El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido al PSOE "la relación de pagos en metálico efectuados" entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan en el marco de la investigación sobre los abonos en metálico del partido al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, según informa EFE.

El magistrado, que investiga estos pagos en una pieza separada de la parte del caso Koldo que se instruye en la Audiencia Nacional, ha adoptado esta decisión en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía, en el informe donde solicitaba esta diligencia, consideraba que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades". 

El fiscal también solicitaba otras diligencias como pedir a la UCO un informe sobre la información incautada a los investigados en dispositivos electrónicos, que contengan "mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos" relativos a presuntos pagos en efectivo. El juez indica que resolverá en una resolución aparte.

La Fiscalía, en el informe donde solicita esta diligencia, considera que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

El fiscal, que se apoya en el auto donde el juez que investiga parte del caso Koldo en el Tribunal Supremo solicitaba indagar en estos pagos, subraya que "no ha quedado" suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

La sola firma de Ábalos, dice el fiscal en sintonía con el juez del Supremo, "justificaba la procedencia de la devolución del gasto sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior" y no se comprobaba que quien reclamaba los pagos era quien los realizaba.

Es decir, la forma de actuar no impedía que los investigados pudiesen pasar al partido gastos que ellos hubiesen abonado con fondos precedentes de una actividad ilícita o delictiva y, que al compensarlos el PSOE se estuviera "blanqueando su procedencia".

"La documentación aportada por el Partido Socialista Obrero Español no es esclarecedora", según el fiscal, que tampoco ve "suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico" de las que el PSOE disponía en su sede.

En su informe, el fiscal también recuerda las declaraciones del considerado comisionista Víctor de Aldama acerca de entregas de dinero en metálico al partido y de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, en Madrid.

Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción 2, abrió esta pieza tras pedirle el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente -que investiga la parte del caso que afecta a Ábalos en su condición de aforado- que indagase si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su asesor para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Tras oír como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente resaltó las "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE disponía en su sede para hacerles frente.

Entre otras cuestiones, el magistrado del Supremo tampoco terminaba de comprender las razones que aconsejaban hacer las compensaciones económicas en efectivo ni la forma en la que se hacían.

"No me diga usted que eso es un sistema de control", observó al interrogar al exgerente del partido el 29 de octubre.

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha descartado aplicar alguna atenuante al extesorero del PP Luis Bárcenas a la hora de hacer definitiva su solicitud de pena por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la caja b y ha confirmado este miércoles su petición de cinco años de cárcel para el exdirigente conservador, según informa Europa Press. El Ministerio Público no tiene en cuenta así la predisposición mostrada por Bárcenas en los últimos meses para colaborar con la Justicia, quien antes de iniciar la vista oral remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo los hechos de acusación y explicando el funcionamiento de la contabilidad paralela de la formación política. Unas confesiones que reiteró en su declaración como acusado.

El fiscal Romeral -este martes se conoció la propuesta de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para ascenderle a número dos de Anticorrupción- ha explicado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que en su escrito de calificación se han introducido breves modificaciones. El "principal" cambio, ha apuntado, es la atenuante de la reparación del daño para la firma de arquitectura Unifica -responsable de las reformas-, ya que ha realizado el pago de la responsabilidad civil que preveía Fiscalía. "Apreciamos así atenuante con la repercusión que tiene en la penalidad", ha dicho.

Además, Romeral ha indicado que ha realizado otras modificaciones relativas a los hechos fruto de la prueba practicada a lo largo de las sesiones del juicio oral, pero ha añadido que no afecta a la responsabilidad penal de los procesados.

Así, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de cinco años de prisión para Bárcenas -quien ya ha sido condenado en firme a 29 años y un mes de cárcel por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005)- por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y un año y medio de cárcel para el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez por los mismos delitos salvo el de apropiación indebida.

No obstante, debido a la modificación planteada para los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, su petición de pena puede verse reducida, aunque no ha concretado el representante del Ministerio Público. En su escrito de acusación provisional solicitó para cada uno de ellos la pena de tres años y 10 meses de prisión.

Conclusiones del resto de acusaciones

Anticorrupción no ha sido la única en trasladar al tribunal sus conclusiones definitivas tras la práctica de todas las pruebas durante la vista oral, pues también lo han hecho el resto de acusaciones, como la Abogacía del Estado y las acusaciones populares. El turno de las defensas será este jueves, ya que algunas de ellas han solicitado tiempo para preparar sus conclusiones tras conocer los cambios introducidos por las acusaciones. Después de cumplimentar esta fase, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto comenzar con la exposición de los informes de las partes.

La acusación popular Observatori Desc, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha sido la única que ha tenido en cuenta la actitud de colaboración del extesorero. El letrado ha anunciado que entre las modificaciones de su escrito de acusación provisional se incluye la aplicación de la atenuante analógica de arrepentimiento tardío para Bárcenas, "en virtud de su declaración en este juicio oral".

Se da la circunstancia de que las acusaciones populares de este procedimiento son las que provisionalmente solicitaron penas más elevadas para Bárcenas. En el caso de la ejercida por Izquierda Unida (IU), también se ve rebajada su acusación, puesto que ha anunciado que retira los delitos de organización criminal, que se sustituye por el de asociación ilícita, tráfico de influencias y delito electoral. En lo que sí han coincidido todas las acciones populares es en retirar la acusación contra la trabajadora de Unifica Laura Montero, para quien ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado dirigieron acusación.

Reducida la cuota defraudada

Por su parte, la Abogacía del Estado ha modificado también su escrito de calificación provisional con respecto a la cuota que entiende defraudada correspondiente al Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2007. De tal modo, ha rebajado las cantidades que creen que los acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública.

En este sentido, ha apuntado que si se tiene en cuenta la diferencia de los importes de las certificaciones finales -documentos que sirven para facturar los trabajos- que Unifica emitió con respecto a las obras en la sede del PP, la cuantía impagada es de 931.240 euros; mientras que si se toma como referente los conocidos como papeles de Bárcenas, donde el extesorero apuntó las entradas y salidas de la caja b del partido, los acusados deberían abonar 920.501 euros.

Cabe recordar que el PP se encuentra presente en este procedimiento como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

Por las testificales que han prestado este miércoles José María Aznar y Mariano Rajoy, pareciera que estuviéramos en 2013 y no en 2021. A pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, primero, y de la posterior resolución del Tribunal Supremo, que dan por acreditada la caja b del PP durante al menos veinte años, los expresidentes del partido conservador y del Gobierno siguen negando la existencia de esa contabilidad opaca que el extesorero Luis Bárcenas gestionó y anotó en los ya conocidos papeles que fueron publicados hace más de ocho años. La consigna ahora ya la dejó clara la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, también en su declaración como testigo, cuando dijo que esos documentos serán de Bárcenas, no del PP.

Lo han dicho de todas las maneras posibles, sobre todo Rajoy, al que más se ha preguntado sobre este asunto. "Es absolutamente falso", "es falso de toda falsedad", "es mentira lo de la contabilidad b del PP", "esos documentos son mentira", ha reiterado de forma tajante el expresidente ante los infructuosos intentos de las acusaciones populares, que le han preguntado de todas las maneras posibles sobre si en el PP había una caja b, si conoció una contabilidad opaca, si era el M.Rajoy que aparece en los apuntes contables de Bárcenas. Su argumento: que "más del 95% de las personas que aparecen en esos papeles" mantienen que "eso no es cierto", aunque otros sí hayan reconocido haber recibido pagos en efectivo como préstamos o compensaciones económicas. El porqué de la inclusión de su nombre en los papeles dice que no lo sabe, y a preguntas al respecto del abogado de Bárcenas, se ha limitado a decir que no está "en su mente". 

Para Rajoy, todo es un "delirio" del extesorero del PP y le parece "una vergüenza todo lo que estamos viviendo", y ha afeado a las acusaciones den "por hecho la existencia de una caja b", pues en sus "40 años en el partido" asegura que no ha "escuchado a nadie hablar de la famosa caja b". Si, según su versión, "no hay ninguna caja b en el PP", sino que "habrá unos papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar", el expresidente ha negado también haber destruido parte de esa documentación, tal y como ha contado el propio extesorero en el juicio. "El señor Bárcenas ni siquiera está de acuerdo consigo mismo, un día dice una cosa y otro dice otra cosa. No he triturado lo que nunca tuve en mis manos", ha zanjado.

Con otras palabras, Aznar ha hecho lo propio: "Serán otras instancias las que deberán determinar lo que concierne a esos papeles. Ni conocía ni conozco esos papeles y no tengo indicios sobre su justificación", ha afirmado el expresidente, para quien dos sentencias judiciales no parecen ser indicios de la existencia de la caja b en el PP. Es más, después ha dejado un recado para el que fue su sucesor: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Sé lo que hice yo", ha subrayado cuando se le ha preguntado si cobró sobresueldos en negro. Su sucesor en la presidencia del partido, Mariano Rajoy, también ha negado taxativamente haber percibido ninguna cantidad en negro, pero él sí ha dado la cara por sus compañeros: "Bárcenas guardaba dinero ahí (en una caja fuerte) y en otros sitios, pero los dirigentes del PP y yo, no”.

El empeño de las acusaciones

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han preguntado a los expresidentes, ni siquiera por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede del PP, que es lo que se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional. El extenso interrogatorio a ambos testigos ha sido responsabilidad de las acusaciones populares, que han intentado por activa y por pasiva poner en apuros, no tanto por las obras de Génova como por la caja b, a los que dirigieron el partido conservador durante 28 años. No lo han conseguido, ambos han mantenido las versiones que llevan defendiendo desde 2013, cuando se abrió la investigación, y sobre las que no han cambiado ni una coma.

Aunque el contenido de sus declaraciones haya sido casi idéntico, las formas de uno y de otro ni se parecen y han retrotraído a los asistentes al juicio a los perfiles que ambos mantuvieron cuando estuvieron en primera línea de la política. Ni los escenarios elegidos por ambos para atender la testifical por videoconferencia se parecían: Aznar, desde el despacho de su casa –según ha explicado él mismo– con una enorme estantería repleta de libros como telón de fondo; Rajoy, en una sala más austera en la que sólo se veían unas cuantas fotografías colgadas en la pared a modo de  decoración y una planta.

Durante toda su declaración, Aznar ha mantenido una actitud altiva, casi desafiante, ante las preguntas de las acusaciones, sobre las que ha querido dejar claro a quién representaban en todo momento, en un intento por cuestionar sus propósitos. "Ha sido abogado del Partido Socialista", ha espetado al letrado José Mariano Benítez de Lugo. "Entiendo que es el abogado del señor Puigdemont", ha recalcado cuando le tocaba preguntar a Gonzalo Boye, de Observatori Desc. Tanto se repetía este esquema que el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha tenido que llamarle la atención.

Precisamente ha sido Boye el que ha hecho constar al tribunal que Aznar llevaba puesta una mascarilla a pesar de que no ha acudido a la Audiencia Nacional a comparecer. El expresidente no ha sido el único que en este juicio ha recurrido al parapeto de la mascarilla, ya lo hicieron en anteriores sesiones exdirigentes conservadores como Cospedal o Javier Arenas, y a todos el abogado ha preguntado por qué lo hacían si estaban solos en la habitación, como ellos aseguraban. Pero ha sido al comentarlo sobre Aznar cuando el presidente del tribunal ha zanjado el debate al concluir que el testigo podía vestir como quisiera estando en su domicilio. Todo ello a pesar de la explicación que ha tratado de defender el expresidente, y es que "las autoridades sanitarias" recomiendan el uso de la mascarilla.

Otro letrado, Juan Moreno, en representación de IU, ha elevado protesta por este hecho, una actitud que, en su opinión, denota que Aznar se estaba "jactando ante el tribunal", y por llamar la atención sobre a quién representan las acusaciones populares, algo "impropio de un testigo y más de un expresidente del Gobierno de todos los españoles". El expresidente ya no ha vuelto a cuestionar a ningún abogado de la acusación, pero se ha dejado puesta la mascarilla, a pesar de que en algunos momentos se le empañaban las gafas. Rajoy, en cambio, ha comparecido a cara descubierta, cosa que le han agradecido los letrados.

Por lo demás, las declaraciones tanto de Rajoy como de Aznar han seguido el guión previsto. Previsto por ellos mismos. El magistrado se ha visto obligado a intervenir en algunas ocasiones, en unos casos por reflexiones que los exlíderes del PP hacían por las preguntas que les dirigían las acusaciones –"esto no es un Parlamento, es un juicio"–, bien cuando éstas rebatían las respuestas de los testigos –"esa pregunta excede mucho de esta causa"–. Alguna más en el caso de Rajoy, que ha excedido con diferencia la hora que ha estado declarando Aznar. En el caso del sucesor de éste, las acusaciones han incidido aún más, al haber sido el presidente del partido que estaba al mando cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, que mandó mensajes de apoyo al extesorero y cuyo nombre está perfectamente identificado en la "contabilidad extracontable".

"No era inspector de cajas fuertes"

Había momentos en que a los expresidentes les podía su experiencia dialéctica como políticos y Aznar hasta se ha permitido hacer algún comentario jocoso ante las preguntas que le dirigían las acusaciones. Por ejemplo, un abogado ha querido saber si en su despacho en el PP o en cualquier otro había una caja fuerte. "No lo sé, yo no era inspector de cajas fuertes, no me dedicaba a inspeccionar si había cajas fuertes. Yo no me he dedicado a buscar cajas fuertes ni a visitar despachos ajenos", ha replicado. "Con absoluta franqueza, la única caja fuerte que he visto y nunca he usado fue en Moncloa. Supongo que allí seguirá con el mismo uso que le di yo, ninguno", ha apuntado Rajoy.

Otra coincidencia de las declaraciones de ambos ha sido echar balones fuera sobre la responsabilidad que tenían como presidentes del PP sobre las cuentas. Han dado el mismo argumento: como líderes del partido, no tenían ningún conocimiento o dedicación en lo que respecta a la tesorería y la gerencia. "Yo me ocupaba de la política", "yo me dedicaba a la política" o "yo no tenía competencia para autorizar gastos" han sido los razonamientos que han mantenido ante el tribunal. Una tesis que recuerda a la que mantienen otros exdirigentes del partido imputados, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en el caso Púnica.

Todo ello a pesar de que otro testigo en el juicio, el exdiputado Juan Ignacio del Burgo, señaló directamente a Aznar como conocedor de varios pagos en 1991 a Calixto Ayesa como "compensación" por un crédito que pidió para la campaña de UDC. El expresidente ha solventado la contradicción exponiendo que Del Burgo "es inteligente y capaz y puede tener memoria de una reunión" que él afirma no recordar, pero que "en cualquier caso no tenía competencia para autorizar" compensación a nadie.

Los exdirigentes del PP que han declarado en el juicio por la caja b del PP no se han salido del guión que vienen manteniendo desde que a principios de 2013 se publicaron los llamados papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas. Frente a los intentos de las acusaciones populares, que fueron las que propusieron sus comparecencias en calidad de testigos en esta vista oral, uno por uno han negado que existiera la contabilidad paralela en el partido, o que ellos hubiesen tenido conocimiento de su existencia, o han sostenido que en todo caso sería una financiación oculta que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas por su cuenta y riesgo. Una contabilidad que, sin embargo, sí ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en la sentencia de la primera época de la trama Gürtel.

Su aparición en los papeles de Bárcenas como dirigentes del PP que cobraron sobresueldos en negro la achacan a inventos del extesorero y algunos consideran que a pesar de aparecer con nombres y apellidos, Bárcenas se estaría refiriendo a otra persona. Es el caso de Javier Arenas, ex secretario general del partido conservador, quien ha llegado a afirmar que no es "el único Javier que aparece en esos papeles y quizá no el único Javier Arenas de la organización", en referencia a los apuntes sobre cobros en b de un tal "Javier Arenas", "Javier Are" o "J. Arenas".

Francisco Álvarez-Cascos, quien también ejerció como secretario general en el partido durante más de diez años y fue ministro de Fomento en el segundo gobierno de José María Aznar, ha negado igualmente en cobro de sobresueldos, a pesar de que en la contabilidad opaca consta que recibió más de 400.000 euros. En un momento dado, incluso, se ha mostrado ofendido y "perplejo" de que una acusación popular le preguntara si las donaciones de empresarios tenían algún tipo de contraprestación en contratos de obra pública y ha llegado a afirmar que fue el PP y no otro partido el que cuando llegó al gobierno "acabó con prácticas" que pudieran desembocar en contratos amañados.

Álvarez-Casos iba preparado. Ha entrado en la sala de vistas de la Audiencia Nacional con una carpeta en la mano que ha tratado de utilizar cuando un abogado le preguntaba por los estatutos del partido y donde también llevaba una fotocopia de una portada del diario El País de 1991 en la que se leía "Borrell insta a los magnates de la construcción que no paguen comisiones a los partidos", en referencia a Josep Borrell cuando ejercía como ministro de Obras Públicas. Visiblemente molesto por el camino que tomaba el interrogatorio, Álvarez-Cascos ha sacado el político que lleva dentro para dar un pequeño mitin y defender que fue el gobierno del que formó parte el que aprobó "un nuevo reglamento para desarrollar la ley de contratos de las administraciones públicas" con el que "facilitar la transparencia y la eficiencia en la contratación".

Por eso, ha apuntado, es "inverosímil" que durante su etapa al frente de Fomento se pudieran amañar contratos. "Ni el ministro ni el Consejo de Ministros fueron órganos de contratación, por tanto es inverosímil. Es imposible que desde el año 2000 alguien haya intentado siquiera métodos espurios para lograr un contrato. Estoy orgulloso del gobierno que puso fin a estas prácticas, y ahora resulta que estamos bajo sospecha por los que no quieren investigar lo que ocurría antes de que llegara este gobierno", ha insistido ante los intentos de la acusación popular por interrumpir su disertación.

"Esos apuntes no tienen nada que ver conmigo", ha llegado a decir, a pesar de que Bárcenas le situó como la persona que ordenó el sistema de sobresueldos en el PP a principios de los noventa, cuando ascendió a la Secretaría General del PP. Según el extesorero, todas las personas que ocuparon este cargo conocieron la contabilidad b, pero Álvarez-Cascos lo ha negado de plano, igual que cualquier contacto con empresarios para que aportaran fondos al partido: "Ni siquiera he recibido un cita para eso, nadie entra a comprar fruta a una ferretería", ha espetado visiblemente irritado.

La Policía investiga una veintena de contratos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no está muy de acuerdo con el exministro y por eso pidió recientemente a la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza separada que indaga en las donaciones de empresarios al PP, poder indagar en los más deuna veintena de contratos que fueron firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros y se incluyen varios contratos de Fomento, los más cuantiosos. El juez Santiago Pedraz dio luz verde y ya ha empezado a recibir documentación.

Con diferencia, la testifical más larga de este miércoles ha sido la de María Dolores de Cospedal. Casi durante dos horas, la ex secretaria general del PP ha negado conocer la contabilidad opaca y haber cobrado sobresueldos. Su declaración ha comenzado asegurando al tribunal que no tiene ninguna relación de amistad o enemistad con ninguno de los acusados del juicio, una afirmación que choca con el enfrentamiento, judicial y mediático, que mantiene casi desde que llegó a número dos del partido con el extesorero Luis Bárcenas. Luego lo ha aclarado: no tiene "animadversión", aunque sí "desprecio".

Un nombre, el de Bárcenas, que se había propuesto no pronunciar en ningún momento. Hacia el final de la testifical, no ha podido evitar decirlo en unas tres ocasiones, pero el resto del tiempo sólo se ha referido a él como "el extesorero" o "esa persona". "Desde febrero o marzo de 2009 ya no volví a tener relación con esa persona"; "esa demanda terminó con una condena contra esta persona"; o "la caja b es de esa persona, no del PP". Esta última afirmación la ha querido dejar clara en no pocas ocasiones: la caja b era de Bárcenas, no del PP. Posiblemente en respuesta a la propia declaración que prestó el extesorero hace sólo un par de semanas: "Son los papeles del PP".

Cospedal también ha cambiado la forma en que expresó, allá por 2013, la indemnización "en diferido" de Luis Bárcenas con la que justificó que el partido llevara pagándole desde 2009 a pesar de haber sido destituido a mediados de ese año. Ahora, ha optado por una expresión mucho menos dada a polémicas: "Se le pagaba en concepto de indemnización por haber renunciado al cargo y se le pagaba de esa manera".

Hasta seis exdirigentes del PP han comparecido este martes como testigos en la Audiencia Nacional y los intentos de las acusaciones populares han sido en vano. Unos por videoconferencia y otros en la sala de vistas han negado conocer la caja b, una práctica que, según la investigación, se remonta a principios de los años noventa y, según Bárcenas, mucho más atrás, hasta principios de los ochenta. Más que testigos propuestos por las acusaciones, los exdirigentes del partido parecían testigos de las defensas, incluido el propio PP, que está acusado en este juicio como responsable civil subsidiario por el pregunto pago con dinero negro de la sede central de la calle Génova.

El fiscal apenas ha preguntado

La dinámica ha sido parecida en todas las comparecencias: las acusaciones preguntaban sobre caja b y sobresueldos en negro, la Fiscalía Anticorrupción apenas ha dirigido alguna pregunta a los testigos, pero siempre centrada en las obras de la sede y no en la contabilidad opaca, lo mismo que la Abogacía del Estado. Algo parecido ha ocurrido con las defensas de los acusados; por ejemplo, el abogado de Bárcenas no ha formulado una sola pregunta.

Es previsible que la mecánica sea muy similar este miércoles con el plato fuerte de la fase de testificales: los expresidentes del PP y del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Ambos declararán por videoconferencia, como han hecho otros testigos como Arenas o la también ex secretaria general María Dolores de Cospedal, que se han ahorrado así el paseíllo al tribunal paseílloy tener que sentarse en la mesa de los comparecientes. A pesar de esto, han declarado con mascarilla, lo que ha llevado a algún abogado a preguntarles si estaban solos en la habitación que habían escogido, a lo que han declarado que sí. Por la decoración de la pared que aparecía tras Pío García-Escudero, otro de los dirigentes que aparecen en los papeles de Bárcenas, daba la impresión de que había decidido comparecer desde el Senado, cámara de la que es vicepresidente.

Las videoconferencias le restan ceremonia a un juicio. La entrada por la puerta del fondo de la sala de vistas, la manera de expresarse y el lenguaje corporal dicen mucho de los comparecientes, pero ha habido exdirigentes del PP que han preferido optar por el recurso que les da la pandemia de coronavirus para pedir al tribunal que les permita declarar a distancia y los magistrados se lo han concedido. Esto ha provocado interrupciones, como en el caso del exdiputado Juan Ignacio del Burgo, cuya testifical se ha tenido que posponer a la espera de mejor conexión, y situaciones singulares como que Javier Arenas no mirara a cámara. Sólo Álvarez-Cascos, el también exministro Jaume Matas, el exdiputado Eugenio Nasarre y el periodista Pedro J. Ramírez han optado por la antigua normalidad y han hecho acto de presencia en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones de Del Burgo y Nasarre podían parecer en un principio favorables a las tesis de las acusaciones, pero aunque los dos han reconocido que recibieron dinero en efectivo, han apuntado que su impresión es que todo era legal porque firmaron recibís. Ninguno ha cambiado la versión que ya dieron durante la instrucción del procedimiento, pero sí hay un matiz que va a afectar a uno de los testigos más esperados, pues ha declarado que Aznar le autorizó en 1991 el pago de una "compensación económica" en efectivo a Calixto Ayesa, excargo de UCD que asumió la dirección de una consejería en el Gobierno navarro. 

Ayesa, según ha dicho Del Burgo, que fue quien recogió ese dinero en Génova en pequeñas cantidades entregadas periódicamente, recibió esa cantidad como compensación por una deuda que había contraído tras la disolución de UCD por haber adelantado a esa formación el dinero para financiar su campaña electoral en la comunidad foral. El dinero que le dio el PP pudo proceder de donaciones anónimas, según Del Burgo, porque era una de las fuentes de financiación de los partidos políticos, pero rechaza que exista una "conexión con nada que se tratara de un dinero negro". Aznar, que siempre ha negado la existencia de una contabilidad opaca y al que Bárcenas nunca ha señalado a diferencia de Rajoy, deberá dar su versión sobre este asunto.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal que juzgará la presunta "caja B" del PP, ha preguntado al juez instructor José de la Mata si ya puede señalar fecha para enjuiciar la parte relativa al pago en negro de la reforma de la sede del partido o si bien debe esperar a que termine la total investigación del caso, después de que éste fuera reabierto tras unas revelaciones del líder de la Gürtel, Francisco Correa.

Los magistrados María José Rodríguez Duplá (presidenta), Fermín Echarri y María Riera, se han dirigido al titular del Juzgado Central número 5, ya que "está llevando a cabo una instrucción complementaria". En este sentido, en una providencia han pedido conocer si la investigación que se está desarrollando de "los papeles de Bárcenas" "se encuentra directamente relacionada" con la parte que está pendiente de juicio, o bien no existe una "conexión" y pueden ya fijar una fecha para celebrar la vista oral y admitir las pruebas solicitadas por las partes.

En un principio, la Audiencia Nacional investigó el pago en negro a los populares que se destinaron para la reforma de su sede en la calle Génova de Madrid, algo que el anterior juez instructor del caso, Pablo Ruz, dejó concluido en marzo de 2015. El magistrado concluyó que existen "indicios sólidos y fundados" para llevar a juicio a los extesoreros populares Luis Bárcenas, al fallecido Álvaro Lapuerta -exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida-, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

Además, consideró al partido político responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica.

18 años de "caja B" 

Ruz también aseguró en un auto que el PP "se sirvió durante 18 años -desde 1990 hasta al menos 2008- de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas". Algo similar manifestó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), en la que afirmó que ha quedado acreditado que la formación política contaba, al menos desde 1989, con una "caja B".

Precisamente en este juicio, el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, declaró ante el tribunal que había mediado ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que algunas constructoras resultasen beneficiarias en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones de "entre el dos y el tres por ciento" abonadas al extesorero popular Luis Bárcenas. Estas afirmaciones llevaron al actual juez instructor José de la Mata a reabrir la causa e investigar los apuntes manuscritos por Bárcenas sobre las aportaciones y entregas al partido y políticos. Está previsto que la investigación dure hasta el 31 de diciembre de 2019 debido a la "gran cantidad de investigados" y la "abundante documentación" a analizar.

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha denunciado este martes ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto fraude en la gestión de los hospitales madrileños en régimen de concesión inaugurados por la expresidenta regional Esperanza Aguirre por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, estimando que los madrileños tendrán que pagar entre 1.200 y 3.000 millones de sobrecoste hasta el año 2035 a consecuencia de unos contratos hechos para "beneficiar" a las concesionarias.

La presidenta del grupo parlamentario de Podemos, Mónica García, y el diputado autonómico José Manuel López, acompañados por los parlamentarios Clara Serra y Eduardo Gutiérrez, han acudido a la sede de la Fiscalía para presentar la denuncia ante el registro tras detectar en las Comisiones sobre la Deuda y de Sanidad indicios de criminalidad respecto a los gestantes del plan de infraestructuras de los siete hospitales públicos que se construyeron durante el mandato de Aguirre.

Precisamente, la expresidenta regional figura en la denuncia como la supuesta autora intelectual de este presunto fraude relacionado con el plan de infraestructuras que se gestó para su construcción. También se dirige la denuncia contra el expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda –imputado en el caso Lezo–, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y contra otros altos cargos de la Consejería de Sanidad, entre otros.

A su llegada, Mónica García ha subrayado que la denuncia se interpone por las presuntas anomalías detectadas en los hospitales hipoteca que construyó Aguirre. "Todos estos años, nos han traído sobrecostes, mala gestión y despilfarro a la Sanidad madrileña. Hemos trabajado muchos meses en la Asamblea Y hemos investigado qué ha pasado con estos contratos, unos contratos absolutamente opacos de los que no se sabe cuánto estamos pagando", ha reseñado.

Sobrecoste de 3.000 millones

Al respecto, ha apuntado que se ha hecho una estimación de que hasta 2035 cuando los contratos concluyen los madrileños van a pagar unos sobrecostes de entre 1.200 y 3.000 millones de euros de más, un dinero que, a su juicio, se podría haber invertido en la Sanidad madrileña.

"Se eligió la forma –financiación– más gravosa y se ha ido incrementando para que tengan más beneficios estas empresas", ha asegurado la parlamentaria, quien ha destacado que entre las anomalías detectadas "hay cláusulas abusivas, unos contratos que van en contra del beneficio público y que son absolutamente desleales contra la Sanidad madrileña".

"La Sanidad ha sido recortada de manera espectacular mientras hay empresas, muchas en sumarios judiciales, que han estado teniendo beneficios en los peores años de la crisis de entre un 20 y un 40 por ciento como Sacyr, que era adjudicataria de dos de los hospitales y que vendió sus activos a fondos buitres. Son empresas que estaban han tenido beneficios desproporcionados mientras recortaban sanidad", ha aseverado.

Además, ha insistido en que estos hospitales tendrían que estar ya "amortizados", pero sin embargo se está pagando "el doble por unos servicios paupérrimos". "Durante todos los gobiernos, el canon que pagamos que es opaco se ha ido incrementando hasta llegar un 47 por ciento más que al principio en base de modificaciones y cláusulas que han ido incrementándose para darles mas dinero", ha dicho.

"Los altos cargos sabían que había sobrecostes porque tenían al final que firmar unas facturas y sabían que, en comparación con hospitales públicos, era de dos veces más. Los servicios no sanitarios están sobredimensionados por cuestiones como limpieza, jardinería y mantenimiento. Obviamente, los altos cargos sabían que se hacía porque está hecho aposta, para que puedan especular y tener beneficios", ha concluido.

Fachada del hospital de Móstoles. | EFE

El empresario Alfonso García-Pozuelo se ha negado a declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha reabierto la causa de la presunta caja B del PP después de que el cabecilla de la trama Gürtel revelara comisiones pagadas por constructoras para conseguir adjudicaciones públicas, informa Europa Press.

Según han informado fuentes jurídicas, el exdueño de Constructora Hispánica se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado, que le recordó que había llegado a un pacto con la Fiscalía, pero aún así no quiso contestar a ninguna pregunta.

Y eso a pesar de que García-Pozuelo había afirmado en el juicio del caso Gürtel el pasado otoño que el dinero que entregaba a Correa procedía de "organismos centrales", refiriéndose –según indican las acusaciones en sus escritos– a ministerios, además del PP, y que las cuatro empresas que abonaron comisiones son OHL, ACS, Dragados y Degremont.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reabrió la causa de la presunta caja B del PP tras las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel, IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) después de las afirmaciones de Correa durante el juicio del caso Gürtel.

El siguiente que está llamado a declarar es el propio Correa. El cabecilla de la trama de corrupción aseguró en el juicio que tras intervenir en la concesión de "muchas obras" abonó comisiones de entre el 2 y el 3% al extesorero del PP Luis Bárcenas.

De la Mata también ha citado a declarar a Plácido Vázquez, supuesto intermediario de esos cobros, quien está previsto que comparezca este viernes en la Audiencia Nacional a las diez de la mañana.

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, otorgó un plazo de 24 horas al extesorero del PP balear Fernando Areal para que haga frente a una fianza de responsabilidad civil de 20.000 euros, cantidad que el magistrado le impuso mediante el auto con el que acordó enviarle al banquillo de los acusados por un presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, según informó Europa Press.

Del mismo modo, Castro le emplazó a que en diez días presente su escrito de defensa, en el que rebata las acusaciones que contra él vierte la Fiscalía Anticorrupción, que reclama tres años de cárcel para el procesado y una multa de 15.000 euros. Areal recurrió en reforma –directamente ante el juzgado– la fianza civil, si bien la impugnación no tiene efectos suspensivos.

Areal llegó a los Juzgados de Vía Alemania de Palma sobre las 9.40 horas y abandonó las dependencias cerca de las 10.30, eludiendo hacer declaraciones ante los numerosos periodistas congregados. De hecho, a las preguntas que se le formularon, el acusado se limitó a responder: "ustedes sabrán".

En concreto, las pesquisas se enmarcan en la pieza número 4 del caso Palma Arena, centrada en el pago de hasta 71.958 euros que el PP, a través de Areal, habría abonado en negro a la agencia de comunicación Nimbus por la organización de su campaña al haber superado los gastos electorales permitidos por Ley.

Precisamente, la Audiencia Provincial de Baleares dictó la pasada semana un auto en el que avalaba la existencia de pagos en B Bpor parte del PP balear a los organizadores de sus campañas electorales de 2003 y 2007, con Jaume Matas como candidato a la presidencia del Govern, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial del partido.

En su resolución judicial, que confirmaba el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por Castro como primer paso para que el extesorero se sentara en el banquillo, el tribunal considera "verosímil" la confesión efectuada por el administrador de la empresa de publicidad Nimbus, Miquel Romero –para quien fue archivada la causa–, quien detalló cómo el PP, al detectar que se habían superado los límites de gasto, le pagó en negro 71.958 euros.

Una cantidad que, apuntó la Sala, no tuvo reflejo en la contabilidad del partido, cuya llevanza y control "incumbía al recurrente" –en alusión a Areal– y que, "en consecuencia, habría resultado presuntamente falseada".

El tribunal recordó cómo en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña electoral, "avalarían la realidad de tales pagos en negro" al hacer mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.

"No pudiendo olvidar que la entidad Nimbus podría haber operado de igual modo con ocasión de las elecciones del año 2003", abundó la Audiencia, si bien en este caso los hechos estarían prescritos.

Tal y como apuntó la Fiscalía en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, entre las obligaciones que la Ley de Régimen Electoral General impone respecto a los fondos destinados a la campaña electoral destaca el establecimiento de límites a la cuantía que los partidos políticos pueden destinar a los mismos en atención al origen público de dichos fondos.

249.872 euros al PP durante la campaña

Así, Areal contrató a Nimbus compañía para que se encargase de la creación y diseño de anuncios y la gestión de la contratación de espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación, trabajos por los que la agencia emitió contra el PP cinco facturas por un importe global de 249.872 euros, que fueron –salvo la última– remitidas a la Sindicatura de Comptes de Balears y al Tribunal de Cuentas de cara a su fiscalización.

Al margen de los anteriores servicios, Nimbus, durante los meses de abril y mayo de 2007 y por encargo de Areal, que actuaba en representación del PP, desarrolló numerosas tareas de creatividad y promoción de los mensajes electorales del partido, que generaron unos costes oficiales de 62.572 euros que, junto al margen de beneficio bruto del 15 por ciento, suponían un total de 71.958 euros.

Unos fondos que Areal decidió abonar en negro al haber superado el PP los límites legales fijados para gastos electorales, de modo que la cantidad fue entregada a Romero mediante diversas entregas de dinero en efectivo.

Es más, según relata el Ministerio Público, las entregas de fondos opacos fueron realizadas en la sede de la formación, sin que se haya podido determinar la procedencia de los 71.958 euros. Según la Fiscalía, Areal manipuló las cuentas del PP, falseando las mismas, al omitir "de forma deliberada" reflejar en la contabilidad las aportaciones realizadas en negro.

El fiscal Horrach destacó cómo el PP balear fue "beneficiario directo" de estos hechos delictivos por cuanto Areal actuaba en su calidad de administrador general de la candidatura del partido, destinatario directo de la propaganda electoral. Hechos que, incidió, no constituyen acontecimientos aislados al tratarse de una "reproducción de la operativa que desarrolló el PP en la campaña electoral de abril de 2003".

El exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín negó este sábado que presenciara la entrega de un sobre con dinero al conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas por parte del testaferro de los ERE Juan Francisco Algarín Lamela, tal como este último afirmó en su declaración como imputado ante la jueza Mercedes Alaya, que investiga presuntos delitos societarios en Mercasevilla.

Tras ponerse en contacto Europa Press con el exalcalde socialista, Monteseirín desmintió las acusaciones de Algarín y afirmó que no cuenta con "ningún tipo de relación" con el asunto ni con ellos.

El exregidor se pronuncia de este modo después de que este jueves Algarín indicara, a preguntas de la abogada de Mercasevilla, que "una vez llevó un sobre" al hotel Vértice de Sevilla, donde el exdirectivo de la lonja Daniel Ponce estaba reunido con Sánchez Monteseirín, y una vez allí "le dio" al conseguidor de los ERE Juan Lanzas un sobre con dinero, señalando que en esa reunión había "seis o siete" personas más.

Ambas comentaron esa circunstancia en la sesión de constitución de la comisión, el pasado 7 de octubre, por si pudiera ser un motivo de incompatibilidad. Y se descartó esa posibilidad. "Conociendo mi trayectoria personal y política, nadie consideró que fuera ni incompatible ni nada parecido, sino todo lo contrario. Se consideró que yo era una persona muy adecuada por el conocimiento que yo tenía de muchas cosas [de la caja]. Mi participación en la comisión no planteó ningún tema ético ni de ningún tipo", relataba ayer jueves por la tarde Pérez-Carballo, en conversación telefónica con infoLibre. 

Que Pérez-Carballo y Gómez pertenecieron a la asamblea de la caja (técnicamente, eran consejeras generales) es un dato que se puede comprobar echando un vistazo a los informes anuales de gobierno corporativo de Caja Madrid. La primera no niega su pertenencia: "No lo he ocultado nunca y no tengo por qué ocultarlo. Es un hecho público tanto dentro como fuera de IU. No me produce ningún bochorno haber sido miembro de la asamblea general de la caja. Fui representante de mi organización". ¿Y durante cuánto tiempo formó parte de ese órgano? "No me acuerdo, no me acuerdo cuánto tiempo estuve. Sí recuerdo que dimití a raíz de la bancarización de la caja", respondió. Fuentes de la federación, no obstante, apuntan que fue miembro de la asamblea desde 2003 hasta 2010. Su nombre aparece, desde luego, en los informes de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Bien nombrada en el cupo de las corporaciones municipales, bien designada por la Cámara regional. Los consejeros generales podían ser elegidos por los ayuntamientos, la Asamblea de Madrid, las entidades representativas, los empleados y los impositores. 

Este diario no logró contactar con Gómez Orgaz, aunque IU-CM sí reconoció que fue asambleísta. Ella también aparece en los informes de 2006 a 2010, designada por la cuota de impositores. 

Dieta de 1.350 euros brutos, según De la Torre

Como miembros de su asamblea, Pérez-Carballo y Gómez Orgaz tenían acceso a dietas y regalos. "En efecto, recibía dietas, una vez al año, que no son las que habéis puesto [los medios]. Parte se lo daba a mi organización. Con el resto cubría parte del impacto fiscal que tenía esa actividad. Recibía los regalos que todos los consejeros recibían, siempre que asistiera, claro", explicó la portavoz de la comisión. ¿Cuánto dinero, qué obsequios? "Hasta aquí hemos llegado. No daré detalles que están en prensa, en las actas. Es innecesario". Según explicaba Enrique de la Torre, secretario general de la caja, en un correo electrónico dirigido a Miguel Blesa el 1 de septiembre de 2009, los consejeros generales cobraban "una dieta de 1.350 euros brutos por reunión (más el regalo, que es importante)". Entre los obsequios institucionales figuraban, según un mail de De la Torre de septiembre de 2008, teléfonos Nokia N-95, valorados entre 400 y 500 euros. 

La asamblea de Caja Madrid era su órgano de representación superior, que se reunía una vez al año y que se encargaba de aprobar las cuentas y refrendar las decisiones más importantes aprobadas por el consejo de administración. En el consejo, IU colocó a tres representantes: José Antonio Moral Santín, Rubén Cruz y Juan Gómez Castañeda. Todos ellos cargaron gastos a la entidad con sus tarjetas black. Los dos primeros, que sí fueron militantes, ya están fuera de la organización. 

También fue consejera general –y como tal aparece en los informes corporativos de 2006 a 2010– Lidia Fernández Montes, responsable de Comunicación de IU-CM de la actual ejecutiva de Eddy Sánchez y también de las anteriores direcciones de Fernando Marín (2004-2008) y Gregorio Gordo (2009-2012). Fernández no recuerda tampoco el total de años en que fue asambleísta. Ella ejercía de secretaria de los consejeros de IU. O sea, quien les convocaba a las reuniones de coordinación, "a iniciativa del coordinador". La dirigente dice que, de "los 800 euros netos" al año que cobraba de la caja, parte se iba a la organización, en concepto de donación. Y como regalos recibió "una cafetera, una cámara de fotos". 

Asambleístas como Pedro Sánchez

IU firmó sucesivos pactos de estabilidad (1996, 2001 y 2006 y 2009) para mantener al hoy imputado Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid. El último, el de 2009, quedó en papel mojado porque, en plena lucha dentro del PP por el control de la entidad, Mariano Rajoy decidió quitar a Blesa y reemplazarlo por Rodrigo Rato, que acabó por conducirla al desastre. 

Precisamente en 2009 IU-CM llevó a los tribunales al Gobierno de Esperanza Aguirre por su decisión de suspender a dos de los miembros de la Comisión de Control de la caja, Fernando Serrano (del PP, pero del sector del entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón) y Juan Gómez Castañeda. Con ello, el Ejecutivo regional buscaba tener mayoría en ese órgano, encargado de preparar el relevo en la cúpula de la entidad financiera, y lograr así desplazar a Blesa para situar al frente a su delfín, Ignacio González. Aquel recurso judicial, como desveló infoLibre, lo pagó el equipo de Blesa. Lo que sucedió con aquella impugnación ha sido el objeto central de las pesquisas de la comisión de investigación. 

De la asamblea general de Caja Madrid también formó parte, entre 2004 y 2009, el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El dato afloró en la campaña por el liderazgo del partido, el pasado verano, y resurgió esta semana. Sánchez reconoció que durante tres años, de 2005 a 2008, se benefició de un pequeño descuento –unos 60 euros al mes– en su hipoteca, precisamente por ser consejero general de la entidad. En 2008 amplió su préstamo, pero entonces ya no tuvo derecho a ninguna bonificación. Pérez-Carballo aseguraba a este diario ayer jueves que no pidió "nunca ningún crédito" a la caja. 

El dictamen de la comisión

La comión de investigación de IU-CM acabó sus primeros trabajos el miércoles, tras entrevistar a una veintena de dirigentes en relación con el recurso judicial de 2009. Fue Pérez-Carballo quien expuso las conclusiones a la ejecutiva de Eddy Sánchez. Esta decidió trasladar al órgano superior, la Presidencia Ejecutiva Regional (PER), convocada para hoy viernes, el dictamen y la tarea de depurar responsabilidades políticas. 

Pérez-Carballo es, de los cinco miembros de la comisión, la única que es a la vez integrante de la ejecutiva. Es, en concreto, secretaria regional de Administraciones Públicas. Eva Gómez es coordinadora del grupo de IU en el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, una persona de la confianza del portavoz municipal, Ángel Pérez, coordinador entre 1993 y 2000. Los otros tres miembros de la comisión son José Luis Martínez Cestao, Lali Vaquero y Mateo González. Cestao y Pérez-Carballo se adscriben al llamado 49%, el sector que perdió el congreso de IU-CM de 2012 pero que desde el pasado abril comparte la dirección regional. Gómez y González son próximos al líder municipal. Y Vaquero, diputada autonómica, está en el grupo en el que está, entre otros, el dirigente Julián Sánchez-Vizcaíno (de ahí el apelativo con el que le rotula la organización, los vizcaínos), un núcleo bisagra que actúa ahora de crítico. 

Distintas fuentes de IU, en Madrid y fuera, apuestan por que la persona que hoy puede caer es Antero Ruiz. Él llevaba las riendas de la política institucional de IU-CM en 2009. En su cartera, por tanto, estaba incluida la cuestión de la caja. La defenestración de Ruiz no sería muy gravosa en términos de peso político, ya que no se sienta en la ejecutiva en la actualidad. Sí mantiene el cargo de vicepresidente tercero de la Asamblea de Madrid desde 2007. 

Vía obstruida en la Asamblea de Madrid

No obstante, no se descarta que la depuración ascienda un nivel. Que se dispare directamente a dirigentes de primera fila, como Ángel Pérez o Miguel Reneses, coordinador de IU-CM entre 2000 y 2002 y portavoz de Economía en la Asamblea en el año de autos, 2009, cuando se firmó el recurso. Pero este es secretario de Organización federal. O sea, el hombre más cercano a Cayo Lara. Fuentes de su entorno señalaron que no va a permir un "ataque a la dirección de Cayo y a la federación madrileña", ni una "caza de brujas", ni una "causa general". "No hay motivos ni pruebas, y por esa regla de tres tendrían que caer todas las direcciones, si entendemos que todo el mundo es responsable de lo que pasó, y eso no va a pasar. Nadie sabía lo de las tarjetas", alegaban. 

Bases y cuadros de IU, no obstante, piden cabezas ya, para atajar la sangría de credibilidad que IU está sufriendo desde que estalló este caso. El malestar no se circunscribe sólo a Madrid. Está extendido a otros territorios, como se puso de manifiesto en la Presidencia Federal del pasado sábado. Allí, el diputado Alberto Garzón, valor emergente de la cúpula y ungido por algunos de sus compañeros como el sucesor natural de Lara en las siguientes generales, exigió mano dura y nada de contemplaciones. En horas, en la reunión de la Presidencia, se sabrá hasta dónde está dispuesta a llegar IU.

Mientras, una de las peticiones que salieron de la resolución regional sobre el caso Bankia, que el PP aceptase crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, se estrelló el pasado martes en la Junta de Portavoces. Los conservadores lo impidieron. Igual que pasó en el Congreso. 

Los 10 apartados cautelarmente del PSOE son Ángel Gómez del Pulgar, Joaquín García Pontes, Miguel Muñiz de las Cuevas, Gonzalo Martín Mascual, Virgilio Zapatero, Enedina Álvarez Gayol, Ignacio Varela, Miguel Ángel Abejón, José María de la Riva Ámez y José María Arteta. De ellos, el único que tenía cargo orgánico era Gómez del Pulgar (149.700 euros de cargo a la entidad), ya que era vocal de la ejecutiva del PSM, a cuyo frente se encuentra Tomás Gómez. Este fue uno de los primeros dimisionarios.

Los seis que pidieron la baja voluntaria fueron Antonio Romero, Francisco José Pérez Fernández –ambos hombres de la confianza del exlíder del PSM Rafael Simancas–, Ramón Espinar (expresidente de la Asamblea de Madrid), Juan José Azcona (nombrado a propuesta de CCOO) y José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Madrid hasta que estalló el caso. 

Las tarjetas opacas ha acabado, pues, con la militancia de históricos como el exministro de Felipe González Virgilio Zapatero, que la semana pasada envió una durísima carta en la que acusó a Sánchez de practicar una política de "marketing y titulares" y de querer ejercer de "justiciero". De nada le ha servido patalear y devolver parte del dinero. El PSOE le ha expulsado igualmente, tal y como estaba cantado desde el comienzo. En la lista también figura el sociólogo de cabecera de Ferraz durante años, Ignacio Varela, o el exalcalde de Móstoles José María Arteta, el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid José María de la Riva, el exdiputado autonómico Joaquín García Pontes, el ex director general del Teatro Real Miguel Muñiz o la exdiputada nacional Enedina Álvarez. Dos entraron en el consejo de administración de la entidad a propuesta de UGT, Gonzalo Martín Pascual y Miguel Ángel Abejón. 

El 1 de octubre, cuando estalló el caso y se conoció la existencia de las visas black que los consejeros y directivos de Caja Madrid endosaron a la entidad desde 2003 a 2012, y que supusieron un cargo total de 15,5 millones de euros, el secretario general se comprometió a echar a todos los militantes que tuvieran algo que ver. Al día siguiente, la Secretaría de Organización del PSOE, dirigida por César Luena, nombró a una instructora, la dirigente Susana Sumelzo, y solicitó a las personas presuntamente implicadas que presentaran información para aclarar por qué se les dio las tarjetas, de las que eran titulares, en qué se gastaron el dinero y si los cargos estaban relacionados con gastos de representación o derivados de una actividad en función de su puesto, y el tratamiento fiscal de las visas (si tributaron o no). 

El PSOE les concedió un plazo para que formularan alegaciones, presentasen pruebas o incluso se personasen ante Sumelzo para dar cuentas de lo sucedido. Concluido el plazo y vistas sus explicaciones, "concurren las circunstancias que justifican la adopción de medidas disciplinarias previstas en la normativa del partido y se procede a su expulsión provisional", dice la nota. 

Sánchez prometió "contundencia", aplicar con máxima rigidez los estatutos, de forma "implacable". Dictó sentencia así desde el primer minuto. Aunque los afectados pueden acudir a la Comisión de Garantías (y a los tribunales), ya hay una respuesta oficial desde la dirección en tiempo récord. 

Zapatero amenaza con ir incluso hasta el TC

A la Justicia promete acudir Virgilio Zapatero. El exministro intervino hoy en Las mañanas de RNE para avisar de que está dispuesto a ir a los tribunales ordinarios, e incluso ante el Tribunal Constitucional para defender sus derechos. La decisión de expulsión forma parte de la estrategia de Sánchez, dijo, de "afirmar su poder". "Maquiavelo decía que todo reinado tiene que empezar con una ejecución memorable", abundó, definiendo su "ejecución" no como memorable, sino como "arbitraria".

Zapatero criticó la "nocturnidad" del procedimiento y que se supiera de antemano el resultado antes de dictar sentencia. No obstante, recurrirá primero a los órganos de garantías del partido y, si no dan resultado, acudirá a los juzgados ordinarios. A su juicio, el problema no es el uso de una tarjeta de crédito, "sino el mal uso", porque el uso de la visa "no es reprobable". El exministro insistió en que espera conocer las razones de su expulsión provisional para dar su "respuesta". 

Sánchez exige al PP que aplique "la misma medicina"

Desde los pasillos del Congreso le contestó el portavoz socialista, Antonio Hernando: se tomó una decisión "en tiempo récord y aplicando los estatutos". Los que estén disconformes, "están en su derecho" de recurrir y defenderse. 

En Toledo, el secretario general enhebró una referencia a este asunto durante un acto organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). La contundencia "es algo que se le debe a los ciudadanos". "Tenemos que hacer cosas desde la política para hacer de nuestro país un lugar mejor". Y en política "son importantes las palabras y los hechos". "Dije que iba a ser inflexible con la corrupción y la falta de ejemplaridad, que todos aquellos usuarios de tarjetas negras de Bankia tendrían tarjeta roja, y hoy han sido expulsados del PSOE" porque "no hay lugar para aquellos que no tengan un comportamiento ejemplar", remató Sánchez. Al PP y a su líder y presidente del Gobierno, le pidió que aplique "la misma medicina" y eche de su partido a los usuarios de visas black que militen en sus filas. 

Aprobación del código ético

El sábado pasado, en el Foro de Limpieza Democrática, el secretario general volvió a señalar la puerta de salida a los 16 implicados: a los que usaron las tarjetas black, "tarjeta roja directa", dijo. En ese cónclave el partido aprobó un código ético que prohíbe a todos sus cargos públicos aceptar regalos, en efectivo o en especie, de personas relacionadas con su actividad política y cuyo valor supere los 60 euros (no más de 100 euros al año si proceden de una misma persona o empresa).

El documento también obliga a los próximos expresidentes del Gobierno socialistas (o expresidentes autonómicos) a que renuncien a la remuneración a la que tienen derecho por haber ejercido este cargo si pasan a desempeñar una actividad profesional retribuida y no ligada a la gestión pública. El partido también obliga a los representantes públicos del PSOE a informar a las ejecutivas respectivas de las dietas de asistencia recibidas, así como de las dietas de transporte, alojamiento y manutención. El primer mes de cada año acreditarán documentalmente las cuantías percibidas. También renunciarán "a cualquier otro privilegio u otro beneficio económico, en dinero, en especie o articulado a través de prestaciones". 

Las medidas recogidas en el código ético se aplicarán de forma obligatoria para todos los cargos públicos socialistas y los miembros de organismos y entidades públicas empresariales designados por el PSOE. Los militantes podrán adherirse de forma voluntaria. 

El diputado por Málaga, Alberto Garzón, ya había advertido de que en su intervención en la Presidencia Ejecutiva Federal (PEF) de Izquierda Unida, celebrada este sábado, sería "muy agresivo" y que pediría "muchas responsabilidades políticas" sobre el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia por dirigentes vinculados a la organización. Y así lo hizo. Dijo que "IU está en jaque, por el lado externo y por el lado interno" y que la militancia "necesita signos y decisiones firmes" porque está "frustrada" y "desesperanzada".

El nuevo hombre fuerte de la formación, por su actual cartera, la Secretaría de Proceso Constituyente y Convergencia, exigió "picas y cabezas en la Puerta del Sol de Madrid". "Que caigan los corruptos y los responsables políticos de aupar a esos corruptos", aseveró. Añadió que "toda basura que haya podido existir, tiene que ser barrida por nosotros mismos sin miedo a quien pueda caer".

Pero Garzón no fue el único que exigió contundencia al coordinador federal, Cayo Lara, según fuentes conocedoras del contenido de la reunión consultadas por infoLibre. A su intervención siguieron las de otros dirigentes del partido como Enrique Santiago, el parlamentario en el Congreso Ricardo Sixto o la diputada de la Asamblea de Madrid Tania Sánchez. Todos hicieron discursos duros y reclamaron rapidez en la ejecución de las acciones encaminadas a investigar internamente el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Las suyas fueron algunas de las intervenciones más contundentes, si bien todas las federaciones "sin excepción" defendieron la idea de que había que cortar de raíz todos los vínculos de IU con la corrupción. 

Los tres aupados por IU a Caja Madrid fueron José Antonio Moral Santín (456.522 euros en visas black), Rubén Cruz (233.700) y Juan Gómez Castañeda (128.100). De ellos, los dos primeros ya no son militantes y el tercero nunca tuvo carné. Lo recordó Cayo Lara al decir que los consejeros de IU que utilizaron tarjetas B "hace tiempo que no son de IU". Sin embargo, la sensación generalizada en la organización es la de que no puede quedar en ningún resquicio de IU ninguna persona que "por acción o por omisión" haya permitido que estas personas "metieran la mano en la caja de todos". 

A eso se comprometió Lara cuando exigió que haya "luz completa" sobre este asunto en lo que dependa de la formación, "caiga quien caiga", pues dijo que los implicados y los responsables directos deben asumir todas sus responsabilidades. "El que haya metido la mano tiene que pagar", sentenció antes de admitir que "no le temblará la mano para pedir disculpas" si tiene que hacerlo.

No obstante, está por ver hasta dónde llegan esas responsabilidades. Aunque ningún dirigente apuntó directamente a nadie, las fuentes consultadas señalan que sí hubo "algunas intervenciones directas a la yugular" de Miguel Reneses, secretario de Organización de IU federal desde 2008, diputado en la Asamblea desde 2003 –donde fue portavoz en la comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid– y coordinador regional durante un breve periodo, de 2000 a 2002, y a quienes algunos incluyen junto a Ángel Pérez –portavoz de IU en la capital y defensor de Moral hasta el estallido del escándalo de las tarjetas– en el grupo de responsables de IUCM que deberían asumir responsabilidades políticas por el escándalo de las tarjetas. 

IU ratificó además la creación de una comisión de transparencia –ya aprobada el lunes– integrada por Ramón Luque, Lola Sánchez, Manuel Fuentes y Antonio Cortés, encargada de velar por que no haya rastro de duda y se aclare la participación de IU en las cajas de ahorros. Entre las tareas de ese grupo está velar "porque en ningún caso se frustre la investigación de la comisión de investigación de IU Madrid y mandata a la Comisión Ejecutiva Federal para hacer efectivo este acuerdo". 

Ayer viernes, en una reunión de cinco horas del Consejo Político Regional de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM), su máximo órgano de poder, se abordó el caso Bankia. Al final, se votaron dos resoluciones. La que pedía la salida de Pérez [consúltala aquí en PDF] recabó 18 apoyos, por los 109 (83,85%) que respaldaron el texto presentado por la ejecutiva y enmendado ligeramente durante el debate. Se contabilizaron tres abstenciones. Este último texto, el oficial, de tres folios, pide perdón y condena a aquellos que, nombrados por IU, mantuvieron una "conducta intolerable". Pero sólo dedica cuatro líneas, en el penúltimo párrafo, a reconocer que la federación debe "investigar lo sucedido" y adoptar las medidas oportunas. 

La confrontación de resoluciones ya se produjo el sábado pasado en otro foro, en la I Asamblea de Madrid ciudad. Y ya entonces un grupo promovió un texto durísimo en el pedía directamente la dimisión de Ángel Pérez. Moción que se perdió, aunque cosechó 45 votos, frente a los 90 recabados por la propuesta oficial. El mismo grupo minoritario, liderado por Alberto Arregui y Jordi Escuer –capitanes de la corriente Nuevo Claridad– presentó este viernes una resolución semejante, aunque no calcada. Aún más contundente.  

Hasta una auditoría económica

El texto perdedor (18 votos) subraya que el uso de las tarjetas black por exdirectivos de Caja Madrid y Bankia son "la enésima gota que colma el vaso de una actuación en la antigua Caja Madrid de José Antonio Moral Santín, que suma una gestión indefendible a la responsabilidad de haber respaldado la privatización y bancarización definitiva de la antigua caja". Una actuación que no se habría producido, sigue, "sin el respaldo de la dirección regional, el grupo municipal de Madrid", porque Moral era elegido como representación del Ayuntamiento de la capital, y de los diputados de IU-CM en la Asamblea autonómica. "No estamos ante errores disculpables, sino ante la consecuencia de una política de colaboración con una gestión de las cajas, mucho más parecida a la de bancos privados que a la que cabía esperar de una banca social. Y, también, ante la falta de transparencia y control democrático por parte de IU-CM de nuestra actuación en Caja de Madrid". Una autocrítica profunda y rotunda. 

En la parte dispositiva, la propuesta de Arregui y Escuer proponía que el Consejo exigiera "la dimisión" de Pérez "y la entrega de su acta de concejal, por su defensa reiterada y pública de Moral Santín, señalando que estaba en contacto permanente con él e informado", porque así se mandaría "un inequívoco mensaje público de que hay un cambio de métodos y formas de actuar". También conminaba a IU-CM a tomar "todas las medidas jurídicas necesarias" para asegurar que Moral y cualquier otro militante "implicado" ("que deberá ser expulsado"), reembolse el dinero. Por último, reclamaba la constitución de una comisión de investigación que cuente con representantes de IU federal "que no tengan ningún vínculo con IU-CM o las cajas, y en su mayoría, por personas independientes" que pertenezcan a organizaciones sociales y que tengan "prestigio social y honestidad" para averiguar en qué se gastó el dinero, establecer las responsabilidades políticas y jurídicas y promover una "auditoría económica de las finanzas de IU-CM". Último punto de la resolución que sí es un añadido a la presentada la semana pasada. 

Recuerdo del rescate de Bankia

¿Qué dice en cambio el texto oficial? Arranca recordando los hechos, la aparición del escándalo de las tarjetas opacas, y denunciando cómo los supervisores dejaron "indefensa a la sociedad" anque personas "sin escrúpulos de burlar los controles en su propio beneficio". Por ello IU-CM pide "perdón a la sociedad" porque nombró a personas que a la postre cometieron unos hechos que tacha de "conducta intolerable", que merece la "más radical condena". Los tres aupados a la caja fueron Moral Santín (456.522 euros en visas black), Rubén Cruz (233.700) y Juan Gómez Castañedablack (128.100). De ellos, los dos primeros ya no son militantes y el tercero nunca tuvo carné. 

IU se apunta el tanto de la querella –la presentó en abril de 2014, pero el hilo se tiró a partir de la que registró UPyD en 2012– y pide varias cosas que no están de su mano. Al PP, que apoye la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. A Hacienda, que abra un expediente fiscal "a todas y cada una de las personas que tenían que velar por el correcto funcionamiento" de la entidad. A la auditora Deloitte, para que haga público su informe. Y a los consejeros, "especialmente a los que fueron nombrados por IU", que "reembolsen las cantidades gastadas" ya que, al margen de que sea legal, es "incompatible" con los principios éticos. 

El texto pasa a subrayar el contexto: el rescate de Bankia. Cuatro párrafos que se introdujeron durante la discusión del Consejo. IU pide "recuperar" los 22.400 millones de dinero público como "primer objetivo", para lo que pide que el Estado "mantenga su participación en la propiedad de Bankia", impidiendo su privatización. Esta debería conformar, a juicio de la federación, un "polo de banca pública". 

"Moral ha hecho de la mentira su modus operandi"

En el penúltimo párrafo, IU ya entona su mea culpa. Se obliga a sí misma a "investigar lo sucedido", a depurar "responsabilidades" y a "tomar las medidas oportunas", por lo que se insta a la comisión de investigación interna –que se creó el lunes y que reanudará sus trabajos la semana próxima– a buscar culpables y "ahondar" en la indagación de la querella que presentó IU-CM en 2009. La que, como descubrió infoLibreLibre, pagó el equipo de Miguel Blesa, entonces presidente de Caja Madrid, y que se dirigía contra una decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre. 

La resolución oficial concluye recordando que en febrero de 2012 constituyó una comisión en la que se citó a Moral Santín para preguntarle por sus retribuciones, audiencia a la que el todavía consejero de Bankia presentó "unos supuestos certificados oficiales" que no se "correspondían con la realidad de sus ingresos". "Este hombre ha hecho de la mentira su modus operandi", remata el texto. 

La moción oficial se asentaba sobre el pacto de las antiguas mayoría y minoría de IU-CM –el 51% que aupó a Eddy Sánchez como coordinador en diciembre de 2012 y el 49% que perdió aquella asamblea–, puesto que ambas comparten dirección. Y las dos han preferido derivar un asunto tan incómodo para la federación a la comisión de investigación, que en teoría entre el martes y miércoles próximo debería emitir un dictamen y proponer un fallo a partir del cual la ejecutiva tomaría decisiones de sanción o expulsión de los implicados. Por el momento, el órgano interno ha entrevistado al abogado Juanma Vela, quien elaboró aquel recurso contra el Ejecutivo de Aguirre en 2009, y Antero Ruiz, el que en aquella época se encargaba de la política institucional y, por tanto, todos los temas relativos a Caja Madrid. El primero es militante de base y el segundo, un histórico hombre de Pérez aunque ahora más distanciado de él, ya no ocupa cargos orgánicos, pero sí públicos: es vicepresidente tercero de la Cámara autonómica.

Dudas del diputado por Málaga

Este sábado el asunto se trasladará este sábado a otro órgano, a la Presidencia Ejecutiva Federal (PEF), del que forman parte una setentena de dirigentes de todos los territorios. Y en ella intervendrá, con una posición muy dura y exigente el diputado Alberto Garzón, nuevo hombre fuerte de IU, por su actual cartera, la Secretaría de Proceso Constituyente y Convergencia. "Seré muy agresivo, pidiendo muchas responsabilidades políticas para quienes fueron responsables de poner a Moral Santín y al resto. Debemos limpiar nuestra casa para limpiar el país, ese es el mensaje. No cabe un cierre en falso, e IU no puede permitirse en ninguna circunstancia no acelerar la depuración de responsabilidades", señaló Garzón anoche, en declaraciones a infoLibre.

El parlamentario por Málaga no tiene previsto apuntar directamente a nadie, porque no dispone de "datos". "Pero la sospecha es que hay mucha gente responsable. Yo tengo claro que aquí tienen que pasar muchas cosas. Y que si Madrid no lo quiere hacer, tendrá que tomar nota el federal", concluyó Garzón. 

Por ahora, la ejecutiva de Cayo Lara no ha intervenido directamente. El pasado lunes, el coordinador federal ya advirtió de que debería ser IU-CM la que investigase y depurase responsabilidades, porque para eso la formación es una fuerza federal. La dirección, no obstante, sí ha creado una comisión de transparencia, integrada por cuatro dirigentes, y encargada de velar por que no haya rastro de duda y se aclare la participación de IU en las cajas de ahorros. 

Aprobación de las primarias abiertas

El Consejo Político Regional también validó, por 114 votos a favor (75,5%), 6 en contra y 31 abstenciones, la hoja de ruta hacia las elecciones autonómicas y munipales [consúltala aquí en PDF]. En él, la apuesta histórica es la aprobación de la convocatoria de primarias abiertas para la elección de cabezas de lista de IU-CM al Ayuntamiento de Madrid y a la Presidencia de la Comunidad, cuyos resultados serán vinculantes. Los que sean elegidos serán "la apuesta" de la federación para los procesos de convergencia, si los hay. Anoche se respaldó el acuerdo político, porque los reglamentos saldrán adelante en la Presidencia Regional del próximo 17 de octubre. Entonces se hilará fino y se especificará el número de avales necesarios, la forma de presentación de las candidaturas, la inscripción de los simpatizantes, la composición de la Coordinadora de Primarias (que velará por el correcto desarrollo de todo el proceso) o los lugares de votación. Las urnas se abrirán, según el calendario orientativo discutido en el Consejo, el 30 de noviembre, tal y como avanzó este diario. 

El conjunto de municipios podrán ajustar el calentario y método "a la realidad de sus propios procesos". A su propia coyuntura. 

Mensajes claros a Podemos

Pero el documento también es interesante porque marca los objetivos de IU-CM para los comicios autonómicos y locales y plasma las ideas fuerza del discurso. Seis líneas maestras en las que la federación aprovecha para marcar distancias respecto a Podemos. 

Así, subraya que los comicios de mayo de 2015 "no son un mero instrumento para dar el salto político" a las generales –absoluta prioridad del partido de Pablo Iglesias–, sino que son el marco "privilegiado" en el que se dirimen las políticas sociales que más afectan a los ciudadanos. Además, después de dos décadas de hegemonía del PP, es capital su "derrota". Ganar en Madrid es la "batalla política central de toda España". IU-CM se presenta como la fuerza que garantiza que "el cambio político no se va a frustrar" y la que ha estado todo este tiempo de la mano de las movilizaciones sociales masivas, por lo que se ofrece como aval aval seguro de una "alternativa seria". Incide asimismo en que lo que se vota es "austeridad o derechos", "continuidad o cambio". Remarca que IU es la que defiende las políticas feministas para una sociedad con igual peso de hombres y mujeres. 

"Hay otros partidos con dos o tres propuestas"

Durante todo el texto, la dirección se pinta como la fuerza de lo posible, la que tiene respuestas frente a un PSOE que no asegura cambio y otros (Podemos) que no tienen aún un programa desarrollado: "Hay partidos que quieren derrotar al PP pero sin garantizar un cambio en las políticas y en las prioridades. Hay otros partidos que reducen el cambio a dos o tres propuestas. Sólo IU garantiza un cambio de verdad, un cambio que aborde las reformas económicas, políticas y sociales que los sectores afectados por la crisis demandan". IU, en suma, ofrece "solvencia en todos los temas". 

Aunque el programa concreto se elaborará posteriormente, el documento sí lanza algunas prioridades básicas para IU, como la garantía de una ley de derechos mínimos de ciudadanía, la reversión de las privatizaciones, planes de choque de empleo, la aprobación de una ley de servicios públicos básicos, la reindustrialización de la Comunidad, la búsqueda de un Madrid más equilibrado social y territorialmente, la articulación de un fondo de rescate de la ciencia y de la universidad, la aplicación de un impuesto para las grandes superficies o la lucha contra la corrupción. La federación siempre remarca que el programa debe ser el "elemento central para trabajar una política de convergencia". Una confluencia que no es "ajena" a su cultura, no le "incomoda".

No habrá una adopción inmediata de decisiones en Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM). La federación se toma un respiro para responder al escándalo de las tarjetas escándalo de las tarjetas, que le ha afectado de lleno al aflorar, entre los exconsejeros de administración y los exdirectivos de Caja Madrid, el nombre de José Antonio Moral Santín, puesto que gastó 456.500 euros en visas black entre 2003 y 2012. Pero no sólo eso: el equipo de Miguel Blesa pagó con su tarjeta B el recurso judicial que IU-CM presentó contra el Gobierno de Esperanza Aguirre, volcado en 2009 en una lucha fratricida con el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por el control de la entidad. La ejecutiva regional reunida ayer miércoles decidió que no adoptará ninguna medida hasta la semana que viene, cuando esté rematado el informe de la comisión de investigación interna. Sí podría emitirse una resolución del coordinador autonómico, Eddy Sánchez, en las próximas horas. 

La federación madrileña –y también la cúpula de Cayo Lara– se mantiene en vilo desde hace más de una semana, desde que estalló el caso de las tarjetas y se descubrió que Moral Santín, denostado a estas alturas por casi toda la organización, no sólo cobró una fortuna como salario durante sus años como consejero y vicepresidente de Caja Madrid y miembro del estado mayor de Bankia (1995-2012) y que apoyó a Blesa en las decisiones más polémicas (incluso la ruinosa adquisición del banco de Miami), sino que también usó tarjetas black y consumió con ellas casi medio millón de euros, teóricamente a espaldas de los suyos. En el listado de Bankia, entregado a la Fiscalía a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aparecía el nombre de Moral y de otro militante de IU, Rubén Cruz, que gastó 233.700 euros. Y también el de un tercer hombre propuesto por la federación para el consejo de la caja, Juan Gómez Castañeda (128.100 euros). 

A las revelaciones judiciales se añadió otra derivada del caso, que IU considera muy grave: el hecho de que en 2009, como destapó infoLibre, el entonces secretario general de la entidad, Enrique de la Torre, abonó con su tarjeta B la fianza por una impugnación judicial que presentó Gómez Castañeda, miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, contra el Ejecutivo de Aguirre. Gómez Castañeda, al igual que Fernando Serrano –un hombre de Gallardón–, habían sido suspendidos cautelarmente de sus funciones. Con ello, la presidenta pretendía garantizarse una sucesión en la cúpula financiera a su gusto, ya que quería desplazar a Blesa para colocar a Ignacio González. 

Todavía no hay pruebas

IU ha empezado a investigar por ahí, por el recurso judicial pagado por el círculo de Blesa, un hecho que la dirección considera muy grave, por cuanto vendría a demostrar que Moral, Cruz y Gómez Castañeda "estaban comprados por el PP en lugar de defender la no privatización de las cajas y el mantenimiento de su función social". El propio Lara calificó de "incomprensible" esta semana que IU entrara "de lleno" en un juego a muerte por el poder de Caja Madrid que se disputaban dos bandos del PP. Y por eso la comisión de investigación interna, que arrancó sus trabajos este martes, comenzó interrogando al autor de la impugnación, al abogado Juanma Vela, coordinador del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura y expresidente de la Comisión Federal de Garantías de IU, y Antero Ruiz, responsable en 2009 de la política institucional de la federación –en él recaía la negociación del relevo en la cúspide dirigente de la caja– y después, coordinador de la Presidencia Regional. Vela es a día de hoy militante de base y Ruiz no está en la ejecutiva de IU-CM desde la última remodelación, en abril de 2014. Sí sigue siendo vicepresidente tercero de la Cámara autonómica. 

En los siguientes días, podrían ser llamados en audiencia Gregorio Gordo, coordinador de la federación desde 2009 a 2012; Miguel Reneses, secretario de Organización de Lara desde 2008 y líder de IU-CM de 2000 a 2002, o Gerardo del Val, el dirigente en el que recayó durante muños años la cuestión de las finanzas y que ahora es secretario de Migraciones de la dirección regional. Tampoco se descartaba anoche citar a Ángel Pérez, portavoz en el Ayuntamiento de la capital y coordinador de IU-CM desde 1993 a 2000, la época en la que la ejecutiva promovió a Moral Santín para un puesto en la caja. Pérez defendió al vicepresidente de la entidad hasta julio de 2014, cuando acusó a la dirección de Lara de "hacer de Torquemada" por haber presentado una querella contra todo el consejo de administración de Bankia. 

La comisión de investigación interna expuso ayer por la tarde a la dirección que aún no tenía un dictamen, como era previsible, y que de hecho había observado "contradicciones" en los dos relatos proporcionados por Vela –el primero, el martes, el segundo, en la mañana del miércoles–, según relataron a este diario fuentes de la dirección. Así que el órgano seguirá haciendo sus pesquisas y citando a más dirigentes. La intención, expresada una y otra vez por IU federal e IU-CM, es "llegar hasta el final", porque la militancia, como describen no pocos cuadros, está "incendiada" con un asunto extremadamente sensible a las puertas de unas elecciones y con el efecto Podemos creciendo como la espuma.

Sin embargo, por ahora la investigación se centrará en descubrir qué pasó con aquel recurso de 2009, una gota (importante) en un océano gigantesco como lo fue la presencia de IU en la caja durante años y años. De hecho, se espera que para principios de la próxima semana esté listo el informe de la comisión, de forma que puedan adoptarse las primeras medidas. "La situación no es fácil. Y para acusar hay que tener pruebas, pero de momento no las hay", reflexionaba un integrante de la cúpula regional a este periódico. No obstante, el hermetismo anoche era casi total. 

Reunión del Consejo el viernes

La ejecutiva de este miércoles es la segunda que se celebra esta semana. En la primera, el lunes, se aprobó la creación de la comisión de investigación interna, formada por cinco dirigentes (Eva Gómez, Mateo González, José Luis Martínez Cestao, Carmen Pérez-Carballo y Lali Vaquero). Fue convocada de urgencia. Y mañana viernes se reúne además el Consejo Político Regional (CPR), el máximo órgano de poder de la federación, que había sido programado para aprobar el camino hacia las municipales y autonómicas de mayo y la elección de candidaturas. Se esperaba que para el viernes ya hubiese decisiones, pero ahora los tiempos se dilatan. Por eso, para que no se complique demasiado la reunión, podría emitirse una resolución del coordinador, Eddy Sánchez, por la que se insistiera en la voluntad de depurar responsabilidades, caiga quien caiga. Lo que no habrá es una nueva reunión de la ejecutiva antes de este 10 de octubre. 

IU-CM está actuando de forma coordinada con la dirección de Cayo Lara. De hecho, Sánchez acudió el pasado lunes por la tarde a Olimpo, la sede federal, para exponer la situación y garantizar que se asumirían responsabilidades. La cúpula nacional aprobó la creación de una comisión de transparencia, para colaborar con Madrid en sus tareas de investigación interna y apremiar al resto de federaciones a que indaguen si hubo casos similares en las cajas de ahorros de sus respectivas comunidades. La forman Lola Sánchez, Antonio Cortés, Manuel Fuentes y Ramón Luque, secretarios federales de Finanzas, Administración, Política Municipal y Acción Electoral.

La comisión de investigación interna de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid comenzó este martes sus trabajos tirando de un hilo. El del recurso judicial que la federación presentó contra el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2009, en plena lucha por el poder de Caja Madrid, y que pagó el equipo de Miguel Blesa. Y eso le ha llevado a citar para hoy a un dirigente y a un técnico de la época. Ninguno es Ángel Pérez, el actual portavoz municipal y coordinador en el pasado de IU-CM (entre 1993 y 2000), y a quien muchos militantes señalan como uno de los responsables políticos del escándalo de las tarjetas por haber "defendido reiteradamente" al exvicepresidente de la entidad durante muchos años, José Antonio Moral Santín. No se descarta que se le llame, porque ningún cuadro "tiene bula", como dicen en el órgano fiscalizador, pero no está, por descontado, entre los primeros nombres que se han puesto sobre la mesa, como él mismo confirmó a este diario. 

El cabo de la madeja por el que la comisión de investigación de IU-CM ha empezado a indagar lo descubrió infoLibre hace dos días. El lunes 6 de octubre, destapaba cómo el ex secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, considerado hombre de la confianza de Blesa en su etapa como presidente de la entidad, abonó con su tarjeta B la fianza por una impugnación judicial que presentó un miembro de la Comisión de Control de la entidad elegido a propuesta de IU, Juan Gómez Castañeda. El recurso se dirigía contra la decisión del Gobierno de Aguirre de suspender de sus funciones a Gómez Castañeda y a Fernando Serrano –aupado por el PP de Alberto Ruiz-Gallardón–, para así asegurarse la mayoría en la Comisión de Control. La entonces presidenta quería desplazar a Blesa de la cúpula de la caja para situar a su delfín, Ignacio González. 

Aquel recurso pagado con la tarjeta B de De la Torre fue elaborado por Juanma Vela, uno de los dos hombres citados por la comisión de investigación. Vela, abogado, fue coordinador del grupo parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura y era de la confianza de Gregorio Gordo, coordinador regional desde marzo de 2009 y portavoz en la Cámara –en sustitución de Inés Sabanés– a finales de ese año. También presidió la Comisión Federal de Garantías de IU antes de la última asamblea federal, la de 2012. Pero ahora, como dejaron claro desde su entorno directo a este periódico, no está en ningún órgano de la formación, ni regional ni federal, ni tiene relación contractual ni laboral alguna con ella. Es, simplemente, militante de base. Cayo Lara, preguntado el pasado lunes, sostuvo que era "incomprensible" que la formación hubiera "entrado de lleno" en la lucha por el control de la entidad, cuando era un asunto que desgarraba al PP. 

Una "primera visión" antes de la ejecutiva de esta tarde

La segunda persona que ha sido llamada en audiencia, como ha podido confirmar este diario, es Antero Ruiz. Vicepresidente tercero de la Asamblea de Madrid desde 2007, era en los primeros meses de 2009 miembro de la coordinación colegiada de IU-CM tras la dimisión por enfermedad de su líder, Fernando Marín, un año antes. En aquella portavocía compartida, asumió la cartera de Política Institucional, y como tal negoció todo el proceso de negociación del relevo en la cúpula de la entidad. Tras la elección de Gordo como coordinador, en marzo de 2009, se convirtió en coordinador de la Presidencia de IU-CM, el número dos del escalafón, y siguió llevando la carpeta de la caja bajo el brazo. En diciembre de 2012, una nueva asamblea regional aupó por la mínima a Eddy Sánchez como nuevo líder madrileño. Este integró a Ruiz en su equipo, también dentro del área Institucional, como coordinador de los grupos parlamentarios. En abril de 2014, con la última reestructuración de la ejecutiva –producto de la paz interna de los dos sectores enfrentados desde el cónclave de 2012, el 51% de Sánchez y las minorías que sumaban el 49% de la organización–, el nombre de Ruiz saltó. Hoy no tiene más cargo que el de la Asamblea autonómica. 

A Vela y Ruiz hay que sumar la conversación que los miembros de la comisión de investigación mantuvieron ayer por la tarde con Lidia Fernández, responsable de Comunicación desde los tiempos de Marín y Gordo y ahora también titular del área con Eddy Sánchez. 

Con la versión de los tres, él órgano creado ex profeso para investigar el escándalo de las tarjetas espera tener "una primera visión" de lo ocurrido que pueda ofrecer a la ejecutiva regional, que se reúne esta misma tarde, a partir de las 19 horas. Será el segundo encuentro en apenas 48 horas. Hace dos días, Sánchez citó a su equipo de urgencia para aprobar la constitución de la comisión y nombrar a sus cinco integrantes: Eva Gómez, Mateo González (los dos del 51%), José Luis Martínez Cestao, Carmen Pérez-Carballo (ambos del 49%) y Lali Vaquero (procedente del 51% pero ahora en el sector crítico de la dirección). 

Eddy Sánchez y la 'comisión de transparencia' federal

Ese mismo día, 6 de octubre, por la tarde, Eddy Sánchez acudió a la reunión de la ejecutiva federal que estaba convocada en la madrileña calle de Olimpo, y presidida por Cayo Lara. Allí, según distintos asistentes consultados por este diario, el coordinador regional garantizó que se actuaría con contundencia, dada la preocupación y el nerviosismo que se ha instalado en la organización. Nadie esconde que este asunto quema en las manos. La irrupción de esta nueva derivada del caso Bankia vuelve a poner el foco en la participación de IU en el desastre de la caja. Moral Santín fue su vicepresidente, y mano derecha de Blesa. Gastó 456.500 euros entre 2003 y 2012, uno de los que aparecen arriba de la tabla. Con él salen Rubén Cruz (233.700 euros) y Juan Gómez Castañeda (128.100). Los dos primeros no militan ya en IU y el tercero nunca tuvo carné, aunque se le propusiera para el consejo de administración de la caja. 

En la cita en Olimpo, Sánchez y Lara acordaron que la dirección federal ayudaría en sus trabajos, si así lo acordaba la ejecutiva regional en su reunión de esta tarde, a la comisión de investigación interna de IU-CM. Se creaba así lo que se denominó como comisión de transparencia, de la que forman parte Lola Sánchez, Antonio Cortés, Manuel Fuentes y Ramón Luque, responsables de Finanzas, Administración, Política Municipal y Acción Electoral de la cúpula de Lara. Esta comisión colaborará con el órgano creado en Madrid porque se entiende que el caso Bankia trasciende las fronteras de la Comunidad, para prestar su apoyo logístico y también para garantizar que, como dijo Lara y subrayan con denuedo distintos cuadros federales, se asumen "responsabilidades políticas". 

Uno de los más señalados dentro de IU-CM es, precisamente, Ángel Pérez, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid desde 2007 y uno de los factótum de la federación. Durante su etapa como líder autonómico, Moral Santín fue aupado al consejo de la caja, en 1995. Su último cargo orgánico acabó en 2000, cuando dejó la coordinación regional, pero nunca ha dejado de tener un peso y una influencia indiscutibles dentro de la organización. Pérez, además, ha defendido con vehemencia a Moral Santín incluso después de que fuera imputado por el caso Bankia. Incluso después de que IU federal, una vez vencidas las resistencias de parte de la federación madrileña, presentase una querella contra todo el consejo de administración de BFA-Bankia. En aquel momento, de hecho, acusó al equipo de Lara de "hacer de Torquemada". 

Nombres de Reneses, Gordo, Pérez o Del Val

El pasado fin de semana, cuando ya había entrado en escena el escándalo de las tarjetas, que la militancia recibió con estupor, la asamblea de Madrid ciudad discutió dos resoluciones. Una de ellas, la que perdió pero que recibió 45 votos, pedía la dimisión de Pérez y la entrega de su acta como concejal. La segunda, la que ganó, con 90 apoyos, pedía la creación de una comisión de investigación, propuesta finalmente tramitada. Un día después, domingo, Pérez aseguró a este medio y a la agencia Europa Press que cuando en julio defendió a Moral Santín en una entrevista "desconocía" los pagos con la visa black, cuya utilización no aprobaba. Y añadió que "nadie en IU" debía asumir responsabilidades políticas por "actitudes personales" de quienes se desviaron de la directriz oficial. 

Las fuentes consultadas de la comisión de investigación no descartan que Pérez vaya a ser llamado. "Nadie tiene bula y, después de todo, no hay tantos cargos de peso que estuvieran implicados en este asunto de la caja", concede un integrante del órgano. Pero eso se verá en las siguientes sesiones. En la reunión de ayer martes, la primera, no se puso el nombre de Pérez sobre la mesa, pero sí se discutió –aunque no se cerró– la posibilidad de convocar a Gregorio Gordo o Miguel Reneses, secretario de Organización de IU federal desde 2008, diputado en la Asamblea desde 2003 y coordinador regional durante un breve periodo, de 2000 a 2002. Otro dirigente en las quinielas es Gerardo del Val, histórico hombre del grupo de Pérez, aunque ahora distanciado de él. La premisa con la que trabaja la comisión es citar a dirigentes de distintas familias, sin "prejuzgar nada". "Queremos actuar deprisa, pero tampoco con la mentalidad de que haya una cabeza de turco ni de que caiga el primero que pasaba por allí. No vamos a pillar al tonto útil, desde luego. Nuestra voluntad es no cerrar en falso la investigación", comentan fuentes del órgano. 

Inquietud interna y posibles decisiones antes de este viernes

En IU-CM, no obstante, sí se tiene la sensación de que no satisfaría a la militancia la defenestración de un cargo de última fila, porque el escándalo afecta a la credibilidad de IU, más aún con las elecciones a la vuelta de la esquina y con Podemos en el cogote. Como se tiene la convicción, compartida desde Olimpo, de que la toma de decisiones será rápida. En cuestión de horas o muy pocos días. Si esta tarde en la ejecutiva no ruedan cabezas, es muy probable que sí haya alguna víctima de cara al Consejo Político Regional, el máximo órgano de dirección, programado para el viernes. Este estaba convocado para abordar la hoja de ruta de cara a municipales y autonómicas, pero inevitablemente se verá contaminado por este asunto. Lo mismo le pasará a la Presidencia Ejecutiva Federal, que se celebrará el sábado. IU es ahora mismo una olla a presión. 

De ahí que muchos dirigentes den por seguro de que antes de este 10 de octubre haya noticias. O bien destituciones o bien dimisiones (y la de Pérez suena como posibilidad). De lo contrario, la situación podría ser más incontrolable, pues la militancia, como aprecian distintos cuadros consultados, está "inquieta y nerviosa". El propio Lara no se anduvo con paños calientes el pasado lunes: "Nos va a afectar, no me cabe ninguna duda".

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha animado este miércoles al candidato europeo del PP, Miguel Arias Cañete, a demandarle por denunciar el posible origen ilegal de los sobresueldos que "se pagan" en su partido y ha recomendado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "menos tacos y más transparencia" sobre estos pagos.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del hemiciclo, la dirigente socialista ha asegurado que "en absoluto" se arrepiente de las palabras que pronunció en el pleno este martes y que provocaron el enfado de la número dos del Ejecutivo, que negó tajantemente relación con dinero negro. "En mi puta vida he recibido un sobre", dijo después la vicepresidenta.

Rodríguez ha pedido a Sáenz de Santamaría a "menos sobreactuación y más normalidad", le ha invitado a responder en el Congreso cuando se le pregunta por este asunto y le ha recomendado "que no diga tacos en el pasillo".

Además, ha lamentado los "insultos" que, según ha dicho, está recibiendo desde las filas del PP y ha subrayado que lo que resulta "indecente" no es denunciar sobresueldos sino "cobrar dos sueldos", aunque ha admitido que "cada uno tiene sus propios valores y considera indecente una cosa u otra".

Mientras tanto, le ha dicho al exministro Arias Cañete, "con toda tranquilidad" que espera la demanda que ha anunciado, pero le ha recomendado, que "puesto que va a estar tanto tiempo en un despacho de abogados estudiando la demanda", también "estudie y valore las consecuencias legales que tiene mentir a la Cámara de forma clara, ocultando información de las relaciones y de los contratos que las empresas que él presidía siendo ministro y diputado tenían con la Administración pública".

Asimismo, ha animado al cabeza de lista del PP en las elecciones europeas que "valore también las consecuencias políticas" de este comportamiento porque, en su opinión, "de los Pirineos para arriba le incapacita como candidato".

Rodríguez ha recordado que el propio Cañete ha admitido este miércoles que cobró dos sueldos, mientras Sáenz de Santamaría "no lo ha negado", y ha exigido a ambos "transparencia" para que aclaren las cantidades que recibieron. Tras garantizar que el PSOE no ha pagado "dos sueldos" a ninguno de sus dirigentes, la portavoz ha insistido en que le parece "una indecencia" que el PP pague estos salarios cuando el Gobierno está rebajando las prestaciones por desempleo de "gente que no tiene ni tan siquiera un sueldo.

A partir de aquí, ha subrayado que en su denuncia no dijo que el dinero recibido por la vicepresidenta del Gobierno fuera en negro, pero sí ha vuelto a hacer hincapié en que los 'populares' deberían haberse hecho una reflexión: "¿De dónde saca un partido tanto dinero para pagar a tantos sobresueldos tan altos?".

En su opinión, dado que las investigaciones y las causas judiciales están "aclarando" que en el PP "existía una doble contabilidad y una financiación ilegal", los dirigentes del partido del Gobierno se deben preguntar si el PP hubiera podido pagarles sin la existencia de cajas B. A su juicio, "sin una financiación ilegal el PP no hubiera tenido tanto dinero".

Así, ha lamentado que, tras su denuncia, sólo le hayan lanzado "insultos", una "reacción" propia de quien "no quiere aclarar, sino solamente ofender". "Menos teatro, menos sobreactuación, menos tacos y menos insultos. Tranquilidad", ha remachado.

Dicho esto, Rodríguez ha querido dejar claro que el PSOE no ha "introducido ningún debate nuevo" con esta denuncia, porque es un asunto que "todo el mundo sabía", y ha avisado de que su partido "no va a aceptar nunca" la intención del PP de que "estos temas ya morirán".

"Eso es lo que piensa Rajoy del caso Gürtel, del caso Bárcenas, de la financiación irregular de su partido. No hablan, no dan información, es la estrategia del PP", ha insistido, para después recalcar que los socialistas no lo van a permitir.

Además, la portavoz ha vuelto a desvincular los sobresueldos del PP de la cesantía que ella cobró cuando dejó la Secretaría de Estado de Cooperación, porque se trataba de una "indemnización legalmente establecida" que han cobrado todos los ministros y exsecretarios de Estado hasta que la derogó este Gobierno. "Nada tiene que ver", ha defendido.

"En mi puta vida he cobrado un sobre". La reacción airada de la vicepresidenta del Gobierno en los pasillos del Congreso daba buena cuenta de su cabreo por la munición dura empleada durante su intervención, desde el escaño, de la portavoz socialista. Soraya Rodríguez la acababa de acusar de cobrar "cerca de 600.000 euros en sobresueldos en los últimos años, aparte del sueldo de diputada, de portavoz de su grupo parlamentario cuando lo era". La portavoz socialista no mostró los papeles que probarían esos sobresueldos cobrados por Soraya Sáenz de Santamaría del PP. "Está publicado", argumentó Rodríguez ante los periodistas. 

infoLibre requirió al Grupo Socialista que le facilitase los documentos, que aclarase de dónde procedían las cifras ofrecidas por la portavoz en el hemiciclo. La primera versión fue la siguiente: "Están en el sumario que está instruyendo Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, en el caso Bárcenas. Es la información fiscal aportada por Génova al juez, y se refieren a las retribuciones percibidas entre 2004 y 2011". Pero se negó a aportar cualquier tipo de documento, con el argumento de que se trataba de "información fiscal, privada".

Además, en el Grupo Socialista destacaron que Rodríguez no aludía a pagos en B, en dinero negro, como había rebatido erróneamente Sáenz de Santamaría, sino a los complementos que el PP pagaba a sus dirigentes y que de hecho figuraba en la contabilidad A entregada a la Audiencia. El problema vendría del origen de ese dinero, y así se lo recriminó la portavoz: "Señora vicepresidenta, ¿no han pensado usted, el señor [Miguel Arias] Cañete y el resto de miembros de su partido, que sin esas cajas B, cuyo dinero es presuntamente ilícito, no hubiera sido posible que ustedes se reembolsaran y metieran en sus cuentas corrientes esos sobresueldos?". 

Las cifras no cuadran

Este periódico le explicó al Grupo Socialista que las cifras no cuadraban. infoLibrepublicó en junio de 2013 un listado con los sobresueldos que Génova pagaba a sus dirigentes en el periodo 2006-2011. En él aparecía Sáenz de Santamaría. De 2006 a 2008, la vicepresidenta había percibido 179.861 euros del PP, y entre 2009 y 2011 el partido no le había pagado nada. Si a ello se suman los cerca de 100.000 euros que cobró en 2004 y 2005, resulta que en el periodo al que se refería Rodríguez (2004-2011), el PP le había ingresado a la vicepresidenta unos 280.000 euros. Y no 600.000.

Sáenz de Santamaría, desde 2004 hasta 2008, ocupó el cargo de secretaria de Política Autonómica y Local del PP. Pero tras las elecciones de marzo de 2008, Mariano Rajoy la eligió como portavoz de su grupo en el Congreso, razón por la que dejó de percibir un sobresueldo de Génova. 

A la vista de los datos aportados por este diario, el Grupo Socialista ofreció una segunda versión: "Es verdad que la vicepresidenta dejó de percibir el sobresueldo del PP a partir de 2008, cuando salta el caso Gürtel, pero ese dinero pasó a pagárselo el Grupo Parlamentario Popular".

Esta versión coincide con una información publicada el pasado mes de febrero por elplural.com, en la que se afirmaba que Santamaría, a partir de 2008, pasó a ingresar un sobresueldo del Grupo Popular superior a los 82.000 euros anuales durante la pasada legislatura. 

Esta cifra coincide con la aportada al Congreso por la propia Sáenz de Santamaría, en su declaración de bienes y rentas, realizada en diciembre de 2011. En concreto, consignó que había cobrado en el ejercicio anterior, 2010, 51.440 euros netos como portavoz del Grupo Popular. Ese sería el plus pagado por la dirección de su grupo, más allá del sueldo abonado por el Congreso (cerca de 90.000 euros brutos, divididos en 14 pagas). En cifras brutas, por tanto, ese plus sobrepasaría los 80.000 euros. 

infoLibre preguntó al equipo de la vicepresidenta si era cierto que, los casi cuatro años en que ejerció de portavoz del Grupo Popular, había cobrado más de 80.000 euros brutos de plus. No hubo respuesta.

A la vista de todos estos datos, parece razonable concluir lo siguiente:

Soraya Rodríguez se ratifica en Twitter

Tras finalizar el debate, el PSOE emplazó a la vicepresidenta a aclarar si hizo constar sobresueldos del PP en sus declaraciones de Hacienda y en sus declaraciones de bienes entregadas al Congreso. Y Rodríguez, por su parte, ratificó sus acusaciones en su cuenta de Twitter: 

La opacidad que ha reinado en el Parlamento desde la Transición ha posibilitado, en buena medida, que los partidos hayan podido disfrazar las retribuciones pagadas a sus dirigentes. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), la ley estatal marco, en su artículo 157, declara "incompatible" el mandato de senador o diputado con el desempeño de cualquier otro puesto "retribuido mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Vista esa prohibición, los dirigentes han enmascarado como "dietas" o "gastos de representación" los pagos de sus respectivas formaciones políticas.

En el caso del PP, han sido muy sustanciosas. Pero el PSOE también lo ha hecho, aunque las cantidades están a años luz. Los socialistas, pese a que repudian toda comparación con los conservadores, sí reconocen que los dirigentes de la ejecutiva federal que a su vez tienen cargo público cobran de la institución en la que trabajan y sólo a los que tienen un salario más bajo ("en torno a cinco"), se les "compensa" con un pago de 448 euros brutos (300 netos), como ya apuntaba infoLibre en junio pasado. ¿Qué se entiende por salario bajo? Los que perciban menos del sueldo de presidente de comisión, que rondan los 85.000 euros. 

Sólo el 5% de los españoles admite que trabaja en negro, pero hasta el 33% conoce a alguien que se encuentra en esa precaria, e ilícita, situación laboral. El Eurobarómetro sobre Trabajo no Declarado que acaba de publicar la Comisión Europea revela que España y Eslovenia son los países donde más ha crecido el número de personas que declaran trabajar pero no cotizan –ni ellas ni sus empresas– a la Seguridad Social o pagan los impuestos correspondientes. Dos puntos más desde 2007, cuando se hizo el anterior sondeo. También son un escaso 5% los españoles que reconocen percibir parte de su sueldo en negro. Aun así, suman dos puntos más que la media de la Unión Europea. Sólo Grecia supera la cifra –con un 7%–. Además, otro 8% de españoles se negó a contestar a esa pregunta de la encuesta, el mayor porcentaje de los 27 países incluidos en la muestra. En cualquier caso, los autores advierten de que las cifras de la encuesta deben interpretarse como “el umbral inferior” del trabajo no declarado que realmente se realiza.

“Las diferencias entre el trabajo en negro real y el que se declara son más significativas en países donde algunas formas de trabajo sumergido son tan comunes que no se perciben como trabajo en negro y, por tanto, no se declaran como tales; donde hay una persecución muy estricta de quienes son descubiertos trabajando en negro, y donde la opinión pública muestra poca tolerancia hacia las personas implicadas en el trabajo sumergido”, explican los autores de la encuesta.

Esas diferencias entre países son patentes incluso con los datos declarados. Por ejemplo, para calcular el dinero que ganan los trabajadores en negro en Europa, los técnicos de la Comisión Europea hallaron la mediana –el valor que ocupa el lugar central de una serie de datos ordenados de menor a mayor–, en lugar de la media, de esos salarios. Resultó ser 300 euros al año. Pero en los países nórdicos –Dinamarca, Finlancia y Suecia– son más elevados: 465 euros. El 46% de los europeos declara no ganar más de 500 euros al año; el 20%, menos de 100 euros; un 11% consigue llegar a mileurista. No obstante, en los seis países del sur europeo –Grecia, Chipre, Italia, Malta, España y Portugal– destaca el hecho de que el 30% de los encuestados rehusó contestar a la pregunta, el doble de la media de la UE, y 10 veces más que en los países nórdicos.

Otro tanto ocurre con la parte de los salarios que se cobra pero no cotiza. En la Unión Europea los sobres en negro suponen un 36% de los ingresos anuales brutos de los trabajadores que cobran de esta manera. De media. Pero en los seis países del sur el salario en negro asciende al 69% de los ingresos. En los países nórdicos no supera el 7%. Para la tercera parte de los encuestados del sur, además, los sobres equivalen a entre el 75% y el 100% de sus ingresos, por sólo un 9% del resto de los europeos con esa proporción.

Retrato del trabajo sumergido

La siguiente lista de datos dibuja el retrato del trabajo sumergido europeo. Para las mujeres, el salario en negro supone el 45% de sus ingresos anuales, mientras que para los hombres sólo el 29%. El 69% de quienes declaran cobrar en un sobre parte de su sueldo abandonaron los estudios a los 15 años. Y se trata en un 41% de trabajadores manuales. Más de la mitad están empleados en empresas de menos de 20 trabajadores. Sólo el 7% han sido contratados por compañías de más de 500 trabajadores. El 37% cobra en negro su trabajo habitual, y el 31% las horas extraordinarias. Los sectores donde es más habitual eludir la cotización son las reparaciones del hogar y el automóvil, la limpieza y jardinería, el cuidado de niños y la hostelería.

La encuesta desvela más diferencias entre el sur, la zona más azotada por la crisis económica, y el resto de la UE. Mientras que la mitad de los europeos señala que el motivo por el que trabajan en negro es que ambas partes –empleado y empresario– se benefician del arreglo, en el sur sólo lo aduce el 26%. En estos seis países el 41% aduce que no ha podido encontrar un trabajo legal. Y el 26%, que no tiene otra manera de conseguir ingresos, 11 puntos porcentuales por encima de la media comunitaria.

Es más, cuando se pregunta a los españoles por qué creen que existe el trabajo sumergido, el 45% lo achaca a la falta de puestos de trabajo en el mercado laboral, por sólo un 29% en el resto de Europa. Una respuesta lógica en el segundo país con mayor tasa de paro de la UE, el 26,03% según la EPA, sólo por detrás de Grecia. Los seis millones de desempleados también explican, según los autores de la encuesta, que España sea el segundo país –una vez más sólo detrás de Grecia– en que más ha crecido –seis puntos porcentuales– el número de personas que afirman conocer a alguien que trabaja en la economía sumergida.

También el trabajo en negro tiene peores consecuencias para los implicados en los seis países del sur. El 37% carece de Seguridad Social y el 34% de seguro de accidentes; esto es, 17 y 15 puntos porcentuales por encima de la media europea, respectivamente. Además, en España, Italia, Grecia, Portugal, Chipre y Malta el 15% de los encuestados advierten un mayor riesgo de perder su precario empleo, el doble que en el resto de la UE.

“Totalmente inaceptable”

Mientras el 53% de los europeos, como media, cree que los trabajadores en negro tienen “poco” riesgo de ser descubiertos, son seis puntos porcentuales más los españoles que opinan lo mismo, 10 puntos más que en 2007. Es decir, con la crisis ha bajado la percepción sobre la eficacia de los controles públicos en este tipo de prácticas. De hecho, un 19% de los encuestados en España asegura desconocer qué sanciones sancionesrecibe el trabajo sumergido, siete puntos más que el resto de los europeos.

Abrumadoramente mayoritario es el rechazo de los europeos al incumplimiento de las obligaciones fiscales y de cotización del trabajo. La práctica que menor tolerancia suscita es el cobro de ayudas sociales sin tener derecho a ellas: un 90% lo considera “totalmente inaceptable”. En España el rechazo de este comportamiento ha crecido seis puntos desde que estalló la crisis. Lo curioso es que los menos tolerantes con el trabajo sumergido son los chipriotas, seguidos de los tres países nórdicos y Grecia, Malta y España. Los ciudadanos más permisivos, por el contrario, viven en los países del este: Lituania, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Estonia.

Así, en España el 91% considera totalmente inaceptable la evasión fiscal –siete puntos más que en 2007–, por sólo el 53% de los letones. Aunque los españoles declaran su rechazo a estas prácticas elusivas por encima de la media comunitaria en los siete supuestos por los que pregunta la encuesta, no deja de llamar la atención que casi un tercio considera “aceptable” o “bastante aceptable” que un trabajador no cotice a la Seguridad Social ni declare a Hacienda el salario abonado por otro particular. En cualquier caso, es éste el caso que menos rechazo suscita entre los europeos en general: un 67%.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso de los papeles de Bárcenas, Pablo Ruz, envió anoche a la Policía Judicial a la sede del PP, en la calle de Génova de Madrid, para que los agentes se hicieran con la documentación relacionada con los supuestos pagos en negro del PP. Entre estos documentos se incluyen los relacionados con la remodelación de la propia sede entre 2005 y 2011. Por estas obras están imputados el arquitecto Gonzalo Urquijo y Cristóbal Páez, exgerente del partido de Mariano Rajoy. 

El juez Ruz incorpora un duro reproche al PP por "omitir" la entrega de documentos requeridos ya en verano. El magistrado lamenta que el partido esté utilizando la Fiscalía Anticorrupción pese a haber sido expulsado como parte en los casos Gürtel y Bárcenas y deja constancia de que el representante legal del PP aportó recientemente documentos que hasta el momento no habían sido facilitados al juez: El auto desmiente así la versión difundida por el PP pasada la media noche de ayer jueves y según la cual los documentos entregados a Anticorrupción ya estaban en poder del juez desde el verano.

"Se ponen de manifiesto nuevos documentos relevantes para la presente instrucción, que sin embargo son aportados mediante fotocopia, incluyendo entre otros órdenes de pago y recibís con diversas anotaciones manuscritas y firmas estampadas sobre los documentos, cuyo contenido, sin perjuicio del pertinente análisis, pudiere aportar elementos de interés por cuanto no eran conocidos hasta el momento, no habiendo sido aportados antes por la formación política pese al requerimiento cursado", especifica el juez en un auto de este jueves y conocido hoy [consulta aquí el PDF]. En la práctica, el juez está acusando –en el sentido coloquial del término– al PP de ocultar pruebas sustanciales para la causa.

"Conduciendo todo ello, en consecuencia, a la constatación de que obra en los archivos del PP determinada documentación relativa a los extremos objeto de instrucción, cuyos originales deben ser traídos a las actuaciones, al resultar ineludible para la correcta investigación de los hechos, y ante la evidencia de su indebida aportación en forma por el PP cuando fue requerido", completa el magistrado en su auto, en referencia a informes de Hacienda y la Policía.

Así consta en el auto de requerimiento judicial dictado este jueves, por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, que ordenó al PP "la entrega de la totalidad de la documentación de cualquier género que obrara en los departamentos de Tesorería, Gerencia, Contabilidad, Caja y Auditoría Interna relacionada con las obras llevadas a cabo por Unifica, así como la información adicional en soporte papel o digital que guarde relación con los hechos".

888.000 euros que podrían haberse pagado en negro

El magistrado también solicitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se hicieran con los elementos documentales que podrían estar relacionados con la imputación por un delito fiscal de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y del exgerente del PP Cristóbal Páez.

El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 y dos miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), uno de ellos experto en informática, se personaron en la sede de los conservadores pasadas las ocho y media de la tarde para obtener facturas sobre las obras de reforma que realizó entre 2005 y 2011, que fueron solicitadas por el juez y no se aportaron a la causa. El juez sospecha que una parte, en concreto 888.000 euros, podrían haberse pagado con dinero negro.

La comisión judicial ha permanecido en la sede central del partido conservador durante más de 14 horas. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los agentes han escaneado documentación y accedido a varios ordenadores situados en la planta sexta del edificio, donde se encuentran los departamentos de gerencia, tesorería e informática.

En el auto de requerimiento judicial dictado este jueves por Ruz se ordenó al PP "la entrega de la totalidad de la documentación de cualquier género que obrara en los departamentos de Tesorería, Gerencia, Contabilidad, Caja y Auditoría Interna relacionada con las obras llevadas a cabo por Unifica, así como la información adicional en soporte papel o digital que guarde relación con los hechos". Ruz  sostiene que Unifica, la empresa que reformó la sede del PP, y este partido "generaron" documentos para certificar y facturar estas obras con el objetivo de "dar cobertura a una facturación oficial ficticia". Ruz también advierte indicios de que el resto de los trabajos se abonaron con "fondos ajenos que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas de los denominados papeles de Bárcenas".

Los agentes han permanecido en la sede central del partido conservador durante más de 14 horas. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que se ha escaneado documentación y accedido a varios ordenadores situados en la planta sexta del edificio, donde se encuentran los departamentos de gerencia, tesorería e informática.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz Pablo Ruzha confirmado la existencia "a nivel indiciario" de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el Partido Popular que habría sido utilizada para pagar el 30% de la cantidad percibida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de remodelación de la sede central de la formación, en la calle de Génova, 13, de Madrid, entre los años 2005 y 2011.

En un auto dictado este viernes [ver aquí en PDF], el magistrado instructor del caso Bárcenas señala que esta supuesta contabilidad B habría sido "continua en el tiempo" y se habría desarrollado "al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".

El juez de la Audiencia Nacional destaca también que el informe policial determina la realidad de los apuntes contables consignados por Luis Bárcenas en los denominados papeles de Bárcenas con respecto a las anotaciones de salidas o entregas de dinero en efectivo a Gonzalo Urquijo, como arquitecto y responsable de la mercantil Unifica, encargada de las obras de remodelación de la sede del PP en Madrid. La Policía Judicial llega a esta conclusión después de comparar la contabilidad B de Bárcenas con los documentos requisados en el registro realizado a la empresa que remodeló la sede del PP. 

Esta contabilidad, añade, "habría sido utilizada en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto y responsable de la empresa Unifica", que realizó las obras de reforma de la sede entre 2005 y 2011. En su resolución, el juez Ruz sostiene que los pagos no se habrían reflejado "ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o B llevada en el seno de la citada formación" y de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Álvaro de Lapuerta Quintero. A su vez, Ruz informa de que tanto el propio Bárcenas como su entonces número dos, Cristóbal Páez, tendrán que responder de los hechos como presuntos cooperadores necesarios de un delito contra la Hacienda Pública. 

El juez destaca, además, que Cristóbal Páez participó de forma activa en las decisiones y seguimiento de las obras de reforma de la sede del PP: "Siendo también el encargado de visar las facturas que emitía la empresa Unifica". Con Páez, ya son cuatro los responsables de la Tesorería del PP imputados en los casos Gürtel y de los papeles de BárcenasPáezcasos Gürtellos papeles de Bárcenas. En este caso Páez fue gerente con María Dolores de Cospedal como secretaria general.

Además de los nuevos imputados, el magistrado Pablo Ruz apunta a la existencia de indicios en la actuación del PP de presuntos delitos de falsedad documental o contable. Desde diciembre de 2012 la reforma del Código Penal permite la posibilidad de imputar delitos a los partidos políticos como personas jurídicas.

Obras en el despacho de Mariano Rajoy

Para completar la investigación, y a petición de la Policía Judicial, el juez Ruz ha solicitado a la empresa Unifica las facturas, presupuestos, certificaciones finales y todos los documentos que posean de los trabajos realizados y cobro de los mismos en la anterior sala de prensa del PP, ubicado en la segunda planta, pero también las obras del despacho de dirección de la planta séptima, la del presidente del partido Mariano Rajoy. Y lo hace para determinar si estas obras también fueron abonadas en negro.

El auto de la Audiencia Nacional pone en evidencia las declaraciones realizadas por la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tras la publicación de los papeles de Bárcenas en el diario El País, en las que aseguró que la contabilidad de su partido "es única, clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas". Además, dijo que no tenía "nada que ocultar" al considerar que las cuentas de la formación política siempre se han sometido a la ley.

Esperanza Aguirre

En otra providencia el juez pregunta además al fiscal en qué condiciones debe declarar como testigo la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, segun los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fuentes del Partido Popular consultadas por infoLibre sostienen lo siguiente: "Hay una única contabilidad en el Partido Popular que es la enviada al juez Ruz y que, a su vez, está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. En ella constan todos los pagos y cargos hechos por el Partido Popular".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó pronunciarse este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el auto del juez Pablo Ruz que confirma la existencia de una contabilidad B en el PP por el pago de las obras en su sede. La mano derecha de Mariano Rajoy se limitó a señalar que el Ejecutivo trabaja en una ley de control económico-financiero de los partidos políticos.

En la línea habitual del Gobierno, Sáenz de Santamaría expresó su respeto a la decisión judicial. "Una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama Ley de Control económico-financiero de los partidos, que es donde tenemos que trabajar", recalcó.

Mariano Rajoy anunció el pasado febrero un paquete de medidas a favor de la regeneración democrática y contra la corrupción. A día de hoy, el PP negocia con el resto de grupos parlamentarios a fin de lograr un texto consensuado. El Ejecutivo ha avanzado su intención de llevar esta ley en solitario al Congreso de los Diputados si los partidos no se suman.