El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a nueve antiguos miembros de su Govern a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El tribunal declara "responsables contables directos" de los gastos de fondos públicos que generó la mencionada consulta, por lo que deben hacer frente al pago de los 4,9 millones de forma conjunta y solidaria. Fuentes de las defensas han confirmado a Europa Press su intención de recurrir esta sentencia.

El Tribunal de Cuenta considera que la ejecución de aquellos gastos no fue conforme a Derecho porque su destino era "financiar actividades ajenas a las competencias de la entidad pública y contrarios al ordenamiento jurídico". En la sentencia explica que "no se cuestiona que los pagos realizados eran debidos a sus destinatarios, las empresas que prestaron los diferentes servicios a que se refiere la demanda" y tampoco si el proceso de contratación fue regular, porque la clave está en "si los bienes y servicios prestados y pagados se adquirieron y contrataron en atención a alguna finalidad pública comprendida en las competencias de la Generalitat de Cataluña".

"Es preciso atender a la finalidad a la que estaban dirigidos y valorar si dicha finalidad era una finalidad pública lícita comprendida en las competencias de la comunidad autónoma de Cataluña", explica el Tribunal, que descarta este extremo: "Se trata de gastos desconectados de cualquier finalidad pública que lícitamente pudiera perseguir la Generalidad".

La sentencia se detiene en los dos contratos que en el juicio, donde el resto de partidas objeto de la demanda sí se reconocieron como sujetas al 9N, quedaron en discusión: la compra de 7.000 ordenadores portátiles que se estrenaron en los centros de votación -aulas públicas de secundaria- y después se entregaron al sistema educativo, y la puesta en marcha de un centro de prensa el 9N que según los demandados, obedecía a la gran expectación por la jornada.

Sobre los portátiles, el Tribunal descarta la tesis esgrimida por la defensa de Mas y sus exconsellers durante el juicio de que los ordenadores se adquirieron para afrontar necesidades sobrevenidas del sistema educativo y que, ya que estaban a disposición de la Generalitat, antes de entregarlos a las aulas se utilizaron para la consulta y después, fueron a su destino, lo que habría reparado el daño en caso de haberlo. "La necesidad de los 7.000 ordenadores para que pudiera realizarse la votación del 9N está sobradamente acreditada. No puede considerarse acreditado, por el contrario, que fueran necesarios para los centros educativos (*). Lo único que consta es una decisión precipitada, no apoyada en solicitud alguna ni en informes o estudios previos, que únicamente puede explicarse por respuesta a la necesidad de disponer urgentemente de 7.000 ordenadores para el proceso participativo", dice la sentencia.

En cuanto al centro de prensa, dice que, "no se trataba únicamente de facilitar el trabajo de los medios de comunicación en la cobertura de un hecho de relevancia informativa, sino de contribuir positivamente al éxito de los fines pretendidos por la convocatoria procurando que la votación alcanzara la mayor difusión posible". Entiende, de este modo, que "fue una actuación vinculada al proceso de participación ciudadana y se encontraba entre las actividades afectadas por la providencia de suspensión cautelar dictada por el Constitucional", así que "los pagos con fondos públicos" que se hicieron para sufragarlo, están "carentes de justificación".

Mas, la principal responsabilidad

En total, el Tribunal de Cuentas cuantifica en 4,9 millones de euros el gasto público en el 9N, el dinero que deberán abonar de forma solidaria los diez condenados teniendo Artur Mas la principal responsabilidad, ya que consideran que él tendría que responder por todos en caso de que los demás no puedan hacer frente al reembolso. En la sentencia, detalla partida a partida como los 74,05 euros que se gastaron en registrar la página web de la consulta o los 806.403,52 euros de los pagos para la campaña de publicidad institucional.

El exconsejero de Presidencia Francesc Homs debe responder por casi dos millones de euros que se emplearon para financiar campañas de publicidad institucional, soporte informático, envío de correo postal a los catalanes y el centro de prensa organizado para la cobertura de la consulta.

Por los medios informáticos también debe responder la exvicepresidenta Joana Ortega y el exsubdirector de Servicios de Governación Luis Beltrán. A Ortega, además, se le considera responsable de un gasto de 865.674 euros que conllevó además la organización de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y el seguro de los voluntarios que trabajaron el 9 de noviembre de 2014. Estos dos últimos conceptos también se atribuyen a la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls.

Para los magistrados, Irene Rigau, exconsejera de Enseñanza, fue responsables del coste que produjo la adquisición de los 7.000 ordenadores que se usaron en las mesas de votación y el transporte de los mismos a los colegios. Todo ello por un total de 2,8 millones de euros que, al igual que en el resto de partidas, deberán afrontar todos los demandados de forma conjunta y solidaria.

Jordi Vilajoana, quien fuera asesor del expresidente, y el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés también deben responder por la campaña de publicidad institucional. Se les atribuye un gasto de 806.403 euros.

El Tribunal de Cuentas sentencia además al exdirector del DOGC Jaume Domingo por envío de información a los ciudadanos a través de correo postal y a la exdirectora de Servicios de Presidencia Teresa Prohías por otro contrato en relación con la consulta, aunque no especifica cuál.

Mas recurrirá la sentencia 

En un comunicado de su oficina de expresidente, Mas ha anunciado que recurrirá a la sala de apelaciones y ha cargado contra la decisión: "se encuentra muy lejos de la imparcialidad y pretende ser un escarmiento" para los que organizaron el 9N y un aviso para navegantes, ha añadido.

"Es una aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas", ha valorado el expresidente catalán, que ha asegurado que los gastos de la consulta fueron legales, que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) descartó malversación y que la Generalitat no ha expresado sentirse perjudicada económicamente.

Torra critica la sentencia: "El espíritu de venganza es insaciable"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado  la sentencia del Tribunal de Cuentas. "El espíritu de venganza del Estado es insaciable. Los condenaron por el 9-N y ahora quieren quitarles el patrimonio. Todo el apoyo el presidente Mas, a Joana Ortega, a Francesc Homs y a Irene Rigau", ha expuesto en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

El PP pide a Mas que "aprenda" de las decisiones judiciales

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha solicitado al expresidente catalán Artur Mas que "acepte" y "aprenda" de las decisiones judiciales" en vez de "persistir en el error". "Esperamos que Sánchez no salga en auxilio de Artur Mas ni de ninguno de los apercibidos por la Justicia que era ya lo que faltaba en España", ha declarado el número dos del PP en una rueda de prensa que se ha celebrado al término de la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido el presidente del PP, Pablo Casado.

García Egea ha asegurado que Pedro Sánchez tiene que "respetar" las decisiones judiciales y ha añadido que en su día ya dijeron a Artur Mas y a los que participaron en aquella consulta "lo menos que le podía pasar era que tuvieran que pagar las urnas". "De ahí hacia arriba porque están quebrantando la Constitución y utilizando fondos de todos para sus intereses espúreos y para romper la unidad y la igualdad de oportunidades de todos", ha enfatizado.

Cs: la condena demuestra que no hay políticos "por encima de la ley"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este lunes que esta condena demuestra que ningún político está "por encima de la ley". En rueda de prensa en la sede de la formación naranja tras la reunión de la Ejecutiva nacional, Villegas ha expresado el respeto de su partido hacia esta resolución y que tanto esta decisión del Tribunal de Cuentas como los procedimientos judiciales relativos al proceso independentista ponen de manifiesto que "las instituciones funcionan".

Asimismo, dejan claro que "no hay políticos que estén por encima de la Justicia y de las leyes", pese a que en Cataluña algunos "se han creído que estaban por encima del Estado de Derecho y que no tenían que hacer caso a los tribunales", ha señalado el dirigente de Cs. El mensaje, ha añadido, es que cuando no se incumple la ley, "hay consecuencias".

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas apunta directamente al expresident de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y a otros miembros de su equipo de gobierno como responsables directos del gasto de cerca de 5 millones de euros de dinero público destinado para financiar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, detalla en su informe final, al que ha tenido acceso Europa Press, hasta un total de diez partidas, tales como el registro de la web para la votación, adquisición de material o campaña de publicidad del 9-N, con las que se ocasionó un perjuicio de 4.995.918 millones de euros a los caudales públicos.

Por ello pide que se indemnice a la Generalitat con casi el total de esa cuantía, además del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) con 20.214 euros; al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con 28.915 euros y al Estado con 11.785 euros. En su desglose de partidas atribuye un gasto de 74,05 euros para el registro de una web institucional; 163.953 euros para la fabricación del material que se empleó en la consulta; 2.800.000 euros para la adquisición de ordenadores utilizados en las mesas de votación y 806.000 euros en campaña de publicidad.

Respecto a este punto el informe recoge que la primera factura asociada a este gasto, de 11.785 euros, fue satisfecha mediante transferencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Gobierno, bajo el concepto de 'ICO', provocando un "quebranto" a los fondos públicos estatales.

El escrito recoge además el desvió de 1.409.000 euros para la ampliación del contrato de seguro para incluir a los voluntarios que participaron en la consulta; 727,600 euros para elaborar el soporte necesario; 307.962 euros dedicados al envío de información; 144.244 euros para el centro de prensa y dos contratos para el diseño y producción de campaña por importes de 21.767 euros cada uno.

El fiscal sitúa tanto a Mas como a otros miembros de su equipo de gobierno en la dirección de la planificación de la consulta y añade que todos ellos trataron "por todos los medios" de dificultar las acciones que pudiera llevar a cabo el Ejecutivo central dirigidas a evitarla, pese a que era "muy evidente" que sabían que estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.

Mantener los embargos

Por ello pide al Tribunal de Cuentas que ratifique la fianza de 5,2 millones de euros depositada para cubrir los gastos para la consulta independentista, de la cual 2,9 millones fueron abonados por la entidad soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el resto corresponde al embargo de las viviendas de Mas y otros acusados.

El fiscal apunta en su informe que el objetivo ahora es examinar las consecuencias económicas del 9N y que, al margen de "los esfuerzos discursivos" de la Generalitat sobre la consulta, "lo cierto y verdad es que la realidad de los hechos y las finalidades perseguidas han sido tan clamorosas que no requiere elaboradas construcciones doctrinales para poner de manifiesto que lo pretendido por la Generalitat resultaba ostensiblemente contrario a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Cataluña y al resto de ordenamiento jurídico".

La Fiscalía imputa una responsabilidad contable directa para Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por no solo participar sino también dirigir todos los actos posibles para poder llevar a cabo la consulta. Por estos hechos, juzgados por vía penal, Homs fue condenado por el Tribunal Supremo a un año y un mes de inhabilitación, mientras que Mas y las dos exconsejeras a dos años y un año y nueve meses de inhabilitación, respectivamente, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En lo que respecta a Artur Mas, la Fiscalía detalla que es la autoridad que aprueba todos los gastos inherentes al 9-N de acuerdo con lo estipulado en el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación de Cataluña, que él mismo firmó. Añade que, pese a su suspensión por el tribunal de garantías, Mas continuó derivando estos gastos a la Generalitat logrando así "imponer su voluntad".

De Ortega, responsable del Departamento de Gobernación en el momento de los hechos, dice que, lejos de adoptar una actitud respetuosa con los mandatos constitucionales para evitar que la consulta no se sufragara con fondos públicos, "continuó impulsando la asunción de gastos" vinculados a la misma, mientras que de Homs apunta que su conducta fue "decisiva" para impulsar la "maquinaria administrativa" dirigida a proveer de medios necesarios para el acto.

Se refiere a la orden que dio el exconsejero de Presidencia a T-SYSTEMS, la empresa que iba a prestar el apoyo informático de la jornada, de continuar con los preparativos pese a que esta avisó por carta al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) de que era conocedora de la suspensión del TC. En lo que respecta a Rigau, la Fiscalía le atribuye la autorización firmada para el pago de 7.000 ordenadores vinculados "necesaria e indudablemente" al 9-N ya que tenían por finalidad proveer de recursos informáticos a las mesas electorales.

La Fiscalía precisa que, aunque estos cuatro son responsables directos de los hechos, existen otros altos cargos de otros departamentos que, por ser titulares de órganos de contratación o por encargarse de la supervisión de los expedientes de contratación, posibilitaron la salida de fondos públicos, como Lluis Beltrán i Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo, Jordi Vilajoana, Ignaci Genovés y Teresa Prohías.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado este lunes el embargo preventivo de inmuebles del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a una fianza de 5,25 millones que debían depositar mientras se estudia su presunta responsabilidad contable por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.

Según han señalado a Europa Press fuentes de la defensa de los exmandatarios, los bienes embargados se designaron y pusieron voluntariamente a disposición del tribunal como garantía por Mas, Ortega, Rigau, el exconsejero Francesc Homs y el exsenador Vilajoana.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado concretamente el embargo del domicilio de Mas en el calle Tuset de Barcelona, de la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona), según las mismas fuentes. También se ha embargado una propiedad de Vilajoana.

La defensa afirma que Mas y sus excolaboradores están "absolutamente disconformes" con la liquidación fijada por entender que no ha habido infracción contable.

Ordenadores que siguen en la Generalitat

En este punto, los abogados aluden a un total de 3,1 millones de euros que se les reclaman por el valor de unos ordenadores que están en poder del Departament d'Ensenyament y siguen por lo tanto afectos a un servicio público.

El último pago, por valor de 144.588 euros lo realizaron los exdirigentes catalanes el pasado 23 de noviembre. Con éste depósito el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus exconsellers ya habrían abonado 2.944.588 euros de la totalidad de la fianza aunque aún les restaba una parte que ha sido asegurada este martes mediante el embargo preventivo de los inmuebles antes señalados.

Inicialmente, el órgano fiscalizador había dado de plazo hasta el pasado 16 de noviembre para la realización del depósito si bien los abogados de los exmandatarios solicitaron una prórroga que finalmente no se ha concedido, procediendo el Tribunal de Cuentas a embargar los inmuebles señalados como garantía.

El expresidente del Gobierno José María Aznar analizaba el pasado miércoles 8 de noviembre, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, el paradigma actual en Cataluña. Y lo hacía sin perder la oportunidad de elogiar los años de su partido en el Gobierno central, frente al mandato socialista que su juicio fue clave en el desarrollo del independentismo catalán. "Si uno analiza los estudios sociológicos del CIS y del CEO entonces usted verá que el sentimiento independentista se dispara a partir del año 2006, 2007 y 2008", afirmaba el expresidente. Lo cierto es que la encuesta del CIS no mide el sentimiento independentista, sino el nacionalista. Sí lo lleva haciendo el CEO desde su creación en 2005, y sí se percibe asimismo en los resultados electorales de los principales partidos independentistas en los comicios autonómicos y generales de los últimos años.

Aznar no es el único líder político que ha echado la vista atrás para comentar la evolución del independentismo. El expresident de la Generalitat Artur Mas (CiU) recordó el pasado martes la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 anulaba parte del Estatut de Cataluña, y lo identificó como el origen del independentismo. El también expresident José Montillá (PSC), no obstante, puso en duda dicha génesis y se mostró más partidario de señalar a la crisis económica como el viraje que explica el auge soberanista.

El análisis de los tres frentes (encuestas, elecciones catalanas y elecciones estatales) permite entrever una serie de momentos clave que explican la evolución del movimiento independentista en Cataluña. La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut catalán o el inicio de las movilizaciones organizadas por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural son algunos de los fuelles que han dado impulso al soberanismo y que, como consecuencia, han dejado huella en las encuestas anuales y en los comicios fuera y dentro de suelo catalán.

Encuestas: de tercer puesto a opción dominante

El Baròmetre d’Opinió Política que elabora el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) anualmente cuenta con una cuestión sobre el modelo territorial que los encuestados prefieren para Cataluña, y cuyas opciones pasan por una región de España, una comunidad autónoma, un Estado dentro de una España federal o un Estado independente. Esta última respuesta ha ido sumando fuerza con los años.

La primera encuesta, con un trabajo de campo que va del día 6 a 11 de junio de 2005, revelaba un 13,6% de población catalana que se inclinaba por la independencia, a una distancia importante del 31,3% que optaba por una España federal y del 40,8% que elegía el actual modelo de autonomías. La cifra se mantiene estable, oscilando entre el 13% y el 17%, durante los siguientes años. Los independentistas eran el 19,4% en enero de 2010, pero entre el 28 de junio y el 8 de julio ya superan la barrera del 20% y se posicionan en un 24,3%. ¿El motivo? Justo el 28 de junio de 2010 tiene lugar la sentencia que da pie al recorte del Estatut que había sido refrendado por los catalanes a través del referéndum celebrado en 2006.

Pero es a principios de junio de 2012 cuando alcanza por vez primera la cumbre, superando a la idea de Estado federal y de España de las autonomías. El proyecto independentista recibe el 34% de apoyo por parte de los encuestados, respaldo que subiría hasta diez puntos en sólo cinco meses. 

Precisamente el año 2012 resulta clave para el movimiento independentista. En septiembre de 2012, la entonces presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, organiza la manifestación Cataluña, nou estat d’Europa, para conmemorar la Diada. La marcha reunió a centenares de miles de personas con una evidente reivindicación soberanista. La primera gran muestra de fuerza del independentismo catalán. Fueron dos millones de personas, según los organizadores (1,5 millones según la Guàrdia Urbana), las que colmaron las calles de Barcelona aquel 11 de septiembre. El mismo mes de septiembre se produce otro acontecimiento importante. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantiene una serie de reuniones, algunas en secreto, con Artur Mas que concluyen en la negativa del Estado a aceptar el pacto fiscal por ser "contrario a la Constitución". El president de la Generalitat explicaba poco después que según Rajoy "no había margen para negociar un pacto fiscal" y lamentó que el Gobierno desperdiciara "una oportunidad histórica".

Es entonces, tras la encuesta de octubre de de 2012, cuando el fervor independentista alcanza el 44,3% y continúa en aumento progresivo hasta que a finales de 2013 abraza su máximo, con un 48,5%. La opción de una España organizada mediante comunidades autónomas se encuentra ya muy por detrás, con un 18,6%, mientras que el modelo federal se queda con un 21,3%. La Diada de 2013 fue fundamental para el empuje independentista. Una cadena humana, formada por 1,6 millones de personas según la Generalitat, recorrió cerca de 400 kilómetros como reclamo de una Vía catalana hacia la independencia. El objetivo, exigir un Estado propio para Cataluña. 

Desde entonces, la alternativa independentista se ha mantenido, según el CEO, unos puntos por debajo, en torno al 40%. En julio de 2017 sufrió un descenso notable hasta quedar en el 34,7%, pero en octubre, tras la celebración del referéndum del 1O, volvió a estabilizarse en el 40,2%. No ha dejado de ser, desde el año 2012, la opción favorita de los catalanes encuestados.

  Elecciones catalanas: viraje de CiU y aparición de la CUP

Los comicios autonómicos son también reflejo del calado independentista entre el electorado catalán, si bien CiU comenzó a dejar a un lado su discurso nacionalista para introducir aspiraciones marcadamente independentistas a partir, aproximadamente, del año 2012.

La suma de CiU y ERC se ha movido entre un mínimo de 57 escaños (47 para CiU y catorce para ERC en 1980) y un máximo de 81 (70 CiU y once ERC en 1992). En 2003 y 2006 ambas formaciones se mantienen con un total de 69 escaños, y ya en 2010 suben hasta los 72 (con un reparto de 62 para CiU y diez para ERC), coincidiendo con la campaña del PP contra el Estatut de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la inconstitucionalidad de 14 artículos. En 2012, ya con la CUP dentro del arco autonómico, la suma de los tres partidos permite al ala independentista obtener 74 escaños (50 CiU, 21 ERC y tres para la CUP), paralelamente al inicio de las movilizaciones y la masiva Diada por la independencia. Los comicios de septiembre de 2015, con Junts pel Sí como producto de la coalición entre Convergència y ERC, dejan al independentismo catalán con 72 escaños de nuevo (62 la coalición y diez de la CUP).

En cuanto a porcentaje de voto, la evolución apenas deja grandes cambios en términos porcentuales. Si en 1980 la suma de ambos partidos era del 36,55% (27,68% CiU y 8,87% ERC) el máximo en 1992 es del 54,79% (46,74% CiU y 8,05% ERC). Lo cierto es que entre 1984 y 1995 la suma de las dos formaciones se sitúa en torno al 50%, pero a partir de 1999 va a quedar siempre por debajo. Su máximo se produce en los años 2012 y 2015, ya con la CUP dentro del escenario político. En 2012 el porcentaje obtenido es del 47,8% (30,7% para CiU, 13,7% para ERC y 3,47% para la CUP) y el mismo se repite en 2015, esta vez con un 39,59% para la coalición y un 8,21% para la CUP.

El número de votos revela asimismo picos en la evolución. El peor año en este sentido es 1995, con un total de 437.938 papeletas a favor de la suma entre CiU (que obtiene 132.071) y ERC (con 305.867). El mejor, por contra, es 2015, con 1.628.714 votos para la coalición y 337.794 para la CUP, es decir, un total de 1.966.508. También 2012 deja buenos resultados para los independentistas en cuanto a número de votos, siendo 1.740.818 el total registrado (1.116.259 para CiU, 498.124 para ERC y 126.435 para la CUP).

Elecciones estatales: bajo mínimos con Zapatero

Una vez más, el comportamiento electoral también en el Estado español se mueve en base a una serie de momentos clave, aunque la estabilidad de CiU y ERC es notable en el Congreso: apenas seis escaños de diferencia entre su peor y su mejor momento y sólo 1,5 puntos en cuanto al porcentaje de voto.

En 1996 ambos ocupan 17 escaños (16 CiU y uno ERC), y la situación continúa siendo similar en las elecciones del 2000, con 16 actas (15 CiU y uno ERC). En 2004, después de los gobiernos de José María Aznar y del Pacto del Tinell que lleva a un tripartito de izquierdas a gobernar Cataluña, ERC consigue el mejor resultado de su historia (ocho escaños) y logra, junto a CiU, 18 asientos en la Cámara Baja. En 2008, tras el primer mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el independentismo sufre un notable descenso en cuanto al número de escaños, pasando a ocupar trece (diez CiU y tres ERC). Pero la situación vuelve a dar un giro en el año 2011, de nuevo tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Cataluña, a la que precedió la recogida de firmas y campaña por parte del PP. CiU y ERC consiguen entonces 19 diputados, 16 para los primeros y tres para los republicanos. Desde entonces, las elecciones de 2015 y 2016 han dejado al independentismo catalán (PDeCAT y ERC) con un total de 17 escaños en el Congreso (ocho los primeros y nueve los segundos).

En cuanto a porcentaje de votos, el mínimo histórico después del tenue inicio de 1979 se produce en 2008, tras el Gobierno socialista de Zapatero. Ambos suman entonces un 4,19% de las papeletas (3,03 CiU y 1,16% ERC). Las diferencias apenas varían en décima y media, siendo el máximo el año 2004 con un 5,75% de los votos (3,23% CiU y 2,52% ERC). 

Por último, el número de papeletas independentistas depositadas en las urnas de los comicios generales deja a los años 1979 y 1982 como los mínimos registrados, pero inmediatamente después aparece de nuevo el 2008, con un total de 1.077.564 (779.425 para CiU y 298.139 para ERC). El mandato de Zapatero se consolida como el que menos independentistas dejó a su paso. Por el contrario, y coincidiendo con los datos anteriores, el número de votos alcanza su máximo en el año 2004, tras el Gobierno de Aznar. Logra entonces 1.487.667 apoyos (835.471 CiU y 652.196 ERC).

Las circunstancias históricas hicieron que la península ibérica gozara ya en el siglo XV, con los Reyes Católicos, de una cierta identidad y reconocimiento como nación, fechas tempranas si las comparamos con la formación de los distintos Estados europeos. Aunque hubo intentos de segregación posteriores de algunos reinos y/o regiones, lo cierto es que el predominio del Estado central se impuso de grado o por la fuerza a los intentos secesionistas. También fue la aceptación de una aristocracia y una nobleza que prefería perder algo de su autonomía antes que desgastarse en luchas intestinas, apostando así por una unión territorial y administrativa, personificada en un Rey que asumía el ejercicio hegemónico del poder. Tras las banderas y los himnos de muchos se esconden siempre los intereses económicos de unos pocos.

El franquismo, como ideología y grupo dominante, elaboró su relato interesado y mentiroso de la Historia de España, la pasada y la presente, usufructuando su victoria en la Guerra Civil. Da vergüenza pensar en las versiones insidiosas que ofrecieron sobre el bombardeo de Guernica.

Quien detenta el poder suele tener el privilegio de controlar el mensaje. El nacionalismo catalán, tras varias ocasiones fallidas en la historia, ha creído que su mayoría institucional y su dominio de la comunicación serían suficientes para independizarse del Estado español. Y qué mejor ejercito opositor que familias enteras ocupando las calles con banderas. El guión estaba bien diseñado y había que cumplir los tiempos, aunque para ello hubiera que violentar las propias reglas estatutarias o instalarse en una realidad paralela, repetidamente difundida a través de TV3 o Catalunya Radio. Y eso que los acontecimientos desmentían día a día las afirmaciones categóricas de la camarilla política más radical, pero había que seguir adelante, sostenella y no enmendalla. No importaba si había que retorcer los argumentos al infinito, señalar e intimidar a quien no pensaba igual, apelar al activismo de las redes sociales, o que alguno de ellos reconociera que no se daban condiciones objetivas de desconexión. El escenario de división en el Congreso español y los recortes de un Gobierno del PP deslegitimado por la corrupción podría ser que no se repitieran.

El marchamo de las autonomías, beneficioso por acercar la administración del Estado al ciudadano, también está significando la eclosión de una clase política autóctona que ha ido extendiendo poco a poco sus raíces clientelares  –creando nuevos organismos administrativos, promoviendo empresas públicas y/o semipúblicas, subvencionando todo tipo de asociaciones,etc.–  y que está muy interesada en desgajarse del Estado central para ejercer de sacristanes en su propia capillita. Es la garantía de su inmunidad e impunidad. Podríamos dudar de ello si no hubiéramos visto desfilar delante de nuestras narices a la familia Pujol, el caso Palau,  Convergència, el 3%... ¿Habrían salido a la luz en una Cataluña independiente?

La transferencia de competencias ha permitido al independentismo elaborar la historia pasada y presente, o sea, imponer la hegemonía de su relato con paciencia franciscana. Para ello ha sido legítimo capitalizar las banderas, los himnos o las tradiciones, administrar carnets de catalanes, demócratas, franquistas o nacionalistas españoles. ¿Y si creamos y/o subvencionamos organizaciones de base, de barriada, sean culturales o deportivas, para imponer nuestro discurso unilateral? No es una opinión, es un hecho contrastable.

Aunque en este contexto poco importan los hechos si nos encontramos con unas élites políticas deseosas de pasar a la “historia” como héroes y libertadores del pueblo catalán; es difícil de explicar el matrimonio de conveniencia entre el tradicionalismo burgués con apellidos y una formación antisistema. Creemos que las élites directoras se encuentran fuera del curso de la historia, ensimismadas en un narcisismo discriminatorio y en un manifiesto complejo de superioridad. Si la humanidad camina, aunque sea muy lentamente, a una eliminación de fronteras, al libre comercio y a una supresión gradual de aranceles; si queremos construir una Europa  económica, social y legalmente más integrada y solidaria, no parece que tenga mucho sentido diluir identidades, parcelar la UE en regiones que disminuyen el peso específico del conjunto y cancelan economías de escala. Debilidad económica implica insignificancia política. No creemos que este sea el vector evolutivo del siglo de la globalización, y peor, que sea una opción progresista. Desde la izquierda digámoslo sin complejos: visto lo visto, este nacionalismo catalán no es ni republicano ni de izquierdas.

Reconocemos su excelente campaña de comunicación, un relato beneficiado por la inacción de los sucesivos gobiernos PP/PSOE, que han caído en la trampa de cambiar concesiones por gobernabilidad, quizá pensando que el independentismo nunca cruzaría la línea. ¿Podría éste haber orientado su comunicación hacia terrenos más positivos y menos excluyentes, a una visión solidaria con el resto de comunidades autónomas, a un diálogo constructivo? ¿Podría haber elaborado su relato alrededor de una apuesta más europeista con las comunidades españolas y las regions francesas regions del arco mediterráneo, inmersas estas últimas en sinergias económicas y logísticas? ¿Podría haber compartido su bagaje cultural con el conjunto de las distintas sensibilidades del Estado, evitando la fractura social y esta sensación de fracaso en la convivencia que hoy nos inunda a todos? __________________________________________

Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor

El Tribunal de Cuentas tiene fijado el 16 de noviembre como fecha tope para que el expresident de la Generalitat Artur Mas y sus colaboradores depositen los tres millones de euros que aún faltanaún faltan de la fianza impuesta por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El pasado 25 de septiembre, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.

Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Artur Mas, responsable solidario por ser el presidente de la Generalitat en aquel tiempo, aportó casi 2,2 millones junto con los demás investigados: sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces.

Pero la defensa de los investigados pidió 15 días más de plazo para reunir el resto de la fianza atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y subrayando que con el adelanto se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.

Su letrado también aclaró en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

Si no paga, embargo de bienes

La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas acreditó el ingreso de esos 2,1 millones de euros y aceptó la prórroga de 15 días hábiles para el resto de la fianza.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de la institución, ese plazo acabará definitivamente el jueves 16 de noviembre; si en esa fecha Artur Mas y los demás no aportan el dinero que falta, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.

Así lo argumentan los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira en los escritos en los que rechazan los argumentos que esgrimen los conocidos como los Jordis en los recursos que han presentado ante la Sala de lo Penal contra el auto de prisión dictado por la jueza Carmen Lamela.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 envió a prisión provisional a los representantes de las entidades soberanistas el pasado 16 de octubre argumentando riesgo de fuga por la alta pena que conlleva el delito de sedición (hasta diez años de prisión en estos dos casos), riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva.

Los fiscales subrayan en sus escritos que este último supuesto "se objetiviza" porque "a día de hoy", los investigados continúan "llamando a la movilización social" para "conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".

Y es que, de hecho, la ANC publicó el jueves un mensaje en la red social Twitter supuestamente enviado por Sánchez desde la prisión de Soto del Real. El mensaje, atribuido al hijo del dirigente catalán, decía que "sabiduría, coraje y unidad son clave" e instaba a "buscar un acuerdo hasta el último minuto". "No se lo pongamos fácil", añadía.

La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas ha resuelto conceder 15 días más de plazo al expresident de la Generalitat Artur Mas para depositar los más de dos millones de euros que le resta aún pagar como fianza por haber usado fondos públicos para la consulta independentista de noviembre de 2014.

La ampliación del plazo había sido solicitada por el propio Mas tras acreditar ante el órgano de fiscalización contable el ingreso de 2,2 millones de euros, si bien el total de la fianza asciende a 5,25 millones de euros. El nuevo plazo supone 15 días hábiles y cuentan a partir de Mas y el resto de investigados por estos gastos presuntamente irregulares reciban el documento con la respuesta que les ha emitido este tribunal contable.

El escrito de los abogados de Mas pidiendo más plazo se remitió también en nombre del resto de afectados: los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y cinco funcionarios del Govern. En él se solicitaba una ampliación del plazo inicial atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y añadía que con la aportación de este lunes considera demostrada la voluntad de depositar la totalidad.

El letrado también aclaraba en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

La cifra total reclamada —5.251.948,17 euros— responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza, con el objetivo de garantizar que se reintegren a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados. El tribunal había fijado inicialmente semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y de no hacerse, procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.

El escritor bosnio Velibor Colic asegura que cuando se mezclan política y sentimientos nada bueno puede salir, y recuerda cómo al referéndum de su país se le llamó “referéndum dum dum”, en referencia al sonido de las balas, de tan seguros que estaban de que aquel asunto iba a terminar mal. Acabó en una larga guerra, que se duplicó en Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

Decir “eso no puede ocurrir en España y menos en estos tiempos”, no es una garantía. Solo es una estupidez. La ceguera es uno de los males crecientes de nuestra época, un buen momento para releer Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. La política del avestruz provocó la caída de Bizancio y abrió las puertas de la Segunda Guerra Mundial.

Todo es posible cuando se destapa la botella de la tribu y surge el odio, cuando se clasifican los ciudadanos en “buenos” y “malos”, en “patriotas” o “traidores”. Las palabras de la diputada de la CUP Mireia Boya, dedicada a los Comuns de Ada Colau, son terribles, recuerdan a la novela Una tumba para Boris Davidovich de Danilo Kis. La máquina de devorar acaba por devorar a sus creadores.

Pese a que Boya recibió criticas desde el independentismo, esa idea de las dos Cataluñas está en el ambiente. Es una de las bases de todo nacionalismo, la necesidad de crear enemigos. Es lo que hacen también Mariano Rajoy y Albert Rivera con los catalanes malos.

No pretendo copiar la estructura habitual de los artículos de Jesús Maraña, pero al menos esta vez me facilita mucho las cosas.

El presidente catalán ha hecho estas declaraciones a la cadena británica BBC tras el referéndum celebrado el pasado domingo en Cataluña y poco antes del discurso en el que el rey Felipe VI ha asegurado que el Estado debe "asegurar el orden constitucional" ante quienes quieren "quebrar la unidad de España".

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy intervenga para evitar esa declaración de independencia, el presidente catalán ha subrayado que "sería un error que cambiaría todo". Asimismo, ha indicado que actualmente no hay contactos entre el Ejecutivo central y el Govern catalán.

Respecto a la posición de la Unión Europea, Puigdemont ha considerado "muy decepcionante" la respuesta ante la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada del domingo.

El Centre d’ Estudis d’ Opinió (CEO), que depende del gobierno de la Generalitat de Catalunya publica cuatrimestralmente un barómetro de opinión pública a partir de una encuesta, a mil quinientas personas, estadísticamente representativa de la sociedad catalana. Se trata de un estudio al que se puede acceder libremente, y cuyos datos pueden ser analizados por cualquiera que tenga el interés y la curiosidad de hacerlo, como ocurre también con los del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El último barómetro publicado por el CEO corresponde a una encuesta realizada entre los últimos días de junio y primeros de julio del presente año. Lo primero que se observa al estudiar las respuestas a la pregunta "¿qué debería ser Cataluña?", es que un 5% de las personas entrevistadas dicen que una región de España, un 31% una comunidad autónoma de España, un 22% un Estado dentro de una España Federal, y un 35% un Estado independiente, el 8% restante o no saben o no contestan. Es decir, que frente al 35% que ve la independencia de Cataluña como lo más deseable, hay un 58% que preferiría algún tipo de solución que mantuviera la unidad con el resto de España.

¿Es este un resultado raro? Lo sería si nos atuviéramos a lo que nos dicen los dirigentes independentistas, pero no lo es si tenemos en cuenta los sentimientos de pertenencia nacional que declaran los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Un 23% de esas personas entrevistadas en la encuesta de junio se sienten solo catalanas, un 22% se sienten más catalanas que españolas, un 39% se sienten tan catalanas como españolas, un 5% se sienten más españolas que catalanas y un 7%, de las mil quinientas personas que fueron entrevistadas, se sienten solo españolas.

Una cosa es lo que dicen los nacionalistas que quiere la nación o el pueblo de Cataluña, pero para la gran mayoría de las personas de carne y hueso a las que podemos preguntar su opinión, lo español y lo catalán andan bastante unidos. Y no parece que sea fácil separarlos. Si ahora un 39% de las personas entrevistadas manifiesta que se sienten tan catalanas como españolas, podemos encontrar que, hace diez años, en octubre de 2007, pensaban lo mismo el 39,5%, y si viajamos más atrás en el tiempo, y miramos, en esta ocasión los datos del CIS, pues los del CEO no llegan tan atrás, en 1992, el año de las Olimpiadas de Barcelona, el porcentaje de personas que se sentían tan catalanas como españolas era del 35%. Desde que tenemos registros de esa la pregunta por la identidad, de todas las opciones que se les ofrecen a los entrevistados, la del sentimiento inclusivo de identidad catalana y española ha sido siempre la más numerosa. Si en la serie del CIS de las cinco opciones de identidad nacional le diéramos un 1 a solamente español y un 5 a solamente catalán, en abril de 1984 la media sería de 3,2 y todavía en diciembre de 2010 era del 3,3, solo a partir de 2012 se produjo una subida hasta 3,6, en septiembre de 2015. Es obvio que, a pesar de los pesares, los sentimientos de pertenencia no cambian fácilmente.

La sociedad catalana, con su identidad nacional compuesta e inclusiva, ha sabido convivir unida, pacífica y libre durante los últimos cuarenta años de democracia. Es más, el deseo de que, con diferentes sentimientos de identidad nacional, la sociedad catalana se constituyera en un solo pueblo fue determinante para que los socialistas, por ejemplo, apoyaran que todos los niños se educaran en catalán. Algunos temieron, o desearon, que esa medida “desespañolizara” a los niños catalanes, lo que llevó, por ejemplo, al ministro Wert a decir que había que “españolizarlos”.

Otra vez, los datos de la realidad desmienten los prejuicios de la ideología. En la encuesta del CEO que comentamos, cuando se les pregunta a las personas entrevistadas cuál consideran su lengua propia, las personas mayores de 65 años responden en un 48% que el castellano, y los más jóvenes, que son quienes tienen edades comprendidas entre 18 y 24 años, responden en un 47% también que el castellano. Una diferencia de un punto en una muestra de mil quinientas personas está por debajo del margen de error, por tanto debemos concluir que quienes se han educado en la inmersión lingüística en catalán y quienes tuvieron prohibido el catalán en la escuela, no han variado sus hábitos lingüísticos, para desesperación de los señores Wert y Tardà, por poner un ejemplo. Lo que sí parece haber crecido es el porcentaje de quienes dicen que ambas lenguas por igual, del 5 al 10% en los dos grupos de edad extremos.

Del mismo modo que el nacionalismo español no consiguió, con cuarenta años de prohibición del catalán en las aulas, que desapareciera la identidad catalana de Cataluña, tampoco, como temían algunos, la educación de todos los niños en catalán ha conseguido que el castellano deje de ser la lengua más hablada en el recreo. Y mucho menos que desaparezca el sentimiento de identidad y pertenencia a España de una parte muy importante de la sociedad catalana. De hecho, en la encuesta que estamos comentando, cuando se les pregunta a las personas entrevistadas por su deseo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente no hay diferencias estadísticamente significativas por grupos de edad, siendo mayoritaria, del 55% contra el 45%, la opción contraria a que Cataluña sea un Estado independiente.

El nacionalismo se sustenta sobre la creencia de que Dios, la Historia o la Naturaleza crearon las naciones y les otorgaron una parcela del ancho mundo para que ejercieran su soberanía sobre ella. Los nacionalistas suelen construir sus naciones con determinadas características étnicas preexistentes en sus sociedades, los ancestros comunes y la lengua son, quizá, las más destacadas. Desde el principio, los nacionalistas siempre encontraron que la realidad de sus sociedades era más diversa y plural que la idea de nación que ellos se habían forjado, lo que les llevó a hacer algunas barbaridades para adecuar la realidad social a su fantasía, o para adueñarse de territorios en los que Dios, la Historia o la Naturaleza no fueron muy claros a la hora de atribuirlos a una nación determinada. Durante los siglos XVIII, XIX y XX, los nacionalistas hicieron un sujeto nuevo con materiales muy antiguos, y tuvieron bastante éxito, pero el sujeto se les fue de las manos, dos Guerras Mundiales, entre otras muchas atrocidades, lo atestiguan. Después de 1945 parecía que habíamos aprendido, pero estamos viendo un proceso de renacionalización de los discursos y las políticas en muchos lugares del mundo.

Es verdad que hay una parte de la sociedad catalana que habla catalán como primera lengua y tiene a alguno de sus abuelos nacidos en Cataluña y que mayoritariamente quiere la independencia, según la encuesta del CEO, son el 34% de la población total en Cataluña. También es cierto que hay otra parte de la sociedad catalana, el 36%, que no tiene ningún abuelo nacido en Cataluña y que habla en castellano como primera lengua, y que mayoritariamente no quiere la independencia. Con cada uno de esos grupos se pueden construir dos naciones homogéneas, como le gustan a los nacionalistas de uno y otro bando, pero a costa de mucho sufrimiento, en la que una nación tendrá que asimilar cultural y políticamente a la otra, o expulsarla, física o políticamente, del territorio para satisfacer el sueño castrante del nacionalismo.

Hasta hace muy poco los nacionalistas han realizado esas operaciones mediante la violencia a diferente escala. Sin duda resolver un asunto como este con una votación es un avance sobre los métodos del pasado, pero no deja de ser lo mismo, es decir, resolver la cuestión nacional en un determinado territorio mediante la confrontación, solo que en lugar de en el campo de batalla, se hace en las urnas. Votar en un referéndum de secesión, en el caso de Cataluña, supone un grave retroceso sobre el estatus quo existente, aunque sea un referéndum acordado.

Un referéndum en Cataluña ni siquiera supondría un juego de suma cero, en el que unos ganan todo y otros pierden todo. Eso sería así si se decidiera entre la situación existente durante el franquismo y la independencia, pero no es el caso, ni por asomo. En la situación actual de Cataluña se satisface, aunque de manera incompleta, los deseos de las dos comunidades nacionales en presencia, quienes se sienten exclusivamente catalanes tienen un amplio nivel de autogobierno, y quienes se sienten tanto catalanes como españoles, permanecen ligados políticamente a los españoles que viven en el resto de España. En una hipotética victoria del no, los nacionalistas catalanes conservarían su autogobierno, en una hipotética victoria del sí a la independencia, los españoles verían aparecer una frontera política entre ellos y el resto de sus compatriotas, en términos nacionalistas, los españoles, después de muchos cientos de años serían, por primera vez, una nación dividida en dos Estados.

Pensar que, porque se haga en las urnas, una confrontación de dos comunidades que han convivido pacífica y prósperamente, durante siglos en la historia, y durante los años de las vidas vividas de sus miembros actuales, es la forma de resolver sus supuestos problemas de convivencia, es un enorme error. La solución no es acordar un referéndum, sino refrendar un acuerdo, un acuerdo que no puede hacerse bajo el chantaje de la escisión, como tampoco podría hacerse bajo la amenaza de la asimilación. Salvo que, desde hace cuarenta años la amenaza de la asimilación del catalán por el castellano desapareció en Cataluña con el firme compromiso constitucional de todos los españoles. Unos españoles que, además, como se ve en las encuestas, asumieron en Cataluña una identidad compuesta e inclusiva, es decir, asumieron como algo lógico que lo catalán es una forma de lo español, no de lo castellano, como tergiversan los independentistas. Ese compromiso constitucional lo adquirió la sociedad catalana apoyando, más que ninguna otra en España, la Constitución de 1978. Y no sólo lo refrendó entonces, sino que lo ha mantenido vivo en las treinta y ocho ocasiones que en estos cuarenta años ha acudido a las urnas. Los independentistas no pueden saltarse las leyes, los compromisos, que también ellos se dieron junto con todos los españoles, no ya para irse de España, en expresión errónea de unos y otros, porque los independentistas no se van a ninguna parte, sino para expulsar de Cataluña a una parte de la Cataluña plural, que es donde acaba su proyecto. No pueden saltarse las leyes, ni para expulsar a las instituciones que unen a los catalanes al resto de los españoles, ni para expulsar a la cultura catalana que habla también en castellano, ni, en última instancia, para expulsar, física o políticamente, a las personas que se sientan españolas además de catalanas, ni tampoco pueden saltarse las leyes para, unilateral e ilegalmente, declararnos extranjeros en Cataluña a quienes durante siglos no lo hemos sido.

Siempre que los seres humanos cometemos los mismos errores del pasado decimos que esta vez no será igual, pero, al final, es igual. Dividir políticamente a una sociedad en la que conviven sin problemas personas con culturas e identidades diversas, utilizando como elemento separador precisamente su riqueza cultural e identitaria, suele acabar muy mal, y nadie tiene derecho a probar suerte por si esta vez no pasa. Los ciudadanos y ciudadanas del presente no deberíamos dejarnos arrastrar, como ya ocurrió lamentablemente en la Europa del siglo XX, por quienes ahora mismo están empeñados en despertar en nuestro país a un monstruo que ya conocemos, un monstruo que bebe sangre, a hectólitros. ______________________________________________

José Andrés Torres Mora es profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense y diputado socialista por Málaga en el Congreso

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5,25 millones de euros al expresident de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consejeros por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este lunes a los representantes legales del expresident de la Generalitat y su exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsellers Irene Rigau (Educación) y Francesc Homs (Presidencia), así como a otras siete personas que participaron en la organización del referéndum del 9N la conclusión de la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por usar fondos públicos en la consulta soberanista de 2014.

Esta cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros, según han concretado fuentes de SCC, según informa Europa Press.

El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes a todos los denunciados el dinero que deberán afianzar antes de 15 días para garantizar que puedan hacer frente a una eventual condena. La cantidad de 5,25 millones de euros es el total a la que Mas tendrá que responder de forma solidaria si el resto de exdirigentes no consignan sus respectivas fianzas.

Mientras tanto, a Rigau se le ha impuesto un máximo de 3 millones de euros, a Homs hasta 2,1 millones de euros y 800.000 euros para Ortega, han precisado las mismas fuentes. Si bien, estas cifras son provisionales, ya que los denunciados están presentado alegaciones tras conocer estas cuantías.

La lista de los cargos encartados en la causa la completan: Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo Planas, lgnasi Genovés Avellana, Jordi Serra Catalán y Jordi Vilajoana Rovira.

No acuden a la citación

Ninguno de los exdirigentes catalanes han acudido este lunes a la sede del Tribunal de Cuentas para el trámite que ha tenido lugar este lunes, pues no tienen tal obligación y podían enviar a sus abogados para conocer el acta de liquidación provisional donde se especifica la cantidad reclamada.

Los denunciantes reclamaron la devolución conjunta de más de 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público y justificaron que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

En concreto, los denunciantes individualizaron una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Inhabilitados por el Supremo

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.

La Generalitat de Cataluña disolvió este viernes la Sindicatura Electoral, el órgano designado para realizar las funciones de junta electoral en el referéndum del 1 de octubre. Esta decisión se produjo sólo un día después de que el Tribunal Constitucional amenazara con imponer multas de 6.000 a 12.000 euros diarios a los miembros de este órgano – juristas y politólogos nombrados por la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP– si no desistían de sus cargos antes de las 10 horas de este sábado.

Este paso, no obstante, no supone una renuncia por parte de la Generalitat a seguir organizando el referéndum, que prevé que "entes públicos, académicos e internacionales" sean ahora los encargados de observar el "desarrollo efectivo" del 1-O, según fuentes del Govern consultadas por Europa Press. Estos "entes", por tanto, asumirán las funciones de la Sindicatura Electoral: validar el censo electoral, certificar los modelos oficiales de papeletas o resolver los contenciosos que se puedan producir entre partidos y electores.

La ya extinta Sindicatura Electoral publicó los días 8 y 14 de septiembre dos resoluciones en las que acreditaba la presencia de sendas misiones internacionales de observación electoral. A preguntas de infoLibre, un portavoz del Ministerio de Exteriores confirma que, al no reconocer la legitimidad de un referéndum "ilegal", el Gobierno español no ha emitido invitación a ninguna organización internacional ni organismo privado para que realice esta labor de observación electoral en el 1-O.

La primera de las misiones acreditadas por la Sindicatura Electoral es la promovida por el think tank holandés Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) y liderada por el embajador holandés Daan Everts. Según informó El País, esta misión estaba financiada exclusivamente por el HCSS, que nunca antes había promovido una misión de observación similar. 

Según el Govern, Everts esexperto en el ámbito de la observación electoral y tiene una dilatada trayectoria en el servicio diplomático holandés y otros organismos internacionales. De esa misión también formaban parte el británico Charles Lasham, adjunto al jefe de la misión; las norteamericanas Constance Kaplan y Cara Stern, analista de administración electoral y analista política, respectivamente; el francés Khalil Zerargui, coordinador de los observadores de corta duración; y el polaco Tomasz Blasiak, responsable de logística. 

En una entrevista publicada el pasado miércoles en El Confidencial, Everts explicó que eran una delegación "limitada" con "poco tiempo y muy poca gente", si bien aseguró que si finalmente se hiciera el referéndum, llegarían a Barcelona otros 14 observadores. También detalló que las cuestiones en las que se van a fijar es si la gente está siendo identificada de manera correcta, si están registrados, si las papeletas son válidas... con todos esos datos su objetivo es hacer un informe final. 

La segunda delegación de observadores es la promovida por el International Electoral Expert Research Team y liderada por la académica británica Helena Catt, según informó en su momento la Sindicatura Electoral. Esa misión la conforman otros cuatro expertos: el también británico John Caradog, que ejerce la función de analista político; el irlandés Michael Grange, encargado del análisis de campaña; y la francesa Anne Grandvoinnet Serafini, a la que se encomienda el análisis del censo, la votación y el escrutinio. 

Las fuentes diplomáticas consultadas no sitúan al Hague Centre for Strategic Studies y al International Electoral Expert Research Team entre las instituciones no gubernamentales de prestigio que también participan en este tipo de misiones al margen de los organismos públicos. Las citadas fuentes señalan que organizaciones como el Carter Center, el National Democratic Institute o el International Republican Institute sí cuentan con una solvente trayectoria. 

La ley del referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, prevé que los observadores electorales acreditados por la Sindicatura Electoral pueden asistir libremente a todos los procesos vinculados a la celebración de la votación (sorteo de los miembros de las mesas electorales, preparación de la apertura de los colegios electorales, votación, escrutinio, proclamación de resultados...). El Govern ha venido defendiendo en las últimas semanas que la presencia de observadores internacionales "refuerza la transparencia y las garantías de todas las etapas y procedimientos del proceso referendario".

Los antecedentes del 9-N 

De hecho, la Generalitat ya intentó contar con observadores internacionales en la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014. "El mundo nos mira y el reconocimiento internacional vendrá de los observadores que nos quieran acompañar", llegó a decir unos días antes de la celebración de esa cita la entonces vicepresidenta, Joana Ortega. Finalmente, esa consulta no fue avalada por ningún organismo internacional. Esa labor la realizó una delegación de ocho eurodiputados de Bélgica, Francia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido, presidida por el conservador británico Ian Duncan.

En el informe que realizaron tras las consulta los eurodiputados pusieron en valor el "alto nivel de participación" pese a los "desafíos" que presentaban las condiciones del proceso participativo, que también fue prohibido por el Tribunal Constitucional. No obstante, lamentaron la falta de un censo previo, los pocos centros de participación y el hecho de que no hubiese un representante de la junta electoral.

Las fuentes diplomáticas consultadas por infoLibre explican que en el ámbito de la Unión Europea es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) la encargada de la supervisión de procesos electorales. Este organismo, no obstante, sólo ejerce funciones de control en elecciones de ámbito estatal, no en comicios autonómicos o municipales; y lo hace supeditado a lo que marca al respecto la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Naciones Unidas, que subraya que esta labor "debe llevarse a cabo respetando la soberanía del país". 

Por otro lado, las citadas fuentes señalan que en los países que son miembros de la OSCE, como es el caso de España, existe una "invitación permanente" para que misiones de este organismo acudan a los países en los que se desarrollan procesos electorales y determinen si son necesarios observadores, algo que nunca ha ocurrido en España.

No obstante, la misión de evaluación electoral que observó las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 sí instó a España a subsanar los defectos del voto por correo y afirmó que el sistema electoral para el Congreso "no respeta completamente la igualdad de voto a nivel nacional", tal y como vienen reclamando los defensores de un sistema electoral más proporcional. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) investigará si la elaboración del censo catalán incurre en un acceso ilícito en las bases de datos estatales. Así lo asegura la misma AEPD en un comunicado de prensa este lunes.

Tras la denuncia de un ciudadano, la AEPD "ha solicitado información al Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los ayuntamientos en Cataluña".

La denuncia ha sido remitida a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), además de un informe que analiza "la ausencia de base legal para la utilización de determinados datos para crear un censo electoral por parte de la Generalitat".

Con esta comunicación entre ambas organizaciones, la AEPD "solicita a la Autoridad Catalana que le comunique la información que pudiera recabar", priorizando la información "en relación con el origen de los datos".

La Fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias por el inicio de la campaña por el referéndum del 1-O y el acto de apertura en el Tarraco Arena que protagonizaron el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, las diligencias se abrieron al mediodía de este jueves por los actos vinculados a la campaña de un referéndum que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, entre ellos por el acto del Tarraco Arena, que se hizo por la noche.

Por el momento se está recabando toda la información vinculada al acto y a otras acciones, y todavía no se ha requerido a la empresa gestora del recinto que proporcione información ni se ha citado a nadie a declarar.

Además, la Fiscalía tiene constancia de la retirada de un centenar de carteles a tres jóvenes en Alcanar, que fueron identificados por la Guardia Civil.

Este mismo viernes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado en una entrevista que estudiará si el acto de inicio de la campaña del referéndum incurre en un delito, y ha apuntado a una posible prevaricación si se organizó con fondos públicos.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha admitido que colabora en la defensa de la web cerrada por la Guardia Civil del referéndum del 1-O en Cataluña. Assange, recluido en la embajada de Ecuador en Londres, sigue muy de cerca la cuenta atrás de lo que ocurrirá en Cataluña. En su cuenta de Twitter comparte todo tipo de informaciones relacionadas con la parálisis del referéndum por parte de las autoridades españolas.

"Tenemos mucha experiencia paralizando la censura abusiva. Me complace ayudar a proteger los derechos de publicación de la web del referéndum", ha anunciado en Twitter.

La Guardia Civil ha cerrado este miércoles la plataforma web oficial del referéndum -referendum.cat- del próximo 1 de octubre, por orden del titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos de la consulta.

Poco después el president de la Generalitat, Carles Puigdemont aportaba webs alternativas vía Twitter donde acceder a la información sobre el proceso electoral.

Los que robaron durante tantos años a base de comisiones del “tresporciento” prefirieron echarse en manos de la izquierda en cualquiera de sus opciones, incluso las antidemocráticas, o postdemocráticas si quiere usted una terminología más moderna, con tal de difuminar las posibilidades de terminar en la cárcel. Pero han sido tan torpes que confundieron el globo que les elevaría por encima de la ley con la piedra que les va a hundir bajo su superficie, y van a terminar pisando celda por prevaricación o hasta sedición a juzgar por su disponibilidad a pasarse por la entrepierna cualquier tipo de legislación que les impida su mortal huida hacia ninguna parte.

De eso ya se encargarán los tribunales, la justicia, el Estado Democrático más pronto que tarde, y no lo va a impedir ni el estruendo de su estupidez ni esa movilización popular que esperan sea el dique de contención de la respuesta que ya está en marcha. No sonará la calle tanto en Cataluña como para cambiar el rumbo de un proceso de mentira que no sólo le costará a sus impulsores muerte política y patrimonio, sino que ya empieza a salirle caro a todos los catalanes. No hay más que echar un vistazo a los datos sobre crecimiento económico en Cataluña –congelado- y a las advertencias de inversores y empresarios (esos que un día estuvieron en el tren de CIU hasta que esa burguesía política cambió de nombre, orientación y novios) sobre el miedo a la falta de garantías legales, para darse cuenta de que esto no es amenazar con que viene el lobo, sino empezar ya a sufrir sus dentelladas.

Con todo, el esperpento de esta semana en el Parlament, desnaturalizando su sentido, convirtiéndolo en un templo del abuso de poder, tiene algo de positivo: hasta el que no sabe hacer la "o" con un canuto se ha tenido que dar cuenta del talante de esta pandilla independentista. Nunca han querido una consulta democrática porque nunca han contemplado en sus cálculos políticos la posibilidad de que saliera un "no" en el referéndum. Las urnas son la excusa, el forzoso trámite en el que hasta ahora escondían su desapego democrático.

Lo hemos visto esta semana con sus formas y su actitud hacia quienes defendían otras posiciones.  De hecho, quienes en algún momento hemos defendido públicamente la idea de una consulta verdaderamente democrática, pero optando por el "no",  hemos sido acusados de anticatalanes, antirreferendum, y, por supuesto, antidemocráticos. La cosa no era votar, sino dar el sí a la intención de unos de librarse de investigaciones, de otros de cumplir sus sueños de gloria y de los “cuperos” que hoy marcan agenda y detentan el poder, de cargarse el sistema, cualquier sistema, por la vía de forzar al Estado a ponerse la soga al cuello.

La forma en que el espíritu estalinista del independentismo más intolerante ha dominado los debates parlamentarios –ni opción al debate, ni respeto a la oposición, ni garantías, ni estatut, ni dictámenes jurídicos, ni nada de nada- deja bastante clara la idea de democracia de esta tropa. La imagen del Parlamento agredido es tan vergonzosa como la de Tejero entrando en las Cortes.

Como se ha repetido hasta la saciedad estos días, incluso desde una izquierda que tenía que recordarle a este clan postdemocrático que hubo un franquismo contra el que se luchó desde la diferencia ideológica, la mayoría en un parlamento no da derecho a imponer a la fuerza a los demás sus puntos de vista. Eso es una negación no sólo del parlamentarismo sino de la democracia misma.

Los impulsores de esta impostura de votación popular que es el referéndum del 1 de octubre han prostituido una idea que en este país, y en todo el mundo, ha costado y sigue constando vidas a quienes luchan con valor y determinación por ella, la de democracia. Han sido sus proxenetas.

Pero al menos, los episodios vividos esta semana desnudan su verdadera raza, su auténtico talante de feroces agresores de cualquier idea que no sea la propia o sirva a sus intereses.

"¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?" Esta es la disyuntiva que deben responder los catalanes el 1 de octubre. La papeleta se muestra en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el decreto 140/2017, de fecha 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya 2017.

La pregunta está formulada en catalán, en castellano y en aranés y la papeleta será introducida en un sobre blanco con unas especificaciones máximas de 111 x 156 milímetros.

El resto de detalles del evento están especificados en el citado decreto de normas complementarias que acompaña la ley del referéndum, aunque las mesas y los puntos de votación no se sabrán como mínimo hasta el día 20 y tampoco se detalla el origen del censo ni el material de las urnas.

El Govern ha activado una bolsa de voluntarios para "dotarse de personal colaborador mediante un proceso de selección abierto a los ciudadanos" que contribuirá a la organización y ejecución del referéndum del 1 de octubre para blindar jurídicamente a los funcionarios.

Así se especifica en el decreto de normas complementarias que acompaña la ley del referéndum, recogido por Europa Press, que ha sido aprobado por el Govern junto al decreto de convocatoria de la consulta y detalla los aspectos necesarios para realizar la consulta.

Consta de un apartado específico sobre Personal colaborador de la administración electoral, y destaca que aquellas personas que quieran participar en la organización del 1-O deberán inscribirse en una bolsa de colaboradores gestionada por el Govern: los funcionarios que se apunten serán simplemente voluntarios, con "independencia de sus funciones y sin ninguna vinculación con su relación funcional".

Habrá cuatro tipos de voluntarios: representantes de la Administración -deberán estar en los colegios durante la jornada de votación-, coordinadores electores municipales -supervisarán el operativo electoral en los municipios-, coordinadores electorales comarcales -supervisarán a los coordinadores municipales en cada comarca- y agentes electorales -con tareas de apoyo administrativo y logístico-.

Todos ellos estarán supervisados por la Sindicatura Electoral de Catalunya, que será el árbitro del referéndum y tendrá funciones similares a las de la Junta Electoral Central: la formarán 5 juristas y politólogos independientes nombrados por el Parlament que se encargarán del escrutinio y certificarán los resultados de la votación.

Las mesas y los puntos de votación no se sabrán como mínimo hasta el día 20

La información sobre las mesas electorales y los puntos de votación del referéndum del 1 de octubre no se hará pública como mínimo hasta diez días antes de la consulta, es decir, que los catalanes sabrán a partir del 20 de septiembre dónde deben ir a votar.

El capítulo Mesas y secciones electoralesdel decreto complementario detalla que el Govern determinará 'el número, los límites de secciones electorales, las sedes locales y las mesas' en que deberán votar los ciudadanos.

Y añade que todos estos datos "se difundirán públicamente dentro de los diez días anteriores a la votación" del domingo 1 de octubre.

El decreto no detalla el origen del censo ni el material de las urnas

El decreto de normas complementarias del referéndum del 1 de octubre que ha firmado el presidente de la Generalitat no detalla el origen del censo y se limita a afirmar que se utilizará el que "se haya cerrado el día 30 de marzo de 2017".

Así, se mantiene la incógnita de donde saldrán los datos de los votantes: la Generalitat siempre ha considerado que no hay problema con este tema, mientras que el Estado considera que el censo es su competencia exclusiva y no puede utilizarlo el Govern sin su permiso.

El mismo decreto establece que el censo electoral "es competencia de la administración electoral del Govern de la Generalitat de Cataluña bajo la supervisión de la Sindicatura Electoral de Catalunya" y se confecciona de acuerdo con lo que establece la ley que se ha aprobado en el Parlament este miércoles.

El decreto tampoco precisa el material del que estarán hechas las urnas y se limita a afirmar que será de "un material resistente con una tapa que incluirá una ranura en el centro por donde se introducirán los votos".

El decreto faculta al Govern a "llevar a cabo la aprobación del gasto y las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum", incluyendo la aportación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de los que disponga.

Los gastos del referéndum también son un tema polémico: el Govern los incluyó en los Presupuestos de 2017 y el Tribunal Constitucional le advirtió de que no podría dedicar dinero a la votación.

Los catalanes del extranjero votarán por correo porque solo habrá urnas en Cataluña

Los catalanes residentes en el extranjero solo podrán votar a través del correo postal porque solo habrá urnas en Cataluña, y no en puntos del exterior como pueden ser las delegaciones que la Generalitat tiene por todo el mundo.

Así lo regula el decreto de normas complementarias que ha firmado el presidente de la Generalitat, y que contiene todos los detalles con que el Govern organizará la consulta.

El decreto establece que solo podrán votar los catalanes en el exterior que ya se hayan registrado en el censo que ha habilitado la Generalitat, y en siete días recibirán la documentación para pedir el voto.

Para votar desde el exterior y por correo postal, deberán acreditar "el DNI o el pasaporte español" y este voto deberán enviarlo a la dirección que la Generalitat les enviará con la documentación.

Las delegaciones de la Generalitat en el exterior serán las encargadas de la "custodia" de los votos recibidos y deberán elaborar un acta con el número de cartas recibidas.

La Generalitat lanza un 'spot' que anima a participar en el referéndum

El Govern ha relanzado el spot publicitario spotque anima a los catalanes a ejercer su derecho a decidir a las puertas del referéndum convocado para el 1 de octubre, ampliando el que divulgó el lunes por la noche y explicitando ya la palabra 'referéndum'.

Lo ha divulgado vía Twitter el presidente de la Generalitat a las 0.45 horas de este jueves, poco después de firmar junto al resto del Govern el decreto de convocatoria del 1-O.

El nuevo anuncio es de 20 segundos -el doble que el anterior- y muestra de nuevo una imagen de vías de tren que se bifurcan, con una voz en off que interpela al espectador: "Naciste con la capacidad de decidir

¿Renunciarás a ella?".

En este spot, la voz añade: "Ahora, más que nunca, el futuro de Catalunya está en tus manos. Participa en él. El 1 de octubre, referéndum".

Tras la imagen de las vías que se bifurcan, se ve una mano que introduce una papeleta en una urna.

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre al expresident de la Generalitat Artur Mas Artur Masdentro de la investigación que tiene abierta para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamarle el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros.

Según han informado a Europa Press fuentes del PDeCAT, la citación tiene como objetivo solicitarle el pago de una fianza para garantizar que podrá afrontar la condena en el caso de que ésta finalmente se produzca.

En concreto, el tribunal cita a Mas seis días antes del 1 de octubre, cuando está prevista una nueva consulta independentista en Cataluña. Junto al expresident catalán el Tribunal de Cuentas también investiga a su exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsejera de Eduación Irene Rigau y al exconsejero de Presidencia Francesc Homs.Francesc Homs

En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa.

Según informan varios medios de comunicación, además de a Mas, Ortega, Rigau y Homs, el tribunal ha citado para el mismo día y con el mismo fin a otros siete ex altos cargos de la Generalitat que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N.

Se trata del exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y de Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira.

Una semana "decisiva e histórica"

La respuesta del president de la Generalitat no se ha hecho esperar: Puigdemont ha criticado la nueva citación del Tribunal de Cuentas y ha anunciado que la ley del referéndum se aprobará esta semana y que el Govern catalán lo convocará para que se celebre el 1 de octubre.

Lo ha dicho en una comparecencia extraordinaria desde el Palau de la Generalitat junto con el vicepresidente, Oriol Junqueras, donde ha concluido: "Es una semana decisiva e histórica. Aprobaremos la ley del referéndum y convocaremos los ciudadanos a votar".

Es la primera vez que el president catalán admite que la ley del referéndum se aprobará esta semana y también se convocará, y ha expresado su "total apoyo" a los afectados por la citación del Tribunal de Cuentas como el expresidente Artur Mas.

Lo que no ha detallado el presidente es si la ley se aprobará en el pleno ordinario de este miércoles y jueves, o en el pleno extraordinario que JxSí y la CUP han pedido para el viernes de esta misma semana.

Puigdemont se ha escudado en que no puede explicar cuándo se aprobará la ley por respeto al poder legislativo, al Parlament, pero ha asegurado que el decreto de convocatoria se firmará esta misma semana: "Como Govern estamos preparados para firmar la convocatoria cuando tengamos el texto legal. Va a ser esta semana".

Reunión extraordinaria

Tras conocer la citación del Tribunal de Cuentas, Puigdemont ha convocado una reunión extraordinaria en la Generalitat en que han participado varios consellers, Artur Mas y los presidentes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En el encuentro han constatado que el Gobierno central se siente impotente y ha dado "un salto cualitativo en su estrategia desesperada para aumentar el miedo como único instrumento para intentar frenar" el 1-O, utilizando políticamente el Tribunal de Cuentas para perseguir a cargos soberanistas, según Puigdemont.

Según él, la decisión del tribunal se basa en una "interpretación sesgada de la normativa que se salta todas las garantías procesales". Según ha dicho, el propio ente había solicitado recientemente a la Generalitat unos informes para argumentar su citación y ni si quiera se habían llegado a enviar.

Esta premura, según Puigdemont, evidencia que no es casual que "la represalia y la incautación de patrimonio" efectuada por el Tribunal de Cuentas llegue la misma semana en que se convocará el 1-O.

Aun así, ha avisado de que ya nada podrá parar la votación: "La única respuesta a los excesos del Estado es decir democráticamente que este estilo de construir estados no es el que queremos".

De hecho, ha avisado de que decisiones como las del Tribunal de Cuentas "acaban de convencer a los que tienen dudas" ante el referéndum del 1-O, en el sentido de que cree que favorecen su participación y su apuesta por una Cataluña independiente.

"Votar no es ningún delito"

Junqueras ha asegurado que la decisión del Tribunal de Cuentas es un "intento del Gobierno del PP de impedir el derecho a voto de los ciudadanos" de Cataluña, y que evidencia que el Estado está abusando de los instrumentos del Estado de derecho para frenar el 1-O.

"Hace adoptar a las instituciones papeles que no les corresponden y las fuerza a interpretar sesgadamente la ley. Pero votar no es ningún delito" y el Govern seguirá defendiendo hasta las últimas consecuencias el derecho a decidir de los catalanes, ha añadido.

Como votar no es un delito —ha proseguido—, el Gobierno central "se ve obligado a usar las instituciones de su entorno" para perseguir a los cargos soberanistas, en un intento desesperado de evitar una votación el 1-O, ha expresado.

Considera que el derecho a voto que el Govern quiere garantizar con el 1-O está reconocido nacional e internacionalmente, y que es un grave atentado a los principios democráticos que el Gobierno del PP trate de "asaltarlo".

Por eso, ha llamado al conjunto de ciudadanos de España a estar alerta ante este tipo de prácticas: "¿Quién les garantiza que no se les aplicará también a ellos el abuso que hace el Gobierno del PP contra nosotros y nuestros derechos básicos?".

ANC y Òmnium piden donaciones

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han pedido este martes a los catalanes que hagan aportaciones económicas a la caja de solidaridad que crearon meses atrás para ayudar a pagar las multas y fianzas vinculadas a la organización de la consulta del 9 de noviembre.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente de la Generalitat para abordar la nueva citación del Tribunal de Cuentas, han afirmado que con estas aportaciones quieren apoyar los cargos y excargos señalados por este tribunal para demostrar que "la democracia no tiene precio".

Los dos dirigentes soberanistas han explicado que aprovecharán la movilización que tienen prevista para la Diada de este año para concienciar a la ciudadanía de la importancia, a su juicio, de hacer estas aportaciones "solidarias".