La tensión en el mercado inmobiliario sigue subiendo a medida que los precios continúan con su escalada. La brecha entre la rentabilidad de quienes pueden explotar activos inmobiliarios y quienes buscan un piso para vivir se sigue ensanchando y se muestra en protestas, manifestaciones o luchas contra procedimientos de desahucio. Este martes, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas anunció una campaña para promover una huelga de alquileres a la empresa Alquiler Seguro y solo un día después, el Ministerio de Consumo confirmaba una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa tras desestimar un recurso de alzada presentado por la inmobiliaria. La iniciativa trata de forzar a la empresa a negociar con los inquilinos, que llevan tiempo denunciando abusos, pero su encaje legal es complicado, ya que la huelga solo está reconocida como derecho laboral.

“No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de la contratación de suministros con empresas del mismo grupo. Hartas de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda”, señalan los afectados en una nota de prensa. Se quejan, además, de que el juicio tras la demanda impuesta por el sindicato se ha fechado para dentro de dos años.

Una de las inquilinas que va a respaldar la huelga explica a infoLibre que todas las vías para tratar de hablar con la empresa se les han cerrado y protesta por la impunidad con la que sigue "abusando" de su posición de poder. Cuenta que, tras un tiempo buscando piso sin éxito, encontraron una oferta de Alquiler Seguro a través de un conocido y la necesidad de tener un techo les hizo aceptar todas las exigencias: “Pagamos un servicio de atención al inquilino que, según ellos, era obligatorio; contratamos un seguro de vida con una de sus empresas, aunque ya teníamos uno, y otro seguro más de impago”, cuenta la afectada, que prefiere permanecer en el anonimato. Cuando hicieron notar a la empresa que muchas de aquellas condiciones eran ilegales, no recibieron respuesta, asegura. 

Alquiler Seguro tiene varios frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales y que le ha valido una multa de 3,6 millones. Por otro, el Sindicato de Inquilinas de Madrid le ha interpuesto una demanda cuya primera vista está fechada para febrero de 2028. La sanción de la Administración ya solo se podría recurrir por vía judicial, tras agotar este miércoles las opciones para resolverla por vía administrativa. La empresa ya anunció este jueves que recurriría la multa por medio de un contencioso porque "todos sus servicios son legales" y que también solicitará medidas cautelares.

Plantear una huelga de alquileres no es algo nuevo, pero tampoco es un trámite sencillo porque la ley no reconoce explícitamente el derecho a una huelga de este tipo como puede ocurrir en el ámbito laboral. La primera experiencia que se conoce en España ocurrió en Cataluña en 1931. Entonces, 90.000 familias barcelonesas dejaron de pagar los alquileres cuando, en plena ola migratoria hacia la ciudad condal, los trabajadores no podían hacer frente a unas rentas inmobiliarias crecientes y se plantaron. La huelga se zanjó un año después con un pacto entre propietarios e inquilinos, pero tras una larga represión. La última es la que los 71 inquilinos de La Caixa plantearon en Cataluña en 2024, reteniendo 257.631 euros en rentas de alquiler durante casi un año para tratar de forzar la renovación de sus contratos, que la entidad pretendía rescindir.

“El plan original de la Fundación La Caixa era tan simple como agresivo: dejar expirar el periodo de alquiler protegido para expulsar a miles de familias y vender al mejor postor”, explica en una nota el Sindicat de Llogateres. Al final, la protesta social terminó por movilizar al Govern, que adquirió las 170 casas para el parque público por un valor de 15 millones de euros, a las que luego se irían sumando más. Actualmente, el proceso sigue judicializado por las demandas cruzadas entre los inquilinos y la entidad bancaria, pero para los sindicatos es una victoria, ya que los afectados tienen ahora como casero a la Administración Pública.

No son procesos fáciles, explica Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, pero responde a la necesidad de que los inquilinos ganen espacios de protección para reclamar sus derechos. "Estamos empezando una ronda de contactos para explicar la propuesta e informar bien a los inquilinos de los riesgos", apunta. Una vez en marcha, el proceso pasa por distintas fases. "En primer lugar, lo que se hace es notificar individual y colectivamente a la empresa de que se ha producido un cobro fraudulento o irregular de alquiler y demandar su resarcimiento", indica Reverte. Si no hay respuesta, se inicia una demanda colectiva y se notifica a la empresa la convocatoria de una huelga. "Aquí se inicia otro proceso de mediación y, si no llega a buen puerto, es cuando se ejecuta la huelga", concluye.

En este punto, los inquilinos no dejan de pagar, sino que depositan el dinero correspondiente en un fondo común, es decir, lo retienen para que la empresa no lo reciba. "En este punto las posibilidades son dos: que la empresa devuelva el dinero que los inquilinos consideran como cobros indebidos, o que reclame a los inquilinos las rentas no abonadas", explica el responsable sindical. Es cuando el proceso de mediación termina, cuando la empresa tiene derecho a demandar para reclamar las cuantías o a reclamar la devolución de la vivienda con una petición de desahucio por impago del alquiler. "A partir de aquí ya entran en juego las estrategias de defensa que tenga pensadas cada grupo", concluye.

Javier Fajardo, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Navarra, explica a infoLibre que, en términos legales, la huelga está regulada en la Constitución como un derecho de los trabajadores y tiene que ver con las relaciones entre un empleado y un empleador, pero no se contempla fuera de ese ámbito. "En este caso se le ha llamado huelga porque quizá tiene una historia y unas connotaciones adecuadas para ejercer presión social y utilizarla como bandera de movilización", apunta.

"Desde un punto de vista puramente legal, si tú eres un inquilino y no pagas, el arrendador te puede llevar a juicio para proceder al desahucio. El hecho de declarar una huelga, en este caso, no establece ningún mecanismo de amparo o de protección como ocurre en una huelga laboral", explica el profesor. Este proceso legal se regula por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y por la Ley de Enjuiciamiento Civil y se puede dar desde el impago de la primera cuota, aunque "no es algo habitual", puntualiza Fajardo, ya que se suele demandar cuando hay varios atrasos.

Una vez iniciada la senda judicial, explica, se puede tratar de llegar a un acuerdo o, de no ser así, también está la opción de enervar. Esto último permite pagar en el mismo momento los importes pendientes. "Si se toma esta última opción, la causa se archiva sin costas judiciales". En caso de seguir adelante, puntualiza, sí que habría que asumirlas.

La clave de estas iniciativas, coinciden los expertos, es ganar peso en la negociación de forma que las reclamaciones individuales tengan un respaldo. "La estrategia contra las grandes empresas de alquiler que cometen abusos día tras día sin consecuencias es reclamar de forma masiva. Si la mayoría de los inquilinos afectados por Alquiler Seguro se suman a esta huelga que está por concretarse, es la mejor forma de frenar la extracción de rentas", señala Alejandra Jacinto, abogada de CAES. Para la letrada, que lleva además algunas demandas que tiene en marcha el sindicato, la presión de grupo puede resultar más efectiva.

La idea de fondo es romper con el modelo de negocio que garantiza el cobro de los alquileres: “No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen”, afirman desde los Sindicatos de Inquilinas, quienes además consideran probable "que la inmobiliaria deje de cumplir también con sus obligaciones hacia los caseros, del mismo modo que ya incumplen sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas".

Por el momento, la huelga contra Alquiler Seguro está en un estadio inicial, pero su idea es sumar al mayor número posible de personas. En la nota explican que la compañía gestiona alrededor de 30.000 viviendas y su intención es elevar la iniciativa a nivel nacional. Desde la agrupación sindical señalan que el hartazgo es cada vez mayor y que la iniciativa ha partido de los propios afectados. "Son inquilinas que nos han llamado tras años de abusos. La gente está harta y quiere pasar a la acción”, señalan.

"En mi caso, he luchado un año para que me arreglasen unas humedades y al final tuve que recurrir a la dueña", explica la afectada con la que ha hablado infoLibre. "Es un abuso bochornoso, porque además hemos pagado por seguros y por asistencias que no recibimos", concluye. Si hace falta, dice, visitarán puerta a puerta para hablar con otros afectados para, a finales de junio, poder crear una asamblea de afectados.

Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

La salida de María Jesús Montero de la Vicepresidencia Primera y del Ministerio de Hacienda para presentarse como candidata socialista en Andalucía ha propiciado que Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, haya asumido este viernes el cargo de vicepresidente. En el siguiente escalón de las vicepresidencias se encuentra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ostenta la segunda, y en tercer lugar Sara Aagesen, que lidera la cartera de Transición Ecológica. En el Ejecutivo también se estrena como ministro de Hacienda Arcadi España. Con este nuevo esquema, vuelven a encontrarse en las vicepresidencias dos enfoques económicos que han generado no pocos debates en la coalición de PSOE y Sumar.

Los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han protagonizado algunas de las disputas más llamativas dentro del seno del Gobierno, una dinámica que ya se venía dando cuando Nadia Calviño ostentaba la cartera de Economía. El subsidio por desempleo, la entrada de capital saudí en Telefónica o las prórrogas de los ERTE llenaron titulares y debates con los enfoques (nada próximos en general) desde cada uno de los ministerios. Ahora el esquema se repite y Economía vuelve a la vicepresidencia primera de la mano de Cuerpo, aunque las diferencias entre Trabajo y Economía, en realidad, nunca cesaron. La reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional (SMI) o el registro horario han sido, y son, los frentes abiertos entre las, ahora, vicepresidencias primera y segunda. 

Sus diferencias emergen de dos enfoques diferentes sobre cómo debe ser la economía política. Carlos Cuerpo llegó al ministerio en 2023. Es un perfil técnico, poco dado a entrar en disputas políticas —ni siquiera tiene carnet del PSOE—. Comenzó su carrera en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Posteriormente, se marchó a Bruselas como analista económico antes de recalar en la política. Yolanda Díaz es abogada laboralista y tuvo su propio despacho. Comenzó su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol por Izquierda Unida. Su relación con los sindicatos es estrecha y durante sus primeros años de mandato contó con una posición fuerte en la mesa de diálogo social, llegando a consensos incluso con la patronal de las empresas. Un ejemplo característico de esto se produjo en 2020 cuando se acordó de forma tripartita una subida del SMI. O cuando se plantearon los ERTE por la pandemia.

Ahora las posiciones del Ministerio de Trabajo y de las patronales CEOE y Cepyme están mucho más alejadas e incluso desde el Gobierno se ha reprochado a los empresarios su negativa rotunda a participar en algunas negociaciones. Economía, en cambio, se posiciona en un terreno intermedio y ha defendido, por ejemplo, medidas especiales para las pymes en relación con el nuevo registro digital o plazos más dilatados para su posible implementación. De hecho, el fichaje digital es el enfrentamiento más sonoro que mantienen ambos ministerios en la actualidad. 

Fuentes de Trabajo señalaban recientemente a este periódico que el ministerio liderado por Carlos Cuerpo había tenido en general, y no solo ahora, una concepción económica ortodoxa y que la tónica solía ser la de disputar los pasos que se daban en el ámbito laboral. 

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que decayó por falta de respaldo en el Congreso. También será, previsiblemente, un reestreno de los ya conocidos duelos entre las vicepresidencias primera y segunda.

Recientemente, Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba este miércoles la titular de Trabajo en el Congreso. Previamente, fuentes de Trabajo habían señalado que Economía estaba boicoteando uno de los acuerdos de Gobierno con Sumar. 

De hecho, muchas veces se ha hablado, más que de diferencias, de unas políticas económicas a dos velocidades. Si Economía pide “tiempo”, “equilibrio” o plazos más largos; Trabajo suele presionar para un aterrizaje más rápido y plazos más cortos. Es algo que se ha visto, por ejemplo, en el debate sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta los diez días. Tras el anuncio de Trabajo, Cuerpo respondía desde Bruselas que la propuesta debía implementarse, eso sí, “de forma equilibrada, teniendo en cuenta a las empresas”, remarcaba. 

Es habitual que Díaz apriete en el debate público y que Cuerpo replique ciñendo el debate a las medidas técnicas. “Es casi de mala persona decirle a los trabajadores que no a reducir la jornada media hora al día”, le espetaba la vicepresidenta segunda en relación a la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, a lo que el ministro replicaba aludiendo a las cuestiones de fondo, es decir, a la norma, y evitando los adjetivos. Este perfil, de político solvente con los datos, calmado y con alto conocimiento técnico, le ha valido a Cuerpo ser el ministro mejor valorado, según el último barómetro del CIS, publicado en enero. Como curiosidad, cuando en 2021 Yolanda Díaz repetía aquello de “le voy a dar un dato” en los debates parlamentarios, era a ella a quien el CIS coronaba como la mejor posicionada. 

Por otro lado, el buen comportamiento de la macroeconomía española, siendo uno de los países que más a salvo se ha puesto del estancamiento que sufren países como Alemania y con un crecimiento del 2,8% en 2025, el doble que la zona euro, también ha hecho del Ministerio de Economía un reducto de buenas noticias que, sin duda, suma puntos a esta buena percepción.

Tras el anuncio ayer tarde de los nuevos nombramientos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda ha felicitado a Carlos Cuerpo en sus redes sociales. "Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", a lo que añadía una referencia al acuerdo de Gobierno, en el que, como han insistido estos días desde Sumar, figura la reducción de jornada y el control horario. “Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", finalizaba su texto en la red social Bluesky. 

El Tribunal Supremo ha condenado al Banco de España por vulnerar el derecho a la libertad sindical al negarse a convocar la comisión paritaria prevista en el convenio colectivo solicitada por varios sindicatos, según informa EFE.

En una sentencia fechada el pasado 5 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social estima parcialmente un recurso presentado por el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España, al que se habían adherido Agrupación Grupo Directivo (AGD), CCOO y UGT contra una fallo de junio de 2024 de la Audiencia Nacional.

Lo que ha abordado el Supremo es la posible vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva derivada de dos actuaciones del Banco de España. 

La primera es la puesta en marcha de un procedimiento de modificación voluntaria de jornada y horario -ampliación de 38 a 40 horas semanales- dirigido de forma masiva al personal con puestos de jefatura mediante pactos individuales al margen de la representación legal de los trabajadores. La segunda es la negativa reiterada del Banco de España a convocar la Comisión Paritaria Interpretativa del Convenio Colectivo para tratar la citada controversia.

El Supremo da por buena la actuación del organismo en lo relativo a la modificación de las jornadas de trabajo, pero considera que sí se vulneró la libertad sindical al no convocar la comisión paritaria.

Los sindicatos alegaban que la falta de convocatoria por el Banco de España de la comisión paritaria prevista en el convenio constituye una vulneración de su derecho a la libertad sindical. La sentencia considera probado que los sindicatos pidieron la convocatoria de la comisión paritaria, a lo que el Banco de España se negó.

Para el Supremo, la conducta de la empresa, que denegó "de forma reiterada e indebida" el derecho de información y consulta reclamado por los representantes de los trabajadores a través del comité de empresa implicó una vulneración del derecho de los sindicatos y por tanto una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.

Por todo ello, condena al Banco de España a celebrar la reunión de la comisión paritaria solicitada y a abonar al Sindicato Autónomo de Trabajadores una indemnización de 6.000 euros.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado que se pueda disfrutar con flexibilidad el permiso de cinco días para el cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización, sin necesidad de que su inicio se vincule necesariamente al comienzo del evento del que depende, informa EFE.

El Supremo, en sentencia fechada el 4 de febrero, aboga por dejar margen a una distribución racional del permiso que permita "una asistencia planificada y más eficaz" de la persona necesitada de ella.

La sentencia rechaza el recurso de casación planteado por el grupo empresarial RACE, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que plantearon un conflicto colectivo ante la nota interna emitida por la empresa, en la que avisaba de que el mencionado permiso se disfrutaría desde el primer día laborable a partir del suceso que lo ocasionara.

La Audiencia Nacional declaró dicha nota contraria a derecho y estableció que el comienzo del permiso no podía estar vinculado a la fecha del hecho causante.

El Supremo ha confirmado esta sentencia, argumentando que una interpretación en sentido contrario implicaría "a todas luces una devaluación de su potencial protector".

Añade que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo aplicable ni la directiva comunitaria contienen criterio alguno relativo al momento en que pueda hacerse efectivo el derecho al permiso.

CCOO ha anunciado este martes la convocatoria de huelga en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del 2 al 4 de marzo, en plena celebración del Mobile World Congress (MWC), ante el "inmovilismo" de la compañía para mejorar las condiciones salariales, según informa EFE. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), minoritario en FGC, también anunció el viernes pasado paros para hoy, martes 24 de febrero, y mañana, así como para los días 2, 3 y 4 de marzo.

En un comunicado, CCOO detalla que, el 2 de marzo, la huelga será de toda la jornada, mientras que los otros dos días será por turnos: de 02:00 a 06:00 horas de la madrugada, de 06:00 a 10:00 de la mañana y de 14:00 a 18:00 de la tarde.

El sindicato lamenta que "lleva mucho tiempo recogiendo el malestar" de la plantilla de la empresa pública, a la que advierte de que no se puede iniciar la negociación del nuevo convenio, que caduca en fin de año, "sin resolver los incumplimientos del actual".

CCOO acusa a FGC de incumplir los acuerdos alcanzados en septiembre de 2024 que permitieron desconvocar la huelga prevista para ese mismo mes, y asegura que ha trasladado "formalmente" a la dirección de la compañía sus reclamaciones, aunque "en varias ocasiones no se ha recibido respuesta".

Por su parte, fuentes de FGC aseguran que la empresa mantiene "abierto" el diálogo con los sindicatos y subrayan la "colaboración" en el proceso de mediación abierto por el Departamento de Empresa y Trabajo. También sostienen que el sistema de gestión de la seguridad implantado en la compañía "garantiza" los niveles alcanzados en este ámbito y avisan de que la seguridad es el criterio que "prevale por encima de cualquier otro".

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este lunes, un informe de Comisiones Obreras (CCOO) ponía cifras a este fenómeno: en 2025 cada persona que realizó horas extra no pagadas trabajó 5,6 horas semanales de media sin remuneración. Esto supone un coste laboral no abonado de 141 euros a la semana, equivalente a 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones. En total, a lo largo del año se realizan cada semana 2,5 millones de horas extra no pagadas.

Un 47% de los empleados que tuvo que hacer horas extra no recibió contraprestación ni económica, ni en tiempo de descanso, señala el estudio. Y aunque la cifra es muy alta, la tendencia ha mejorado. "Las horas extra se han ido reduciendo a medida que los trabajadores se ven menos obligados a hacer lo que sea para mantener el trabajo", explica Álvaro Gaertner, economista del gabinete de Estudios Económicos de CCOO. Sin embargo, el experto si advierte de la persistencia del dato actual: "Hay una base muy dura en torno a los dos millones y medio de horas", advierte. Revisando la serie del INE se observa que las horas no pagadas han descendido y las pagadas han aumentado en los últimos trimestres, aunque hay que considerar que esta evolución está muy sujeta a la estacionalidad.

En la misma línea insiste el documento, que además pide agilizar medidas para paliar esta dinámica. “Se trata de una forma de explotación laboral persistente desde hace décadas y que no se ha logrado reducir de manera significativa en los últimos años”, recoge el sindicato. Además, desde este ámbito, una de las cosas que “denuncian” es el “retraso en la tramitación del decreto que modifica el registro horario en las empresas”. Esta regulación lleva meses coleando después de que los votos de PP, Junts y Vox hiciesen decaer la propuesta de reducción de la jornada laboral y Trabajo propusiese salvar el registro horario, que formaba parte de aquel paquete.

Fuentes de Trabajo señalan que, por ahora, la medida para hacer más restrictivo el control de las horas extraordinarias se encuentra en fase de evaluación por parte del Consejo de Estado, y no hay plazos concretos para su puesta en funcionamiento. Básicamente, consiste en desarrollar el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Este apartado establece la obligación de las empresas de llevar un registro diario de la jornada de trabajo accesible para la Inspección de Trabajo, y el real decreto prevé un desarrollo de este punto obligando a que sea digital y de forma que se garantice inequívocamente que es el trabajador el que ficha. Además, se solicitará a las empresas que especifiquen las formas de compensar las horas extra a cada empleado.

Sobre su tramitación, además del Consejo de Estado, tendrá que pasar por la Agencia de Protección de Datos para dirimir cómo se puede monitorizar a las plantillas o tratar los datos de los trabajadores. Su aprobación no es, por tanto, inminente, aunque estaba prevista para principios de este año, ya que se ejecuta por vía de urgencia y a través de un real decreto. Esta tramitación, que a nivel político no contaría con el respaldo de Junts, PP y Vox, no tendría que pasar por el Parlamento, de ahí, que no se hubiese podido rescatar de la anterior propuesta los incrementos en las sanciones a las empresas por incumplimiento, ya que este punto no se puede modificar por medio del real decreto y sin pasar por el Congreso.

En el fondo del debate está la intención de reducir la jornada de trabajo efectiva y sacar a la luz esas horas, que son invisibles tanto a nivel de salario como de cotización y que de forma inexorable producen un alargamiento de la jornada de trabajo. De hecho, un estudio publicado por el portal de empleo InfoJobs destaca que en 2025 un 30% de los trabajadores en España todavía no registra su jornada por carecer las empresas en las que trabajan de una herramienta para este fin, algo que es obligatorio desde 2019.

En el repaso por las horas trabajadas, hay sectores como la hostelería que mejoran y otros, como la educación, que empeoran. "Percibimos una cierta mejora en hostelería desde 2019 hasta ahora, ya sea por la reforma laboral o porque con menos empleo temporal los trabajadores tienen menos miedo a reclamar", apunta Álvaro Gaertner. En hostelería, el número total de horas trabajadas semanalmente en 2025 y no retribuidas fue de 143.172; en cambio, el sector educativo encabeza las estadísticas de horas extraordinarias con un total de 440.706 horas semanales trabajadas y no pagadas. Algo que, según el sindicato, puede deberse al tiempo destinado a la preparación de clases o de material para las horas lectivas.

El segundo sector con mas horas acumuladas es el del transporte y almacenamiento, con una media semanal de 270.013, seguido de la industria manufacturera (255.289) y del comercio mayorista y minorista (217.264). Si se observa por número de trabajadores afectados, de las 441.000 personas asalariadas que semanalmente hicieron horas extras no pagadas, 72.000 trabajaban en la educación, 49.000 en industria manufacturera, 46.000 en comercio, 41.000 en actividades profesionales, científicas y técnicas; y 33.000 en Administración pública y defensa.

Hasta el momento, la reforma del registro horario, que debería ayudar a corregir estos datos, apunta más al medio plazo y desde el ámbito sindical presionan para que se implemente cuanto antes. Por otro lado, en el ámbito de la patronal se han posicionado en contra e incluso han planteado recurrir en los tribunales.

CCOO denuncia que se siguen haciendo 2,55 millones de horas extra a la semana que no se pagan, ni cotizan ni se compensan con tiempo de descanso, mientras que los cambios para hacer más fiable y operativo el registro horario siguen a la espera de ser aprobados por el Gobierno, según informa EFE.

Un informe elaborado por el sindicato y publicado este lunes muestra cómo esta práctica afectó el año pasado a 441.000 trabajadores, el 47% de los que realizó una jornada laboral por encima de la pactada. Estos empleados hicieron una media de 5,6 horas extra semanales no pagadas, cifra que representa casi el 40% de las horas que se hicieron por encima de la jornada pactada, según datos recogidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa a 2025.

Educación, transporte y almacenamiento, industria y comercio fueron los sectores con mayor volumen de horas extra no pagadas, aunque la mayor parte de los trabajadores que sufren estas prácticas se encontraban en suministro de energía eléctrica o gas; finanzas y seguros; educación; servicios profesionales, científicos y técnicos; e información y comunicaciones.

Las regiones con mayor volumen de horas extra no pagadas fueron Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía; mientras que la mayor parte de empleados que las hacían estaban en Madrid, Asturias, País Vasco, Catalunya y Comunitat Valenciana.

Estas horas suponen un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, lo que equivale a dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones para los trabajadores, pero que para las empresas supuso sin embargo "un ahorro en costes laborales de un total de 3.243 millones de euros al año". Por otra parte, el volumen total de horas extra que no se han abonado equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa.

En un comunicado, CCOO critica que la patronal quiera centrar el debate en el absentismo "queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común", mientras que obvia el alargamiento de la jornada sin contraprestación, lo que deriva en "costes a las personas trabajadoras, a la Seguridad Social y al sistema tributario español".

"Este tipo de prácticas no solo incrementan el estrés y el agotamiento en las personas trabajadoras por las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud", sino que también conllevan "costes adicionales al sistema nacional de salud".

Por ello, CCOO denuncia el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, algo que considera "imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas", lo que requiere de "mecanismos eficaces".

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de condenar a Mercadona por ocultar a delegadas sindicales de la CIG (Confederación Intersindical Galega) en Pontevedra diversa información relacionada con la prevención de riesgos laborales que sí comunica a otros sindicatos. Una “vulneración del derecho fundamental de libertad sindical de la CIG” que es sancionada, además de con la obligación de facilitar la información ocultada, con una indemnización de 22.500 euros “por los daños morales”.

La condena del TSXG es una más en la sucesión de sentencias de diversos tribunales por toda Galicia que vienen reflejando cómo Mercadona toma represalias contra delegados o trabajadores del sindicato nacionalista con despidos o penalizaciones económicas, incluso “por el mero hecho de ser miembro del comité de empresa por el sindicato CIG”.

La condena ahora hecha pública por la CIG, con fecha del 6 de febrero, señala que la empresa no facilita a las delegadas sindicales de la CIG “la misma información en materia de prevención de riesgos laborales” que a otros sindicatos, no les entrega una copia del reglamento del Comité de Seguridad y Salud y no les informa de la identidad de los delegados sindicales de los otros sindicatos.

Unas actuaciones para las que “la empresa no acredita ninguna justificación”, dice la sentencia. Y una ocultación que “limita la posibilidad de contrastar, por parte de la demandante, si existe un trato diferenciado injustificado en la participación” en el órgano de seguridad y salud, en el que las delegadas de la CIG participan, al no ser delegadas de prevención, “con voz pero sin voto”, esto es, con la única limitación del voto pero no del acceso a toda la documentación necesaria para cumplir con sus funciones sindicales.

Ante esta sentencia la CIG, “sindicato mayoritario en Mercadona a nivel gallego”, denuncia “la política de represión sindical y de acoso laboral” de la empresa, reflejada en los últimos tiempos en diversas sentencias judiciales. Una situación ante la que el sindicato protestará con una concentración el 12 de marzo a las 11:30 horas delante del nuevo establecimiento de Mercadona en la calle García Barbón de Vigo.

Antes de esta sentencia del TSXG sobre hechos ocurridos en Pontevedra, el pasado enero Praza.gal reveló una condena a Mercadona del Juzgado de lo Social 4 de Ourense por denegar de forma discriminatoria una prima de 5.000 euros a una trabajadora afiliada a la CIG. “Existe vinculación entre la denegación de la prima correspondiente al año 2024 y la circunstancia de pertenencia al sindicato CIG y participación en el proceso electoral”, decía la sentencia.

En la misma provincia de Ourense ya había habido otras condenas a Mercadona por hechos similares de penalizaciones económicas a empleados vinculados con la CIG que previamente eran bien valorados por la empresa. Así lo sentenciaron a comienzos de 2025 al menos los juzgados de lo Social número 1 y 3 de Ourense. En uno de los casos la sentencia llegó a decir que hubo “claramente una persecución hacia él, por el mero hecho de ser miembro del comité de empresa por el sindicato CIG”. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) también se había pronunciado a finales de 2024 sobre otro caso en la misma provincia ratificando que el despido de un trabajador estaba vinculado con su presentación a elecciones sindicales por la CIG.

La CIG viene obteniendo otras victorias judiciales contra Mercadona en otras provincias, como la que condenó a la empresa a comienzos del pasado año por despedir como “discriminación por enfermedad” a una trabajadora en Carballo. O la que en 2018 obligó a Mercadona a readmitir a una trabajadora de A Coruña a la que despidió estando de baja.

Además, y nuevamente en otro caso en el que la trabajadora implicada estaba defendida por la CIG, hace unos meses el TSXG pidió a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue cómo gestiona las bajas Mercadona por la posibilidad de que coordinadoras de la empresa conozcan información “sensible” como los diagnósticos sanitarios.

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del "escudo social" que esta semana se debate en el Congreso y que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, según informa EFE.

El pleno votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, una medida que previsiblemente será rechazada con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha partido de la plaza Antón Martín y ha concluido en Sol, donde se ha leído un manifiesto.

Cientos de personas han participado en la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han coreado lemas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente", "sin luz, sin gas, el rey tendría que estar", "no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social", "pensionistas y estudiantes, unidos y adelante" y "ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar".

El portavoz estatal de la Coespe en Madrid, Damián Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que van a proseguir con estas movilizaciones "de manera permanente" hasta que se dé luz verde al decreto, y ha lamentado que la derecha "no tiene ni corazón ni cabeza" y que "solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas".

En España casi cuatro millones y medio de personas pensionistas cobran menos de 1000 euros al mes, fundamentalmente con rostro de mujer, ha insistido el portavoz de la organización, al tiempo que ha pedido "que la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional".

Ha remarcado que "el coste de la vida sube enormemente" y especialmente la vivienda, y si este decreto cae miles de personas podrían acabar en la calle, lo que provocaría "un estallido social incalculable".

Por su parte, el portavoz del sindicato de inquilinas, Fernando de los Santos, ha querido insistir en la unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social que se va a votar esta semana en el Congreso y la revalorización de las pensiones.

"Nos han intentado enfrentar a pensionistas con personas trabajadoras, con personas que viven de alquiler, y rechazamos ese enfrentamiento, esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase", ha remarcado de los Santos.

A su juicio, la raíz del problema es la misma, tanto en el tema de las residencias de mayores como en los alquileres, ya que "son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias".

El portavoz de CSI ha hecho hincapié en que "cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales y cobran unos alquileres que no se pueden pagar con los sueldos actuales".

Por ello, ha dejado claro que es necesaria una "revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios", teniendo en cuenta que "más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año" y si no se hace nada podrían acabar en la calle.

En este punto ha recordado que la pensión media es de 1.400 euros y las camas en residencias privadas valen de media 2.200 euros, mientras que en el caso del alquiler se está destinando más del 70 % de nuestros sueldos.

"No podemos aceptar esto, tendrán que arreglárselas para aprobarlo (el decreto) y si no, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo: organizarnos, salir a las calles, exigir estas medidas y organizarnos en nuestros bloques, en nuestros barrios, para acabar con los precios actuales de alquiler", ha concluido.

Cientos de manifestantes se concentraron este jueves a las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en el marco de la huelga general convocada para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, informa EFE.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles y lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

El paro de 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.

Los sindicatos alegan que la reforma implica reducir derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un "importantísimo" nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de seguimiento de la huelga entre sus afiliados es del 98%.

Un déjà vu. El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, avanzó el pasado martes en el Parlamento la creación de dos grupos de trabajo para impulsar una reforma de la atención primaria que será presentada antes del verano. Es otra vuelta más de la Xunta en la búsqueda de un nuevo modelo para los centros de salud y los PAC (Puntos de Atención Continuada), después de que el presentado también por Caamaño a los sindicatos el pasado otoño fracasara ante el rechazo frontal del personal sanitario y varias convocatorias de huelga.

Un nuevo proyecto a la vista —salpicado de medidas aisladas también contestadas por el personal— mientras el Sergas negocia desde hace seis años, precisamente, un nuevo modelo para la atención primaria con cientos de profesionales. En 15 grupos de trabajo (en este caso llamados comisiones técnicas) y con el diagnóstico y las medidas a aplicar redactadas, pero sin hacerse públicas.

Tras la presentación de aquel plan para la primaria en octubre, sindicatos y otras entidades —con el apoyo a las protestas del sector sanitario en pleno— convocaron varias jornadas de huelga. Tras largas y urgentes negociaciones con el Sergas, que acabó por aceptar buena parte de las demandas, tan solo CIG-Saúde y O’Mega mantuvieron los paros. CCOO, CSIF, UGT o Simega celebraron unos compromisos en los que Sanidad basa ahora su enésimo intento de reforma de la atención primaria para “adaptarla a las necesidades actuales de la asistencia, teniendo en cuenta tanto a pacientes como a profesionales”.

Para hacerla “efectiva”, Caamaño anunció en el Parlamento la creación de dos grupos de trabajo: uno de recursos humanos “centrado en la ordenación del personal y en su régimen retributivo” y otro en el ámbito asistencial para “adaptar los tiempos y número de consultas de los médicos a las necesidades de una asistencia más humanizada y de calidad”.

Mientras estos dos nuevos grupos de trabajo se forman, el Consello Técnico de Atención Primaria (CTAP) —un órgano colegiado creado en 2019, presidido por el conselleiro y con representantes de sociedades científicas, colegios, sindicatos y asociaciones profesionales— sigue a la espera de que se convoque una nueva reunión tras la última celebrada el pasado mes de junio.

En esa próxima reunión, aún sin fecha pese a estar prevista en septiembre, debería darse el visto bueno al informe final con las conclusiones para un nuevo modelo de atención primaria, tras las aportaciones y alegaciones de psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, fisioterapeutas, odontólogos o personal administrativo. Un documento aprobado por unanimidad de las 23 entidades todavía presentes y también por Sanidad, que ni es público ni ha sido aprobado definitivamente.

Este documento, “para establecer los mapas de competencias de los diferentes estamentos profesionales de atención primaria”, según especifica la Consellería, fue presentado en el Consello de Dirección del Sergas y difundido entre los órganos de dirección de la Consellería de Sanidade y de las áreas sanitarias. Profesionales que participaron en su redacción y debate advierten de que incluye medidas “para implementar ya” junto a otras que precisarían de “recursos económicos”. Y recuerdan que la mayoría de puntos abordados coinciden con los que reclaman los sindicatos y organizaciones médicas que provocaron las últimas movilizaciones y huelgas.

Desde Sanidad, por su parte, aclaran que ese trabajo fruto de seis años de debates y análisis “se entiende como una primera aproximación y un documento abierto al que se pueden incorporar las nuevas aportaciones que se consideren oportunas”. Después de seis años de debates y propuestas.

Ana Lestón, secretaria nacional de CIG-Saúde, sindicato mayoritario en la sanidad en Galicia, asegura que es “difícil de entender” el modus operandi de la Consellería a la hora de abordar el cambio de la atención primaria; y aclara que en la última mesa sectorial Sanidad se limitó a indicar que los grupos de trabajo creados ahora se centrarían “en los términos acordados con los sindicatos que desconvocaron la huelga” hace ya algunas semanas.

“La situación es de incertidumbre total”, añade Lestón, que preguntada sobre si el Sergas tiene o no en cuenta los trabajos llevados a cabo en el CTAP durante tantos años, indica que sí se “hace referencia” a algunas aportaciones pero sin detalle. “No sabemos en qué queda la cosa ni qué quieren hacer más allá de titulares y anuncios sin concretar”, insiste, quien recuerda que desde la llegada de Caamaño a la Consellería “no se hizo nada”. “Ahora nos dicen que empiezan a trabajar en un nuevo modelo que llevamos reclamando desde hace dos años, un período en blanco que ahora terminará con unas conclusiones para esa reforma que no llegarán antes de abril o mayo”, añade.

Otra vuelta más. Mientras, el conselleiro informó en la Cámara del “cumplimiento” de varios de los compromisos “cerrados con los sindicatos” antes de las últimas jornadas de huelga que solo secundaron CIG-Saúde y O’Mega. Así, dio cuenta de la progresiva reconversión de las vacantes de la categoría de facultativo especialista de atención primaria en plazas de medicina de familia, de avances en la voluntariedad para cubrir las guardias en los PAC de forma incentivada o de un concurso específico en enfermería familiar y comunitaria que deberá terminar este año. También de los acuerdos para reforzar la continuidad asistencial, potenciar la labor investigadora o para la mejora de las condiciones del personal enfermero y médico en los PAC.

Medidas que, en muchos casos, ya habían sido tratadas en el Consello Técnico de Atención Primaria, cuyos trabajos el Sergas aclara ahora que “sirven de fundamento para la labor de los grupos de trabajo internos constituidos en la Consellería de Sanidade para abordar la reforma de la atención primaria, conforme a lo acordado con las fuerzas sindicales el pasado otoño”. El trabajo en 15 grupos de trabajo durante seis años como base para dos nuevos grupos de trabajo.

Al tiempo, y ante el anuncio de los trabajos para un nuevo intento de reforma, la oposición lamentó la “falta de explicaciones” del conselleiro ante la “crisis de la atención primaria”. La diputada del PSdeG, Elena Espinosa, acusó a la Xunta de “huir de sus responsabilidades” y señaló que un “verdadero refuerzo” de los centros de salud y de los PAC “debería comenzar por un plan integral con más profesionales, mejor accesibilidad, menos tiempos de espera, más financiación y apoyo organizativo”.

La diputada del BNG Montse Prado, por su parte, criticó la falta de un plan para la atención primaria, que cree que el PP ve “como cosa de andar por casa, atendiendo enfermos como si colocasen ladrillos”. Además, advirtió de la situación de “excepcionalidad permanente” que atribuye a una Xunta que “no es capaz de planificar los y las profesionales que se precisan”.

Miles de docentes han salido a la calle este miércoles en toda Cataluña, complicando la movilidad por la mañana con cortes de carretera y acudiendo después a manifestaciones masivas, en una jornada de huelga para reclamar más salarios y recursos para atender al alumnado, informa EFE.

En el primer paro convocado por los sindicatos desde enero de 2023, cuando el conseller del ramo era Josep González Cambray (ERC), las centrales han conseguido una movilización que han calificado de "histórica".

En Barcelona, han sido 25.000 los profesores y maestros que han acudido a la manifestación, que ha partido a mediodía de los Jardinets de Gràcia y ha acabado frente a la sede del Departamento de Educación, en la Via Augusta, según cifras del consistorio.

Los sindicatos han cifrado en más de 60.000 los participantes en la marcha, un cálculo que elevan a más de 100.000 sumando los asistentes a todas las manifestaciones celebradas en Cataluña.

Los docentes, todos vestidos de amarillo, han blandido pancartas con sus principales peticiones y han hecho sonar silbatos y tambores, y han tirado petardos, creando un ambiente muy reivindicativo.

Entre los lemas que más se han gritado o que se leían en las pancartas destacan "Vamos a la huelga por el futuro de los niños", "Basta ya", "Queremos tiempo para educar, no para apagar fuegos", "Dignifiquemos la profesión", "Arriba salarios, abajo las ratios" o "La docencia no tiene que ser supervivencia".

En Barcelona, la pancarta que encabezaba la marcha con la presencia de los principales representantes de los sindicatos llevaba el lema "Basta ya, mejoras laborales ya". Al llegar frente al departamento, los manifestantes han lanzado globos llenos de tinta.

Un grupo de representantes de los sindicatos se han entrevistado brevemente con el director general de personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia Balda, y han salido denunciando que la consellería "no ha estado a la altura".

Al inicio de la manifestación, Yolanda Segura, la portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario, ha celebrado "el éxito" de la huelga, que ha calificado de "histórica", y ha asegurado que un 85% de los docentes y del personal laboral del sector público ha seguido el paro.

Según los datos del Departamento de Educación, basados en la comunicación de un 37% de los centros educativos, el seguimiento del paro ha sido del 37,23% del total de la plantilla.

Segura ha denunciado que los docentes "estamos -ha dicho- en una situación límite" y ha recordado que ya han anunciado una semana entera de paros del 16 al 20 de marzo para presionar a la Generalitat. "Este curso no acabará con normalidad si no hay una respuesta", ha asegurado.

La manifestación es el colofón a una jornada de movilizaciones que ha comenzado a primera hora de la mañana con concentraciones de docentes que han cortado el tráfico en una decena de carreteras de toda Cataluña y que han provocado el colapso circulatorio en los accesos a Barcelona.

Además de Barcelona, los docentes han llevado a cabo manifestaciones también masivas en Tarragona, donde han acudido 5.000 personas, así como en Girona, Lleida y Tortosa.

Entre las reivindicaciones de los convocantes de la huelga, los sindicatos USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària, destaca un incremento salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo que arrastra el colectivo desde los recortes de la gran crisis económica, que los sindicatos cifran en un 20%.

También exigen reducción de ratios en las aulas para poder atender en condiciones al alumnado, estabilidad de las plantillas, más recursos para la escuela inclusiva y la eliminación de la sobrecarga burocrática.

Ante la movilización de los docentes, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, han tendido la mano a los sindicatos para seguir negociando y se han mostrado compresivos con sus reivindicaciones.

El Govern ha elaborado una propuesta de mejora de los salarios que llevará a la mesa sectorial de educación del próximo 19 de febrero y que representará "un punto de inflexión", según ha dicho el secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación, Ignasi Giménez Renom.

Rodalies opera este martes con afectaciones en todas las líneas al inicio del servicio tras la desconvocatoria de huelga en el sistema ferroviario por parte de los sindicatos mayoritarios, según informa Renfe y recoge EFE.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) anunciaron el lunes por la tarde la desconvocatoria de la huelga activa después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes, que estaba pendiente de ratificar por los comités generales de empresa de Renfe y Adif.

El Govern celebró en la noche del lunes la desconvocatoria de la huelga de tres días, aunque ya adelantó "dificultades" al inicio del servicio de este martes.

El pacto de los sindicatos mayoritarios con el Ministerio de Transporte incorpora más de 25 compromisos, como por ejemplo el aumento del gasto en el mantenimiento de Adif que se irá incrementando desde 665,5 millones de euros en 2025 hasta 1.179 millones en 2030, lo que supondrá un 77% más. Este año, será de 861,1 millones, un 29% más que en el ejercicio anterior.

En el caso de la Adif Alta Velocidad (AV), se incrementará un 44% desde los 435,6 millones de euros del año pasado hasta 629 millones en 2030.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes, informa EFE.

Representantes de los tres sindicatos han informado a los medios al terminar la reunión, celebrada en el Ministerio de Transportes, de la desconvocatoria, que ahora deberán ratificar los comités generales de empresa de Renfe y Adif.

El acuerdo se ha hecho oficial cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado, junto a los sindicatos, el acuerdo para desconvocar la huelga. En contraprestación, el ministerio se ha comprometido a llevar a cabo una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector.

El acuerdo implica incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones de euros durante los próximos cinco años, así como la creación de 3.650 empleos y el refuerzo de la seguridad del ferrocarril público, ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes.

El pacto sellado este lunes prevé un aumento de las plantillas con 2.400 plazas nuevas en Adif, 1.200 contratos adicionales en Renfe y 50 nuevas plazas en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, además de la creación de un comité para la gestión compartida de la seguridad.

También contempla la instauración de un grupo de seguimiento de limitaciones temporales de velocidad e infraestructura, y otro grupo de alertas meteorológicas.

Puente ha señalado que este es "un acuerdo importante para seguir mejorando el sistema ferroviario español y garantizar su competitividad presenta y futura".

El pacto contempla un nuevo convenio de financiación para Adif y para Adif Alta Velocidad para el quinquenio 2026-2030 que incluye una inversión de mantenimiento en Adif de 5.266 millones y de 2.887 millones en Adif Alta Velocidad en ese periodo.

Asimismo, el texto suscrito permitirá incrementar los vehículos de carretera destinados a la actividad de mantenimiento de Adif y Adif AV con el objetivo de ampliar la flota hasta aumentarla en 300 vehículos y se estima que se dispondrá de las primeras cien unidades durante el primer semestre de 2026.

El incremento de 2.400 plazas hasta 2030 supondrá un aumento anual de alrededor de 480 personas, lo que redundará en la internalización de las cargas de trabajo, según Transportes, que ha aceptado incluir en los próximos presupuestos generales del Estado una tasa de reposición no inferior al 115%.

La inversión total en mantenimiento para Adif y Adif Alta Velocidad durante este nuevo plan alcanzará los 8.153 millones, un 15% más que los 7.068 millones presupuestados en el plan que se tenía acordado entre 2026 y 2030.

Por su parte, el pacto contempla la internalización por parte de Renfe del mantenimiento de algunos trenes y ejecutar el "mantenimiento integral" de los nuevos trenes de alta velocidad que se adquirirán en una próxima licitación.

En cualquier caso, el acuerdo prevé la creación de una comisión paritaria que se reunirá en el plazo de un mes para el seguimiento de los acuerdos, y que se convocará en sucesivas ocasiones en función de las propias necesidades de seguimiento.

Sin embargo, y al contrario de los mayoritarios, los sindicatos CGT y Sindicato Ferroviario (SF), han decidido mantener la huelga, a pesar del acuerdo. Fuentes de ambos sindicatos han explicado que desconocen los términos de la desconvocatoria y del acuerdo alcanzado, por lo que mantienen sus parones para este martes y miércoles para exigir un cambio en el modelo ferroviario, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Gélida (Barcelona), dos días más tarde, el 20 de enero.

CGT y SF no han estado presentes en las distintas reuniones que los sindicatos mayoritarios sí han mantenido con Transportes. En esa misma situación se encuentra Alferro, que todavía no ha tomado la decisión de si desconvoca, o no, la huelga.

Fuentes de SF han explicado a EFE que "nadie ha negociado" con ellos ningún tipo de acuerdo, ni tampoco conocen los términos de la desconvocatoria, unas declaraciones que suscribe CGT.

La huelga de tres días iniciada este lunes y que iba a llegar hasta el miércoles estaba convocada para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público y se extiende, además a los tres operadores de viajeros, a los servicios de a bordo y al transporte de mercancías.

Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero, después de que la tercera reunión que han celebrado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo, han explicado a la salida los representantes sindicales, según informa EFE.

Portavoces de los tres sindicatos han coincidido en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria. 

La reunión, que ha durado poco más de dos horas, seguirá con contactos técnicos entre Transportes y los representantes sindicales en las próximas horas e incluso el fin de semana.

Fuentes de Semaf han destacado que la reunión de hoy ha transcurrido "mejor enfocada que la de ayer", ya que se han abordado medidas sobre la seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario, que es la principal reivindicación del sindicato de maquinistas.

Sin embargo, destacan que la convocatoria de huelga se mantiene, ya que de momento no cuentan con las garantías que aseguren el cumplimiento de las reivindicaciones para que se produzca un cambio estructural en la seguridad y calidad ferroviarias.

Fuentes de Transportes han explicado que durante este fin de semana se va a mantener abierta la interlocución y los contactos para "poder alcanzar consensos", y valoran de forma muy positiva la voluntad de continuar dialogando de los sindicatos."Voluntad que suscribimos plenamente y que hacemos nuestra", han remarcado.

"Desde el Ministerio de Transportes nos vamos a mantener siempre en la mesa de negociación y vamos a continuar trabajando, junto a los representantes de los trabajadores, para alcanzar un acuerdo", añaden las fuentes.

El secretario general de Semaf, Diego Martín, ha hablado a la salida de la reunión en nombre de los tres sindicatos y ha dicho que seguirán trabajando en mesas técnicas para concretar asuntos, sobre todo con la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Hasta ahora no se ha hablado de cifras sobre las reivindicaciones y los sindicatos desconocen si los contactos del Ministerio de Transportes con el de Hacienda para conseguir una dotación presupuestaria adicional han dado algún resultado.

Por el momento, ha añadido el secretario general de Semaf, Transportes les ha presentado propuestas "preliminares", con medidas técnicas, en las que seguirán trabajando las partes.

Los representantes sindicales piden que se establezcan medidas estructurales más allá de las puntuales que ya se están aplicando para mejorar los procedimientos, la seguridad y las plantillas en todo el sistema ferroviario.

Ello exige cambios en "todos los actores", tanto en la Agencia de Seguridad como en el administrador de la infraestructura, Adif, y en el operador, Renfe. Puente ha estado acompañado por los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; de Adif, Pedro Marco, y otros altos cargos.

Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Renfe suprimirá la circulación de 955 trenes durante las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, de los que 272 son de alta velocidad y larga distancia y 683, de media distancia, según la resolución de servicios mínimos del Ministerio de Transportes, que recoge EFE.

El ministerio ha fijado unos servicios mínimos (que no incluyen Cataluña y País Vasco) para la huelga del 73% en alta velocidad y larga distancia, del 75% en horario punta y del 50% en el resto del día en cercanías, del 65% en media distancia y del 21% en mercancías. Así, de los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán esos días como servicios mínimos 723, lo que supone el 73%, y de los 1.960 de media distancia, circularán 1.277, el 65%.

Las movilizaciones están convocadas por CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña.

El ministerio lleva dos días reuniéndose con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar las tres jornada de huelga. El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. 

Así, además de Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a Adif, a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. 

Tras la publicación este jueves de la resolución, Semaf ha señalado que le "parecen servicios máximos más que mínimos" y le llama la atención que en el resto de España sean "más abusivos que en Cataluña". "Al menos deberían ser similares a los de Cataluña", ha agregado.

Para determinar el porcentaje de trenes sometido a servicios mínimos, se ha tenido en cuenta el reparto modal en el transporte de viajeros de larga distancia del ferrocarril en España, el transporte aéreo y el autobús, de acuerdo con la resolución.

Teniendo en cuenta la capacidad de absorción de viajeros que no podrán utilizar los servicios ferroviarios por la situación de huelga y que asimismo el transporte aéreo y por carretera se verán afectados, se ha estimado que un porcentaje mínimo del 73% de los trenes es necesario para asegurar los servicios esenciales para la comunidad. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta que el servicio de transporte por ferrocarril de largo recorrido, que prestan Renfe, Iryo y Ouigo se verá afectado totalmente por las diferentes huelgas convocadas en el sector ferroviario y especialmente en las empresas operadoras, coincidentes en las fechas y en determinados itinerarios, lo que multiplica la anormalidad en el servicio de transporte por ferrocarril.

Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de tres jornadas de huelga los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, tras la primera reunión celebrada con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que evite las movilizaciones, según recoge EFE.

Así lo han indicado los sindicatos a los medios tras la reunión que han mantenido con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras la que han acordado emplazarse a próximas reuniones.

La reunión, de carácter preliminar y capitaneada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha discurrido "en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días", según fuentes ministeriales.

Los sindicatos se han movilizado para exigir un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, capitanea la primera reunión con los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario -CCOO, UGT y Semaf- para buscar un acuerdo que permita evitar las tres jornadas de huelga convocadas para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, según recoge EFE.

Además de Puente, por parte del ministerio asisten el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de forma telemática; los presidentes de Adif y Renfe, Pedro Marco y Álvaro Fernández Heredia, respectivamente; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocio Báguena.

La reunión de hoy, que se celebra tras una concentración convocada por todos los sindicatos del sector ferroviario que tuvo lugar el martes delante del ministerio, se considera como "una primera toma de contacto" por parte de los sindicatos.

Las organizaciones sindicales la consideran "una reunión preliminar", en la que se abordará el conflicto -surgido a raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida- "a grandes rasgos".

Según fuentes del sindicato de maquinistas Semaf, las posiciones son "distantes", ya que piden "un cambio estructural en la adopción de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que caracterizaba al ferrocarril en España".

La parte social exige un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Dado que el ministerio solo ha convocado a la reunión a los sindicatos mayoritarios, aunque las movilizaciones están convocadas también por CGT, SF y SCF, estos últimos lo tachan de "una maniobra para silenciar a quienes alertan de los riesgos reales del sistema ferroviario".

CGT ha denunciado este miércoles la decisión del ministro de anunciar reuniones con organizaciones sindicales del sector ferroviario, "excluyendo deliberadamente a parte de la representación legal de las personas trabajadoras, entre ellas al propio CGT". "No es un error administrativo, es una decisión política consciente", ha subrayado CGT, que incide en que "es uno de los sindicatos con mayor implantación en el conjunto del sector ferroviario, tanto en empresas públicas como privadas, con representación en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo".

Para CGT, este comportamiento "evidencia una falta absoluta de voluntad política para afrontar el problema real del ferrocarril", ya que, en su opinión, la solución no puede abordarse por colectivos aislados, ni por empresas, ni mediante acuerdos parciales. La situación del ferrocarril exige la participación y la corresponsabilidad de todos los actores implicados: los ministerios competentes, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, las empresas públicas y privadas y la representación legal de las personas trabajadoras, ha agregado.

Diciembre del 75. Siglo pasado. Franco ha muerto entre espantosos dolores agónicos. El franquismo sigue vivo. El rey de Marruecos ya ha perpetrado el robo del Sahara ante una España atenazada por el miedo a que el futuro se decante hacia una nueva confrontación, una guerra, de nuevo civil.

Los trabajadores y trabajadoras llevan años agrupándose en Comisiones de Obreras y Obreros que intentan conseguir convenios colectivos más justos que respeten salarios y condiciones de trabajo, pero cada vez que levantan la cabeza el régimen franquista los persigue y encarcela a sus dirigentes. 

Las CCOO han sido descabezadas a mediados de 1972 y los Diez de Carabanchel acaban condenados a decenas de años de prisión en el Proceso 1001, en diciembre de 1973. Son juzgados el mismo día que ETA hace volar por los aires el coche del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno, discípulo, admirador y mano derecha del dictador. 

–No hay mal que por bien lo venga, cuentan que dijo Franco.

–Si de mí dependiera, los fusilaría a todos, afirmó Francisco Mateu, el juez franquista, rígido y extremadamente duro, del Tribunal de Orden Público, que luego sería asesinado en un atentado de ETA, cuando ya era magistrado del Tribunal Supremo. Que los jueces franquistas no perdieron sus puestos y forjaron y modelaron a la mayoría de los que vendrían después, como bien sabemos y sufrimos. 

Sin democracia, sin libertad, sin sindicatos libres, de nada valía que Franco hubiera muerto en la cama, porque el franquismo seguía reprimiendo, persiguiendo y matando en las calles. Por eso, pese a todo, pese al desmantelamiento de su dirección, CCOO impulsó un proceso de movilizaciones que se convirtió en un encadenamiento de huelgas en todos los sectores.

Es verdad que muchos convenios estaban a punto de renovarse, pero también es cierto que el malestar era muy intenso en tiempos de crisis del petróleo, alta subida de los precios y férrea contención del crecimiento de los salarios. Muerto el dictador muchos trabajadores consideraban que era la hora de la amnistía de los encarcelados y despedidos, la libertad sindical y la mejora generalizada de las condiciones de trabajo.

Tras el fallecimiento de Franco comienzan algunos procesos de movilización que terminan generalizándose hasta que en enero el Metro, las empresas metalúrgicas, la construcción, la Telefónica, banca, artes gráficas, Correos, seguros, Renfe y otras muchas empresas se encuentran en huelga.

Pronto las huelgas trajeron manifestaciones, saltos, concentraciones en las calles exigiendo amnistía y libertad. De nada valían las porras de la policía, los disparos, las balas de goma, los gases lacrimógenos, las detenciones, los despidos o los cierres patronales. En los tres primeros meses del 76 se produjeron 18.000 huelgas y se perdieron 150 millones de horas de trabajo.

El 3 de marzo la huelga se ha extendido a Vitoria. Numerosos trabajadores se concentran en asamblea en la iglesia de San Francisco. La policía lanza botes de humo y cuando los trabajadores salen, los ejecutan a balazos. Cinco trabajadores mueren y otros 150 resultan heridos. El franquismo perdía la sociedad y perdía la calle. 

El rey designado por Franco y su presidente del Gobierno, el sucesor de Carrero Blanco, Arias Navarro –al que apodaban el Carnicerito de Málaga por su papel en las crueles ejecuciones franquistas tras la ocupación de Málaga durante la Guerra Civil–, llegaban al fin de una etapa y estaban a punto de separar sus caminos. 

Resistió el tal Arias hasta julio y cayó. El rey, los poderes económicos, el franquismo político tenían que buscar una salida para que todo cambiase sin que nada cambiara en lo referente a su poder, a su dinero, a su papel en la sociedad. Ya se lo había dejado bien claro el generalísimo:

–Alteza, la única cosa que le pido es que mantenga la unidad de España.

En su lecho de muerte ya no estaba para mucho más aquel al que León Felipe llamaba Sapo Iscariote y ladrón. Y añadió, a sabiendas de lo que se le venía encima:

–Usted tendrá que hacerlo, yo no puedo hacerlo.

Pasados los años, creo que el de Abu Dabi cumplió con creces su palabra dada, su juramento a los principios generales del Movimiento Nacional y su afectuoso cariño hacia Franco, al que considera cercano y paternal y del que destaca su inteligencia y sentido político. Así lo cuenta en sus recientes memorias.

De aquella Galerna de huelgas salió la Transición, con la caída de Arias, el ascenso de Suárez, las negociaciones con la oposición, la Reforma Política, el asesinato de los Abogados de Atocha, la legalización del PCE y de los sindicatos, los padres de la Constitución y la Constitución misma. 

Le gusta decir a Nicolás Sartorius que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles. No le falta razón. Sin la Galerna de huelgas de 1976 nada hubiera sido igual. Probablemente, nada hubiera sido tan pacífico, tan aparentemente sencillo, tan tremendamente complejo ni tan plagado de aciertos y también de errores. 

No son ellos, los que protagonizaron y vivieron aquellas huelgas. Somos nosotros quienes decidimos si aprovechamos lo bueno y corregimos lo malo. Si damos un paso adelante o hacia atrás. Ellos hicieron lo que pudieron y lo que creyeron que tenían que hacer. La cuestión es si nosotros sabremos hacerlo también. 

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.