La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que llegar a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal 2026-2030 no es una "asignatura optativa" y ha avanzado que reunirá de nuevo a las comunidades autónomas para saber si quieren o no continuar adelante.

Durante una comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso, ha dicho esperar que el plan sea acordado por las comunidades, a las que pide que no se vendan al interés de su partido. En cualquier caso, si alguna no se quiere adherir, el Ministerio trabaja en otras fórmulas para impulsarlo.

Así, ha explicado que se pueden buscar maneras de que este plan pueda implementarse en esos territorios a través de ayuntamientos, proveedores sociales o entidades del tercer sector, "todo aquel que venga a ayudar y no a poner palos en el camino".

Según ha explicado, por "colaboración institucional" se expondrá de nuevo el texto en una conferencia sectorial para sondear de nuevo a las comunidades autónomas si quieren o no continuar adelante. "Si no quieren, afortunadamente la sociedad española está preparada para asumir el liderazgo de la gestión de estos 7.000 millones" de inversión que prevé el plan, ha indicado.

Ha insistido en que no entiende cómo otros miran hacia otro lado con este problema y ha acusado a los gobernantes de Madrid de vender su parque de viviendas a extranjeros ricos y animar a los 'fondos buitre' para que compren edificios enteros.

Durante la interpelación parlamentaria, el diputado del PP Sergio Sayas ha opinado que el plan es una "imposición de políticas huecas" y que está "cargado de frivolidad" y ha pronosticado que el anuncio de construir viviendas protegidas en suelo de instalaciones penitenciarias "se quedará en otro anuncio de cartón piedra".

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha afirmado que entre el discurso de la ministra y la realidad hay "un trecho insalvable" y ha calificado de "pírrica" la apuesta del Gobierno por la vivienda social y que las ayudas para acceder a viviendas públicas sean para los "españoles" y no para los "recién llegados".

En nombre de Sumar, Gerardo Pisarello ha explicado que le "suena bien" la parte del plan que va en contra de los "pelotazos" y la venta de vivienda pública, pero ha opinado que no basta con incentivar a quien colabore, sino que "hay que censurar a quienes pretendan sabotear" el plan.

La representante de ERC Etna Estrems ha reconocido el "esfuerzo" que supone este plan, pero ha apuntado que no le "termina de gustar" que pretenda crear una duplicidad de órganos, con la empresa estatal de vivienda y suelo que, en su opinión, invade competencias autonómicas.

Marta Madrenas (Junts) considera que la ley de vivienda ha agravado el problema y que "todavía falta respeto a las competencias de la Generalitat", pero ha elogiado los aspectos "positivos", como que haya más recursos para vivienda asequible, programas de rehabilitación e industrialización y programas de apoyo a colectivos vulnerables.

Desde el PNV se ha reiterado su demanda de modificar o adaptar la ley de vivienda para que sea efectiva, tras subrayar que el País Vasco la está aplicando y ha quedado demostrado que se necesitan ajustes. Para el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, es un "plan vacío que simula que hace algo pero no toca a los grandes tenedores ni regula los alquileres" y que "reincide en medidas que no han servido para nada".

La diputada de CC Cristina Valido ha recordado que Canarias solo apoyará este plan si recoge las singularidades insulares, mientras que el de UPN Alberto Catalán ha pedido la dimisión de Rodríguez.

Por su parte, el socialista Ignasi Conesa ha cargado contra las políticas del PP, a los que ha acusado de vender el parque a millonarios ricos y a los fondos.

"Acabamos como empezamos el año, ustedes con el bulo y nosotros con el BOE mejorando la calidad de vida de la gente". Con estas palabras ha puesto punto y final el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al último cara a cara del año con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que le ha reprochado hacerse la víctima frente a los jueces por causas como la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, que este miércoles declara ante el juez.

El presidente del PP ha aludido a la declaración de Gómez durante la sesión de control al Gobierno, en la que ha dicho al jefe del Ejecutivo que mientras él no contesta absolutamente nada en el Congreso hay "otra declaración por cuatro delitos en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde probablemente tampoco se contestará nada".

"Habrá grabado usted el desayuno de esta mañana en La Moncloa para incorporarlo a su a su próximo documental", ha ironizado Feijóo, ante la tercera declaración de Gómez ante el juez por presuntos delitos se intrusismo y apropiación indebida, que se suman a los de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además, ha reprendido a Sánchez por las causas judiciales contra su Gobierno y los "paseíllos" de los suyos: "Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado, el borrado de los ERE, otra vez Delcy, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Éste es su balance de 2024: 12 meses, 12 causas".

Contra el presidente del Gobierno ha empleado además una metáfora matemática al decirle: "Las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Justicia persiguen delitos, si usted se siente perseguido, haga la regla de tres y encontrará el resultado, si es víctima de algo, es de haber abusado de la confianza de la buena fe y del dinero de los españoles".

El presidente del Gobierno, por su parte, le ha replicado aludiendo, sin citarla, a su antigua amistad con el narco Marcial Dorado, entre las protestas de la bancada popular: "Con las imágenes que tiene usted, con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco".

A las críticas de Feijóo por hacerse la víctima ante los jueces, Sánchez ha respondido apuntando que no fue él quien afirmó que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de derecho en nuestro país, sino los populares, en alusión a una afirmación, después rectificada, de Esteban González Pons.

También ha criticado a Feijóo por no hacer propuestas en vivienda, educación, dependencia o sanidad, pese a que el popular le ha reprochado la falta de viviendas prometidas o de las ayudas a los pacientes de ELA o a los afectados por la dana, acusándole de ser "el uno de la trama y el cero en servicio público".

El presidente del Gobierno ha defendido además que tras el aumento de la inversión en Justicia, España ha mejorado en los ránking sobre calidad democrática y ha dejado claro que cree que "una amplísima mayoría" de los jueces hace su trabajo con "rigor".

Además de responder al PP, Sánchez también ha respondido a una pregunta de Coalición Canaria. En este turno de preguntas, el presidente ha defendido la propuesta del Ejecutivo de articular una distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades y ha cuestionado a Coalición Canaria: "¿Qué hacen gobernando con aquellos que niegan esto?", en referencia al PP.

Así ha respondido Sánchez a una pregunta de la diputada canaria Cristina Valido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso este miércoles sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura que firmó su formación con el PSOE, que incluye alcanzar una solución para que las competencias de estos menores no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan.

En esta cuestión, la diputada ha recordado al Gobierno que "las propuestas que se han puesto sobre la mesa" son fruto del trabajo y la iniciativa del Gobierno de Canarias, "mientras que el Estado sigue escudándose en que sin la oposición no puede actuar".

En su respuesta, Sánchez ha repasado algunos extremos del acuerdo con CC que, bajo su análisis, sí ha cumplido el Ejecutivo y, en la cuestión de los menores ha defendido también haber hecho de su parte al alcanzar con el Gobierno de las islas una fórmula para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería.

La cuestión es, ha precisado, que desde el 28 de mayo las mayorías parlamentarias en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas "han llevado a que el Partido Popular con Vox hagan de la migración un elemento de controversia y de disputa partidaria": "Algo que me parece absolutamente lesivo, no solamente para los intereses de Canarias, sino también los intereses de España". "Nosotros tenemos una propuesta, que es la distribución obligatoria en todos y cada uno de los territorios con financiación del Gobierno de España. La pregunta es, señoría, ¿qué hacen ustedes gobernando con aquellos que niegan esto?", ha concluido.

Antes, el diputado del PNV Aitor Esteban también ha formulado al presidente del Gobierno una pregunta sobre el reto migratorio, ámbito en el que ha dicho saludar el nuevo reglamento de extranjería, con el que se estima que se podrán regularizar unas 900.000 personas en los tres próximos años. "Lo que ahora ya no vemos después de ese decreto es mucho recorrido, si es que tiene alguno, a la ILP, a no ser que se quieran suprimir las fronteras", ha apuntado sobre la iniciativa legislativa popular, avalada por más de 600.000 firmas, que busca facilitar los papeles al aproximadamente medio millón de personas que se calcula que viven en la irregularidad en España.

Sobre la cuestión de los menores, ha pedido al Ejecutivo que asuma sus competencias y se ha referido al sistema de reparto propuesto por los Gobiernos vasco y canario teniendo en cuenta la población de las comunidades, el número de menores por 100.000 habitantes que se ha acogido en los últimos seis meses, el PIB, el desempleo y el número de menores acogidos en los últimos cinco años.

"Hace falta solidaridad entre todos y responsabilizarse cada uno de las competencias que tiene: no vale decir que uno tiene competencias y luego obviarlas", ha reprochado al presidente del Gobierno.

En su repuesta, Sánchez ha repasado algunas de las medidas puestas en marcha por su Gobierno en materia migratoria y, sobre los menores, ha aludido también a que las comunidades -"y así lo han querido los ciudadanos"- han pasado "de Gobiernos progresistas a Gobiernos del Partido Popular con Vox", formación que está tratando de imponer su rechazo a acoger a estos menores "para simplemente hablar de presupuestos".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha provocado este martes todo un terremoto al decir en Rabat que "asume" que España apoye un futuro para el Sahara como autonomía marroquí, porque todo el nacionalismo canario, y no solo su partido, ha sido históricamente prosaharaui.

"Hemos hablado de la situación del Sahara. Sé que eso es noticia y ha quedado perfectamente claro que el Gobierno de Canarias asume enteramente la política del Gobierno de España, como no puede ser de otra manera. Creo que ha generado un espacio y un clima de confianza y colaboración en el que nosotros, como Canarias, queremos profundizar", ha manifestado Clavijo en la capital de Marruecos.

Comparecía en ese momento en rueda de prensa con el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, con el que se había reunido para pedirle todos los esfuerzos posibles para reducir la salida de las pateras hacia las islas y voluntad política para desbloquear las devoluciones de inmigrantes a su país, incluidos los menores.

Fuentes cercanas a Clavijo han confirmado a EFE que el presidente era plenamente consciente de la transcendencia de lo que decía, del lugar donde pronunciaba esas palabras y de que Marruecos es un socio fundamental para Canarias en muchos ámbitos, no solo el migratorio.

Pero en el nacionalismo canario hay quien se ha sorprendido tanto, que hasta sugería la posibilidad de que los periodistas españoles que trabajan desde hace años en Rabat se hubieran confundido con la traducción del francés. Es lo que ha apuntado, por ejemplo, Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, solo que Clavijo había hablado ante las cámaras de televisión en castellano claro y directo.

Comprobado que no había equivocación alguna, en Nueva Canarias han tildado de "traición al pueblo hermano saharaui" lo dicho por el presidente de Canarias y el líder del partido, Román Rodríguez, le ha advertido de que "rompe el consenso histórico del nacionalismo canario en contra del expansionismo marroquí y se pone del lado de la potencia ocupante y contra la legalidad internacional.

En Coalición Canaria también saben que dentro de sus propias filas esas palabras van a tener contestación interna, pero descartan que Clavijo las vaya a matizar ni mucho menos corregir.

Porque, argumentan, como presidente de Canarias, Clavijo no tiene competencia alguna en política exterior y, por lealtad institucional, le corresponde "asumir" la línea marcada oficialmente por España.

Solo que ese apoyo implícito a un futuro del Sáhara bajo mandato marroquí choca con el programa electoral de Coalición Canaria, partido del que Clavijo es secretario general y que hace solo un año se presentaba a las autonómicas con esta promesa relativa al Sahara:

"Sin perjuicio de la cooperación imprescindible y el respeto mutuo con Marruecos, el Gobierno de España no puede tomar una posición de Estado de forma unilateral respecto al Sahara Occidental. CC seguirá impulsando la necesidad de encontrar, desde el seno de las Naciones Unidas, una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable entre las partes conforme a las diferentes resoluciones de la ONU".

El mismo párrafo figura en su programa de comicios anteriores, tanto en elecciones generales, como en autonómicas de Canarias.

La realidad es que, en Canarias, el compromiso con el referéndum de autodeterminación del Sáhara es una opción transversal, que incluye a casi todos los partidos, de izquierda a derecha, y los representantes del Frente Polisario son invitados regularmente a actos y recepciones en cabildos y ayuntamientos.

Sin ir más lejos, en 2021, el Parlamento de Canarias aprobó pedir a Naciones Unidas que promoviera "sin más dilación entre las partes, una solución política justa, duradera y aceptable del conflicto del Sahara Occidental, respetando las resoluciones aprobadas por sus órganos". Y lo hizo por unanimidad, con los votos de PSOE, PP, CC, Podemos, Nueva Canarias y Ciudadanos, entre otros partidos.

Un año más tarde, en marzo de 2022, el entonces senador Clavijo censuraba la decisión del Gobierno de España de apoyar la propuesta de convertir al Sahara una autonomía dentro del Reino de Marruecos. A su juicio, el giro dado por Pedro Sánchez a la posición histórica de España -que el pueblo saharaui decidiera en referéndum- vulneraba "todos los tratados y acuerdos internacionales".

Por ello, exigió conocer el contenido de la carta íntegra que envió Sánchez al rey de Marruecos para restablecer las relaciones entre ambos países, ante la sospecha, decía entonces, de que Canarias se viera afectada por las negociaciones con Rabat.

Sin embargo, el Clavijo que hoy ha acudido a Marruecos a solicitar colaboración es, según recuerdan en su entorno, un representante institucional que sabe que al sur del Sahara, en el Sahel, hay una enorme crisis humanitaria y de seguridad que amenaza con desestabilizar parte de África y que expulsa a miles de migrantes y refugiados cada mes. Una parte de ellos tomará un cayuco a Europa.

Y se ha reunido con un Gobierno al que, al menos, le reconoce este mérito: la situación migratoria en España y la UE sería "inasumible" sin el "enorme esfuerzo" que hace Marruecos para frenar la emigración, según ha dicho Clavijo en Rabat ante Nasser Bourita.

El PSOE ha aumentado durante el verano su ventaja sobre el PP hasta 4,5 puntos al caer 1,7 puntos el respaldo al partido de Alberto Núñez Feijóo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que recoge EFE, que concede una estimación de voto del 33% a los socialistas y del 28,5% a los populares.

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, apunta a una subida de 0,9 puntos de Vox respecto al anterior barómetro de julio, hasta conseguir el 13,1%, y también un incremento de Sumar, de 1,2 puntos, con el 7,8%.

El despegue del PSOE se debe únicamente a la pérdida de apoyos que sufre el PP porque los socialistas solo ganan una décima respecto al voto estimado que recogió el muestreo de julio del CIS.

Además del Partido Popular, bajan en este barómetro la mayoría de las fuerzas que conformaron el bloque de la investidura; Podemos pasa de un 4 % a un 3,6 (-0,4); ERC del 1,7 al 1,4 (-0,3); Junts cae del 1,6 al 1,3 (-0,3); Bildu, del 1,2 al 1,1 (-0,1) y el PNV pierde desde el 1,1 a un 0,9 en septiembre (-0,2).

Por el contrario, Se Acabó la Fiesta, que no tiene representación en el Congreso pero sí en el Parlamento Europeo, aumenta dos décimas al pasar de un voto estimado del 2,7 al 2,9, confirmando su tendencia al alza detectada en las encuestas del CIS. Además, el BNG gana dos décimas hasta el 0,8 % y Coalición Canaria se mantiene en el 0,3 %, y UPN en el 0,1.

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido por los ciudadanos para gobernar; así lo afirma el 24,8 % de los encuestados, menos que el 26,5 que lo elegía hace dos meses. Le sigue Feijóo, el favorito para el 12,1 (frente al 13,5 de julio).

En cuanto a los índices de confianza varían poco respecto al anterior muestreo, aunque ambos bajan. Confían "mucho" o "bastante" en Pedro Sánchez el 29,1 % de los entrevistados frente al 69,1 que tienen "poca" o "ninguna" confianza en él mientras en Feijóo confía el 20,9 % y desconfía el 77,2.

Ningún líder político aprueba en este barómetro, como es habitual en los últimos trabajos del CIS. Sánchez obtiene una nota media de 4,28 y Feijóo se queda en 3,95. Tras el presidente del Gobierno, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, es la que mejor nota saca, 4,15, mientras el dirigente de Vox Santiago Abascal permanece en la cola con 2,89. 

Por otra parte, la migración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro, según este barómetro del CIS difundido este miércoles. En solo tres meses, la migración ha pasado de ser la novena preocupación para los españoles a la primera. La suma de los que la señalan como primer, segundo o tercer problema en el sondeo ha pasado en ese tiempo del 11,2% registrado en el barómetro de junio a un 30,4% en el de septiembre.

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, muestra, sin embargo, que la inmigración baja al quinto lugar cuando se pregunta cuál es el problema que "personalmente" afecta más. En ese caso, los encuestados señalan, por este orden, los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda.

El podio de los principales problemas existentes para los españoles lo completan los problemas políticos en general (20,6 %) y el paro (20,1 %). Ambos estuvieron también presentes en el último barómetro, publicado en julio. El paro preocupaba al 26,5 %, seguido de los problemas políticos (20,7 %) y la crisis económica (19,8 %).

El 96,6 % de los españoles cree que existen "muchas desigualdades entre los países pobres y ricos". El 87,3 % opina que éstas son una de las causas del aumento de la inmigración y el 72,2 % cree que España debería hacer mayores esfuerzos para ayudar a desarrollarse a estas regiones.

Sobre los conflictos existentes, el 25 % de los encuestados se muestra "muy preocupado" por la invasión de Rusia a Ucrania, mientras que el 43,2 % lo está "bastante" y el 16,1 % "algo preocupado". Por el contrario, el 13,7 % asegura estarlo poco o nada. En cuanto a la guerra en Oriente Próximo, el 29,6 % está muy preocupado, frente al 38,2 % y el 16 % que se encuentran bastante o algo preocupados, respectivamente. En el otro extremo, el 13,8 % de los encuestados afirman estar poco o nada preocupados. 

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha propuesto este jueves que, si en Canarias no hay espacio para acoger a los menores migrantes que rescata Salvamento en aguas próximas al archipiélago, que se utilicen otros barcos y se les traslade "a otras costas españolas por el interés superior del menor", según informa EFE.

Según Valido, "estas personas llegan a Canarias porque los recogen y les traen aquí”, por lo que ha propuesto que “si en el archipiélago no hay capacidad para atenderlos, a lo mejor pueden utilizar otros barcos y trasladarles a otras costas". 

La diputada, en declaraciones a los medios tras una visita a La Palma, se ha preguntado “cómo puede el Estado, a sabiendas que un centro está sobreocupado y no se le pueden garantizar los servicios y los derechos, dejar a los menores en las puertas y lavarse las manos". 

"Un Estado que se digne no puede hacer eso", ha dicho Valido, que cree que la situación que vive Canarias respeto a la migración no ocurriría si en vez de llegar a las islas lo hicieran a Cádiz o Málaga. 

Valido ha insistido en que los partidos estatales, en esa coyuntura, ya habrían buscado una solución, y ha comparado “el interés” del PSOE para aprobar la ley de Amnistía o “para intentar aprobar un concierto”, con la resolución de la saturación en Canarias de centros de menores migrantes no acompañados. 

Valido ha resaltado que los menores que llegan a Canarias necesitan una atención digna que el Gobierno canario, por estar al límite, ya no puede prestar.  Además, la diputada ha señalado la "obligación" que tiene el Estado y la Unión Europea de respetar los convenios internacionales de protección al menor.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (CC), ha añadido que “hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado Decretos Ley como churros sin pedir apoyo previo al Congreso de los Diputados, y justamente con este asunto sí lo hace”.

Por ello, Barreto ha cuestionado “por qué no se abrió ningún tipo de debate cuando se repartieron más de 200.000 niños y niñas ucranianas, y es tan difícil el reparto de los 6.000 de Canarias”, y ha pedido que cada ciudadano se plantee cuál es la diferencia “porque deberíamos hacérnoslo ver”.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha exigido al Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) una "rectificación" después de que la entidad local le acusase de haber pintado elementos "naturales protegidos" a raíz una publicación de la exministra de Igualdad en su perfil de la red social Instagram en la que aparecían unas piedras pintadas.

Desde el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) denunciaron el uso "inapropiado" de elementos "naturales protegidos" al considerar que las piedras "dañadas" podrían ser de Fuerteventura. "Esta acción va en contra de la Ley de Patrimonio Natural", reprochaban en un comunicado a través de la misma red social.

Asimismo, instaban a la dirigente de Podemos a "aclarar" el origen de los elementos mostrados y "rectificar públicamente" en el caso de que hubiesen sido sustraídos de las playas de la isla, ya que según remarcaban este tipo de acciones pueden dar lugar a un "efecto dominó con repercusiones irreversibles sobre el entorno natural".

Sin embargo, Montero ha rechazado la acusación del ayuntamiento canario tachándola de "mentira" y "vergonzosa". "Teniendo la posibilidad de confirmar la información, han preferido lanzar un bulo desde sus canales oficiales diciendo que he dañado el patrimonio natural de la isla pintando piedras de colores", ha censurado.

Por ello, la exministra ha pedido tanto al Ayuntamiento como a su alcalde, Isai Blanco, una rectificación. "Se puede y se debe disfrutar de actividades con tu familia sin dañar el patrimonio natural, pero es que en Fuerteventura he estado con mis amigas, no con mi familia, cutres", ha añadido.

En esta misma línea se ha pronunciado también la líder de la formación morada, Ione Belarra, quien a través de su cuenta de X ha reprochado a Coalición Canaria, formación a la que pertenece el alcalde de La Oliva Isai Blanco, que "dejen de utilizar las instituciones públicas para atacar a adversarios políticos".

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha abroncado este miércoles al Pleno de la Cámara Baja después de la muerte de una bebé, de dos años, que había llegado el lunes a la isla de El Hierro a bordo de un cayuco. "Dejénse de chorradas. Esto es una crisis humanitaria", ha afirmado la diputada leyendo el comentario de un médico en X, que es "una fotografía de lo que ocurre".

Así lo ha dicho durante su intervención en el Pleno del Congreso que acoge la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exponer propuestas sobre regeneración democrática y dar cuenta del último Consejo Europeo.

La diputada ha leído un comentario en X, "de los muchos que podría leer", que es "una fotografía de lo que ocurre, viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo". "SOS, soy médico de urgencias de la isla de El Hierro. Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros estaban llorando. Pues me he puesto a trabajar y he acabado llorando yo también. Señores políticos, déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias", ha parafraseado Cristina Valido, quien ha recordado que una niña de dos años, que había llegado el lunes a la isla de El Hierro a bordo de un cayuco, murió.

"Ya no aparecen en primera página. Se acabó la foto de los niños muriendo al llegar a la orilla después de semanas de estar a la deriva sin alimentación y sin agua. Y esto no es un bulo", ha manifestado la diputada, que ha defendido que la modificación de la Ley de Extranjería no es "para resolver un problema" de Canarias, sino que "es de todos".

Asimismo, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Canarias "no está en ninguna parte" del documento que recoge las conclusiones de los Consejos Europeos, "a pesar de ser la mayor tragedia humanitaria fruto de la inmigración que tiene Europa en su frontera sur".

"Las prioridades son la seguridad, la competitividad y la democracia. Y yo les pregunto a ustedes: ¿De qué democracia puede presumir un Estado que discute los derechos fundamentales, los derechos humanos de la infancia migrante?", ha planteado la diputada en su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja.

De esta forma, ha pedido a Pedro Sánchez, "por favor, que lidere medidas urgentes para esta tragedia, porque el proyecto de ley y su tramitación requieren un tiempo que no tienen los niños", y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que "haga sus palabras una realidad".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al jefe del Ejecutivo no mencionar el "problema" de la migración durante su discurso. "Ha venido aquí a darnos sermones y, en cambio, se resiste a hablar de la política migratoria que no tiene este Gobierno", ha aseverado.

Núñez Feijóo ha defendido que "España necesita una migración regulada" y afrontar "con urgencia" la inmigración "irregular y descontrolada", ante datos que considera "alarmantes".

"¿Va a declarar la emergencia migratoria nacional? ¿Va a convocar una Conferencia de Presidentes urgente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir recibiendo inmigrantes de forma irregular sin hacer nada? Solidaridad sí, seguridad también, señor Sánchez. Señor Sánchez, póngase a trabajar en los temas realmente necesarios", ha enfatizado.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aprovechado sus cinco últimos minutos para hablar de los menores migrantes no acompañados, "porque este asunto al final no se trata y cuando sale es un pseudodebate simplón y que no acaba de entrar en el meollo de la cuestión". Esteban ha avisado de que hay un problema "acuciante" que, a su juicio, "va a durar", no solo en Canarias, sino en todas las comunidades.

El portavoz del PNV ha defendido que esta situación "no se va a evitar con la Marina". "Esto es un problema estructural de medios, de organización, de asunción de responsabilidades por parte de la gente", ha afirmado, para después reclamar "una asignación e identificación de la persona y asignar un tutor" a los menores, así como "más medios para la clasificación, también médicos, a la hora de ver si son menores o no son menores".

"La frontera es del Estado", ha recordado Esteban, quien ha censurado que "hay comunidades autónomas que no asumen su responsabilidad" y ha señalado "el ejemplo paradigmático" que, en su opinión, es "La Rioja".

Desde Vox, su líder Santiago Abascal ha afeado al PP "fingir discutir sobre calidad democrática" con el PSOE "semanas después de haber votado a favor de iniciar los trámites para una regularización masiva de medio millón de personas, que no cumplen la Ley de Extranjería, que no respetan las leyes".

Además, ha afirmado que esta medida crea "un brutal efecto llamada que pagará Canarias". "Luego querrá que paguen todos los españoles con lo que ustedes llaman el reparto de la solidaridad y no es más que el reparto de la inseguridad y de la ruina", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha tachado de "vergonzoso" el debate sobre el reparto de menores migrantes solos llegados a Canarias entre las distintas comunidades autónomas. "El nivel de odio, mezquindad y egoísmo que algunos de ustedes están mostrando hacia niños y niñas necesitados de protección y acogida es, de verdad, de vergüenza ajena", ha aseverado, para después añadir que se trata de "niños y niñas que no tienen nada, ni familia, ni medios de vida, ni dónde ir, ni a dónde volver".

"Bastante duro debe de ser la miseria que dejan atrás, como para encontrarse de bruces con la miseria que ustedes transmiten hacia ellos y hacia ellas aquí", ha declarado, al tiempo que ha añadido: "Euskal Herria fue y también ahora será una tierra de acogida".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recalcado este miércoles que no se puede ser "independentista y racista" porque no existe una "Cataluña pura", al tiempo que ha proclamado que "no hay un problema con la inmigración, sino que el problema es que hay muchos fachas, incluso con estelada".

Rufián ha aprovechado su turno para sacar a colación el debate sobre la inmigración que estos días copa la actualidad por la discusión sobre el reparto de menores migrantes no acompañados.

"No se puede ser independentista y racista. De hecho, estas dos condiciones niegan la condición independentista, porque no se puede crear una Cataluña plena si es pura porque no existe la Cataluña pura. Somos el fruto de una mezcla y así ha de ser", ha indicado Rufián.

Además, ha avisado de que quién no entienda esta premisa o "no quiere ganar o simplemente quiere volver a una esencia perdedora. Al menos una persona tiene que hablar con los de afuera, el resto que hable con los de dentro, pero al menos una, tiene que hacerlo si quieren ganar", ha concluido, en velada referencia a Junts.

El Grupo parlamentario del PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado este lunes la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería y han instado al PP a que facilite su aprobación. El debate de toma en consideración se prevé para el Pleno del 23 de julio, con una tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, según recoge Europa Press.

La iniciativa modificaría el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Fuentes parlamentarias indican en que los grupos confían en, al menos, una abstención de los 'populares' para la toma en consideración.

Según ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a los medios, esta modificación va a permitir poner en marcha un mecanismo de acogida para la infancia migrante "de carácter vinculante y solidario" por todos los territorios de España. "Lo que hemos observado hasta la fecha es que el mecanismo vigente, que tenía un carácter voluntario, no estaba haciendo frente a la situación que hay ahora mismo en Canarias. Casi 6.000 niños y niñas están en las islas", ha apuntado.

Asimismo, la ministra ha destacado que es "muy importante" la posición del PP para que la reforma salga adelante. "Lo que le toca ahora al Partido Popular, porque la pelota está en su campo, es ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra. Confiemos en que se ponga del lado de la defensa de los derechos de la infancia y de alguna manera facilite la aprobación de esta reforma del artículo 35", ha recalcado.

En cuanto a la posible aprobación de la reforma, Rego ha expuesto que esperan que sea "lo más rápido posible porque se trata de una situación complicada, una situación que requiere una respuesta urgente".

Igualmente, la ministra ha precisado que la reforma lleva asociada el mecanismo de acogida aprobado por unanimidad en la conferencia sectorial del año 2022 por parte de todas las comunidades autónomas, que llevaba asociado además un mecanismo de financiación. "Con esta propuesta también se garantiza una financiación suficiente para hacer frente a esta acogida vinculante y solidaria por todo el territorio por parte del gobierno. Por tanto, tiene recogidos todos los ingredientes, entendemos, suficiencia financiera y garantías de suficiencia financiera", ha subrayado.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que, tras registrar la reforma de la Ley de Extranjería, "se acaba, en cierta manera, un proceso interno, difícil y complejo" y ha añadido que "es la única solución que da respuesta definitiva a que los territorios frontera tengan que acoger todos los menores que lleguen a su ámbito".

También ha recalcado que la propuesta preserva el interés de las comunidades autónomas y que la "base" es la Conferencia Sectorial. "Todas tienen voz y tienen voto, que tiene financiación porque lo que hacemos es remitir a la financiación aprobada en septiembre del año 2022 por la Conferencia Sectorial y además damos un plazo de tres meses por si se quieren cambiar esos criterios y hacer un nuevo plan", ha explicado.

Torres ha recordado Canarias tiene 6.000 menores migrantes no acompañados y que su tope son 2.000, por lo que tendrían que salir 4.000, que serían distribuidos en 12 meses en el resto de las comunidades autónomas. Además, añade todos aquellos menores que llegasen actualmente con sus derechos preservados y filiados por los responsables jurídicos, serían derivados en un plazo de 15 días.

"Por tanto, esta proposición es la solución, lo haremos con la máxima urgencia, con las peticiones pertinentes y apelo al apoyo de los grupos parlamentarios, para que esto se pueda aprobar en el Congreso y en el Senado a la mayor brevedad posible, por el interés del menor, que están hacinados en un territorio como Canarias o Ceuta", ha asegurado Torres en su intervención para añadir que "todos los menores tienen idénticos derechos, sean inmigrantes o no lo sean"

En cuanto a la propuesta de Canarias de aprobar un decreto ley para que la acogida solidaria de estos menores se haga de manera inmediata, Torres ha dicho que el Ejecutivo comparte "la urgencia y la emergencia", pero ha agregado que también "hay que ser claros". "Un decreto ley se lleva a un Consejo de Ministros cuando tenemos asegurados en principio los apoyos para su convalidación, que se tiene que convalidar en 30 días. En estos momentos, a día de hoy, no tenemos apoyos. El Partido Popular no ha manifestado su sí y otros grupos han dicho que no", ha apuntado. Además, ha dicho que "aparte de dejar en una inseguridad jurídica a los menores que pudieran haberse desplazado, también sería una irresponsabilidad".

En todo caso, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado que, si la tramitación de la proposición de ley "se tuerce", seguirán manteniendo la necesidad de aprobar ese decreto ley que sí pueda dar respuesta a corto plazo. "Todos somos conscientes de que la revisión de la Ley de Extranjería es necesaria. Tenemos que ser más ágiles, tenemos que ser más garantistas, pero, desde luego, ahora nosotros queremos que se entienda la emergencia, que tiempo hay de profundizar en el texto y en las modificaciones de la Ley de Extranjería", ha afirmado.

Clavijo también ha destacado que están "a tiempo" y que, con trabajo, considera que se puede conseguir "buscar un punto de encuentro con todas las fuerzas, en este caso democráticas, del Congreso de los Diputados y más aún aquellas que obviamente tienen una vocación de Estado". "Creo que después de la ruptura de Vox con los distintos gobiernos, el Partido Popular puede estar más libre para poder alcanzar acuerdos de Estado", ha señalado.

En esta misma línea, ha precisado que no se trata de un problema político ni un problema territorial, sino de "un problema y un drama humanitario". "Yo creo que ahí tenemos que dar una respuesta como país", ha añadido.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha mostrado "optimista" porque "no pueden dar la espalda a este drama humanitario" que ha insistido en que "compete a todo el territorio".

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que ha dicho que su formación confía en un trámite parlamentario "lo más rápido posible". "Pero tampoco le oculto que el Partido Popular tiene una responsabilidad en esto, el Partido Popular va a tener que tomar una decisión, aunque sea con su abstención, el Partido Popular tiene que decidir en qué lado está", ha subrayado.

Finalmente, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha dicho que con esta reforma se trata de "atender a niños que salen de sus países escapando del hambre, de la guerra, de la miseria". "No son niños que vienen con machetes a violar a nuestras hijas como dice Vox", ha expuesto. López también ha añadido que esperan que hasta el día 23 de julio, que se tramite en el Pleno, las formaciones políticas hagan "una reflexión de verdad". "No puede llenarse la boca hablando de solidaridad y de humanidad y luego no aprobar la ley que de verdad la lleva a la práctica", ha matizado refiriéndose al PP.

La negociación está muy encauzada y afronta su tramo final. Puede ser cuestión de horas. El Gobierno central y el Ejecutivo canario está finiquitando las conversaciones para un cambio trascendental legislativo para la distribución entre comunidades de los menores extranjeros que llegan al archipiélago, una cuestión que desborda a la administración autonómica.

Fuentes conocedoras de la negociación señalan que el trabajo que se lleva haciendo desde el pasado mes de octubre está a punto de fructificar. Los equipos jurídicos no han descansado y falta sellar el acuerdo político final por parte de las dos partes, lideradas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Uno de los puntos que falta desencallar es la vía por la que se quiere llevar a cabo la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Sobre la mesa hay dos opciones: un decreto ley, por lo que apuesta el Gobierno canario principalmente, o una proposición de ley a través de las Cortes Generales, la fórmula en la que está mas el Gobierno central con fin de aglutinar al mayor número de fuerzas políticas por el camino.

También hay otro flanco, señalan las fuentes, que se está terminando de diseñar sobre el tiempo que pasan los menores en Canarias antes de ser distribuidos a otras autonomías. Al Ejecutivo canario le gustaría que fuera de forma inmediata, pero hay objeciones por parte del Gobierno central al entender que hay trámites que se deben cumplir y siempre deben prevalecer los derechos de los menores.

En Canarias hay aproximadamente seis mil menores extranjeros y la idea es distribuir algo más de 2.000 al resto de autonomías. Esto se trata de una competencia de las comunidades, pero el Gobierno central ha puesto también sobre la mesa una ficha financiera para que pueda llevarse a cabo este reparto. Con este acuerdo se busca acabar con los problemas actuales a la hora de realizar este proceso solidario entre autonomías que se ha visto mal resuelto en las últimas conferencias sectoriales. Aplicando los criterios de la última Conferencia Sectorial, el reparto quedaría así: La Rioja (285), Cataluña (191), Madrid (187), Andalucía (186), Extremadura (185), Cantabria (179), Galicia (165), Castilla-La Mancha (161), Asturias (151), Comunidad Valenciana (145), Castilla y León (129), Aragón (127), Balears (100) y Murcia (100).

Si el acuerdo técnico está en vías de una pronta firma, faltaría el gran pacto político. La idea es que se visualice un gran frente común por parte del Parlamento de Canarias con CC, PSOE, PP y NC (a Vox no se le espera). La intención de las dos partes es que también se sume el Partido Popular a nivel nacional, ya que el buen funcionamiento depende principalmente de la mayoría de autonomías que el PP logró en las pasadas elecciones regionales del 28 de mayo del pasado año.

Desde Coalición Canaria, que gobierna de manera conjunta con el PP el archipiélago, se confía en que Génova 13 abrace también este pacto. De momento, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no ha dado el sí definitivo al sistema que están terminando de acordar el Gobierno central y la administración canaria. Las dudas sobre la posición de los populares surgen por el momento: en plena precampaña de las europeas y con su discurso sobre la inmigración subiendo mucho el tono por la competencia de Vox en los comicios catalanes.

La actual legislación hace que la competencia sobre los menores recaiga en las autonomías y el repunte de la ruta canaria ha llevado a una situación de colapso en el archipiélago. El Gobierno regional ha pedido a La Moncloa que ayude a resolver la situación y desde el Ejecutivo central se puso a trabajar al frente de la comisión interministerial a Ángel Víctor Torres, que fue precisamente presidente de Canarias hasta la pasada legislatura y conoce perfectamente la situación. El sistema vigente no funciona como se pudo comprobar durante el pasado mes de abril cuando la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia rechazó la propuesta del Ministerio de Infancia y Juventud para lograr la derivación de 470 menores migrantes desde Canarias. Además, tampoco se ha hecho efectivo el acuerdo de octubre para el reparto de otros trescientos.

Contra lo que acostumbra a ocurrir con las Islas Canarias, estas semanas se están haciendo eco de ellas a lo largo de toda la península y varías partes de Europa por razones muy distintas a las habituales. Ni la inauguración de un nuevo parque temático, ni la celebración de unos carnavales, ni ningún suceso catastrófico justifican su aparición en los medios; las islas se han propuesto ser noticia por una simple razón: Demandar un cambio de modelo turístico.  

Los canarios pretenden responder de manera masiva a la convocatoria de salir a las calles este sábado 20 de abril con el objetivo de dejar claro, tal como indica el título de la concentración, que Canarias tiene un límite.

No hablamos de una protesta por la preocupante situación de la sanidad pública, ni por la alarmante tasa de pobreza que atormenta a la Comunidad. Tampoco se ha decidido alzar la voz en contra del abrumador porcentaje de desempleo juvenil que empuja a un gran número de jóvenes a abandonar las islas. Ni tan siquiera es una queja por el inviable tráfico que baña las carreteras. 

Se trata de un llamamiento convocado hace apenas un par de semanas que pretende defender tres objetivos claros y contundentes. Bajo la intención de reformar el insostenible modelo turístico se plantea:

Presentados estos tres objetivos, por increíble que parezca, se plantean las siguientes preguntas: ¿Los canarios han perdido el sentido común? ¿Acaso los isleños han olvidado cuál es su principal motor económico y tratan de autoboicotearse? ¿O por el contrario se trata de un clarísimo caso de racismo-turismofóbico? 

En Canarias tenemos la “fortuna” de contar con representantes políticos que, al puro estilo de profesores que carecen de toda autoridad, amenazan a sus alumnos cada vez que pierden el control de la clase. Nos recuerdan el mantra: ¿qué imagen se llevará el visitante observando la hostilidad de los paisanos de las islas “vacacionales”? Se hartan de pedir calma a la población antes de que haya "consecuencias".

Como era de esperar, diversas agrupaciones empresariales, así como patronales hoteleras, se unían a la disputa castigando el llamamiento del 20A. Se incluyen casos como el del vicepresidente de la patronal hotelera tinerfeña Ashotel, el cual se pronunciaba amenazando: “A la vaca que da leche hay que dejarla tranquilita”. Cuando el jefe de estudios entra en el aula a formar parte de la bronca, parece que la clase se está pasando de la raya…

Fernando Clavijo, actual Presidente de Canarias, apenas un par de días después de que se diera a conocer el llamamiento, ya hablaba de una “guerra contra los turistas” y pedía prudencia frente al crecimiento de la archiconocida turismofobia. El máximo representante de Coalición Canaria reclamaba tranquilidad a la población con la intención de apaciguar la oleada de ideas. 

No soy capaz de entender el uso de argumentos como la turismofobia fuera de un intento de deslegitimar el cambio que demandan los ciudadanos. El problema que sufren las islas lo sufrimos todos, residentes y visitantes, canarios y extranjeros. La saturación, el tráfico, el hartazgo o las sequías no parecen puntos a destacar en los folletos turísticos de los próximos años.

La población canaria tiene claro que el cambio debe ser integral y que los beneficios de este serán para todos. Es por ello por lo que el argumento del odio al turista ya no surte efecto para intimidar a los residentes. 

Que el cambio atiende a todos es la principal razón por la que la ilusión se ha contagiado rápidamente. Hasta el momento, no solo se han llegado a convocar marchas en cada una de las islas, sino que se realizarán de manera simultánea en ciudades de fuera del archipiélago como Londres, Berlín, Madrid, Barcelona, Málaga o Granada.

Para lo único que han servido las palabras del político ha sido para enturbiar estas mareas reformistas y hacer que lleguen de manera difusa muy lejos de donde partían. Hablo del caso de medios de gran audiencia extranjera como el programa británico Good Morning Britain. En él, tras conocerse esta supuesta “guerra contra los turistas", se planteaba una encuesta a sus espectadores: “Boicot a Tenerife como destino turístico: Sí o No”. Tristemente, los conductores del programa no justificaban este boicot con la intención de evitar ser partícipes de un modelo de macroturismo basado en la destrucción. Por el contrario, la encuesta a los británicos venía motivada por argumentos férreos como “si no quieren que bebamos su cerveza barata y comida basura, ya lo haremos en otra parte”. 

Canarias no ha perdido el sentido común. Canarias está asfixiada por un modelo obsoleto, abocado a morir de gloria, que se sustenta a costa de la precariedad laboral y la explotación del paisaje y de su gente. El pueblo canario está sorprendido y, cargado de sentido común, se pregunta: ¿Cómo es posible que, encontrándonos en absolutos récords de visitantes (14.1 millones de personas el pasado 2023), el 36% de la población esté en riesgo de pobreza y exclusión social? ¿Cómo es posible que seamos la única región turística de Europa que tenga una tasa de paro más alta que la de su país? Datos odiosos que chocan con un goteo constante de noticias como la de la inversión de 700.000 euros de fondos europeos para atraer nómadas digitales al territorio. 

Vecinos de islas como Fuerteventura, donde han sufrido cortes en el suministro de agua debido a la cada vez más protagonista crisis hídrica, sufren al descubrir que si se desplazaran a "viviendas vacacionales" o reservaran una plaza de hotel podrían disfrutar de una piscina privada a su disposición. Estos vecinos no han perdido el sentido en común, más bien ven en estas incoherencias una razón para ir a las manifestaciones del 20A. 

La lista es interminable: multas a residentes por no explotar sus viviendas en las declaradas “zonas vacacionales”; destrucción de yacimientos arqueológicos aborígenes para construir un macro-resort; colapso en carreteras dentro de parques naturales… Los canarios pretenden liberar la impotencia que produce ver cómo un imponente flujo económico destruye costas, barrios y costumbres para luego desaparecer y dejar los restos a los habitantes. El turismo vive de Canarias. 

Las razones por las cuales parece que la asistencia a las protestas de este sábado será multitudinaria no son más que el reflejo de la diversidad de motivaciones. Ya sea el hartazgo, la ilusión, el temor o el conjunto de ellas: creo que Cruz Cafuné (reconocido cantante de las islas) dejó clara la premisa frente a 12000 personas el pasado fin de semana: “Porque es nuestra p*ta casa”. 

Yo, personalmente, creo que Canarias más que nunca goza de sentido común. Se propone una reforma con el fin de convertirse en anfitriones y no en sumisos. Se pretende defender las costas, expresiones, costumbres y recuerdos que aún no han sido sepultados bajo el hormigón o resignados a convertirse en Airbnbs. Estas manifestaciones aspiran a marcar el principio de un proyecto por su gente y por su tierra.

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Alberto (Tito) Cobiella García es ingeniero y vecino de La Laguna (Tenerife).

Una “mala noticia” y un “insulto” para la audiencia y para los profesionales “honestos”. Así calificó la semana pasada Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, la decisión del Consejo de Administración de RTVE de situar al frente de la corporación a Concepción Cascajosa, investigadora y profesora de comunicación audiovisual española especializada en series de ficción y televisión. ¿El motivo? Que, como ella misma reconoció cuando se sometió a las preguntas de los diputados en el procedimiento establecido para ser desganada miembro del Consejo, es “militante del PSOE”. 

“Al frente de RTVE, Pedro Sánchez, a través de su grupo parlamentario, a través de la representación que ostenta en los órganos de dirección de la tele, ha puesto a una militante socialista con el carnet entre los dientes”, criticó Tellado precisamente en una entrevista en La 1 en la que concluyó que se trata de un ejemplo de más de la “colonización” de organismos, empresas públicas e instituciones por parte del Gobierno.

Lo cierto es que el PP ya sabía que era militante socialista cuando, el 24 de marzo de 2021, apoyó su nombramiento en el Senado. Pero ahora Tellado no lo tiene en cuenta. Y afirma, sin rodeos, que ha sido elegida por Sánchez …no por el Consejo de Administración de RTVE— “por su militancia política” y para “tratar de politizar todos los contenidos, especialmente todos los que tienen que ver con los informativos”.

La paradoja es que la política de situar a personas afines al frente de los medios públicos no es extraña al PP. Todo lo contrario. Ha sido y sigue siendo su práctica habitual allí donde tiene oportunidad de decidir quién dirige la radio y la televisión públicas, sea las del Estado —TVE y RNE— o las autonómicas. Aunque, es verdad, en eso no actúa de forma muy diferente a los demás partidos, incluidos el PSOE, el PNV, Esquerra Republicana o Coalición Canaria.

Los ejemplos son numerosos. Juan De Dios Moreno, el actual máximo responsable de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), aterrizó en el cargo el 9 de julio de 2019 directamente desde el equipo de gobierno de Juanma Moreno (PP) en la Junta.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con experiencia en prensa escrita y consultoría de comunicación, fue también profesor de periodismo, pero llegó a la RTVA desde la dirección general de Comunicación Social de Moreno. 

Más revelador aún es el caso de Madrid de Radio y Televisión Madrid. José Antonio Sánchez es su director, por decisión del PP, desde julio de 2021, aunque ya había ocupado el mismo cargo entre 2011 y 2014. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y su carrera profesional estuvo muy vinculada a Luis María Anson. Nunca ha ocultado sus preferencias políticas: “Yo voto al PP. Voto al PP y seguiré haciéndolo”, reveló en junio de 2015.

No es ningún secreto. Fue director general de RTVE de 2002 a 2004, uno de los períodos más oscuros de la cadena pública, en la que contribuyó a impulsar el bulo de que los atentados del 11M habían sido cometidos por ETA y no por un grupo yihadista. Mariano Rajoy le devolvió a ese puesto en 2014, aunque tuvo que abandonarlo en 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Apenas dos meses antes, durante una comparecencia en la comisión mixta del Congreso y el Senado, reconoció estar “en los papeles de Bárcenas.

Paradigmático es también el caso de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general de la gallega CRTVG desde que Alberto Núñez Feijóo le nombró en 2009, hace la friolera de 15 años. Titulado en 1973 por la Escuela de Periodismo de la Iglesia conserva su cargo por decisión unilateral de la Xunta pese a que una ley de 2011 cambió el modelo de elección del consejo de administración de los medios públicos gallegos.

Sus prácticas censoras y su férreo control de los informativos, diseñados cuidadosamente al servicio del PP, le han valido una movilización de los trabajadores de la radio y la televisión conocida como DefendeAGalega que, desde hace 308 semanas denuncian la utilización de los medios públicos “como instrumento de propaganda partidista”. La iniciativa, galardonada en 2019 por los periodistas gallegos con el XV Premio José Couso, llegó esta semana al Parlamento de Estrasburgo.

El vínculo con el PP es también evidente en el caso de la Radiotelevisión de Murcia. El PP de Fernando López Miras acaba de situar al frente de los medios públicos de la comunidad —con el respaldo de Vox— a Juan Antonio de las Heras, que formó parte durante ocho años de dos gobiernos del Partido Popular en la época de Ramón Luis Valcárcel, primero como jefe de gabinete en las consejerías de Ciencia, Tecnología, Economía, Industria y Comercio y, después, como consejero de Presidencia y Portavocía. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense y en Derecho por la UNED.

El caso de Aragón es tan claro como peculiar. La mayoría que aupó a la presidencia regional a Jorge Azcón (PP) decidió en noviembre situar como directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) a Raquel Fuertes Rodrigo.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, y con experiencia profesional en televisión, fue responsable de comunicación del Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón durante la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, en la que ejerció también como jefa de gabinete de quien hoy es consejero de Hacienda de la comunidad, Roberto Bermúdez de Castro.

Empleada pública por oposición de la Delegación del Gobierno en Aragón, se vio obligada a dejar su cargo en marzo, cuando no se habían cumplido tres meses de su designación parlamentaria, porque el Gobierno central le denegó la excedencia forzosa.

La nueva mayoría de PP y Vox en la Comunitat Valenciana todavía no ha procedido al relevo del actual director general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. En el puesto sigue Alfred Costa i Folgado, licenciado en Periodismo y con una larga trayectoria en el sector de la radio y la televisión, que incluye varios años como concejal socialista responsable de Comunicación, Cultura, Transparencia y Turismo en el Ayuntamiento de Torrent.

A los ejemplos citados, que afectan al PP y al PSOE, se suman los de Cataluña, País Vasco y Canarias, que interpelan a Esquerra, el PNV y Coalición Canaria.

Al frente de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals está desde marzo de 2022 una publicitaria especializada en la dirección estratégica transformación digital, marketing y creatividad. Rosa Romá, considerada próxima a ERC, fue elegida con los votos de PSC, Esquerra y Junts (estuvo vinculada al Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa de Xavier Trias).

El caso de Jon Andoni Aldekoa, director general de EITB desde noviembre de 2020, tampoco esconde su relación con el partido hegemónico en Euskadi. Graduado en Radio y Televisión, fue asesor y director de Comunicación de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco, desde abril de 2015 hasta febrero de 2017, con Iñigo Urkullu. Antes fue consejero Delegado adjunto a la Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao y coordinador de Política Económica y Planificación, desde 2011 hasta mayo 2014, y así como director de Gabinete de Alcaldía, desde 1999 hasta 2015, siempre con los nacionalistas vascos.

En Canarias es María Méndez Castro, una profesional muy vinculada a la gestión en departamentos bajo responsabilidad de Coalición Canaria, quien se convirtió en julio en administradora general del Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC). Durante nueve años ejerció como directora gerente de Promotur Turismo de Canarias. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna.

Sin vínculos aparentes con los partidos de los que dependen sus cargos están los responsables de los medios públicos de Castilla-La Mancha, Asturias y Balears. 

El Gobierno de Emiliano García Page (PSOE) ratificó en octubre a Carmen Amores como directora general del ente público de Radio Televisión Castilla-La Mancha, un cargo que ocupa desde 2015.  Licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, trabajó en Canal Sur, dio clases en la Universidad Francisco de Vitoria y trabajo en los medios públicos castellano manchegos como subdirectora de Programas de Producción Propia y directora de Programas y Contenidos.

El director general de Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), Francisco González Orejas es licenciado en Periodismo, Filología Hispánica y cuenta con más de tres décadas de experiencia como guionista, productor y gestor de empresas audiovisuales, además de haber ejercido como redactor y jefe de programas entre los que están los servicios informativos de TVE en Asturias (1984-1989).

Está al frente de los medios públicos asturianos desde 2019 con el apoyo de PSOE, IU, PP y Foro. 

Más reciente es el caso del periodista Albert Salas, elegido en noviembre nuevo director general de IB3 en Balears. Su candidatura, impulsada por PP, Vox, consiguió el respaldo de Més per Mallorca y Més per Menorca, pero no el de PSIB y Unidas Podemos.

Salas es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla , trabajó en IB3 entre 2005 y 2017 como redactor de deportes, presentador y más tarde responsable de ese área dentro del ente público. En julio de 2017 se incorporó al Real Mallorca como director de Comunicación, cargo que seguía desempeñando hasta su nombramiento.

El PSOE y Coalición Canaria han alcanzado este viernes un acuerdo de legislatura con idea de que los nacionalistas apoyen al futuro Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del desarrollo de la conocida como agenda canaria así como de la ejecución de la totalidad de los acuerdos que ambas formaciones pactaron en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Con ese acuerdo, los socialistas dan por hecho que Coalición Canaria apoyará la investidura de Pedro Sánchez dejando solos a PP, Vox y UPN votando en contra. Este voto favorable se produce pese a que los nacionalistas gobiernan el archipiélago con el PP y pese a que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, dijera en octubre que no iban a llegar al voto a favor en desacuerdo con la amnistía a los independentistas catalanes encausados.

Según el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno ejecutará "la totalidad" de las enmiendas pactadas con CC y que se incluyeron en la cuentas públicas. Además, se cita, en concreto la relativa a los 100 millones de euros para el Plan de recuperación de La Palma que "se materializará a través de una transferencia al Gobierno de Canarias". Además del eventual apoyo a la investidura, Coalición Canaria prevé "aprobar" las los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026, así como, todas las leyes vinculadas con la aprobación de hitos comprometidas con la UE en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Pero, además de estos acuerdos en materia económica, los nacionalistas canarios han dado su compromiso de "negociar y aprobar todos los Reales Decretos-leyes que, por razones de urgente necesidad" impulse el Gobierno.

El texto deja claro que "no vincula" a Coalición Canaria en el apoyo a ningún texto legislativo relativo a la amnistía de los encausados en el proceso independentista catalán.

“Me entiendo bien con la ministra de Hacienda. Tanto ella como yo somos bastante directos. Lo prefiero así a la hora de hablar y plantear las cosas. Ya sabe todo el mundo que Hacienda es el Gobierno dentro del Gobierno. Es el que da el permiso al resto de departamentos para hacer cosas”.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, se expresaba claramente tras el encuentro de la semana pasada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que a su lado también estuvo la titular de Hacienda en funciones y ‘número dos’ del PSOE, María Jesús Montero. La sevillana se ha convertido en una pieza clave de la negociación: vis política y la llave presupuestaria, como reconocen fuentes de la negociación.

Montero llegó a la órbita de Pedro Sánchez con la moción de censura cuando fue elegida para capitanear el Ministerio de Hacienda. Desde entonces ha ido ganando mucho peso y llegó a ostentar la Portavocía del Gobierno. Pero ahora, además, tiene un gran poder dentro del partido (algo a lo que había sido reacia durante años en su época en la Junta de Andalucía) y es la vicesecretaria general del PSOE desde el verano pasado.

Pero esto no la ha convertido directamente en clave en las negociaciones, sino que se dan otros factores. Uno de ellos es que se ha ido labrando una relación con los grupos durante la pasada legislatura y se ha fortalecido como interlocutora de confianza para muchos. Ella habla de manera muy práctica, negocia con datos y tiene el poder para las partidas ministeriales. Pero es que, además, otro de los puntos esenciales de la negociación es que el PSOE quiere atar también varios presupuestos generales.

El planteamiento de negociación de los socialistas no pasa sólo por los votos para la investidura, sino que aspiran a amarrar varias ediciones de las cuentas públicas para garantizar la legislatura. Aunque en público se habla principalmente por parte de los posibles socios del Gobierno de materias de autogobierno, los temas económicos también tendrán gran importancia a la hora de sellarse un pacto, como reconocen los negociadores.

Por eso, Montero estuvo al lado de Sánchez durante las reuniones la semana pasada del presidente con representantes del PNV, Coalición Canaria, Junts y EH Bildu. Los nacionalistas vascos no quieren concretar en público, según fuentes consultadas, sus peticiones al socialismo, pero sí persiguen varias cuestiones, como han reiterado en público y en su programa. Especialmente miran a las infraestructuras, que se pueden vender además de cara a las próximas elecciones autonómicas. Una de sus principales demandas es que se culmine “con la mayor brevedad” la Y vasca, además de aumentar las partidas para los servicios de cercanías y acometer su transferencia al Gobierno de Euskadi. Los jeltzales, al hilo, ponen sobre la mesa acelerar las conexiones con Europa en materia ferroviaria e impulsar el corredor Atlántico de mercancías.

También los peneuvistas tienen mucho interés en los temas fiscales y se han fijado para esta legislatura lograr una revisión del IVA (analizando el tipo de bienes y servicios) y un cambio en la ley de estabilidad presupuestaria para que los objetivos sean individuales y de manera negociada bilateralmente con el Gobierno. 

La carpeta catalana tampoco está exenta de temas económicos de cara a la investidura. Aunque sólo el debate se centre públicamente en una posible ley de amnistía, tanto en ERC como en Junts reconocen la importancia que tendrá este aspecto a la hora de cerrar un posible pacto con los socialistas y Sumar. 

Por ejemplo, en ERC hablan de que es vital que ese acuerdo incluya materias que importan en el “día a día” de los ciudadanos. Una reivindicación en la que se trabaja para llegar a un pacto entre las dos partes es la transferencia de Rodalies, un servicio solicitado reiteradamente por la Generalitat y que ha sido siempre motivo de quejas por su funcionamiento desde hace décadas. Por el momento, los socialistas se mueven en un traspaso en el plano económico (que el coste del servicio que el Ministerio de Transportes abona a Renfe pase a la Generalitat), pero el independentismo quiere la transferencia completa que incluya vías, catenarias, estaciones y trenes. 

En la negociación ERC también presiona, como ha reconocido la consellera de Economía, Natàlia Mas, por la “corrección de la infrafinanciación” de Cataluña. Para la Generalitat, en la última década la media de ejecución de la inversión del Estado en Cataluña se situó en el 62% frente al 122% de Madrid. Aunque no se confirma oficialmente desde ERC, otras de las quejas habituales es la petición de una condonación de la deuda que acumula Cataluña por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cuyo origen para la propia Esquerra está en el propio sistema de financiación autonómico.

¿Se va a pactar con los independentistas un nuevo sistema de financiación autonómico? Desde el Gobierno se niega este extremo. María Jesús Montero quiere llevar a cabo la reforma de la ley durante esta legislatura, pero su intención pasa por llegar a consenso con el Partido Popular, ya que ahora mismo tiene la mayoría de gobiernos regionales en España tras el 28M. Por eso, se descarta aprobar ahora esa ley sin el respaldo de los populares. El actual modelo, que data de 2009, ya no sirve para la mayoría de autonomías. Pero en el Ejecutivo son conscientes de que el PP no va a poner fácil este extremo porque ya está haciendo oposición con la renovación.

El voto para la investidura pasa necesariamente por los siete diputados de Junts. Los de Carles Puigdemont también van a reclamar mejoras en materia económica en la negociación, un punto que no está en las portadas pero que muchos sectores del partido ven como indispensable, según fuentes soberanistas. El expresident, en su discurso en Bruselas, para fijar las condiciones de la negociación habló del déficit fiscal de 20.000 millones al año en perjuicio de Cataluña, la falta “crónica” de inversiones y la no ejecución de todo lo presupuestado. El partido posconvergente, para presionar en mitad de las negociaciones, presentó en el Parlament un estudio que cifra en 450.000 millones la “deuda histórica” del Estado con Cataluña, además de exigir la condonación de la deuda del FLA (que el año pasado se situó en los 71.300 millones de euros). Otra de las reivindicaciones es el traspaso de las competencias de recaudación de la Agencia Tributaria para que la Generalitat pueda cobrar todos los impuestos.

Montero negocia también directamente con Coalición Canaria aspectos económicos, pues los nacionalista están dispuestos a abstenerse si se cumple con la llamada agenda canaria. Y esto abre la puerta, como reconoce ese partido, a que su voto pueda contar también en futuras leyes y especialmente en presupuestos generales. Ese paquete que exigen incluye la recuperación de los convenios de infraestructuras hidráulicas y educativas, la exención de la subida de tasas aeroportuarias que prevé Aena a partir del 1 de enero de 2024, la transferencia total de la competencia de costas y de las partidas en los presupuestos de este año, la ampliación un año en la gratuidad de los transportes y alargar diez años la bonificación del 60% del IRPF para los palmeros. 

En el Gobierno admiten la "complejidad" de esta negociación a varias bandas y con muchas peticiones, pero creen que se puede cuadrar todo y armar una mayoría de investidura. La conversaciones, como deslizan desde La Moncloa, ni se han encallado ni van tan rápidas como quiere hacer ver la derecha. Y buena parte de ello depende de los números que haga Montero.

El PSOE no suelta prenda apenas. La máxima oficial que sale de La Moncloa y de Ferraz es que es el tiempo de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Hasta el viernes el foco tiene que estar en el popular y en el no de la Cámara baja. Pero todos son conscientes en el Gobierno y en la cúpula del partido que a partir del sábado los focos se girarán hacia Pedro Sánchez. Todos.

Sólo hay una fecha fija: hasta el 27 de noviembre se extiende el plazo para intentar que haya un presidente del Gobierno. Si nadie lo logra, entonces los españoles tendrán que ir a las urnas el 14 de enero del año que viene. Pero el propio Sánchez ha mostrado su seguridad en que logrará armar una mayoría para reeditar un Ejecutivo progresista.

Después de que fracase el viernes por la tarde Núñez Feijóo en la segunda votación de investidura, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se trasladará hasta el palacio de la Zarzuela para informar del resultado. Felipe VI tendrá que coger las riendas de nuevo y articulará otra ronda de consultas para elegir un nuevo aspirante para La Moncloa. Esto sucederá previsiblemente a principios de la semana que viene.

Será el turno entonces de Pedro Sánchez. Fuentes socialistas subrayan que en ese momento se “intensificarán” las negociaciones para la investidura de Sánchez. En Ferraz entienden que el debate de esta semana no ha cambiado el escenario, aunque sí ha servido para que se evidencie todavía más el rechazo de la mayoría de la Cámara al líder del Partido Popular.

En el círculo del presidente no dan pistas, pero prometen que todo se hará “con normalidad y transparencia”. Sí se abrirá una pantalla en la que se intensificarán esas negociaciones y, además, se harán de manera más pública. Hasta el momento todos los movimientos se están haciendo soterradamente, de manera muy discreta. No se ha perdido el tiempo para ir allanando el complejo camino para lograr esa mayoría absoluta.

En el Gobierno y en Ferraz se muestran optimistas sobre poder amarrar el voto de la diputada de Coalición Canaria, que apoya a Alberto Núñez Feijóo pero se abre a hacer lo mismo con Pedro Sánchez. La formación nacionalista está dispuesta a explorar un acuerdo si se cumple con la agenda canaria y tiene previsto someter a una consulta entre sus bases el sentido de su voto. El sí de este partido serviría para que valiese una abstención de Junts y no obligatoriamente un sí.

Lo que ven difícil es que esa investidura se pueda producir antes del 12-O, una fecha simbólica al ser la Fiesta Nacional. En la agenda del presidente está de manera inmediata la cumbre de los líderes europeos en Granada los días 4 y 5 de octubre, bajo la Presidencia española de la UE. Entienden los socialistas, al hilo, que los otros partidos también necesitan algo de tiempo para concretar un pacto. 

Pero la clave sigue estando en los grupos independentistas. Durante estos días Junts y Esquerra han tenido postulados en sus discursos exigiendo la autonomía y la autodeterminación. Además, de manera paralela. en Barcelona se ha celebrado el debate de política general, donde el presidente catalán, Pere Aragonès, ha dado por hecha la amnistía, pero mirando más allá: "Que nadie pretenda presentarla como un punto y final, porque es un punto de partida. Con la amnistía en camino, ha llegado la hora de abrir paso para que Catalunya vote. El futuro presidente del Gobierno español se tiene que comprometer a que encontraremos la vía para que la ciudadanía vote sobre su futuro, incluida la independencia".

En La Moncloa enmarcan estas palabras en discursos hechos para decir no a Feijóo en el Congreso y en el contexto de un debate muy simbólico en el Parlament. “Aragonès habla allí como president de la Generalitat, no como el partido”, reflexionan fuentes gubernamentales. En el círculo del presidente apelan a escuchar la respuesta del líder del PSC, Salvador Illa, al republicano. Le recordó que “ya se ha visto lo que pasa” cuando se opta por el “atajo”, avisando de que Cataluña “se equivoca cuando el arrebato se impone a la razón”. La receta pasa, comentó, por el diálogo y la convivencia. Con una significativa mano tendida para pactar los presupuestos autonómicos de 2024.

Mientras llega el momento de la “verdadera” negociación, en Moncloa y Ferraz paladean lo que consideran que ha sido un “éxito”: un debate de investidura fallida de Núñez Feijóo eclipsado por el efecto sorpresa del discurso del socialista Óscar Puente. La lectura que hacen en el círculo de Pedro Sánchez es que se ha evidenciado que el presidente del Partido Popular se “ha cerrado las puertas con todos”: “Llegó con 172 votos, y así sigue”.

Fuentes de La Moncloa insisten en que el discurso de Feijóo estaba dirigido principalmente “a su parroquia”. En el PSOE sostienen en este sentido que el candidato popular ha utilizado el encargo del rey “como plataforma para tratar de afianzar su puesto en el Partido Popular, sin ninguna intención de presentar un programa de Gobierno que la cámara pueda valorar y votar en consecuencia”. “El panorama de propuestas de Feijóo es un páramo yermo en el que solo se escuchan aplausos de su propia bancada”, sostienen en Ferraz.

Para el PSOE, este debate ha servido para que el país vea una intervención del popular “trufadas de bulos, gags y frases hechas”. “Un discurso destinado a contentar a la caverna política y mediática que comienza a dudar de las capacidades de Feijóo”, interpretan en la sala de máquinas de Ferraz, donde quieren hacer calar que la “investidura fake de Feijóo estaba diseñada para que nadie le mueva la silla en el PP, en un momento en el que desde muchos territorios se mira al dirigente gallego con lupa”.

Fuentes cercanas al presidente dicen que Pedro Sánchez está “sereno” y “bien de ánimo” ante el reto que tiene ahora por delante para montar esa compleja mayoría, que quiere que sirva no sólo para la investidura, sino que dé estabilidad al país. Él mismo ha dicho que hablará en el momento que toque para explicar a la ciudadanía cualquier pacto. 

Este jueves tiene previsto dar un discurso en la clausura de las jornadas de los europarlamentarios del Grupo Socialista y Demócrata que se están celebrando en Madrid. Sus palabras irán principalmente en la dirección de cómo en España se ha logrado frenar la ola de la ultraderecha que se estaba produciendo en todo el continente, subrayan fuentes gubernamentales.

También se escucharán con mucha atención las palabras que pronunciará el próximo sábado en una acto del PSOE en La Rinconada, Sevilla. Es uno de los grandes bastiones del socialismo andaluz, un territorio al que se mira de cara a la posible aprobación de una ley de amnistía. Esa provincia es donde hay más carnés socialistas en toda España y es cuna de los históricos Felipe González y Alfonso Guerra, que están en plena guerra contra Ferraz. Por eso, se espera que sirva de cierre de filas de la enorme federación del PSOE-A y un lanzamiento sonoro hacia la carrera de la investidura.

Las contradicciones ahogan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras intenta sobrevivir a la investidura con la vista puesta en una eventual repetición electoral que le otorgue una segunda oportunidad de llegar a la Moncloa. Primero pidió urgencia para formar un ejecutivo; ahora ha retrasado ahora todo lo posible la votación. Del rechazo inicial a pactar con fuerzas independentistas, ha pasado a explorar la abstención de Junts. Critica las cesiones a los socios del PSOE, pero asume las demandas de los nacionalistas canarios. Sigue defendiendo que debe gobernar el partido más votado, según la "costumbre", obviando que la Constitución consagra el sistema parlamentario. Rechazaba a Vox como socio, pero ahora escenifica su sintonía con Abascal. Y condena los préstamos de diputados para formar grupo parlamentario, que ya utilizó Aznar.

El candidato del PP llegó prometiendo “derogar el sanchismo", pero desde las elecciones, e incluso antes, pide la abstención socialista para aplicar su programa. En su camino hacia La Moncloa, Feijóo modula posiciones, relativiza principios y cambia el discurso en función de la coyuntura y la búsqueda de apoyos parlamentarios.

El líder del PP salió de las elecciones generales pidiendo reuniones urgentes con los partidos políticos y en particular con el presidente Pedro Sánchez con el argumento de que había que agilizar los plazos. España, decía, tiene problemas que no pueden esperar, así que anunció el inicio de un “diálogo para negociar un Gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada en las urnas”. El 9 de agosto la secretaria general Cuca Gamarra anunció reuniones urgentes para pactar con Coalición Canaria y cinco días después el coordinador general, Elías Bendodo, defendió una investidura rápida antes de que terminase el mes. “Es bueno para el conjunto de los españoles”. “Estamos en plena presidencia de la Unión Europea y cuanto antes haya un gobierno fruto de esa investidura, mejor para todos”, argumentó. Un ejecutivo “que empiece a rodar cuanto antes, ya que hace falta que así sea”.

Ahora, en cambio, con el encargo del rey de presentarse a la investidura, Feijóo ya no tiene ninguna prisa. De hecho, en vez de solicitar una investidura rápida, pidió a la presidencia del Congreso demorarla hasta finales de septiembre con la excusa de que necesita ese tiempo (35 días) para negociar con otros partidos en busca de apoyos. El propio candidato decidió tomarse libre toda la semana alegando que los grupos parlamentarios aún no se habían constituido, algo que no le impidió firmar un pacto con Coalición Canaria.

“Parece razonable” que “se le dé un tiempo razonable a quien ha ganado las elecciones para que pueda hablar con el resto de formaciones políticas y conseguir los cuatro votos que le faltan al Partido Popular para poder aspirar a esa investidura”, aseguró hace unos días su vicesecretario general Borja Sémper.

La primera reacción del PP, después de conocer los resultados electorales y la intención de Pedro Sánchez de intentar armar una mayoría en el Congreso que le permitiese mantener la coalición de Gobierno, fue denunciar que pactar con Junts sería tanto como trasladar la capital de España a Waterloo, la localidad belga en la que vive el líder de esta formación, Carles Puigdemont, desde que huyó de la justicia española hace casi seis años. La alternativa que propone Pedro Sánchez, según Feijóo, es que, “al final, la capital de España pase a estar en Waterloo” y que “un huido de la Justicia”, decida “cómo va a ser el Gobierno de España”.

Un mes después, cuando el PP se dispone a pedir una reunión a los diputados de Junts en el Congreso para explorar la posibilidad de que se abstengan en la investidura de Feijóo —lo que le daría automáticamente la presidencia del Gobierno—, Génova ya no habla de los independentistas en esos términos. Más bien al contrario, defiende la legitimidad de negociar con el partido de Puigdemont porque, en palabras del vicesecretario Esteban González Pons, “Junts es un grupo parlamentario que, al igual que Esquerra, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Si hay una idea que los dirigentes del PP repiten en todas sus intervenciones es que el partido más votado es el que debe gobernar. Aunque no tenga mayoría suficiente en el Congreso. Es una tesis incompatible con el sistema parlamentario español, que es el que consagra la Constitución que los de Feijóo dicen defender.

Se apoyan en la idea de “la costumbre” como fuente de derecho: debe gobernar el partido más votado porque “siempre ha sido así”.

La tesis del PP esconde en realidad la intención de negar legitimidad a cualquier Gobierno que nazca del acuerdo entre partidos en el Congreso. Y contradice el criterio que el PP ha aplicado allí donde ha tenido oportunidad, desde el actual Gobierno de Extremadura, a los de Castilla y León, Murcia y Madrid después de las elecciones de 2019.

El PP defiende, además, que la regla no rige cuando el más votado no le gusta: es el caso de Junts y EH Bildu —impidió con sus votos que ambas formaciones se hiciesen con las alcaldías de Barcelona y Vitoria.

En plena campaña electoral, cuando trataba de quedarse con todo el espacio posible a la derecha del PSOE, Feijóo decía que Vox no era una “buena idea como socio”. No le gustaba. “Creo que Vox, en este momento, no es un buen socio para la gobernabilidad de mi país. Provocaría unas tensiones innecesarias y España tiene que ocuparse de lo importante. Y algunas discusiones que Vox pone encima de la mesa es alejarnos de lo importante. Nunca he hablado con los ideólogos de Vox y algunos me producen mucha intranquilidad. Por tanto, no me siento cómodo con ese partido”, llegó a declarar en una entrevista publicada por El Español.

Ahora Feijóo ya no dice lo mismo. Necesita los 33 votos de la extrema derecha para soñar con una investidura y ha asumido escenificar la sintonía entre su partido y el de Abascal. “Tenemos una relación de normalidad democrática en el objetivo compartido de proteger nuestra nación y defender la Constitución. La relación de colaboración se mantendrá”, admitió el martes pasado.

Durante la campaña electoral, Feijóo pidió con insistencia respaldo electoral para evitar un Gobierno “secuestrado por las minorías”. El discurso del presidente del PP se apoya constantemente en la idea de que no es legítimo, como hace Pedro Sánchez, llegar a acuerdos con partidos minoritarios y pactar sus votos a cambio de determinados compromisos.

Ahora sigue diciendo lo mismo, cuando pronostica cesiones del PSOE y de Sumar a sus potenciales socios en Cataluña, Euskadi y Galicia. Pero, en cambio, acepta las peticiones de Coalición Canaria a cambio de su único voto en el Congreso. Un pacto, conocido como la agenda canaria, que no solamente incluye demandas propias de las islas que se ejecutarán a través de convenios bilaterales, sino un compromiso para que el Gobierno canario tenga presencia en las reuniones de España con Marruecos. Además de dar a Coalición Canaria capacidad de influir en la legislación estatal en materia de oportunidades para jóvenes, acceso a vivienda, lucha contra la violencia machista, derechos LGTBI, educación, formación profesional dual, pensiones, dependencia y salarios.

Es esta una contradicción que ya pusieron de manifiesto durante la campaña electoral los dirigentes de Vox y que algunas voces del PP, en particular Esperanza Aguirre, han destacado después de la votación. Feijóo intentó atraer al PP a todos los descontentos con el Gobierno de coalición proclamando, como resumen de su programa, la voluntad de “derogar el sanchismo”, entendiendo por tal la práctica totalidad de las leyes y proyectos impulsados durante los últimos cuatro años.

Ahora, sin la mayoría en el Congreso que buscaba para cumplir su promesa, está pidiendo al propio Pedro Sánchez que le haga presidente para hacer lo mismo, derogar el sanchismo. Del reduccionismo de esa idea, que Génova ha decidido enterrar por lo menos hasta que se vote la investidura de su líder, el PP ha pasado ahora a defender la necesidad de “recuperar un proyecto común y compartido de política que proyecte lo mejor de nosotros mismos”. “Que la dialéctica política, que el tono, que la profundidad del debate sea tal, no sea epidérmico”, en palabras de su vicesecretario Borja Sémper.

El PP ha criticado que Sumar y el PSOE vayan a prestar diputados a Esquerra y a Junts para que ambas formaciones puedan constituir grupos parlamentarios. Sin esta ayuda externa no podrían conseguirlo, porque no cumplen los criterios establecidos en el reglamento del Congreso. Hacen falta al menos 15 diputados o, en su defecto, haber obtenido al menos el 15% de los votos en todas las circunscripciones donde se haya presentado candidatura o un 5% de los votos en el conjunto del Estado.

Lo que van a hacer los partidos de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz “fuerza las costuras de la norma" y “es un poco fraude”, según el PP. Los de Feijóo sostienen que de ese modo se “altera el resultado de las elecciones”, se “maquilla”.

Lo que no dicen es que José María Aznar hizo lo mismo en 1996. El entonces líder del PP necesitaba los votos de los cuatro diputados nacionalistas de Coalición Canaria para su investidura y su grupo no puso entonces ningún reparo para que hubiera un préstamo y facilitarles tener grupo propio. Lo hicieron a través de UPN, cuyos dos parlamentarios, socios del PP en la Comunidad de Navarra, se unieron a los canarios durante el primer periodo de sesiones. La misma situación se repitió en el año 2000, también con el beneplácito del Partido Popular, que ahora, en cambio, habla de alteración del resultado electoral.

El pueblo ha hablado y ha concluido que no son tiempos de mayorías absolutas. Ni para la derecha ni para la izquierda. El 23J deja un parlamento con un claro empate entre bloques, con las candidaturas nacionalistas o regionalistas en su mínimo histórico —el 8% del total de la Cámara— aunque, paradójicamente, son más decisivas que nunca para decantar la balanza hacia un lado o para forzar una repetición electoral. Aunque el mapa político actual es más complejo que el de 2019, la ausencia de mayorías absolutas ha obligado a los partidos a cambiar su cultura de pactos y a trabajar sus alianzas en cada momento en función de los debates que se plantean. 

El Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez lo ha puesto en práctica a lo largo de la legislatura que expira el próximo 17 de agosto, apostando por la izquierda en algunas medidas, entre ellas los Presupuestos Generales del Estado, y echando mano de la derecha en otras, como la prórroga del Estado de Alarma con la ayuda de Ciudadanos o la reforma laboral que salió adelante gracias a la equivocación de un diputado del PP. Una geometría variable que nunca vio con buenos ojos su socio de Gobierno, Unidas Podemos. 

Con el resultado de los comicios generales en la mano, la clave de que Sánchez pueda volver a gobernar la tienen Coalición Canaria (CC) y Junts per Catalunya. Si los primeros le dan su apoyo, basta con la abstención de los independentistas. Si los canarios se abstienen o votan en contra, el presidente del Gobierno en funciones necesita el voto afirmativo de, al menos, dos diputados catalanes. Los socialistas son conscientes de lo difícil que resultaría arrancar un sí a Carles Puigdemont y miran primero a Canarias para tratar de conseguir ese apoyo clave que daría una estrechisima ventaja al bloque de la izquierda: 172 (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC) frente a 171 (PP, Vox y UPN).

Tras afirmar que no apoyaría un gobierno de PP ni del PSOE si implicaba la entrada de Vox o de Sumar, la única diputada de CC, Cristina Valido, ha abierto la puerta a apoyar la investidura de Feijóo o de Sánchez si reúnen los apoyos suficientes. “Estaríamos dispuestos a hablar, dentro de nuestra responsabilidad, y a llegar a algún acuerdo puntual, para la investidura, de manera bilateral, con el candidato a la misma”, ha asegurado en una entrevista en El País este martes, en un claro guiño al socialista, que a día de hoy es el único que puede reunir esos números.

La presencia de Sumar ya no es un escollo para Coalición Canaria, que ya ha manifestado que prefiere a los de Yolanda Díaz a la repetición electoral. “Si depende de nosotros romper una situación de bloqueo, evitar una convocatoria de nuevas elecciones, no nos vamos a negar a hablar”, aseguraba Valido en la citada entrevista. Aunque la diputada canaria ha manifestado tener reservas con algunas posiciones de la vicepresidenta segunda en funciones, también ha confesado que está más cerca de ella que de la extrema derecha.

La formación dirigida por Fernando Clavijo, presidente de Canarias en coalición con el PP, ya va dejando alguna pista sobre a cambio de qué estaría dispuesta a dar su voto afirmativo, al situar la financiación autonómica y la inmigración como dos cuestiones clave que, a su juicio, “a día de hoy no se están respetando”. Este martes, precisamente, la ministra de Hacienda en funciones y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado en RTVE que la reforma de la financiación autonómica, que también reclaman formaciones como Compromís, es “urgente”.

Con todo, la negociación del nuevo modelo no será fácil y más teniendo en cuenta que el PP gobierna en 12 de las 17 autonomías. Para empezar, PSOE y PP ni siquiera están de acuerdo en el método. Montero defiende que primero ambas formaciones pongan de acuerdo a sus respectivos presidentes autonómicos para unificar criterios y negociar un acuerdo que salga del Congreso con el respaldo de los dos grandes partidos aunque de él se descuelguen formaciones que sólo atienden los intereses de las comunidades que gobiernan —como los independentistas catalanes o los regionalistas cántabros—. Feijóo, en cambio, propone una negociación a 15 bandas, tantas como comunidades afectadas —País Vasco y Navarra tienen su propio sistema— en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para impedir, argumenta, que Sánchez acabe pactando el nuevo modelo mediante acuerdos bilaterales con Cataluña.

Además de la financiación autonómica, hay otras demandas que Coalición Canaria también quiere poner sobre la mesa de negociación como el cumplimiento de su Régimen Económico y Fiscal (REF), los compromisos con la isla de La Palma afectada por la erupción de un volcán en septiembre de 2021 y “un compromiso” para recuperar su “diferencial fiscal”. Desde la formación aseguran que no quieren hacer un planteamiento “ideológico” sino que lo que buscan son contrapartidas para las islas, por lo que tanto les vale dar el apoyo del PSOE como al PP.

La filosofía del CC, expresada por el propio Clavijo, es que no son ni “de derechas” ni “de izquierdas” sino “nacionalistas”, aunque en su ideario también añaden la etiqueta “progresista”. Una indefinición que les ha llevado a apoyar gobiernos de todo color y tipo a lo largo de sus treinta años de historia, desde José María Aznar pasando por Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando irrumpieron en la Cámara Baja en 1993 lo hicieron con cuatro escaños y grupo propio, una cifra que no han vuelto a obtener.

Coalición Canaria votó en contra de la investidura de Felipe González en 1993, a favor de la Aznar en 1996 y también en el 2000. En 2004, tras la victoria de Zapatero, dieron su apoyo al socialista, pero en 2008 se abstuvieron. Una abstención que repitieron en la investidura de Mariano Rajoy en el año 2012, que cuatro años más tarde, en 2016, se transformó en un ‘sí’ al conservador, mientras que su homólogo, Nueva Canarias, votó en contra.

Tras la etapa Rajoy comenzó la de Sánchez, con la moción de censura de 2018. Tras amagar con votar en contra al principio, Coalición Canaria finalmente se abstuvo. En 2019, tras la victoria de Sánchez en los comicios de noviembre, el Consejo Político de la formación acordó abstenerse, pero su diputada Ana Oramas decidió romper con la disciplina de partido y votó en contra, exponiéndose a su expulsión, que finalmente se zanjó con una multa de 1.000 euros.

Coalición Canaria, el partido que tiene tras el voto CERA una de las llaves para que gobierne la coalición de izquierdas, ha reconocido en una entrevista en El Mundo que podría aparcar sus diferencias con los nacionalistas y Sumar a cambio de desbloquear la investidura de Pedro Sánchez.

"Nosotros, si negociamos la investidura de manera puntual porque es necesario nuestro apoyo para el desbloqueo, no vamos a tener en cuenta quiénes apoyan una cosa o quiénes apoyan otra. Diferente es un acuerdo de legislatura", ha dicho Cristina Valido, la única diputada electa de este partido en el Congreso.

Hasta ahora, Coalición Canaria ha repetido que su línea roja es que los aspirantes a gobernar pacten con "la extrema derecha y la extrema izquierda", en relación a Vox y Sumar. Es decir, su posición públicamente hasta este fin de semana era que no iban a votar a favor de investir a Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, ahora abren la puerta a que apoyarían la investidura de cualquier candidato si de ellos depende que haya Gobierno o no. La posición es clave, ya que tras el recuento del voto CERA el PP ha ganado un escaño extra este fin de semana y el PSOE ahora necesita el sí de Junts per Catalunya o el sí de Coalición Canaria.

"No llegar a un acuerdo de legislatura por no compartir gobiernos participados por la extrema derecha o por la extrema izquierda no significa que nos impida poder hablar o llegar a acuerdos puntuales, en este caso para una investidura. Entendemos que es una posición de responsabilidad", se lee en la entrevista.

A partir de ahí, Valido sí aclara que no pactarán con ese hipotético Gobierno de izquierdas durante el día a día de la legislatura. Como mucho, podría facilitar un acuerdo de Presupuestos. "Ahí sí que nosotros, una vez formado el Gobierno, si ese Gobierno está participado por los partidos que ya hemos expresado con los que nosotros no vamos a acordar nada ni vamos a negociar nada, ahí nosotros nos mantendríamos al margen y, llegado el momento, si nos necesitan para sacar unos Presupuestos o para aprobar una ley o para cualquier cuestión, habría que negociar desde cero, claro".

La representante del partido canario en el Congreso también cree que un hipotético apoyo de Gobierno a PSOE y Sumar no tendría por qué acabar con el pacto que tiene Coalición Canaria con el Partido Popular para gobernar las islas, donde el primer partido tiene la presidencia y el segundo la vicepresidencia. No tendría por qué [cambiar el gobierno de Canarias]. Nosotros ya hemos estado gobernando en Canarias con el PP negociando y llegando a acuerdos importantes con el PSOE en Madrid y al revés (...). Siempre hemos tendido la mano a unos y a otros, hemos apoyado gobiernos de los dos colores", señala Valido en la entrevista.

Quince años a sus espaldas en el Congreso. Y Ana Oramas (CC) enfila este 2023 pensando en su vuelta a la política canaria. Una de las diputadas más reconocidas, habitual en las sesiones y en los pasillos. Su voto ha sido imprescindible en muchas ocasiones durante estos años. Ha visto de todo en el Parlamento.

Se marchará de la capital dejando amigos diputados de todas las ideologías, pero con una sensación de clima irrespirable en los últimos meses. Esto no lo había vivido nunca. Y se muestra orgullosa de que nunca ha votado en contra de sus principios y que ha hecho hasta vida de barrio en plena Villa y Corte. Que suene el carrillón.

1. ¿Se puede ir uno de aquí con la conciencia tranquila?

Creo que sí. Jamás he votado en contra de mis principios, mi conciencia y mi tierra. Y no me he encontrado a nadie que me haya dicho que le engañé.

2. ¿Se arrepiente de algo en la Cámara Baja?

Quizá de haber venido el día del entierro de mi padre a votar los presupuestos generales que dependían de mí. Es una espina que tengo clavada.

3. ¿Cuál fue el día que sintió más vergüenza ajena en las Cortes?

En los últimos meses. El ambiente ha sido irrespirable. La gente y los periodistas ven veinte segundos, pero ha sido desde las nueve de la mañana hasta la noche. Y, sobre todo, en el momento en el que la gente lo está pasando fatal económicamente y socialmente. La otra vez fue en mitad de la pandemia, cuando se estaban discutiendo aquí cosas que no tenían sentido mientras la gente se moría.

4. ¿En qué momento se sintió más feliz en el Congreso?

Quiero decir también mi momento más difícil: fue en la sesión de investidura del Gobierno de Sánchez con Podemos. Tomé la decisión de cumplir la palabra que di a los ciudadanos de Canarias y en contra de las directrices de mi partido. Me dijeron que me tenía que abstener y voté en contra. Fue muy duro. Y el momento más feliz fue cuando se aprobó el nuevo Estatuto de Canarias. Fue excepcional. 

1. ¿Quién es el mejor orador que ha escuchado durante estos años?

Sin duda, Alfredo Pérez Rubalcaba y Josep Antoni Duran i Lleida. También tuve la suerte de oír a gente como Josu Erkoreka, Soraya Sáenz de Santamaría, Rosa Díez, Toño Alonso o Joan Ridao. Ese nivel parlamentario era altísimo, donde se mataba con la palabra pero los portavoces podíamos pactar. Nadie se levantaba en los grandes debates. 

2. ¿Cómo se sobrelleva hacer política viniendo de una isla en la ciudad más mesetaria? ¿Es Madrid una trituradora de políticos?

No. Vengo los lunes y me voy normalmente los jueves por la noche. Así he estado quince años y los otros días tomo aire en Tenerife. Lo que te produce claustrofobia es no ver el mar. Madrid es una ciudad muy acogedora. Soy muy de barrio, tengo mi panadero, mi zapatero, mi mercado. He vivido los últimos seis años en la calle Atocha y me gusta que me salude el de la lotería y que el frutero me diga “Ani, tienes hoy los tomates que te gustan”. Se puede conseguir conocer a tus vecinos aquí.

3. ¿Se puede llevar uno amigos del Congreso?

Muchos, muchos. He sido muy dura con presidentes y he tenido discrepancias muy duras con gente de Bildu y de Vox, pero, sin embargo, tengo amigos. La política me ha dado amigas como Fátima Báñez, María Teresa Fernández de la Vega y Carmen Calvo. Joan Iñarritu, de Bildu, es una persona encantadora, como Joan Tardà. Tengo una anécdota muy curiosa. Tengo el despacho muy pegado a un diputado de Vox, Pablo Sáez, por Valladolid. Nos saludamos y tirando del hilo resulta que su madre y la mía eran íntimas en el colegio. Tengo una foto de las dos. Se tiene que recuperar la relación personal en el Congreso. Lo importante es hablar y escuchar.

4. Cuando llegó en 2007, ¿se imaginó que algún día vería a la ultraderecha como tercera fuerza política en España?

Jamás. Hay dos cosas que nunca pensé que sucederían. Una es que un partido como Podemos estuviera en el Gobierno. Y la otra es que la ultraderecha en un país tan liberal, progresista y tolerante como España llegara a las instituciones. Me produce verdadero horror que en el siglo XXI en este país se vuelva a preguntar a la gente en qué país nació, en qué Dios cree o de qué color es su piel para ver si tiene derechos o no. Era alcaldesa cuando se aprobó el matrimonio igualitario y a los dos días hice una boda. Allí estaban las madres, a las que se les caían las lágrimas. Me abrazaron y me dijeron: “Le has dado dignidad a mi hijo”. Que puedan volverse para atrás ese amor infinito y esa tolerancia me parece horroroso. Trump, Bolsonaro y Meloni ganaron elecciones. Ese avance en el mundo de la ultraderecha con mentiras, manipulaciones y utilización bastarda de las redes sociales me produce horror.

5. ¿Cómo se define ideológicamente Ana Oramas?

Somos nacionalistas, pero soy una mujer muy progresista en materias sociales. Nuestra ideología es canaria, somos un partido nacionalista. No aspiramos a gobernar España, sino a que cualquier Ejecutivo, sea del color que sea, respete y cumpla con la comunidad. No es un nacionalismo insolidario como el vasco o el catalán.

6. Vivió un momento histórico con la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI. ¿Monárquica o republicana? ¿Cuánto le ha decepcionado el emérito?

Fui una de las cuarenta personas que estuvo en el Palacio Real en el momento de la firma de la abdicación. Mi familia ha tenido mucha relación con la institución monárquica. Don Juan de Borbón se quedaba en casa de mi abuelo cuando venía a Canarias. Y un tío mío organizaba reuniones con él con socialistas, comunistas y republicanos. Cuando tenía diez años, yo decía en el colegio que había venido el rey a mi casa. Después tuve la oportunidad de ver el papel excepcional que tuvo Juan Carlos I en la Transición y en la democracia. He tenido relaciones muy estrechas con él y con su hijo. Me han llamado particularmente para oír mi opinión sobre un tema. 

Me ha causado un gran dolor y una gran decepción el rey emérito. No supo asumir los errores y le ha hecho un daño inmenso a su hijo y a la institución por no ser discreto y prudente después de haberse ido. Tenía que haber tomado el ejemplo de su padre, don Juan, que fue una persona discreta y excepcional. Tenemos mucha suerte ahora con los reyes, son muy sensibles con la situaciones de vulnerabilidad de este país. Y son unos grandes embajadores de la España del siglo XXI. Creo que los gobiernos de Sánchez y Rajoy no han sabido utilizar esa capacidad internacional.

7. ¿Le hubiera gustado ser ministra?

No. Ni presidenta ni ministra ni miembro de la Mesa del Congreso. Me hubiera encantado haber sido unos años Defensora del Pueblo porque creo que con la garra y el genio que tengo y lo peleona que soy hubiera dado mucha vida en la defensa de la gente a la que nadie hace caso.

8. Ha visto en el escaño presidencial a José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. ¿Quién ha sido el mejor jefe del Ejecutivo?

Todos han tenido su parte buena y errónea. Pero me quedo con lo bueno. Zapatero hizo un avance social increíble. Las leyes de dependencia y del matrimonio igualitario son un antes y un después en los derechos de los ciudadanos. Gestionó mal la crisis económica, no supo lo que venía. Rajoy tiene fortaleza en sus convicciones y cogió el país destrozado económicamente. Lo sacó adelante y evitó la intervención de Europa. Tuvo que tomar medidas muy duras. A Sánchez lo conocí antes que sus propios diputados, en una tertulia en RNE. Me gustaba el Pedro Sánchez con proyecto, ilusión, principios y renovación. El Gobierno lo ha transformado y se ha vuelto una persona soberbia. Pero me quedo con lo bueno, en esta legislatura ha habido avances muy importantes y la crisis del covid se gestionó tarde pero bien. Y me gusta que todas las leyes tengan ese componente social, de tener en cuenta a la gente en pobreza y exclusión social. Eso se le debe al PSOE y no a Podemos.

9. Vio llegar al Congreso la nueva política. ¿Qué queda de Pablo Iglesias y de Albert Rivera?

La nueva política destrozó la tolerancia, el escuchar y la capacidad de llegar a acuerdos. Con ellos llegó la inmadurez de políticos. Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal están pensando como líderes mesiánicos y no tienen capacidad de generosidad y de escuchar a los otros. Esas tres fuerzas no harían lo que se hizo en un momento determinado como la aplicación del 155 con el PSOE y el PP. Con partidos como ellos es imposible porque el líder carismático siempre está pensando en su beneficio personal. 

10. ¿Ha sufrido machismo en la política?

Muchísimo. Sobre todo me acuerdo con Pablo Iglesias cuando presentó una moción de censura y lo llamé machista y ególatra en aquel vídeo, que tuvo ocho millones de visualizaciones en España. Lo que es más terrible de todo es que el machismo, el odio y el rencor han subido con las redes sociales. Tuve un ataque por parte de Juan Carlos Monedero con mentiras y falsedades. Y ahora sufro lo mismo con Vox en redes. A una mujer política se le dice “puta”, “que no te follen”, “chúpamela” u “ojalá te violen”. Eso es detestable en una sociedad, además con perfiles falsos.

11. Confiese algo que haya hecho en el Congreso que no se lo haya contado todavía a nadie.

El puesto más interesante que he tenido en el Congreso fue presidir la Comisión de Investigación de la crisis financiera, a petición del PSOE y del PP. Me lo propusieron Margarita Robles y Rafael Hernando. Y lo que no he contado es cómo pudimos sacar un dictamen muy importante, cómo llegamos hasta el final y cómo resistimos presiones en aquel momento. Trajimos a todas las personas que tenían que venir aquí, pero hay intríngulis que nunca contaré. 

12. ¿Ha sentido muchas puñaladas por la espalda en el Parlamento?

No. Siempre he ido de frente. Tengo que reconocer que tanto con los presidentes del Gobierno como con las vicepresidentas siempre tuvimos una relación muy cordial. Y también con los portavoces parlamentarios. No quiero olvidar a Pablo Casado. Me da mucha pena, creo que fue una injusticia cómo acabó su vida política. He tenido con ellos una relación clara y abierta. No me han engañado con respecto a los compromisos personales.

En 2019 la política canaria dio un vuelco gracias al ‘pacto de las flores’. Ángel Víctor Torres recuperaba para el PSOE la Presidencia de Canarias tras 26 años de poder de los nacionalistas. Un camino desde la izquierda que ha resultado mucho más estable de lo que se vaticinó entonces. 

Y se ve con fuerza para repetir otra vez el socialista. El presidente autonómico defiende con ahínco que los datos son mucho mejores en el archipiélago cuatro años más tarde y después de haberse enfrentado a una pandemia, un volcán y una crisis migratoria sin precedentes. A pesar de las diferencias, pone a Canarias como ejemplo de convivencia entre partidos frente a lo que se ve en el Congreso. Señala directamente a la ultraderecha. Además, ve a un Alberto Núñez Feijóo diferente al que conoció como presidente de la Xunta y cree que su estilo actual no lo esperaban ni en el Partido Popular. Su vaticino es que Pedro Sánchez volverá a ganar “por justicia” y denuncia que a Vox y al PP les gustaría una “realidad apocalíptica” que no se corresponde con lo que está pasando.

¿Cómo ve el clima de polarización y de insultos del Congreso? 

Con dolor y, desde la distancia, avergonzado. Fui diputado en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, que acabó antes de tiempo pero, sin embargo, fue de normalidad y de buena educación. Había una convivencia entre los parlamentarios. Hoy lamento que se utilicen términos absolutamente fuera de la esfera democrática y que la virulencia se convierta en agresividad. Creo que avergüenza a la ciudadanía, es la casa de la palabra y se puede ganar con argumentos y no con insultos y ataques personales. Y señalo fundamentalmente a la ultraderecha, que es quien utiliza siempre la crispación, el ataque, la difamación, el insulto y la calumnia. Lo hace por una estrategia electoral, ya que cree que le da rédito. 

¿Qué le parece que la ultraderecha no haya ido a los actos del Día de la Constitución en el Congreso con la excusa de que no van los independentistas?

Defender la Constitución es un hecho que se debe demostrar día a día. Se han cumplido 44 años. El texto se hizo saliendo de una transición democrática después de cuatro décadas de dictadura. Esta etapa de ahora es la más esplendorosa de la historia de España, con libertades, derechos, leyes y democracia. Ha dado prosperidad a nuestra tierra, hemos entrado en Europa y España es un país moderno. Lamento que no estén. Y yo nunca dejaría de estar en algo que crea porque otros no estén.

Esta semana es decisiva porque este viernes acaba el plazo para presentar enmiendas a la reforma de la sedición. ¿Estaría de acuerdo con que se modifique el delito de malversación a raíz de esto como quiere ERC?

Ante el ataque que se le hace al Gobierno de España por esta modificación de la ley, me coloco en la etapa en la que gobernaba el PP. Entonces sí que había una España rota desde Cataluña, con una declaración de independencia unilateral, con un referéndum ilegal y con un sentimiento independentista que ha ido luego disminuyendo con los gobiernos de Pedro Sánchez. Por tanto, España tiene que caminar hacia esa normalización con Europa. Otros están utilizando esto como un arma electoral claramente. Lo que hoy importa fundamentalmente a los españoles es la economía, tener trabajo y un salario justo, que haya un ingreso mínimo, luchar contra la violencia machista, que haya una dependencia que se aplique con fondos económicos. Esto es política y es importante. Tenemos que caminar hacia un país que tiene sus territorios y realidades y las leyes están para actualizarlas.

¿Pero la malversación?

Vamos a ver lo que dicen exactamente esas enmiendas, a qué se refieren y cuál es el límite de las mismas, hasta qué punto se puede considerar una malversación. Si estamos hablando de una malversación con fondos para qué fines o qué otra cosas. Pero fundamentalmente lo importante aquí es que a través de las enmiendas se pueda mejorar el texto y que salga por mayoría. Otros ya están apartados de esa posibilidad porque se enfrentan sin leer la ley.

Encima de la mesa está también la ley del ‘solo sí es sí’ por su aplicación. ¿Estaría de acuerdo en reformarla si continúan las rebajas de penas?

Indudablemente hay que ver cómo se aplica la ley, que siempre es interpretable. Es una aberración decir que quien promovió la ley lo hizo para liberar a los violadores, porque es justamente lo contrario. Vamos a ver qué termina saliendo de los distintos fallos del Tribunal Supremo y que se analice por parte de las Cortes la decisión a tomar.

Conoce mucho a Alberto Núñez Feijóo y han coincidido en muchas conferencias de presidentes. ¿Le está sorprendiendo el que está viendo en Madrid? ¿Es el mismo que conocía?

De las últimas veces que lo vi fue en la conferencia de presidentes de La Palma y era ya presidente del PP. Tengo que decir, con sinceridad y teniendo una buena relación de estos años, que me sorprendió ya allí cómo había cambiado su rol. Era ya mucho más duro en las negociaciones. Lo vi con un tono crispado, distinto. Era uno el presidente autonómico y otro el presidente del PP. La coherencia en política es un grado. Si cambias según el lugar en el que estés, la gente se da cuenta. Eso se castiga porque los electores toman nota. No está siendo el Feijóo que esperaban en el PP. 

Las encuestas dicen que hay ya un cierto desgaste del PP, aunque siguen siendo primeros. ¿Cree que el PSOE le puede dar la vuelta a los sondeos y que Sánchez ganará el año que viene?

Creo en la justicia. Y no hablo ahora en el plano legislativo. Este Gobierno de España es el que ha protegido a la clase trabajadora en una crisis como la de 2020 y de una manera distinta a la de 2008. También a las empresas. Ha dado dignidad al trabajador, ha avanzado en Europa, ha defendido derechos sociales. La mayoría social está teniendo un Ejecutivo que responde a sus necesidades. Lo lógico es que mayoritariamente Sánchez sea avalado por el voto en las urnas. Es un hecho de justicia. Viví en 2011 cuando el PP anunciaba bajadas de impuestos y luego los subía al llegar a La Moncloa, además de abaratar el despido, reformar la norma laboral y condenar a Canarias. Y este Gobierno no ha engañado a los españoles.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señala que España ya parece Nicaragua por culpa de Sánchez. ¿Qué le contesta? 

Que la presidenta de la Comunidad de Madrid pone cortinas de humo y desvía la atención para que no se hable de su gestión. Para intentar tapar, por ejemplo, que cientos de miles de personas han salido a la calle para protestar por sus políticas. No se puede decir que apoyas la Sanidad teniendo menos médicos y despidiéndolos cuando pasa la peor etapa de la pandemia.

¿Le preocupa el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y el sector de Pablo Iglesias, Ione Belarra e Irene Montero?

Digo siempre que la ciudadanía castiga más la diferencia en los partidos que otros conceptos. Apelo, espero, deseo y hago un llamamiento a los partidos progresistas para que separen sus diferencias. ¡Que tengan claro que no podemos darle ni un solo metro de ventaja a la derecha!

Canarias es una de las comunidades más identificadas con el colectivo LGTBi. ¿Cuál es su posición respecto a la ley trans? ¿Está más cerca de la enmienda del PSOE? ¿Habrá acuerdo con UP?

Hay que buscar un texto que sea compartido por la mayoría. Si es por todos, mejor. Canarias es la comunidad en la que se aprueba por unanimidad por los 70 miembros del Parlamento (por siete fuerzas políticas) nuestra ley trans. Es una comunidad abierta, integradora y acostumbrada a todo lo que significa avanzar en derechos. Ponemos nuestra experiencia a disposición de las Cortes para lograr algo semejante.

En Ferraz apuntan que Canarias es uno de los territorios donde mejor van las encuestas. ¿Se ve repitiendo como presidente? ¿La victoria va a estar reñida?

La victoria se consigue al final cuando abres las urnas y sacas los votos. Pero me aplico la misma razón que con el Gobierno de España. Nosotros llegamos en 2019, veintiséis años después de la anterior presidencia socialista. Cuatro años después, siendo objetivamente la comunidad que más ha sufrido la pandemia, con un volcán y con un fenómeno migratorio como nunca, hoy todos los números son mejores. Tenemos más personas trabajando que entonces, menos desempleo juvenil, más mujeres empleadas, una educación de cero a tres años gratuita, una ley de dependencia con mil prescripciones al mes, siete mil sanitarios más, tres mil docentes más. En estos momentos hay una Canarias mejor que la que nos encontramos. Esperamos tener el apoyo mayoritario.

¿Cómo ha sido la experiencia de gobernar con las izquierdas?

Siempre hay diferencias, pero hay un corpus común, como defender una sostenibilidad medioambiental, justicia social y una solidaridad económica. Las discusiones no son en los grandes asuntos. Estoy muy contento. Canarias es una comunidad acostumbrada a la inestabilidad política. Esta es la segunda vez en la que un Gobierno empieza y termina siendo el mismo. Este es otro mensaje importantísimo en una época dificilísima.

¿Descarta un pacto con Coalición Canaria?

Lo que he dicho es que cuando nos tengamos que sentar, porque no es fácil conseguir la mayoría absoluta, lo haremos con quienes compartan nuestra manera de gobernar. Queda descartada la ultraderecha. A partir de ahí hablaremos con todos. Pero la verdad es que mi voluntad es caminar como esos cuatros años con postulados progresistas.

Hablando del fenómeno migratorio, casi todo el arco parlamentario ha pedido la dimisión de Fernando Grande-Marlaska por la tragedia de la valla de Melilla. ¿Lo apoya?

El ministro ha dicho que hay un proceso abierto en la Fiscalía que debe culminarse para dictaminar las posibilidades desde el punto de vista judicial. Creo que muchas veces las comisiones de investigación parlamentarias paralelas lo que hacen también es enturbiar la labor de la Justicia. Conozco bien al ministro, lo que tenemos que exigir a los grupos y también a Interior es transparencia y claridad. Espero y deseo que todos los datos que se den sean claros.

¿Usted se cree la versión del ministro tras ver las imágenes publicadas?

Tengo que creer lo que afirma el Ministerio, salvo que se demuestre que no es así. Repito que en estos momentos la Justicia está viendo todos los pormenores. Debemos dejar que termine su trabajo.

En mayo la ministra Carolina Darias desembarca en la carrera por el ayuntamiento de Las Palmas. ¿Por qué?

Ya fue concejala allí, consejera en el Cabildo y estuvo conmigo en el Gobierno. Fue una magnífica gestora y está siendo una gran ministra. Esa es una plaza fundamental. Tenemos un buen alcalde que ha planteado la posibilidad de saltar al Cabildo. Es la mejor candidata que podemos tener, le agradezco su compromiso. 

Luchó mucho por tener un ministro canario en el Gobierno de coalición. ¿Teme que la comunidad pierda peso en la remodelación del Ejecutivo? ¿Intentará que haya un miembro de Canarias?

Mi obligación es defenderlo, lucharlo. De la misma manera que tengo que respetar la decisión del presidente del Gobierno. Espero que acierte. Darias ha hecho un gran trabajo, al igual que los secretarios de Estado y el anterior portavoz parlamentario, Héctor Gómez. Los canarios estamos a disposición del presidente. Hay cantera y gente con experiencia de gestión. Me encantaría, lo reconozco, que pudiéramos tener un ministro o una ministra canaria. 

El presidente de Aragón, Javier Lambán, manifestó que a España le hubiera ido mejor si hubiera sido líder del PSOE Javier Fernández y no Pedro Sánchez. ¿Lo comparte? ¿Por qué cree que lo dije?

Luego corrigió sus palabras.

Con una llamada del secretario de Organización, Santos Cerdán.

Yo soy el responsable de mis afirmaciones. Sánchez gana dos veces las primarias, ha devuelto al PSOE a la Presidencia. Lo ha tenido muy complicado, desde el minuto cero han intentado tumbar poderes económicos potentes al Gobierno progresista, pero no lo han logrado. Está siendo un magnífico presidente y secretario general.

Desde el PP y Vox se vende que el Apocalipsis va a llegar en breve. ¿Eso cómo se traduce en datos en Canarias? ¿Qué previsiones tienen?

El PP y Vox confunden el deseo con la realidad porque ellos desearían que la realidad fuera apocalíptica, pero es la que tenemos. Ya cuestionan hasta los datos del paro. En vez de alegrarnos de que este país camina hacia tener menos gente en el desempleo y que se esté recuperando tras la pandemia, el asunto es cuestionarlo todo. Les va mal electoralmente y dejan desnudas sus verdaderas intenciones. Canarias cierra 2022 con los mejores números de su historia. Ahora mismo es cuando mayor número de personas está trabajando en la comunidad en su historia y hay 45.000 afiliados más que el año pasado. También ha disminuido como nunca el desempleo juvenil. Es una de las tres comunidades que mejora la lucha contra la pobreza. Estamos liderando las prestaciones en dependencia. Junto a ello, el sector turístico camina bien y se ha diversificado nuestra economía que tiene que ver con la tecnificación, la digitalización y la política de los cuidados. 

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que la intención del Gobierno ante la crisis migratoria en Canarias es "tener la mejor logística" para atender a estas personas y enviar el "mensaje nítido" a las mafias de que "Canarias no es ninguna ruta para entrar en Europa", según informa Europa Press. 

Calvo respondía así en el Pleno del Senado a la pregunta parlamentaria realizada por el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, quien ha reclamado al Gobierno que pida perdón a los canarios por "las continuas mentiras de los ministros" que han visitado el archipiélago y por convertir las islas "en una cárcel".

La 'número dos' de Sánchez ha rechazado las críticas del representante canario que, a su juicio, debería ser consciente de las "dificultades imprevistas que aparecen" en esta materia, ya que, como ha indicado, Clavijo tiene experiencia en gestión.

Además, le ha recordado que el Ejecutivo ha impulsado la creación de "espacios de calidad" y la puesta en marcha de recursos "extra", poniendo como ejemplo los 10 millones que este martes se han aprobado en el Consejo de Ministros para la atención de menores extranjeros no acompañados en Canarias.