Que la vivienda es un problema fundamental para el bienestar de los españoles es algo en lo que coincide la mayor parte de la ciudadanía y del arco parlamentario. Lo corrobora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), situándolo como el principal problema de los españoles; lo muestra un malestar social creciente y un activismo en alza en torno al mercado inmobiliario y lo subrayan constantemente tanto la derecha como la izquierda. Sin embargo, cualquier medida al respecto, incluido el decreto sobre vivienda que plantean desde el Gobierno, termina chocando reiteradamente contra una pared. Primero, el rechazo de PP, Junts y Vox hizo decaer la prórroga de los alquileres que permitía extender los contratos y limitar las subidas de precios a los inquilinos; ahora, la nueva propuesta del Gobierno ni siquiera ha conseguido llegar al trámite parlamentario, ya que la falta de consenso para llevarla adelante era patente. Unos insisten en construir y bajar impuestos, mientras que para otros, sin intervenir el mercado y limitar las inversiones, nada se podrá hacer. Son los dos polos de un puzzle cada vez más difícil de armar.

La pasada semana, el real decreto de vivienda no llegó al Consejo de Ministros del martes como estaba previsto por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha sido uno de los principales promotores de la medida, lo reconocía en una entrevista a El País y aludía a la “difícil aritmética parlamentaria” como causa del retraso en la tramitación. Aunque matizaba que eso “no puede ser excusa para no aprobarlo” y señalaba que las conversaciones se retomarán en septiembre.

A un Partido Popular enrocado en medidas para fomentar la construcción y liberalizar suelo, pero poco dispuesto a intervenir los alquileres, se suma la disputa entre los dos extremos del bloque de investidura: Junts y Podemos. Los primeros rechazan intervenciones en el mercado para regular precios, priorizan aumentar la oferta y exigen blindar a los pequeños arrendadores; los segundos, en cambio, reclaman topar los precios del alquiler, limitar la compra especulativa por parte de fondos y blindar a los inquilinos.

Colocar todas las piezas de este rompecabezas se ha convertido en una tarea compleja que no termina de encontrar un final satisfactorio. En la negociación también entran otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que demanda regular los alquileres de temporada y cambiar la ley de suelo para agilizar los planeamientos urbanísticos. Sin embargo, Podemos se opone frontalmente a esta medida que daría más margen a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. Ione Belarra, secretaria general de los morados, señalaba que esta medida supondría “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos” y a la especulación.

En esta última medida, los sindicatos de inquilinos y varias asociaciones ecologistas se alineaban con la formación morada para oponerse a cambios en la ley de suelo. “A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública”, lamentaban en una nota de prensa conjunta.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones después del verano. Para tratar de cuadrar el círculo, el decreto incluye medidas fiscales que benefician a los caseros a la vez que intenta añadir una prórroga de los alquileres y un IVA del 21% a los pisos turísticos. Sin embargo, las posturas no parecen acercarse, sino todo lo contrario.

De hecho, Sumar y PSOE también han tenido discrepancias serias al respecto, sobre todo en lo relativo a rebajar la fiscalidad a los caseros, aunque en esta ocasión la formación de Yolanda Díaz aseguraba a infoLibre que sus posiciones estaban mucho más próximas.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. Una situación que hace muy complicado abordar el problema desde un solo flanco, algo en lo que coinciden los expertos cuando apuntan a la necesidad de conjugar un parque de vivienda pública y protegida con un mayor ritmo de construcción. Sin embargo, esos matices parecen más complicados cuando se aborda el tema desde lo político y se aproximan unos comicios generales.

El Partido Popular ha permanecido al margen en estos meses de tira y afloja entre los socios de investidura, pero sus propuestas apuestan por acelerar la construcción y se alejan de cualquier tipo de intervención sobre el mercado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, señaló justo después de conocerse que se aplazaba el decreto, que la decisión era “una buena noticia para los españoles” ya que las medidas que contenía eran, en su opinión, “equivocadas”. Gamarra aprovechó también para insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir.

La propuesta de los populares en materia de vivienda se limita a los puntos expuestos el año pasado en la llamada Declaración de Asturias. Entre las propuestas que recoge el documento está promover más suelo finalista para construir, agilizando trámites y movilizando parcelas públicas; construir más vivienda en propiedad ofreciendo incentivos a promotores y constructores o flexibilizando el marco regulatorio y los perfiles demandantes para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO); crear más vivienda asequible en alquiler con construcción e incentivos fiscales; rebajar la fiscalidad de la vivienda con deducciones por compra, rehabilitación o en el momento de la transmisión. También propone derogar la ley de vivienda, en concreto, cuestiones como la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres.

Ninguna mención a limitar la compra especulativa o establecer un seguimiento y control de los precios del alquiler, como piden a la izquierda del arco parlamentario.

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda.

Con estos mimbres, un acuerdo en materia de vivienda parece alejarse a la vez que gana terreno una bronca política que mira de reojo ya a la campaña electoral de las próximas generales.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. En este contexto de crisis habitacional, el Gobierno anunció recientemente la tramitación de un decreto con medidas que ayuden a los inquilinos frente a un mercado cada vez más caro y menos accesible. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, enumeraba alguno de los puntos que se barajaban, como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10%, dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. 

En las semanas que han transcurrido desde entonces, los diferentes grupos parlamentarios han estado tratando de alcanzar un acuerdo y en el centro del debate ha reaparecido un tema que ya había generado polémica antes: la inclusión (o no) de bonificaciones fiscales para los caseros dentro del decreto. Algunas informaciones apuntaban esta semana a que esta cuestión podría haber erosionado la negociación, aunque fuentes cercanas a la misma señalan que no ha sido así y que las conversaciones avanzan en positivo.

"El sapo que ha planteado Junts, que son rebajas fiscales para la adquisición de primera vivienda, es un sapo asumible, si a cambio durante dos años el alquiler no va a subir”, declaraba este martes, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez. El de Sumar también se dirigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para exigirle que se “desbloquee” el acuerdo y criticaba al PSOE por su cercanía con medidas como las exenciones, según recogía EFE. Por su parte, desde Podemos se ha mantenido en todo momento el no a las bonificaciones fiscales. “Nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”, señalaba Ione Belarra, secretaria general de la agrupación morada.

Ante las dudas que comenzaban a surgir, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quiso salir al paso y señaló que el decreto “progresa adecuadamente” y que será “ambicioso”, pero que debe recoger los pareceres de los “distintos grupos planteamientos que tienen que hacer viable su aprobación”. En la misma línea, varias fuentes de la negociación señalan que no ha habido ningún bloqueo y que las conversaciones siguen en marcha y van “por buen camino”.

Este mismo debate ya se dio a principios de año, cuando el Gobierno planteó una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renovaran los contratos sin subir el precio a sus inquilinos. En aquel momento, Podemos se refería a ellas como un “regalo a los rentistas” y Sumar las rechazaba. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideraba que con estas exenciones se regalaba dinero público a quienes más renta tenían. Y es que, más allá de la actual negociación, las propuestas de alivio fiscal a los caseros terminan siempre en bronca política.

La medida fiscal —que se suele justificar como una forma de conseguir que se movilice vivienda vacía, que aflore la que está en el mercado negro o que no se retire la que ya hay en oferta— tampoco ha caído bien en los movimientos sociales de vivienda. “Ahora mismo un casero en este país ya disfruta de bonificaciones de hasta el 90% en zonas tensionadas. Hablamos de que tenemos un sistema fiscal que en el fondo lo que está haciendo es premiar la extracción de rentas y castigar al trabajador”, señala Carme Alcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña. “El trabajador paga impuestos sobre el 100% del salario, mientras que aquellos que no trabajan, porque viven en trabajo ajeno, tributan mucho menos”, subraya.

En su opinión, el diseño de una política fiscal en este ámbito se podría elaborar castigando los comportamientos abusivos. “Tú podrías tener incentivos fiscales que dijeran: ‘Si subes el alquiler, te quito la bonificación', pero ahora mismo un casero que se dedique a expulsar inquilinos o a subir los precios, disfruta de las bonificaciones igualmente”, concluye.

A falta de un texto claro en el que se detallen las propuestas en las que se podrían concretar los acuerdos, los sindicatos de inquilinas mantienen su posición y piden condicionar las eventuales rebajas a quienes bajen los precios de sus inmuebles en alquiler. Sin embargo, pese a las críticas, Junts ya señaló que su apoyo al decreto de vivienda —indispensable para que salga adelante— estará condicionado a la adopción de las bonificaciones fiscales.

Por lo poco que ha trascendido hasta ahora, las principales medidas en materia de impuestos son las que apuntó Junts. Por un lado, una deducción en el IRPF del 15% por los gastos de alquiler (tanto para arrendadores como para arrendatarios) o hipoteca de la vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros. Por otro, que los ahorros destinados a comprar vivienda se puedan desgravar. También está sobre la mesa la medida planteada por los socialistas en su anterior propuesta para combatir la especulación inmobiliaria de dar incentivos en el IRPF a quienes pongan sus viviendas a precios asequibles y rebajen el alquiler hasta esos estándares.

Sin que ninguna de estas medidas haya tomado forma de propuesta aún, el plazo para que el decreto avance comienza a estrecharse, ya que debería aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de julio.

Tomo prestado el título de Oliver Laxe porque, cada verano, arde algo más que el monte. Arden casas, empleos, recuerdos y, a veces, vidas. Después llegan las condolencias, las fotografías entre cenizas y la vieja pregunta: ¿faltaron medios o faltó voluntad antes de que apareciera el fuego?

Las comunidades autónomas destinaron a prevención y extinción unos 2.825 millones de euros entre 2012 y 2017: una media anual de 471 millones, un 20% menos que en el periodo anterior. En 2018-2019, la media subió a 517 millones; entre 2020 y 2022 volvió a bajar a 480. Para los años siguientes los datos siguen incompletos. También la estadística arde lentamente: cada autonomía contabiliza de forma distinta y algunas ni siquiera desglosan todo el gasto.

Mientras tanto, la defensa avanza con paso de desfile. España gastó 59.373 millones durante los seis años completos de Rajoy; 22.453 millones en 2018-2019; 56.847 millones durante la coalición PSOE-Unidas Podemos, y unos 55.816 millones estimados solo en 2024-2025, ya con Sumar en el Gobierno. En dos años, casi lo mismo que en seis. La OTAN estima 33.123 millones únicamente para 2025.

Y España es solo una pieza del tablero. En 2025 el gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares: cerca de 7.900 millones cada día. Con alrededor de una décima parte podría cubrirse la inversión adicional necesaria para reforzar la atención sanitaria primaria en los países de ingresos bajos y medios; con poco más del 3%, cerrar su brecha educativa anual, y con menos del 2%, financiar las inversiones estimadas para combatir el hambre. No significa que todo gasto en defensa sea prescindible, pero sí permite medir la desproporción: el mundo encuentra billones para prepararse contra enemigos y regatea miles de millones para evitar muertes por hambre, enfermedades tratables o falta de necesidades básicas.

Trump reclama más gasto militar, no por amor a nuestra seguridad cotidiana, sino porque el rearme también es un negocio. Pero la pregunta incómoda no debe dirigirse solo a Washington. Sumar se declara fuerza pacifista y afirma que las soluciones no pueden venir del aumento del gasto militar. Sin embargo, forma parte del Gobierno bajo el que el gasto medio anual en defensa casi se ha duplicado respecto a la coalición anterior. Puede alegar que Defensa está en manos del PSOE; lo que no puede es habitar el Gobierno y presentarse después como simple espectador.

También Ione Belarra ha reprochado al Gobierno que destine al armamento «el dinero que debería ir destinado a nuestra sanidad pública, a nuestra educación, a nuestro sistema de atención a la dependencia». La crítica señala una contradicción real, pero también exige memoria: durante la coalición PSOE-Unidas Podemos, de la que fue ministra, el gasto en defensa pasó de 11.240 millones en 2020 a 17.451 millones en 2023, un 55% más. Podemos expresó su desacuerdo, pero formó parte del Gobierno que aprobó los presupuestos bajo los que se produjo ese aumento. La oposición interna cuenta; la responsabilidad compartida, también.

Defender un país no consiste únicamente en comprar aviones, fragatas o misiles. También es mantener montes limpios, brigadas estables todo el año, pueblos vivos, vivienda, sanidad y servicios públicos. Un cortafuegos protege con menos épica que un caza, pero con más eficacia. No se trata de elegir entre seguridad y bienestar, sino de decidir qué amenazas son reales y cuánto estamos dispuestos a pagar por ignorarlas. Porque el dinero público no cae del cielo: sale de quienes, cuando todo arde, esperan que las comunidades autónomas y sus servicios de emergencia lleguen antes que las llamas.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

Ahora que comenzamos el verano, si no es que lo tenemos totalmente encima, nos podemos liberar de los aires enfermizos que nos dejaban más que fríos por tantas tormentas que nos obligaban a ponernos a buen recaudo de los bulos que siempre nos atormentaban y atormentan a diario.

Ahora nos parece mentira poder disfrutar de una aparente estabilidad sin que funcionen los ventiladores políticos de la marca “Y tú más”, porque ya contamos con un aire acondicionado que nos ofrece mejor clima familiar y político.

Podemos descansar de malos vientos y ventoleras que nos asedian con bulos que nos rodean a diestra y siniestra, como también de silencios cómplices de escándalos que flotan intensamente o bucean para no ser vistos.

Podemos considerar que es hasta ventajoso que las noticias y tertulias se hayan abierto con un esfuerzo titánico para poner en la palestra fantasmas ocultos y meigas que desde Galicia no dan la cara, pero sí prestan su voz y sus misteriosas andanzas marítimas que han trocado el saberlo todo en no saber nada y hasta decir que no se acuerdan de nada y que desde el resentido dictador hasta sus paisanos de hoy siguen teniendo alergia a una saludable memoria democrática.

Podemos constatar, sin embargo, que buena parte de la libertad está administrada desde estancias privilegiadas del poder, no omnímodo, si queremos, pero sí ciertamente interesado para que la aparente democracia no sea total, no vaya a ser que tengamos que lamentarnos de movidas futuras, porque no aprendimos de aquellas tres penosas elecciones generales pasadas, que consiguieron meternos a Vox en el Parlamento.

Podemos, mientras tengamos tiempo, ver cómo corregimos los entuertos del pasado y que, aunque sea a regañadientes, se corrijan aquellas actitudes de desconfianza a quienes no engañan ni roban ni abandonan por más que hayan sido acusados de tantas cosas que sabemos quedaron orilladas, casi silenciosamente, por el peso de las punitivas miradas de gente de bien.

Podemos, a pesar de los dudosos avances, fijarnos en que no hay tanta claridad ni justicia aperturista cuando en los informativos oficiales, por sus horarios de posibles mayores audiencias, se nos impide que podamos escuchar todas las palabras de todas las opciones políticas, aunque se nos conceda el pastel informativo en un horario poco accesible al común, cuando la mayoría de la posible audiencia está trabajando y no tiene un democrático acceso a todas las opiniones, aclaraciones y propuestas alternativas que nos hablan claro de que la “prioridad nacional” es la vivienda de los españoles, y no la de los fondos buitres totalmente extranjeros y demás colaboradores nacionalistas que hasta desahucian a españoles —muy españoles y más españoles—.

Tampoco nos enteramos bien de que sean unas “prioridades nacionales” una educación y una sanidad públicas y sean ninguneadas cada vez más, como estamos viendo con los últimos pactos políticos, sin líneas rojas y sin ponerse, siquiera, colorados. Es que el personal es capaz de coger el “colorín” —sarampión— y ponerse verde, como el color de algunos billetes de curso normal.

Ya no basta con el abandono progresivo de la sanidad pública ni con las reformas de criterios para cambiar el sistema educativo. Ahora, sin quitar los conciertos con centros educativos que segregan por sexos y por “posibles” de las familias, se quiere, también, concertar el Bachillerato, que no es obligatorio, y ahondar en los cimientos de los viveros de votos a través de una educación elitista y adoctrinadora, que, para colmo, suele acusar de adoctrinamiento a la educación pública.

Sabemos, además, por experiencia, que en la educación pública hemos “convivido” con compañeros y compañeras de otras ideologías y creencias religiosas.

Es más, se están suprimiendo unidades educativas públicas, pero no concertadas, para mayor desconcierto, por supuesto, de la pública.

No tenemos más remedio que aclarar que en todo este “cotarro” del que algunos quieren apropiarse nos falta un verdadero sentir de no dejarnos llevar por el “ni más ni menos” corrupción y hacer votos, dar los firmes pasos y optar, de una vez por todas, por el “nada” de corrupción y engaño.

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Jose Maria Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

Movimiento Sumar vuelve a otra asamblea el día 11. De nuevo, con aire refundacional. O de supervivencia. ¿O de última oportunidad? La tercera en tres años. Y lo hace tras unos meses de enfrentamiento cainita, de denuncias de acoso laboral, de dimisiones, de ausencia de liderazgos y de cohesión. Queda un solo cartucho.

En ese cónclave no se vivirá lucha interna porque ya se ha librado durante las últimas semanas. Solo habrá una lista, surgida del sector crítico. El partido fundado por Yolanda Díaz quedará en manos a partir de entonces de la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Se hacen con las riendas tras unas semanas de máxima tensión interna. Pero ya hay vía libre a una sola lista después de la decisión de Lara Hernández, hasta este miércoles líder del partido, de no presentarse y de dejar hasta la militancia una vez que se ha archivado el expediente abierto contra ella por supuesto acoso laboral.

El proceso de presentación de candidaturas para la asamblea ha estado marcado por este hecho. Finalmente, la comisión interna ha cerrado el expediente contra Hernández, iniciado el pasado mes de febrero y originado por la denuncia de varios cargos orgánicos e institucionales. Esto ha provocado una situación muy tensa dentro de la formación que puso en el punto de mira las formas de la que era la cocoordinadora.

A pesar de cerrarse el expediente, Hernández ha decidido que no quiere seguir en esta formación tras una campaña que califica “de desprestigio”. Se va, como confiesa, con la cabeza alta porque se ha demostrado su inocencia, pero con el amargo sabor de que la izquierda ha vuelto a defraudar a sus votantes por la imagen ofrecida en un momento en el que precisamente intenta rearmarse frente al avance de las derechas.

Ese expediente se archiva a las puertas de la asamblea y después de que se hayan retirado todos los denunciantes. Hernández deja la primera línea política y vuelve a su plaza de profesora de Filosofía en un instituto público de la Comunidad de Madrid. Pero no ha cerrado la puerta a contribuir al futuro de la izquierda desde otros ámbitos. Por el momento dice que seguirá con el activismo a pie de calle y también prevé acudir a actos del espacio progresista.

Este terremoto en Movimiento Sumar llega en un momento en el que la izquierda trata de rearmarse para las próximas elecciones generales. El espacio quería tener ya una candidatura para el verano, consciente de que la campaña electoral para las generales empieza en septiembre aunque las elecciones sean en 2027. Pero, lejos de eso, en las últimas semanas ha habido varios chascos. Por un lado, Gabriel Rufián, el gran mirlo blanco al que miran muchos progresistas, ha desinflado la posibilidad de liderar una lista a nivel nacional.

También el espacio se ha encontrado con el rechazo de Ada Colau a presentarse a las generales, a la vez que Izquierda Unida, el principal pegamento de la unidad, no ha encontrado el trampolín que esperaba en las elecciones andaluzas, a las que llevaba como número uno a Antonio Maíllo, líder a nivel nacional. Hernández, además, era una de las interlocutoras principales del intento de refundación de Sumar como lista junto a Más Madrid, IU y los comuns.

El espacio sigue por el momento sin una figura sólida que pueda unir sensibilidades y servir de paraguas para las elecciones. En las quinielas aparecen nombres como los ministros Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, aunque este último se ha apeado varias veces de la carrera por la sucesión de Yolanda Díaz como número uno. Todo ello en un momento en el que los comicios ya no se ven tan lejos después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantarlos si no logra sacar adelante el proyecto de presupuestos generales del Estado.

Los miembros de Sumar en el Gobierno tratan, no obstante, de presionar al PSOE en estos momentos para aprobar medidas más ambiciosas que pongan de relieve su papel en el Ejecutivo de coalición. Por eso, en el espacio señalan entre sus victorias que se hayan aprobado una financiación histórica en materia de dependencia y el decreto de vivienda que se acordó el lunes en el Consejo de Ministros.

La gran incógnita es qué papel puede jugar Movimiento Sumar en estos momentos. El partido, a partir de la asamblea del día 11, tendrá que demostrar si es viable y si sirve como instrumento político para el próximo ciclo electoral. Toda la presión recae ahora en Barbero y Martínez, que anunciaron la semana pasada su candidatura de esta manera: "Después de varias semanas de trabajo y debate, hemos decidido dar el paso y presentarnos a la coordinación de Movimiento Sumar en la asamblea que celebraremos el próximo 11 de julio. Queremos hacerlo así, juntas, en común, compartiendo y conversando. Avanzando a la par".

Barbero es una persona de la confianza de Díaz y fue la elegida para sustituir a Íñigo Errejón como portavoz en el Congreso después del escándalo por las denuncias machistas. Asimismo, atesora un gran bagaje de gestión después de haber sido pieza fundamental durante su etapa en el Ministerio de Trabajo junto a la vicepresidenta segunda para llevar a buen puerto la negociación de la reforma laboral o para diseñar el mecanismo de los ERTE en plena pandemia del coronavirus.

Martínez es persona de la máxima confianza de Bustinduy y es su número dos en el Ministerio de Derechos Sociales. Ha sido una de las políticas de referencia durante años en Equo y aportará a la dirección ese marcado carácter ecologista, una de las señas del partido que fundó Díaz.

En Movimiento Sumar también son conscientes de un reto que hasta ahora no ha sido posible materializar: el arraigo territorial. Por eso, la nueva dirección del partido se plantea pisar mucho todas las comunidades autónomas y dar voz a esa España plurinacional. Todo ello con la vista puesta en la gran cita de mayo del año que viene en la que habrá autonómicas y municipales y la izquierda se enfrentará al reto de conformar grandes frentes amplios después del desastre del 28 de mayo de 2023.

Movimiento Sumar y su tercera asamblea. La última oportunidad.  

La actualidad política española se mueve a una velocidad vertiginosa. De ahí que una frase dicha por Joan Tardá, con vela en este entierro, está muy generalizada: ”Son tiempos de urgencias”. Esas urgencias se deben al avance global de la extrema derecha y el neo o tecnofascismo. Ultraderecha y neofascismo que, en un extremo, los mayores, a pesar de haberlo vivido, y en el otro extremo, los jóvenes, por no haberlo vivido, no perciben como una amenaza real para sus intereses. Tremenda contradicción, siendo la contradicción principal.

Desde el primero de mayo llevo dando vueltas y repensando sobre la mayor urgencia del momento: la búsqueda de un liderazgo para la izquierda alternativa. El viernes pasado, día 19, tenía a punto mis reflexiones y propuestas para enviarlas. Me retuvo el recuerdo de que en ese momento estaban celebrando lo que se ha llamado un “espacio de encuentro” entre Gabriel Rufián y Mónica Oltra. Las ideas, explicaciones y decisiones de Gabriel Rufián, recogidas con gran puntualidad por Marta Monforte Jaén en infoLibre, y poco antes del evento, las escritas por Antonio Ruiz Valdivia, me han obligado a reformular mi propuesta, la que, en parte, mantendré por convencimiento pleno y correcto.

La legislatura está en su tramo final. Y ahora, a mi juicio, en unas fechas muy concretas para celebrar las elecciones generales. Si no se aprueban los presupuestos, las convocará el presidente del Gobierno para finales de febrero o primeros de marzo. Puede que no comience el periodo de sesiones después de las Navidades.

El Partido Socialista tiene candidato, Pedro Sánchez. El Partido Popular tiene candidato, Feijóo. Vox tiene candidato, Abascal. ERC tiene candidato, Bildu lo tiene, también Compromís; BNG, Adelante Andalucía, la Chunta, Junts, y algún regionalista más, lo tienen, aunque no se conozcan los nombres.

Todo indica que estos partidos se presentarán a las elecciones generales con sus candidatos, como lo han hecho en las elecciones de las comunidades de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Esta es la hoja de ruta hoy de los partidos regionalistas. Solo quedan los partidos y movimientos que han concurrido unidos a las anteriores elecciones generales: Sumar, IU, los Comunes, Podemos y otros. Urgir y acertar en estos momentos políticos, tan agitados e inestables, con la elección rápida de un liderazgo tiene que ser la prioridad de la izquierda alternativa. Si me apuran, antes de las vacaciones de verano o, a más tardar, en la segunda quincena de septiembre.

Entonces, ¿la tan cacareada y necesaria unidad de las izquierdas alternativas no se va a producir? ¿O no se va a producir con la extensión que se necesita? Depende. ¿De qué depende? Por lo menos, de tres condiciones: una, de que se establezca el perfil adecuado y oportuno del personaje o personajes que encabecen la candidatura y de que esas primeras cabezas de lista lo acepten; dos, de que se confeccione un programa común, que abarque las principales demandas regionales y estatales; y tres, de que se plasme la unidad en varios actos conjuntos con los partidos regionales independientemente de que estos partidos territoriales concurran a las elecciones “separados”.

Esta hoja de ruta necesita un andamiaje muy potente y, aunque se esté “rearmando el espacio político, pero aún queda tiempo”, ha dicho Ernest Urtasun en varias ocasiones –la elección del liderazgo no es su prioridad ni la de Enrique Santiago, al que no le gustan los personalismos–, yo sostengo que lo primero es la elección del candidato o candidatos, porque no queda tiempo y porque es fundamental acertar con el perfil, imprescindible en estos momentos. Antonio Ruiz Valdivia ha analizado en infoLibre con mucha agudeza las urgencias del momento. “A pesar de la ansiedad que domina los tiempos políticos, la izquierda todavía no ha hecho los deberes y puede pillarle la fecha electoral sin una cabeza visible”. Y confirmar también lo que expresa Valdivia sobre “la importancia de los partidos territoriales en estas elecciones generales" y que ya he enunciado.

Los avances y buenos resultados electorales que han logrado la Chunta en Aragón, declarando que ”somos el referente de la izquierda”; de Adelante Andalucía, con 8 diputados y como líder José Ignacio García, el “Gafa”, manifiestan que no se van a apear de sus intenciones de presentarse a las elecciones generales en solitario con ese componente nacionalista-regionalista. Esa es su importancia, pero también deben saber –y lo saben– que no van a obtener los mismos resultados tan favorables en las generales. Ese será un punto de fricción y de competencia que tendrán que resolver en las negociaciones con la alternativa más amplia de izquierdas. Y la misma o parecida situación ocurre con Compromís en la Comunidad Valenciana, unos a favor de mantener la coalición de izquierdas y otros en abandonarla. Su intención es transformarse en una federación de partidos unificada y estable.

Está fuera de duda que Bildu, ERC, incluso BNG, tienen una hoja de ruta muy clara y definida y que en ningún caso van a disolver sus siglas en una coalición. Su importancia radica en que no bajarán en las generales del suelo electoral que tienen en estos momentos. Este suelo electoral garantiza sus votos para la continuidad de un gobierno progresista.

Si, pues, quedan para una coalición, para una alianza orgánica: Sumar. IU, Podemos, los Comuns y otros, a un niño se le ocurre la siguiente pregunta: ¿Quién o quiénes pueden armar y encabezar esta coalición? Yo tenía escrita la respuesta, chafada por los deseos de Rufián el viernes pasado. Lo explico.

Solo encontraba dos o tres nombres con los perfiles adecuados: Unai Sordo y Gabriel Rufián. Unai Sordo ha rechazado de plano la posibilidad de encabezar la candidatura, cuando alguna vez se le ha insinuado. Un inconveniente casi definitivo. Unai Sordo da ampliamente el perfil de “personaje” que tienen que buscar los partidos de la izquierda alternativa. Según la primera acepción de la RAE: "persona de distinción, calidad o representación en la vida pública”. Bregado en las luchas y reivindicaciones sindicales y obreras, tiene una visión y capacidad de análisis de los asuntos políticos actuales de España (inmigración, industria, vivienda, fiscalidad, etc), y de la situación europea e internacional sobresaliente. Tiene el Estado en la cabeza. Coincide con Rufián en exhibir cierta jerga popular, incluso populista, a cuyo término no hay que tener miedo, porque de él se han apoderado las derechas para reivindicar lo que luego no cumplen. Que apelen, cuando sea necesario, a las emociones, a la alegría, a la esperanza. Ambos son ampliamente conocidos y antifascistas, unas cualidades imprescindibles. Mónica Oltra, muy emocionada y combativa, ha incidido en que “ la extrema derecha no es lo que viene. Es lo que quiere venir. Y vendrá, si queremos”. Si fuera por mí, a Unai Sordo le pediría que sacrificara por un tiempo los motivos de su negativa. A Gabriel Rufián le cuadra, como anillo al dedo, la tercera acepción que nos ofrece la RAE de personaje: “persona singular que destaca por su forma peculiar de ser o de actuar”. Y pone como ejemplo al boticario del pueblo.

Como he dicho, me llega la información del acto entre Gabriel Rufián y Mónica Oltra por parte de Marta Monforte Jaén, que supuso un jarro de agua fría. En ERC, el partido de Rufián, existe una corriente que quiere imponer el reformismo al cambio profundo. Sin que se haya impuesto todavía el reformismo, Joan Tardá ( con vela en este entierro) ha abogado por que en estas elecciones pudiera acordarse una “coalición de izquierdas nacionalista catalana” y otra, de “izquierdas españolista”. Y Gabriel Rufián, en sintonía con Tardá, ha elegido ser cabeza de lista de la coalición de izquierdas nacionalista catalana. Ha renunciado a encabezar la españolista. Porque si tiene problemas con su partido con la opción elegida, la españolista puede que supusiera una posibilidad muy dolorosa para él. Todos somos deudos de nuestro entorno, de nuestro territorio, de nuestra educación. Cómo se vaya a articular esa posibilidad es una incógnita, porque también ha abogado por que los partidos no renuncien a sus siglas. Gabriel Rufián es un “fenómeno entre los jóvenes”, escribe Antonio Ruiz Valdivia. Mis hijos me mandan sus reels de Instagran con sus intervenciones, dice un miembro del Gobierno socialista. Pero Rufián condicionando su candidatura al territorio de Cataluña, miles de jóvenes de otras provincias y regiones no le podrán votar. Se sentirán huérfanos.

Al tándem de Unai Sordo y de Gabriel Rufián, yo añadía en la redacción anterior a una mujer para formar un triunvirato victorioso: Irene Montero. Me acordaba de Greta Thunberg, porque a las cualidades personales valientes de Irene, su contribución para la movilización de las jóvenes feministas y por la defensa del planeta no tiene parangón.

La búsqueda urgente y, repito, prioritaria de un liderazgo de la izquierda alternativa obliga a la siguiente pregunta : ¿Para qué? Para conseguir, por lo menos, cuarenta diputados. Según varias encuestas, hoy solo se conseguirían diez. Por tanto, el trabajo es enorme y, si confirman los personajes que yo propongo su negativa a encabezar la candidatura y otros más se niegan, ¿quién encabezaría la coalición? Me temo que se escogería un líder/esa “por defecto”. Ernest Urtasun no da el perfil de un líder popular y populista. Irene Montero, sola, tampoco. Tiene muchos condicionantes. Podemos, según Pablo Iglesias, ha manifestado que la elección se haga por primarias, pensando en que Irene Montero se presente y pueda ganar. Repito, en compañía, insustituible, sola, un fracaso. Pablo Bustinduy también se ha negado, aunque mejora el perfil necesario.

Finalmente, antes de la campaña electoral, el trabajo tiene que consistir en impulsar la candidatura elocuentemente. Las revoluciones se organizan. Hay que organizar, antes de la campaña, ocho o diez actos masivos con el líder/esa elegido y los que puedan presentarse en las candidaturas, conjuntamente con los partidos y coaliciones, si hay otras, para crear las condiciones de movilización que las elecciones van a exigir. Unos actos, generales, otros, por sectores, otros, de género. Solo si visualizamos la victoria, la podemos conseguir, dice un eslogan del Mundial de fútbol. Porque, dice Antonio Ruiz Valdivia, el compromiso de todos los partidos regionalistas y la coalición unitaria de la izquierda alternativa es frenar la llegada de las derechas al Palacio de la Moncloa.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Hay reuniones, conversaciones, comentarios. Entre bambalinas. En cenas. En llamadas de teléfono. Pero la izquierda transformadora vive pendiente de una decisión: qué quiere hacer Gabriel Rufián. ¿Está dispuesto a ponerse al frente de una candidatura? Ya se verá la fórmula. Pero en ese espacio todo va a depender de lo que haga el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.

Rufián vuelve este viernes a protagonizar un acto con una gran expectación mediática: una conversación en Valencia con Mónica Oltra (Compromís). La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana vuelve con fuerza a la primera línea política después de un calvario judicial. Y lo hace para competir en las elecciones municipales, en una de las luchas más reñidas frente a María José Catalá (Partido Popular) y Pilar Bernabé (PSOE).

Este acto tiene mucho simbolismo. Compromís es uno de los partidos que más se ha alejado de la fórmula de Sumar, a pesar de haber concurrido bajo el mismo paraguas impulsado por Yolanda Díaz en las elecciones del 23J. De hecho, una de las dos diputadas de la formación valenciana dejó el grupo parlamentario y hoy Águeda Micó forma parte del grupo mixto.

El encuentro entre Rufián y Oltra tiene ese aire que ahora domina las izquierdas transformadoras: un sello territorial, pero con un fuerte compromiso para buscar alianzas que hagan posible frenar la llegada de las derechas al Palacio de la Moncloa, algo que hoy parece casi imposible a tenor de los sondeos publicados.

Y, además, visualiza que Rufián es el único referente que parece capaz de tejer alianzas dentro de un espacio marcado por las luchas fratricidas después de los primeros años de bonanza tras el 15M. A su lado ha tenido ya a Emilio Delgado (Más Madrid) y a Irene Montero (Podemos).

En estos momentos, Rufián aparece como el único puente que puede abrir sus brazos en varias orillas. Así lo confiesan en privado dirigentes de Sumar, Más Madrid, los comunes, Compromís y Podemos, que señalan que todos están pendientes de lo que finalmente haga Gabriel, como lo llaman todos en sus conversaciones privadas.

De manera paralela a los encuentros de Rufián, IU, Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid trabajan en actos para cimentar el espacio, se integre o no Podemos a última hora. Por el momento ya se han organizado grandes encuentros en Madrid, Barcelona y Sevilla. Esos contactos continúan, pero reconocen sus organizadores que todo cambiará el día en que Rufián concrete su plan y explique si está dispuesto a encabezar el espacio, participe o no dentro Esquerra.

El espacio sigue vacío de liderazgo. Y, además, internamente ha vuelto a enrarecerse por la situación de Movimiento Sumar, cuya líder, Lara Hernández, está en plena polémica por denuncias internas por supuesto acoso laboral. El próximo día 11, el partido que fundó Díaz elegirá un nuevo equipo directivo. Las quinielas apuntan a nombres como Ernest Urtasun, Verónica Barbero y Rosa Martínez.

Pero más que los nombres para liderar el espacio en general, por ahora se suceden las bajas. Díaz ya anunció que no va a concurrir de nuevo a las elecciones generales y está centrada en su labor como vicepresidenta segunda. Su futuro puede pasar por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una plaza que los sindicatos quieren que ocupe la ministra de Trabajo y cuyo plazo de presentación termina a finales del mes de agosto. No obstante, ese puesto no sería una realidad hasta el segundo semestre de 2027, por lo que podría aguantar en el Gobierno hasta el final de la legislatura. 

Asimismo, de esta carrera se ha apartado Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales es uno de los grandes referentes del espacio y, además, era una de las opciones favoritas por parte de dirigentes de Izquierda Unida, una de las grandes columnas del espacio. Él no quiere asumir ese puesto, tanto por motivos personales como por su incomodidad por las luchas internas en los partidos.

En este desierto de nombres, Rufián es, en cambio, la gran estrella. Y hay un aspecto que comentan varios dirigentes del espacio: conecta mucho con la gente joven, habla el lenguaje de la calle, su discurso llega a la barra de los bares. Un tirón que reconocen también en el PSOE, donde la mayoría de dirigentes lo ven como la mejor opción para reflotar el espacio a su izquierda. Sin ellos, Sánchez no podría repetir en el cargo. Un miembro socialista del Gobierno confiesa sobre el republicano: “Es un fenómeno entre los jóvenes. Mis hijos me mandan sus reels de Instagram con sus intervenciones”.

La legislatura está en el aire en estos momentos. Sánchez apuesta por aguantar hasta 2027, pero socios como el PNV y Junts reclaman elecciones anticipadas. Y siempre está el nubarrón de una moción de censura, que, por el momento, no quiere activar el Partido Popular. A pesar de la ansiedad que domina los tiempos políticos, la izquierda todavía no ha hecho los deberes y puede pillarle la fecha electoral sin una cabeza visible.

Lo que domina el panorama en ese espacio es la importancia que tendrán los partidos territoriales en la próxima cita después de los buenos resultados cosechados por Chunta en Aragón y por Adelante Andalucía en las elecciones del 17M. Pero ERC, BNG y EH Bildu siguen rechazando la posibilidad de integrarse en la misma plancha electoral con formaciones de ámbito estatal como IU, Sumar y Podemos.

Esperando a Rufián. La política española también pasa por Beckett.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que será la próxima candidata de este partido en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"No me resigno a Ayuso o Almeida", ha expresado Belarra en las jornadas Primavera de Esperanza organizadas por su partido.

"Con toda la humildad y toda la determinación, dispuesta a pelear por el futuro de mis hijos y mis hijas, he decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid", ha anunciado entre gritos de "¡Sí se puede!". 

El último barómetro del CIS revela que el PSOE ha perdido 4,9 puntos de apoyo electoral tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la entrada de la UCO en Ferraz, y aunque seguiría ganando las elecciones con el 31,3 % de los votos, el PP se le acerca y queda a solo 4,2 puntos.

El muestreo, a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y 4 de junio, recoge una subida de 2,2 puntos para el PP, hasta llegar a un voto estimado del 27,1%, lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba de los socialistas en la anterior encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas (15,8%), mientras Sumar sube siete décimas hasta el 6,4% y Podemos gana tres décimas, con el 2,8% de voto estimado. 

El CIS dibuja un panorama político muy diferente al que mostró hace dos semanas, antes de la imputación de Zapatero en la causa de Plus Ultra y de las novedades en el caso Leire que llevaron a agentes de la UCO a acudir a la sede del PSOE para recabar información sobre una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales que perjudicaran al PSOE o al Gobierno.

Entonces el PSOE ganaba al PP por 11,3 puntos con un 36,2 % de los sufragios, una ventaja que se ha visto reducida en muy poco tiempo.

Entre las otras formaciones políticas, ERC se deja siete décimas y lograría el 1,9% de los votos si hubiera elecciones; Junts gana dos décimas en este barómetro hasta el 1% de apoyo y Se Acabó la Fiesta (SALF) cae cinco pero aún así el CIS le atribuye un 1,9% de los votos.

Entre los partidos vascos, EH Bildu se sitúa en primer lugar gracias al 1,2% de los votos (tres décimas más) y el PNV sube una décima y logra el 0,6%; el barómetro concede tres décimas más y el 1% al BNG, CC gana una décima hasta el 0,2% y UPN repite su 0,1%

El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente pero solo para uno de cada cuatro españoles (el 25%), cuando en el anterior barómetro lo era para el 29,4%; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue en segunda posición, favorito para el 13,4%, y el de Vox, Santiago Abascal, en tercer lugar (9,5%).

El muestreo apunta que crece la desconfianza en Sánchez, puesto que el 68% de los encuestados manifiesta que le inspira "poca" o "ninguna" confianza, cuando en el anterior sondeo era el 63%; no obstante, son más los que desconfían del líder del PP: 78,4%.

Se mantiene la tónica consolidada de que ningún dirigente político aprueba en opinión de los ciudadanos, y Sánchez conserva su primer lugar con una nota de 4,21 puntos sobre diez, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,05), de Feijóo (3,79) y de Abascal (2,99).

Un mes más la vivienda es citada como el principal problema que existe en España, con el 41,5% de menciones, en una tabla donde le siguen los problemas económicos (19,2%) y la inmigración (18,9%).

La corrupción pasa de la décima posición a la cuarta entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, ya que si en mayo era citada por el 9,1%, ahora la señalan el doble de entrevistados (18,4%).

Eso sí, los problemas que más inquietan personalmente a los españoles son los económicos (28,4 %), la vivienda (27,4%) y la sanidad (21,7%).

Al preguntar por la situación económica de España, un 56,6% dice que es "mala" o "muy mala", pero cuando el CIS pregunta por su situación económica personal las tornas cambian y una mayoría del 68,4% dice que es "buena" o "muy buena".

En cuanto a la situación internacional, el 69% de los encuestados se muestra "muy" o "bastante" preocupado por la guerra en Oriente Medio y el 61,6 % también lo está por la invasión de Rusia a Ucrania.

Domingo por la mañana. El centro de Madrid es un hervidero, más de un millón de personas se concentran en el área de la plaza de Cibeles. El papa León XIV ofrece una misa multitudinaria por el Corpus Christi. Es uno de los momentos álgidos de su visita a España. Allí están los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Apenas diez horas más tarde, a ocho kilómetros, se abren las puertas del estadio Metropolitano, a las afueras de la capital. Empieza el perreo de Bad Bunny dentro de su histórica residencia en la capital. Allí están también la heredera y su hermana. Pero esta vez para bailar letras como “ella es callaíta, pero en el sexo atrevida”.

Esas son las vibraciones que dominan la capital durante estos días, en los que han coincidido León XIV y Benito Antonio, dos iconos mundiales. Dos hombres que se han convertido en símbolos contra las políticas de Donald Trump, pero que también tienen fuertes componentes conservadores y machistas. Y evidencian los tiempos convulsos que se viven internacional, social y políticamente. Ponen a prueba también la coherencia y evidencian las contradicciones actuales.

Todavía sigue resonando la ovación de más de siete minutos que dedicó el Congreso al pontífice tras su discurso ante el Pleno. Aplausos que llegaron desde la bancada de la ultraderecha y de la derecha, pero también desde las filas socialistas y de otros grupos de la izquierda presentes. Pero, conforme pasan las horas, la digestión se hace más complicada para todos respecto a ese alboroto sin precedentes en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

La izquierda se dejó llevar por la parte del discurso del papa más humanista, a favor de la paz y del orden internacional y con un mensaje a favor de la integración de la migración. El Gobierno se está volcando en esta visita a pesar de ser un Ejecutivo de coalición progresista y, además, le está sirviendo de tregua ante el pesado escenario judicial que enfrentan ahora mismo los socialistas.

En la parte socialista prefieren quedarse con la parte del discurso del papa sobre paz y migración frente a las referencias que hizo contrarias al aborto y la eutanasia, aprobadas precisamente con el empuje del PSOE a lo largo de estos años de democracia. De hecho, esas referencias de León XIV llegan en un momento en el que se está tramitando en la Cámara Baja la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para blindar en la Constitución la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, ese discurso del pontífice se escuchó en la Cámara Baja tres días antes de que los diputados tengan que pronunciarse sobre una proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales. Es una propuesta que llega directamente desde el Parlament de Catalunya y que está apoyada por el PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP. Un texto que va de la mano de las entidades que defienden el derecho a la muerte digna y que se debate después del caso de Noelia Castillo, cuya eutanasia se retrasó dos años por los recursos interpuestos por su padre junto a asociaciones ultracatólicas. 

Los partidos de la izquierda presentes en el Congreso durante el discurso del papa rebajan en estas horas esos aplausos, que llegaron por parte de ministros como Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy. Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y secretario de la Mesa, hacía esta reflexión este martes: “La visita de León XIV ha dejado una sensación agridulce con luces y algunas sombras también. Por un lado, pudimos escuchar un discurso humanista contra la guerra, contra el rearme, contra la codicia sin límites de los grandes tecno-oligarcas y en defensa de las personas migrantes y vulnerables que merecían ser aplaudidas”.

“Pero, por otro lado, el Vaticano decidió adrede acompañar ese discurso de una negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del derecho de las personas LGTBI a formar familias diversas y del derecho a la eutanasia. Estas últimas consideraciones conservadoras y excluyentes no merecían aplauso alguno. Por el contrario, hicieron mucho más sonoras otras ausencias como pedir perdón por el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica durante el franquismo u ofrecer reparación por los casos de pederastia. En esto, León XIV no mostró la sensibilidad de su antecesor”, prosiguió Pisarello.

Con esta reflexión final: “En pleno siglo XXI, ninguna religión puede defender de manera creíble la dignidad de las personas si no se coloca en el centro la defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas. Fue un discurso humanista contra la crueldad y contra la arrogancia de los Trump de turno que merece ser escuchado y, sobre todo, puesto en práctica dentro de las iglesias y fuera de ellas, pero, al mismo tiempo, lo que escuchamos reafirma nuestras convicciones laicas y la necesidad de mantener más que nunca una estricta diferencia entre las iglesias y el Estado sin privilegios de ningún tipo”.

Esta contradicción también la reflejó el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís, que señaló que se trata de una visita “histórica” y de “relevancia” por el “contexto global de auge del fascismo”: “Hubo partes importantes del discurso que compartimos plenamente como la defensa universal de la dignidad de las personas y la censura explícita de la prioridad nacional del PP y Vox. También compartimos las palabras sobre los refugiados y su apoyo a la regularización, además de la oposición a los tecno-oligarcas que quieren controlar las democracias y la vida de la gente”.

“Pero también hubo partes que no nos gustaron y que no compartimos, como el cuestionamiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco nos gustó la parte del discurso de no reconocimiento del derecho a la muerte digna y la falacia de la libertad educativa de las familias”, añadió el diputado, que hizo este análisis: “Quizás nos pasamos aplaudiendo siete minutos. También es cierto que había una competición para ver quién aplaudía las partes del discurso que más le habían gustado. Si nos ponemos de acuerdo, mal. Y si montamos el show y hacemos cosas diferentes, también. Fue un aplauso excesivamente largo, pero también cada uno aplaudía una parte del discurso”.

Podemos, por ejemplo, decidió no acudir a la Cámara Baja a escuchar al papa. Su líder, Ione Belarra, dejó estas impresiones al hilo: “Este discurso nunca se tenía que haber producido en la sede de la soberanía nacional. En el marco de un Estado aconfesional, no ha lugar para que el jefe del Estado de la Iglesia católica hable en el Congreso. Nunca un papa había hablado allí porque es algo extemporáneo. Le pido a la gente que piense si fuera, en vez de León XIV, un ayatolá el que hablase en el Congreso. Nadie lo comprendería. Han convertido el templo de la democracia en una iglesia. Es algo que una democracia no se puede permitir”.

Estas contradicciones se evidencian también en primera persona en el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha puesto en primera línea durante toda la visita. De hecho, el jefe del Ejecutivo participa este miércoles en una celebración litúrgica por primera vez desde que llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018, ya que estará en la misa en la Sagrada Familia. Esto choca con algunas de sus medidas iniciales, como quitar el crucifijo y la Biblia en la toma de posesión del Gobierno. El líder socialista no acudió a las misas por las víctimas de la dana ni a la dedicada a los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba).

El ala socialista del Gobierno ha evitado criticar las partes del discurso del papa sobre el aborto y la eutanasia y se ha centrado en los aspectos en los que coincide con el Vaticano, La portavoz del Ejecutivo y ministra de Migración, Elma Saiz, destacó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que León XIV es "un aliado" por su visión humanista, en cuestiones tan importantes como la paz, el respeto a la dignidad humana, al orden internacional o al multilateralismo, además de haber dado un "espaldarazo" a la política migratoria de Moncloa.

La derecha tampoco queda al margen de esas contradicciones durante la visita del papa a España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva días diciendo que suscribe de la “A a la Z” las palabras del pontífice, pero, en cambio, hace lo contrario con los hechos. Este mismo martes Alfonso Fernández Mañueco pronunció su discurso de investidura en el Parlamento de Castilla y León con una defensa cerrada de la “prioridad nacional”, un concepto que queda fuera del discurso sobre migración del Vaticano.

Vox también ve cómo su política migratoria sobrepasa todos los límites marcados por el papa, mientras aplaude un discurso que lleva años despreciando en el Congreso cuando lo pronuncian líderes de la izquierda. La ultraderecha apunta que no ve contradicción con sus palabras, pero la realidad es que las intervenciones de los de Santiago Abascal sobre los menores migrantes o las personas que llegan sin papeles no tienen nada que ver con la “acogida respetuosa” que defiende León XIV.

“Por la mañana café, por la tarde ron”. Bad Bunny había reconocido que quería conocer al papa, un encuentro que se produjo finalmente en el Santiago Bernabéu. Benito Antonio es el artista global del momento. Y, además, se ha convertido en un icono para muchas personas progresistas desde su histórica actuación en la Super Bowl, que se convirtió en un alegato a favor de la migración en los Estados Unidos de Donald Trump.

Bad Bunny está haciendo historia en España estos días con una serie de conciertos en Barcelona y Madrid, que terminan el próximo día 15. El estadio Metropolitano está abarrotado estos días, pero ese fervor también ha dado paso a varias polémicas. Una de ellas es por la famosa Casita, el segundo escenario del concierto inspirado en los hogares de las clases populares en Puerto Rico. Pero ahora perrean allí famosos, millonarios, influencers y cuerpos perfectos. Su mensaje de igualdad choca con el clasismo y el machismo (un ojeador elige a las chicas para subir especialmente por sus cánones de belleza normativa).

Asimismo, el debate está abierto en otro sentido. Muchas de sus letras son consideradas machistas, pero también hay otra parte del público que defiende que el artista ha intentado abrir otro espacio en el reguetón con temas como Yo perrea sola. Por ejemplo, esa contradicción la ha intentado explicar Rita Maestre (Más Madrid), que ha dicho estos días: “Las mujeres bailamos, movemos el culo, perreamos. Eso no nos convierte en machistas. Al contrario, disfrutar, bailar y mover el cuerpo es estupendo. Fuera hay centenares de mujeres disfrutando, siendo libres, moviéndose y vistiéndose como quieren. Para mover el culo no hay que pedir permiso. Es música de baile. Y no es música absolutamente machista”.

El apoyo a Bad Bunny ha llegado también desde el propio corazón del Palacio de la Moncloa. El todopoderoso ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Félix Bolaños, acudía este fin de semana a ver el show de más de dos horas y media de Benito Antonio. En su cuenta de Instagram colgaba varias fotos con el siguiente mensaje: “Grande Bad Bunny. Ahora el reto es aprenderme todas las letras”.

A pesar de las críticas en redes por su machismo, por los conciertos de Bad Bunny han desfilado durante estos días artistas reconocidas que han defendido postulados feministas y progresistas como Penélope Cruz y Carmen Machi.

España perrea y reza. Las contradicciones de un país en pleno 2026. 

Sumar ha condenado este lunes "el asesinato" con "técnicas que suele ejecutar Israel" del dirigente saharaui del Frente Polisario Lahbib Mohamed Abdelaziz, tras un ataque de Marruecos, y ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez si va a condenar al gobierno marroquí con "rapidez y contundencia".

Así se han pronunciado IU y Más Madrid, miembros de la coalición, después de que el Frente Polisario anunciara la muerte el domingo en combate del dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador de la organización independentista y miembro del Secretariado Nacional. Las fuerzas armadas no especifican las circunstancias de las muertes ni detallan la identidad de las otras dos personas fallecidas.

"El dirigente del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz hijo, ha sido asesinado con drones siguiendo técnicas que suele ejecutar Israel", ha escrito en la red X el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago.

Ha opinado que Marruecos "utiliza a los genocidas del pueblo palestino para su guerra contra el movimiento de liberación saharaui".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha criticado en la misma red que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "salió corriendo a condenar los ataques, sin víctimas" del Frente Polisario en Esmara (ciudad saharaui ocupada) el pasado 9 de mayo.

"Hoy Marruecos asesina a tres dirigentes saharauis. Preguntamos a Exteriores si va a condenar a Marruecos con la misma rapidez y contundencia", ha lamentado.

Ha acompañado su publicación con el registro en el Congreso de preguntas al Gobierno, para su contestación por escrito, con las que quiere que aclare si piensa "emitir una condena pública de estos hechos en coherencia con las posiciones mantenidas con los ataques efectuados en mayo por el Frente Polisario en Esmara".

"¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar el Gobierno para promover el respeto del derecho internacional y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui?", añade.

Para Más Madrid, este asesinato se suma a la escalada militar que atraviesa el Sáhara Occidental desde la ruptura del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario en noviembre de 2020 que ha "producido a un deterioro progresivo de la seguridad y de bloqueo de las vías políticas para la consecución de una solución efectiva para la autodeterminación del pueblo saharaui".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como miembro del Gobierno ha sido la primera en condenar el ataque marroquí; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también se han hecho eco del asesinato.

Rego calificó el ataque contra el pueblo saharaui como "una violación del derecho internacional". "El Sáhara occidental tiene derecho a la autoderminación", aseguró a través de su perfil en la red social Bluesky.

Belarra, a través de su perfil en X, aseveró: "El régimen de Marruecos acaba de asesinar brutalmente a tres dirigentes saharauis. Otro régimen que, tras Israel, se ampara en la impunidad para seguir cometiendo sus crímenes contra el pueblo saharaui. El Gobierno tiene que romper todas las relaciones con la dictadura marroquí".

Maíllo, por su parte, remarcó en la misma red social que estos asesinatos suponen "una gravísima escalada de Marruecos contra el pueblo saharaui", por lo que reclamó que el Gobierno de España condene esta acción "en defensa del derecho internacional y del Sáhara Occidental a decidir su futuro".

“Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo, todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada. Alzo la mirada. Alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo”.

El estribillo se repite minuto a minuto. Es el himno oficial de la visita del papa a España. En todos los actos, los altavoces reverberan a este ritmo. León XIV prosigue su visita al país, con una clase política volcada de lleno en el viaje. La mayoría de medios emiten durante casi las 24 horas todos los pasos del pontífice, que lanza mensajes a favor de la paz y de la inclusión de los migrantes, pero también muestra su rechazo al aborto y a la eutanasia.

Pero, ¿qué piensan políticamente los católicos practicantes en España? ¿Y los no practicantes? ¿A quién votan? ¿Qué les preocupa? ¿Tienen también interiorizados los valores que proclama León XIV?

Si hoy se celebrasen elecciones generales en España, la derecha se impondría con mayoría absoluta entre los católicos practicantes. Según el barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 32,7% de ellos y ellas meterían la papeleta del Partido Popular. Después se situaría Vox, con un 19%. El PSOE aparece en tercera posición, con un 18,2%. A mucha distancia ya se sitúan la cuarta y quinta opción: Falange (1,4%) y Se Acabó la Fiesta (1,1%). El apoyo a las izquierdas es irrisorio en ese segmento: Podemos (0,8%), Sumar (0,3%), BNG (0,2%) y EH Bildu (0,1%). También el que obtendría la derecha soberanista: PNV (0,3%) y Junts (0,2%).

Pero lo que hay entre católicos practicantes es una sensación de vacío en el panorama político, ya que el 42% confiesa en el sondeo que no siente simpatía por ninguno de los partidos políticos. El que genera más afecto, no obstante, es el Partido Popular, citado por el 19,6%. El PSOE cae “simpático” al 7,9%, mientras que la ultraderecha de Santiago Abascal solo tiene buena imagen entre el 3% de los encuestados. Muy cerca se sitúa Se Acabó la Fiesta, con un 1,9%.

Los católicos practicantes colocan la vivienda como el principal problema que tiene el país, aunque su nivel de preocupación es inferior al de los no practicantes, ateos, agnósticos y creyentes de otras religiones. Y señalan como segunda preocupación al Gobierno y los partidos, por delante de la crisis económica y la migración. 

Asimismo, la opción favorita de los católicos practicantes para ser presidente del Gobierno es Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), al que apoya el 25,4%. Pedro Sánchez es la segunda opción, con un 17%, por delante de Santiago Abascal (Vox), que tiene el respaldo del 15,7%. Isabel Díaz Ayuso está en cuarto lugar, aunque su porcentaje no llega al cinco por ciento. El interés por los líderes de izquierdas no alcanza ni al uno por ciento como eventuales jefes del Ejecutivo: Yolanda Díaz (0,6%), Gabriel Rufián (0,4%) e Irene Montero (0,3%).

En cuanto a la valoración de los propios líderes, sólo aprueba entre los católicos practicantes Núñez Feijóo, al que le dan un 5,32 de nota media. Abascal es el segundo, con un 4,37. Luego ya está Sánchez, con un 3,62, por delante de Yolanda Díaz, con un 3,52.

A pesar del discurso a favor de la ayuda e integración de los migrantes, el grupo de los católicos practicantes es el que da más apoyo al concepto de “prioridad nacional" impulsado por Vox y que está aceptando el Partido Popular para formar gobiernos autonómicos como los de Extremadura, Aragón y Castilla y León. El 67,2% está “muy” o “bastante de acuerdo” con que las políticas sociales se orienten en este sentido.

La derechización del electorado católico cae cuando se trata de católicos no practicantes. De hecho, según los datos del barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE se impondría en este espectro en unas elecciones generales, con una intención de voto del 28,2%. El Partido Popular cae casi diez puntos respecto a los practicantes y se sitúa en el 23%, mientras que Vox se queda en el 15,4%.

Entre los no practicantes, luego se sitúan, de manera casi residual, otros partidos como Se Acabó la Fiesta (2,2%), Esquerra Republicana (1,3%), Sumar (1,2%), Junts (0,8%) y Podemos (0,3%).

La mitad de los votantes católicos no practicantes confiesa que no siente simpatía por ningún partido. El que despierta más afinidad es el PSOE, aunque solo lo nombra el 13,6%. Luego aparecen el Partido Popular (8%), Vox (3,5%), Izquierda Unida (1,2%), Sumar (1,1%), Pacma (0,7%), Podemos (0,3%) y Junts (0,3%). Los socialistas también se imponen en la pregunta de qué partido se acerca más a sus ideas personales, con un 30%. Por delante del Partido Popular (23,1%) y de Vox (15,7%).

Asimismo, este grupo de votantes da su nota más alta, aunque no aprueba, al presidente del Gobierno, que recibe de media un 4,11, por delante de Núñez Feijóo, que le sigue de cerca con un 4,02. En cambio, Díaz se queda en un 3,76. El menos valorado es Abascal, que tiene un 3,28. 

Los católicos no practicantes se sitúan en general en el centroizquierda, con una autoubicación media de 4,95 (del 1 de la extrema izquierda al 10 de la extrema derecha). En cambio, los practicantes están mucho más derechizados, con un 6,20. Quienes se ven más a la izquierda son los ateos (3,02) y los agnósticos (3,80). En otro orden de cosas, los practicantes tienen porcentajes más altos de pertenencia entre la clase alta, media alta y media media. En cambio, los no practicantes se imponen en la clase media baja, la clase obrera y la clase baja.

El juez Santiago Pedraz ha imputado al comisario José Manuel Catalán, que fue alto cargo de la UDEF, en la causa donde trata de esclarecer si desde la cúpula policial cuando gobernaba el PP se impulsaron investigaciones irregulares y sin aval judicial contra Podemos y sus diputados entre 2015 y 2016.

Lo hace en un auto, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que emplaza al exjefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y a una funcionaria de Policía a declarar el próximo 25 de junio en calidad de investigados tras admitir un recurso del exvicepresidente Pablo Iglesias.

Iglesias, personado como acusación en el procedimiento, recurrió la negativa del juez de la Audiencia Nacional a admitir una ampliación de su querella contra ambos policías. Ahora el juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha reconsiderado su decisión y ha estimado el recurso de Iglesias.

Con sus citaciones, el abogado del ex secretario general de Podemos quiere aclarar la visita que realizaron estos dos funcionarios el 12 de abril de 2016 al consultado español en Nueva York, junto al ya investigado inspector jefe José Ángel Fuentes Gago para tomar declaración al exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea.

Según el escrito que remitió hace meses al juez Santiago Pedraz, el "propósito formal" de aquel interrogatorio era "obtener su ratificación sobre un supuesto documento que vincularía a miembros de Podemos con pagos del gobierno venezolano".

Pero, proseguía el escrito, "el verdadero objetivo" no era "la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio" contra Pablo Iglesias, otras personas del partido y la propia formación.

El abogado de Pablo Iglesias se basa en la declaración que prestó Rafael Isea en septiembre de 2025 ante la Audiencia Nacional, donde —según el escrito— "señaló numerosas irregularidades" del acta de la declaración que prestó en Nueva York, "manifestando su voluntad de no incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar".

El exlíder de Podemos sostiene que los ahora querellados "redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas" por Rafael Isea.

"Tras la manipulación del acta oficial se produjo su posterior filtración a medios de comunicación afines, generando un grave perjuicio a la reputación de Podemos y de sus dirigentes y cargos públicos", entre ellos Pablo Iglesias, añadía el escrito.

Entre los investigados en esta causa figuran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, que hoy declara en el juicio del caso Kitchen que celebra la Audiencia Nacional.

La investigación de Pedraz se remonta a inicios de 2024, cuando el juez admitió a trámite una querella de Podemos que denunciaba la puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de "investigaciones prospectivas" y "ajenas" al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido.

En estos tiempos de posibles presidentes corruptos y mociones de censura, echo de menos a Pablo Iglesias, echo de menos esos días en los que en política por la mañana querías café y por la tarde ron. Lo hemos llamado siempre patear el tablero, pero la mayor parte de las veces lo que había debajo, además de muy buenos spin doctors, era una apuesta por estrategias políticas más arriesgadas ante las situaciones más complicadas. Iglesias siempre entendió esto avant la lettre en España, y por eso Podemos no nació para ganar dentro del marco izquierda-derecha, o el del bipartidismo, sino que se convirtió en una operación política para patear ese tablero donde hasta ahora todos sabían jugar y proponer uno nuevo en el que las piezas pudieran desplazarse con reglas completamente diferentes. Si se confirma lo de Zapatero, ¿a qué va a jugar la izquierda? ¿Sabremos volver a patear el tablero?  

Hoy es difícil creer que podamos construir un ajedrez alternativo, estamos más bien en etapa parchís. Y por ello siempre viene bien una revisión al más puro spinoziano de nuestras potencias. No hay entre los nuestros un nuevo Pedro Sánchez a su izquierda, tampoco parece que Zapatero vaya a ser Lula. ¿Qué nos queda? En ajedrez el peón es la pieza con más restricciones del tablero, la menos valiosa que avanza, nunca retrocede, captura en diagonal pero no se mueve en diagonal, y solo lo hace de uno en uno, siendo así la pieza que más limitada está por la dirección que le impone el tablero. Sin embargo, si un peón llega a la última fila, la del adversario, se corona y puede convertirse en cualquier pieza, haciendo que esa pieza que antes solo podía hacer una cosa sea ahora la que puede hacerlo todo. Tengo la sensación de que aunque hemos conseguido cruzar el tablero entero jugando con las piezas que tenían menos valor, ahora que hemos llegado al otro extremo y que podemos decidir qué pieza queremos ser, no tenemos ni idea. ¿Qué sucedería si el truco final no era una ruptura de las reglas sino la coronación, la posibilidad de elegir cómo jugar la siguiente pantalla? Y claro, hay que ser tonto para no querer ser la reina.

Pero no nos despistemos aún con eso. Lo que hoy sigue habiendo debajo del tablero del PSOE en el que jugamos, además de no tan buenos spin doctors como en la época de Pablo, es exactamente lo que ese marco que Podemos trajo a la política quería dejar al descubierto: una estructura de acceso al Estado que el viejo marco llamaba gestión y el nuevo llamaba corrupción. Nadie ha olvidado de dónde venimos y para qué estamos en política (creo), pero sin duda el problema de la izquierda ahora es que lleva dos años intentando ganar dentro del marco que el PSOE controla mejor que nadie, que no es otro que el de la gestión, el de la estabilidad, el del mal menor, el del “si nos vamos viene la derecha”. Ese es el tablero, y en él el PSOE siempre tiene ventaja porque es quien lo fabricó. Mientras tanto la reducción de jornada no sale, la regulación del alquiler tampoco, y la gente que vive al día en este país no sabe en qué punto está la tramitación de nada ni le importa. El marco de la estabilidad no ha producido estabilidad para quienes la necesitaban y las mayorías parlamentarias menguantes aseguran que la posibilidad de cambio es cada vez menos posible. Por ello tan importante es que pensemos en qué debemos hacer si lo que se confirma el 2 de junio en la Audiencia Nacional hace que este gobierno no sea sostenible, como qué pieza vamos a querer ser si se acaba la posibilidad de competir virtuosamente, se supone, por ver cuántos euros de más que el PSOE en no sé qué medida estamos dispuestos a apostar.

Es importante explicar que cuando se dice que si se confirma lo de Zapatero no estamos esperando una sentencia sino que estamos hablando de política. Las sentencias llegan en este país cuando y como menos importan, cuando el daño político está hecho, cuando quienes las reciben llevan años gobernando con ellas en el cajón, o cuando quien más justicia y reparación necesitaba simplemente ya no está. Lo que el 2 de junio puede confirmar es algo más sencillo y más grave: que el juez Calama, tras escuchar al expresidente, mantiene los indicios y no archiva, esto es, que el auto de 85 páginas que lo sitúa como núcleo decisor de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias tiene base suficiente para seguir adelante, que la carta enviada por Plus Ultra al vicepresidente del Santander con la fórmula “por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero” era exactamente lo que parece, o que el mensaje interno entre directivos “pues ahora es meterle chola al Zapa” describe una relación funcional, no una esperanza. Con eso basta para que las izquierdas políticas nos pongamos a trabajar en impugnar todo aquello que sostenga la posibilidad de seguir confundiendo el miedo al lobo o la gestión estable con corrupción.

Por eso este no es un momento constituyente. No estamos aún ante la oportunidad de fundar algo nuevo ni de imaginar una arquitectura política para el próximo ciclo largo. Eso vendrá después, si viene. Lo que tenemos ahora ante nosotros es un momento destituyente, cuyas declinaciones van desde la retirada del apoyo al PSOE, pasando por nombrar incómodamente lo que hay (tiene narices que nos rompa el corazón el señor del 135), hasta forzar el fin de algo que ya no se sostiene. Los momentos destituyentes tienen su propia gramática, sustraen, desalojan, retiran legitimidad sin necesidad de proclamar nada, y confundirlos con momentos constituyentes es el error que convierte la urgencia en parálisis política.

Es por todo ello que las izquierdas se enfrentan hoy a una disyuntiva que no admite gradualismos cómodos ni prudencias ni silencios ambiguos. O forzamos el escenario o el PSOE lo coloca como mejor le venga. Y que nadie olvide que el PSOE lleva tres legislaturas siendo muy bueno en exactamente eso, en decidir cuándo explota cada crisis, en qué términos, con qué relato, con qué ganadores y qué víctimas. Las tentaciones son múltiples, y se extienden desde la posibilidad de construir una bicefalia tensionando desde los partidos mientras se gestiona desde los ministerios hasta la posibilidad de coser un proyecto provincia a provincia, pero todas ellas tropiezan con una pregunta que nadie puede responder aún: ¿quién es la cara? En los partidos no existe hoy ese perfil, salvo que se acepte a Irene Montero o a Gabriel Rufián, que es la opción que más daño puede hacer al PSOE y también la que más fácilmente se convierte en argumento de inestabilidad territorial. Rufián lo sabe, por eso amenaza con liderar sin liderar todavía. Montero lo sabe, por eso aún no se corona como reina, si es que eso es a lo que Podemos aspira ahora.

En mi opinión ninguno de los dos sobra. Quizás en este momento destituyente lo que corresponde es la política del mapa, la que supere la etapa del comunicado conjunto con la foto en una sala de Madrid y acepte la posibilidad de que para desbancar y destituir de una vez por todas a los que hasta ahora han marcado el juego, hace falta estar dispuestos precisamente a ser otra cosa. ¿No es acaso mucho más potente frente al PSOE presentar un frente de las periferias, que no necesita resolver el problema de la cara precisamente porque su lógica es confederal y no la de una lista con una cabeza visible que borre las diferencias, sino la de un acuerdo de acción común sobre lo que es destituyente: retirar el apoyo, forzar el ciclo electoral, llegar a él con un relato compartido sobre la corrupción como sistema, no como accidente? BNG, Bildu, ERC, Podemos, Sumar, IU, Comunes, Compromís, Chunta, Adelante Andalucía y los que hagan falta son la geografía de una izquierda que funciona cuando actúa articulada y que se destruye cuando compite por el mismo milímetro de espacio simbólico, y sobre todo pueden abrir la posibilidad de articular más allá de lo territorial. Porque puestos a revisar nuestras potencias, conviene no olvidar que periferia no es solo un concepto cartográfico, sino también el lugar desde el que hablan quienes el poder central lleva décadas administrando sin representar, es decir, las mujeres, las personas racializadas, los cuerpos y las identidades que el Estado gestiona pero no escucha, quienes pagan el alquiler que este gobierno no ha sido capaz de regular. La política del mapa no es ni puede ser ya un mapa de provincias. El frente de las periferias para destituir al PSOE tiene que ser una suma que produzca multitud y mestizaje absoluto, hasta rozar lo irracional. La idea es un frente de los diferentes contra los de siempre.

La única pregunta que queda es quién se mueve primero, esta vez para salirse de la foto. Porque si la izquierda que debería plantearlo no lo hace, lo hará Sánchez con el timing y el relato que más daño hagan a la posibilidad de una candidatura a su izquierda, y cuando eso ocurra ya no habrá decisión que tomar. El 2 de junio es mucho más que una fecha judicial, es la fecha en que la izquierda tendrá que decidir si todavía sabe mover ficha.

Gabriel Rufián dio este miércoles el paso que muchos le reclamaban desde hace tiempo. Tras meses defendiendo la necesidad de una candidatura amplia a la izquierda del PSOE, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso se ofreció por primera vez a liderarla de cara a las próximas elecciones generales. Lo hizo en el Club Siglo XXI de Madrid, donde aseguró que, si su figura sirve para articular “un espacio de unión” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Pero eso no implicaría ser el cabeza de cartel por Madrid, explican fuentes de su entorno, ya que podría encabezar esta lista en Cataluña junto a ERC, los comunes y Podemos y ayudar a que en otras partes del Estado hayan confluencias similares. Él mismo señaló que ya se estaban produciendo los primeros contactos, aunque de forma discreta, para explorar esta vía.

Con todo, Rufián se ofrece a liderar una alianza con partidos a los que, simultáneamente, señala como parte del inconveniente. En su diagnóstico, las izquierdas de ámbito estatal “son el problema” porque han perdido capacidad para ordenar el espacio alternativo al PSOE y deben dejarse “inspirar” o arrastrar por las fuerzas arraigadas al territorio. Citó varios ejemplos, ahondando especialmente en el reciente resultado de Adelante Andalucía, clave para que el presidente andaluz Juanma Moreno no obtuviera la mayoría absoluta. Sin embargo, Adelante Andalucía cerró rápidamente la puerta a participar en una candidatura conjunta en las generales con otras fuerzas.

El portavoz republicano planteó incluso que habría provincias donde debería liderar ERC, otras donde deberían hacerlo las formaciones estatales y otras donde quizá alguna candidatura debería no presentarse. Pero esa idea sigue sin aterrizar en una fórmula concreta. “¿Cómo se hace? No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros —en alusión a ERC—, provincias en las que tengan que liderar ellos —en referencia a las izquierdas estatales— y otras en las que quizá no haya que presentarse…”, dijo. 

La fórmula preferida por el republicano es que las izquierdas arraigadas al territorio, entre las que está ERC pero también Compromís, Chunta, Més per Mallorca, entre otras, lideren allí donde son fuertes e integren a miembros de formaciones estatales o que no compitan con otras formaciones de su espacio a nivel estatal, mientras que Sumar, Podemos e IU sean “generosas” y pongan la estructura en los territorios en los que no exista esa izquierda soberanista. A cambio, podrían participar conjuntamente en actos y pedir voto por el otro. Es lo que Rufián lla.aa "ciencia". Un planteamiento que encuentra resistencias internas por parte de estos actores estatales, que reivindican un proyecto “que no anteponga la prioridad regional”.

Rufián lleva meses insistiendo en que la fragmentación penaliza y en que la arquitectura electoral exige renuncias muy concretas. Y cada una de ellas tiene nombre y apellidos. Para Sumar, IU o comunes, aceptar que la izquierda territorial lidere el proceso puede significar asumir una posición subordinada. Para Podemos, en cambio, Rufián puede funcionar como una palanca para volver a ocupar el centro de una izquierda alternativa donde los morados han perdido peso desde su ruptura con Sumar. Por ese motivo su secretaria general, Ione Belarra, no ha explicitado su malestar de la misma manera que el resto.

El paso al frente del republicano contrasta con el mensaje que trasladan desde su propio partido. Rufián insistió en que no piensa abandonar ERC —llegó a decir que no se marchará “hasta que le echen”—, pero también abrió la puerta a irse si no se dan determinadas “condiciones” que él ha trasladado a la dirección de Oriol Junqueras. Aunque el portavoz catalán evitó citarlas públicamente, dejó entrever que busca más poder y autonomía de cara a la configuración de las listas electorales y la estrategia para afrontar la próxima legislatura. En esta, el grupo republicano no ha estado precisamente cohesionado —las diputadas Pilar Vallugera y Teresa Jordà apoyaron la lista alternativa a la de Junqueras en primarias y no coinciden plenamente con su portavoz— y Rufián no quiere que se repita esa división si vuelve a ser quien lidera en Madrid.

Este jueves el secretario general adjunto de Esquerra, Oriol López, defendió que ERC ya es un “frente amplio”, mantuvo la apuesta por Rufián como candidato y aseguró que la dirección encontrará fórmulas para que se sienta cómodo. Pero el portavoz republicano, Isaac Albert, fue más explícito y advirtió en TV3 que “la voluntad de parar a la extrema derecha con una coalición que no suma no es una buena estrategia” y que ERC se presentará con sus siglas en las cuatro provincias catalanas. Si bien, admitió que el catalán “es el mejor candidato” y “un activo clave para ir mucho más allá de los límites que tiene ERC”.

También se pronunció sobre las condiciones que reclama su portavoz en Madrid para continuar en el cargo y dijo que, si el problema está en la lista electoral, intentarán que “se sienta lo más cómodo posible” porque “es normal” y “siempre ha pasado” que el candidato “tenga un equipo con el que pueda trabajar”. “Se tienen que escuchar las propuestas de lo que quiera hacer Gabriel Rufián”, admitió Albert. “No hay ningún tipo de voluntad de echarlo”, añadió después, sobre una eventual salida de su candidato estrella.

El nombre de Oriol Junqueras también salió a relucir durante el coloquio celebrado en Madrid. Rufián admitió que no coinciden “en todo” y que alguna vez se quieren “matar”, pero que quiere que sea el próximo president de la Generalitat catalana y “nunca” dirá “una mala palabra sobre él” porque sería “una canallada”. Con todo, el líder republicano ha cerrado la puerta en varias ocasiones a la llamada ‘vía Rufián’. Tras los actos de su portavoz en Madrid con Emilio Delgado e Irene Montero, descartó que Esquerra entre en un movimiento de unidad de izquierdas de ámbito estatal.

Al margen de ERC, los comunes han pedido una reunión “urgente” con Rufián para aclarar si su propuesta es una negociación con la dirección de ERC, una alternativa estatal o una candidatura que obligaría a reordenar todo el tablero. Su portavoz en el Parlament, Jéssica Albiach, reconoció desconocer si Rufián “se ha emancipado de ERC” o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso. Como ya explicó infoLibre, los comunes quieren formar parte de ese frente amplio y ya se había abordado en las reuniones internas la posibilidad de que el portavoz de ERC pueda convertirse en un referente de una candidatura compartida entre comunes y Podemos.

Izquierda Unida fue todavía más clara y no disimuló su enfado con las palabras del portavoz republicano situando a las izquierdas españolas como “el problema”. El diputado Enrique Santiago se mostró dispuesto a negociar, pero cargó contra los “liderazgos personales y los egos desmedidos", en una clara alusión al catalán. El dirigente de IU replicó además a Rufián que el problema no es la izquierda estatal, sino la tentación de sustituir un proyecto federal de país “por una suma de prioridades territoriales”.

Sumar, por su parte, defiende la obligación de construir frentes amplios y evitó entrar en los problemas concretos que plantearía una candidatura encabezada por Rufián. Su líder, Lara Hernández, estuvo en primera fila durante el coloquio del portavoz de ERC y, aunque se la vio incómoda por momentos, es de las que considera que ahora deben ceder. El espacio de Yolanda Díaz está intentando recomponerse tras una legislatura complicada y no puede permitirse despreciar a un actor con tirón electoral, plantean fuentes del partido.

Quien ha recibido mejor la propuesta es Podemos, aunque también mide los tiempos. Su secretaria general, Ione Belarra, aseguró este jueves que quiere ser respetuosa con ERC y con Rufián, pero insistió en que la ciudadanía espera que las fuerzas de izquierda hagan equipo, colaboren y estén a la altura. Esa fue la idea que lanzó Irene Montero en el acto conjunto, en el que subrayó que quiere hacer “tándem” con el republicano. Una estrategia con la que buscan tratar de volver a ganar protagonismo dentro del espacio. 

Lo que sí trasladan algunas de estas formaciones es que ya se está negociando, en privado, sobre fórmulas electorales pero que prefieren “ser prudentes” antes de airear sus avances para que pueda salir adelante. Sin embargo, hay partidos que se han desvinculado desde el principio de la idea de Rufián como es el caso de EH Bildu, el BNG y ahora Adelante Andalucía. En Chunta, Compromís y Més per Mallorca, sin embargo, no cierran la puerta a formar parte de una alianza conjunta de las izquierdas. Ese, cree Rufián, es el camino para tratar de evitar una victoria de la derecha y la extrema derecha.

El espectacular avance de Adelante Andalucía este 17M es uno de los asuntos que más ha centrado las reuniones de todos los partidos durante la resaca electoral. Y supone la apertura de la puerta en la comunidad más poblada de España a la vía que ya funciona con éxito en otros lugares del país y que ejemplifican Chunta en Aragón o Compromís en Valencia.

Adelante Andalucía viene a ensanchar ese camino que también transitan con fuerza en sus comunidades partidos como el BNG en Galicia, EH Bildu en el País Vasco y ERC en Cataluña. Formaciones de carácter progresista, pero con un fuerte arraigo identitario y sin dependencia de direcciones en Madrid. 

Adelante Andalucía fue el gran ganador de este domingo al cuadruplicar sus resultados, pasando de dos a ocho escaños en el Hospital de las Cinco Llagas. Ha subido en casi cinco puntos y ha aglutinado el voto de más de 400.000 habitantes. Y tiene gran trascendencia su extensión a casi todas las provincias, cuando antes era un instrumento electoral que operaba solo en Cádiz y Sevilla. Únicamente se quedó fuera en Almería y Jaén, dos provincias con un fuerte carácter bipartidista y donde Vox tiene también mucha fuerza por factores como la agricultura y la migración.

Comparte con otros partidos de la izquierda territorial un punto fresco que atrae a los jóvenes. Como confiesa un veterano dirigente del PSOE de Sevilla: “Mis dos hijos han votado a José Ignacio García”. Este es un rasgo que los diferencia de otros partidos de izquierdas, a los que les cuesta conectar ahora con los jóvenes en un debate público dominado por la ultraderecha. Por ejemplo, en las elecciones de Aragón de febrero la Chunta fue el partido más votado entre los menores de 35 años, según el estudio poselectoral publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Adelante Andalucía comparte con las izquierdas territoriales un uso muy potente de las redes sociales, con un estilo diferente, directo, didáctico y que llega mucho a los jóvenes. Algo que también jugó a su favor Jorge Pueyo, el candidato de Chunta Aragonesista.

Y, además, otro de los factores que ha calado mucho en esta campaña es que el candidato de Adelante Andalucía ha mantenido un relato diferente al de otros dirigentes de la izquierda. Ha evitado el discurso del progresista gruñón que riñe a los votantes y ha apostado siempre por la sonrisa a lo Mamdani. Él mismo ha confesado que se puede ser muy crítico y exigente con las derechas, pero a la vez transmitir la ilusión de la gente de las calles de Andalucía. De hecho, esa filosofía estaba en el spot de su campaña electoral con música de La Plazuela y con esta máxima: “Ya no quiero estar más al lado de la pena”.

Ese espíritu también se materializó en su visita a la Feria de Abril de Sevilla, un lugar muy identificado con las élites del poder en la capital andaluza. Allí se plantó y recibió muchas muestras de cariño de personas que paseaban por el Real. Él mismo dijo que aspiraba a que todo el mundo, de todas las clases sociales, pudiera disfrutar de la feria.

Desde que arrancó la campaña, se vivió como una competición la concurrencia de Adelante y de Por Andalucía, la lista en la que estaban integrados, entre otros, Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Los de Antonio Maíllo consiguieron salvar los muebles y mantener el grupo parlamentario con cinco escaños. Por eso, el ascenso de García no se basa en comerle terreno a sus teóricos rivales, sino precisamente en movilizar a votantes abstencionistas y llegar donde la izquierda estaba fallando. La izquierda crece por primera vez en Andalucía en este ciclo electoral, ganando cuatro escaños y dos puntos.

La propia candidata del PSOE, María Jesús Montero, reconoció este lunes que los socialistas tienen que “aprender” de Adelante Andalucía su “eficacia en comunicación política y en la capacidad” para generar confianza entre la gente en un momento de desgaste de Juanma Moreno.

El crecimiento de Adelante Andalucía se produce en unos meses de vital importancia para la izquierda a nivel nacional, que está buscando fórmulas para el próximo ciclo. García confirmó este lunes que el partido se presentará a las elecciones generales, pero de manera independiente respecto a la “izquierda clásica y tradicional” que está en el Gobierno central.

Según García, Adelante Andalucía estará en el próximo Congreso de los Diputados porque “a mucha gente le entró el gusanillo de votar para que se haga en el Parlamento una política de izquierda, andalucista y en favor del pueblo andaluz”.

Gabriel Rufián (ERC), hombre clave para el futuro de la izquierda, hizo este análisis al conocerse los resultados: “Es el momento de las izquierdas soberanistas. Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a los demás'. Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema. A escuchar y a ayudar”.

Adelante Andalucía se suma a las tesis de las direcciones del BNG, EH Bildu y Esquerra, que quieren ir con sus marcas y no integrarse bajo una fórmula con formaciones de implantación nacional como Izquierda Unida, Podemos y Movimiento Sumar. 

Desde Izquierda Unida, en cambio, siguen empujando en la idea de crear un frente amplio para las próximas elecciones generales. En este proyecto están embarcados también Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid. Podemos se unió a última hora a la papeleta de Por Andalucía. Desde Sumar quieren acelerar el proceso para buscar candidato. Como señaló este lunes Lara Hernández, es el momento de “pisar el acelerador” para elegir al cabeza de cartel antes del verano.

Maíllo hizo esta reflexión de cara al futuro: “Me preocupa la construcción de una izquierda transformadora federal con proyecto de país. Y me preocupa que se vaya a construir ahora una especie de suma de troceamientos de izquierdas regionalistas. Me preocupa como ciudadano. Apuesto por un proyecto de izquierdas para todo el país. No quiero dejarle ese carril al PSOE y que sea la única propuesta política progresista con ámbito estatal. Queremos hacer política estatal. Si no lo hacemos, sería hacerle un favor al PSOE. Queremos una izquierda estatal. Si no la hay, sería una tragedia para los trabajadores”.

Podemos quiere que se siga tirando del hilo en relación a la rocambolesca investigación por narcotráfico que se realizó de manera secreta en 2016 alrededor del exeurodiputado Miguel Urbán. Tres días después de la insustancial y desmemoriada declaración en la Audiencia Nacional del denunciante que puso en marcha el montaje de la cocaína, un asunto que se está investigando en la causa de la guerra sucia contra el partido, la formación morada ha decidido mover ficha y solicitar nuevas diligencias de investigación a la vista de la "radical negativa" del hombre a "colaborar" con la Justicia. En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, Podemos pide, entre otras cosas, que se investigue "si existen constancias" de que el delator "hubiera sido receptor de pagos con cargo a los fondos reservados".

La operación Cardenal, que quedó registrada oficialmente con la matrícula C00360/16, fue una de las primeras investigaciones puestas en marcha alrededor de Podemos. Se inició pocos días después de la apertura de la XI Legislatura, la primera del partido morado en las instituciones. Y tuvo como punto de partida, según reveló infoLibre en diciembre de 2024, una nota reservada que envió a la Fiscalía Antidroga el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), José Luis Olivera, que actualmente se sienta en el banquillo de los acusados de Kitchen. En ella, se daba cuenta de un posible tráfico de 40 kilogramos de cocaína en el que estaría implicado el entonces eurodiputado de Podemos. Un inexistente caso de narcotráfico montado en base al relato de un delator llamado Hugo.

Diez años después de aquello, las secretas Diligencias de Investigación 04/2016, que se archivaron en apenas seis meses ante la falta de un solo indicio, forman parte de la investigación sobre la guerra sucia contra Podemos que se está desarrollando en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. La existencia de la misma salió a flote cuando un inspector de la Brigada Central de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) relacionó con la citada operación las búsquedas en bases de datos policiales que había hecho sobre el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. En un primer momento, el instructor, Santiago Pedraz, se negó a abrir esta nueva línea de investigación. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligó a hacerlo.

La pasada semana compareció, en relación con estos hechos, Hugo C., quien suscribió las declaraciones con la rocambolesca historia de Urbán intercambiando cocaína procedente de Venezuela por dinero en un pub del madrileño barrio de Malasaña, esparciendo la droga sobre la barra y gritando que la operación era para financiar a Podemos. En su comparecencia como testigo, el hombre dijo que no recordaba prácticamente nada. Sí que reconoció su firma en las declaraciones. O que Antidroga no le presionó para ratificar su testimonio. Y también negó haber cobrado dinero por su colaboración. Pero poco más. Cuando le preguntaron sobre lo que contó a la Policía o si esta le condicionó, respondió que no se acordaba. Y tampoco fue capaz, siquiera, de precisar la apariencia del eurodiputado.

Para Podemos, dicha comparecencia, lejos de "arrojar luz" sobre los hechos, genera "mayores incógnitas" sobre la "verdadera motivación e influencias del testigo al realizar sus manifestaciones originales". En un escrito remitido este lunes al Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, denuncia la "radical negativa" del hombre, "disfrazada de una pretendida amnesia, además de naturaleza selectiva", a "colaborar" con la Justicia: "[Esto] refuerza los indicios de que nos encontramos ante una actuación espuria orquestada desde estructuras policiales con fines ajenos al interés social".

En base a esto, la formación morada solicita al magistrado, por un lado, que se vuelva a citar al delator, pero esta vez en calidad de investigado. "La posición procesal como testigo resulta a todas luces insostenible y podría conculcar su derecho de defensa, dado que existen evidentes indicios de que su actuación en 2016 podría ser constitutiva de un ilícito penal"; resalta en su escrito. Y, por otro lado, pide que se oficie a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía para que elabore y remita un "informe detallado" sobre el hombre y sobre las circunstancias que "rodearon" su "papel como 'confidente' o 'testigo".

"Es imperativo determinar si actuó espontáneamente o si, por el contrario, fue un instrumento –voluntario o no– en la investigada operación de 'guerra sucia' política", lanza el abogado de Podemos. Entre otras cosas, se pide que se analicen sus "antecedentes penales y policiales", la "relación de denuncias que hubiera interpuesto ante cualquier instancia policial" o que se identifique a todos los agentes que hubieran consultado sus datos en las bases policiales entre septiembre de 2015 y julio de 2016, indicando, si constara, la fecha o el motivo de la consulta realizada.

Y también que se indague si existen "constancias" de que Hugo C. "hubiera sido receptor de pagos con cargo a los fondos reservados" del Ministerio del Interior en ese mismo periodo temporal. "Estas diligencias creemos que son indispensables para contrastar las afirmaciones realizadas por el testigo en sede judicial y para esclarecer la verdadera naturaleza de su colaboración con la trama policial investigada", completa el escrito remitido. Ahora, la pelota está de nuevo en el tejado del instructor.

Contar, contarse, supone buscarle un sentido a la vida. Como soy seguidor del Granada Club de Fútbol y del Real Madrid, no celebro con mi hija Elisa las victorias del Atleti. No me gusta sentirme como un hipócrita en las celebraciones y los abrazos para festejar los aciertos del Cholo Simeone, Griezmann o Koke. Conocemos nuestras maneras de sentir, nuestras diferencias. Ella es tan atlética como su madre, o incluso más, porque ha hecho socia a su hija Candela antes de cumplir los 3 meses. A mí me resulta muy antipático confundir la convivencia y el respeto con la mentira. Sin embargo, distante de algunas victorias que no van conmigo, comparto con toda sinceridad y hago mías algunas de sus derrotas. Los peligros de las pérdidas pueden unir más que las celebraciones del triunfo.

Es lo que me pasó el otro día en la semifinal de la Champions cuando el Arsenal, ayudado por un árbitro injusto, eliminó al Atleti. Me había ido a casa de Elisa para ver el partido con mi nieta en brazos, movido más por el deseo de compartir el peligro de una derrota que por las ganas de celebrar la victoria. Lo pasé muy mal cuando Saka aprovechó un despeje de Oblak y disparó a puerta vacía sin que Le Normand y Ruggieri reaccionasen a tiempo. Y sufrí cuando Sorloth o Giuliano no supieron aprovechar las ocasiones rojiblancas. Así que me alegré de estar con ellas, de tener a mi nieta en brazos mientras le repetía a mi hija que el fútbol no tiene importancia. Si acaso, es lo más importante de las cosas sin importancia. Para mí es más grave, por ejemplo, que el campo del Arsenal en Londres se llame Emirates Stadium. Tampoco me gusta lo de Riyadh Air. Prefiero aplaudir en palabras como Cármenes, Manzanares o Metropolitano.

Contar, contarse, supone buscarle un sentido a la vida. Después de mi derrota, leí un rato en la cama, apagué la luz. Y las preocupaciones sobre las cosas importantes impidieron que me quedase dormido. El peligro de las pérdidas que estamos viviendo debería servir para unirnos a los que creemos en los espacios públicos no sometidos a la prepotencia del dinero y de las élites económicas. Las reflexiones sobre los peligros que afectan a la democracia en Europa y sobre la deriva de la derecha hacia un capitalismo desalmado se evidencian en la realidad de carne y hueso cuando vemos en España que algunos gobiernos autonómicos castigan a la sanidad pública y dejan sin recursos a la educación para favorecer las privatizaciones y convertir los derechos cívicos en un negocio.

La izquierda en España tiene diferencias, sigue a distintos equipos. Unos aspiran a resistir, no descender o desaparecer a costa de que otros no asciendan. Algunos líderes consideran más importante adquirir protagonismo y llamar la atención que defender aquellas causas identificadas con la democracia social. Se olvidan las palabras en las que nos gusta aplaudir, los campos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Corremos el peligro de que nuestros terrenos de juego se acaben llamando Nuevo Estadio del Autoritarismo Neoliberal, Cancha del Capitalismo Descarnado, Coliseo del Genocidio o Recinto de la Violencia de Género. Así están las cosas.

Parece que a la izquierda no puede unirla en estos momentos el deseo de una victoria. Pero ganar es evitar la derrota, un compromiso muy importante.  Sería necesario que se compartieran los peligros de una derrota: no ya en los posibles avances, sino en la pérdida de lo conseguido, los derechos democráticos, cívicos y laborales. Hay muchos árbitros dispuestos a no pitar penalti cuando se derriba en el área a un hospital o una universidad pública.

La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de cárcel por acceder sin autorización y distribuir a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, exasesora de Podemos y del exlíder de este partido Pablo Iglesias.

Villarejo ha sido condenado como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por funcionario público, por un caso del que finalmente quedaron fuera dos periodistas, el director y el subdirector de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, a quienes otorgaron el perdón las acusaciones ejercidas por Bousselham e Iglesias.

Los magistrados han condenado a Villarejo a indemnizar a la exasesora de Podemos con 5.000 euros y al exlíder de este partido con 1.000 euros, en una sentencia que recuerda que el tribunal está "constreñido" a la petición hecha por la Fiscalía y no puede imponer una cuantía mayor. El Estado es responsable civil subsidiario.

La tarjeta móvil sustraída a Bousselham contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios pertenecientes a Pablo Iglesias, imágenes íntimas de la asesora y capturas de chats de Telegram, como los grupos 'Equipo Portavoz' y 'Superagente', y llevó a la publicación de comentarios intercambiados por la cúpula de Podemos, incluido uno en el que Iglesias hablaba de azotar a una periodista.

Su difusión provoca "un daño moral ínsito en la humillación" porque la "vida íntima y personalísima" de la asesora "se vio completamente expuesta a quien no deseaba" y lo mismo ocurre con Pablo Iglesias.

El tribunal, el mismo que actualmente está enjuiciando el caso Kitchen, considera probado que a Bousselham se le sustrajo un móvil en noviembre de 2015 y que la tarjeta de memoria que contenía llegó al Grupo Zeta en enero de 2016. Entonces, el medio decidió no publicar el contenido, del que el periodista Alberto Pozas entregó a Villarejo una copia en un restaurante el 3 de febrero de ese año. Aquella entrega no se debió a requerimiento alguno.

La sentencia considera probado que dicha información, hallada en 2017 en un domicilio de Villarejo y archivada en dos carpetas —'Dina 2' y 'Dina 3'— fue entregada por el comisario a periodistas de los medios El Confidencial y OkDiario, "para que se elaborara y publicara diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos" y de su entonces secretario general.

Los magistrados recuerdan que en el procedimiento quedaron contrastadas las citas que Villarejo mantuvo con los informadores de ambos medios en fechas próximas a las publicaciones.

Este tribunal también considera probado que el Grupo Zeta dio la tarjeta de memoria sustraída a Bousselham a Pablo Iglesias, pensando que le pertenecía, y que éste la conservó durante un plazo de seis meses antes de devolvérsela a su asesora, sin que haya quedado acreditado que la devolviera dañada.

Según los magistrados, Villarejo, que entonces estaba en activo, no tenía encomendada una investigación a Podemos, y se valió de sus funciones de inteligencia policial "para acceder, sin mediar investigación policial o judicial alguna, a informaciones facilitadas por periodistas", sin el consentimiento de Bousselham y se la facilitó a otros periodistas.

El cometido profesional como policía era su "tarjeta de presentación" en los círculos periodísticos, de los que Villarejo se nutre y a los que nutre, "aún cuando la emplee a finalidades desviadas de su labor profesional de la que se vale y le sirve para moverse".

En su condena, el tribunal ha descartado el planteamiento de la defensa acerca de que la información publicada en estos medios podía provenir de dentro de la formación, por la guerra interna a la que apuntaron los periodistas, y también separa la conducta de Villarejo de la de Bousselham, que envió capturas de algunas de sus conversaciones a terceras personas.

Cuando Bousselham reenvió su información "partía de ella esa iniciativa", mientras que "el grueso, prácticamente completo de la información se suministró al acusado sin contar con el consentimiento de Dina Bousselham, almacenándolo aquel seguidamente en dispositivos varios".

A Villarejo se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas porque los hechos que se sentencian ocurrieron en 2016 y han sido enjuiciados en 2026, dentro de una pieza separada, la número 10, del caso 'Tándem' o Villarejo. La sentencia considera además válido el registro en el domicilio del excomisario, que su defensa ha cuestionado en otros procedimientos.

Con esta pieza, Villarejo acumula tres condenas por el caso 'Tándem', la más abultada una de 13 años de prisión, mientras que ha sido absuelto en otros cinco procedimientos.

“Un proyecto político para poner fin al saqueo de nuestros recursos naturales, para cambiar un modelo económico que sólo sirve para acumular la riqueza en las manos de los de siempre y que termine en paraísos fiscales. Un movimiento para hacer frente a los discursos de odio, al machismo y al individualismo egoísta”.

Así se define Por Andalucía, que lleva como logo una especie de arcoíris verde y blanco con aires de azulejo de patio. Y, de esta manera, quiere reflejar el espíritu de esta confluencia de izquierdas, que se ha convertido en el paraguas común bajo el que concurren a las elecciones del 17 de mayo Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde, Alternativa Republicana y Alianza Verde. 

Y estos comicios presentan por primera vez una competencia muy dura a la izquierda del PSOE, a través de esta candidatura y la de Adelante Andalucía. Dos opciones con esencias muy parecidas pero que tienen dos grandes diferencias. La papeleta de Por Andalucía está conformada principalmente por partidos con implantación estatal y con direcciones federales. De hecho, el candidato, Antonio Maíllo, es a la vez el líder estatal de Izquierda Unida. En cambio, Adelante se presenta como una opción andalucista sin dependencia de Madrid (al estilo de formaciones como Chunta, BNG y Eh Bildu).

La segunda gran diferencia entre ambas es la fórmula para gobernar. Por Andalucía apuesta claramente por formar gobiernos de coalición con el PSOE y operar desde dentro. En cambio, Adelante Andalucía es contraria a ello y ha sido muy crítico con la presencia de Sumar y de Podemos en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en los últimos años.

Las dos opciones llegan muy igualadas a esta campaña electoral. Según el sondeo del CIS, Adelante Andalucía quedaría por delante, con una media de seis escaños, en tanto que Por Andalucía se quedaría en cuatro asientos (uno menos de los que tiene ahora en el Parlamento). En cambio, en el último sondeo del Centra (el CIS andaluz), los de Antonio Maíllo se imponen, con cinco o seis escaños, a los de José Ignacio García (que obtendrían entre dos y tres plazas en el Hospital de las Cinco Llagas).

Sanidad y vivienda

Andalucía es un laboratorio ahora mismo de la izquierda española. Podemos se sumó en el último momento a la lista, aunque desde fuera Pablo Iglesias ha criticado el acuerdo alcanzado. El proyecto está pilotado con fuerza por Izquierda Unida, un partido con amplia implantación municipal en las ocho provincias. Y, además, es la fuerza que, a nivel nacional, está trabajando de manera activa con Sumar, los comunes y Más Madrid para forjar una herramienta electoral para las próximas generales.

Uno de los pilares de esta candidatura en Andalucía es precisamente la figura de Antonio Maíllo, un veterano referente del espacio de la izquierda andaluza que tiene como principal bandera la defensa de los servicios públicos. Algo que él lleva desde dentro como profesor de lenguas clásicas en institutos públicos. 

Fuentes de Por Andalucía subrayan que los temas centrales para la campaña son los servicios públicos, en particular la sanidad y la vivienda. Pero, a la vez, se han marcado el reto de “desenmascarar”, como señalan varios dirigentes del espacio, a Moreno y hacer ver “lo que hay detrás de su sonrisa de yerno perfecto”. “Es educado, pero no es un moderado”, como señalan desde esa candidatura.

Entre las propuestas clave de su programa, destacan destinar el 20% del presupuesto de la sanidad a la atención primaria y garantizar las citas médicas en un plazo de 48 horas. Asimismo, el plan prevé 8.000 nuevas contrataciones y ampliar el horario de atención en los centros de salud de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Maíllo quiere también investigar todos los contratos firmados por Moreno y recuperar todos los servicios privatizados.

“Puerta a puerta”

En Por Andalucía hablan de la importancia en su candidatura del “arraigo y de la campaña de tierra”: “A Mucha gente indecisa no se le seduce en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Vamos al tú a tú, con la militancia y los candidatos. Puerta a puerta. Ahí jugamos con ventaja”. 

El análisis que hacen en Por Andalucía pasa también por otro factor: la vinculación de las elecciones andaluzas con la batalla estatal contra las derechas. “Mucha gente puede condicionar su voto a cómo quiere influir en las próximas elecciones generales. Aquí Por Andalucía está bien posicionada por su papel y alianzas más allá de Despeñaperros”, subrayan en el entorno de Maíllo.

Además, confían en el “voto aglutinante”: “Hay mucho elector que ha pedido la unidad de las izquierdas y valora positivamente la candidatura de unidad de Por Andalucía”.

¿Y cómo afrontan esa lucha con José Ignacio García? Las fuentes hacen este análisis: “Adelante puede subir entre el votante nuevo y joven de ámbito urbano, pero tiene dificultades con el votante senior y el rural”. “Si en la campaña entra el marco estatal a través de la idea de que la batalla de las generales comienza en Andalucía, tendrán dificultades de posicionamiento”, añaden.

“En cualquier caso, la clave está en qué hacen los votantes que se descuelgan del PSOE. En ese sentido, podría darse una subida tanto de Por Andalucía como de Adelante Andalucía”, resumen desde la sala de máquinas de la candidatura.