrucción o la retirada de banderas arcoíris.

El segundo mandato de Ursula von der Leyen encadena episodios que erosionan el modelo democrático de la Unión Europea: el avance de una extrema derecha que exige “mandar de vuelta” a los migrantes, la presencia de representantes talibanes en Bruselas y, ahora, el uso sistemático de la inteligencia artificial en el corazón de las instituciones europeas. 

La Unión Europea tiene previsto poner en marcha EPGenAI Hub, una plataforma de inteligencia artificial que incorporará modelos de Meta, OpenAI, Anthropic y la francesa Mistral adaptados a tareas legislativas. El objetivo del Parlamento Europeo es ofrecer a los eurodiputados una alternativa más segura a las herramientas de IA disponibles públicamente.

Su uso, sin embargo, no es nuevo en Bruselas. Algunos legisladores llevan tiempo alertando del creciente empleo de estas herramientas en los organismos europeos. Ante una práctica ya extendida, la Unión Europea ha optado por regularla y canalizarla a través de una plataforma propia que reduzca el riesgo de filtración de información sensible. 

El eurodiputado irlandés del grupo Renew, Barry Andrews aseguró a Politico que existen indicios evidentes del uso de la IA en todo el Parlamento Europeo. “Lo entiendo perfectamente, dada nuestra carga de trabajo, pero, personalmente, considero que estas son funciones democráticas esenciales para las que los votantes nos eligieron”, añadió.

El exeurodiputado y uno de los negociadores de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, Iban García del Blanco, en cambio, considera que ofrecer a los representantes una plataforma institucional puede resultar más seguro que tratar de impedir una práctica que ya se produce. “Si no se usa de manera reglada, se usará por la puerta de atrás”, afirma a infoLibre.

Pese a los intentos de la Unión Europea por evitar que la información sensible quede en manos de compañías estadounidenses, las organizaciones de defensa de los derechos digitales y los expertos advierten de que el problema trasciende la protección de los datos parlamentarios. La incorporación al trabajo diario de estas herramientas puede afectar directamente al debate, el pluralismo y la confianza en los organismos democráticos.

Itxaso Domínguez, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi), alerta a infoLibre de que el riesgo de EPGenAI Hub no se limita a la seguridad de la información, sino que alcanza a la propia incorporación de la inteligencia artificial al proceso deliberativo del Parlamento. “El problema no es solo la utilización, sino la institucionalización, porque se delega parte de ese proceso en sistemas en los que no queda claro cuál es el componente humano”, sostiene.

Su implantación generalizada puede uniformar la forma en la que los eurodiputados y sus equipos redactan informes, enmiendas, intervenciones o preguntas parlamentarias. “Todo el mundo va a empezar a estructurar igual los textos, a utilizar algunos conceptos y a repetir los mismos argumentos”, señala Domínguez.

Esta tendencia, según la experta, choca directamente con la función del Parlamento Europeo como representación de la diversidad política, ideológica y social de la ciudadanía. “Lo que el Parlamento representa es diversidad democrática, diversidad de formas de pensar y espíritu crítico, y eso es lo que limita la IA”, incide la experta.

La homogeneización, no obstante, no se produce únicamente en el estilo de los textos. Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid, advierte de que los modelos seleccionan y jerarquizan la información a partir de los criterios definidos por las empresas que los desarrollan y de datos en los que predominan determinadas perspectivas culturales y políticas. Estas herramientas, sostiene, “tienden a homogeneizar, simplificar y, de alguna forma, a empobrecer los discursos y las ideas”.

A esa uniformización del discurso se suma, según Domínguez, el riesgo de alimentar la desconfianza política y reforzar las narrativas que presentan a los representantes públicos como prescindibles. Si una parte creciente de su producción procede de sistemas automatizados, se abre la puerta a cuestionar qué aportan realmente los diputados y sus equipos. “En algún momento alguien puede decir que los diputados europeos pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial y, si seguimos por esta vía, al final el argumento no parece tan absurdo”, señala.

El próximo 2 de agosto comenzarán a aplicarse las obligaciones de transparencia recogidas en el artículo 50 de la Ley europea de Inteligencia Artificial. Las nuevas normas pretenden que los ciudadanos puedan reconocer cuándo están interactuando con una máquina o cuándo reciben imágenes, vídeos, audios y textos creados o manipulados mediante IA.

Los proveedores, como OpenAI, Anthropic o Google, deberán introducir mecanismos que permitan detectar automáticamente este tipo de contenidos. Los responsables del despliegue, es decir, las organizaciones que utilizan estos sistemas, tendrán que identificar los deepfakes y los textos generados con IA que se publiquen para informar sobre asuntos de interés público, entre ellos la política, los procesos democráticos, la actividad de las administraciones o los derechos fundamentales.

Estas obligaciones, sin embargo, no implican que los eurodiputados deban señalar necesariamente cada informe, enmienda, discurso o pregunta parlamentaria elaborada con ayuda de EPGenAI Hub. El artículo 50 exime del etiquetado a los textos sometidos a una revisión humana sustantiva o a un control editorial y sobre los que una persona asuma la responsabilidad final. Es decir, una simple corrección gramatical no sería suficiente, pero bastaría con que un diputado o un miembro de su equipo revisara el contenido para que este pudiera difundirse sin advertir del uso de la inteligencia artificial.

Ante ese vacío, el Parlamento Europeo estudia acompañar la puesta en marcha de la plataforma con sus propios requisitos de transparencia. García del Blanco defiende que el hemiciclo establezca controles que permitan conocer cuándo y para qué se han utilizado estas herramientas. “Ya es técnicamente posible exigir o plantear controles sobre el uso de la herramienta”, señala. Esa rendición de cuentas, explica el exeurodiputado, podría incluir no solo el etiquetado de los contenidos, sino también registros sobre los modelos empleados y las tareas que se han delegado.

Domínguez, por su parte, teme que la responsabilidad de detectar errores, sesgos o manipulaciones vuelva a trasladarse a quienes fiscalizan desde fuera el funcionamiento de la institución. “Tengo miedo de que todo esto vuelva a recaer sobre la sociedad civil y los periodistas, como siempre, cuando ya está empezando a afectar al proceso democrático”.

El lanzamiento de la plataforma llega, además, en un momento en el que la Comisión Europea está tratando de reducir o retrasar las obligaciones regulatorias impuestas al sector tecnológico. Bruselas ha planteado debilitar o simplificar normas como el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento General de Protección de Datos y la futura regulación sobre privacidad electrónica.

La reforma de la Ley de IA ya ha alcanzado un acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo. Como consecuencia, las principales obligaciones para los sistemas utilizados en ámbitos de alto riesgo —como el empleo, la educación, las infraestructuras críticas, la migración o el control de fronteras— no se aplicarán hasta diciembre de 2027. En el caso de la inteligencia artificial incorporada a productos, el plazo se retrasa hasta agosto de 2028.

El giro tomó forma en noviembre de 2025, cuando la Comisión presentó dos propuestas conectadas bajo el nombre de Ómnibus Digital. La primera estaba dirigida a modificar el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva ePrivacy y otras normas relacionadas con los datos. La segunda abría la reforma de la recién aprobada Ley de IA.

Domínguez atribuye esta nueva actitud a una combinación de la presión empresarial y el temor a que Europa pierda la carrera tecnológica frente a Estados Unidos y China. “El diagnóstico de que la UE tiene un problema de competitividad puede ser compartido, pero no necesariamente la receta elegida. La Comisión ha asumido que para desarrollar más inteligencia artificial necesita disponer de más datos y, para acceder a ellos, rebajar las normas que limitan su recopilación y tratamiento”, detalla.

García del Blanco cuestiona igualmente la premisa de que una regulación más débil conduce necesariamente a un mayor desarrollo tecnológico. “Es una frase que está muy bien para repetir, pero que no se cumple en la práctica”, señala. A su juicio, no existe una relación directa demostrada entre la reducción de las garantías y un aumento de la innovación o la competitividad europea.

Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de los incendios en la Comunidad de Madrid y Ávila.

Cada año cientos de mujeres madrileñas y de otras comunidades cercanas acuden al Hospital de Torrejón para dar a luz. El paritorio es uno de los servicios más reputados de un hospital que se ha puesto en entredicho en las últimas semanas por las declaraciones de su CEO. No obstante, esta gestión también ha acabado afectando al servicio dedicado a los partos y las matronas han dicho basta. El equipo de matronas y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) remitió en marzo una carta a la dirección alertando de que "las circunstancias actuales sobrepasan y limitan nuestra capacidad para brindar una atención segura y de calidad". La situación a finales de año sigue siendo similar.

En Barcelona, las circunstancias también dan pistas de estar llegando al límite. Algunos centros hospitalarios han buscado personal de manera urgente anre la posibilidad de que hubiera escasez de matronas en las fiestas. El déficit de personal y la sobrecarga también se trasladan a otras comunidades, como Toledo, donde las profesionales denuncian que sus tareas están siendo sustituidas por enfermeras sin ningún tipo de especialidad.

La precariedad y la falta de reconocimiento de las matronas provocan que el problema sea transversal en toda España. El ratio de matronas es significativamente bajo en comparación con la media europea y de la OCDE, con aproximadamente tres matronas por cada 10.000 mujeres o unas 12,4 por cada 1.000 nacimientos, frente a las siete por cada 10.000 mujeres (OCDE) o 25 por 1.000 respectivamente. Esto refleja un déficit crónico que afecta a la salud materna y reproductiva, con más de 5.000 matronas necesarias para alcanzar los estándares europeos.

Rosa Navarro, matrona en un hospital de Cataluña que prefiere no desvelar, asocia la situación a una falta de recursos provocada por la ausencia de voluntad política. "Se ha retirado mucha gente y las matronas que salen son tan pocas que no cubren las jubilaciones. No hay voluntad política ni de crear nuevas plazas con el sistema que hay ahora, pero tampoco de volver a tener esa carrera independiente que sí generaría bastantes más plazas. No hay relevo y ya no podemos más", denuncia.

Las matronas reclaman que, además del aumento de plazas y recursos, una de las soluciones para atraer a más profesionales es la mejora de su reconocimiento. El Colegio Oficial de Enfermería exige una reclasificación profesional que las cambie del grupo A2, en el que están las enfermeras sin especialización y fisioterapeutas, al A1, en el que están los médicos de familia y los médicos especialistas. "Cualquier grado de cuatro años, por ejemplo Psicología, es un grado A1 en la administración pública y las matronas no lo tienen con seis años de formación, que son dos años extra. Además, el nivel de responsabilidad que tienen es muy alto porque de ellas dependen la madre y el feto", denuncia Lola Ruiz, doctora en Historia y autora de Historia de las matronas en España.

Además de la preparación del embarazo y la etapa posparto, las matronas denuncian la falta de recursos y de personal, que no les permite llegar a todos los programas que tienen bajo sus competencias. Sus tareas también incluyen la pedagogía sobre las enfermedades de transmisión sexual, la menopausia o los cribados de cáncer de cuello uterino, el cuarto más común en las mujeres según la OMS.

"A los responsables se les llena la boca diciendo que las matronas van a ser las responsables de un nuevo programa de infecciones de transmisión sexual o de sexualidad, pero nos preguntamos cómo y, sobre todo, cuándo. Yo estoy recogiendo exudados para un diagnóstico de infección de transmisión sexual a los 20 o 30 días", denuncia Raquel Ortega, matrona en atención primaria vinculada al Hospital de Torrejón. Además, advierte que "las listas de espera van a seguir ampliándose porque queremos trabajar cumpliendo con nuestras competencias, pero necesitamos recursos humanos, materiales y tiempo".

Las matronas arrastran esta falta de reconocimiento desde hace décadas en España, pese a sus logros como pioneras. En el siglo XVIII se convirtieron en las primeras mujeres en acceder a espacios de educación superior como el Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. Más tarde, cuando la cirugía y la medicina se integraron en las facultades universitarias, también fueron las primeras mujeres en obtener títulos universitarios.

Durante décadas mantuvieron una identidad profesional sólida, con colegios propios, organizaron congresos y participaron activamente en el debate público. Todo ese recorrido se quebró con el franquismo, que no solo las silenció políticamente, sino que desmanteló su autonomía profesional. "Durante la dictadura perdieron la carrera independiente", explica Ruiz, aludiendo a la unificación con practicantes y enfermeras que las relegó a una especialidad secundaria y marcó un retroceso profundo.

Ese legado no se corrigió plenamente con la llegada de la democracia y tuvo un punto crítico en los años noventa, cuando se dejó de formar matronas en números suficientes. "Hubo un tiempo, entre los años 80 y 90, en el que no se formaron matronas en España y, claro, las últimas que se habían formado en los 80 se están jubilando. Por ello, ese impás temporal de 10 años en los que no se formó a nadie ahora lo estamos empezando a pagar", denuncia Navarro.

Lejos de reforzar una profesión clave para la salud pública, el sistema optó por una planificación que generó un déficit estructural cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad y afectan directamente a las pacientes. La ausencia de reposición ha provocado la desaparición de suplencias, el aumento de las listas de espera y una atención cada vez más tardía a las mujeres, en momentos especialmente sensibles como el embarazo o el posparto.

Ese déficit tiene un impacto directo y medible en la salud de las mujeres. Ortega relata que en su consulta está atendiendo revisiones posparto que deberían realizarse a los siete o diez días y que llegan a los 20 o 30 días, cuando muchos problemas ya se han cronificado. "Eso supone que no detectamos problemas, que las lactancias complicadas muchas veces acaban en lactancia artificial", detalla.

Las demoras afectan también al seguimiento del embarazo, generando circuitos asistenciales desordenados que, lejos de proteger a las mujeres, añaden confusión y pérdida de calidad. "Yo en consulta estoy viendo mujeres con la cita postergada que se les junta con la cita en el hospital. No tiene ningún sentido que una embarazada tenga dos citas seguidas, eso no es un buen control del embarazo", insiste Ortega.

A estas disfunciones se suman desigualdades asistenciales difíciles de justificar, que afectan especialmente a las mujeres mayores. En la Comunidad de Madrid, las mayores de 79 años directamente dejan de tener derecho a una matrona asignada. "No se les adjudica matrona, cuando sí tienen médico, enfermera, fisioterapeuta y trabajadora social", denuncia Ortega. Una exclusión que resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que muchas de estas mujeres siguen necesitando atención específica en ámbitos como la sexualidad, la menopausia tardía o los problemas ginecológicos.

Ante la falta de profesionales, el sistema también recurre a una sustitución encubierta como solución. Pese a no tener la especialidad, las enfermeras generalistas acaban realizando las funciones propias de una matrona. Una solución que no solo es insuficiente, sino injusta para las pacientes. "No es una buena atención. Incluso las enfermeras me han llegado a decir que hacen lo que pueden, pero que la mujer no ha sido bien atendida porque no tienen los conocimientos", detalla Marisa, matrona en atención primaria en Toledo.

La consecuencia de todo este deterioro es un escenario sin relevo que amenaza directamente la continuidad de la profesión. Sin mejoras reales en las condiciones de trabajo y en el reconocimiento, muchas optan por cambiarse a la enfermería general, adelantar su jubilación o abandonar la sanidad pública, no por falta de vocación, sino por puro agotamiento. "Queremos proteger la sanidad pública, pero cada vez resulta más difícil sostener ese compromiso cuando la sobrecarga es constante y los recursos no llegan", alerta Navarro. La vocación sigue siendo fuerte, pero ya no basta para compensar años de precariedad, responsabilidad extrema y falta de apoyo institucional.

En 1998, el sistema universitario español estaba claramente dominado por lo público. Ese año, con la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena —la última universidad pública puesta en marcha en España—, el país contaba con solo 14 universidades privadas, muchas de ellas vinculadas a órdenes religiosas o con una larga trayectoria académica. Aquel 1998 marca un punto de inflexión histórico, ya que desde entonces no se ha creado ninguna universidad pública y, al mismo tiempo, el mapa universitario ha cambiado de forma radical hasta situarse al borde de la superioridad de los centros privados.

En 2025, España cuenta con 50 universidades públicas y 48 privadas, una diferencia mínima que podría desaparecer ya en 2026 si prosperan los proyectos que dependen únicamente de la tramitación parlamentaria en varias comunidades autónomas. El sorpasso de la universidad privada, impensable a finales del siglo XX, ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad inmediata.

Este giro se produce mientras la universidad pública arrastra una infrafinanciación estructural que limita su capacidad para ampliar plazas, contratar profesorado o reforzar la investigación. En ese vacío avanza la universidad privada, con el respaldo de varios gobiernos autonómicos del Partido Popular. Ante lo que el propio Ejecutivo define como una "expansión sin precedentes", el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó el pasado octubre un endurecimiento de los criterios para frenar lo que Pedro Sánchez denominó "universidades chiringuito".

Para Montse Rius, investigadora y portavoz de UCM por la Pública, el problema es que durante años se ha construido un "carril rápido" para la privada. "En Madrid, para montar una universidad privada, hasta ahora bastaba con el apoyo del Gobierno autonómico. No importa que los informes técnicos sean negativos y aunque prometan que en tres o cinco años lo arreglarán, luego nadie lo comprueba", señala.

La insistencia de algunos gobiernos autonómicos, como el de Baleares, por contar con su primera universidad privada está acelerando aún más el proceso. El Parlament ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley para crear la Universidad de Mallorca (UMAC), impulsada por la escuela universitaria ADEMA, con 31 votos a favor de PP y Vox, siete en contra de Més per Mallorca y 17 abstenciones del PSOE. Además, el Gobierno de Marga Prohens lo ha tramitado por la vía de urgencia, alegando la necesidad de atender la demanda formativa. Una decisión que ha desatado críticas por las prisas, la falta de transparencia y la sensación de "legislación a la carta".

El proyecto sigue adelante pese a un informe técnico muy crítico del ministerio, que cuestiona su solvencia financiera, el capital social aportado, las previsiones ante un eventual cierre, la debilidad de la investigación y la ausencia de másteres iniciales y de convenios suficientes para prácticas externas en ciencias de la salud. En julio, ADEMA se desvinculó de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para asociarse con la privada Isabel I, un campus online con sede en Burgos, con el objetivo de ampliar la oferta de grados de su proyecto universitario.

La urgencia política contrasta con la situación de la universidad pública. La UIB está infrafinanciada y ya sufre un grave déficit de plazas de prácticas clínicas. Mario Devis, representante de CCOO Educación en Baleares, alerta de que la competencia por los recursos y el profesorado puede agravar un problema ya existente. "En grados como Enfermería o Fisioterapia faltan plazas de prácticas. Esto aumenta la segregación, porque muchos estudiantes no pueden asumir los costes más elevados de la privada, mientras la inversión en lo público avanza lentamente o se estanca", subraya.

Si Baleares se encamina hacia su primera universidad privada, Extremadura ha pasado en pocos años de no tener ninguna a manejar varios proyectos simultáneos. El que aparece mejor posicionado para convertirse en la siguiente en aprobarse es la Universidad Abierta de Extremadura, promovida por el Grupo Planeta y concebida como universidad a distancia. A diferencia de otros expedientes, cuenta con un informe favorable —aunque condicionado— del ministerio, que exige garantías adicionales sobre la formación del profesorado, la calidad de la plantilla y las prácticas. Este aval sitúa a Planeta a un paso de culminar el proyecto, a la espera de que se reactive la actividad parlamentaria en la región.

En paralelo, Extremadura aprobó el pasado octubre su primera universidad privada, la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE). PP y Vox sacaron adelante el proyecto con la oposición de Unidas por Extremadura y la abstención del PSOE, que denunció "atajos y prisas" del Ejecutivo de María Guardiola. La Junta tramitó la ley por lectura única, sin debate en comisión ni posibilidad de enmiendas, un procedimiento que, según la oposición, vacía de deliberación parlamentaria una decisión que condiciona la estructura educativa de la región durante décadas.

Tras tres años de tramitación, la polémica reside en que UNINDE contó con un informe desfavorable de la Conferencia de Política Universitaria y con objeciones del Consejo Económico y Social de Extremadura. Además, el proyecto prevé iniciar su actividad en bajos comerciales y en el centro comercial Las Vaguadas (Badajoz). Un formato que el informe técnico considera poco idóneo y sin garantías para una universidad con ambición investigadora. El dictamen ministerial cuestiona también la solvencia financiera, la escasez de profesorado, la vaguedad del plan de investigación y la falta de garantías documentales.

Tras UNINDE, esperan turno otros dos proyectos que ya se enfrentarán al marco más exigente del Ministerio: la universidad virtual CEU Núñez de Balboa, ubicada en Jerez de los Caballeros, y la Universidad Europea de Extremadura, con Medicina como principal reclamo. Desde CCOO Extremadura y la Universidad de Extremadura advierten de que la proliferación de privadas puede suponer la puntilla para una universidad pública ya asfixiada por la infrafinanciación, al abrir una competencia directa por alumnado, profesorado y, sobre todo, por unas plazas de prácticas claramente insuficientes.

Madrid es, con diferencia, el territorio donde este ecosistema está más consolidado. La Comunidad concentra ya 14 universidades privadas y recientemente ha aprobado la IE University Madrid. Al mismo tiempo, mantiene vivos proyectos con informes técnicos negativos, como la Universidad Internacional de las Artes (TAI) y la Universidad Felipe II, dos expedientes que evidencian el choque entre el criterio técnico del ministerio y la voluntad política autonómica.

En el caso de TAI, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, los técnicos dudan de su viabilidad con el capital declarado. Consideran insuficientes los fondos para afrontar las inversiones previstas, alertan de la ausencia de convenios claros de prácticas y advierten de que la plantilla docente sería demasiado reducida para el volumen de grupos proyectado.

En el proyecto Felipe II, promovido por capital chileno y sin partir de ningún centro universitario previo, el diagnóstico es igualmente negativo. El informe cuestiona su capacidad para absorber las pérdidas iniciales, la falta de garantías bancarias, la incertidumbre sobre las sedes y el incumplimiento de la inversión mínima en investigación. También pone en duda que pueda garantizar las prácticas obligatorias, especialmente en titulaciones sanitarias.

Pese a ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha optado por dejar ambos proyectos en reserva y aplazar la decisión para reactivarlos más adelante. Esta estrategia coincide con un momento especialmente tenso para la universidad pública madrileña en términos de financiación, plantillas y capacidad de absorber demanda. "La Comunidad de Madrid quiere poner todavía más fácil la creación de privadas. Se insiste en la colaboración público-privada y en que, si una privada no tiene doctorado o instalaciones, recurra a convenios con la pública. Eso no es complementariedad, es sostener proyectos privados con recursos públicos", denuncia Rius.

Más allá de los expedientes avanzados, otras iniciativas repartidas por distintas comunidades deberán someterse a los nuevos requisitos endurecidos por el ministerio que dirige Diana Morant. En Aragón se tramitan propuestas como The Power University, la Universidad Internacional de Aragón y NCI Aragón; en Asturias, la Universidad Europea de Asturias; en Andalucía, la Universidad Internacional Antonia Guerrero, y en Canarias, la Universidad Digital. Todos estos proyectos deberán acreditar músculo financiero, capacidad investigadora y calidad docente si quieren salir adelante.

Con 48 universidades privadas frente a 50 públicas y varias aprobaciones en marcha, 2026 puede ser el año en que la balanza se incline definitivamente. El debate de fondo, coinciden sindicatos y expertos, no es solo cuántas universidades privadas puede haber, sino el riesgo de que se consolide un modelo orientado al mercado y a la rentabilidad rápida en detrimento del sistema público.

Cuando se cumple un año del inicio del segundo mandato de Trump el análisis parece claro: Estados Unidos vive una aceleración autoritaria sin precedentes recientes. Ataques sistemáticos a minorías, restricciones a la libertad académica, persecución de migrantes y una ofensiva cultural que señala a periodistas, activistas y profesores universitarios como enemigos internos. En ese contexto, el historiador Mark Bray, profesor en la Universidad de Rutgers y autor del libro Antifa (2017, Capitán Swing), ha pasado de ser una figura académica comprometida a convertirse en objetivo directo de las campañas de acoso de la extrema derecha estadounidense.

Tras recibir amenazas de muerte en su domicilio, sufrir campañas de señalamiento y acoso en Internet y ver cómo su nombre circulaba en documentos oficiales y medios afines al trumpismo, Bray decidió abandonar Estados Unidos junto a su familia y trasladarse a España en otoño de 2025. Desde aquí observa con distancia —y preocupación— la deriva política de su país y analiza con infoLibre las lecciones históricas del antifascismo en un momento en el que, advierte, "algunos fascistas ya están en la Casa Blanca".

¿Cómo ha llegado un historiador de la Universidad de Rutgers a exiliarse en España en 2025?

Escribí el libro Antifa en 2017 y ya entonces recibí un montón de amenazas. La situación cambió más recientemente, después del asesinato de Charlie Kirk. Trump decidió, sin ninguna prueba, que la culpa era de la izquierda y poco después firmó una orden ejecutiva sobre Antifa [así es como se conoce al movimiento antifascista en Estados Unidos ] diciendo que es un grupo terrorista. En Estados Unidos no existe una forma legal de designar a un grupo doméstico como terrorista, solo a grupos extranjeros, así que esa orden no tiene fuerza legal, pero sí mucha fuerza retórica. 

Fue entonces cuando empecé a recibir amenazas más serias. Durante unos días di clase por Zoom y el grupo local de mi universidad de Turning Point USA, la organización de Charlie Kirk, organizó una petición para que me despidieran. Fox News publicó un artículo sobre esa petición y entonces recibí muchas más amenazas. Una de ellas incluía la dirección personal de mi casa en Nueva Jersey. Dos días después alguien publicó mi dirección en X junto con información sobre mi familia y decidí que no era seguro quedarse en casa, especialmente en un país con tantas armas.

Mi esposa y yo pensamos en mudarnos a otra ciudad dentro de Estados Unidos, pero teníamos miedo, no solo por la situación personal, sino por la situación política en general. Habíamos vivido en España en el pasado, es un país que conozco más o menos, y decidimos venir aquí por un tiempo. En el aeropuerto también tuvimos problemas porque nos cancelaron la reserva y al día siguiente unos agentes federales me interrogaron y revisaron mis cosas durante una hora. Pero después de todo eso, aquí estamos.

¿Cree que las redes sociales y las estrategias digitales han cambiado la forma en que la extrema derecha moviliza a los jóvenes respecto a los años 20 y 30 del siglo XX?

La tecnología de la comunicación siempre ha sido importante para el fascismo. Hace cien años fueron los periódicos, la radio y, en menor medida, el cine. Todo eso fue fundamental para movilizar a la gente. Hoy la tecnología más importante son las redes sociales y en Estados Unidos encajan muy bien con una cultura extremadamente individualista. A través de las redes, un joven puede creer que está actuando como individuo —porque decide qué cuentas seguir, qué leer— cuando en realidad está participando en algo colectivo.

Los influencers juegan un papel clave. Se presentan como individuos con perspectivas personales, aunque en realidad tengan vínculos muy fuertes con la Casa Blanca o con organizaciones como Turning Point USA. Ese tipo de cuentas tiene mucho más poder que las cuentas oficiales y las redes crean espacios para que las personas participen en proyectos colectivos sin perder esa sensación de individualidad. La extrema derecha ha difundido con mucha eficacia la idea de que los hombres jóvenes son víctimas del feminismo o que la gente blanca es víctima de la cultura woke. Todo eso circula muy fácilmente por las redes y ha cambiado mucho la forma de movilizar, aunque el núcleo del mensaje sea parecido.

¿Qué ha supuesto este primer año del segundo mandato de Trump para los colectivos vulnerables, las libertades y la democracia estadounidense?

Su segundo mandato ha sido mucho más explícitamente autoritario, incluso fascista si queremos usar esa palabra. Los ataques contra grupos vulnerables han sido muy duros. Para mí, uno de los elementos más graves es el papel del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Han detenido no solo a personas sin papeles, sino incluso a cientos de ciudadanos estadounidenses y los tribunales han respaldado detener a alguien por el color de su piel. Además, las personas detenidas acaban en centros horribles, que son más o menos como campos de concentración, y muchas son deportadas, incluso a países que no son los suyos, como El Salvador.

El Gobierno también ha atacado los derechos de las personas trans, quiere destruir el matrimonio igualitario y ha impuesto vetos migratorios a muchos países. En educación, en estados como Texas o Florida hay materias que no se pueden enseñar. A nivel federal, han creado listas muy largas de palabras prohibidas en documentos oficiales, como "mujer transgénero" o "vehículo eléctrico". Todo esto muestra que el objetivo es crear una nación cristiana y blanca. Make America Great Again es un lema fundamentalmente fascista, porque quiere volver a un pasado imaginario donde las jerarquías "naturales" eran respetadas.

¿Qué diferencias existen entre el primer y el segundo mandato de Trump?

Una razón es que probablemente Trump no pensaba que iba a ganar en 2016. Su campaña era más un intento de hacerse famoso y ganar dinero. Cuando ganó, no tenía un plan. Después del 6 de enero de 2021, cuando Mike Pence fue clave para frenar el intento de golpe de Estado, Trump decidió que la próxima vez solo trabajaría con personas que hicieran exactamente lo que él quiere. Por ello, su círculo es explícitamente autoritario y tiene un plan, como el Project 2025, para transformar el Estado y la sociedad. Además, el Partido Republicano del centro ha desaparecido, ya que figuras como Pence, Romney o incluso el legado de la familia Bush ya no existen dentro de la formación.

Trump también ataca a los periodistas. ¿Cree que veremos periodistas estadounidenses exiliados?

Es posible. Durante la última década, la extrema derecha ha decidido que todos los periodistas fuera de Fox News o Newsmax son enemigos. Si un periodista descubre algo importante, puede recibir amenazas de muerte. Habrá algunos casos en los que huir será necesario.

Trump y figuras como Charlie Kirk han servido de referencia para dirigentes y activistas de la extrema derecha en otros países. ¿Cómo interpreta usted este fenómeno de exportación de discursos y estrategias políticas entre Estados Unidos y Europa?

Creo que este intercambio funciona en las dos direcciones. Durante mucho tiempo la política estadounidense ha tenido una enorme influencia global y eso también se nota en la extrema derecha. Hay formas de comunicar, de movilizar y de hacer propaganda que vienen claramente de Estados Unidos y que luego se adaptan en Europa. Pero también es importante entender que muchas ideas centrales de la extrema derecha estadounidense no nacen allí. La teoría del gran reemplazo, por ejemplo, es de origen francés y ha tenido un papel muy importante en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con conceptos como la re-inmigración, que surgen en Europa y después empiezan a circular en el debate político estadounidense.

Lo que vemos hoy es un intercambio constante. En Europa la extrema derecha ha estado históricamente muy centrada en la inmigración desde África y Oriente Medio, mientras que en Estados Unidos el foco ha sido América Latina. Sin embargo, las formas de articular ese racismo y de convertirlo en discurso político se influyen mutuamente, y las redes sociales han acelerado mucho ese proceso.

Además, hay una dimensión política organizada. Figuras como Steve Bannon han viajado a Europa para establecer contactos y desde la extrema derecha estadounidense existe un interés claro en debilitar proyectos como la Unión Europea, que se perciben como un obstáculo ideológico y económico. Por eso no hablaría solo de una exportación desde Estados Unidos a Europa, sino de una red transnacional de extrema derecha que comparte ideas, estrategias y objetivos.

Vox ha propuesto recientemente ilegalizar a las organizaciones antifascistas. ¿Estamos lejos de una criminalización como en EE. UU.?

Creo que la situación es diferente. En países como España, Francia o Italia, el antifascismo tiene una relación mucho más fuerte con la historia nacional. En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial; en España, después del franquismo. Aquí el fascismo no es algo abstracto, es una experiencia histórica reciente. El esfuerzo de participar en la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos no se vendió como un proyecto de antifascismo en el imaginario popular, por lo que términos como este tenían una asociación con la izquierda y con el comunismo después de la guerra. 

Eso ha facilitado que hoy se pueda presentar el antifascismo como algo ajeno o extremista. En Europa es más difícil imponer ese marco, aunque no imposible. Dependerá del contexto político y de la fuerza de la extrema derecha.

¿Qué lecciones históricas del antifascismo considera más útiles en el contexto político actual?

Cuando escribí mi libro en 2017 hablé mucho del antifascismo preventivo. Resistir al fascismo cuando aún es pequeño para que no crezca. Esa estrategia funcionó durante mucho tiempo, pero la situación actual es distinta y hay que plantarle cara. En Estados Unidos, algunos fascistas ya están en la Casa Blanca y tampoco estamos en el contexto clásico del antifascismo militante ni en una guerra civil. Es un escenario nuevo, pero sigue siendo fundamental conectar el presente con la historia del antifascismo. No solo para aprender lecciones prácticas, sino también por una razón emocional y política. Hay que entender que estamos en la misma lucha. 

En la última década, el movimiento antifascista ganó la lucha en las calles, especialmente entre 2016 y 2019, pero la extrema derecha cambió de estrategia. Abandonó los intentos de crear un movimiento independiente, como en Charlottesville en 2017, y empezó a infiltrarse en el trumpismo, en protestas contra las mascarillas o las vacunas, y acabó influyendo directamente en el movimiento MAGA. El antifascismo ganó unas batallas, pero perdió otras, sobre todo, en el terreno institucional y en las redes sociales. La extrema derecha supo adaptarse y el antifascismo tendrá que hacer lo mismo.

Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, reclamando que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, dimita o convoque elecciones anticipadas no son un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia española. Los obispos han opinado —y a menudo con dureza— sobre la política nacional desde la Transición, especialmente frente a los Gobiernos socialistas. Desde las advertencias contra la ley del aborto de Felipe González hasta las campañas contra el matrimonio igualitario o Educación para la Ciudadanía durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, los choques han sido recurrentes.

Sin embargo, el momento, el tono y el respaldo institucional en el que se producen estas declaraciones han generado una crisis entre la Iglesia y el Gobierno de mayor calado. La diferencia es que ahora esas palabras llegan desde la presidencia de la CEE, en un momento de debilidad interna de la institución y con el Gobierno negociando los principales asuntos Iglesia-Estado directamente con el Vaticano, al margen de Añastro.

Pese a que Argüello ha insistido en que hablaba a título personal, ese razonamiento quedó invalidado cuando la Oficina de Comunicación de la CEE salió públicamente a justificar sus palabras tras la carta de protesta enviada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Fue entonces cuando su opinión individual pasó a adquirir una dimensión institucional. Para Jesús Bastante, periodista especializado en información religiosa y cofundador del medio Religión Digital, ese es el elemento clave del conflicto. "Aquí es una opinión de un obispo, pero cuando el portavoz de la Iglesia española refrenda esas palabras, eso sí que es grave", explica. Además, varios obispos admiten en privado a eldiario.es que Argüello "ha vuelto a meter a la Iglesia en un lío", como ya ocurrió en junio con declaraciones similares.

La llegada de Luis Argüello a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española en marzo de 2024 inició la vuelta al primer plano del sector más conservador del episcopado. Su elección por mayoría absoluta en primera votación —48 apoyos de 78 electores— supuso la derrota clara del candidato aperturista, el cardenal José Cobo, y la conformación de una mayoría inclinada a cerrar filas frente a la agenda cultural del Gobierno y a marcar distancias con el reformismo asociado al pontificado de Francisco.

Para Natalia Núñez-Bargueño, investigadora Marie Skłodowska-Curie en la Universidad Católica de Lovaina, ese resultado ya anticipaba el cambio de rumbo. "Aunque Argüello fue nombrado obispo por Francisco y estaba considerado inicialmente como moderado, su elección hacía presagiar un posible giro hacia el conservadurismo en la CEE", matiza. A su juicio, el nuevo presidente ha ido mostrando una "mayor sintonía con ideas defendidas por sectores conservadores en política y en la sociedad civil", en contraste con el perfil más neutral de su antecesor.

Jesús Bastante coincide en ese diagnóstico y subraya que Argüello "es un convencido de que estamos ante una batalla cultural". Añade que su discurso, aunque formulado en términos más intelectuales que partidistas, "coincide en buena medida con los postulados de algunos think tanks de la extrema derecha". En la Comisión Ejecutiva figuran además obispos de línea dura como Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, que ha acusado al Gobierno de formar parte de "la decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática".

El perfil de Argüello se refleja también en sus declaraciones más controvertidas sobre los abusos sexuales. Durante su etapa como secretario general de la CEE minimizó reiteradamente la magnitud del escándalo, aludiendo a "pequeños casos" o cuestionando la necesidad de un informe global. Ya como presidente, avaló el informe Para dar luz, que excluyó centenares de casos reconocidos por diócesis y órdenes religiosas y cuya rectificación posterior se hizo de forma silenciosa.

El contraste con Juan José Omella es significativo. Presidente de la CEE entre 2020 y 2024 y uno de los hombres de mayor confianza del papa Francisco en España, Omella encarnaba un perfil pastoral, dialogante y mediador, más preocupado por rebajar la tensión institucional que por convertir el enfrentamiento político en eje del discurso eclesial. Bajo su presidencia se alcanzaron acuerdos relevantes con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el reconocimiento de cerca de un millar de inmatriculaciones indebidas o la eliminación pactada de determinadas exenciones fiscales, entre ellas las relativas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Ese talante lo traslado también a escenarios políticamente delicados. Como arzobispo de Barcelona, Omella ejerció de mediador durante el conflicto catalán, manteniendo interlocución tanto con el Gobierno central como con las autoridades catalanas y evitando alineamientos explícitos. "Omella tenía un talante radicalmente distinto, más cercano a Francisco y más pastoral", resume Bastante. Con Argüello, ese equilibrio se ha desplazado hacia un discurso más confrontativo, que vuelve a situar el choque con el Gobierno como uno de los ejes centrales de la proyección pública de la Conferencia Episcopal.

Otro de los factores clave para entender el endurecimiento del discurso de Argüello es el desplazamiento progresivo de la Conferencia Episcopal Española como interlocutor central del Gobierno en los asuntos más sensibles de la relación Iglesia-Estado. En los dos grandes frentes abiertos en esta legislatura —la resignificación del Valle de Cuelgamuros y la reparación a las víctimas de abusos sexuales— el Ejecutivo ha optado por negociar directamente con el Vaticano.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tratado ambas cuestiones con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y con el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, convertido en España en el principal interlocutor de Roma. Esta estrategia ha dejado a la CEE en un segundo plano y ha evidenciado la falta de confianza del Gobierno en la capacidad de la actual cúpula episcopal para cerrar acuerdos estables, especialmente tras el fracaso del plan PRIVA, impulsado por Argüello.

El historiador José Ramón Rodríguez Lago, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidade de Vigo, interpreta este movimiento como una toma de posiciones ante un posible cambio de ciclo político. "Las declaraciones de Argüello y el contexto del nombramiento del nuevo nuncio apuntan a un retorno a estilos de confrontación episcopal propios de etapas como las de Suquía o Rouco frente a gobiernos socialistas", señala. A su juicio, la Iglesia española "está recuperando usos y discursos de etapas precedentes" en un momento en el que considera que el actual Ejecutivo se encuentra debilitado.

"Ahora mismo el Gobierno ha conseguido que Roma sea un interlocutor más directo que la propia Conferencia Episcopal y eso está en la base del cabreo interno de Argüello", resume Bastante.

El 2 de junio de 2018, Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y tomó posesión sin Biblia ni crucifijo, una imagen inédita en la democracia española que proyectaba una clara voluntad de separación entre la esfera civil y la religiosa. Aquel arranque, coherente con el discurso que el PSOE había mantenido durante años desde la oposición, alimentó la expectativa de una etapa de avances laicistas.

Sin embargo, el paso del tiempo y la gestión desde el Gobierno han rebajado notablemente ese listón. Aunque el Ejecutivo ha desarrollado una agenda legislativa —aborto, eutanasia, derechos LGTBI— frontalmente contraria a los postulados de la jerarquía católica, en el terreno específico de las relaciones Iglesia-Estado los cambios han sido limitados y siempre negociados. De esta forma, el PSOE ha ido retirando de sus programas la denuncia del Concordato y la supresión del IBI, y ha optado por una estrategia de diálogo institucional que evita tocar los pilares del estatus eclesial.

En fiscalidad, la Iglesia ha perdido exenciones como el ICIO y las contribuciones especiales, pero mantiene intacta la exención del IBI incluso en inmuebles de uso lucrativo. En materia patrimonial, el Gobierno ha reconocido cerca de un millar de inmatriculaciones indebidas, aunque sin promover reformas legales que faciliten su reversión. Además, el sistema del IRPF —más de 300 millones anuales— no solo se mantiene, sino que sigue garantizando a la Iglesia una posición económica sólida, sin avances hacia la autofinanciación prevista en los acuerdos de la coalición de Gobierno con Podemos en la segunda legislatura.

En algunas facultades de la Universidad de Málaga (UMA), los profesores han tenido que llevar folios desde casa para que sus alumnos puedan examinarse, las impresoras han llegado a estar bloqueadas salvo para lo imprescindible y los departamentos funcionan con presupuestos reducidos a lo básico. A pocos metros, grúas detenidas, edificios a medio construir y nuevas facultades inacabadas completan un paisaje que refleja hasta qué punto la precariedad de la institución es transversal. Una imagen que resume el momento que atraviesa la universidad pública andaluza, asfixiada por la falta de financiación de la Junta de Andalucía.

La UMA arrastra una infrafinanciación estructural que se traduce en un déficit superior a los 59 millones de euros anuales. Este agujero ha obligado al nuevo equipo rectoral a aplicar desde la pasada primavera un severo plan de ajuste. A finales de 2024, la Junta de Andalucía le concedió un préstamo extraordinario de 48,5 millones de euros, con un interés del 1%, destinado a garantizar el pago de nóminas y proveedores. Sin embargo, ese balón de oxígeno ha llegado acompañado de un mayor control financiero y de nuevas exigencias de ajuste por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

El caso guarda ciertas similitudes con lo ocurrido en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La mayor universidad presencial de España cerró 2024 con un déficit de 33,2 millones de euros y también tuvo que solicitar a la Comunidad de Madrid un préstamo de 34,5 millones para sostener su tesorería. El apoyo llegó, como en Málaga, ligado a un plan de ajuste prolongado que, en el caso madrileño, implica una retención del 35% del gasto operativo hasta 2028.

En Málaga, la tensión ha terminado por desbordar las aulas. Los estudiantes y docentes han vaciado clases, convocado paros académicos y protagonizado concentraciones ante el rectorado y durante actos institucionales desde el pasado curso. Plataformas como UMA por la Pública y los sindicatos denuncian una degradación progresiva de las condiciones de la enseñanza.

La escasez de recursos que denuncia la comunidad educativa se explica, en gran medida, porque la Universidad de Málaga es una de las peor financiadas del sistema universitario español. Según los datos de financiación por estudiante de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), la institución malagueña figura como la cuarta universidad pública peor financiada del país. Los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía indican que recibe 6.267 euros por estudiante, unos 678 euros menos que la media andaluza. Además, esta brecha no es casual, ya que desde 2012 la financiación autonómica destinada a la UMA ha caído del 15,1% al 13,8%.

Se trata de un problema que no afecta solo a Málaga, pero que allí se manifiesta con mayores consecuencias. "Si la financiación no crece, las universidades van a seguir tomando medidas que acaban afectando a las plantillas y al estudiantado", advierte José Luis Martos, secretario de Universidad de CCOO Andalucía, que sitúa el caso de la UMA como el ejemplo más extremo de un modelo que falla en toda la comunidad. Además, alerta de que nueve de las diez universidades públicas andaluzas cerrarán el ejercicio de 2025 en números rojos, frente a las cinco del año anterior.

Frente a esta situación de precariedad, la Junta de Andalucía sostiene que nunca antes se había destinado tanto dinero a la educación superior. Sin embargo, el conflicto no gira en torno al volumen global de los presupuestos, sino al incumplimiento reiterado del propio modelo de financiación aprobado por la administración autonómica para el periodo 2023-2027.

El principal punto de conflicto es la denominada cláusula de salvaguarda, una garantía incluida en ese modelo que debe asegurar que ninguna universidad pública reciba menos financiación que el año anterior, al margen de ajustes presupuestarios. En la práctica, esta protección no se ha aplicado, lo que ha dejado a universidades como la de Málaga con menos recursos reales para funcionar. A ello se suma la no actualización del capítulo 2, la partida destinada a cubrir los gastos básicos del día a día —luz, agua, limpieza, mantenimiento de edificios o material docente—, que no ha crecido al ritmo del aumento de los precios. "No estamos reclamando más dinero del pactado, sino que se cumpla lo que ya está firmado", subraya Salvador Pineda, portavoz de UMA por la Pública.

Pineda denuncia que, mientras el presupuesto universitario de la Junta ha crecido en torno al 1,9%, la inflación y el incremento de los costes energéticos, de servicios y de personal han avanzado a un ritmo muy superior. "Ese diferencial se va acumulando año tras año y termina estallando en forma de recortes", advierte. Recuerda además que la Junta anunció aportaciones extraordinarias de hasta 16 millones de euros adicionales para el conjunto de las universidades públicas andaluzas que nunca han llegado a ejecutarse.

Otra parte clave del problema de la Universidad de Málaga se explica por una cadena de decisiones que arranca antes de la pandemia, cuando la institución contaba con un elevado volumen de remanentes acumulados y decidió acometer grandes inversiones. Se iniciaron obras como la nueva Facultad de Psicología, el Pabellón de Gobierno, la Facultad de Turismo o la ampliación de Filosofía y Letras, todas ellas licitadas y en ejecución con respaldo presupuestario.

Esa planificación se rompió en 2020, cuando la Junta de Andalucía exigió a las universidades una aportación extraordinaria al Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19. A la UMA se le reclamaron 36 millones de euros de sus remanentes, una cantidad que la propia gerencia calificó entonces como "un recorte en toda regla". "Es como si empiezas a reformar tu casa porque tienes dinero en el banco y, a mitad de obra, te lo quitan", resume Martos.

La respuesta de la administración autonómica no fue una compensación directa ni la devolución de esos fondos, sino el préstamo de 48,5 millones de euros con un interés del 1% destinado a pagar las deudas con las constructoras y continuar con las obras. El representante de CCOO califica esta fórmula como una "intervención de facto de la universidad" por parte de la Junta.

El resultado es una institución en modo supervivencia que está trasladando los recortes al profesorado. Belén Casado, doctora en Derecho Civil y profesora de la UMA, denuncia que es la única universidad pública andaluza donde no se conceden sustituciones por bajas médicas o maternales. "Cuando alguien cae enfermo o se va de baja, el resto del departamento asume su docencia", explica.

Casado alerta también de que los recortes están teniendo un impacto económico directo. Desde 2024, los complementos retributivos reconocidos oficialmente no se están abonando, lo que está empujando a numerosos docentes a plantearse reclamaciones judiciales. "Estamos hablando de retribuciones concedidas, no de promesas futuras. Nos dicen que no hay dinero y que no saben cuándo se van a pagar. Eso genera una enorme inseguridad económica y personal", señala.

El bloqueo de las promociones agrava aún más el escenario. Según Casado, más de un centenar de docentes de la UMA han obtenido la acreditación para catedráticos o figuras superiores sin que se convoquen sus plazas, en contraste con lo que ocurre en otras universidades públicas andaluzas. "Hay compañeros acreditados desde hace más de un año, incluso año y medio, que siguen cobrando como titulares mientras ven cómo en Cádiz, Sevilla o Córdoba sí salen las plazas y otros colegas, acreditados en las mismas fechas, ya han promocionado", denuncia.

La precariedad alcanza incluso a la investigación y a la vida académica cotidiana. Las ayudas para proyectos y estancias se han reducido al mínimo o han desaparecido, lo que hace prácticamente inviable salir al extranjero o mantener líneas de investigación activas. Las bibliotecas carecen de presupuesto para renovar fondos y en los laboratorios se acumulan equipos averiados que no pueden repararse durante meses por falta de recursos. "Todo se está dosificando al límite, el material, el mantenimiento, los viajes y las actividades académicas. Vivimos en una lógica de racionamiento permanente", resume Casado.

"He pasado por tres operaciones, seis meses de quimioterapia, radioterapia y ahora tengo por delante siete años de hormonoterapia. Perdí mi negocio, mi fuerza y mi vida cambió para siempre. Todo por no llamarme a tiempo", relata Sofía, malagueña y paciente del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Se hizo la mamografía del programa público de cribado el 20 de agosto de 2024, pero nadie la llamó durante meses. Cuando por fin fue atendida, en enero de este año, el cáncer ya estaba en estadio tres y con metástasis en los ganglios linfáticos

La historia de Sofía no es una excepción. Tampoco lo son las de Amparo e Isabel, sevillanas y pacientes del Hospital Universitario Virgen Macarena, que atravesaron el mismo recorrido: mamografías sin respuesta, meses de silencio y diagnósticos tardíos que desembocaron en cirugías agresivas contra el cáncer de mama y tratamientos con secuelas irreversibles. Las tres desarrollaron cáncer tras los retrasos en los cribados y sus testimonios desmontan el relato defendido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Pese a la cantidad de casos de mujeres afectadas que han aparecido en los últimos meses, Moreno Bonilla aseguró este viernes en la presentación de su libro que al menos 23 mujeres —en torno al 1% del total— desarrollaron un tumor tras los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama. Frente a esa cifra, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) sostiene que al menos 301 mujeres han desarrollado cáncer, una cifra respaldada por historiales clínicos y que sigue aumentando conforme afloran nuevos casos. "No somos 23", insiste Sofía. "Solo en el grupo de afectadas en el que estoy somos más de 300 y todas con documentación".

Sofía intentó informarse por su cuenta cuando vio que pasaban las semanas sin noticias tras la primera mamografía. "Llamé para preguntar por el resultado y me dijeron que no me preocupara, que si no me llamaban era porque no corría prisa", recuerda. El informe de la prueba tardó más de un mes en elaborarse y, además, no estaba firmado por ningún radiólogo. Cuando finalmente fue citada en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, ya en enero de este año, la reacción de la especialista que la atendió fue inmediata. "Se llevó las manos a la cabeza cuando vio que habían pasado cinco meses desde la mamografía y me preguntó cómo era posible", relata.

En Sevilla, Amparo pasó por un silencio casi idéntico. Se hizo la mamografía en junio de 2023 y recibió el mismo mensaje tranquilizador. "Me dijeron que si en 10 o 15 días no me llamaban, que estuviera tranquila", recuerda. Pasó todo el verano sin recibir ninguna notificación y no fue hasta septiembre cuando la citaron para pruebas complementarias y, tras semanas de nuevas exploraciones, llegó el diagnóstico definitivo. "En noviembre me dijeron que tenía cáncer y que me tenían que hacer una doble mastectomía. Entre la mamografía y la operación pasó casi un año", explica.

El caso de Isabel se remonta aún más atrás. Se sometió al cribado en agosto de 2022 y durante meses no recibió ninguna información. En diciembre le repitieron la prueba y le practicaron una biopsia, pero el silencio volvió a imponerse. Nadie la llamó para comunicarle el resultado. "Me enteré de que tenía cáncer porque fui a mi médico de cabecera a preguntar. Miró el ordenador y me dijo que tenía cáncer'", detalla. No tenía ninguna cita programada para que le explicaran el diagnóstico ni para iniciar el tratamiento. "Si no llego a preguntar, no sé cuánto tiempo habría pasado. Tenía cuatro tumores y estaba haciendo vida normal", añade.

Cuando el diagnóstico llegó, en los tres casos el cáncer ya exigía tratamientos intensivos, pero las consecuencias han sido distintas en cada historia. En Málaga, Sofía ha pasado por tres cirugías, seis meses de quimioterapia y sesiones de radioterapia, y continúa con un largo tratamiento de hormonoterapia e inmunoterapia. "Mi cuerpo ya no responde como antes porque me mareo y me caigo al no tener fuerza y hay días que no puedo ni levantar el brazo con normalidad", explica.

En Sevilla, Amparo sufrió seis meses de quimioterapia, 18 sesiones de inmunoterapia y 25 de radioterapia tras la doble mastectomía. Además, los efectos del tratamiento derivaron también en una secuela física. "De tanto tratamiento se me necrosó la cadera y este año me han tenido que poner una prótesis y ahora no voy a poder correr nunca más", relata. Además, denuncia que parte de su atención se realizó tras una derivación a centros privados. "La reconstrucción del pecho fue en un hospital privado y la operación de la cadera en Quirón. Yo no tengo seguro privado y fui derivada por la Seguridad Social".

Isabel pasó por una mastectomía completa con reconstrucción tras meses sin diagnóstico y sufrió graves complicaciones posteriores. "Tuve trombos, infecciones quirúrgicas y una bacteria del quirófano, lo que me llevó a pasar todo el mes de junio ingresada". También continúa con tratamiento hormonal y con secuelas físicas que condicionan su vida diaria. "Cuando escucho que dicen que somos 23, se me revuelve el estómago".

Al impacto del diagnóstico tardío y de los tratamientos agresivos, las afectadas suman la herida de la deslegitimación pública por parte de la Junta de Andalucía. Desde que estalló la crisis de los cribados, el Gobierno andaluz ha cuestionado reiteradamente los testimonios de las mujeres y el papel de la asociación AMAMA, acusándolas de generar alarma social e incluso de mentir.

El propio Juanma Moreno Bonilla ha llegado a asegurar que las críticas al sistema sanitario andaluz "hacen dudar a la ciudadanía" y que algunas denuncias están "sobredimensionadas". En sus declaraciones más recientes, el presidente incide en dicho relato al minimizar el alcance del problema a alrededor de una veintena de casos. Un mensaje que las afectadas han sufrido como un nuevo golpe. "Duele muchísimo escucharlo, es volver a revivirlo todo otra vez y demuestra una falta total de empatía", incide Amparo. 

El tono se ha endurecido también desde la Consejería de Salud. El actual consejero, Antonio Sanz, ha acusado a AMAMA de "verter injurias y calumnias" contra la Junta y ha restado gravedad a las denuncias de las afectadas. "Nos han llamado exageradas, alarmistas, que damos miedo a la gente, pero yo tengo fechas, informes y documentación. No hablo de oídas y no me invento nada", denuncia Sofía

Desde AMAMA recuerdan que las cifras que manejan no son estimaciones ni opiniones, sino historias clínicas y expedientes contrastados. La asociación ha presentado más de 25 denuncias y prepara nuevas reclamaciones por responsabilidad patrimonial. "Vamos a denunciarlas todas para que no puedan seguir diciendo que mentimos", añade Amparo.

Sofía pone palabras a un sentimiento compartido por muchas de las afectadas: "Asumo que tengo cáncer, lo que no asumo es que me hayan abandonado". Para las víctimas, el problema no se reduce a un fallo administrativo puntual, sino a una cadena de retrasos que ha tenido consecuencias irreversibles. "Nadie ha explicado todavía dónde estuvo el error", denuncian.

Las historias de Sofía, Amparo e Isabel ponen rostro y contexto a una crisis que la Junta de Andalucía ha tratado de acotar a una cifra mínima. Sus diagnósticos tardíos, los tratamientos posteriores y las secuelas que arrastran evidencian que el alcance del problema va más allá de lo reconocido oficialmente. Una realidad documentada por la asociación AMAMA y por los historiales clínicos de las propias afectadas, que desmienten que el impacto de los fallos en los cribados pueda reducirse a tan solo una veintena de casos.

"A las tres de la mañana ya no sabía si lo que estaba diciendo era verdad o si estaba exagerando por puro cansancio". Así recuerda la anestesista Itziar Insausti un momento de crisis que vivió la semana pasada. Llevaba más de veinte horas seguidas de trabajo en el Hospital de La Paz cuando los cirujanos la llamaron para valorar a un paciente con una infección grave. No era una urgencia inmediata, pero sí una operación que, si se retrasaba demasiado, podía costarle la vida al enfermo. "Yo era la anestesista más senior de la guardia y me tocaba decidir si lo operábamos ya o si podíamos esperar a primera hora de la mañana, cuando todos estuviéramos descansados", explica. "Pero estaba tan agotada que no tenía certeza de si mi criterio era real o era fruto de la fatiga. Después de 20 horas ya no sabes si decides bien".

La urgencióloga Mar Laínez describe una escena similar en su servicio en el Hospital de Móstoles. "Cuando llevas desde las ocho de la mañana trabajando y siguen entrando pacientes a las dos, a las cuatro o a las seis de la madrugada, no puedes más. A esas horas no eres la misma médica, no tomas decisiones igual de rápidas y el paciente lo nota. Es inhumano trabajar 24 horas seguidas con este nivel de estrés", denuncia. Ambas acumulan años de carrera, noches enlazadas y decisiones críticas bajo una fatiga que reconocen como el mayor enemigo dentro del hospital. "En todas mis salidas de la guardia me llevo en la cabeza a algún paciente con el que dudo si habría actuado mejor estando descansada", confiesa Laínez. Sus voces reflejan el malestar que ha empujado a miles de médicos a una huelga nacional de cuatro días, celebrada esta semana, para rechazar el borrador del nuevo Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. La protesta ha coincidido con un nuevo intento de negociación entre el Comité de Huelga —formado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz— y el equipo de la ministra Mónica García. Un encuentro, celebrado este jueves, que terminó sin avances relevantes. Aunque Sanidad ha retirado el ultimátum de mantener su propuesta y se ha comprometido a seguir negociando el próximo 17 de diciembre, los sindicatos insisten en que el contenido del texto sigue sin incorporar ninguna de las cuestiones de fondo que les han llevado al conflicto.

La situación de desacuerdo resulta especialmente llamativa porque al frente del Ministerio de Sanidad se encuentran dos dirigentes que conocen de primera mano esa realidad asistencial. Tanto la ministra, Mónica García, como el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, han sido médicos en activo hasta hace relativamente poco tiempo y han trabajado en hospitales públicos sometidos a las mismas dinámicas que denuncian los profesionales en huelga. Esa trayectoria previa, que durante años les ha situado del lado de las reivindicaciones laborales y de la crítica a la sobrecarga del sistema, ha intensificado la frustración ante un texto que consideran insuficiente. "Precisamente porque saben lo que es una guardia, duele más que no hayan ido más lejos", lamenta Insausti.

Las experiencias que describen ambas facultativas reflejan las razones por las que los médicos han llegado a este punto. Los sindicatos denuncian que el problema central es que siguen existiendo jornadas que pueden alargarse hasta 24 horas seguidas, unas condiciones que consideran "insostenibles" tanto para quien trabaja como para quien es atendido. "Somos la única categoría sanitaria que está 24 horas seguidas trabajando. Vemos pasar tres turnos de enfermeras, de técnicos y de celadores y nosotros seguimos ahí, sin relevo", recuerda Insausti.

Por ello, una de las principales reclamaciones es eliminar estas guardias encadenadas. Según los profesionales, el borrador del nuevo Estatuto Marco no corrige esta situación, sino que la maquilla al establecer que "la jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo en los días laborables". "El Ministerio dice que ya no habrá guardias de 24 horas, pero es falso, ya que entre semana las llaman de 17 horas, pero se hacen a continuación de una jornada ordinaria de siete u ocho horas, y los fines de semana directamente lo permiten", denuncia Insausti.

Otra de las cuestiones que reclaman con fuerza es que las guardias sigan considerándose "jornada complementaria". Dicha categoría provoca, según los sindicatos, que estas horas se paguen por debajo de la jornada ordinaria y que, además, no cuenten como tiempo de trabajo real. Es decir, no tienen el reconocimiento que sí tendría una hora extraordinaria. "Las guardias no cuentan para nada, no computan para jubilarte y no te reducen la jornada, pero sin ellas no llegas a fin de mes porque el sueldo base es muy bajo", denuncia Laínez.

La regulación de la jornada real es otro punto clave. Los médicos denuncian que el borrador deja intacta la expresión "necesidades del servicio", un concepto amplio que, en la práctica, actúa como una cláusula de escape. Esta fórmula permite a los centros sanitarios ampliar horarios, imponer más guardias de las previstas o modificar los turnos cuando falte personal, algo frecuente en servicios tensionados como urgencias, anestesia o cuidados intensivos. Según los profesionales, esta coletilla convierte en ineficaz cualquier límite horario teórico porque "basta con invocarla para programar semanas de cincuenta o sesenta horas, cubrir ausencias inesperadas o compensar plantillas insuficientes". "Si la ley deja esa puerta abierta, seguiremos con cinco guardias al mes y con déficits estructurales que se tapan a base de cansancio médico", advierte Insausti.

En cambio, el Ministerio de Sanidad defiende que su propuesta supone "el mayor avance en veinte años" y "un intento real" de mejorar las condiciones de un sistema que arrastra carencias desde hace tiempo. El departamento de Mónica García subraya que el texto introduce por primera vez un límite explícito a la jornada, que reduce la duración máxima de las guardias y que refuerza los descansos obligatorios.

El debate competencial también está dificultando alcanzar ciertos acuerdos respecto a los puntos más sensibles de la negociación. El equipo de Mónica García insiste en que el Estatuto Marco es una ley básica que debe respetar el reparto territorial de la sanidad, y que determinadas reclamaciones —como las retribuciones o las políticas de contratación— dependen exclusivamente de las comunidades autónomas. Los médicos, sin embargo, sostienen que ese argumento no puede servir para bloquear los cambios esenciales. Recuerdan que el Estado sí tiene la capacidad de fijar las bases del régimen estatutario, los límites de jornada, la definición de lo que es una guardia y los descansos mínimos que garanticen la seguridad del paciente.

"Las jornadas ordinarias de 35 horas dependen de cada comunidad, igual que el precio de la hora de guardia, pero la regulación  del tipo de descanso obligatorio y los límites de tiempo de trabajo es algo que tiene que fijar el Estado", aclara Laínez. Para los sindicatos, el problema no es jurídico sino político, ya que durante dos décadas "ningún Gobierno ha querido reordenar un sistema que sobrevive gracias a la disponibilidad ilimitada de sus médicos". "Defender nuestras condiciones laborales es defender la seguridad del paciente. Eso es exactamente lo que hacemos cuando vamos a la huelga", recuerda la urgencióloga.

El enfrentamiento actual no puede entenderse sin mirar atrás. El Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal estatutario se aprobó en 2003, durante el segundo Gobierno de José María Aznar. Desde entonces, apenas se ha tocado pese a que el sistema sanitario se ha visto afectado por un aumento de la presión asistencial, plantillas ajustadas, un incremento constante de las urgencias y una estructura organizativa que no se parece a la de hace veinte años. Además, la descentralización ha provocado que cada comunidad autónoma haya ido gestionando sus recursos humanos de forma distinta, lo que ha generado un mosaico desigual de horarios, retribuciones, ratios de personal y niveles de estabilidad. 

Para Insausti, esta reforma es "la única oportunidad" para corregir un marco que ha quedado obsoleto. "No puede ser que cada comunidad funcione con reglas propias sin unos mínimos comunes. Pedimos un texto que impida jornadas de 24 horas y que reconozca nuestro trabajo como lo que es." Laínez coincide en que la normativa vigente ha dejado a los profesionales expuestos a decisiones unilaterales de cada consejería. "El Estatuto actual no protege. Permite diferencias abismales y fomenta la precariedad. Necesitamos una actualización real, no un lavado de cara."

Cuarenta y seis años después, la Universidad Complutense ha vuelto a pronunciar en voz alta lo ocurrido el 13 de diciembre de 1979. Lo ha hecho en la Facultad de Ciencias de la Información, donde este viernes se ha inaugurado en la quinta planta el mural que recupera la pintada hallada hace un año con una frase casi borrada y dos nombres que durante décadas habían quedado sepultados bajo capas de pintura y un silencio institucional prolongado. José Luis Montañés Gil, de 22 años, estudiante de Ciencias Políticas, y Emilio Martínez Menéndez, de 20, alumno de Ingeniería Industrial, murieron por disparos policiales tras una jornada de movilizaciones estudiantiles contra la Ley de Autonomía Universitaria. Aquella pintada —"José Luis, Emilio, no os olvidamos"— fue la prueba de que, pese al paso del tiempo, su recuerdo había resistido en los márgenes.

"Su nombre, su historia y su ausencia forman parte de una herida que aún duele", ha resumido Javier Montañés, hermano de José Luis, en una de las intervenciones que han marcado la jornada. "La memoria no es venganza, es la base mínima de una democracia", ha insistido. A su lado, Mari Carmen Martínez, hermana de Emilio, ha agradecido que la universidad y las nuevas generaciones hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano. "Ver este mural y escuchar hoy a los estudiantes de la época es una forma de reparación después de tantos años", ha celebrado, subrayando la importancia de que la memoria "salga por fin del ámbito privado y se convierta en un reconocimiento colectivo".

La inauguración del mural, obra de Alicia León Gordo, ha sido el eje simbólico de una jornada de charlas que ha reunido a instituciones, familias y al movimiento estudiantil. El acto ha querido convertir el hallazgo de la pintada en una reparación pública, con el impulso de la facultad y la participación del Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, además del acompañamiento de infoLibre, que ha apoyado el proyecto y ha participado en el arranque institucional.

El bloque dedicado a las familias ha sido el más emocionante de la jornada. Mari Carmen Martínez ha recordado a Emilio como un joven profundamente comprometido desde muy temprano, con quien hablaba de política y de la Transición. Además, ha relatado el impacto devastador de su muerte en "una familia que no entendía cómo la policía podía disparar contra un hijo que no era un delincuente". "Fue muy duro asumirlo, y lo fue aún más el silencio posterior", ha señalado. Pero también ha destacado el valor del momento actual y ha agradecido que la Universidad y los estudiantes hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano.

Javier Montañés ha insistido en que el recuerdo de José Luis no puede quedar reducido a una nota a pie de página. Ha descrito a su hermano como un joven con "hambre insaciable de leer y conversar", comprometido con el estudio y la solidaridad. "A José Luis y a Emilio los asesinó la policía con su arma reglamentaria. Sus únicas armas eran su voz y su lucha", ha recordado. Montañés ha defendido que "recordar no es reabrir heridas, es evitar que se repita la impunidad".

La importancia del homenaje también ha residido en su respaldo institucional. Tanto la Secretaría de Estado de Memoria Democrática como infoLibre, que han financiado parte de la reconstrucción del mural, han subrayado el acto como "un paso necesario" para convertir la memoria en reparación pública. Carmina Gustrán, comisionada de los 50 años de España en Libertad, ha advertido de que la democracia no llegó de forma plena con el final del franquismo: "En 1975 no llegó ni la libertad ni la democracia". "Actos como este nos recuerdan el muchísimo trabajo que queda por hacer y la necesidad de celebrar el pasado con espíritu crítico", ha insistido.

Por parte de infoLibre ha intervenido Jesús Maraña, director editorial del periódico, que ha vinculado memoria y presente desde su experiencia como estudiante en la Complutense en aquellos años. Ha recordado la movilización estudiantil de 1979 y ha cuestionado el relato de una Transición modélica. "Cuando se insiste en la imagen de una Transición pacífica se está falseando la historia", ha afirmado. "La democracia no cayó del cielo, se construyó con conflicto, con represión y con un coste humano que no podemos permitirnos olvidar", ha insistido.

La mesa dedicada al movimiento estudiantil ha trazado un hilo continuo entre el 13 de diciembre de 1979 y la universidad actual, mostrando que cambian las formas, pero no las lógicas de control y represión. Desde el movimiento del 79 se ha situado la muerte de José Luis y Emilio en un contexto de violencia estructural y de continuidad de prácticas franquistas en las fuerzas de seguridad. Ramón Adell, sociólogo y entonces activista estudiantil, ha señalado que "las tácticas policiales no se habían democratizado y la impunidad era total", y ha recordado la actuación sin consecuencias de grupos de extrema derecha dentro y fuera de la universidad.

Otros participantes han rechazado cualquier lectura edulcorada de aquel periodo y han subrayado que la lucha contra la Ley de Autonomía Universitaria iba mucho más allá de una norma concreta. Mauricio Gallego, abogado y miembro del movimiento estudiantil de la época, ha defendido que "no peleábamos solo contra la LAU, peleábamos contra un sistema que quería cerrar en falso la Transición".

Sobre el 13 de diciembre, la mesa ha sido explícita. Carlos Tejero, que estuvo presente en aquella manifestación, ha sostenido que "ese día alguien dio la orden de ahogar en sangre la movilización", insistiendo en que las muertes no fueron un exceso aislado, sino el resultado de una estrategia represiva. La campaña posterior de descrédito mediático también ha sido señalada como una pieza clave de la impunidad. Adell ha resumido esa violencia prolongada con una frase contundente: "A José Luis y a Emilio no solo los ha matado la policía, los han rematado los medios".

Ese pasado ha encontrado un reflejo directo en las intervenciones del movimiento estudiantil actual. Las voces jóvenes han descrito una universidad donde la represión ya no suele expresarse en disparos, pero sigue presente en campus militarizados, sanciones, vigilancia y límites al derecho de protesta. Fran Flecha, del movimiento libertario, ha advertido de que "la violencia continúa aunque no termine en muertes", vinculando estas prácticas a desahucios, cargas policiales y control del espacio público.

Al mismo tiempo, se ha reivindicado la continuidad de la lucha. La defensa de lo público y de la autonomía universitaria ha aparecido como un eje compartido entre generaciones, junto a la preocupación por la derechización de una parte de la juventud. Frente a ese avance, se han puesto en valor las resistencias que se articulan desde el feminismo, los movimientos queer y las asambleas estudiantiles. María Prieto, de la Acampada por Palestina, ha resumido ese hilo de continuidad entre generaciones con una idea clara: "No hemos heredado una lucha cerrada, seguimos en la misma".

La jornada ha culminado con la inauguración del mural en la quinta planta de la facultad. Aquella pintada mínima que decía "José Luis, Emilio, no os olvidamos" ha dejado de ser un rastro casi borrado para convertirse en una afirmación pública y permanente. La Complutense no solo ha homenajeado a José Luis y Emilio, sino que ha convertido la memoria en un acto presente y colectivo.

Más de cinco años después de la primera ola de la pandemia, la investigación penal por las 7.291 muertes en las residencias de Madrid ha dado por fin sus primeros pasos reales en dos juzgados. Por primera vez, un ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo, ha declarado como imputado. Se trata de uno de los autores de los Protocolos de la Vergüenza —desvelados por infoLibre— y ha admitido en sus declaraciones judiciales de esta semana en Plaza de Castilla y Collado Villalba que sus criterios fueron "discriminatorios". Ahora deberá entregar los correos y mensajes con los que afirma haber trasladado su rechazo interno en marzo de 2020.

Ese requerimiento no es un trámite menor, ya que es la primera vez que un juez obliga a un investigado clave a respaldar con pruebas la versión con la que intenta reducir su responsabilidad. No obstante, la sensación de avance también se ha visto acompañada de un elemento de bloqueo. Carlos Mur, el director general que firmó los protocolos, y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112, no han comparecido en ninguna de las dos citaciones pese a estar imputados. Los juzgados alegan que no han podido localizarlos, aun cuando ambos han sido notificados en causas anteriores, ya que han declarado como testigos en procedimientos previos y han ejercido funciones públicas perfectamente identificables. 

La abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, señala a infoLibre que los procesos por fin "van tomando cuerpo", pero requieren que la Justicia actúe con celeridad. Considera imprescindible que los juzgados localicen a los dos investigados ausentes, coordinen las distintas causas abiertas y despejen el escenario para que las próximas diligencias avancen sin nuevos bloqueos. Jacinto subraya que "estamos un paso más adelante que la semana pasada", pero recuerda que, tras casi seis años, la lentitud judicial amenaza con vaciar de sentido cualquier investigación. 

Las dos declaraciones de Francisco Javier Martínez Peromingo han mantenido un mismo relato. Reconoció ante los jueces de ambos procedimientos que las primeras versiones de los criterios de exclusión aplicados en marzo de 2020 fueron discriminatorias y que las residencias nunca llegaron a estar medicalizadas. También afirmó haber trasladado a Mur su oposición por escrito —mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp— y trató de situarse como un técnico que ejecutaba órdenes con las que no coincidía.

Pero esa estrategia, según las acusaciones, intenta desdibujar su papel real. La documentación aportada por las asociaciones lo sitúa como coeditor y partícipe directo en la elaboración de los documentos que luego justificaron la no derivación hospitalaria de miles de mayores. "No puede presentarse como un mero receptor", explica Jacinto. Además, la abogada añade que el propio Peromingo redactó un protocolo técnico diferente a los firmados por Mur que también tenía "un carácter absolutamente discriminatorio”.

Ante las dudas que genera el propio relato de Peromingo —que intenta presentarse como un opositor a unos protocolos que él mismo ayudó a redactar—, el magistrado de Collado Villalba le ha exigido que aporte las comunicaciones que respalden su versión. Sin embargo, Jacinto, alerta de que esas pruebas podrían no ser tan concluyentes como sugiere el imputado. "Habrá que ver qué aporta, ya que puede ser un correo aislado, un matiz técnico o algo que exprese cierta duda pero que no modifique en absoluto su papel como coeditor. Quizá no estemos ante una oposición firme, sino ante comunicaciones que, cuando las veamos, no sean para tanto", detalla. 

Mientras Peromingo redefine su papel, la ausencia reiterada de los otros dos imputados amenaza la consistencia de la investigación. Carlos Mur y Pablo Busca han mantenido su estrategia de no comparecer tanto en Plaza de Castilla como en Collado Villalba. Es la tercera incomparecencia de Mur y la segunda consecutiva de ambos como imputados. Los juzgados insisten en que no han logrado notificarles, pero el argumento resulta difícil de sostener, ya que Mur ha declarado como testigo en varias ocasiones y continúa ejerciendo como médico, y Busca trabaja para el Gobierno vasco.

La acusación ha reclamado que, además de subsanar la falta de esfuerzos efectivos, los juzgados se coordinen entre sí, empleen domicilios profesionales o recurran a otro tipo herramientas para evitar unas ausencias que parecen responder también a un cálculo procesal. "No descarto que estén esperando a conocer la versión de Peromingo antes de declarar", señala Jacinto. Para la abogada, retrasar su comparecencia les permite calibrar qué ha dicho el coeditor del documento y ajustar después su relato, incluso tratando de desplazar hacia él la responsabilidad técnica. 

Jacinto teme que estemos ante un escenario en el que "cada uno vaya pasando la responsabilidad al otro", y recalca que solo las declaraciones de los tres permitirán determinar si hubo autoría directa, coautoría o incluso autoría mediata, es decir, decisiones tomadas desde niveles superiores de mando.

Tras dos días de declaraciones, las asociaciones de familiares coinciden en que se ha producido el avance más significativo en años, pero que persisten los mismos obstáculos que han frenado la investigación desde 2020. María Jesús Valero, presidenta de Verdad y Justicia, destaca la importancia de que Peromingo haya reconocido como imputado el carácter discriminatorio de los protocolos, pero recuerda que el avance llega “seis años tarde” y sigue incompleto mientras dos de los tres investigados continúan sin comparecer. 

Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias, pone el foco en que está quedando demostrado en sede judicial que la discriminación no solo se produjo en las derivaciones hospitalarias, sino también en la ausencia sistemática de atención dentro de los centros. “Ni entraban médicos ni se permitía salir a los hospitales. Esa omisión es parte esencial del delito”, subraya. 

La portavoz advierte además de que la comparecencia de Mur y Busca es crucial para evitar un nuevo bloqueo. "Si vuelven a no comparecer, el mensaje para las familias es devastador", detalla. Valero denuncia que las familias "siguen atrapadas en un sistema que funciona demasiado despacio para quien ya ha perdido demasiado". "La justicia, si llega tan tarde, deja de ser justicia", concluye.