El plan aprobado por los independentistas tropieza con la propia legalidad del Parlament

La jornada del miércoles en el Parlament de Cataluña quedará recogida en los registros como una de las más broncas, crispadas e intensas de la historia de la institución. Después de varias semanas en un cajón, finalmente la cámara aprobó la Ley de Referéndum con la que está previsto que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque oficialmente en las próximas horas el 1-O. Pero el camino no fue fácil para los independentistas, que vieron cómo su idea de sacar adelante la norma de manera exprés tropezó primero con los funcionarios del Parlament, que por la mañana se negaron a publicar la proposición de ley en el Boletín Oficial de la cámara, y después con el Consell de Garanties Estatutàries, que tuvo que recordar a los independentistas que la oposición tiene derecho a recurrir el texto si no lo considera ajustado a derecho.

Si hay una palabra para definir el desarrollo del pleno del miércoles, esa es caos. Hasta tres veces tuvo que reunirse la Mesa del Parlament para atender las denuncias de la oposición, que criticó repetidamente que el procedimiento seguido por la mayoría independentista para aprobar la Ley de Referéndum les dejaba sin derechos como los de poder presentar enmiendas a la totalidad, recurrir la norma ante el Consell de Garanties Estatutàries o analizarla con detenimiento y no en apenas unas horas. En el pleno, las discusiones con la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, también fueron constantes, y varios grupos la acusaron de actuar de manera parcial, mientras los independentistas denunciaban, a su vez, el "filibusterismo" parlamentario de la oposición. Pero el enconado cruce de reproches no pudo parar la aprobación de una ley que supone declarar, ya de manera abierta, el choque institucional total entre el Gobierno y la Generalitat.

El pleno comenzó en torno a las 10 de la mañana con la noticia que se preveía: después de varias semanas paralizada, la Mesa del Parlament admitió a trámite la Ley del Referéndum impulsada por Junts pel Sí y la CUP. Tras ese primer paso, la intención de los independentistas era votar en el pleno su introducción en el orden del día, pero no pudieron conseguir su objetivo hasta las 13.20 horas. Y es que, en ese intervalo de tres horas, comenzó el intercambio de denuncias y críticas que marcaría el resto del pleno, ya que los grupos de la oposición apelaron al reglamento del Parlament para tratar de detener la tramitación de la norma denunciando repetidamente que se estaban vulnerando sus derechos como diputados.

Quien primero actuó fue el PSC, que nada más admitir la Mesa a trámite la proposición de ley la recurrió al Consell de Garanties Estatutàries y pidió al órgano de gobierno del Parlament que reconsiderase su decisión. Poco después, Ciudadanos hizo lo propio, y poco antes de las 11 de la mañana se produjo la primera interrupción del pleno para que la Mesa valorase las peticiones de ambos grupos. No hubo que esperar a que volviera a reunirse el pleno para que saltase de nuevo la polémica: poco después de iniciarse la reunión de la Mesa, salía publicada en el Boletín Oficial del Parlamento catalán (BOP) la proposición de Ley de Referéndum y al rato se conocía que los responsables de esa publicación eran los cuatro miembros de la Mesa pertenecientes a Junts pel Sí.

Y es que el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, se había negado a publicar la proposición, así que los cuatro integrantes de la Mesa pertenecientes a JxS –con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la cabeza– lo hicieron por él. Su actuación fue tachada de antirreglamentaria por la oposición, pero sus críticas fueron rechazadas por Forcadell, que aseguró que era perfectamente legal cuando volvió a reunirse el pleno poco después de las 13.00. Fue tras esta reanudación cuando los independentistas aprobaron modificar el orden del día para introducir el debate sobre la norma, y también cuando decidieron prescindir de todos los trámites habituales en la tramitación de las leyes para conseguir dar luz verde a la Ley de Referéndum en tiempo récord.

Las enmiendas y el Consell de Garanties

Esta decisión de saltar todos los trámites implicaba, según la presidenta Forcadell, que los grupos también perdían el derecho a recurrir al Consell de Garanties Estatutàries. Así lo argumentó en el pleno cuando varios diputados de la oposición le preguntaron por ello. Pero, tras la negativa del secretario general del Parlament a publicar en el BOP la proposición de ley, los independentistas iban a recibir un segundo revés por parte de las propias instituciones catalanas. Y es que el Consell de Garanties Estatutàries, tras la pausa para comer, remitió a la Mesa un escrito en el que argumentaba por unanimidad que todos los grupos tenían perfecto derecho a pedir un dictamen del órgano sobre la proposición de ley si no la consideraban ajustada a derecho.

Sin embargo, la tramitación exprés decidida por los independentistas no sólo generó polémica por el intento de privar a la oposición de su derecho a recurrir. Las enmiendas fueron otro caballo de batalla entre Forcadell y Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP, ya que la presidenta del Parlament únicamente concedió un plazo de dos horas para presentar modificaciones a la Ley de Referéndum, únicamente permitió que estas enmiendas fueran parciales y, además, en un inicio se negó a suspender el pleno temporalmente para que los grupos tuvieran tiempo para trabajarlas.

La oposición en pleno protestó estas decisiones procedimentales de la mayoría independentista y exigió respeto a la legalidad a Forcadell. "Esto no solo va de reglamento, de observación de reglas democráticas, va de la esencia de la democracia. Ninguna mayoría en ningún parlamento es ilimitada y no puede dejar en suspenso los derechos de los diputados", denunció el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, que aseguró que "no se puede permitir la desaparición de todos los trámites parlamentarios". "Es un procedimiento bucanero: norma que no me gusta, disparo y la elimino", criticó.

Tras la pausa de mediodía, se produciría otro parón para que se reunieran la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlament, donde la mayoría independentista rechazó atender el escrito del Consell de Garanties Estatutàries que autorizaba a los grupos a recurrir la proposición de Ley de Referéndum. En torno a las 19.30 comenzó la última fase del pleno, la correspondiente al debate y la votación de la norma, que Junts pel Sí y la CUP no quisieron presentar en la tribuna para acelerar aún más el trámite. No hubo sorpresas con respecto a las posturas de los grupos: sólo los proponentes apoyaron la ley, mientras Ciudadanos, PSC y PP la criticaron durísimamente y Catalunya Sí que es Pot insistió en que el procedimiento seguido este miércoles en el Parlament es "el golpe más grave a la democracia desde el restablecimiento de la Generalitat".

Finalmente, la Ley de Referéndum fue aprobada con los 72 votos a favor de Junts pel Sí y la CUP y las 11 abstenciones de Catalunya Sí que es Pot al filo de las 21.30 horas. Ciudadanos, PSC y PP no quisieron estar presentes en la votación y abandonaron el pleno antes de la misma. Aún habría tiempo para una última polémica, ya que los conservadores dejaron en sus escaños varias banderas españolas y catalanas y la diputada de Catalunya Sí que es Pot Àngels Martínez trató de retirar las rojigualdas, una acción de la que tuvo que ser disuadida por Forcadell.

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El Gobierno central y la justicia, por su parte, también realizaron sus propios movimientos a lo largo del día. En torno a las 14.25, la Fiscalía Superior de Cataluña anunció que presentará una querella por los delitos de desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlament que aprobaron admitir a trámite la Ley de Referéndum. Más tarde, el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia –que será examinado este jueves– pidiendo a la corte que no se limite a hacer una "mera declaración de nulidad" de la norma aprobada por los independentistas, sino que tome "todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de secesión de Cataluña".

No fue la única acción que llevó a cabo el Gobierno. Una vez aprobada la ley en el Parlament, el presidente, Mariano Rajoy, pidió al Consejo de Estado un informe sobre la misma con la intención de acelerar los trámites para su anulación. Y es que este informe es el paso previo al recurso de inconstitucionalidad que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario que el presidente del Gobierno tiene previsto convocar este jueves.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, también anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional, en este caso de amparo, para denunciar que el procedimiento seguido para aprobar la Ley de Referéndum en el Parlament vulnera los derechos de los diputados catalanes. Y hasta Forcadell presentó su propio escrito al Tribunal: lo hizo por la mañana, para pedir la recusación de todos sus magistrados por "falta de imparcialidad" y reclamar que paralicen cualquier acción penal contra ella o el Parlament por la tramitación de iniciativas relacionadas con el referéndum.