El Consejo de Informativos (CDI) de TVE no rectificará, como pidió el Consejo de Administración de RTVE, las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor a los programas de Mañaneros 360 y Malas Lenguas, al considerar que "queda acreditado" que el muestreo de su informe de enero "es más que suficiente, válido y permite que los resultados sean concluyentes".

No obstante, sí esta abierto a hacer alguna matización, "en ánimo de buena voluntad" sobre algún extremo, aunque sus miembros están convencidos, tal y como han señalado a EFE, de que "nunca se había llegado a una situación como la que se está viviendo" y que la respuesta del Consejo de Administración a su informe supone "un ataque sin precedentes".

El CDI de TVE ha enviado esta tarde a la plantilla y al Consejo de Administración un avance de su contestación al documento que aprobó el pasado día 17 febrero el Consejo de Administración de RTVE, en el que replicaba a las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor' que hizo en el informe el CDI en un informe anterior.

El órgano interno de TVE, compuesto por trece profesionales, y que vela por la independencia y la objetividad de la televisión pública, se ha tomado su tiempo y dice estar abierto a matizar algún párrafo de su informe y quiere dejar claro que en el mismo "no ha pretendido estigmatizar ni desacreditar a ningún profesional".

Sostiene además que "no imputa en ningún caso conductas delictivas ni formula acusación alguna contra persona concreta, ni tampoco hace referencia a la comisión de delitos de odio".

Lo mantiene porque el Consejo de Administración, en su documento Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, que avalaron 11 consejeros frente a 4 (los del PP), pedía al CDI una rectificación inmediata.

La pedía porque entendía que el informe de enero del CDI se basaba, a su juicio, en "una muestra mínima y sin garantías metodológicas", y porque "se acusaba a RTVE de servir "de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

"Una acusación —apuntaba el Consejo de Administración— que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito de odio". Ahora el CDI advierte de que la frase que destaca el Consejo de Administración de su informe "es incompleta y está sacada de contexto".

Lo está, según el CDI, porque su párrafo era el siguiente: "Algunos tertulianos y colaboradores usan un lenguaje agresivo. Las descalificaciones son frecuentes. Aunque son opiniones personales y en ese sentido respetables, es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad. Recordamos que es obligado que estos programas hagan cumplir el manual de estilo a sus colaboradores".

Pero además, ante las dudas sobre la validez del muestreo, el CDI asegura que "el porcentaje de muestra es bastante mayor que el planteado por el documento del Consejo de Administración, ya que hasta la fecha de estudio serían de un 18,92% de los programas de Mañaneros 360 y un 14,29% de los de Malas Lenguas".

Los miembros del CDI denuncian, además, que solamente conozcan de forma oficiosa la dirección editorial externa de estos programas y advierten también de que es "razonable considerar que unos programas que podrían incurrir en los supuestos incumplimientos normativos" que apuntan "no contribuyen a una mejor valoración sobre RTVE".

Además, el Consejo asegura que lleva meses intentando realizar una encuesta entre los profesionales de la información de la televisión para contar con más datos sobre la percepción interna de estos programas y de otras cuestiones, como de los programas informativos en sí, su independencia, la carrera profesional y el cambio de la ley. La intención del Consejo es hacerla este mismo mes, aunque sea en urnas de cartón, según sus miembros.

El PSOE ha registrado este martes en el Senado una petición a la Mesa para que reconsidere que se vaya a votar en el Pleno la creación de una comisión de investigación para fiscalizar la gestión de RTVE, cuando ya existe una comisión mixta con ese fin, y, si se rechaza, los socialistas se plantearán acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el escrito de reconsideración, el PSOE señala que la comisión mixta de diputados y senadores específica para RTVE, que se reúne mensualmente, es "el único instrumento ad hoc que prevé el ordenamiento jurídico vigente para controlar la gestión del ente público".

Por tanto, la creación de una comisión de investigación en el Senado, propuesta por el PP, "no solo no es pertinente, sino que es ilegal", ha dicho en una rueda prensa el portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Alfonso Gil.

Para que se cree una nueva comisión tiene que "estar perfectamente delimitado el objetivo" y no ser coincidente con el de otra comisión ya existente, ha apuntado Gil, quien ha advertido de que en este asunto los socialistas van a "ser beligerantes", porque el PP "quiere atacar la pluralidad" informativa.

Por ello, ante el probable rechazo al escrito de reconsideración en la Mesa, en la que tiene mayoría el PP, en el grupo socialista se plantean "incluso acudir al Tribunal Constitucional", ha apuntado Gil.

Imaginemos que el Senado convoca a declarar al director de un periódico para preguntarle por qué publicó determinada información y no otra, qué fuentes utilizó o por qué dedicó más espacio a un tema que a otro. La escena resultaría, cuando menos, chocante. Pues bien: ese es exactamente el tipo de intervención que el ordenamiento jurídico europeo —y, según muchos analistas, también el español— prohíbe respecto a Radio Televisión Española (RTVE), con independencia de qué mayoría parlamentaria la impulse y de cuál sea el relato con el que se justifique.

El control parlamentario sobre RTVE existe, es necesario y está regulado. Pero tiene fronteras. Y esas fronteras no se basan en la cortesía institucional ni en la tradición democrática: las fija el derecho, con un perímetro que el nuevo marco europeo ha convertido en una obligación jurídica exigible.

El ordenamiento jurídico distingue con claridad entre el control sobre la gestión de un medio público, que es una exigencia democrática, y el control sobre su línea informativa, que es una amenaza a la democracia. El primero corresponde a las Cortes. El segundo estaba en zona gris hasta hace poco. Pero desde agosto de 2025, está prohibido.

Así que la decisión de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, de ordenar a sus senadores poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en la cámara que controlan con mayoría absoluta —lo que significa que controlan los tiempos, la agenda, las comparecencias y las conclusiones, antes siquiera de haber empezado sus reuniones— se adentra en un territorio poco compatible con el derecho a la información y la independencia obligada de los medios públicos.

El control parlamentario de la corporación pública se ejerce a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y su ámbito legítimo de actuación es amplio en lo que respecta a la gestión y la estructura institucional.

La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que el Parlamento debe velar por que RTVE cumpla con las funciones de servicio público fijadas en el Mandato Marco, que es el documento que define periódicamente los objetivos estratégicos de la corporación.

Eso significa que los senadores pueden —y deben— preguntar si la programación atiende a las necesidades de información, cultura y educación de la sociedad española; si los presupuestos se ejecutan con transparencia y eficiencia; si la compensación que recibe el ente público por su función de servicio no supera el coste neto real de esa prestación, conforme a los criterios de la Unión Europea; y si la estructura territorial y la plantilla son proporcionadas a los objetivos declarados.

Pero tener derecho a preguntar si la programación atiende a las necesidades de información de la sociedad no autoriza a diputados y senadores a juzgar si una información concreta es “sesgada” o “partidista” desde una comisión política. Aunque se haga en todas las sesiones de la comisión de seguimiento, supone una extralimitación que vulnera la independencia de los profesionales.

La Cámara Alta tiene una función propia a la hora de controlar RTVE. Así lo ratificó la sentencia 134/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró que la intervención simultánea de Congreso y Senado es un aspecto sustancial del modelo constitucional.

Pero la citada sentencia del Constitucional no se limitó a reconocer el derecho del Senado a participar de las tareas de control de los medios públicos y a decidir parte de la composición de los órganos de gobierno de RTVE. Fue mucho más lejos.

Estableció, en su fundamento jurídico tercero, que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única y limitada excepción de los jueces— y le exige tener “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social [entre los que está RTVE] y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”.

A ese criterio, que claramente limita lo que la Cámara Alta puede hacer, se suma el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —la EMFA, por sus siglas en inglés—, plenamente vigente desde agosto de 2025. A diferencia de una directiva, un reglamento europeo no necesita ser transpuesto al ordenamiento de cada Estado miembro: tiene efecto directo y carácter vinculante desde el primer día. En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, prevalece sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El artículo 4.2 de la EMFA establece que "los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".

El Senado es una autoridad nacional. El reglamento no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo elegido no deja lugar a dudas: no dice “ordenar” ni “imponer”; basta con “tratar de influir”.

Es exactamente lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende: modificar la línea editorial de RTVE, pero bastaría con que la investigación generase un efecto disuasorio sobre los profesionales para que la iniciativa del PP pueda ser impugnada legalmente.

El mecanismo es bien conocido: cuando los periodistas saben que sus decisiones profesionales pueden convertirse en objeto de escrutinio parlamentario, la consecuencia práctica no requiere ninguna instrucción explícita.

La sola amenaza de comparecer ante una comisión para explicar por qué se eligió un enfoque y no otro basta para que la redacción empiece a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar políticamente menos conflictivo. Ese proceso silencioso es exactamente lo que el ordenamiento jurídico trata de prevenir.

El marco legal delega en los Consejos de Informativos de RTVE —no en las cámaras parlamentarias— la función de velar por la independencia de los profesionales y la objetividad de los contenidos.

Son estos órganos internos los competentes para investigar eventuales malas prácticas deontológicas. La arquitectura es deliberada: sitúa el control deontológico dentro de la propia institución y fuera del alcance de la disputa partidista.

El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías de forma específica para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Y hay órganos obligados a vigilar todo esto. El reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo y garantizar que estas normas de protección no queden, en palabras del propio texto europeo, en papel mojado. La Comisión Europea, por su parte, tiene potestad para actuar contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que antes de agosto de 2025 alguien podía interpretar, pese a las sentencias del TC, como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre el derecho al control parlamentario y la independencia profesional— es ahora una prohibición expresa de derecho europeo. El terreno que el PP quiere transitar ha cambiado.

Adelante Andalucía recurrirá ante la Junta Electoral el debate 'cara a cara' entre Juanma Moreno y María Jesús Montero que ha planteado RTVE para la campaña electoral de las andaluzas del 17 de mayo, según informa EFE. 

El líder de la formación de izquierdas, José Ignacio García, ha asegurado en una comparecencia ante los medios en el Parlamento de Andalucía que ese debate donde solo estarían el candidato del PP y la del PSOE supone "ignorar al 70% de los andaluces que en 2022 no votaron a ninguna de esas opciones".

Adelante Andalucía ha animado a RTVE a replantear su propuesta, en la que hay dos debates: uno con todos los partidos con representación parlamentaria, donde sí está la formación de izquierdas y al que piensan acudir, y otro en el que solo participarían Moreno y Montero. 

Si RTVE no cambia su propuesta, ha añadido García, será la Junta Electoral la que deba pronunciarse sobre esta cuestión, sobre la que ha pedido a PP y PSOE que "reflexionen".

García también se ha pronunciado sobre la fecha de las elecciones andaluzas, fijadas por el presidente de la Junta el 17 de mayo, de la que ha indicado que tiene relación con el conocido como caso mascarillas y sus presuntos implicados en Almería. 

"A final de mayo y durante junio, justo después de las elecciones, qué casualidad, desfilarán por los juzgados todos los imputados del caso mascarillas" de Almería, ha señalado el político gaditano. Para García, esa es la razón del "adelanto de las elecciones", que en 2022 se celebraron el 19 de junio y esta vez serán en mayo. 

Para Adelante Andalucía, esa fecha de los comicios es señal de "miedo y de que Moreno tiene mucho que ocultar" y una forma, ha añadido, de "robar el debate sobre la corrupción".

El expresidente de la Diputación de Almería, ha señalado José Ignacio García, no dimitió "hasta que le metieron en el calabozo y, según la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), pagaba la hipoteca con mordidas de corrupción que ingresaba en la cuenta de sus padres ya fallecidos".

García, que ha reclamado un debate sobre corrupción, ha calificado de "rastrero" este caso en el que, ha asegurado, se desvió dinero "para el covid-19" en beneficio de unos pocos.

RTVE ha respondido este lunes con un comunicado institucional a la propuesta del Partido Popular de crear una comisión de investigación en el Senado sobre la corporación pública. La respuesta es jurídicamente muy relevante porque abre un frente inédito en España: el texto invoca por primera vez el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025, que prohíbe expresamente a los Estados miembros —incluidas sus autoridades y organismos reguladores— interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de comunicación.

RTVE sostiene que la iniciativa del PP viola ese marco normativo, “se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, por lo que, avisa, hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que significa que está dispuesta a pedir el amparo de las instituciones comunitarias.

El argumento central de la corporación no es la ilegitimidad formal del Senado como institución —el comunicado reconoce “total respeto institucional hacia la Cámara Alta”— sino la orientación concreta de la comisión. Según RTVE, el problema no es que el parlamento fiscalice, sino que la comisión propuesta apunta directamente a “cuestionar la actual línea informativa” de la radiotelevisión pública.

Eso, a juicio de la corporación, cruza una línea: transforma el control institucional en lo que el comunicado llama, sin rodeos, “juicio político”. “Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un ‘tribunal de medios’, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales", subraya el comunicado.

El reglamento citado por RTVE —conocido como European Media Freedom Act— fue aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 y es de obligado cumplimiento en España desde el verano de 2025. Su artículo 4.2 constituye uno de los pilares garantistas del texto: establece que ningún poder público —lo que incluye al Senado— puede presionar o condicionar las decisiones editoriales de los medios, incluidos los públicos. La intención del legislador europeo era precisamente blindar a las redacciones frente a los gobiernos, pero la norma opera en todas las direcciones: también frente a la oposición cuando actúa desde instituciones del Estado.

RTVE convierte ese precepto en el eje de su defensa. La tesis implícita del comunicado es que una comisión parlamentaria orientada a interrogar la línea editorial de un medio público no es fiscalización presupuestaria ni control de gestión: es injerencia. Y que la injerencia, en el marco comunitario vigente, no es un asunto opinable sino una infracción normativa.

Es un movimiento inédito desde el punto de vista estratégico. En lugar de entrar en el debate político sobre si la cobertura de RTVE es o no sesgada —terreno en el que el PP lleva años intentando instalar la discusión—, la corporación eleva el conflicto a un plano jurídico donde la pregunta que se plantea es distinta: ¿puede una cámara legislativa investigar las decisiones editoriales de un medio público sin vulnerar el derecho europeo?

El comunicado incluye un reproche que va más allá del caso concreto. RTVE señala que el sistema español ya cuenta con mecanismos de control específicos para la radiotelevisión pública: la Comisión de Control Mixta del Congreso y el Senado, y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Lo que el texto no dice de forma explícita pero deja en el aire es que esos instrumentos existen precisamente para evitar lo que ahora se propone: que el control ordinario derive en control político extraordinario.

La referencia a la Comisión Mixta tiene, además, una carga adicional. El comunicado menciona que ese órgano está siendo dejado ahora “sin competencias”. Si el PP propone una comisión de investigación al mismo tiempo que se vacía de contenido el órgano ordinario de supervisión, el resultado es la sustitución de un mecanismo técnico por uno político. RTVE no lo llama así literalmente, pero la secuencia que describe apunta en esa dirección.

El comunicado no es solo una respuesta jurídica. Es también un mapa del contexto. RTVE recuerda que esta iniciativa llega “pocos días después de que la patronal de las televisiones privadas —UTECA— intentara bloquear la comercialización del Mundial de fútbol 2026”. La mención no es accidental: sitúa la propuesta del PP en una secuencia de presiones que la corporación interpreta como coordinadas, aunque no lo diga con esas palabras.

Al vincular esa disputa económica con la iniciativa parlamentaria del PP, el comunicado construye una narrativa de hostigamiento coordinado: intereses privados del sector audiovisual e intereses políticos de la oposición coincidiendo en el mismo momento y con el mismo objeto, que sería debilitar o deslegitimar a la corporación pública. RTVE lo formula con contención pero con claridad: está ”desarrollando su actividad en un contexto en el que se mezclan intereses partidistas y económicos”.

Frente a ese contexto, la corporación contrapone datos. RTVE alega que La 1 ha alcanzado un 12,2% de cuota de pantalla en enero de 2026 y un 12,3% en febrero, sus mejores cifras de audiencia en 14 años. Las últimas cuentas anuales reflejan una reducción del 7,6% en los gastos de explotación, un recorte del 18,7% en el gasto en programas y un beneficio neto de 55,6 millones de euros, sin ninguna salvedad contable. El comunicado subraya que esas cuentas no han sido recurridas judicialmente ni por el PP ni por sus consejeros.

El PP ha incluido en su propuesta varios asuntos concretos: la devolución de fondos europeos, la investigación sobre Loterías y el endeudamiento derivado de un conflicto con la Agencia Tributaria por el IVA. RTVE desmonta cada uno de ellos.

Los fondos fueron devueltos en 2024 y redistribuidos por las autoridades competentes. El asunto de Loterías no supuso pérdida de dinero público, sino un "trasvase entre dos sociedades estatales que benefició a ambas". El conflicto del IVA se inició en 2015, es ajeno a la operativa actual de la corporación y resulta incompatible con un balance auditado sin salvedades. La conclusión del comunicado sobre estos tres casos es la siguiente: "Se demuestra así el objetivo de rescatar expedientes cerrados para generar confusión".

La parte más llamativa del comunicado es, paradójicamente, la más genérica. En el último tramo, RTVE advierte de que en el debate político actual hay "posiciones que, bien directamente o por tolerancia, cuestionan la propia existencia de RTVE". Y añade que se trata de "expresiones y planteamientos inéditos en nuestra democracia".

La corporación no cita a nadie. No atribuye esas posiciones al PP como partido ni a ningún dirigente concreto. No dice que el PP quiera cerrarla. Dice que en el entorno político en el que se mueve hoy hay voces que lo plantean. Y que eso, como mínimo, merece ser nombrado.

El comunicado cierra con una apelación a los principios constitucionales y a la función democrática de los medios públicos. Y se pregunta abiertamente si la iniciativa del PP responde "realmente a un interés por mejorar el servicio público o si se aplican criterios distintos en otros territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público", en alusión al férreo control que el PP ejerce sobre televisiones y radios allí donde gobierna.

El Partido Popular registró este lunes en el Senado una solicitud de comisión de investigación sobre “la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público”. Es la séptima iniciativa de este tipo que impulsa el partido de Alberto Núñez Feijóo en la cámara que controla con mayoría absoluta en lo que va de legislatura.

El texto, de cuatro páginas, enumera acusaciones de una gravedad extraordinaria: balances ficticios, artificios contables, administración desleal, conflictos de interés, irregularidades en la contratación de personal y contratos que, según afirman, habrían beneficiado a “empresarios con responsabilidades penales”. Muchas de ellas son afirmaciones que, de ser ciertas, tendrían encaje en el Código Penal. Pero el PP no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía ni ante ningún juzgado. Ha elegido el Senado, donde controla la agenda, los tiempos y las conclusiones.

Lo cierto es que el PP ya tiene la investigación hecha, a juzgar por la rueda de prensa en la que la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García, presentó la iniciativa. RTVE, señaló repetidamente, es “telepedro”. El presidente de la corporación, José Pablo López, ejerce “como auténtico delegado del Gobierno” y ha convertido la radiotelevisión pública en “una agencia de colocación privada al servicio del poder”.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron cuál era exactamente el modelo que el PP proponía para RTVE, García no contestó: “No le voy a avanzar las conclusiones porque tendrán que ser los trabajos de la propia comisión”. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, se limitó a decir: “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

El reglamento del Senado permite la creación de comisiones de investigación al amparo del artículo 59.1. Su utilidad es política y parlamentaria, no judicial: pueden recabar documentación y citar a comparecer, pero sus conclusiones no tienen fuerza de ley ni valor procesal.

El PP lo sabe, y también que el Senado es la única cámara en la que su mayoría absoluta le permite impulsar esta clase de iniciativas sin depender de socios parlamentarios. En el Congreso, el escenario sería otro.

El documento registrado este lunes invoca la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal, y su artículo 2.1, que define el servicio público de radiotelevisión como “un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas”. A partir de él, el texto sostiene que RTVE ha ido “alejando crecientemente” a la corporación de esos cometidos para convertirla en “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Como prueba de esa deriva, el PP menciona la externalización de programas de infoentretenimiento —que, según el escrito, eluden el artículo 7.5 de la misma ley, que obliga a que los informativos sean cien por cien de producción propia, aunque RTVE siempre ha alegado que son programas de actualidad, no informativos—, la contratación de lo que llama “presentadores estrella” mediante contratos mercantiles que, según el PP, ocultarían relaciones laborales, y la devolución de fondos europeos no gastados de un programa de formación que no alcanzó las matrículas previstas y que el PP, sin aportar pruebas, se esfuerza en presentar como indicio de una utilización fraudulenta del dinero.

Los programas de infoentretenimiento están precisamente en el punto de mira del Consejo de Informativos de TVE, el órgano de representación de los periodistas, con el que la presidencia de RTVE sostiene un llamativo pulso desde que estos espacios fueron acusados de servir de vehículo a mensajes de odio.

Nada de esto es nuevo. Lo que sí lo es la urgencia con la que el PP necesita desacreditar RTVE, cada vez con más audiencia, a doce meses de las elecciones generales de 2027, en las que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a lo que probablemente será su última oportunidad de llegar a La Moncloa.

RTVE atraviesa su mejor etapa de audiencia en años. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, lidera su franja horaria de mañana rozando el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz, se ha situado por encima de programas históricos de la competencia como los de Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. La Revuelta, de David Broncano, compite directamente con El Hormiguero de Antena 3, propiedad del Grupo Planeta, empresa considerada afín al PP. El canal de 24 horas registró su mejor dato en quince años. Y los informativos, que ya son líderes por la mañana, crecen mes a mes en todas las franjas horarias.

Son programas que resultan incómodos para el PP por una razón estructural: a diferencia de las entrevistas en Antena 3 o Telecinco —televisiones más afines—, en los programas de TVE los representantes del partido deben responder a preguntas que sus interlocutores no filtran previamente.

Hay un factor personal que explica en parte la relevancia que la calle Génova concede al objetivo de desacreditar a RTVE. Existe evidencia demoscópica de que una entrevista de Intxaurrondo a Feijóo en La Hora de La 1, en la que el líder del PP fue desmentido en directo pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023, contribuyó de forma significativa a que no alcanzara La Moncloa. Todo indica que la herida sigue abierta.

El PP critica en su solicitud al Senado los “nombramientos a dedo” y las “purgas de profesionales independientes” en RTVE. Es una acusación que, aplicada a los medios públicos autonómicos que el propio partido controla, describe con bastante precisión su propia política.

Es el caso de la gallega CRTVG, ahora reconvertida en CSAG, en la que los trabajadores de Radio Galega y la Televisión de Galicia llevan años protestando —los llamados “venres negros”— y denunciando el sometimiento editorial al Ejecutivo autonómico. La Xunta de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, derogó hace menos de un año la ley que hubiera obligado a elegir al máximo responsable de los medios gallegos con una amplia mayoría parlamentaria: la norma nunca se aplicó precisamente porque habría puesto fin al control unilateral del PP.

En la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón rebajó las mayorías necesarias para controlar À Punt antes incluso de que la catástrofe de la dana pusiera en cuestión toda su gestión de gobierno. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo lo propio con Telemadrid en 2021. Sucedió lo mismo en Andalucía con Canal Sur.

El State Media Monitor 2025, informe elaborado por el Media and Journalism Research Center que analiza la libertad editorial de 606 medios públicos en 170 países, ofrece un retrato elocuente de esta situación. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades y mínima autonomía editorial—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala directamente al Partido Popular como motor de ese deterioro.

En la rueda de prensa de este lunes, los periodistas presentes intentaron, sin éxito, obtener respuestas concretas a preguntas elementales. ¿Cuál es el modelo de RTVE que propone el PP? ¿Les parece bien el sistema de elección del Consejo de Administración aprobado por decreto en 2022? ¿Con el PP en el poder habría producción externa en informativos o se eliminaría por completo? ¿Citarán a periodistas a comparecer?

Su portavoz en el Senado no respondió a ninguna de ellas en términos sustantivos. “Dejen que hoy funcione el trabajo de esta comisión antes de anticipar cuáles son [las conclusiones], porque lógicamente no tendría mucho sentido si yo le anticipo cuáles son”, dijo ante la pregunta sobre el modelo.

Es una posición que resulta difícil de sostener: una comisión de investigación parlamentaria no suele presentarse sin que sus impulsores tengan, al menos, una hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación.

Falta aproximadamente un año para que se celebren elecciones. Feijóo se lo jugará todo por segunda vez consecutiva. En ese contexto, el calendario de la comisión —que deberá debatirse en pleno, abrir un plazo de constitución y presentar su plan de trabajo antes de empezar a citar comparecientes— garantiza que su actividad se desarrollará en plena precampaña.

La BBC, señalada por el informe del State Media Monitor entre los escasos medios públicos europeos que mantienen la categoría de “independientes”, acaba de atravesar una crisis sin precedentes provocada, en buena medida, por una operación política coordinada desde dentro de su propio Consejo de Administración con el objetivo de debilitar su credibilidad editorial.

El paralelismo con lo que ocurre en España tiene sus límites —las instituciones, la cultura mediática y los actores son distintos—, pero la lógica subyacente es la misma: atacar la credibilidad de un medio público que no se puede controlar directamente.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público, según inform aE.

La solicitud de creación se ha registrado este lunes, ha explicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, en los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal adolece de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García ha destacado que RTVE sufre una grave instrumentalización política y además tiene capítulos oscuros como la inédita repetición de unas oposiciones y la devolución de 29,4 millones de euros de fondos europeos, más 1,3 millones en intereses de demora, por una incompetencia para su ejecución.

Según la solicitud registrada, facilitada a la prensa por el PP, para la "contraprogramación política" a la oposición, con "propaganda partidista y gubernamental", RTVE recurre a productoras privadas externas, "bajo el eufemismo de infoentretenimiento". 

En opinión de García, la pérdida de credibilidad y neutralidad de RTVE es tan grande que indagar sobre las causas requería una comisión diferenciada a la ya existente, mixta de diputados y senadores.

Preguntada sobre la gestión de RTVE en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, la portavoz del PP en el Senado ha evitado una comparación y ha reiterado su referencia a las irregularidades recientes en la gestión de los fondos europeos, como asunto que la nueva comisión de investigación tendrá que analizar. 

En cuanto a quiénes comparecerán, una vez que sea aprobada por el Pleno y que cuente con un plan de trabajo aprobado en la comisión, fuentes del PP han señalado que quien lo hará seguro será el presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López.

La guerra entre las televisiones privadas y RTVE por la publicidad del Mundial de Fútbol 2026 ha escalado en pocas horas. Apenas un día después de que la patronal de las cadenas comerciales, UTECA, enviara un requerimiento exigiendo a la corporación pública que dejara de vender espacios publicitarios a marcas que no sean patrocinadoras oficiales del torneo, RTVE ha respondido por burofax con una carta que deja poco espacio a la diplomacia. La cadena pública no solo rechaza cada uno de los argumentos de UTECA, sino que va más lejos: acusa a la asociación de emprender una campaña para desprestigiarla y se reserva el derecho a llevarla ante los tribunales.

El documento, firmado por Alfonso María Morales, secretario general de CRTVE, desmonta el razonamiento jurídico de UTECA desde el principio. La patronal de las privadas argumentaba que la ley de financiación de RTVE de 2009 solo permite a la corporación pública vender publicidad vinculada a los patrocinios que forman parte del propio contrato de retransmisión. En otras palabras: si la FIFA vende los derechos del Mundial con tres patrocinadores incluidos, RTVE solo podría ofrecer espacio publicitario a esas tres marcas, y a ninguna más.

RTVE rechaza de plano esa lectura. Según la corporación, esa interpretación quedó descartada hace tiempo. En 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo encargado de vigilar que RTVE cumple las reglas— respondió a una consulta de la propia cadena pública y dejó por escrito que la ley no exige que los patrocinios formen parte “indivisible” de la compra de derechos. En lenguaje llano, eso significa que RTVE puede buscar sus propios anunciantes para el Mundial, más allá de los que la FIFA imponga en el contrato.

La CNMC, recuerda RTVE, reiteró este criterio en 2025 a raíz de una denuncia de la propia UTECA. Es decir, las televisiones privadas ya intentaron por la vía regulatoria que se pusiera coto a la publicidad del Mundial en RTVE y perdieron. La CNMC archivó el expediente sin dar la razón a UTECA.

RTVE añade, además, que lo que está haciendo con el Mundial no es ninguna novedad. La corporación ha aplicado el mismo modelo comercial en los últimos años para retransmitir la Copa del Rey, la Eurocopa femenina, la Liga de Naciones y los partidos de las selecciones nacionales. En todos esos casos, buscó sus propios anunciantes más allá de los patrocinadores que venían incluidos en los contratos de derechos. Y en ninguno de esos casos UTECA se quejó. Ahora que llega el Mundial —el evento más grande y con más dinero en juego—, las privadas sí reaccionan. Para RTVE, ese cambio de actitud no es casual y forma parte de algo más grande.

El párrafo más duro de la carta de RTVE no está en los argumentos jurídicos, sino casi al final. La corporación acusa directamente a UTECA de difundir manifestaciones e imputaciones inexactas que pueden causarle “daños sustantivos”, y lo califica de “significada temeridad”, teniendo en cuenta que la asociación ya conoce los pronunciamientos del regulador. Luego va más lejos: “Somos conscientes de que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público”.

En términos legales, RTVE advierte de que lo que ha hecho UTECA podría ser considerado un acto de denigración —figura regulada en la ley de competencia desleal— y que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales. En la práctica, la cadena pública está amenazando con demandar a las televisiones privadas, que son las que habían amenazado con demandar a RTVE. El choque frontal está servido.

Para entender por qué esta disputa es tan intensa, hay que ver las cifras. RTVE pagó 55 millones de euros por los derechos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es una inversión enorme para una cadena que no tiene publicidad convencional. La única forma de recuperar parte de ese dinero es a través de los patrocinios que la ley le permite. Cuantos más anunciantes pueda atraer gracias al tirón del Mundial, más dinero recupera.

Para las televisiones privadas —Atresmedia y Mediaset son los grandes nombres detrás de UTECA—, cada euro que un anunciante destina a patrocinar el Mundial en RTVE es un euro que no va a sus canales. El mercado publicitario televisivo no crece: lleva años bajo presión por el avance de las plataformas digitales, y los grandes eventos deportivos son uno de los pocos contenidos que todavía garantizan audiencias masivas y, con ellas, tarifas publicitarias altas.

El Mundial es exactamente ese tipo de contenido. Que RTVE lo use para captar anunciantes —con el respaldo de los fondos públicos y las aportaciones obligatorias de los propios competidores— es algo que las privadas no están dispuestas a aceptar sin pelear.

La disputa entre RTVE y las televisiones comerciales sobre el reparto de la publicidad no nació con este Mundial. Es un conflicto estructural que viene de 2009, cuando el Gobierno de Zapatero retiró la publicidad convencional de los canales públicos a cambio de que las privadas aportaran una parte de sus ingresos para financiar RTVE. Ese pacto tenía una lógica: si las privadas pagan para que RTVE funcione sin publicidad, el mercado publicitario queda libre para ellas.

El problema es que la ley dejó abierta una puerta: RTVE puede seguir comercializando patrocinios. Y lo que está en discusión ahora mismo es exactamente qué tan ancha es esa puerta. Las privadas quieren que sea lo más estrecha posible. RTVE, respaldada por los pronunciamientos de la CNMC, sostiene que es mucho más amplia de lo que UTECA pretende.

Con la reguladora del lado de RTVE y los tribunales como única vía que le queda a UTECA, la cuestión ahora es si las televisiones privadas cumplirán su amenaza de llevar esto ante un juez sabiendo que no cuentan con el respaldo del organismo regulador. De momento, la guerra de comunicados ha terminado en empate técnico. Pero el Mundial empieza en junio, y el tiempo apremia.

La ofensiva abierta por el actual Consejo de Informativos de TVE (CdI) contra algunas decisiones del presidente de la corporación, José Pablo López, en particular su cuestionamiento de dos de los programas de infoentretenimiento en los que se está apoyando la recuperación de audiencias de la cadena —Mañaneros 360 y Malas Lenguas— ha derivado en un enfrentamiento que amenaza el buen momento que vive una redacción atrapada en el fuego cruzado entre ambos bandos. Y que cada vez se ve más presionada para tomar partido en un asunto en el que, según las fuentes consultadas por infoLibre, abundan las zonas grises.

Más allá de las consignas, los periodistas con historia en TVE, muchos de los cuales vivieron desde dentro el sometimiento de la radio y la televisión pública al PP de Mariano Rajoy durante el mandato de José Antonio Sánchez, no se casan con el diagnóstico feroz con el que el CdI trata de descalificar estos programas, pero tampoco con la furibunda reacción del presidente y del Consejo de Administración, que han fijado mediados del mes de marzo como límite para que se haga pública una rectificación bajo la amenaza de emprender acciones legales contra los representantes de los periodistas y técnicos de los que dependen los informativos de la casa. Una rectificación que la dirección de TVE asegura focalizar en un asunto muy concreto: la acusación de que “RTVE tiene altavoces que difunden mensajes de odio”.

En contra del retrato simplista que algunos medios han hecho de él como un peón de la derecha, fuentes consultadas por este diario describen a Óscar Nieto, el actual presidente del CdI, como un profesional vinculado sindicalmente a Comisiones Obreras, una organización que siempre ha sido muy combativa con los presidentes de RTVE. Aunque, en reralidad, la elección de los miembros del CdI se hace de manera individual, en candidaturas personales que no representan a ninguna organización.

Es verdad, admiten las mismas fuentes, que las elecciones al Consejo de Informativos han ido perdiendo interés por parte de los llamados a votar (periodistas, técnicos y profesionales de la redacción). Y que cada vez hay menos personas dispuestas a asumir el coste personal y profesional de defender la independencia de los servicios informativos, lo que ha reducido el peso de los periodistas con más experiencia, los que recuerdan en primera persona las épocas en las que los informativos estaban sometidos al poder político.

El Consejo de Informativos, preguntado al respecto por infoLibre, asegura haber recibido la reacción de los actuales responsables de la corporación “con sorpresa”. “No hay precedentes en los 18 años de existencia de los Consejos de informativos de RTVE”, aseguran.

De momento, el CdI no quiere pronunciarse acerca del plazo que les han puesto para rectificar porque “está estudiando el escrito recibido y le dará respuesta cuando pueda, porque es un órgano colegiado”. Tampoco han decidido si va a llamar a la movilización de los periodistas de la cadena.

Entretanto, no van a responder a su contenido ni a las críticas de los medios que les acusan de politización, toda vez que su único objetivo, subrayan, “es garantizar la independencia de RTVE”.

Es aquí donde muchos se muestran críticos con el CdI: en el coste que sus pronunciamientos están teniendo para la reputación de los telediarios y los programas informativos que sí son elaborados por el personal de la casa.

Preocupa "la imagen que se está construyendo contra Televisión Española desde algunos medios, los más de derechas y conservadores". En la época en la que "la manipulación era brutal en los telediarios, no decían nada. Y ahora, si coges cualquier telediario al azar de los últimos dos años —desde los matinales hasta el cierre de noche— no hay color con lo que había antes", lamenta un periodista de TVE que prefiere no revelar su nombre.

Muchos en la redacción viven esta situación con pesar, sobre todo porque coincide con un momento en el que los informativos mejoran semana a semana en términos de audiencia e incluso han sido capaces de ganarse el liderazgo en eventos especiales, precisamente cuando la demanda de información es mayor.

"Comparado con lo que había hace nueve años, la diferencia es abismal". Quien hace esta afirmación rememora casos sonados de noticias censuradas y de redactores que recibían directamente el argumentario del PP para construir las piezas que después iba a emitir el telediario. "Ahora no hay ni una pega", subraya.

Fuentes conocedoras de la atmósfera que se respira estos días entre los trabajadores de RTVE aseguran que, aunque es verdad que el CdI pudo cometer hasta "errores de bulto" en su informe sobre Mañaneros 360 y Malas Lenguas, "la dirección también se equivoca al entrar en enfrentamiento con ellos", porque con independencia de la opinión que merezca el trabajo que está haciendo, sigue siendo el órgano que representa a los que tienen la responsabilidad de elaborar la informaicón que después llega a los ciudadanos.

Eso sin contar con el hecho de que, incluso quienes son críticos con la beligerancia del CdI, en particular en estos momentos, admiten que estos dos programas "están algo sesgados y a veces se pasan un poco". Pero también es verdad, añaden, "que están teniendo una audiencia enorme y parece que desde el Consejo de Informativos se está haciendo un juego sucio a unas empresas que están cosechando muy buenos datos".

Los que sostienen esta opinión lamentan además que los elementos criticables de estos programas estén siendo utilizados por determinados medios, afines a la derecha, que nunca denunciaron "la manipulación y la censura grosera" de la época del PP, para hacer "una enmienda a la totalidad de unos informativos" que la mayoría de los trabajadores considera "impecables".

El conflicto, además, no se basa solo en el supuesto sesgo, mayor o menor, de esos programas, sino que se alimenta de un asunto que desde hace décadas genera tensiones entre la presidencia de RTVE y sus empleados: la externalización de la producción. Un frente de batalla que, en realidad, es más del Comité de Empresa que del Consejo de Informativos, porque tiene que ver con lo laboral y no con los contenidos, que son los únicos acerca de los cuales tiene competencias el CdI.

Al final del día, en la redacción de informativos de RTVE lo que más molesta, según las mismas fuentes, es "que se utilice un informe sesgado del Consejo de Informativos para manchar el producto informativo de Televisión Española". En particular "en un momento en el que nos va muy bien de audiencia y en el que los datos de los informativos son impecables". Nada de lo que se está denunciando, insisten, aunque fuese en su totalidad cierto, sería "comparable con lo que había antes".

El pasado 2 de diciembre de 2025, cuando el presidente del Consejo de Informativos (CdI) de TVE, Óscar Nieto, tomó la palabra por videoconferencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se produjo una paradoja.

La sesión había sido convocada para revisar una petición sobre "la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE" registrada en 2017, ocho años antes, cuando en España gobernaba el PP y al frente de la radiotelevisión pública estaba José Antonio Sánchez, hoy cabeza visible de la independiente Telemadrid y entonces orgulloso votante del PP.

El salto temporal —hoy RTVE la preside José Pablo López, al que Ayuso puso en la calle para acabar con el periodo de mayor prestigio e independencia de la historia de la tele pública madrileña— no fue sin obstáculos, porque la situación ha cambiado mucho. Pero Nieto no desaprovechó la oportunidad que le brindaba una iniciativa que había permanecido dormida en Estrasburgo durante casi una década para asegurar que el problema de RTVE "sigue vigente", dando a entender que la situación de sometimiento y control político de entonces es equiparable a la de hoy. Aunque las evidencias puestas sobre la mesa y, sobre todo, las denuncias a cara descubierta, sean incomparables.

El presidente del CdI, eso sí, explicó a los eurodiputados que "RTVE ha vivido malas épocas bajo distintos Gobiernos, del PSOE y del PP”. Y que, con el cambio de ley de 2024 —el que desbloqueó la gobernanza de los medios públicos devolviendo el control a la mayoría absoluta del Congreso, un modelo incompatible con el vigente Reglamento Europeo de Libertad de Medios, EMFA por sus siglas en inglés—, "hubo protestas de los trabajadores y del Consejo de Informativos por considerar que supuso un ataque a la independencia, la neutralidad y el pluralismo".

La base de la acusación pública del CdI tiene que ver más con la externalización de determinados programas y su praxis profesional que con denuncias concretas sobre consignas dirigidas a los periodistas de RTVE. En el punto de mira, programas como Mañaneros 360, Malas Lenguas o Directo al grano, que el CdI considera informativos —lo que impediría su externalización—, pero que la actual presidencia de la corporación califica de "programas de actualidad", lo que le permite echar mano de productoras privadas.

Nieto denunció también los ataques que reciben los periodistas de RTVE y, aunque no los citó por su nombre, también aludió a las reiteradas amenazas de Vox de disolver la corporación y entrar en ella "con lanzallamas y motosierras".

Para entender el alcance del conflicto es imprescindible comprender qué es el Consejo de Informativos. Nacido al amparo de la Ley 17/2006, que refundó RTVE como corporación pública, es el órgano elegido por los propios periodistas, técnicos y profesionales de la televisión para velar por la independencia, la neutralidad y el pluralismo de los contenidos informativos.

Sin capacidad sancionadora directa, sí tiene poder de denuncia, de investigación interna y de presión institucional. Y a lo largo de su historia ha actuado como contrapeso frente a Gobiernos de distinto signo: lo hizo contra los excesos del PP durante la etapa Rajoy, y lo hace ahora —según sus propios miembros— frente a lo que consideran una deriva análoga bajo el Gobierno de coalición.

En su versión actual, el CdI se constituyó el 4 de abril de 2025. Óscar Nieto, camarógrafo de profesión y, según algunas fuentes, próximo a Comisiones Obreras, fue elegido presidente y su mandato expira en abril del año que viene, a las puertas de lo que se avecina como una durísima campaña electoral en la que el papel de los medios públicos será juzgado con lupa. El CdI no respondió a las peticiones de información que le ha hecho llegar infoLibre en los últimos días para conocer, entre otras cosas, la composición completa de este órgano de representaciñón profesional.

Sus críticos han señalado que la participación en la elección que llevó a Nieto a la presidencia rondó el 40% del censo, lo que situaría su respaldo directo en torno al 14% del total de la plantilla con derecho a voto. Un argumento esgrimido con frecuencia para cuestionar la legitimidad representativa del órgano, pero que apenas se sostiene si se compara con elecciones anteriores. Es verdad que ha descendido la participación, pero no tanto como para cuestionar la legitimidad del Consejo.

Es el historial combativo del CdI lo que alimenta las críticas de quienes celebran los nuevos programas y no observan —o minimizan— los sesgos políticos en sus contenidos. Porque el nuevo Consejo no tardó ni un mes en hacer su primera gran jugada. El acta constitutiva del 4 de abril de 2025 incluía ya el anuncio de una investigación interna sobre el documental 7291, emitido el 13 de marzo en La 2 y Canal 24 Horas. El documental abordaba las muertes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Las preguntas que el Consejo trasladó a la dirección eran de calado editorial, pero muchos vieron en ellas una equidistancia incompatible con la gravedad de lo ocurrido en las residencias bajo la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso: ¿por qué se programó un "especial" para una producción externa? ¿Por qué el foco geográfico se limitó exclusivamente a Madrid y a un periodo concreto? ¿Cumplía el tratamiento los criterios de equilibrio territorial y proporcionalidad que exige el manual de estilo de RTVE? El CdI pretendía poner sobre la mesa, desde el primer momento, el debate sobre la externalización de contenidos informativos y la posible influencia de la agenda política en las decisiones de programación.

El caso 7291 fue también la primera chispa de la guerra política en torno al Consejo. Medios y voces afines al Gobierno señalaron que la investigación respondía a una lectura sesgada de la realidad: que cuestionar un documental sobre las muertes en residencias madrileñas durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso era, en sí mismo, un acto de alineamiento con la derecha. El Consejo rechazó esa lectura y defendió que su función es velar por los criterios editoriales con independencia del color político del contenido cuestionado.

Pero el verdadero campo de batalla del mandato está siendo, sin embargo, la externalización de programas de actualidad política, parte sustancial de la mejora sin precedentes en cuotas de audiencia que acompaña a RTVE desde hace meses. Un asunto que, en rigor, es más competencia del Comité de Empresa que del CdI.

La dirección de RTVE, con José Pablo López al frente, apostó por una parrilla que incluía espacios de infoentretenimiento producidos por empresas externas: Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz y Adela González; Malas lenguas, conducido por Jesús Cintora; y Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró.

El Consejo de Informativos ha hecho del combate a estos programas una prioridad. El argumento central es editorial y laboral: que esos formatos no solo profundizan en la subcontratación de la producción, sino que externalizan también la agenda informativa, delegando en productoras privadas el control sobre qué se discute y desde qué ángulo se presenta en la televisión pública.

Durante ese periodo, el Consejo también impulsó la vuelta simbólica a los "viernes negros", la protesta por la que los trabajadores se visten de ese color para expresar su malestar con la gestión editorial, aunque de momento con alcance poco más que testimonial. Y denunció que la dirección había puesto trabas a la realización de una encuesta interna sobre el estado de ánimo de la plantilla respecto a esos programas de actualidad, algo que la corporación ha desmentido argumentando que lo único que hizo fue proteger los datos de los trabajadores, no impedir la encuesta.

La tensión ha acabado tomando color político. PP y Vox mantienen una batalla frontal contra el actual presidente de RTVE, intensificada desde que la audiencia sonríe a la nueva programación y amenaza la hegemonía de sus aliados audiovisuales privados, en particular Antena 3. Y algunos medios alineados con la izquierda han hecho de la caracterización del CdI como un organismo dominado por afines a la derecha su principal argumento para tratar de desautorizar las protestas que formula en nombre de los trabajadores de RTVE.

En las últimas semanas, el enfrentamiento ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Tras recibir más de un centenar de quejas internas y actuar también de oficio, el Consejo hizo público un extenso análisis sobre Mañaneros 360 y Malas lenguas en el que concluía que ambos programas incumplían de forma habitual y grave el Manual de Estilo de RTVE. Los cargos concretos: tratamiento sesgado de la actualidad, selección de tertulianos que proyecta una visión política determinada y confusión sistemática entre opinión e información, presentando la primera con apariencia de la segunda.

El informe subrayaba también la responsabilidad institucional de RTVE por avalar con su marca y sus infraestructuras formatos que delegan el control de la agenda política en productoras externas y en sus propios criterios editoriales. Era, en definitiva, la acusación más articulada que el Consejo había lanzado hasta ese momento.

La réplica de la corporación, a través del consejo de administración, fue contundente. No solo desmontó, una a una, las acusaciones del CdI, sino que, en defensa de la reputación de RTVE, amenazó a los representantes de los trabajadores con llevarlos a los tribunales si no rectificaban públicamente el informe en el que cuestionaron los programas de La 1. El plazo para que presenten esa rectificación acaba a mediados de marzo, cuando se celebre la próxima reunión del Consejo de Administración.

La batalla interna está teniendo lugar en un momento extremadamente delicado, en el que las audiencias de la televisión en abierto —privadas y públicas— no dejan de caer, en el que los partidos políticos españoles —a izquierda y derecha— se niegan a abrir el debate sobre la regulación de la independencia en los términos que mandata la EMFA, y a las puertas de una campaña electoral decisiva.

Ocho argumentos numerados, una petición de rectificación y una pregunta que recorre todo el texto como una corriente de fondo: ¿puede un órgano institucional acusar de delitos de odio, sesgo sistemático y mala praxis a periodistas concretos a partir del análisis del 3% de su producción? 

La respuesta que la corporación pública ha dado este martes es un ‘no’ rotundo. El consejo de administración de RTVE (su máximo órgano de gobierno) ha aprobado por mayoría absoluta —con los votos del bloque de investidura y el rechazo de los consejeros propuestos por el PP— adherirse a un documento elaborado por la dirección de TVE que rebate de forma pormenorizada el informe que el Consejo de Informativos (CDI) publicó el pasado 13 de enero contra Mañaneros 360 y Malas Lenguas, e insta al CDI a rectificar.

El conflicto viene de lejos. En mayo de 2025, el Consejo de Informativos anunció que abría una investigación de oficio sobre los dos programas de actualidad —producidos en colaboración con empresas externas— tras recibir supuestamente más de cien quejas internas. Ocho meses después, publicó un informe de 144 páginas en el que concluía que ambos espacios “incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales para la elaboración de información“ en RTVE. 

Las acusaciones eran de calado: sesgo sistemático a favor del Gobierno y del PSOE, difusión de noticias falsas, responsabilidad editorial opaca, uso ilegítimo de la marca VerificaRTVE y —la más grave— emisión de contenidos que podían constituir “mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad“. El informe fue remitido a más de mil personas de la plantilla de TVE y obtuvo una amplia repercusión mediática, además de dar lugar a encendidas intervenciones en la comisión del control del Congreso.

La réplica de la corporación ha tardado un mes en llegar y su tono es inusualmente contundente para un texto institucional. El documento aprobado este martes identifica ocho “hechos verificables” que, a juicio de la dirección, refutan las conclusiones del CDI. 

El primero y más estructural afecta a la metodología: el Consejo de Informativos analizó apenas 13 programas de un universo de más de 400 emisiones, es decir, aproximadamente el 3% del total. “Un análisis basado en 13 observaciones no permite, según los estándares metodológicos de la investigación social, realizar inferencias válidas ni generalizar resultados”, afirma el texto. Con ese tamaño muestral, y sin acreditar criterios de selección aleatoria, sistema de codificación replicable ni control de sesgos, la dirección de RTVE considera “improcedente” presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis y, más aún, trasladarla como un “identificativo de la Corporación”.

Pero es en el segundo punto donde el documento eleva la apuesta. La frase del informe del CDI que aseguraba que “es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad” recibe una respuesta que va más allá de la discrepancia editorial para adentrarse en el terreno jurídico. 

La corporación subraya que “mensajes de odio” no es una etiqueta retórica ni un adjetivo intercambiable; es un concepto con carga jurídica y social, estrechamente vinculado a conductas que el ordenamiento sanciona y que, en determinados supuestos, pueden constituir delito”. Imputar a RTVE que “sirve de altavoz”, argumenta el texto, no equivale a reprochar un enfoque periodístico discutible, sino a atribuir a la corporación “una actuación activa de amplificación o legitimación de discursos de odio”. Una acusación de esa naturaleza, concluye, exige una prueba que el informe del CDI nunca aporta.

El tercer punto desmonta lo que la dirección califica de falsedad “objetiva y documental”. El informe del Consejo de Informativos afirmaba en dos pasajes distintos que no le había sido posible identificar a los “verdaderos responsables editoriales” de los programas. 

Sin embargo, en el propio cuerpo del documento figura una respuesta escrita de la directora de Magacines de TVE en la que se identifica expresamente el marco de responsabilidad editorial: “La línea editorial la marca la Dirección de Magacines y la dirección de TVE y en cada programa hay personas de RTVE en el equipo de dirección que trabajan diariamente en la escaleta y la selección de contenidos”. El adjetivo “verdaderos”, utilizado por el CDI, no matiza nada, sostiene la réplica: directamente convierte una afirmación desmontada por la propia documentación del informe en una insinuación de opacidad.

El documento también confronta al Consejo de Informativos con lo que denomina su “doble rasero”. El CDI ha sostenido de forma reiterada que los especiales informativos deben recaer en los Servicios Informativos de TVE y no en programas elaborados por productoras externas. Esa exigencia, señala la dirección, se ha aplicado de forma específica cuando los especiales guardaban relación con la política —comités federales del PSOE, congresos de partidos—, pero no cuando otros programas producidos también externamente han cubierto emergencias meteorológicas de alcance nacional. 

La pregunta que formula el texto es directa: “¿Por qué el Consejo de Informativos de TVE no ha denunciado cuando el programa de productora Aquí la tierra ha elaborado especiales sobre los temporales de febrero?”. El órgano de representación no ha respondido todavía a esa pregunta.

En el extenso anexo que acompaña al documento —firmado directamente por los equipos de ambos programas—, las acusaciones de sesgo ideológico son rebatidas con los propios datos del informe. En los 13 programas analizados por el CDI, Leire Díez aparece en 103 ocasiones, Santos Cerdán en 70, Ábalos en 15 y Koldo García en 10: un total de 198 menciones a asuntos sensibles para el PSOE. “Resulta, por tanto, difícil sostener que los programas ‘dejan en un segundo plano’ lo incómodo para el Ejecutivo”, señala el texto, que recuerda que Mañaneros 360 llegó a realizar especiales con los ingresos en prisión de Ábalos, Koldo y Cerdán.

Sobre la acusación de no rectificar los errores cometidos —en particular el relacionado con el episodio de la “bomba lapa”: el programa difundió una información que resultó errónea sobre mensajes de WhatsApp de un agente de la UCO—, el anexo documenta que la corrección se realizó “de forma inmediata, clara, explícita y reiterada” en el primer programa posterior al error. 

El presentador Javier Ruiz explicó públicamente la interpretación correcta, se emitieron rótulos aclaratorios y el propio informe del CDI tuvo que modificar su redacción inicial quince días después de publicarlo, sustituyendo la acusación original de que los errores no se habían corregido “como marca la ley” por el más impreciso término “adecuadamente”. “Ninguno de los medios que habían publicado la primera versión se hicieron eco del reconocimiento del error”, apunta el texto con evidente ironía.

Quizá el fallo metodológico más revelador es el que afecta al análisis del pluralismo de Mañaneros 360. El CDI utilizó un listado de “analistas habituales en plató” para evaluar el equilibrio ideológico del programa. De los nueve colaboradores citados, cinco nunca habían aparecido en pantalla y un sexto no pertenecía al medio que se le atribuía. El margen de error en el elemento básico sobre el que se sustentaba la acusación de desequilibrio era, en consecuencia, del 66%. El Consejo de Informativos suprimió la tabla silenciosamente, también quince días después de la publicación y sin que los medios que habían difundido el informe informaran del cambio.

La exigencia de rectificación no es una mera declaración a beneficio de inventario. El consejo de administración ha anunciado que examinará en su próxima sesión de marzo la respuesta que reciba del CDI y que adoptará entonces “las medidas que considere pertinentes”. 

La pelota está, pues, en el tejado de un órgano que nació precisamente para vigilar el rigor ajeno y que ahora se enfrenta a una exigencia de acreditarlo en el propio. El texto de la dirección lo formula con la precisión de quien conoce bien el terreno: “Si el Consejo aspira a ejercer su función con autoridad, debe empezar por aplicar a sus propios informes el mismo estándar de rigor, verificación y responsabilidad que exige a los demás”.

En juego, más allá de los programas de Ruiz y Cintora, está la arquitectura de los controles internos en la televisión pública. Y qué ocurre con el daño reputacional infligido, entretanto, si un informe plagado de errores verificables ha circulado durante semanas entre miles de profesionales y en decenas de medios de comunicación.

El Consejo de Administración de RTVE ha contestado al Consejo de Informativos de TVE, que acusó de 'sesgo' ideológico y falta de rigor a los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, presentado por Javier Ruiz y Jesús Cintora respectivamente, con otro informe que le ha trasladado el presidente, José Pablo López, y que ha sido aprobado por mayoría, en el que pide una rectificación a este órgano interno de participación.

Se trata de un documento de diecinueve páginas, que lleva por titulo Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, un informe con ocho "hechos verificables" que ha trasladado el presidente al Consejo y que ha sido avalado por once vocales, los propuestos por los grupos que conforman el Gobierno de coalición, frente a los cuatro del PP.

Según el Consejo de Administración, las conclusiones del informe incurren en una "generalización temeraria, metodológicamente indefendible y jurídicamente arriesgada". Lo cree porque para sus consideraciones solo ha analizado trece programas sobre más de 400 emitidas, es decir, cerca de un 3% del total universo. "Con una muestra tan exigua —dice el texto—, y sin acreditar un diseño mínimamente representativo de selección aleatoria, ni un sistema de codificación replicable, ni criterios de evaluación estables, ni control de sesgos, es improcedente presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis del conjunto de los programas y mucho menos trasladarlo como un identificativo de la Corporación".

Por eso, la mayoría del Consejo de Administración defiende que "un informe construido sobre una muestra mínima y sin garantías metodológicas ni criterios verificables no solo debilita sus propias conclusiones, también compromete la credibilidad del Consejo de Informativos TVE como órgano de garantía".

Pero el órgano de Gobierno cree que lo más grave del informe del Consejo de Informativo es que considere "impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

Advierte de que esta "no es una crítica profesional", sino "una acusación que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito" de odio, y ello lo lleva a pedir una rectificación "de manera inmediata, clara y proporcional" porque mantener una acusación "de este calibre, sin una sola prueba compromete injustificadamente el honor" de TVE.

También en el documento se refiere a la responsabilidad editorial de los programas, a la que había aludido el Consejo de Informativos, al que acusa de tener "doble rasero" al defender que, cuando se producen hechos informativos de especial trascendencia, la cobertura debe recaer en sus servicios y no en programas elaborados por productoras. "Ese planteamiento —dice el Consejo de Administración— sería coherente, según sus argumentos, si se fija como principio que los especiales informativos corresponden a Informativos. La regla debería aplicarse siempre", apunta.

Se pregunta, entonces, por qué el Consejo de Informativos no ha denunciado cuando el programa de productora Aquí la tierra ha elaborado especiales sobre los temporales de febrero.Y continúa cuestionándose si existe un "doble rasero" y si "se activa la defensa estricta del ámbito de Informativos solo cuando el contenido es político".

Hay más argumentos en el informe para rebatir una presunta falta de credibilidad de RTVE por "estos programas y sus prácticas" y también por un posible uso de Verifica para "reforzar la tesis del programa" Malas Lenguas: "es una imputación implícita de enorme calado institucional, formulada sin una sola prueba y sin señalar un solo caso concreto que la respalde", señala.

También contesta a las acusaciones sobre una posible falta de diversidad de "voces y la pluralidad" y sobre que el humor de los guiñoles en Malas lenguas solo se utiliza para satirizar a una parte del espectro político. Se trata, según el texto, de una afirmación "falsa, formulada sin matices y sin respaldo empírico" y por ello, en su opinión, "exigiría, para ser mínimamente sostenible, un análisis sistemático del conjunto de piezas humorísticas emitidas".

Por primera vez, alguien invoca ante la justicia la violación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024 y en vigor desde 2025. Un texto legal que, en España, casi nadie está cumpliendo. Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana admitió a trámite la primera demanda presentada en nuestro país basada en la EMFA. Una iniciativa que abre un frente judicial inédito que, en teoría, puede redefinir las reglas del juego en la gestión de las radiotelevisiones autonómicas.

La historia que ha llevado a los tribunales valencianos a tantear este territorio inexplorado tiene todos los ingredientes de un caso paradigmático: un cambio de gobierno, una reforma legislativa exprés, unos mandatos interrumpidos sin justificación y, sobre todo, una nueva herramienta legal europea cuya eficacia real está aún por demostrar. 

Miquel Francés, expresidente del desaparecido Consejo Rector de la corporación que regula los medios públicos valencianos, junto con los vocales Lola Bañón y Javier Marzal, han decidido plantar cara a lo que consideran un cese de facto inmotivado, amparado en una ley que, según su lectura, vulnera de raíz las salvaguardas que Bruselas ha establecido para blindar a los medios públicos frente a las interferencias políticas. Los tres accedieron en su día a estos puestos en representación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

La cronología de los hechos dibuja un patrón conocido. Tras el vuelco electoral de mayo de 2023 en la Comunitat Valenciana, la nueva mayoría parlamentaria (PP y Vox) aprobó la Ley 2/2024, que suprimió la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y creó en su lugar la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA) con el único objetivo de someterla al control del Ejecutivo. En apariencia era un simple cambio de estructura corporativa. En la práctica, una vía para resetear el órgano de gobierno del ente público sin tener que esperar al fin natural de los mandatos vigentes. 

Los tres recurrentes ostentaban cargos con plazo de expiración fijado para el 15 de abril de 2029, es decir, con casi cuatro años por delante. Pero, desde el 11 de marzo de 2025, dejaron de ser convocados. Si la demanda es atendida, los tres tendrán que ser convocados a las reuniones del consejo de administración de la nueva corporación, el primero en calidad de presidente, hasta la finalización de sus mandatos en 2029.

Este tipo de operaciones a medida no es una novedad en el panorama mediático autonómico español. A lo largo de los últimos años, las radiotelevisiones públicas han funcionado en muchos territorios como botín político, con consejos de administración renovados al compás de los cambios electorales mediante reformas legislativas que permitían eludir la continuidad de los órganos de gestión. 

La novedad, esta vez, es que existe un instrumento jurídico europeo que puede frenar estas prácticas. El Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como EMFA, entró en vigor el 8 de agosto de 2025 y tiene aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional. Es decir, desde esa fecha, cualquier decisión sobre la gobernanza de un medio público en España debe ajustarse a sus exigencias.

El núcleo de la demanda presentada ante el TSJCV se centra en el artículo 5.2 del Reglamento, que establece un conjunto de garantías diseñadas específicamente para evitar que los gobiernos puedan controlar a los medios públicos a través del nombramiento y cese de sus directivos. 

La norma europea es clara: los mandatos de los responsables de los medios de servicio público deben tener una duración suficiente para garantizar su independencia efectiva. Además, solo pueden ser cesados antes de que expire su periodo de forma excepcional, por no cumplir ya las condiciones profesionales requeridas, y nunca por razones políticas o por cambios legislativos instrumentales. Por último, cualquier decisión de destitución debe estar debidamente justificada, notificada previamente y sujeta a revisión judicial.

Los demandantes argumentan que la ley valenciana ha buscado precisamente lo que el reglamento europeo pretende impedir: acortar mecánicamente los mandatos mediante una reforma estructural que, bajo la apariencia de modernización corporativa, permite renovar el órgano de gobierno sin justificación profesional alguna y sin control judicial previo. 

En su recurso, los demandantes solicitan tres cosas: la anulación de la exclusión de sus cargos en el nuevo consejo de administración, su reposición inmediata como presidente y vocales hasta el fin de su mandato original en 2029, y el abono de las dietas y salarios dejados de percibir desde que fueron apartados.

La Sala Cuarta del TSJCV, al admitir la demanda a trámite, ha emplazado a la Generalitat Valenciana a contestar en un plazo de veinte días. Es solo un trámite procesal, pero también un hito simbólico: por primera vez en España, un tribunal examina si una reforma autonómica sobre un medio público vulnera las nuevas salvaguardas europeas. La decisión que se tome en València puede sentar jurisprudencia y condicionar la manera en que otras comunidades autónomas gestionan sus entes audiovisuales.

El caso se produce, además, en un contexto de preocupación por la deriva de À Punt. Desde el cambio de gobierno, se han denunciado decisiones como el intento de restringir las funciones del Consejo de Informativos, el desmantelamiento de servicios de documentación y un descenso en los contenidos en valenciano, elementos todos ellos que han generado inquietud entre profesionales y observadores del sector. La cuestión de fondo no es solo quién gobierna el medio, sino cómo se gobierna y con qué garantías de independencia editorial y funcional.

La EMFA representa, en efecto, un cambio de paradigma. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se introduce una regulación sustantiva sobre el funcionamiento de los medios de servicio público. Hasta ahora, su independencia era un principio reconocido en diversas directivas y recomendaciones, pero sin la fuerza vinculante de un reglamento. Con la EMFA, la independencia de los medios públicos se eleva a la categoría de requisito de cumplimiento de la legislación de la Unión, lo que permite un control judicial más estricto sobre las estructuras de gobernanza nacionales.

Las consecuencias prácticas de esta norma son de largo alcance. En primer lugar, establece un blindaje efectivo contra los ceses políticos. Los directivos y miembros de los consejos de administración de los medios públicos ya no pueden ser destituidos al albur de los cambios de gobierno o de mayorías parlamentarias. Solo caben destituciones excepcionales, por causas profesionales tasadas de antemano, y siempre con posibilidad de revisión judicial. 

En segundo lugar, la EMFA exige la aprobación de una financiación estable para los medios públicos. Los Estados miembros deben asegurar recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles, preferiblemente decididos de forma plurianual, para evitar que el presupuesto se convierta en un instrumento de presión política.

El Reglamento refuerza, en tercer lugar, la independencia editorial y funcional. Los medios públicos tienen la obligación legal de proporcionar información e ideas de manera imparcial y plural. Una manera de garantizar eso es la creación de órganos independientes de representación de los trabajadores, como los consejos de informativos que la actual corporación está intentando ahora mismo limitar. 

Y, en cuarto lugar, cada Estado debe designar una autoridad u organismo independiente, libre de influencia gubernamental, para supervisar el cumplimiento de estas salvaguardias. En España, ese papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo representante, de hecho, presidió en 2025 el nuevo regulador europeo, conocido como Media Board, el organismo encargado de coordinar la aplicación de la EMFA en toda la Unión. Y, a escala valenciana, en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) que, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la corporación de medios públicos autonómicos y el modo en que la regulación vigente incumple lo dispuesto en el reglamento europeo.

Los cambios que la EMFA impone a la regulación española son significativos. Al ser un reglamento, tiene efecto directo y es vinculante desde su entrada en vigor, lo que obliga a España a ajustar cualquier ley interna contradictoria. Pero ningún gobierno —ni los autonómicos ni el central— lo está haciendo.

La práctica de suprimir entes públicos para crear otros nuevos con el fin de renovar sus consejos queda bajo escrutinio judicial europeo. Se espera que la regulación española deba garantizar la inamovilidad de los consejeros incluso frente a cambios estructurales de los entes, si estos mantienen las mismas funciones. Las decisiones de destitución en medios públicos españoles deberán incluir obligatoriamente la posibilidad de control judicial, permitiendo que los cesados recurran si consideran que no hay una justificación profesional válida según criterios establecidos previamente.

El caso de À Punt es, en este sentido, una prueba de fuego. Si el TSJCV concluye que la reforma valenciana vulnera el reglamento europeo y ordena la reposición de los consejeros cesados, habrá sentado un precedente que puede disuadir a otras comunidades autónomas de intentar maniobras similares. Si, por el contrario, avala la legalidad de la operación, habrá abierto una vía para eludir las salvaguardas europeas mediante cambios corporativos formales que, en el fondo, persiguen el mismo objetivo político: controlar el mensaje del medio público.

No habrá, en todo caso, una respuesta rápida. El trámite contencioso-administrativo puede demorarse varios años. Y después, cualquiera de las dos partes puede recurrir al Constitucional.

Pero lo que está en juego va más allá de tres cargos institucionales. Lo que se dirime en los tribunales valencianos es si Europa puede efectivamente proteger a los medios públicos de la captura política o si las viejas prácticas nacionales y autonómicas encontrarán siempre un resquicio legal para perpetuarse. 

A punto de sumar tres décadas trabajando en la TVG, Ana Pérez hace tiempo que no tiene reparo en hablar claro. La periodista, que fue uno de los rostros más conocidos de la televisión pública, abandonó la pantalla en 2019 tras 23 años delante de las cámaras como presentadora en diferentes espacios informativos. "Sí, fue una represalia", dice con contundencia ahora, advirtiendo de los "castigos" que asegura que ella y otros compañeros sufren por haberse movilizado contra la "manipulación y el control político", el "desmantelamiento" de los medios públicos y por la creación de un consejo de informativos. Entonces llevaba 24 semanas apoyando los viernes negros impulsados por el colectivo Defende A Galega. Va por la 403.

"Nuestra guerra viene de mucho antes", recuerda Pérez. Ya en 2011 había presentado junto a Alfonso Hermida en la Praza do Toural un telediario de protesta en contra de la reforma de la ley de medios, lo que les costó a ambos una amenaza de expediente. Ahora, detrás de la pantalla y desde la redacción de Galicia Noticias, sigue denunciando una situación de los medios públicos que cree "crítica" y que en los últimos años dice ver agudizada por la "desafección" y el "desapego" que nota en la sociedad gallega hacia ellos, más allá de los bajos datos de audiencia. "Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta; ahora no está en casi ninguno", sentencia.

¿Cómo empezó en la TVG?

Entré de prácticas en 1996. Luego, a principios de 1997, me hicieron el primer contrato en la delegación de Vigo. Empecé allí subcontratada por la productora del Faro, una de aquellas contrataciones fraudulentas que derivó en más de 400 denuncias años después, y una circunstancia que marcó los inicios de muchos de nosotros. Fueron seis años allí, haciendo sobre todo información local. Luego me mudé a Santiago en 2002 y desde entonces estuve siempre ligada a informativos.

Lleva casi 30 años en la televisión pública. ¿Cambió mucho la cosa desde entonces?

Era diferente en muchos aspectos. En lo laboral, ahora tenemos más estabilidad; antes la precariedad laboral era mayor, evidentemente, y eso era algo con lo que también se jugaba, metiéndole miedo a la gente para que no levantase la voz si quería que la volviesen a contratar. Encadenábamos contratos de obra, artísticos... Todos los fraudes habidos y por haber. En lo que es la función de servicio público, empeoramos a pasos agigantados. Entonces trabajábamos con mucha más libertad.

¿Durante los Gobiernos de Manuel Fraga?

Con Fraga, que fue ministro de Información con Franco, estábamos mejor en ese aspecto. Habiendo censura y manipulación, que siempre la hubo, no era tan descarada ni tan evidente... No se producía como ahora, que se lleva a cabo sin ninguna vergüenza. La situación actual es muy crítica, pero es cierto que entonces el pastel televisivo era otro, el mapa de las televisiones era diferente y la tarta estaba mucho menos repartida, por lo que las audiencias también cambiaron mucho. Lo que sí creo es que evolucionamos hacia una desafección total. Estamos perdiendo el crédito de los gallegos y de las gallegas, desapegándonos a pasos agigantados.

Usted siempre se significó claramente en contra de la "manipulación" y del "control político" en los medios públicos...

Llevamos con los viernes negros desde 2018, pero nuestra guerra viene de mucho antes. Ya en 2011 habíamos hecho un telediario reivindicativo en la Praza do Toural que tuvo mucha repercusión. Las caras visibles de aquella acción, Alfonso Hermida y yo, fuimos amenazados con expedientes. Entonces ya denunciábamos que se aprobaba una ley de medios que amenazaba que la TVG y la Radio Galega siguieran siendo públicas, que se iba hacia una mayor privatización de los contenidos que hoy en día se está produciendo más que nunca.

¿Tanto es así?

Si examinamos la parrilla de la programación de la TVG la mayoría de los contenidos son de productoras ajenas. De producción propia tenemos los informativos y un programa cultural casi residual como el Zig Zag... Teníamos programas como O Agro o Labranza que eran mucho más extensos y que se fueron reduciendo al mínimo, y con Vivir o Mar, tres cuartos de lo mismo. Teníamos contenidos propios muy interesantes, que atendían a sectores fundamentales para el país que ahora no tienen representación.

¿A qué cree que se debe esta apuesta de la corporación?

La directora lo dijo claramente en su última comparecencia en el Parlamento, donde anunció que íbamos hacia una mayor privatización e incluso que habría más contenidos externalizados también en la Radio Galega. Creo que la razón fundamental es que esa es una manera mucho más fácil de controlar la información porque los productos que compras ya exiges que sean de una determinada manera. Dentro saben que hay una masa de trabajadores que seguimos luchando, intentando ser lo más honestos, plurales y transparentes con lo que debe ser nuestra profesión, pero el producto que compras fuera es mucho más fácil de controlar, evidentemente.

Defende A Galega y usted misma insisten también en el aumento de la manipulación informativa...

Es una deriva que viene desde la anterior dirección, que decidió controlar el discurso y ser el altavoz del partido que está en el Gobierno de la Xunta. Hay un control continuo del relato de cualquier cuestión crítica con cualquier política del Gobierno actual: se oculta o se tergiversa. Si la maquinaria manipuladora funciona, también es gracias al ejército de mercenarios a sueldo que existe y existirá. La dirección premia el servilismo y la sumisión, con pluses y cargos, y castiga la profesionalidad, la valía.

¿Con qué consecuencias?

Lo vimos y lo estamos viendo, por ejemplo, con las manifestaciones por la sanidad pública o por la educación pública. Son servicios esenciales sobre los que debería haber una cobertura acorde con la dimensión que tienen, pero estamos más pendientes de asuntos de Madrid y de desprestigiar al Gobierno de España que de lo que ocurre aquí, de las cosas que afectan realmente a los gallegos. Les estamos dando la espalda constantemente, y más que nunca... Y eso también se nota en la desafección que muestran las audiencias.

¿Son tan malas las audiencias de la TVG?

Los datos son los que son, pero también son muy manejables porque al final todas las cadenas son líderes de audiencia dependiendo de cómo hagas la lectura de las cifras. Pero hay termómetros que son verídicos y reales y yo tengo dos: uno es el de mis padres, que siempre vieron la TVG y son el prototipo de espectadores de la gallega, pero que ya no la ven. Les aburre, no les interesa... No hay información local, además, porque fueron cerrando delegaciones, y únicamente se atienden cuestiones si son para sacarles los colores a un determinado ayuntamiento que no está gobernado por el partido que gobierna la Xunta. En cambio, cuando en uno de estos municipios hay algo digno de darle visibilidad, pues no se le da. Cuando esto ocurre, cuando no encuentras información, la gente la busca en otros lados.

¿Cuál es el otro termómetro?

Desde que me apartaron y me vetaron en pantalla, trabajo en la redacción de Galicia Noticias, que supone recorrer cantidad de aldeas y municipios. Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta, y ahora no está en casi ninguno. Hay muy pocas tabernas donde encuentres la gallega... Y eso, para mí, es un dato muy objetivo de lo que ocurre.

Habla de que fue apartada, una situación que dijeron vivir otros profesionales y que fue denunciada por personal de la TVG. ¿Son represalias por movilizarse?

Sí, fueron represalias. Si haces repaso de las personas que éramos caras visibles en la TVG en 2018 y que luego nos vinculamos e implicamos en Defende A Galega, no queda ninguno en pantalla. Algunos se marcharon por decisión propia, como Alfonso Hermida o Tati Moyano, que dimitieron como presentadores precisamente por discrepancias con la línea editorial, y otros fueron apartados con maniobras vulgares, alegando que había que renovar las caras y cosas así. Yo pedí quedarme como redactora en Galicia Noticias. Luego hay casos de gente que se significó en los viernes negros, que se sacó fotos con Defende A Galega y a quienes les dieron un toque... Dejaron de participar o implicarse en las protestas y siguen saliendo en pantalla.

Entiendo que la situación del personal no debe de ser fácil...

No es fácil, no. Ahora mismo el clima es muy tóxico. Siempre digo que esta empresa tuvo y tiene un comportamiento bélico. Ya en los comienzos tuvimos que luchar para que se nos reconociesen nuestros derechos, nuestras antigüedades, para ser contratados por la CRTVG y no a través de subcontratas... Y los tribunales nos dieron la razón, en unos casos por cesión ilegal, en otros por contratación fraudulenta porque encadenábamos contratos de obra... La empresa se dedicó a recurrir sentencias favorables, actuando como una maquinaria contra la plantilla.

¿Cómo se lleva esa circunstancia, querer trabajar de una manera y no poder hacerlo?

Nosotros queremos hacer nuestro trabajo como debe ser, siendo lo más rigurosos, honestos, plurales e independientes posible, pero no nos dejan. Si protestas o levantas la voz, eres apartado para que tengas menos visibilidad. Incluso hay gente que no tiene carga de trabajo, personal al que castigan prohibiéndoles hacer su labor. Yo y muchos de los que alzamos la voz contra la manipulación tenemos conciencia de ser servicio público y de que debemos ser honestos con los gallegos y gallegas porque nos debemos a ellos. Desgraciadamente, la dirección no trabaja en ese sentido, sino en el de agradar y no enfadar al partido del Gobierno, por lo tanto se anula cualquier opción de crítica, de cuestionamiento al poder.

¿No se está perdiendo mucha valía profesional en los medios públicos gallegos?

¡Claro! Hay compañeros que son brillantes, monstruos televisivos, que no tienen carga de trabajo o que no cubren aquello en lo que son expertos. Pienso en Ana Expósito, una referente en Galicia de la información internacional, que cubrió muchos conflictos bélicos, que recibió numerosos premios y a quien tenían castigada por alzar la voz y protestar por querer hacer su trabajo. La apartaron de la información internacional cuando es la que más sabe. Es absurdo, algo que no pasaría en ninguna empresa privada. Si una profesional es buena, cuentas con ella y ya la castigarás trabajando más... Pero aquí no, aquí lo que hacen es humillarte profesionalmente, no dándote carga de trabajo mientras ves que se paga a una productora externa por emplear los medios de la compañía para hacer el trabajo que otras personas, ya contratadas y dentro del presupuesto de los medios públicos, ya cubrían. Es lo que pasó con los programas A Revista u O Termómetro, casos flagrantes.

¿Siente que se están desaprovechando los medios y los profesionales, que se podría hacer mucho más en cuanto a la información política, deportiva, cultural...?

Es que no hay ningún espacio crítico. Se emite en la G2 el coloquio político que hay en la Radio Galega, algo totalmente residual, cuando en la televisión pública debería fomentarse precisamente el debate político y tener espacios críticos. Pero aquí cualquier voz susceptible de ser crítica con el Gobierno de la Xunta es aplacada.

¿Qué siente cuando escucha a Feijóo o a Tellado denunciar manipulación y control político en TVE?

Me da urticaria. Ves lo que ellos implementaron en los medios públicos gallegos y, claro, ¿cómo puedes ver la paja en el ojo ajeno y no ver un toro en el tuyo? Es absolutamente indignante, porque además llevamos muchos años en la lucha... Y entendemos que mucha gente se baje del carro.

¿Es complejo mantener la movilización, el ánimo?

Es que hay un cansancio psicológico también. Hay incluso gente que enfermó por la situación que estamos viviendo. Si quieres hacer tu trabajo, si te gusta tu trabajo y no te dejan hacerlo... Eso es algo muy deprimente, demoledor. Es muy fácil decir que somos funcionarios, que vamos a cobrar igual a fin de mes... Pero no poder hacer lo que te gusta hacer es muy triste.

¿Cómo ve el futuro a medio plazo en los medios públicos gallegos?

Hay un ambiente muy tóxico, desesperanzador, porque cada vez vamos a peor, la sensación de que esto no tiene forma de mejorar. El futuro que veo es que cada vez vamos a estar más acorralados, con un control más férreo y con unos medios públicos que tienden a tener audiencias ridículas. Pero no hay voluntad por cambiar nada y cuando no hay voluntad... Además, también hay mucha autocensura por parte de los directivos, que ponen el parche antes de la herida para no molestar al político que toque. Hay temas que, a lo largo de toda mi carrera, no se tocaron nunca.

¿Por ejemplo?

La educación y la sanidad, dos de los grandes servicios públicos, fundamentales para la sociedad. Si hay protestas en un colegio porque no tienen profesores de apoyo o les pasa cualquier cosa, esa información no se da. Y todos los problemas con las listas de espera o falta de atención en los centros de salud no se tocan en absoluto. Creo que los gallegos tienen derecho a saber lo que está pasando y a verlo reflejado, que tenga visibilidad en los medios públicos. ¡Porque los pagan ellos! Nos debemos a la sociedad, no a los políticos. La gente es la verdadera propietaria de los medios públicos y todos tienen que sentirse representados, pero cuando hay una voz discordante, esa no va a estar presente nunca.

¿No parece fácil cambiar la situación, entonces?

Al tener el PP mayoría absoluta, y por lo tanto también en el Consejo de Administración, cualquier crítica, cuestionamiento a la gestión, aunque sea por parte de la oposición en la comisión de control, por ejemplo, cae en saco roto. El problema de la actual dirección es la prepotencia y la carencia total de autocrítica. Además, carecemos de órganos como un Consejo de Redacción que velase y garantizase el cumplimiento de nuestro deber como medio de comunicación público.

Para ambos presentadores es más interesante –y no digo que no lo sea–, lo que piensan sus “amiguetes” Aroca, Ekáizer, María Molero, etc.

Esta tarde mismo, Cintora ha comenzado su programa resaltando las sandeces de Díaz Ayuso e, igualmente, ha repetido hasta la saciedad las ignorantes palabrotas de Figaredo (Vox). Y, a propósito de la regularización de inmigrantes, se ha montado un debate en el que no ha salido ni la secretaria general de Podemos, ni Irene Montero, que son las que han negociado el tema con el PSOE. Ayer quiso explicarlo Irene Montero; pero, por lo visto, para Cintora es mucho más importante el humor de una de sus colaboradoras, a juzgar por el tiempo que le dedicó a Irene. ¿No puede salir en la televisión pública Podemos, sin que, de alguna manera, sea censurado? ¡Se nota mucho el “pinganillo”! La ONU, la Conferencia Episcopal Española, no sé si el Vaticano, la prensa internacional, etc., han alabado tal medida; pero para Cintora es más importante, como digo, el humor de, p. ej., de Esther Gimeno.

Es tremendo. Acabo de ver (29-1) en Mañaneros el desprecio de nuestra “aconfesional” Constitución, poniendo la televisión pública al servicio del funeral organizado por la Sra. Díaz Ayuso en la Catedral de Madrid. Igualmente, prestando las cámaras de TV a los bulos que, sobre la regularización de inmigrantes, proclaman el Sr. Feijóo, Abascal o la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras se aplaza el homenaje de Estado en Huelva pactado entre los presidentes nacional y autonómico. Seguramente, el homenaje laico de Estado no se celebrará, pues es la sra. Ayuso la que viene marcando la política no sólo de su partido, sino también la del Estado. Y la iglesia católica también se ha plegado a la voluntad de Díaz Ayuso, haciendo coincidir el funeral “oficial” de Huelva con el de la Almudena de Madrid. 

En cuanto a la propuesta de Feijóo para expulsar a extranjeros sin condena choca con los Tribunales Supremo y Constitucional. Por otra parte, el comisario europeo competente en Inmigración, sr. Magnus Brunner, ha dejado claro que el Gobierno español está haciendo política según las competencias que tiene atribuidas y la Comisión Europea no se puede meter en ese ámbito. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para solucionar este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”, ha argumentado Brummer. (elDiario.es de -29-1-26)

Además –podemos seguir leyendo–, la nueva propuesta de la Comisión es que la política de inmigración esté completamente vinculada con las necesidades del mercado laboral de cada país. “La migración legal es necesaria para nuestros mercados laborales, la política en materia de visados debe responder a esos intereses europeos”, ha remarcado Brunner.

Aunque no estoy de acuerdo en tratar a los seres humanos de manera utilitarista, al menos es menos malo que expulsarlos cuando vienen, arriesgando sus vidas, y habiendo tenido que abandonar su país, buscando precisamente una vida mejor.

De momento, es todo lo que tenía que decir al respecto. Así que aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.

El grupo privado de comunicación Henneo, levantado en torno al hegemónico Heraldo de Aragón, será al menos durante tres años más quien controle la información y realice los programas de actualidad, entretenimiento y deportes que la televisión pública regional, Aragón TV, ofrezca a los ciudadanos de esta comunidad. Con opción a dos años y nueve meses más de prórroga automática sin concurso.

La entrada en vigor de estos contratos, por un valor conjunto de 67,4 millones de euros, ha tenido lugar en pleno periodo electoral —Aragón vota el próximo 8 de febrero—. Sin embargo, las adjudicaciones tuvieron lugar el año pasado, antes de que el presidente regional, Jorge Azcón (PP), decidiese adelantar la convocatoria.

Por volumen, estos contratos consumirán en torno al 40,6% de todo presupuesto de la radio y la televisión aragonesa a lo largo de tres años.

De hecho, aunque el PP le ha dado continuidad, el modelo de televisión pública de contenidos privatizados fue puesto en marcha por el PSOE. Y, en ambos casos, el gran beneficiario ha sido el grupo propietario de Heraldo de Aragón, el diario más influyente de la comunidad, lo que en la práctica ha garantizado a sus dueños una influencia mediática sin parangón.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la entidad de la que dependen Aragón TV y Aragón Radio, siempre ha estado bajo control gubernamental: sus órganos rectores —el consejo de administración y la dirección general— se eligen por mayoría absoluta del parlamento regional —las Cortes de Aragón–, la misma que elige al Gobierno autonómico.

En la actualidad, el consejo tiene mayoría de PP y Vox, y su directora general es Raquel Fuertes, ex jefa de prensa y ex jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) y actual consejo del Ejecutivo de Azcón. Durante ocho años y tres meses, Fuertes trabajó además en el departamento de comunicación del grupo Henneo, el mismo que acaba de recibir el contrato millonario con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Las empresas del grupo que han obtenido las adjudicaciones son Factoría Plural SL, Chip Audiovisual SA y Global Studio News SL. La primera tendrá en sus manos la “elaboración de 1.300 horas de contenidos audiovisuales bajo la iniciativa, encargo y supervisión de Televisión Autonómica de Aragón, destinados a integrarse en su parrilla de programación, en sus canales de difusión y en sus plataformas digitales”. Esta empresa se hizo con el contrato por 30.085.263,32 euros, IVA incluido, sin tener siquiera que competir con otra oferta, según los datos recogidos por el Portal de la Contratación.

Chip Audiovisual SA obtuvo, por su parte, la adjudicación para la “elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos informativos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales”. Lo consiguió por 26.604.314,67 euros, IVA incluido, imponiéndose en este caso a una empresa del grupo Prensa Ibérica, propietario de El Periódico de Aragón y controlado por el empresario Javier Moll.

La tercera empresa de Henneo beneficiada por estas adjudicaciones es Global Studio News SL. En este caso, obtuvo el contrato de elaboración de “contenidos para la producción de los distintos programas y formatos deportivos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón, de Radio Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales” por un total de 10.761.278,68 euros, IVA incluido. En este caso, su oferta se impuso a la del grupo Séptima Media, presidido por Alejandro Samanes Prat, según fuentes del grupo aragonés.

La adjudicación de estas tareas a empresas del grupo da continuidad al dominio prácticamente absoluto del ecosistema mediático aragonés que desde hace décadas ha venido ejerciendo Heraldo de Aragón y que en los últimos años se ha ido expandiendo gracias a la influencia de otras empresas de comunicación, de producción audiovisual y de servicios tecnológicos.

Henneo ya es uno de los grupos de comunicación y tecnología más importantes de España, con el Heraldo de Aragón, diario fundado en 1895, como pieza nuclear. A partir de ese buque insignia, la compañía ha desarrollado un vasto ecosistema mediático que integra medios de ámbito nacional, económico y regional, producción audiovisual, servicios de publicidad y plataformas tecnológicas. Entre sus principales medios figuran 20minutos —uno de los diarios digitales más leídos de España—, el económico La Información y publicaciones especializadas como Cinemanía, además de Heraldo de Aragón y el Diario del Alto Aragón.

Fuentes del grupo consultadas por infoLibre subrayan que Factoría Plural, la encargada de realizar los programas de Aragón TV, “es la tercera productora en horas de producción de España y trabaja, además de en Aragón, para las televisiones autonómicas de Extremadura y Madrid. Anteriormente, también lo hizo en Valencia y tiene proyectos en RTVE, en HBO y en otras plataformas y cadenas nacionales”.

De lo que no hay duda es de que Aragón TV cuenta con el respaldo de la audiencia. Cerró 2025 con un 12,2 % de cuota de pantalla, el mejor resultado de los 19 años de historia de la cadena, solo por detrás de Antena 3. De hecho, es la televisión autonómica pública con mejor desempeño, solo por detrás de la catalana TV3 y muy por encima de Telemadrid, la gallega TVG, La 7 de Murcia, la valenciana À Punt o Canal Extremadura.

Sus informativos, que también elabora Henneo a través de Chip Audiovisual SA, registran cifras que refuerzan su capacidad de influir en la opinión pública: las dos ediciones de Aragón Noticias promediaron en 2025 un 23% y lograron aventajar a la segunda opción en un punto (Antena 3, 22%), muy por encima de sus demás rivales.

Además de su actividad editorial, Henneo ha impulsado una importante diversificación empresarial que la sitúa en varios segmentos estratégicos del sector. Su plataforma publicitaria Alayans integra servicios de comercialización y análisis de datos que gestionan campañas tanto para medios propios como externos. 

La consultora tecnológica Hiberus, vinculada al grupo, ha consolidado a Henneo en el campo de la transformación digital y la tecnología aplicada al periodismo, con una plantilla que supera los 4.500 trabajadores y una expansión internacional en sectores de desarrollo de software y big data. Esta empresa acaba de firmar un acuerdo con Telefónica Tech para la adquisición de los negocios de esta filial de la operadora de telecomunicaciones Telefónica en Colombia, México y Chile.

Henneo declara un crecimiento sostenido: en 2024, el grupo registró un aumento del 22,3% en su cifra de negocio, superando los 297 millones de euros, y reforzando su presencia en los mercados audiovisual, tecnológico y publicitario.

La influencia del grupo tiene una dimensión tanto regional como nacional. En Aragón, Heraldo de Aragón y sus medios asociados son referentes informativos con una penetración que, según estimaciones del propio grupo, alcanza al 90% de la audiencia de la comunidad autónoma. Esta posición ha convertido a Henneo en un actor central en la configuración del panorama mediático aragonés, donde sus contenidos tienen un impacto significativo en la opinión pública y en el debate local sobre política, sociedad y economía. 

A nivel nacional, cabeceras como 20minutos y La Información contribuyen a su visibilidad y alcance, situando al grupo entre los principales editores de noticias digitales en España y otorgándole capacidad de influencia en la conversación mediática sobre asuntos de interés general.

El propietario mayoritario del grupo son los miembros de la cuarta y quinta generación de la familia De Yarza, tradicionalmente vinculada a Heraldo de Aragón, que mantiene el control del capital junto a Ibercaja Banco.

Pero el grupo no publica la actual distribución de la propiedad, pese a que así lo ordena desde febrero de 2025 el Reglamento Europeo de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). No obstante, en la estructura de gestión figuran destacados miembros de esa familia, como Fernando de Yarza López-Madrazo, en calidad de presidente, e Íñigo de Yarza López-Madrazo, consejero delegado.

Medio siglo después de que llegara la democracia a España, el cómo se hizo vuelve a ser objeto de debate. Unos dicen que no había alternativas, otros que fue una continuación del franquismo. Algunos, como el rey emérito, aseguran que lo hicieron ellos solos, y desde una parte del mundo de la cultura se vuelve a reclamar la figura de Adolfo Suárez como autor de la democracia española, con series como Anatomía de un Instante (basada en la novela de Javier Cercas) o documentales como Voladura 76, de RTVE. 

Se ha hablado mucho de todo ello, pero hay un elemento indispensable para el conjunto del plan al que no se le da tanta importancia: la televisión. Como centro neurálgico de los salones españoles y con tan solo dos cadenas, su capacidad para hacer llegar un mensaje era enorme. Y Suárez lo sabía. “Era una revolución, la gente podía ver que existía la democracia, porque lo decía la televisión”, apunta Virginia Martín Jiménez, profesora de Historia del Periodismo de la Universidad de Valladolid y autora del libro Televisión Española y la Transición democrática. Aun así, se daba una paradoja: en la nueva era de la democracia, los medios estaban siendo controlados por el Estado. 

Este control es (y era) conocido por todos, según la escritora. La influencia que tenía sobre las casas españolas, también. Moldeaban el debate e introducían los temas que querían en la agenda, para vender la nueva idea de democracia y la recién conquistada libertad de expresión (aunque solo para algunos), asegura Martín Jiménez. Poco queda de esta dinámica de poder estatal. De hecho, el informe sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras da a España un 77,35 de puntuación, el puesto 23 de todo el mundo. 

Sin embargo, esto no nos libra de que nuestras fuentes de información estén controladas por una pequeña (y poderosa) élite. El teléfono, y más concretamente, las redes sociales, avanzan a pasos agigantados para sustituir en influencia a lo que era antes la televisión. En España, un 55% de los ciudadanos acuden a estas plataformas en busca de información, según datos del Estudio de Redes Sociales 2025 realizado por IAB Spain.

Esta información es de todos, pero quien moldea el debate siguen sin ser los ciudadanos. Empresarios como Elon Musk, dueño de X (antes Twitter) y Mark Zuckerberg, de Meta, son los encargados de esa tarea. Ambos han sido acusados de apoyar ciertas políticas de la extrema derecha a través del diseño de sus algoritmos (o directamente en publicaciones propias) para así beneficiar a unos u otros en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo.

No es sorpresa para nadie. Musk fue uno de los mayores inversores de la campaña de 2024 del ahora presidente e, incluso, llegó a formar parte del Gobierno. Zuckerberg, por su parte, donó un millón de dólares al mandatario para su investidura. Estos beneficios políticos se relacionan con el propósito de todos o de la mayoría de los empresarios: ganar dinero. Y las redes son un método más para conseguirlo. “El interés económico de sacar más provecho de las interacciones en las redes sociales, es lo que ha llevado a la polarización y desinformación que vemos ahora mismo”, asegura Andrea Rosales Climent, profesora de estudios de la comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Pero, ¿esto es tan nuevo cómo parece? Las redes han venido para cambiarlo todo y, aun así, esto recuerda a los tiempos de Suárez, según las expertas. “En la televisión de la Transición no había democracia. Con las redes sociales pensábamos que iban a ser un gran foro de debate, pero ahora estamos viendo justo lo contrario. La gente que veía la televisión en la época de Suárez era consciente de que la controlaba el gobierno. Pero ahora, con las redes hay una falsa sensación de libertad, pero no somos conscientes de los intereses que hay detrás, tenemos la falsa sensación de que hay democracia”, apunta Virginia Martín Jiménez.

Para la televisión, mucho ha cambiado desde el 75 en España. Con la llegada de plataformas como Netflix o HBO, su consumo ha bajado y con ello, su impacto e influencia en las casas españolas también. De hecho, solo un 20% de la población considera el peso de la televisión decisivo, según datos del Digital News Report de España, elaborado por la Universidad de Navarra. En contraposición, se van consolidando las redes sociales, que son la segunda fuente de información más común, con un 46%.

Según datos del Análisis de Audiencias TV de 2025, elaborado por la consultoría de comunicación Barlovento Comunicación, la cantidad media de minutos que los españoles pasan frente al televisor está cayendo. En 2025, la media estaba en los 171 minutos diarios, 10 menos que en el 2023. El Estudio General de Medios también acredita esta tendencia. En su última edición, la televisión ha englobado el 79,3% de la audiencia, una cifra muy alta, pero que queda lejos del nuevo líder entre el consumo de información: Internet, que acapara el 90,7%.

“La era de la televisión ha concluido. Ya no tiene público apenas en sí, pero debe pensarse que las empresas globales incluyen medios distintos y distribuyen funciones para redes sociales y televisión”, asegura Vicente Sánchez-Biosca, historiador y profesor universitario. 

A la pérdida de atención, se suma la falta de un consenso por los contenidos que se consumen, algo completamente opuesto a la falta de oferta en el 75. La homogeneización que supuso la falta de cadenas en la Transición se ha perdido, con la fragmentación de los medios y, en consecuencia, del discurso. El 38% de las personas encuestadas por la Universidad de Navarra declaran que sólo confía en las noticias concretas que consulta en un medio específico, acorde a su ideología.

La desinformación y el control por parte de magnates, junto con una personalización de la información que hace que cada uno estemos a lo nuestro, conforma un cóctel molotov que puede hacer creer que la posibilidad para el debate o la información más rigurosa dentro de la cultura de masas se ha acabado justo ahora. Sin embargo, esta situación no es nueva y viene produciéndose desde hace mucho. “Las redes sociales no son un espacio para el debate, pero tampoco lo es la televisión y nunca lo ha sido, es un lugar en el que se descalifica y en que cada medio tiene una orientación política, por lo que se difunden los contenidos con los que están de acuerdo”, argumenta Rosales Climent.  

Aunque se ha comprobado que las redes sociales sí que pueden generar una movilización que permita el cambio social, como se ha visto con las protestas de la Generación Z en Asia, realmente tampoco son el método más propicio para ello por los intereses que pueden esconder sus dueños, asegura la profesora de la UOC. “Si hablamos de movilización de la ciudadanía, el mundo de las redes sociales es completamente distinto. En España solo había una televisión pública y esto servía para unificar el mensaje. En el mundo digital es todo muy diverso, es infinito. En este sentido no es comparable, desde el lado del cambio y la manipulación, las redes son más potentes. Ahora, estamos viendo que hay un interés por desinformar porque hay grandes intereses moviéndose”, zanja Martín Jiménez.     

Los expertos en el servicio público de radiodifusión siempre citan dos maneras de acabar con los medios de comunicación de todos. La corta, que apela directamente a su cierre o a su privatización, y la larga, que pasa por someterlos a un férreo control político. En España, al menos hasta ahora, la ultraderecha de Vox —y la derecha extrema del PP— apuestan por la segunda. En Alemania, Francia y el Reino Unido, en cambio, la hoja de ruta es la primera. Pero todas tienen puntos en común que revelan el objetivo del extremismo reaccionario en el viejo continente, a menudo con la vista puesta en los pasos que ya ha dado Donald Trump en Estados Unidos en nombre de la misma ideología.

La ofensiva de Alternativa para Alemania (AfD), liderada por Alice Weidel, contra los medios públicos no es un ajuste técnico ni una discusión presupuestaria: es una estrategia política de desmantelamiento de uno de los principales contrapoderes institucionales del país.

De cara a las elecciones federales del año pasado, el partido ultra presentó la reestructuración radical del sistema de radiodifusión pública —ARD, ZDF y Deutschlandradio— como un objetivo prioritario de su programa, con una propuesta que combinaba recorte estructural, redefinición ideológica y vaciamiento de la función social del servicio público.

El eje central de su plan, que sigue en vigor, a la espera de una oportunidad de hacerlo realidad desde el Gobierno federal, es la abolición total del canon obligatorio por hogar —18,36 euros mensuales— que financia actualmente el sistema.

La AfD lo denomina “GEZ-Zwangsabgabe”, una “tasa coercitiva” que, según su relato, obliga a los ciudadanos a sostener una “ideología unilateral” contraria a la cultura tradicional alemana. No se trata solo de una crítica al modelo de financiación, sino de una impugnación explícita del principio mismo de servicio público universal, concebido como garante del pluralismo y la cohesión democrática.

En sustitución del sistema actual, la AfD propone la creación del llamado Grundfunk, un “servicio básico mínimo” que reduciría drásticamente el alcance, la ambición y la presencia social de los medios públicos en Alemania.

La programación quedaría limitada a noticias, contenidos culturales y emisiones regionales, eliminando por completo el entretenimiento de alto presupuesto y las retransmisiones deportivas.

Además, el plan incluye una fuerte reducción —cuando no supresión— de las plataformas digitales y los servicios bajo demanda, justo en un momento en que el consumo informativo se desplaza aceleradamente hacia el entorno digital.

Este adelgazamiento no es solo funcional, sino simbólico: el objetivo declarado es transformar un sistema universal en un proveedor de nicho, con una huella mínima en la conciencia nacional.

Un cambio que debilitaría la capacidad de los medios públicos para fijar agenda, llegar a públicos diversos y actuar como espacio común de referencia informativa.

El marco ideológico que da sentido a la reforma es la Leitkultur alemana, un concepto que la AfD utiliza para contraponer la “cultura tradicional” a lo que denomina valores progresistas, “woke” o de izquierdas, que considera dominantes en la programación actual.

En la práctica, esto supone sustituir el mandato de pluralismo y diversidad por una “diversidad de opinión” alineada con sus propios valores identitarios. El pluralismo deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una noción condicionada ideológicamente.

La propuesta del Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen para los medios públicos franceses supone un salto cualitativo respecto a otras estrategias de control o presión política: no plantea reformar el sistema, sino desmantelarlo mediante su privatización total.

El plan, defendido públicamente por el presidente del partido, Jordan Bardella, apunta a una reestructuración profunda tanto en términos fiscales como ideológicos, con el objetivo declarado de reducir el gasto público y, de forma menos explícita, alterar el equilibrio del ecosistema mediático francés.

La iniciativa se articula en torno a una privatización gradual de los principales medios públicos nacionales, incluidos los canales y emisoras que integran France Télévisions.

Según Bardella, la venta de estas redes permitiría generar un ahorro estimado de 3.000 millones de euros anuales para el Estado, aunque el proceso no se llevaría a cabo de manera inmediata, sino de forma progresiva. El argumento económico funciona aquí como palanca de legitimación de una operación que, en realidad, tiene consecuencias estructurales sobre el acceso universal a la información.

Uno de los elementos más reveladores del plan es la distinción entre medios nacionales e internacionales. El RN propone privatizar los canales de mayor audiencia y presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos —France 2, France 3 y France Info—, mientras que plantea mantener bajo control estatal aquellos medios vinculados a la proyección exterior de Francia.

En este segundo grupo se incluyen France 24, Radio France Internationale (RFI), el canal Arte —por su estatus derivado de un tratado con Alemania— y los medios destinados a los territorios de ultramar.

Esta separación no es técnica, sino política. El RN asume que los medios públicos son prescindibles como servicio interno, pero indispensables como herramienta de influencia internacional y diplomática.

El pluralismo informativo doméstico se considera un coste; el soft power, una inversión estratégica. El resultado es una concepción instrumental del servicio público, reducido a su utilidad geopolítica.

Siguiendo la pauta de la AfD en Alemania, el RN sostiene que los medios públicos se han convertido en espacios dominados por ideologías “progresistas”, “woke” o de izquierda, hostiles a su proyecto político.

Desde esa premisa, la privatización se presenta como una forma de “liberar” las ondas y favorecer una mayor pluralidad. Sin embargo, el efecto previsible no es la neutralidad, sino el traslado del poder informativo al mercado, donde la lógica comercial sustituye al mandato de servicio público y la diversidad depende de la rentabilidad.

El contexto financiero refuerza la fragilidad del sistema. La eliminación del canon televisivo en 2022 dejó a los medios públicos franceses dependientes de un mecanismo de financiación basado en una parte del IVA, cuya vigencia expira en 2025.

Esta incertidumbre presupuestaria actúa como acelerador político: el RN aprovecha la debilidad estructural para presentar la privatización como una salida “realista” a un problema creado, en parte, por decisiones previas de política fiscal.

En el Reino Unido, la estrategia de Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, hacia la BBC no se plantea tampoco como una reforma puntual ni como una modernización del servicio público, sino como un desmantelamiento deliberado de su modelo fundacional.

En su manifiesto electoral de 2024, Our Contract with You, Farage traza una hoja de ruta destinada a forzar a la corporación a abandonar su estatus de institución nacional protegida y a competir en el mercado como un operador comercial más, privado y condicionado por la lógica de la suscripción.

El eje central de la propuesta es la abolición total del canon televisivo, una licencia anual obligatoria de 174,50 libras para cualquier hogar que consuma televisión en directo. En sintonía con la AfD, Reform UK justifica esta eliminación no solo en términos económicos, sino ideológicos, acusando a la BBC de estar “institucionalmente sesgada”.

El canon, que históricamente ha garantizado la independencia financiera de la corporación frente al Gobierno y el mercado, es presentado como un privilegio injustificado que debe desaparecer.

En sustitución de la financiación pública, el partido propone transformar la BBC en una plataforma basada en suscripciones voluntarias. Este cambio obligaría a la radiotelevisión pública a competir directamente con gigantes del entretenimiento global como Netflix o Disney+, desplazando su lógica de funcionamiento desde el servicio universal hacia la captación de clientes.

El acceso a la información dejaría de ser un derecho vinculado a la ciudadanía para convertirse en un producto condicionado por la capacidad de pago.

Este viraje económico iría acompañado de una reducción drástica del mandato editorial. Reform UK plantea que la BBC abandone la programación de entretenimiento, artes y contenidos culturales para centrarse exclusivamente en noticias e información.

En la práctica, esto supondría amputar una parte sustancial de su función social y cultural, y eliminar aquellos contenidos que históricamente han contribuido a construir un espacio común de referencia para la sociedad británica.

El componente ideológico del plan aparece de forma explícita en su apuesta por un enfoque editorial “patriótico”. Bajo una administración alineada con Reform UK, la noción de imparcialidad —pilar histórico de la BBC— sería sustituida por una orientación que priorice una narrativa nacional alineada con los valores del partido.

El que ya ha pasado de la teoría a la práctica es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líder oficioso y modelo a seguir de los ultras europeos. Durante el primer año de su segunda administración ha impulsado una reconfiguración agresiva del ecosistema mediático público que responde, en gran medida, a las directrices del denominado Proyecto 2025: concentrar poder en el Ejecutivo y neutralizar lo que el Gobierno define como “sesgo ideológico” en las instituciones informativas.

Las primeras medidas ejecutadas apuntaron al núcleo del sistema federal de medios internacionales. En marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14238, que ordenaba el desmantelamiento de las funciones “no estatutarias” de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), responsable de supervisar redes como Voice of America (VOA) o Radio Free Asia. Más de 1.300 empleados fueron enviados a licencia administrativa, se cerraron transmisores y se suspendieron subvenciones.

El caso de VOA resultó especialmente simbólico: su señal informativa fue sustituida temporalmente por contenidos de One America Network (OAN), una cadena comercial abiertamente alineada con Trump.

La ofensiva continuó en el ámbito doméstico. En julio de 2025, el presidente firmó una ley de rescisión presupuestaria que canceló 1.100 millones de dólares destinados a la Corporación para la Difusión Pública (CPB) para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Aunque NPR y PBS son formalmente entidades privadas, dependen de la CPB para canalizar fondos a más de 1.500 emisoras locales. El impacto ha sido inmediato y desigual: una de cada cinco estaciones de NPR se enfrenta al cierre, especialmente en áreas rurales donde la financiación federal cubría entre el 50 % y el 70 % de los presupuestos operativos.

El resultado es un proceso de liquidación financiera y captura ideológica del modelo de medios públicos estadounidense. Un sistema concebido para garantizar información accesible y plural está siendo sustituido por un entramado fragmentado, debilitado o directamente subordinado al poder ejecutivo.

En España, a diferencia de Alternativa para Alemania (AfD), Vox no ha formulado un proyecto programático tan sistematizado y explícito para los medios públicos. Sin embargo, lo ocurrido allí donde el partido de Santiago Abascal ha tenido ocasión de gobernar, en particular en las comunidades autónomas en las que compartió tareas ejecutivas con el PP, identifica un patrón de comportamiento que ofrece una pista clara sobre su concepción del papel de los entes públicos de comunicación.

Uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es la alteración de las reglas de control institucional. Vox —y el PP— ha impulsado o respaldado reformas legales en varias comunidades autónomas destinadas a rebajar los umbrales de votación necesarios para nombrar a los órganos directivos de las radiotelevisiones públicas. El paso de mayorías cualificadas —habitualmente de dos tercios— a mayorías simples elimina la necesidad de acuerdos amplios con la oposición y permite que el Gobierno de turno imponga sus nombramientos sin contrapesos. El consenso, concebido como garantía de independencia, es sustituido por la lógica de la mayoría coyuntural —algo que, por otra parte, también ha impulsado el Gobierno de España con el apoyo de sus socios en el Congreso para saltarse los vetos del PP a la hora de hacer nombramientos en RTVE—.

A partir de ese cambio estructural, se ha llevado a cabo una segunda fase centrada en la reconfiguración interna de los medios. En diferentes territorios se han llevado a cabo remodelaciones en las redacciones que han derivado en la marginación de periodistas críticos y en una presión editorial orientada a suavizar la cobertura informativa de las administraciones conservadoras.

o se trata necesariamente de censura explícita, sino de un clima de disciplina profesional que altera el ejercicio cotidiano del periodismo.

Estas dinámicas han tenido consecuencias medibles. Organismos de vigilancia internacional, como State Media Monitor, han degradado a varios entes autonómicos a la categoría de “Bajo control estatal”. El diagnóstico es sencillo: la interferencia política ha aumentado hasta el punto de convertir a medios concebidos como servicios públicos en instrumentos dóciles frente al poder político.

Vox, igual que sus homólogos de otros países, justifica este conjunto de intervenciones bajo la premisa de que los medios públicos están “capturados” por ideologías de izquierda o separatistas. Desde ese diagnóstico, plantea la necesidad de un “reset” ideológico que alinee la programación con lo que considera valores nacionales.

Las propuestas impulsadas por partidos de extrema derecha para reformar o desmantelar los medios públicos chocan frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado para reforzar la independencia editorial, la transparencia y el pluralismo informativo en los Estados miembros.

Lejos de ser un debate ideológico abstracto, muchas de estas iniciativas vulneran de forma directa varios de los principios jurídicamente vinculantes que establece la EMFA, especialmente en lo relativo a la independencia de los medios de servicio público.

Chenoa y el dúo Estopa, formado por Juan y David Muñoz, presentarán las campanadas de Nochevieja en La 1 de TVE, según ha anunciado este jueves la cadena en el Telediario 2.

TVE ha anunciado los presentadores después de que la semana pasada Andreu Buenafuente explicara en las redes sociales que no podía conducir la retransmisión de las campanadas de Nochevieja en La 1 junto a Silvia Abril a causa del episodio de estrés que sufre y del que todavía no se ha recuperado. Ha sido la periodista Pepa Bueno, conductora del Telediario 2, quien ha dado a conocer a los escogidos para sustituir a Buenafuente y Abril, que en este caso serán tres artistas, con los que ha conectado en directo desde la Puerta del Sol.

Entre risas y complicidad, Chenoa y los hermanos Muñoz han expresado una "gran alegría" de poder compartir un momento que han vivido con sus familias en sus casas y que han sido "muy importantes en su vida".

"Vamos a intentar dar los cuartos y hacerlo bien, sobre todo con naturalidad y con un punto orgánico, porque nos conocemos desde hace años", ha dicho Chenoa, mientras David recalcaba que lo harán "con toda la ilusión" y confesaba que, en vez de uvas, toma kikos.

El grupo de pop rock con toques flamencos Estopa está integrado por los hermanos David y José Manuel Muñoz Calvo, creadores de canciones míticas como La raja de tu falda desde que lanzaran su primer disco en 1999.

Vuelven a RTVE tras el especial musical de la pasada Nochebuena, que, según recuerda la corporación en un comunicado, ha sido el que ha registrado más audiencia desde 2006.

Chenoa, cantante y presentadora, se dio a conocer en la exitosa primera edición del programa de TVE Operación Triunfo y ha trabajado en numerosos espacios televisivos, incluido el Especial de Fin de Año Feliz 2021, junto al humorista Florentino Fernández en La 1.

Entre sus más recientes trabajos, la corporación recuerda que Chenoa presentó la primera temporada del concurso The Floor y este verano, el formato Dog House.

El duelo de las cadenas de televisión durante la Nochevieja enfrentará a estos tres presentadores con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, a quienes se sumará a Santiago Segura como invitado especial, para la retransmisión conjunta de Antena 3, La Sexta y la plataforma Atresplayer, en una única emisión desde la Puerta del Sol.

Sandra Barneda y Xuxo Jones serán los conductores de la gala que ha programado Mediaset (Telecinco y Cuatro) desde la estación invernal de Formigal, en el Pirineo de Huesca.

Una vez más, Extremadura se dispone a votar en unas elecciones sin que la relación económica entre sus instituciones —en particular las que dependen de la Junta autonómica— y los medios de comunicación se rija mediante normas transparentes, objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. Un problema que, en el caso de una comunidad cuya debilidad estructural es un mercado con baja densidad de población y un tejido empresarial privado débil, provoca que la “tarta publicitaria” privada sea muy pequeña y convierte al sector público (Junta, diputaciones y ayuntamientos) en la piedra angular de la supervivencia económica de la mayoría de los medios.

La televisión, como en el resto del país, sigue siendo el medio mayoritario a través del cual los ciudadanos extremeños obtienen su información. A diferencia de lo que sucede en el conjunto de España, donde las cifras son muy apretadas, en Extremadura La 1 de RTVE es líder de audiencia con un 15,4% de cuota, más de tres puntos por encima del dato de la cadena a nivel nacional (12,3%). Aventaja a su competidor más cercano (Antena 3) en 1,3 puntos, según datos de Kantar Media del mes de octubre.

Sus principales informativos lideran también. Extremadura elige La 1 para enterarse de la actualidad informativa y en la sobremesa eligen alguno de los informativos territoriales: Noticias de Extremadura 1 (con un espectacular 20,8%) y Noticias de Extremadura 2 (17%) lideran con la actualidad de esta comunidad.

Los telediarios también lideran. El Matinal, con Álex Barreiro y Lorena Baeza, lo hace con un 31%; la primera edición, con Alejandra Herranz, con un 23%; y en el fin de semana, con Marc Sala y Lourdes Maldonado, con un 21,5%. La segunda edición lidera en el fin de semana con un 18,8%. El TD 2, con Pepa Bueno, se sitúa en el 17,4%.

El panorama audiovisual se completa con la oferta de las privadas (en particular Antena 3, en manos del Grupo Planeta) que, aunque no tiene programación específica para la comunidad, sí ofrece informativos que abordan la actualidad política en España y en Extremadura. Hay, además, un canal autonómico (Canal Extremadura TV) con cuotas de audiencia mucho más modestas (entre el 5% y el 6%), cuyo peso cualitativo es mayor que el cuantitativo. Diversas fuentes lo consideran la referencia informativa primaria en el mundo rural y para el público mayor de 55 años, además de ser, políticamente, el escaparate más importante para la Junta que preside María Guardiola (PP).

A este reparto de la audiencia es a lo que RTVE ha apelado, sin éxito, para tratar de convencer al PP de que su candidata acuda al debate electoral que ha organizado para el próximo 18 de diciembre y al que sí acudirán los demás aspirantes: PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. El programa se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para la comunidad, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, rtve.es y la plataforma gratuita RTVE Play (la señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten).

El mercado de prensa escrita en Extremadura sigue siendo un duopolio clásico con una clara división territorial, aunque ambos luchan por la hegemonía regional digital. Por un lado, el diario Hoy (propiedad del Grupo Vocento, dueño a su vez de Abc y cuyo mayor accionista es el inversor Francisco García Paramés), líder indiscutible en la provincia de Badajoz. Se le considera el diario de referencia por penetración y capilaridad, con una versión digital de las más leídas de la región.

Del otro lado está El Periódico Extremadura (Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll). Es una cabecera que históricamente ha sido fuerte en la provincia de Cáceres, en particular en Mérida, la capital autonómica.

Existen, además, medios digitales sin versión en papel cuya audiencia es más difícil de medir y cuya influencia real está a menudo vinculada a sus vínculos con cabeceras estatales más potentes. Es el caso de Región Digital, Extremadura 7 Días o elDiario.es – Extremadura.

La radio convencional sigue siendo de gran importancia en las áreas rurales, pero su penetración está por debajo de la media española, según datos de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC).

El liderazgo en la región está en manos de COPE, la emisora propiedad de los obispos, muy cercana al PP y a Vox, con cifras en torno a los 114.000 oyentes diarios. Ha mantenido una posición muy fuerte en la comunidad, especialmente impulsada por sus programas de mañana y mediodía. Cadena SER Extremadura se mantiene como la otra gran referencia, disputando el primer puesto muy de cerca. Onda Cero ocupa el tercer lugar del podio, seguida de Canal Extremadura Radio, la emisora pública.

La clave del ecosistema mediático extremeño es que, a diferencia de Madrid o Cataluña, donde grandes empresas (bancos, energéticas o compañías de telecomunicaciones) invierten millones en publicidad, en Extremadura hay pocas empresas privadas con músculo para sostener con publicidad un periódico o una emisora de televisión. Eso convierte al sector público, con diferencia, en el mayor anunciante de la región, con la Junta de Extremadura como principal protagonista, pero sin olvidar a las diputaciones de Badajoz y Cáceres —que inyectan dinero a través de convenios de promoción turística o cultural— y a los principales ayuntamientos (Badajoz, Cáceres y Mérida).

Las cifras corroboran la importancia de los fondos públicos que fluyen desde la Junta hacia los medios. La presidenta es quien controla casi la mitad de la publicidad que se financia con dinero público autonómico y que en 2024 superó los 5,4 millones de euros (5,1 para el presente año).

Ese dinero no se reparte con criterios objetivos. La propia Guardiola, en un debate en la Asamblea, llegó a justificar, en nombre del “pluralismo”, la inversión publicitaria que la Junta hace en medios de comunicación nacionales “condenados por difamar, calumniar y desinformar”.