La temporalidad en España, una lacra que está en el centro de la negociación de la reforma laboral que ha causado estos días el mayor conflicto interno del Gobierno en lo que va de legislatura, es crónica desde hace al menos 37 años: si la economía crece, el crecimiento lo sostienen los contratos temporales; si se destruye empleo, los primeros en ir a la cola del paro son los eventuales. Uno de los picos de la temporalidad llegó en 2006, en plena cresta de la ola del boom económico nacional, un modelo que pincharía poco después al calor de la crisis financiera internacional dejando millones de parados: hace 15 años, un 34% de la población activa tenía un contrato laboral definido en el tiempo, según un estudio de la Fundación BBVA en 2019.

Ahora la tasa se sitúa en el 26,02% según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el 28 de octubre, más de uno de cada cuatro trabajadores. En términos absolutos, 4.4 millones sobre 16,9 millones de asalariados. Y el perfil del temporal es evidente: mujer trabajadora del sector servicios con un contrato por obra y servicios, la modalidad más precaria de toda la tipología contractual.

Un porcentaje similar al actual, rondando el cuarto del total, se registró a partir de 2009. El suelo, en torno al 23%, se tocó en 2012 y 2013, en lo peor de la anterior gran recesión. “Es totalmente lógico, los contratos temporales en España son un factor de ajuste para los empresarios”, lamenta la penúltima secretaria de Estado de Empleo y catedrática de Derecho del Trabajo, Yolanda Valdeolivas. “Los trabajadores en esa situación son los primeros que se van al paro”.

A partir de 2015, España salió de la recesión y el crecimiento volvió. Bajó el desempleo, pero esa creación de empleo fue apuntalada por el alza de la temporalidad. Antes de la pandemia, se volvió a una tasa del 27%. Trabajos que se crean y se destruyen a velocidad de vértigo porque al empresario le sale a cuenta, como denuncia recurrentemente la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. En este sentido, el 31 de agosto de 2018, fin de la temporada estival, se batió un récord: 304.642 empleos destruidos en un solo día, que no hay que confundir con despedidos o desempleados; gran parte de ellos volvería a renovar su contrato a principios de mes. Un país de camareros temporales.

En ese periodo n(2015-2020) que va desde la recuperación económica hasta el shock pandémico volvió la temporalidad lacerante de forma masiva: según un estudio publicado por Comisiones Obreras en agosto y titulado La temporalidad en España, “entre 2012 y 2020, el 91% de los contratos que se firmaron fueron de carácter temporal”. “Ni siquiera la crisis provocada por la Covid-19 ha conseguido reducir la tasa de temporalidad”, ensalza el informe del sindicato. Nueve de cada 10 contratos han sido temporales en la última década.

La tendencia que llega hasta el momento actual es que España es la líder europea en temporalidad, según marcan las estadísticas de Eurostat con algo de retraso sobre el INE. Según la EPA más reciente, de los 4,4 millones de temporales ocupados el 53% (2,3 millones) son mujeres, el sexo más castigado por la temporalidad. En cambio, de los 12,5 millones de asalariados, el 53% (6,6 millones) son hombres. El 76,9% de los contratos temporales corresponden al sector servicios, más de tres de cada cuatro (3,3 millones en total). El 62% de los empleos temporales en servicios los llevan a cabo mujeres.

1,48 millones de contratos de obra y servicio al año

La mayor parte de los 4,4 millones de contratos temporales corresponden al sector privado y 1,1 del público. Y en el sector público se halla el mayor porcentaje de temporales: de 3,48 millones de trabajadores públicos en total, el 31,61% tienen un contrato de duración determinada. Por esta razón la patronal CEOE suele insistir en que, antes de abordar la temporalidad en las empresas, convendría reducir el problema en las administraciones públicas. En su efímero paso por el Ministerio de Función Pública, Miquel Iceta firmó con los sindicatos el pasado mes de julio que los interinos no prorrogaran su situación más allá de tres años, así como indemnizaciones para aquellos interinos que no obtengan plaza, un punto de partida para encarar el problema.

¿Cuál es el contrato temporal más común? El de la obra y servicio, siempre de acuerdo con la EPA. Hasta 1,48 millones de contratos en el último trimestre fueron de obra y servicio, el 33,8%. Yolanda Díaz quiere precisamente poner coto a este tipo de contratos, y a finales de diciembre de 2020 recibió un inesperado regalo del Tribunal Supremo: el alto tribunal modificó su doctrina y falló que es “ilógico sostener que grueso de la actividad” con el “carácter excepcional al que el contrato por obra o servicio debe atender”. Es decir, que la obra y servicio para realizar un trabajo permanente es, directamente, fraude.

“Una trabajadora de la limpieza de un edificio o de una cafetería de una administración pública, o un obrero de la construcción para mí no es temporal. Pues bien, todos ellos podrían pasarse la vida trabajando a través de contratos de obra y servicio”, explica el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez. “El contrato de obra y servicio es el más proclive al fraude”, apunta Yolanda Valdeolivas.

El origen: 1984

¿Cuándo empezó la lacra en España? Hay consenso en que fue la reforma laboral de 1984, cuando nace el Contrato Temporal de Fomento del Empleo con Joaquín Almunia al frente del ministerio. Era un momento de paro galopante, inflación desbocada y escaso crecimiento económico. “Duró ocho años y nacía con la vocación de ser, valga la redundancia, temporal”, recuerda Valeriano Gómez. “Pero cuando el Gobierno se concienció de que había que dar fin a este contrato que podía utilizarse en todo momento para contratar sin justificar la causa, resulta que esa figura englobaba ya a un tercio de la población asalariada”. Había nacido un monstruo contractual en un país cuyo sector de hostelería tenía un potencial enorme. Al igual que el ladrillo.

“La mitad de los contratos en los sectores de hostelería y construcción se convirtieron en temporales”. Gómez afirma que antes no lo eran. “El contrato típico de un albañil era el fijo de obra, con un trabajador rotando de un lugar a otro”. En 1992 una nueva reforma laboral anuló el contrato de fomento del empleo y causalizó la temporalidad, pero para entonces el empresariado ya estaba familiarizado con otros dos tipos existentes: el eventual por circunstancia de producción y, ya se ha mencionado, el de obra y servicio. 

Valeriano Gómez lo resume.  "Fue como deshinchar un globo solo por un lado: el oxígeno se acumula en la otra parte. El contrato de fomento del empleo despareció, pero su lugar lo habían ocupado otros". Después vinieron tímidas reformas que nunca resolvieron el fenómeno. La reforma de 2006 prohibió encadenar contratos temporales durante más de dos años -en un plazo de 30 meses- para un mismo puesto, y la de 2011 que introdujo otra limitación para los contratos de obra y servicio. Ambas reformas tuvieron lugar con José Luis Rodríguez Zapatero y fueron insuficientes. “Nunca hemos tomado medidas audaces contra la temporalidad”, proclama Yolanda Valdeolivas.

La inflación se dispara al 5,5% según el indicador adelantado Índice de Precios de Consumo (IPC) relativo a octubre y publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Antes, en septiembre, venía de escalar un 4%, ambos porcentajes medidos en términos interanuales. Es la tasa más alta desde 1992, lo que ha llevado al líder de la oposición, Pablo Casado, a exigir al Gobierno que reelabore los Presupuestos Generales del Estado al estar el IPC "desbocado". 

¿Está afectando esto al bolsillo del ciudadano? Solo en lo que compete a la gasolina y el precio de la luz, dos de los cuatro productos que mide el INE que crecen por encima del 20% con relación a septiembre de 2020: se trata de los aceites y grasas -el único alimento con el precio por las nubes- un 23%, la electricidad sube un 44%, los combustibles líquidos un 42% y los carburantes un 22,5%. De hecho, la inflación subyacente adelantada se sitúa en el 1,4%, cuatro puntos por debajo de la principal.

Ciertamente, los hogares con vehículos particulares van a notar el incremento de los combustibles y el precio de la electricidad va a traducirse, según la OCU, en que la factura media en septiembre alcanzará los 87,40 euros por casa (a pesar de que el precio por megavatio hora ronda los 200 euros estos días y su récord se situó en 288,53 euros el 6 de octubre, la factura final es menor). Pero la inflación no afecta de momento a la cesta de la compra. 

De los 101 productos que analiza el INE para medir la inflación, hay cuatro desbocados -los ya comentados: electricidad, combustibles líquidos, carburantes y aceites y grasas- y otros siete por encima de la media de septiembre del 4%. Es decir: 11 productos están por encima de la media en cuanto a precio y 90 por debajo, cuando no en términos negativos. 

Los siete son, según el INE: el gas (el IPC escala un 9%), las bicicletas (7,6%, es conocido que falta stock de bicicletas desde la pandemia), los equipos fotográficos y cinematográficos e instrumentos ópticos (4,2%), los instrumentos musicales y grandes bienes duraderos para ocio en interiores (5%), los servicios de alojamiento (6,4%, esto se explica porque en septiembre de 2020 el turismo estaba mucho peor), los seguros de salud (5,2%) y el agua mineral (7,3%)

"Necesitamos ver el problema de la inflación con más perspectiva. Hay un crecimiento dispar de precios, y una parte muy importante de los vaivenes de septiembre se dan por productos muy relevantes", como los carburantes o la electricidad, advierte Manuel Hidalgo, economista y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. "¿Eso quiere decir que no hay riesgo? En absoluto: el otro día me cobraron 2 euros con 80 céntimos por un café en el lugar donde me pedían 2,60. Y en el bar me alegaron que tenían que asumir más costes". "Podríamos entrar en una dinámica de espiral de la inflación, pero de momento me inclino a pensar que no estamos aún inmersos en ella".  

Solo a modo de comparativa, el pan y los cereales subieron un 0,8% interanual en septiembre; la carne, un 0,9%; el pescado y el marisco, un 1,5%; la leche, el queso y los huevos, un 0,9%. La fruta escaló un 1,9% pero las legumbres y hortalizas vieron reducir su precio un 0,4%. El azúcar, la confitura, la miel, el chocolate y la confitería se encarecieron un 0,5%. Las bebidas destiladas (licores) y el vino cayeron un 1,4% y 2,2%, respectivamente. Las prendas de vestir se encarecieron un 1,1%. 

El calzado aumentó un 0,9%, el alquiler de vivienda principal un 0,5%. Los muebles y accesorios un 3,2%, las alfombras y otros revestimientos de suelos bajaron un 2,4%. Los grandes aparatos domésticos, eléctricos o no, un 0,6%. Los bienes no duraderos para el hogar, un -0,6%. Hubo caídas significativas, como la de los equipos de telefonía y fax (-7,8%) o los equipos de procesamiento de información (-2,3%). Los juegos, juguetes y aficiones un -1%, los libros escalaron un 1% y las peluquerías y establecimientos de estética un 0,9%. Así, hasta 90 productos que o crecen por debajo del 4%. 

"Que la subyacente esté muy por debajo de la inflación total indica que ese traslado de los mayores precios energéticos al resto de la economía aún no se ha producido del todo", contempla Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario. "Esto tranquiliza a los políticos y a los gobernadores de bancos centrales, pero también a los ciudadanos. Eso sí, me surgen incógnitas e incertidumbres abundantes", contrapone. "La previsión de que a mediados de 2022 se desacelerará la inflación parece optimista. La situación puede terminar pareciéndose algo a los años setenta del pasado siglo, cuando la subida de los precios del petróleo acabó afectando a todos los precios que entran en el índice". 

"Inflación de costes"

El BCE insiste en que la inflación disminuirá a partir de 2022. "El aumento de los precios de la energía, la recuperación de la demanda y los cuellos de botella de la oferta están impulsando actualmente la inflación", ha dicho este jueves su presidenta, Christine Lagarde. "Si bien la inflación tardará más en disminuir de lo esperado, esperamos que estos factores disminuyan durante el próximo año. Mantenemos la inflación en el medio plazo se situará por debajo de la meta del 2%".

"Actualmente España se enfrenta una inflación de costes provocada fundamentalmente por el incremento del precio de la energía a nivel global", resalta el gabinete de estudios económicos de CCOO. "La inflación no es de demanda, pues está aún se está recuperando, ni monetaria a pesar de la expansión cuantitativa del balance del BCE". "La inflación no parece que vaya a convertirse en un fenómeno permanente en Europa o España. La tardía expansión monetaria y las políticas de austeridad llevadas a cabo por Europa durante la anterior crisis desanclaron las expectativas de inflación a la baja, y desde entonces no se han recuperado", destaca el sindicato.

Manuel Hidalgo lo resume de otra forma: "Los precios de la electricidad se incrementaron vertiginosamente en los últimos meses. Pero ahora están estabilizados en el entorno de los 200 o 215 euros. Eso es una bajada intermensual. Que a la larga será un descenso acusado del IPC". Para este viernes, el precio de la electricidad ha caído hasta los 175 euros por megavatio hora. 

El alza del número de ocupados en España hasta rebasar los 20 millones, una cifra no vista desde 2008, y una caída notable del paro en el tercer trimestre a pesar de las restricciones al turismo internacional impulsan la recuperación económica a niveles laborales previos a la pandemia de covid-19. La Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE relativa al tercer cuarto del año sitúa la ocupación en 20.031.000, tras un aumento de 359.300 personas. Hace un año, el incremento de ocupados fue de 569.600 personas, pero es que el país venía de perder en el segundo trimestre de 2020 —el más duro del coronavirus— más de un millón (1.074.000 ocupados menos). Así que la encuesta revela el segundo mayor incremento de la ocupación desde el tercer trimestre de 2008.

Hace dos años, en el tercer trimestre de 2019, la ocupación llegaba a 19.874.300 trabajadores. La tasa de paro marcó entonces el 13,92%, la primera vez desde el cuarto trimestre de 2008 que caía por debajo del 14%. Ahora, en 2021, la tasa de desempleo está en el 14,57%, con una clara tendencia descendente. Según ha manifestado el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, tras conocerse la EPA, los datos muestran una recuperación del nivel de empleo efectivo "que no tiene precedentes". 

El paro cayó de julio a septiembre en 127.100 personas, todo ello sin ayuda del turismo extranjero, que antes de la irrupción del covid-19 batía récords cada año en España. El tercer trimestre de 2019 fue  en este sentido mucho peor, al reducirse el paro solo en 16.200 personas. Fue un verano relativamente malo comparado con los anteriores en términos de desempleo: éste cayó en 164.100 en 2018, en 182.100 personas en 2017 o en casi 300.000 parados menos en 2015. Las razones se localizaban fundamentalmente en la afluencia de visitantes foráneos, mientras que en 2021 el motor ha sido el turismo nacional.

La reactivación económica es palpable comparando los indicadores de 2021 y 2019: si hace dos años el sector servicios ocupó a 87.700 personas, ahora la cifra se dispara hasta 377.200 trabajadores, de lo que se deduce la importancia de los contratos temporales en periodo estival. No por nada, la EPA actual constata que la temporalidad aumenta 96 centésimas, hasta el 26,02%, la más alta de la Unión Europea. Crecen los empleos en la Industria (63.000), pero caen en la Agricultura (49.600 menos) y en la Construcción (–31.200). Hasta 2018, la construcción ganaba ocupados en el tercer trimestre de 2018. En 2019 este sector perdió 6.500 empleos. Ahora más de 30.000, lo que dota de más importancia todavía al auge en servicios. 

También influye el ritmo de vacunación y la desaparición de las restricciones este verano. Así, las regiones con mejores datos de empleo son turísticas: Cataluña (62.300 más), Canarias (50.000) e Illes Balears (47.900), y solo pierden ocupados Andalucía (–7.200) y La Rioja (–2.100).

El número de ocupados en un año ha crecido en 854.100 personas. En ese aumento, 146.900 corresponden a empleo público, más del 17% del total. De los 359.300 nuevos ocupados, 132.400 tienen una edad comprendida en la franja de entre 20 y 24 años, la que más crece. También cae el desempleo entre 16 y 19 años (–14.500). De hecho, la tasa de paro juvenil (por debajo de 25 años) cayó en términos intertrimestrales un 12,2%, 73.100 desempleados menos. Así, ésta se sitúa en el 31,1%, frente al 30,5% del cuarto trimestre de 2019. 

Sube la ocupación en los hogares

El incremento de la ocupación por sexos recae, sobre todo, en las mujeres al crecer en 185.400 frente a 173.900 ocupados hombres en el tercer trimestre de 2021.

En el último año, todas las comunidades autónomas han aumentado su ocupación. Lideran la clasificación Castilla-La Mancha (8,24% más que en el tercer trimestre de 2020), Canarias (7,20%) y Extremadura (6,91%).

Los hogares con todos sus miembros en paro se redujeron en 35.800, hasta sumar 1.122.100. Es la cifra más baja desde el primer trimestre de 2020. Aquí también hay datos positivos: los hogares con todos sus miembros ocupados crecen en 197.300, sumando así 10.798.900. La mejor cifra desde el cuarto trimestre de 2007. Los hogares con un miembro al menos ocupado crecen en el tercer trimestre en 71.800.

La Ley de Vivienda aprobada este martes en Consejo de Ministros y que, según los planes del Gobierno, entrará en vigor "en el segundo semestre de 2022", establece por primera vez en España la consideración de "zona de mercado residencial tensionado". Es una manera de decir que en un barrio o municipio el precio de los alquileres está desbocado y se come el 30% o más de los ingresos de los hogares de media. La declaración permite así adoptar medidas como fijar precios máximos a los arrendamientos en esas áreas tensionadas a los grandes propietarios o una panoplia de incentivos y ayudas fiscales a pequeños propietarios, además de permitir a estos últimos incrementar el precio del último contrato hasta un 10%, siempre que las viviendas cumplan una serie de condiciones. 

Hay, sin embargo, un requisito indispensable tanto para limitar los contratos de los alquileres en manos de fondos de inversión como para la batería de bonificaciones a pequeños caseros: que la comunidad autónoma en la que se halla el barrio o municipio active la declaración de zona tensionada. Regiones del PP como la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia o Andalucía y otras del PSOE como Castilla-La Mancha han mostrado sus reservas hacia la ley, cuando no han dicho directamente que harán lo posible para dejarla sin efecto en sus territorios. 

"Las comunidades autónomas no están obligadas a declarar zonas tensionadas", explican fuentes del Ministerio de Transportes. "Eso sí, si no lo activan, no podrán beneficiarse de los incentivos fiscales". En el ministerio señalan que una región puede configurar, fuera del marco estatal, su propia zona de mercado tensionado. "Pero no aplicarán los activos que recoge esta ley. Si una autonomía quiere dar tributos propios, autonómicos o locales, a caseros que promuevan el alquiler asequible, puede hacerlo y de hecho se hace".

El problema es que los incentivos de la ley decretan "una mejora de la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)" a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Aunque el IRPF tiene un gravamen autonómico, es un impuesto esencialmente estatal. Y para esta deducción fiscal hay que tener una vivienda en una zona declarada de mercado tensionado, cuya duración es de tres años aunque en realidad puede prorrogarse 'sine die', al existir la opción de que la zona tensionada se renueve anualmente si los precios de los arrendamientos continúan por las nubes.

La batería de incentivos

La batería de incentivos empieza con los nuevos contratos: los pequeños caseros obtendrán una reducción fiscal del 50%. A partir de ahí, diferentes casos: si se demuestra que el propietario ha hecho obras de rehabilitación energética o de mejora en los dos años anteriores a la firma del contrato, la deducción se eleva al 60%. Para las viviendas asequibles incentivadas -un nuevo concepto-, que son aquellos pisos que los caseros arrendan a una administración pública o entidad del Tercer Sector para crear alquileres asequibles, la reducción sube al 70%. 

Igualmente del 70% es la deducción en caso de que se alquile por primera vez una vivienda en zona tensionada a jóvenes de entre 18 y 35 años. Y llegará hasta el 90% si el casero baja la renta del alquiler al menos un 5% sobre el último contrato firmado, y siempre que el hogar esté en un área declarada de mercado residencial tensionado. 

En cambio, los grandes tenedores, personas jurídicas que normalmente son fondos de inversión que se encuentran al amparo del marco de las socimi, verán cómo se pone un tope a los precios del alquiler, una medida en teoría más lesiva para sus intereses que los incentivos a pequeños propietarios. Un gran tenedor es aquel que tiene 10 o más inmuebles residenciales -excluidos garajes y trasteros- o cuyas propiedades suman a partir de 1.500 metros cuadrados. 

Los precios máximos, para la siguiente legislatura

Otra diferencia es que las ayudas fiscales a caseros se producirán una vez se apruebe la ley definitivamente en el Congreso, lo que se calcula ocurrirá dentro de un año aproximadamente. Los precios máximos se establecerán a partir de un índice de referencia para el que el Gobierno da un plazo de 18 meses desde que entre en vigor la ley: es decir, que la limitación de precios a fondos no verá la luz esta legislatura, salvo que en el proceso de enmiendas parlamentarias el Ejecutivo decida acelerar su puesta en marcha. 

"Nos parece un plazo razonable", dicen en Transportes. "Hay que atender a la realidad de un sistema complejo, hay que hacer análisis en cada territorio, hay que hacer una confección de los registros de los contratos de alquiler. Hay comunidades autónomas que ya tienen depósitos de fianzas". Es el caso de Cataluña: cuando entró en vigor la ley catalana de vivienda -recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales-, el índice de precios de referencia ya existía. Fue creado en 2017. 

Hay otras disposiciones ya comentadas: una reserva del 30% para vivienda social en cada promoción de nuevas casas, que obligará a dar una compensación a los propietarios de suelos consolidados, o un recargo del IBI de hasta el 150% a viviendas vacías de propietarios con cuatro o más propiedades. 

Todos los actores que protagonizan la contrarreforma laboral miran a Bruselas. “Necesitamos europeizar el mercado de trabajo”, declaraba este lunes al Financial Times la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, cuya carrera se ha desarrollado en las instituciones comunitarias. En abril, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acudió a la capital belga, se reunió con el comisario de Diálogo Social, Valdis Dombrovskis y celebró la “acogida muy positiva” de la Comisión Europea “a la propuesta española de modernización del mercado laboral”. Y la CEOE insiste de manera recurrente en que las propuestas que Díaz lleva a la mesa de diálogo en materia laboral ponen “en juego en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos”, tal como advirtió la patronal este verano.

Pero, ¿qué dice realmente Bruselas al respecto? Más allá de que las instituciones europeas no le dictan a España qué medidas concretas debe adoptar –es al revés, los estados miembros proponen y Bruselas evalúa–, la respuesta de junio a las iniciativas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dejan claro que el Ejecutivo comunitario ve de momento con buenos ojos los planes del Gobierno con el mercado de trabajo. “El plan representa una respuesta equilibrada a la situación económica y social de España”, rezaba la valoración. “Contiene medidas destinadas a mejorar el empleo juvenil y a reducir aún más la tasa de abandono escolar prematuro. También propone una simplificación de los contratos para reducir el abuso de la contratación temporal”, se subrayaba.

Es decir, que España lo está haciendo bien más allá de las cuitas internas del Gobierno sobre aspectos muy concretos de la reforma laboral, como está sucediendo estos días a costa de las diferencias en torno a los convenios sectoriales y de empresa, indican las fuentes consultadas. La Comisión no ha respondido a las preguntas de infoLibre, pero Dombrovskis fue bastante claro hace cuatro meses. “El plan plantea un enfoque positivo en la creación de empleo y en las futuras generaciones, con medidas para abordar el desempleo juvenil”. En los documentos y borradores del Consejo Europeo y de la Comisión siempre se apunta a dos cuestiones: atajar el paro, sobre todo el juvenil, y combatir la temporalidad. Esto es lo que hasta ahora ha manifestado Bruselas sobre la reforma laboral en marcha:

Temporalidad

"Uso generalizado de contratos temporales" como "debilidad estructural". Así se puede leer en el borrador que el Ejecutivo comunitario elaboró en junio para analizar el Plan de Recuperación remitido por España un par de meses antes, en abril. Ciertamente, la temporalidad rebasa el 30% de la población activa. La respuesta la avanzó el Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Trabajo, en el componente 23 del plan: "Para que se reduzca la temporalidad es necesario simplificar los tipos de contratos, reduciéndolos a tres. Estable, temporal y de formación/prácticas". La Comisión Europea celebra en su valoración que la medida apunta "a reducir el abuso" de esta modalidad contractual. 

Pero Yolanda Díaz ha dado pasos más allá del componente 23 que, si no están plasmados en los planes de resiliencia, es porque aún no han cuajado en el diálogo social: el primer bloque de la reforma laboral aún no se ha pactado. Así, la vicepresidenta segunda ha puesto sobre la mesa en los últimos meses que las empresas tengan un porcentaje máximo de contratos temporales, limitar la duración de éstos a un año como máximo y a dos años en caso de que los empleados cubran una baja, un censo con trabajadores fijos discontinuos que permita analizar el grado de implantación de estos contratos en las empresas o poner coto al uso abusivo de la subcontratación, limitando el recurso al contrato de obra y servicio, asociado a la precariedad. 

CEOE ha rechazado todas las ofertas anteriores, acusando a Díaz "de partir de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa". Y ha dicho que de esta manera peligra la recepción de fondos europeos, algo que directamente no es verdad: nadie en Bruselas ha indicado lo contrario. 

A las medidas de Díaz hay que sumar las de Miquel Iceta en su breve paso por el Ministerio de Función Pública: el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, una de las lacras más lacerantes. 

PARO JUVENIL

"España tiene que reducir las muy elevadas tasas de desempleo juvenil", concretamente las más altas de Europa según Eurostat. En esta cuestión es muy importante el punto anterior, la reducción de la temporalidad –que estructuralmente afecta a los menores de 35 años– pero no solo: las autoridades bruselenses valoran el Plan de Choque del Gobierno, dotado con 750 millones de euros y que gravita sobre tres "programas innovadores" que van de la "formación profesional en las escuelas públicas", un "primera experiencia" laboral en las administraciones públicas y "oportunidades para jóvenes investigadores". Este plan está contemplado en la última decisión de aplicación del Consejo de la Unión Europea e implica a más ministerios además de Trabajo, como Educación (Pilar Alegría), especialmente por el impulso que se quiere dar a la formación profesional. 

Y aquí viene la segunda pata de la problemática juvenil: la supresión o reformulación por parte del Ministerio de Trabajo, previa discusión con los agentes sociales, de los incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación para los empresarios, algo que ahonda aún más en la temporalidad y la lacra del paro de los jóvenes, especialmente en empleos de baja cualificación. Así lo recoge el Consejo de la UE: "Las reformas e inversiones en el ámbito de las políticas activas de empleo deben dar prioridad a los grupos vulnerables, especialmente a través del plan de acción contra el desempleo juvenil y la racionalización de los incentivos a la contratación". Yolanda Díaz ha destacado muchas veces que la proliferación de los llamados contratos supercortos tiene mucho de cultural, además de insistir en que hay que rediseñar los incentivos sobre las cotizaciones sociales para atajar el mal endémico. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

"Un enfoque global que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo". Europa no ha dicho a España qué tiene que hacer con la ultraactividad –el convenio que prevalece al caducar–. Ni si deben prevalecer los convenios sectoriales sobre los de empresa en la negociación colectiva. Ambas cuestiones están en estos momentos sobre la mesa del diálogo social y en el centro de la polémica en el seno del Gobierno entre Calviño y Díaz. Y sin embargo, Bruselas no ha manifestado ninguna opinión al respecto: más bien al contrario, la Comisión Europea, el Consejo y las instituciones pertinentes se pronunciarán una vez Trabajo envíe el texto a Bruselas, antes del 31 de diciembre como pretende la titular de Trabajo de Unidas Podemos. 

En otras ocasiones, Bruselas se refiere a "modernizar" la negociación colectiva. La pelota, por lo demás, está en el campo del Gobierno y del diálogo social: "Varias de las reformas del mercado laboral previstas en el plan están aún sujetas al resultado del proceso de diálogo social, por lo que su diseño final está aún por determinar", resalta la Comisión. No parece que el Ejecutivo europeo demonice los encuentros entre agentes sociales, sino más bien al contrario. "Los hitos deberían especificar que estas reformas deben llevarse a cabo respetando el diálogo social y como parte de un enfoque global que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo".

Se han dado pasos específicos, igualmente bien valorados por la Unión Europea: la Comisión que preside Úrsula Von der Leyen destaca "el nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización" previsto por el Gobierno español. ¿A qué se refiere? A la intención declarada públicamente tanto por Yolanda Díaz como por Nadia Calviño de desarrollar un sistema de ERTE permanentes. En este punto, no hay ninguna fricción. Según diversas fuentes consultadas, las disonancias en el seno del Ejecutivo de coalición emanan de la predilección de Economía de conservar la prevalencia de los convenios de empresa en las pymes y de extender los convenios sectoriales a las grandes, lo que se resolverá en las próximas semanas. 

La necesidad de ERTE permanentes se puso de manifiesto en las recomendaciones al inicio de la pandemia dirigidas por el Consejo a los países miembros: tras destacar que "los nuevos desempleados" derivados de las restricciones del estado de alarma eran "los trabajadores temporales con contratos de muy corta duración, que constituyen la inmensa mayoría" de los parados, "entre los que se encuentran muchos trabajadores jóvenes", se hace necesario "a fin de respaldar una recuperación sostenible y la cohesión social", es preciso "garantizar cuanto antes que todos los trabajadores, incluidos los temporales y los autónomos, tengan acceso a una protección social adecuada" en el futuro. 

El cierre de sucursales bancarias en España va a pegar un acelerón en 2021: solo con las pactadas en los Expedientes de Regulación de Empleo de Caixabank, Unicaja, Sabadell, Santander (del ERE de 2020) y BBVA, ascienden a 2.734, pero no todos los cierres se acuerdan en las negociaciones entre entidades y sindicatos, por lo que el número final será considerablemente mayor. La cantidad de oficinas clausuradas supera a todas las que hicieron lo propio en 2019 (2.160) y en 2020 (2.011, hasta marzo de 2021 según datos del Banco de España). La última cifra de sucursales que quedan en el país es de junio pasado: 20.823. Es decir, el ritmo entre marzo y junio arroja una clausura de 10 sucursales al día. 

Los tiempos en los que España contaba con 45.662 sucursales, en 2008, terminaron con la anterior gran crisis financiera y con la digitalización. Se han cerrado un 54% en ese periplo de 13 años. Pero todas las organizaciones de consumidores consultadas están alarmadas por los millones de personas que están quedando excluidas de estos servicios, especialmente en la España rural o vaciada. "Y en determinados barrios de muchas ciudades", señala Gonzalo Postigo, portavoz de la Confederación Intersindical de Crédito. "El acceso a la banca electrónica no está ni muchísimo menos teniendo el éxito que aseguran las entidades. No se trata solo de la población mayor, menos familiarizada con las nuevas tecnologías. Hay otros sectores que no se manejan", puntualiza Postigo. "La brecha no es solo generacional, también es económica: la banca online exige tener wifi, y no todo el mundo puede". 

Cuando termine 2021, el Banco de España echará algo de luz sobre el número de oficinas que echaron el cerrojo este curso. En los ERE pactados –nunca ha descarrilado una negociación bancaria en lo que va de democracia, pero cada vez se dan más problemas en las conversaciones entre empresas y sindicatos–, la palma se la lleva Caixabank, que cerrará este ejercicio 1.500 oficinas tras su fusión con Bankia. Sabadell ya ha clausurado 320 en dos fases, el Banco Santander este año ha cerrado 34 de algo más de 1.000 que pactó en el ERE de 2020 y en BBVA se firmó en noviembre la sentencia a 480 oficinas, que cerrarán gradualmente hasta noviembre. "Estamos en un contexto de profunda transformación marcada por una enorme presión competitiva, bajos tipos de interés, adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la entrada de nuevos actores digitales. Para garantizar nuestra competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro, resulta imprescindible reducir nuestra estructura de costes", responden en BBVA. Es una respuesta común de todas las entidades. 

Pero algo está cambiando. Para empezar, la institución presidida por Pablo Hernández de Cos razonaba en un documento de 2018 que el cierre masivo "no implica necesariamente que la población afectada se encuentre en una situación de exclusión financiera". Pero en agosto de 2021 el supervisor bancario debió de cambiar de parecer e indicó en otro informe que "1.300.000 ciudadanos se encuentran en una situación que puede considerarse vulnerable". 

Un 36% sigue usando el efectivo

"Son muchos más de 1,3 millones. A nosotros nos sale el triple", afirma el presidente de Adicae, Manuel Pardos. "No solo en la España rural, es que hay población fuera del sistema online hasta en las propias ciudades. Resulta", dice Pardos, "que la banca española fue rescatada por un memorándum que aún estamos pagando y cuya rescate va por más de 65.000 millones, y el Banco de España mientras se dedica a aplaudir todo lo que va en contra de los usuarios. Parece que solo busca la estabilidad del sistema financiero sin importarle los clientes". 

¿Cuánta gente usa no ya la banca online, sino tarjeta de débito? Casi el 36% (35,9%), según una encuesta muy reciente del Banco de España. La tendencia va claramente a la baja desde el 80% que declaraba recurrir a billetes o monedas como medio de pago principal en su día a día. Según la mayoría de los encuestados, "el hábito del pago con efectivo ha caído especialmente desde el período de confinamiento por la covid-19, en gran parte por el estímulo a favor de otros medios de pago ejercido por casi la mitad de los comercios, así como por las medidas higiénicas derivadas de la alerta sanitaria". Sin embargo, el efectivo resiste en amplias capas de la población. 

"Hay gente que no sabe usar una tarjeta de débito, ni qué decir tiene entrar en aplicaciones de la banca", advierte Rubén Sánchez, de Facua. "El sector busca que la ciudadanía conciba que un banco puede no tener oficinas, y eso agrava la brecha digital. Y no hay planes en España para digitalizar a quienes sufren la brecha". Según Sánchez, se está evitando "cualquier asunción de obligaciones" en las sucursales. "Cada vez son más un lugar donde un gestor te vende un producto financiero en lugar de atenderte para sacar dinero u otras operaciones comunes a la ciudadanía". 

"Hay cada vez más espacios vacíos"

"Efectivamente, noto que en las oficinas bancarias hay cada vez más espacios vacíos", comenta Julio Rodríguez López, ex presidente del Banco Hipotecario entre sus muchos cargos. "Los horarios de las sucursales son muy rígidos, a partir de las once de la mañana es difícil conseguir una cita en según qué centros, la calidad de la atención al cliente ha empeorado. Todo apunta a que el ajuste de oficinas no ha terminado aún, lo que va a agravar en la depresión económica y en la despoblación de la España Vacía". "En definitiva: la mejora de la cuenta de resultados de los bancos se va a hacer a costa de jorobar a los clientes". Solo en el segundo trimestre, BBVA ganó 2.327 millones de euros, el Banco Santander 2.067 millones, Caixabank perdió 605 millones pero en el primer semestre del año lleva ganados 4.181 millones (por el ajuste contable de la fusión y tras descontar gastos del ERE), Unicaja 28 millones...

"Efectivamente, teníamos muchas sucursales antes de la anterior crisis", reconoce Pardos, de Adicae. "Así que cuando todo el mundo esté familiarizado con las tecnologías, que cierren todas. Pero es que no está pasando eso al no haber formación digital, que deberían brindar las entidades. Y a esa exclusión se le añade el expolio que están practicando los bancos con los clientes". Pardos se refiere al aumento generalizado de las comisiones a partir de septiembre. "Lo más gracioso es ahora ver cómo las entidades presumen de ser verdes o venden la Responsabilidad Social Corporativa. Con todo lo que ocurre". Facua asegura que ha pedido a los ministerios de Economía y Consumo medidas como no cobrar comisiones a los clientes vulnerables, peticiones de las que no han tenido noticia. 

Portavoces de Caixabank, la entidad que más cerrará como resultado de la fusión con Bankia -anunciada hace un año-, apuntan a que el banco contará con "presencia en más de 2.200 municipios españoles", siendo "en 389 de ellos la única entidad con representación". "Para 2022, el 41% de oficinas de la entidad se situarán en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. "Existe el compromiso de no abandonar ninguna localidad. Cuando se producen integraciones de oficinas, como las que se están realizando a raíz de la fusión con Bankia, se producen en el ámbito urbano, donde tiene sentido unificar oficinas próximas en un centro más grande", alegan.

La derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, quizá la promesa estrella del Gobierno de coalición y con más fuerza del socio menor, Unidas Podemos, ha vivido este viernes su episodio más difícil. Y no por descarrilamiento del diálogo social, sino por las diferencias entre PSOE y UP sobre determinados puntos de la reforma, cuya primera parte se halla en plena negociación con el objetivo declarado de enviársela a Bruselas antes del 31 de diciembre. Los morados acusan a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, de "intromisión" en los asuntos que competen a la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Y Pedro Sánchez ha dicho poco después que no hay intromisión alguna, en un espaldarazo claro a Calviño. 

¿Cuál es la fotografía actual de la reforma laboral? La respuesta más correcta sería "en plena negociación", de momento sin visos de acuerdo aunque en el equipo de Díaz hay una fe ciega en el pacto. La ministra de Trabajo ha concertado en lo que va de legislatura diez mesas de diálogo social con acuerdo de todos los agentes sociales y otras dos mesas con acuerdo solo de los sindicatos, recuerdan en su equipo. La última, la subida del salario mínimo en 15 euros, aumento que no tuvo el visto bueno de la CEOE. Allí donde le preguntan, Yolanda Díaz insiste en que hay tiempo para resolver el primer bloque antes de fin de año con la patronal, CCOO y UGT y remitir el resultado a la Comisión Europea para las fechas navideñas. 

Si las discrepancias entre Díaz y Calviño vienen por la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial –como decretó la reforma laboral de Mariano Rajoy 2012 y Díaz quiere invertir–, las desavenencias con la CEOE han pivotado principalmente en torno a la temporalidad. A lo largo del año, Trabajo ha presentado varias propuestas en forma de borrador sistemáticamente rechazadas por la patronal. No obstante, la confianza de la vicepresidenta segunda en el diálogo social es ciega, y no sería la primera vez que una discusión aparentemente abocada al fracaso se termina pactando. Ocurrió con la ley rider. 

El primer bloque puede dividirse en dos temas: convenios y temporalidad. De cada uno salen subtemas: en el primero, además de la prevalencia de un convenio sobre otro, aparece la ultraactividad –si un convenio caduca mientras se negocia uno nuevo, continúa la aplicación del caducado–, eliminada en la reforma de 2012. Sobre temporalidad, hay varias ramificaciones: el número de tipologías contractuales existentes, la duración máxima, el número máximo de empleados temporales en una empresa, la causalidad para contratar o la subcontratación, en la que reina la modalidad de obra y servicio. Trabajo ha hecho propuestas en dos ocasiones: antes de la irrupción de la pandemia –cuando buena parte de la reforma laboral quedó negociada para irse inmediatamente al traste con el estado de alarma– y después, a lo largo de 2021. Especialmente en los últimos meses. 

El primer no patronal vino antes del surgimiento del covid-19: en febrero del año pasado, Garamendi rechazó que los trabajadores de las subcontratas (obra y servicio) gozaran de las mismas condiciones que la empresa matriz. Aunque el presidente de la CEOE reconoció aquí un "punto de partida", advirtió que "muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo". Meses después, el 24 de diciembre, la subcontratación recibió un golpe letal en forma de sentencia del Tribunal Supremo: prohibió aplicar la modalidad contractual en determinados casos. Según el alto tribunal, "quienes ofrecen servicios a terceros y desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con estos" tendrían vetada la subcontratación ya que es "ilógico sostener que el grueso de la actividad tiene el carácter excepcional al que el contrato por obra o servicio debe atender".

La subcontratación volvió al debate en junio de este año: aprovechando el regalo del Tribunal Supremo, Díaz planteó sustituir los contratos temporales, especialmente los de obra y servicio, en caso de que hubiera un "incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual". Propuso sustituirlo por una figura ya existente más estable: el contratado fijo discontinuo, pero la CEOE amenazó con no volver al diálogo social y Trabajo reformuló la propuesta. 

Fijos discontinuos en vez de obra y servicio

En paralelo, en abril, Yolanda Díaz habló de simplificar los contratos y reducirlos a tres: indefinido, temporal y de formación. En junio, coincidiendo con la propuesta sobre subcontratación, la vicepresidenta segunda planteó limitar la duración del contrato temporal a a un año como máximo, además de estudiar la posibilidad de que todas las personas que hubieran encadenado temporales durante dos años adquiriesen la condición de fijos. En julio, el ministerio dio un paso más y respaldó que las empresas elaboren un censo anual con su personal fijo-discontinuo para identificar la temporalidad. 

Poco después, también en julio, la CEOE estalló ante la cascada de propuestas: acusó a Trabajo de "partir de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa, arrojando a la opinión pública dogmas confusos como la asimilación de temporalidad y precariedad". "Se alteran las reglas de salida, en un ejercicio de cinismo, que debilita la capacidad de adaptación del sector privado frente a las soluciones otorgadas al sector público", se desmelenó la patronal en un comunicado. Pese a la virulencia de algunas expresiones, las partes insisten en que siempre se ha mantenido la sintonía entre Trabajo y CEOE, concretamente entre Díaz y Garamendi. Éste último propuso igualmente que los contratos temporales duraran un máximo de tres años frente a los 365 días de límite que pedía la ministra. 

Finalmente, el pasado 13 de octubre, Trabajo llevó a los agentes sociales otra medida para limitar al 15% el número de trabajadores temporales en una empresa. La patronal volvió a responder que no y el diálogo volvió a derivar en bronca. Hay que tener en cuenta que las negociaciones relacionadas con la reforma laboral han estado rodeadas de otros acuerdos: pensiones, ERTEs, Ingreso Mínimo Vital, SMI... Hay desgaste entre sindicatos, patronal y ministerio. En mayo, Yolanda Díaz cayó enferma y solicitó una mínima pausa para recuperarse. 

Díaz cayó enferma

La nueva polémica del Ejecutivo a costa de la prioridad de según qué convenio llega un poco sorpresivamente. En enero de 2019, Garamendi declaró a El País: "Por ideología, no podemos admitir la primacía del convenio sectorial". Pocos meses después, se declaró favorable a entablar negociaciones en este punto. "No entendemos por qué intercede Calviño para defender el convenio de empresa frente al sectorial", dice una importante fuente sindical. "En teoría no es algo que afecte especialmente al ministerio de Economía". 

Todos se agarran a Bruselas: Díaz para defender una reducción drástica de los contratos temporales, Calviño por cuestiones de flexibilidad interna y CEOE apela a la libertad de empresa. En julio, la patronal acusó al Gobierno ante tanta iniciativa de estar "poniendo en juego en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos que el país necesita para la reconstrucción tras la pandemia". "CEOE y Cepyme rechazan la reforma laboral que se pretende, ajena a las solicitudes europeas y resultado de un pacto de Gobierno que no nos obliga y que, además, es lesivo para el empleo". 

Las grandes empresas en España, las que registran una facturación a partir de 1.000 millones de euros, pagaron en 2019 todavía menos que el ejercicio anterior por el Impuesto de Sociedades a pesar de que obtuvieron más beneficios el año previo a la pandemia que en 2018. En concreto, las grandes firmas abonaron un tipo efectivo del 4,57% de sus ganancias en 2019 frente al 5,47% saldado en 2018.  

Así se desprende de las Cuentas anuales consolidadas del Impuesto de Sociedades publicadas este jueves 21 de octubre por la Agencia Tributaria (AEAT) y relativas al último año fiscalizado, 2019. Las empresas con una cifra de negocios de 1.000 millones o más ganaron algo más de 101.717 millones de euros en 2018, cuantía que se elevó hasta 118.093 millones al año siguiente. En 2019, de las 232 firmas que registraron esa facturación solo tuvieron que pagar por Sociedades 176, las que registraron una cuota líquida positiva. Debajo de esa cantidad, las 158 empresas que facturaron entre 500 y 1.000 millones y tuvieron que pagar Sociedades lo hicieron a un tipo medio del 7,39%, un punto por debajo de lo que abonaron en 2018 (8,39%).   

Las empresas con más facturación y más trabajadores vuelven a ser las que menos pagan a Hacienda por sus beneficios. El tipo medio efectivo sobre los beneficios de todas las empresas españolas, alrededor de 1,5 millones de firmas (1.584.805), fue del 9,09%, pero hay muchas disparidades entre las grandes, por un lado, y las pequeñas y medianas por otro. Las segundas abonan un tipo mucho más alto sobre las ganancias. Sin embargo, la media sobre la base imposible en todos los tramos divididos según la cifra de negocio se sitúa en un tipo efectivo del 21,31%, esto es, por encima del tipo fijo mínimo del 15% pactado por el Gobierno sobre la base imponible para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, defendió recientemente que la recaudación prevista por el Ejecutivo sería mucho más alta (700 millones anuales frente a 270 millones) si el tipo mínimo se aplicara sobre el resultado contable y no sobre la base imponible. 

La diferencia entre el tipo efectivo medio sobre la base imposible (21,31%) y sobre beneficios (4,57%) es enorme. "Y eso es por las deducciones fiscales que disfrutan las multinacionales. Una tomadura de pelo", clama el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad. "El tipo marginal real de las grandes empresas en Sociedades no llega al 5% de sus beneficios. Mientras, a un autónomo, solo en el IRPF se le estipulan unos tramos de fiscalidad en función de sus rentas de trabajo que en el mejor de los casos son del 25% y en el peor del 45%", dice Abad, quien agrega que las que más se favorecen de la ingeniería fiscal son "las firmas del Ibex". 

Las que tributaron a un tipo más alto con relación a sus beneficios fueron las sociedades con una facturación de entre cuatro y cinco millones de euros: 20,61% de tipo efectivo. El tipo medio sobre beneficios de todas las empresas que facturaron entre 600.000 euros y 60 millones se halla siempre por encima del 15%. 

La rebelión de las pymes

El cuadro es igual de malo para las pequeñas y medianas empresas, para las microempresas y para los autónomos si se mira desde la óptica del tamaño de las firmas en función del número de trabajadores. Las microempresas pagaron un tipo efectivo de Sociedades del 14,90% de sus beneficios; las pequeñas, del 17,23%; las medianas, del 14,48%. Las grandes, en cambio, abonaron solo un 5,90%. La Agencia Tributaria considera "grande" a la empresa que tiene más de 250 trabajadores.

Pero es que entre las grandes hay diferencias sangrantes: las firmas con más plantillas, las que tienen más de 5.000 trabajadores, solo pagaron un 2,91% sobre beneficios en concepto del Impuesto de Sociedades. Solo hay 128 empresas en España con más de 5.000 empleados que hayan tenido una cuota líquida positiva en 2019, aunque la AEAT no dice cuáles en sus cuentas consolidadas. 

Por debajo, las grandes con menor plantilla declaran más por sus beneficios: las que tienen entre 251 y 500 trabajadores abonan el 10,43% de sus ganancias; entre 501 y 1.000 empleados, el 11,99%; entre 1.001 y 2.500, el 9,23%; y entre 2.500 y 5.000, el 6,90%. Cuanto más grande es la empresa, menos tributa por Sociedades. 

"Los datos publicados por la Agencia Tributaria vuelven a señalar el problema estructural de injusticia fiscal que soportan autónomos y pymes en nuestro país", resumen portavoces de Uatae, otra gran asociación de autónomos. "Mientras que el tipo efectivo de Sociedades para quienes sostienen el tejido productivo se sitúa en el 25%, las 232 grandes empresas españolas que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019 pagaron  solo un 4,57% pese a ganar un 16% más". "Aquí se revela el desequilibrio que atraviesa nuestra fiscalidad: los autónomos no tienen los instrumentos de ingeniería contable y fiscal, ni el subterfugio de actividad en terceros países, como para eludir su responsabilidad con el sostenimiento de los servicios públicos".

Uatae coincide con Gestha en reclamar "que ese tipo [del 15% sobre Sociedades] se aplique sobre el resultado contable y no sobre la base imponible". "Igualmente, seguimos con interés cómo se aplica ese compromiso de la OCDE para imponer un impuesto de sociedades global que evite la trampa actual de multinacionales". El mínimo del 15% ha sido acordado este año tanto en la OCDE como en el G-7. 

"Los regalos fiscales a las grandes empresas suponen un grave perjuicio con lo que pagan las pymes y las personas físicas", deplora la profesora de Economía de la Universidad Complutense, Mónica Melle. "Hay que ajustar más el impuesto al beneficio real de las empresas". Melle respalda igualmente la idea de que los impuestos se calculen sobre el resultado contable, ya que este último indicador arroja números similares a los beneficios empresariales que la base imponible. 

Comisiones Obreras (CCOO), la organización más grande del país, celebra su XII Congreso en el Hotel Marriot Auditorium de Madrid. Un cónclave en el que será reelegido como secretario general Unai Sordo (Barakaldo, 1972). Sustituyó en 2017 a Ignacio Fernández Toxo y su cara ya es familiar en el diálogo social, marcado por la pandemia. Sordo recibe a infoLibre en su despacho un día antes de arrancar el congreso, desde este jueves hasta el sábado. "Hemos subido un 5% en afiliación, 974.472 personas al corriente de pago", recalca con la precisión de un ajedrecista soviético. "El ritmo neto de crecimiento de afiliados descansa sobre las mujeres, que son más del 46% de la organización", añade.

PREGUNTA: Si hay oposición interna a su gestión al frente de CCOO, desde luego no brilla por su presencia. ¿Está unido el sindicato?

RESPUESTA: Sí, creo que la cohesión interna es muy alta. Es verdad que en CCOO hasta el día del Congreso se pueden presentar candidaturas con el 10% de los avales, unas setenta y pico firmas. La propuesta ejecutiva que llevamos reconoce todas las sensibilidades. La causa de esta cohesión es la comprensión general de los retos que tenemos.

P: ¿Hay algo que cambiar en los próximos cuatro años?

R: Tenemos dos grandes retos. Uno, la extensión de la organización en aquellas empresas donde aún la sindicalización es muy leve. Hay que poner mejores prácticas organizativas internas para que nuestros recursos lleguen a la gente más debilitada. Extender el sindicato en ese territorio apartado de las corrientes de modernización, la España vaciada, las ciudades intermedias. El otro reto es fomentar una cultura cívica alternativa a la que han instalado décadas de neoliberalismo. Hay que dar la batalla de las ideas. La salida de la pandemia ha potenciado la importancia de lo común, de lo público, del trabajo.

P: ¿Cree que ha tenido suerte al coincidir su mandato con un Gobierno que apuesta por el diálogo social?

R: Bueno, estos cuatro años y medio la verdad es que han sido terroríficos (ríe). He conocido a tres ministras de Trabajo y hemos pasado de una fase en la que diálogo social estaba desaparecido del mapa a otra, la actual, en la que se ha fortalecido con la pandemia. Creo que el papel de interlocución social de CCOO sale reforzado: las políticas públicas pactadas en ese marco han salvado la economía de España.

P: ¿Contempla que Vox llegue al Gobierno?

R: No tengo la más mínima duda si le dan los números al PP. Vivimos en sociedades con muchas incertidumbres: efectos de la crisis anterior, crisis pandémica, la digitalización, la transición ecológica, el feminismo... esos cambios sociológicos pueden canalizar una respuesta política reaccionaria. Lo que está en disputa es si se va a un contrato social del siglo XXI o a una sociedad despiadada e individualizada. En esa pelea, el centro derecha español ha legitimado a Vox.

P: ¿Por qué falta mano de obra en España con un paro del 15%?

R: Porque se ofrecen salarios y jornadas de trabajo de explotación en muchos sectores. Quiero romper alguna lanza: se dice que no se encuentra mano de obra en el campo con varias decenas de miles de personas que se han ido a hacer la vendimia a Francia. A nadie se le ocurre decir que si miles de andaluces se van a Francia a vendimiar no hay mano de obra en la agricultura aquí. Luego puede haber otras situaciones de transición del empleo en las que los trabajadores de un sector necesitan formación para ejercer en otro. Pero esas son situaciones puntuales con solución. Pero no falta mano de obra: faltan mejores salarios y buenas condiciones.

P: Le esperan varias negociaciones tras el congreso, una de ellas la de la reforma laboral. Y ya se habla de que el despido quedará, de momento, aparcado.

R: En España hay dos bloques clave para la derogación de la reforma laboral: uno tiene que ver con el equilibrio en la negociación colectiva, el otro con la estabilización en la contratación. Para lo segundo hay que dificultar la utilización del contrato temporal asociándolo al despido: tenemos un 30% de temporalidad porque lo fácil para las empresas es recurrir a estas fórmulas contractuales. El despido debe ser la última opción ante los problemas, y aquí hay que cambiar tres piezas: la contratación temporal, el despido y buscar fórmulas flexibles para adaptar la jornada laboral.

P: Los ERTE permanentes que ustedes vienen defendiendo.

R: Sí, da igual cómo se llamen. Son tres piezas que se condicionan entre sí. Por contestar: hay que meter restricciones al despido, ser drásticos con la contratación temporal y buscar esos mecanismos más flexibles.

P: Yolanda Díaz quiere enviar a Bruselas antes del 31 de diciembre la primera parte de la reforma, negociación colectiva, subcontratación. ¿Dará tiempo?

R: Tiempo material hay. Quedan más de dos meses y la semana tiene siete días. Estamos dispuestos a negociar sin cuartel pero la negociación es compleja: llevamos desde los años ochenta utilizando sistemáticamente la contratación precaria y el despido. Y la negociación colectiva es clave para evitar la devaluación salarial, que no depende solo del SMI.

P: ¿Ve un acuerdo con CEOE?

R: No vamos a tirar la toalla. Es posible y sería deseable. Pero es muy difícil. La reforma de 2012 desequilibró tanto las relaciones laborales, que cuando das tanto poder a una de esas partes es difícil desandar lo andado. El objetivo es que España gane productividad no por la vía de los salarios low cost de 2012, sino por la especialización y la innovación.

P: ¿Qué le parece el superfondo de pensiones de empleo público de Escrivá? superfondo

R: El problema es que se ha filtrado una idea que plantea el Ministerio de Seguridad Social que no va acompañada de una explicación sobre cómo se nutrirá ese fondo de recursos. No nos damos ni por enterados porque no es lo que toca en la negociación de pensiones. Estamos hablando de otras cosas, y luego ya hablaremos de destopar bases máximas o del mecanismo de equidad intergeneracional. Lo peor que se puede hacer en una negociación tan sensible es precipitar las cosas y mezclarlo todo. El sistema público de pensiones tiene que seguir garantizando una de las tasas de sustitución más altas del mundo, como es el modelo español. De un sistema complementario que no ponga en riesgo lo anterior podemos, por supuesto, hablar: de hecho, planes públicos de empresa ya existen, especialmente en Euskadi y Navarra.

P: ¿Les han avanzado algo del mecanismo de equidad intergeneracional?

R: No, hay conversaciones informales solo. El Gobierno tiene clara la idea de los sindicatos, y es que este mecanismo no puede ser un sucedáneo del antiguo factor de sostenibilidad. No se pueden recortar pensiones en base a la esperanza de vida, debe introducir factores relacionados con los ingresos.

P: ¿Qué factores?

R: Es lo que hay que discutir. Como en España puede haber un incremento de gasto en pensiones de más de tres puntos del PIB en los próximos años, se puede prever introduciendo recursos adicionales. ¿Por ejemplo? Tocar las cotizaciones sociales. Pero no sabemos cómo van a evolucionar los salarios y no sabíamos que íbamos a tener fondos de reconstrucción europeos. Lo que no podemos aceptar son recortes.

P: Ahora viene otra gran negociación de los convenios colectivos relacionada con los salarios. Y con la inflación desbocada.

R: La verdad es que el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva no se está abordando, y esperamos hacerlo a principios de 2022 cuando nos quitemos la reforma laboral. Creemos que hay materias relacionadas en ambos casos y no lo digo solo por los salarios. Ahora, España tiene recorrido para una mejora salarial. Creo que la inflación actual tan desbocada no va a terminar igual al final del año: calculamos que terminará en un 2,5%.

P: ¿El SMI tiene que llegar a mil euros en 2022?

R: Sí. Lo decimos categóricamente. El compromiso del Gobierno es que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio en 2023, y para eso el paso intermedio es subirlo a 1.000 euros en 2022.

P: Quedan 200.000 trabajadores en ERTE. ¿Les preocupa que muchos terminen en paro? En febrero de 2022 termina la prórroga

R: Se siguen incorporando trabajadores, según los datos de la Seguridad Social. Habrá un porcentaje de empresas que no salgan de los ERTE, pero cuidado: hace un año, las voces más alarmistas decían que los ERTE se transformarían en ERE. En el pico llegaron a estar en ERTE 3,6 millones y hoy quedan 200.000 personas. El 94% ha vuelto a trabajar.

P: ¿Su peor momento como secretario general?

R: Cuando me llamó María Jesús Montero a finales de marzo de 2020 para trasladarme la intención del Gobierno de paralizar las actividades no esenciales durante el estado de alarma. Desde mi pequeño apartamento de Madrid, encerrado, me dio la sensación de estar viviendo una distopía.

P: ¿Y el mejor?

R: Ha habido muchos momentos. Diría cuando al inicio del mandato hicimos una ronda de asambleas por el país. Estaban hasta arriba. Recuerdo una, no sé si en Granada o Castilla-La Mancha, en la que hubo que poner pantallas porque la gente no cabía. Me quedo con el calor humano de los míos.

La escasez de mano de obra –cualificada o no– en las economías europeas más potentes tiene diversas causas, pero una por encima de todas: la falta de salarios dignos. No es un fenómeno nuevo: la fundación tripartita Eurofound señala que el fenómeno se empezó a notar en la Unión Europea en 2013, cuando ni se intuía el Brexit y la UE era un club de Veintiocho. Desde hace semanas, Alemania vive una oleada de huelgas en diferentes sectores sin precedentes desde la Reunificación para pedir aumentos de jornal, algo que en la prensa parisina tildan irónicamente de protestas "a la francesa". En Francia al menos las patronales de la construcción y de la restauración anuncian inminentes incrementos salariales para combatir la carestía de personal. Y en Reino Unido el primer ministro, Boris Johnson, fue explícito hace dos semanas: "Nos embarcamos ahora en un cambio de dirección en la economía que era necesario desde hace mucho tiempo", proclamó. "No regresaremos al mismo viejo modelo fallido de bajos salarios, bajo crecimiento o mano de obra poco cualificada, todo facilitado y sostenido por una inmigración incontrolada". 

Hay, pues, un denominador común internacional en torno a la escasez: las condiciones mejorables de trabajo, una tarea en la que España no sale especialmente bien parada a pesar de los sucesivos repuntes del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años para cerrar esa brecha con la Europa más desarrollada. Y es que el coste de la mano de obra por hora en España está por debajo de la media tanto de la UE como de la Eurozona, según los últimos datos de Eurostat, la oficina estadística europea. De acuerdo con la última actualización de marzo basada en datos de 2020, el coste laboral por hora en España fue de 22,8 euros frente a 24,5 euros de media en la UE y 32,3 euros en la zona euro. En 2019, el coste que abonaban los empresarios españoles por hora era 21,9 euros, por lo que la subida de un año a otro es relevante, quizás espoleada por el alza del SMI. 

Los países del Este empujan hacia abajo la media comunitaria (6,5 euros/hora en Bulgaria, 8,1 euros Rumanía, 9,9 euros Hungría), lo que esconde las grandes diferencias entre las principales potencias económicas y España: el coste por hora trabajada en Bélgica es de 41,1 euros; en Alemania, 36,6 euros; en Irlanda, 32,3 euros; en Francia, 37,5 euros; en Italia, 29,8 euros; en Países Bajos, 36,8 euros, y en Luxemburgo, 42,1 euros, siempre según Eurostat. España es el duodécimo país de Veintisiete en remuneración horaria de la mano de obra. Y el séptimo de un total de 21 en salario mínimo bruto, dice la oficina estadística (a veces cae hasta la octava posición, superada por Eslovenia). 

Entre las patronales y empresarios consultados por infoLibre, pertenecientes a sectores afectados como la hostelería y el turismo, la construcción o la logística, se esgrimen diversas razones para explicar este hecho: la anterior crisis y la expulsión del mercado de muchos trabajadores, la falta de formación, la necesidad de contar con más inmigrantes o la "excesiva" formación universitaria en detrimento de la FP. Se oye poco hablar de los bajos sueldos aunque hay patronales como la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, que reconocen que las condiciones de los camioneros van a peor, algo que llevan denunciando desde mucho antes de la irrupción del covid-19.

"Lo que hay es un problema con las condiciones para los puestos ofertados", critica Lola Santillana, responsable de empleo de Comisiones Obreras (CCOO). "Y eso implica por supuesto pagar bien y tener un salario digno, pero también el tipo de contrato (si temporal o estable), el cumplimiento del convenio colectivo, los descansos que favorezcan la prevención de riesgos o la asunción de dietas por parte de las empresas. No se puede reducir el problema con la mano de obra a la falta de formación si luego va a haber malas condiciones laborales".

Salario, dietas, tipo de contrato o descansos

Santillana pone un ejemplo: en agosto, se interesó por un comunicado de la Cámara de Comercio de Soria pidiendo "a las Administraciones medidas que conecten oferta y demanda" ante la escasez de personal. "Cuando ví el listado de plazas vacantes, me interesé por las empresas. Y aquí vino el show", dice. "Una había sido condenada por persecución sindical. Otra, por impago a trabajadores. Otra, tenía a trabajadores a tiempo completo contratados a tiempo parcial...". 

Entre los empresarios, las opiniones sobre la escasez de mano de obra son variopintas. "Con el covid, muchos trabajadores se fueron a otros sectores como el comercio, la logística o la construcción", dice a este medio Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España. "El ir y venir de ERTEs ha desincentivado que muchos empleados continuaran en la hostelería y el turismo". Además, según Gallego, "hay una orientación muy académica hacia el mundo universitario con abandono de la Formación Profesional y de los oficios". 

Habla un promotor inmobiliario de Madrid cuya firma en estos momentos ejecuta varias obras en la capital: "Somos culpables todos", dice. "La Administracion pública por no generar suelo para la construcción, las cajas de ahorros por dar prestamos en exceso en su día y los promotores por subirse a un ola tremenda que iba a desmoronarse tarde o temprano. Un albañil cobraba una pasta en 2007, pasó a cobrar, si podía, una miseria en 2010, y ahora sus servicios vuelven a estar solicitados. Pero no se encuentran trabajadores". La Comisión Nacional de Construcción (CNC), la patronal del sector, no ha contestado a este diario.

"Nuestras condiciones no son las más atractivas"

Dulsé Díaz, secretario general adjunto de CETM, una de las grandes patronales de logística, reconoce que las "condiciones laborales de los conductores no son las más atractivas". "Nuestros clientes son una parte muy importante del deterioro. Se aprovechan de nuestra debilidad como tejido empresarial, ya que la media por empresa son tres camiones. Después, negocian todos los precios a la baja, nos exigen hacer la carga y descarga cuando no es tarea del transportista, aumentan los tiempos de espera del conductor y, por último, no hay una ley como en Francia que exija el pago en un máximo de días". "Solo en España faltan 15.000 conductores", deplora Dulsé Díaz. "Esta lacra viene de años, pero va a terminar por generar un problema de abastecimiento. Y afecta sobre todo a la larga distancia: frutas, verduras, productos químicos, componentes de automoción...".

Hay más hechos que revelan que la actual problemática tiene que ver con las condiciones laborales y los salarios dignos. Un estudio oficial en Reino Unido revela que los empleos mejor pagados no sufren tanto por la escasez, y que más de la mitad de los nuevos empleos nacidos al calor de la pandemia están relacionados con profesiones peor remuneradas: e-commerce, transporte y almacenamiento, camareros y personal de bar, limpiadores o sector de los cuidados.

En este sentido, una de las propuestas de Eurofound en julio pasado incide en la necesidad de "adoptar medidas que hagan más atractivo el trabajar en ciertos sectores o puestos específicos". Una idea de la que parece haber tomado nota la patronal francesa de restauración, con la propuesta de subida general de sueldo del 9% a los camareros del país. Y algo parecido sucede con la construcción en el país vecino. En Alemania, ante las tensiones por la falta de trabajadores en determinados sectores y la oleada de huelgas, The Economist acaba de publicar un artículo que afirma que "los trabajadores germanos se encuentran ante su mayor poderío en 30 años". "Exigen más sueldo", remata esta publicación. 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplan una inversión histórica para vivienda, 3.295 millones de euros. Es lo mismo que la suma de lo consignado a este concepto entre los Presupuestos de 2015 y 2020, ambos inclusive: esto es, las cuentas de los últimos seis años previos a la pandemia de 2020 que hizo tambalear todo (los PGE de 2020 se presentaron en 2019). 

La inversión cambió en los Presupuestos para el actual 2021, cuando el Gobierno destinó 2.250 millones de euros. Esa cantidad se queda atrás ahora, al aumentar las cuentas en un 46,3% en términos interanuales. En 2020 y 2019, la vivienda supuso 678 millones de euros cada año –las cuentas fueron prorrogadas al repetirse las elecciones generales–, cantidad que cayó a 481 millones en 2018, 467 millones en 2017 o 587 millones en 2016 y 2015 –también hubo repetición electoral y presupuestos prorrogados–.  

La cuantía actual revela la importancia que la promoción y rehabilitación de pisos o las ayudas al alquiler tendrá en los próximos años, algo que el Ejecutivo define como Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. De los 3.295 millones, el 75,5% (2.490 millones) procede de fondos europeos, por lo que se trata de uno de los capítulos que más van a sentir el impacto a corto plazo del plan NextGenerationEU. España ha recibido este año 9.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea, pero llegarán a superar los 70.000 en ayudas directas en los próximos seis años. 

Es decir, los fondos comunitarios supondrán más que toda la inversión a vivienda de los Presupuestos de 2021, que a su vez fue récord. Y eso también beneficia a los recursos propios del Gobierno: descontando los fondos, lo que aporta el Estado asciende hasta los 806 millones, un 33,9% más que hace un año. 

Del esfuerzo inversor, nace una medida novedosa: el Ministerio de Transportes sobre el que recae la política de vivienda ha creado el Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, que contará con 500 millones de euros. Su finalidad, según las cuentas presentadas, será la de "incrementar las infraestructuras de vivienda al servicio de las políticas públicas de vivienda, en terrenos de titularidad pública". El programa perseguirá este objetivo con la "aportación de suelo público y de subvenciones" y favorecerá el que haya "mecanismos de colaboración público-privada", si bien no se descarta la financiación de actuaciones con recursos 100% públicos de ser necesario. Se extenderá hasta 2023, por lo que su coste se elevará a 1.000 millones sumados los dos próximos años.

La medida sustituye a otra iniciativa recogida en los PGE del año pasado: el llamado Plan 20.000 viviendasPlan 20.000 viviendas, que preveía la promoción de 20.000 viviendas sociales en suelos públicos desarrollados a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Incluía 100 millones "para actuaciones en suelos de titularidad estatal" y subvenciones a comunidades autónomas o ayuntamientos para intervenciones similares en suelos públicos. 

Faltan "millones" de alquileres sociales

El Plan 20.000 quedó completamente descartado a lo largo del último año: el penúltimo titular de Transportes, José Luis Ábalos, rápidamente pasó a referirse al Plan 30.000 tras la aprobación de las cuentas, cifra que fue quedando obsoleta y engordando a medida que la negociación de la ley de vivienda entre PSOE y Unidas Podemos iba complicándose. Últimamente en Transportes –cuya titular desde julio es la ministra Raquel Sánchez– se habla de "100.000 viviendas", aunque no está claro si los 500 millones del nuevo programa irán íntegros a esta empresa.

Expertos como el economista Alejandro Inurrieta –expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero– aseguran que faltan "millones" de viviendas sociales en España para abaratar el precio del alquiler en zonas tensionadas, además de otras medidas como el control de precios en determinados barrios. El último gran estudio del ministerio arroja que en España solo el 1,6% del parque total de vivienda es vivienda social (término que equivale a alquiler asequible) frente al 17% de Francia o el 30% de los Países Bajos. Apenas 290.000 pisos sobre un parque total de algo más de 25 millones, según el INE. 

Los números que faltan hasta cuadrar el presupuesto se van a la regeneración de edificios antiguos: las cantidades para la rehabilitación también aumentan considerablemente para 2022, igualmente espoleadas por los fondos comunitarios. No por nada, el componente segundo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –el instrumento fundamental que guiará las reformas enviadas a las instituciones comunitarias para obtener dinero– gira en torno a esta política. Primero aparece un Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales dotado de 1.389 millones de euros, y otro llamado Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos que recibirá 600 millones. 

Finalmente y relacionado con la vivienda, el Gobierno presentó la semana pasada con ocasión de los Presupuestos el bono joven al alquiler de 250 euros que recibirán como máximo durante dos años los jóvenes de entre 18 y 35 años cuyos ingresos sean tres veces inferiores al IPREM, que viene a suponer 23.725 euros al año. Fue anunciado sorpresivamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y costará al erario público 200 millones de euros, de acuerdo con las cuentas publicadas esta semana. 

A nivel fiscal y sin salir de la vivienda, la titular de Hacienda María Jesús Montero anunciaba igualmente el miércoles la reducción de la bonificación fiscal a las denominadas Entidades Dedicadas al Alquiler de Vivienda (EDAV) del 85% al 40% en el Impuesto de Sociedades. Montero explicó que esta iniciativa ya había sido presentada al anunciarse el pacto entre PSOE y Unidas Podemos con la ley de vivienda ("cuando hicimos público el acuerdo y que se adelanta ya en este presupuesto"), pero la realidad es que los detalles no habían trascendido.

Las EDAV son sociedades propietarias de como mínimo ocho viviendas. Se calcula que poseen más de 40.000 propiedades en España.

¿Es viable subir el año que viene el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros en España? La patronal empresarial afirma que no pero los economistas consultados dicen lo contrario, que sí. Una percepción que remachó la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional en sus conclusiones de junio, más conocida como grupo de expertos del SMI: el grupo de expertos no solo lo ve viable, sino que cifró la cuantía que el salario mínimo debería alcanzar en 2023, entre los 1.011 y 1.049 euros. 

Los especialistas y académicos responden unívocamente: el SMI no destruye empleo. Justo esta semana se anunció el premio Nobel de Economía que reconoció los estudios de tres investigadores, entre otras cosas, por demostrarlo. Es más, beneficia a los trabajadores más pobres, reduce las brechas de género e intergeneracional, perjudica a las empresas abonadas al modelo de competir con bajos salarios, y mejora a la larga tanto la productividad como la innovación. Así lo han valorado la catedrática por la Universidad Autónoma y ex secretaria de Estado de Empleo hasta 2020 Yolanda Valdeolivas, el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí o el director del gabinete técnico de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Martín Urriza. 

No coincide con los anteriores Cepyme, la patronal de pymes integrada en CEOE. "En los últimos años ha subido más de un 40% el SMI", señalan en Cepyme en referencia a la primera subida de Mariano Rajoy en 2017 (hasta 735 euros: el Gobierno actual lo acaba de incrementar hasta 965). Esta organización reclama "moderación en las subidas" y "prudencia por los efectos de tomar decisiones basadas en la evolución de los datos macroeconómicos en comparación con 2020, un año fallido para la economía debido a la pandemia". Cepyme asume que el Gobierno "tiene competencia para tomar esta decisión" pero recuerda que una decisión así "tiene un fuerte impacto en la negociación colectiva". "Subidas abruptas como las de los últimos años desplazan hacia arriba los salarios pactados en muchas de las 4.500 mesas que existen en España entre sindicatos y empresarios, y resta eficacia a este instrumento que tan bien ha funcionado durante los últimos años".

Aquí van siete motivos que respaldan la escalada del SMI en 2022 hasta 1.000 euros mensuales: 

1. No destruye empleo. El informe del Banco de España dio lugar a confusión al indicar que "el incremento del 22% del SMI habría reducido el empleo neto de los afectados entre seis y 11 puntos porcentuales a final de año". Muchos medios hablaron de "destrucción de empleo", que en esa horquilla van de los 98.000 a los 180.000. La realidad es que en ese periodo no se destruyó empleo: el paro bajó. Como mucho, se creó a menos ritmo, de acuerdo con el supervisor. Según Adrián Todolí, los efectos positivos de incrementar el SMI -como veremos a continuación- terminan a la larga por resolver sus desequilibrios e igualar el ritmo previo, hacia empleos más estables. 

2. Beneficia a los trabajadores más pobres. El dato venía en el célebre informe del Banco de España: un 10% de la población activa se habría beneficiado del aumento del salario mínimo, lo que se traduce en entre 1,5 y 1,6 millones de personas en España. "Cuando aprobamos el incremento, hicimos también un análisis del impacto que tendría la medida", recuerda la penúltima secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas. "Concluimos que beneficiaba directamente a los peores salarios, cuando no directamente a los empleos que no están amparados por convenio, que son muchos en España. Hay un componente de igualdad muy grande". El estudio que la Universidad de Harvard publicó el mes pasado acerca de los efectos del SMI alemán introducido en 2015 venía a señalar lo mismo, solo que de manera más contundente: el 15% de los alemanes se benefició de la medida y no hubo destrucción de empleo.

3. Desaparecen las empresas ineficientes. "Una de las diferencias entre el informe de Harvard, más dinámico, y el del Banco de España, más estático, es que el segundo no analiza si los trabajadores cambian a puestos mejor pagados", opina Carlos Martín Urriza, que fue consultado por el supervisor para la elaboración del documento. "Aumentar el SMI siega la mala hierba, los negocios basados en la explotación". El estudio de Harvard sobre Alemania es expeditivo también aquí: "El salario mínimo induce a los trabajadores con salarios bajos a trasladarse a establecimientos que pagan un salario diario más alto". De este fenómeno surgen dos consecuencias.

4. De competir con bajos salarios a hacerlo vía innovación y productividad. La desaparición de empresas ineficientes potencia la "tendencia a cambiar de un modelo que compite con bajos precios por otro que lo haga con calidad", afirma Todolí. "Si unas empresas compiten con salarios bajos, las que quieran hacerlo por la vía de la innovación y la productividad lo tendrán mucho más complicado, porque ese sistema es propio de países en vías de desarrollo, no de los desarrollados. ¿Queremos reducir la dependencia del turismo? Pues eso solo se hace si aumentan los precios y costes salariales. Según Martín Urriza, "en España el riesgo empresarial tradicionalmente lo asume el trabajador". 

5. Los empleados ganan estabilidad. El Banco de España lo sugirió en su informe: "Pueden existir argumentos de equidad y mejora en el nivel de vida de algunos trabajadores, que son relevantes a la hora de determinar el nivel del SMI y que no son objeto de análisis de este trabajo". Y después reconoce que "las decisiones de subida del SMI deben reposar en un estudio detallado de muchas otras consideraciones", tales como el "impacto en precios y márgenes empresariales", "pagos extra-salariales" u "otros atributos del puesto de trabajo como la formación o la flexibilidad horaria". Los autores de Harvard vinculan ese aumento de la mejora del nivel de vida con el cambio de empresa a mejor: "La mejora en los salarios diarios promedio refleja principalmente un movimiento hacia establecimientos que ofrecen más trabajos de tiempo completo, pero también hacia trabajos que pagan una prima salarial más alta al mismo tipo de trabajador".

6 y 7. Reduce la brecha intergeneracional y la de género. "¿Quién recibe peores salarios?", se pregunta Valdeolivas. "Las mujeres y los jóvenes. "Está absolutamente contrastado que cada incremento del salario mínimo ayuda a reducir ambas brechas, además del paro juvenil". En julio, Eurostat informó que la tasa de paro juvenil en España se situaba en el 42% entre 16 y 24 años, la más alta de Europa: en un país que compite con bajos salarios, la realidad es que los jóvenes no encuentran empleo. En marzo, la oficina estadística de la UE cifró la brecha salarial de género en el 11% en España, lejos de Italia, cuya brecha es de menos del 5% entre hombres y mujeres. 

"España está quebrada", proclamó este fin de semana el líder del PP, Pablo Casado, desafiando cualquier lógica. "Aviso: como nos dejen de comprar deuda o nos suban tipos, hemos quebrado. No es catastrofismo, es realismo y es responsabilidad", indicó a El Mundo. La entrevista fue un no parar: "Estamos abocados al rescate por culpa de este Gobierno". "Por tercera vez en la historia nos vamos a encontrar un país en default (quiebra) por culpa de un Gobierno que no ha aprovechado el mayor caudal de solidaridad europea de la historia". 

En el mundo económico, incluso entre expertos cercanos al Partido Popular, cunde la estupefacción en torno a las declaraciones del presidente popular este fin de semana. No hay indicador que pruebe la inminente bancarrota de la economía española, sino más bien al contrario: los datos de empleo, consumo doméstico o exportaciones van viento en popa a la espera de la cifra que más expectación suscita estos días, el crecimiento del PIB en el tercer trimestre tras la drástica revisión a la baja del INE a finales de septiembre (cuando se esperaba un crecimiento del 2,8%, el INE lo rebajó al 1,1%). 

De hecho, la palabra quiebra es más propia de la anterior recesión financiera, en Europa especialmente a partir de 2010: aludía a la supuesta incapacidad de varios países de asumir los pagos a sus acreedores extranjeros, lo que provocó una espiral de rescates a cambio de recortes draconianos impuestos por la Troika. La espiral se detuvo en 2014-2015 cuando, entre otras medidas, el BCE llevó los tipos de interés al mínimo y lanzó programas de estímulos. Pero en aquellas fechas, especialmente entre 2010 y 2012, la ciudadanía en Grecia, Italia, Chipre, Irlanda, Portugal o España se familiarizó con conceptos como default, prima de riesgo, activos tóxicos o banco malo. Esos términos han caído en el olvido. 

Emisión de deuda

Casado: "El Banco Central Europeo nos ha tenido que inyectar 330.000 millones de euros, de los cuales 120.000 son todas las emisiones netas de la deuda pública nacional del año pasado". 

La parte central del discurso de Casado sobre la supuesta bancarrota. Pero se trata de una declaración alarmista y descontextualizada por tres razones. Primero, porque el programa de emergencia por la pandemia (PEPP, del inglés) para comprar deuda en la Eurozona asciende, tras sucesivas reformas, a 1,8 billones de euros que todavía no se han movilizado en su totalidad. Un programa que empezó en marzo de 2020 con 750.000 millones de euros y fue ampliándose en los meses siguientes al quedarse corto. 

España, por tanto, ha recibido lo que le corresponde por su peso, ya que el PEPP se define como un plan para comprar deuda de "manera flexible, en función de las condiciones de mercado, con el objetivo de evitar un endurecimiento de las condiciones de financiación que sea haga incompatible contrarrestar el impacto económico de la pandemia". Según el balance del Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE) ha adquirido más de 210.000 millones de euros (211.197 millones) en emisiones de deuda del estado español, frente a más de 1,4 billones (1.404.170 billones, última actualización del 1 de octubre) movilizados por la institución que preside Christine Lagarde. Es el 15% del PEPP ejecutado aproximadamente, por detrás de países como Alemania, Francia o Italia.  

Segundo, porque los números de Casado mezclan conceptos. Asegura que el BCE "nos ha tenido que inyectar 330.000 millones de euros", pero la suma que realiza el líder popular es la del PEPP a la que incorpora las operaciones de financiación a las entidades financieras. Es decir, Casado incluye en su cálculo otro programa del BCE paralelo a la compra de activos a los estados para que la banca facilite créditos a empresas y hogares (en España a través del ICO), además de vender deuda directamente al BCE, que no puede adquirirla directamente de los países. El ex presidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, explica el proceso. "Los gobiernos emiten deuda, las compran los bancos y otros intermediarios financieros y también las empresas, y después las compra el respectivo banco central, que lo mantiene en su balance. Cuando la deuda vence, el BCE vuelve a la carga comprando más". Sumando todos los conceptos anteriores, en agosto la inyección del BCE sería de 358.735 millones, pero no sobre el estado sino sobre también sobre el sector privado y financiero; habría, pues, que descontar casi 150.000 millones de euros inyectados a la banca (datos del Banco de España hasta agosto). 

Y tercero, porque de las citas de Casado se desprende que la emisión de deuda española es un caso excepcional y no lo es en absoluto. "La intervención de los bancos centrales es algo generalizado en todos los países del mundo, desde Estados Unidos a China pasando por Reino Unido o Rusia", indica Julio Rodríguez. "Y ocurre desde antes de la pandemia, solo que se ha acelerado ahora". Este experto advierte de los "efectos secundarios negativos", como "los altos precios de la Bolsa o de los activos inmobiliarios, que agudizan las diferencias de renta entre los hogares". Pero admite que no había alternativa frente al covid-19.

¿Cuándo terminará el programa estrella del BCE? Siempre según la institución, "no antes de marzo de 2022". "El Consejo de Gobierno continuará reinvirtiendo el principal de los valores adquiridos en el marco del PEPP que vayan venciendo al menos hasta el final de 2023", señala el BCE. En las últimas semanas, el BCE ha anunciado que estudia lanzar un nuevo programa indefinido de política cuantitativa para comprar deuda por valor de 20.000 millones al mes, por lo que hay estímulos para rato. En el horizonte se habla de 2025 como posible escenario para terminar con los programas de adquisición de deuda anti-covid, pero es aún muy aventurado 

Tipos de interés

Casado a El Mundo: "Aviso: como nos dejen de comprar deuda o nos suban tipos, hemos quebrado". La primera advertencia suena muy remota a tenor del apartado anterior: las compras van a continuar indefinidamente más allá de 2023 hasta que otros indicadores como la inflación se estabilicen. Los tipos de interés entraron en terreno negativo a partir de 2019, en la última etapa de Mario Draghi como gobernador del BCE. Desde la pandemia, se trata de una política común para superar la crisis. Actualmente y como señala el Tesoro, "los costes de financiación están en mínimos históricos, con un coste medio de la deuda viva del 1,66% y coste de emisión del -0,03%". Lo que, en opinión de este organismo, "ayudará al ajuste fiscal gracias a los menores pagos de intereses de intereses".

Hasta 12 de los 19 títulos de deuda (bonos, obligaciones, letras) tuvieron tipos negativos en la última subasta. Se han producido aquí varios hitos: hace justo un año, en octubre de 2020, el Tesoro Público emitió un bono de deuda pública con un vencimiento a 10 años con rentabilidades negativas para los inversores. La buena marcha de los costes de financiación de la deuda se acompasa con el éxito del Tesoro en septiembre, en la primera emisión de bonos verdes soberanos por importe de 5.000 millones de euros a un plazo de 20 años: el Tesoro constató una demanda por más de 60.000 millones, lo que permitió entonces reducir el coste de la emisión de títulos al -0,01%. Ahora es ligeramente más negativo.

Déficit y deuda públicas

Casado: "Los presupuestos están admitiendo un déficit en tres años de 300.000 millones de euros, ¿eso quién lo paga?". Veamos los datos: en el primer trimestre de 2021 el déficit se sitúa en -8,2% y la deuda pública en el 125,3% del PIB en el mismo periodo (fuentes: Eurostat y Banco de España). Podrían ser porcentajes alarmantes si no hubiese pandemia, pero actualmente están en descenso, especialmente el déficit. "El déficit fiscal y la relación deuda/PIB vuelven a una trayectoria descendente a partir de 2021", indica el Tesoro Público en el reciente paper Desarrollos recientes en la Economía, Política y Financiación españolas. 

El déficit en el segundo trimestre de 2020 -el peor de la crisis- se hundió hasta -19,6%. El penúltimo indicador, último trimestre del año pasado, se situaba en -11,9%, por lo que los cálculos del líder del PP no cuadran. Sobre la deuda pública, los últimos datos de marzo aún no contemplan una tendencia descendente que el Gobierno aguarda como oro en paño por el anhelado rebote económico que tendría que producirse en el tercer trimestre, de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Economía. En el segundo trimestre de 2020, España registró el peor déficit. Ahora, seis países de la UE arrojan déficit más abultados (República Checa, Francia, Letonia, Hungría, Malta y Rumanía). Cuatro estados miembros de la UE superan la deuda pública de España en el primer trimestre del año: Grecia (209,3%), Italia (160%), Portugal (133,6%) y Chipre (125,7%) con Francia y Bélgica acercándose a España. Cabe recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó el poder a mediados de 2018 con una deuda pública del 100% e incumpliendo año tras año los objetivos de déficit pactados con Bruselas. 

"Que tenemos un problemón estructural con el déficit es obvio. Que el problema no es de ahora, también", razona el economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide Manuel Hidalgo. "En los meses de la pandemia, fui el primero en decir que había que asumir el déficit que fuese. Si el crecimiento se mantiene, seguirá bajando con ayuda del BCE. Pero creo que hay que abordar el asunto ya desde el Estado". 

Crecimiento y Empleo

Extrañamente, Casado no mencionó este concepto. Que pasa por ser la gran incertidumbre. Economía mantiene que el PIB crecerá un 6,5% este año a pesar de la drástica revisión que hace semanas llevó a cabo el INE: de pronosticar en julio un crecimiento del 2,8% a finalmente registrar un 1,1%. Pero el Gobierno se sigue aferrando a sus cálculos, lo que debería de provocar un rebote muy intenso en el tercer y cuarto trimestres de 2021. Para 2022, el crecimiento previsto es del 7%.

Frente a los extraños virajes del PIB, el empleo se presenta como el indicador más robusto del actual Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. La última EPA de finales de julio sitúa el número de ocupados en 19,7 millones frente a 19,8 millones en el segundo trimestre de 2019. La tasa de paro se iba a 3,5 millones de personas (3,2 de 2019). Mensualmente, el Sepe firma sus mejores números de creación de empleo en los últimos meses. 

Casado sí se refirió a los fondos europeos -que serán clave en el crecimiento económico del futuro- tirando de desprecio contra el Gobierno: "No me cuadra que hayan metido 27.000 millones de euros de fondos europeos en el Presupuesto: nadie se cree que lo vayan a ejecutar. Esta gente no sabe nada de economía, nada". Efectivamente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido 27.633 millones de euros como parte de NextGeneration EU y ya ha recibido los primeros 9.000 millones. El tiempo decidirá si da o no la razón al líder del PP. 

Política fiscal

Casado: "En vez de reducir en 60.000 millones el gasto improductivo, como proponemos nosotros, el Gobierno va a subir los impuestos en 80.000 millones de euros". Aunque es verdad que el Gobierno de coalición en sus menos de dos años de vida ha tocado al alza los tipos de varios impuestos (IRPF, Patrimonio y recientemente Sociedades, IVA de bebidas azucaradas) y creado nuevos tributos (Tasa Google, tasa Tobin, Plásticos de un solo uso), las cifras de Casado tampoco cuadran, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado. El diferencial entre la recaudación por ingresos tributarios en 2020 (año pandémico, 194.051 millones) y la prevista en 2022 (232.352 millones) no supera los 40.000 millones. Y eso siempre que se cumplan las premisas del Gobierno: en los seis primeros meses de 2021, hasta junio, Hacienda solo ha recaudado el 9,5% de los ingresos previstos por la Tasa Google. 

Prima de riesgo

Casado ha hablado de default, un término que en lo peor de la anterior crisis se vinculaba con los países periféricos deudores y un indicador que España y el resto descubrieron en 2010: la prima de riesgo, o el diferencial entre el pago de intereses de los títulos de deuda alemanes (valor seguro) con los del resto de estados miembros. Solo un dato: el récord de la prima de riesgo fueron 650 puntos básicos en 2012. En estos momentos, el diferencial es testimonial: 64 puntos básicos. 

La Comunidad de Madrid es la única región española que concede a las familias deducciones fiscales por matricular a sus hijos en colegios o institutos privados. Son rebajas fiscales que ascienden hasta a 900 euros por hijo y que se vienen aplicando desde 2009, aunque la deducción se triplicó en 2012, en la última etapa del Gobierno de Esperanza Aguirre. La desgravación se ha mantenido tal cual, según se recoge en las Deducciones autonómicas de la cuota aplicables en el ejercicio 2020 que publica la Agencia Tributaria (AEAT), pero también en el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021 que edita anualmente el Consejo General de Economistas de España.

Se trata de una ayuda que beneficia a familias adineradas y con más miembros ("unidades de convivencia", según la jerga tributaria): Hacienda exige que la suma de la base imponible general y del ahorro del contribuyente no supere la cantidad en euros correspondiente a multiplicar por 30.000 el número de miembros de dicha unidad familiar. Esto es, que en una familia de cinco miembros la base imponible para obtener esta deducción de 900 euros por hijo se elevaría hasta 150.000 euros, por poner un caso de familia numerosa. 

Se trata de un concepto que no existe en otras comunidades autónomas y se conoce como "gasto de escolaridad". Se permite deducir un 15% de los gastos, "900 eurospor cada uno de los hijos o descendientes en el caso de que el contribuyente tenga derecho a practicar deducción por gastos de escolaridad" como límite máximo, según establece la AEAT. Por concepto de "escolaridad", la Comunidad de Madrid entiende "las etapas correspondientes al segundo ciclo de Educación Infantil, a la Educación Básica Obligatoria y la Formación Profesional Básica". Se excluye Bachilletato. Es decir, colegio e instituto, además de FP. 

Es en el apartado llamado precisiones donde la Agencia Tributaria matiza que la deducción solo la recibirán alumnos de la privada. "En los centros públicos y en los privados con concierto educativo la enseñanza debe ser gratuita, por lo que ningún alumno incluido en un centro de tales características podrá soportar gastos relativos a la escolaridad", se lee en la web. "Sí será posible soportar gastos de escolaridad en los centros privados no concertados". Siempre según los requisitos, "sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres o ascendientes que convivan con sus hijos o descendientes escolarizados".

Las desgravaciones en Madrid se extienden a gastos de enseñanza de idiomas -al igual que otras regiones que también desgravan por este concepto- o por la adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar, algo que solo bonifican la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. En el caso de la ropa escolar, los beneficiarios pueden ser no solo alumnos de la privada, sino también de la escuela concertada. "Sólo podrá aplicarse la deducción para las prendas de vestido o calzado exigido o autorizado por las directrices del centro educativo en el que el alumno curse sus estudios", reza la medida. En la educación concertada, el uso de vestimenta específica es algo generalizado. 

En la Consejería de Educación madrileña, dirigida por Enrique Ossorio, confirman escuetamente que la deducción arrancó en 2009. Aguirre triplicó la base imponible de la deducción: de 10.000 a 30.000 euros, según recoge la hemeroteca. En su momento, la bonificación se extendió a la escuela concertada. Los portales vinculados a la educación privada de hecho informan de estas deducciones a los padres y madres interesados. Cuando no los centros directamente. 

La brecha socioeconómica educativa

Para el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez, "los datos reales muestran que la mayoría de los recursos de estas deducciones se las aplican grupos que tienen posibilidades económicas". "Mientras,", añade, "se quedan fuera las familias que no tienen posibilidades de gastar en gastos educativos". "Un buen y eficaz uso de los recursos públicos sería destinarlos a apoyar a los grupos vulnerables y gastarlos con eficacia, y en Madrid eso no ocurre porque el PP utiliza las deducciones fiscales en IRPF a gastos educativos. Y son aprovechadas por grupos familiares de rentas medias y altas, que en su mayoría no necesitan de esas ayudas"

Según un mapa infográfico elaborado por El País en 2019, la brecha socioeconómica que diferencia a los alumnos de la privada de la pública es cada vez más grande: en Madrid, la mayoría de los centros privados se ubican en el norte, el área de mayor renta. 

Madrid es la región que menos invierte por alumno en la educación pública: según los datos del Ministerio de Educación, el Gobierno, que en 2023 cumplirá 28 años en manos del PP, destina 4.727 euros por alumno en centros públicos, 1.000 euros por debajo de la media nacional. Es la segunda comunidad que más dinero da a la escuela concertada. En enero pasado, antes de la repetición electoral del 4M que consolidó a Díaz Ayuso y eliminó a Ciudadanos de la Asamblea, el Gobierno regional extendió el concierto educativo de seis a 10 años, siempre vinculándolo con la libertad de elección. 

El fraude de los trabajadores en paro con las prestaciones por desempleo se redujo drásticamente en 2020 como consecuencia de la pandemia. De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso infoLibre, las infracciones el año pasado de los desempleados ascendieron a 2.929 casos. Se trata de un número que no aparece desglosado en las memorias estadísticas de la Inspección de Trabajo. 

La caída con relación a 2019 fue del 16% (3.492 infracciones), del 25% sobre 2018 (3.890 incidencias) y del 35% sobre 2017 (4.512 casos). La razón es la pandemia: "Los datos de 2020 se deben en parte a que la pandemia afectó a la economía", responden en el ministerio. "Hubo un parón de actividad generalizada durante unos meses y la actuación de la inspección se reorientó a aspectos que tenían que ver preferentemente con el covid-19".

Así, para evitar una destrucción de empleo masiva nada más empezar las restricciones, los equipos de la vicepresidenta Yolanda Díaz (Trabajo) y del ministro José Luis Escrivá (Seguridad Social) diseñaron los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Los ERTE no son prestaciones por desempleo aunque su abono corra a cargo del Ejecutivo, por lo que, de haberse producido fraude, éste no computaría en la misma categoría en la que se engloban los parados. 

La Inspección entonces redirigió su labor investigadora hacia temas que tenían que ver con el virus y la protección de los trabajadores, además de supervisar el correcto funcionamiento de los ERTE. "En lo peor de la pandemia, se produjeron muchas actuaciones en materia de seguridad y salud", señalan en la Inspección. 

Igualmente, añaden, "durante la primera parte del Estado de Alarma bajó mucho la actividad económica. Y al prácticamente desaparecer la actividad de la hostelería en ese periodo, las actuaciones en economía irregular también bajaron". Estas declaraciones revelan varias cosas: en primer lugar, que la hostelería es un sector abonado al fraude con los trabajadores con desempleo. No hay más que ver lo que sucedió el pasado 31 de agosto: a pesar de que fue un mes espectacular para el empleo, ese día se convirtió en el segundo día que más trabajo se destruyó de la historia de España, con 294.808 bajas a la Seguridad Social. En estas bajas y altas que en ocasiones apenas duran unas horas los trabajadores en el desempleo porque el empresario se ahorra dinero de las cotizaciones sociales hay mucho fraude, además de temporalidad. 

Cae también el dinero recuperado: de 38 millones a 28

¿Qué tipo de fraude se produce? Como apunta la Inspección, "la indebida compatibilización de prestaciones por desempleo con el trabajo", así como otras infracciones: "incremento indebido de bases para la percepción de prestaciones superiores a las que correspondan, prolongación indebida para su disfrute o simulación de relación laboral... ". En la web se dividen entre leves, graves o muy graves, y van desde no dar la información correspondiente a los servicios de empleo para recibir notificaciones, rechazar una oferta de trabajo "adecuada" o (muy grave) compatibilizar el cobro de prestaciones con empleo sumergido, por citar un caso.  

También hay un notorio descenso del importe de las prestaciones recuperadas. En 2020 la cuantía recuperada por la Inspección de Trabajo se elevó a casi 28 millones de euros (27.992.346) frente a 38,3 millones en 2019, 35,1 millones en 2018 o 36,5 millones en 2017. No siempre el número de fraudes implica más importes económicos. 

"Los datos facilitados se corresponden exclusivamente a infracciones de trabajadores y a la sanción correspondiente, la devolución de las prestaciones indebidas o suspensión de la prestación", recuerdan en el Ministerio de Trabajo. Desde la llegada de Yolanda Díaz, la Inspección ha multiplicado su actividad. Por ejemplo, en el campo, donde hasta primeros de agosto se habían cubierto 7.137 inspecciones en el sector agrícola, hallándose fraude en el 42% de los casos. También se han disparado las actuaciones para regularizar empleadas del hogar o falsos becarios. 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se aferran a la recuperación post-covid marcando los mayores registros económicos de la historia: crecimiento récord del Producto Interior Bruto (PIB) desde hace casi medio siglo, recaudación tributaria récord, inversión récord y gasto récord, los dos últimos conceptos espoleados por los fondos europeos NextGenerationEU. De hecho, 27.633 de los 40.238 millones (8.929 millones en inversiones reales, 31.309 millones en transferencias de capital) corresponden al maná comunitario, que en los próximos años alcanzará más de 70.000 millones en transferencias directas para relanzar la economía. 

Son cuentas muy optimistas y por algo el Gobierno las califica como los presupuestos de la recuperación justa: esta visión se refleja en la tasa de paro, 14,1% para 2022, y en el descenso de las partidas para el desempleo (22.457 millones el año que viene) del 10,2% con relación al año actual (25.012 millones de euros). Se prevé mantener la actual tendencia de creación de puestos de trabajo, aunque la tasa de desempleo pronosticada se sitúa aún por encima de las del tercer y cuarto trimestre de 2019.

Los ingresos tributarios suben un 8,1% ("una recaudación fiscal prudente") hasta llegar a una cifra nunca vista, 232.352 millones de euros que procederán del IRPF, Sociedades, IVA o Impuestos Especiales. Los socios de coalición acaban de pactar un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15%. Y aunque Hacienda solo calcula que ingresará unos 400 millones de euros más, la recuperación elevará los ingresos con este tributo hasta los 24.477 millones de euros, un 11,8% más de lo que se prevé ingresar en 2021 (21.889 millones), siendo el impuesto que más aumenta. La recaudación tributaria de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas (Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Índice de Transmisión Patrimonial, Actos Jurídicos Documentados) se dispara un 18,6% respecto a 2021, hasta los 114.657 millones frente a 114.657 que se ingresarán en 2021. 

El PIB crecerá todavía más que lo previsto en 2021: un 7%, la tasa más alta desde 1973, cuando la economía escaló un 7,8% según la Base de Datos Anuales del Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo mantiene además el crecimiento del 6,5% para este ejercicio, a pesar de la drástica revisión del INE hace dos semanas relativo al segundo trimestre de 2021 (1,7 puntos menos). Son presupuestos que confían de manera acérrima en el efecto rebote tras la cuasi desaparición de las restricciones y el increíble avance de la vacunación en España. 

El gasto social también es considerable, 240.375 millones de euros, que se elevan hasta 248.391 millones contando los fondos europeos. Esto permite aumentar la inversión en Sanidad un 11% sobre 2021, hasta los 5.434 millones sin incluir las vacunas; y en Educación un 2,6%, hasta 5.026 millones. No se recuerdan registros tan altos en ambas partidas ni en los años del boom hasta la crisis de 2008.

Siempre dentro del gasto, Cultura es proporcionalmente de las partidas que más crecen, un 46,3% hasta los 1.589 millones. En este notable incremento tiene mucho que ver el bono joven cultural de 400 euros para todo aquel que cumpla la mayoría de edad, dotado con 210 millones de euros. El otro bono estrella es la ayuda directa a la vivienda de 250 euros al mes durante dos años a jóvenes asalariados de entre 18 y 35, que supondrá otros 200 millones de euros a cargo de los presupuestos. 

Jóvenes, pensiones e IMV

Aunque progresivamente se oyen cada vez más voces para retirar ayudas capitales durante lo peor de la pandemia como los ERTE o la prestación a autónomos por cese de actividad, la apuesta por la recuperación lleva al Gobierno a fijar el aumento interanual del consumo privado un 6,9% (sobre un 8% este año, lo que mejora los datos de 2019). Según el Ejecutivo, se crea por primera vez un capítulo presupuestario para los jóvenes, dotado de 12.550 millones de euros, en el que se incluyen las becas (2.199 millones), la Formación Profesional (2.000 millones) o los bonos anteriores para el alquiler o la cultura. A cambio, y como consecuencia de la retirada de las ayudas extraordinarias y de la mejora del empleo, el Servicio Público Estatal de Empleo (Sepe) padece un tijeretazo importante del 85%, de 4.467 millones a 672.

El ministerio que más dinero recibe será el de Inclusión y Seguridad Social, con 33.478 millones, de los que 18.396 millones de euros van a pensiones. A esto hay que sumarle otra partida que recibirá el ministerio que dirige José Luis Escrivá, 15.082 millones más que no van en las transferencias a la Seguridad Social. Queda por conocer el detalle, pero en este último concepto es probable que se encuadren los 4.436 millones de euros dirigidos al Ingreso Mínimo Vital para 2022. En 2021 se incluyeron menos de 3.000 millones para las familias más vulnerables y según la Airef no se gastará todo. Para combatir la pobreza aunque fuera de Seguridad Social, se amplía en 48 millones el Bono Social Térmico, hasta alcanzar los 157 millones de euros. 

Las comunidades autónomas tendrán dos vías extra de ingresos: 3.100 millones de euros de la liquidación definitiva del IVA de 2017 –un asunto judicializado– y otros 3.900 millones adicionales para financiar las liquidaciones negativas de 2020. 

El anuncio realizado el martes por Pedro Sánchez de crear un bono joven de vivienda, que en la práctica será una ayuda directa de hasta 250 euros mensuales durante dos años para personas entre 18 y 35 años con ingresos menores a 23.725 euros al año, ha provocado una cascada de reacciones. La medida, que se presentó tras conocerse el acuerdo que desbloquea la futura ley de vivienda y los Presupuestos Generales, recibió críticas por parte de la derecha y la patronal por "populista" o porque terminaría repercutiendo en el precio de los alquileres, y no faltaron quienes aseguraron que una iniciativa cuasi idéntica con José Luis Rodríguez Zapatero –la renta básica de emancipación (RBE)– fracasó estrepitosamente. 

"No está demostrado que subieran los alquileres por el impacto directo de la renta básica", asegura uno de los expertos que diseñaron esta ayuda junto a la entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, el economista y expresidente de la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Alejandro Inurrieta. La hemeroteca tampoco arroja ninguna evidencia de tal incremento. Cuando se diseñó, en 2007, solo el 14% de los españoles vivía del alquiler frente al 26% actual según Fotocasa, por lo que el mercado del arrendamiento estaba menos caliente. 

"Pero hay un problema real", subraya Inurrieta, "y es que ya sabemos que muchas comunidades autónomas del PP van a hacer objeción y no van a recurrir a la ley para fijar precios máximos en zonas tensionadas. Y un control de precios es clave para el éxito del bono. Yo, de hecho, lo extendería a todos los propietarios, no solo a los grandes". Su opinión es compartida por el profesor de la Universidad Carlos III y economista Juan Laborda.

"Las ayudas o subvenciones al alquiler solo tienen sentido si se dan a las autonomías que se hayan declarado zonas de mercado de la vivienda tensionadas y establecido un límite de precios", indica el director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras, Carlos Martín Urriza. "Entonces sí, entonces sería una manera de asegurarse que el Estado no subvenciona al casero, algo que ya sucedía con la desgravación del IRPF por la compra de una vivienda: esa bonificación terminaba incluida en el precio en la época del boom". La desgravación fue progresivamente eliminada por el Gobierno de Zapatero a partir de 2009. Mariano Rajoy hizo un amago de recuperarla nada más llegar al poder, pero abandonó enseguida la idea presionado por la Troika. 

"A mí el bono me parece poco trascendente", opina el ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez. "Algo similar funciona en muchas partes de Estados Unidos. Ayuda, pero no es relevante, y puede acabar con el propietario subiendo el importe del contrato". "El bono tiene que ir acompañado de una ley de vivienda que controle los precios del alquiler, lo que sucede en toda la UE menos en Reino Unido. Frente a los que tildan al Gobierno de comunista", valora Rodríguez, "yo veo la futura ley de vivienda muy timorata. En Europa, donde está más avanzado el límite de precios al alquiler es en países tan poco comunistas como Países Bajos y Austria, cuyos jefes de Gobierno son halcones liberales de derechas". 

Necesidad de inspectores y árbitros

"El bono es una copia de nuestra renta básica", defiende Alejandro Inurrieta. "Hay consenso entre los economistas en que es mejor una ayuda directa que un estímulo fiscal, ya que cualquier bonificación que incentive la demanda hará subir los precios". "Y hay otro problema en torno al bono", agrega Inurrieta. "La ayuda en sí no supone un problema. ¿Cuál es? Los caseros, que pueden ser unos golfos. ¿Y cómo hago para que no suban los contratos, además de recurrir al límite de precios? Pues interponiendo un servicio de mediación, arbitraje e inspección. Es decir, una herramienta que no existe en España".  

La cuestión de a cuánta gente llegará la ayuda es igual de crucial. El miércoles, la titular de Transportes, Raquel Sánchez, avanzó algún detalle más: recibirán el bono entre 40.000 y 50.000 jóvenes en España y costará 200 millones de euros al Estado.

"En su momento álgido, la RBE llegó a beneficiar a 250.000 jóvenes", recuerda Inurrieta. A diferencia del bono de Pedro Sánchez, el de Zapatero se concedía en una franja de edad que iba de los 16 a los 29 años, y no de los 18 a los 35 años como parte la actual propuesta. La actual presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, sucesora de la fallecida Chacón en Vivienda y última ministra de Vivienda en aplicar la renta básica de emancipación ha rechazado hacer declaraciones. El Ministerio de Transportes tampoco ha respondido a este periódico.

4,5 millones de trabajadores jóvenes ganan menos de 23.725 euros

Todos los consultados ven escasos tanto el alcance como el dinero que se comprometerá. En sus primeros años la renta básica de emancipación movilizaba cerca de 400 millones de euros. No obstante, también había problemas: en 2010, el pago del alquiler sobre los ingresos representaba el 42,2%. Actualmente, según pisos.com, el coste del alquiler representó en 2020 el 51,5% de los ingresos brutos mensuales de los arrendatarios.

Además, es muy difícil estimar los potenciales beneficiarios de la ayuda, pero los datos fiscales de la población menor de 35 años disparan la cifra de personas que trabajan entre 18 y 35 años con ingresos menores de 23.725 euros. De acuerdo con datos de la Agencia Tributaria (AEAT) relativos a 2019, hay al menos 4,5 millones (4.571.693) de españoles en esa franja de edad por debajo del nivel de ingresos requerido para obtener la ayuda de Transportes. Son cálculos muy conservadores, ya que se trata de personas que recibieron algún tipo de salario comprendido entre 0 y 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. La realidad es que la cifra es mucho más alta: 1,5 veces el SMI de 2019 arroja 18.900 euros al año.

El sindicato de inquilinos, uno de los actores en el sector de la vivienda que más han empujado a favor de leyes de control de precios de los alquileres y contra la multipropiedad de los fondos de inversión, da una de cal y otra de arena al acuerdo del Gobierno que desbloquea tanto la ley de vivienda como los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Este acuerdo supone un punto de partida para avanzar en medidas más garantistas, pero es insuficiente", asegura esta organización en un comunicado emitido este miércoles 6 de octubre. 

"Con el nuevo acuerdo del Gobierno, estamos más cerca de dar un nuevo paso: blindar la regulación ya vigente en Catalunya y lograr que se extienda a todo el Estado", reza el texto. Los inquilinos entienden que el acuerdo no ataca la ley catalana aprobada hace un año que, entre otras cosas, establece precios máximos en zonas tensionadas a todos los propietarios, y no solo a los grandes con 10 o más inmuebles en propiedad como han firmado PSOE y Unidas Podemos. "Ahora bien, queda mucho camino por recorrer y la experiencia nos demuestra que aún no hay nada ganado. Hasta que no tengamos un texto legislativo y que vaya más allá de lo acordado, no podremos cantar victoria".

Así, los inquilinos piden al Ejecutivo central "tomar en consideración" cinco propuestas: primero, "blindar la regulación de precios vigente en Catalunya, de la que ya dependen millones de personas"; segundo, que la declaración de zona con mercado de la vivienda tensionada no tenga que proceder de ninguna solicitud realizada por una entidad local o una autonomía sino que sea "automática en todos los municipios en los que hay una situación de mercado tenso" para evitar "desequilibrios territoriales indeseados".

Tercero, que "la bajada de los precios hinchados" sea "obligatoria para el conjunto del mercado del alquiler, y no solo para las empresas con más de 10 viviendas". cuarto, suprimir la disposición filtrada del acuerdo que permite a los grandes tenedores de vivienda "retrasar las bajadas de precio obligatorias hasta 18 meses posteriores a la aprobación de la ley". Y quinto, eliminar igualmente las bonificaciones fiscales planteadas a propietarios de hasta el 90% por bajar voluntariamente los precios. "Esto implicaría una transferencia directa del conjunto de la sociedad a los hogares con ingresos más altos, y no está claro que ayude a bajar precios".

Según el sindicato, hay margen para mejorar la ley: "En los días que vendrán nos jugamos que estas y otras cuestiones entren". "Cabe recordar que la semana pasada la sociedad civil organizada presentamos, junto a nueve partidos (UP, ERC, Junts per Catalunya, Bildu, CUP, Más País, Nueva Canarias, Compromís, BNG) una propuesta de Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada. No tenemos ninguna duda que estos partidos defenderán las líneas que fueron planteadas para que sean recogidas en el nuevo texto legislativo".

El acuerdo del Gobierno para sacar adelante la futura Ley de Vivienda y también los próximos Presupuestos Generales del Estado contiene bonificaciones y sanciones fiscales, impulso a la vivienda protegida, ayudas para jóvenes y hasta congelación de contratos. Y el punto en torno al cual más han discutido los socios de coalición de PSOE y Unidas Podemos, la fijación de precios máximos del alquiler en zonas de mercado tensionado, aparece por primera vez en el acuerdo, como pedían los morados. Con un matiz: afectará solo a los grandes propietarios con 10 o más viviendas siempre que se trate de personas jurídicas –como fondos de inversión– y lleven a cabo nuevos contratos –no una prórroga de los existentes– en barrios declarados como tensionados. 

Hay detalles que están por trascender aún del acuerdo, pero para que se apliquen los precios máximos a los alquileres será condición indispensable que la comunidad autónoma de turno declare la zona en la que estén los inmuebles de los grandes tenedores área de mercado tensionado. Y un dato: la medida afectará potencialmente al 8% de los alquileres totales en España (3,4 millones aproximadamente), según ha sabido infoLibre a través de fuentes gubernamentales. 

Todos los números son aproximados: para empezar, el dato de 3,4 millones de hogares en alquiler parte de la Encuesta Continua de Hogares que publicó el INE en 2019. Son alrededor de unas 270.000 viviendas que tendrían que ubicarse en las mencionadas zonas tensionadas. El año pasado, el Ministerio de Transportes estimó que el 15% de los alquileres totales en España estaban en manos de grandes propietarios.

En ese 15% hay que incluir cerca de 300.000 viviendas (290.000) en manos de las autonomías, ayuntamientos y otras administraciones públicas, de acuerdo con el Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín Especial Vivienda Social 2020 editado por el ministerio. El resto, hasta rebasar el medio millón, son propiedad de grandes propietarios, "mayoritariamente fondos, claro", destacan las fuentes consultadas. Solo el fondo de inversión Blackstone cuenta con una cartera de más de 50.000 viviendas en España. 

Estos números seguramente han variado: hay más vivienda social protegida porque las administraciones públicas han tomado conciencia de la escasez de alquileres asequibles, y varias autonomías y consistorios impulsan la construcción de arrendamientos. El propio ministerio ha pasado de anunciar el Plan 20.000 en 2020 (20.000 alquileres sociales) a estimar que construirán más de 100.000 en los próximos años en suelos pertenecientes al Estado. Economistas como Alejandro Inurrieta, ex presidente de la extinta Sociedad Pública de Alquiler creada en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, afirman que faltan "millones" de alquileres públicos en España. 

Críticas de Cataluña y Madrid

Desde el Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, se confirma que esta dirección general trabaja para obtener datos relacionados con la futura ley de vivienda. Una empresa en la que también está Transportes, que ha elaborado muchos informes sobre alquiler social en lo que va de legislatura. Según publicó este medio en diciembre a partir de datos del Catastro, en España hay aproximadamente unos 276.000 propietarios con 10 o más inmuebles, pero este dato incluye a todo tipo de inmuebles urbanos destinados no solo al alquiler, sino también a la compraventa o a segundas residencias. 

El alcance de la fijación de precios ha sido rápidamente criticado por la Comunidad de Madrid y por Cataluña, aunque por motivos enfrentados: la consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera (JxC), advirtió horas después del acuerdo que el Govern recurrirá la ley de vivienda española ante el Tribunal Constitucional si interpreta que "ha invadido competencias" catalanas; una amenaza que en realidad quien la ha cumplido es el Ejecutivo central al considerar que la ley catalana de vivienda que establece precios máximos en zonas de mercado tensionado sin distinción de grandes o pequeños propietarios vulnera competencias estatales. La Ley de Vivienda de Cataluña está dando sus frutos, a tenor de los datos del registro autonómico de fianzas: están cayendo los precios y subiendo la oferta de alquileres. 

Las declaraciones de la consejera de Vivienda de Díaz Ayuso en Madrid, Paloma Martín (PP), están en las antípodas de las de Cervera: "Sánchez hace suyas las propuestas más radicales de sus socios de Gobierno. El sectarismo ideológico no puede poner en riesgo los ahorros de toda una vida invertidos en un piso. El 90% de las viviendas que están en el mercado son de pequeños propietarios". Martín asegura que su Gobierno buscará cómo blindarse ante la ley. 

Los fondos: "se retirarán viviendas del mercado"

Los fondos de inversión igualmente han estallado contra el acuerdo. ASIPA (Asociacion de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler), que agrupa a sociedades como Azora, Vivenio, Colonial o Lar, tilda de "acto de irresponsabilidad" que "una infraestructura esencial para la seguridad y bienestar de los ciudadanos como es la vivienda se utilice como moneda de cambio por intereses políticos". Asipa juzga la ley "ineficaz" porque "no añade ni una sola vivienda al mercado ni ataca la raíz del problema, la escasez de oferta de vivienda en alquiler disponible", y de "contraproducente" porque "va a provocar que se retiren viviendas del mercado en alquiler". "Lo único que provocará es que desaparezca el ahorro que tiene que financiar el alquiler". Se trata del discurso de la abuela María. 

A falta de más contenido, el acuerdo establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos –se trata de un impuesto municipal– si así lo consideran. ¿A cuántas viviendas puede afectar? Imposible saberlo, por dos razones: primero, porque la última vez que se elaboró un censo por parte del INE para calcular el número de viviendas sin habitantes fue hace 10 años, en 2011 (y arrojó 3,4 millones de hogares, los mismos que los alquileres actuales); y segundo, porque el INE está en proceso de elaboración de "una nueva clasificación alternativa de las viviendas" basada en su consumo eléctrico, según adelantó elDiario.es. La presentará este año, y eso permitirá a las administraciones públicas manejar más datos. 

Finalmente, está la propuesta de un bono joven de vivienda que supondrá ayudas directas de hasta 250 euros mensuales para personas entre 18 y 35 años con ingresos menores a 23.000 euros. La congelación de precios e incentivos fiscalespara bajar el arrendamiento de los pequeños propietarios cuyo contrato sobrepase lo establecido por el índice de precios en zonas tensionadas –en ningún caso se les impondrá bajarlo, como a los grandes–. Y se establece que todas las nuevas promociones tengan en el futuro como mínimo un 30% de parque público de alquiler.

Un mes de septiembre que es el más caro de la historia de la luz en España. Una inflación disparada al 4%, la mayor subida en 13 años. Una revisión inédita del PIB por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) al recortar la previsión de crecimiento del organismo la barbaridad de 1,7 puntos (de 2,8% del PIB al 1,1%). Con estos datos, cualquiera diría que España está en crisis, pero no: España está en una senda de recuperación económica este año y dejando totalmente atrás la crisis del coronavirus, algo que ningún economista se atreve a negar. 

¿Que está pasando? Que hay indicadores preocupantes que contrastan con otros datos muy buenos. Por ejemplo, el consumo de los hogares creció en el segundo trimestre un 23,4% en tasa interanual, las exportaciones de bienes y servicios un 38,9% y las importaciones un 38,4%, según recogió el INE el mismo día que recortó el crecimiento del PIB. Igualmente, crecen en porcentajes de dos dígitos la formación bruta de capital fijo, la renta nacional brutal, la renta bruta disponible o las horas efecticamente trabajadas. Por no hablar del empleo y la Seguridad Social, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa y el Servicio Estatal de Empleo (Sepe): en el segundo trimestre el paro cayó un 3% hasta algo más del 15%, incorporándose 464.900 personas al mercado de trabajo en términos intertrimestrales, el segundo mayor aumento de la historia. 

"La mejor respuesta que puedo dar es que estamos en plena recuperación pero no sabemos medirla", señala con ironía Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide y ex secretario general de Economía de la Junta de Andalucía. Hidalgo ha dedicado más de dos décadas de su carrera a las predicciones y estadísticas macroeconómicas. "Incertidumbre hay siempre. Es inevitable. Solo que en tiempos de pandemia, ésta es más evidente. Vemos una contradicción entre el último dato del PIB, no tan bueno, y los indicadores de coyuntura económica, muy buenos. Pero no tenemos una información clara de lo que está pasando". 

Una información que el INE no aportó al confirmar que el PIB se incrementó solo un 1,1% frente al 2,8% esperado. "La contradicción entre la EPA y el PIB es evidente, quizás haya mucho empleo improductivo, pero no puedo asegurarlo", señala Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario. "Pero nos falta mucha información sobre qué pasó en el segundo trimestre y sobre cómo podrían comportarse los indicadores en los trimestres que quedan. En mi opinión, es indudable que estamos ante un periodo de recuperación y que seguimos necesitando estímulos para que esa senda no se tuerza".    

Mantener los estímulos

¿Cómo cerrará el año el PIB? Es la gran pregunta que nadie sabe o nadie quiere responder: aunque desde algunos medios se ha asegurado en los últimos días que las predicciones del Ministerio de Economía de crecer un 6,5% no se cumplirán, los expertos consultados prefieren no mojarse. Incluso no dudan de que haya un tremendo rebote a partir del tercer trimestre. Hay que recordar que Economía fue de los escasos organismos que clavó la caída del PIB en 2020 (finalmente un -10,8%) frente a las desviaciones –por no decir errores– del FMI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Europea, el Banco de España o la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), que vaticinaron un desplome más abrupto, por encima del 12% en algunos casos, que finalmente nunca se produjo. 

La otra insitución que acertó el comportamiento de la economía en 2020 fue la Autoridad Fiscal Independiente, AIReF, presidida por Cristina Herrero. "La última previsión que ha hecho la AIReF es de un crecimiento del 6,4% del PIB para 2021", indican en el organismo. El informe fue publicado el 20 de septiembre, se puede leer aquí y en él se recoge que "la AIReF avala el escenario macroeconómico del Gobierno al considerar que tanto la senda esperada del PIB como los supuestos sobre los que se sustenta son realizables, si bien para 2022 predominan riesgos a la baja". 

La cacofonía estadística es muy relevante estos días. Ahí van más datos: por un lado, la Comisión Europea pronostica que España será el estado miembro que más crecerá de los Veintisiete en 2022. Por otro, el Índice de Producción Industrial se estancó en julio, con datos actualizados en septiembre. Y luego está la energía: la escalada de los precios de la luz no se detiene "y eso puede afectar a la competitividad de nuestras empresas con relación a las foráneas si finalmente el precio se plasma en el recibo", advierte Julio Rodríguez.  

"El turismo, mejor de lo esperado"

La ralentización económica por la factura de la luz la constató el Gobierno central el pasado 14 de septiembre en el paquete de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, publicado en el BOE: "Esta evolución brusca y sin precedentes del gas natural, con un efecto muy negativo sobre la economía", expresaba el boletín, "coincide en el tiempo con el inicio de la senda de recuperación económica tras la crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19. Ello supone un riesgo de ralentización de la recuperación".

Tampoco se moja con las predicciones macroeconómicas el ex ministro de Industria y profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Sebastián. Pero Sebastián cree que los números de la vicepresidenta Calviño pueden cuadrar. "Mi sensación es que la temporada turística ha ido mejor de lo esperado y que los viajeros internacionales van a llegar el cuarto trimestre. Que la industria tiene problemas relacionados con la distribución o los semiconductores, lo que evidencia que la demanda va por delante de la oferta. Que la vacunación está siendo un éxito, a diferencia de Estados Unidos y otros países. Que hay atascos en las grandes ciudades". 

"A lo mejor me equivoco", dice Hidalgo, siempre cauto, "pero creo que la abrupta correción del PIB por parte del INE se debe a una cuestión técnica y no que a la economía le vaya mal".