La gestión del espantoso desastre de la dana, en las ciudades y pedanías de comarcas de Valencia y en Letur (Albacete), las poblaciones más afectadas, ha dado lugar a mensajes tan aparentemente obvios y convincentes en su simplicidad, como –a mi juicio– engañosos, cuando no ejemplos de manipulación.

Uno de los más efectivos es el que apela a la contraposición entre el pueblo –siempre adornado de todas las bondades– y el Estado, con frecuencia presentado como una bestia insaciable, caricatura en la que coinciden los neoliberales iletrados pero poderosos (Milei o Trump son algunos de esos analfabetos funcionales y exitosos políticos) y de otros enemigos del sistema que, por el contrario, son ilustrados pero nada poderosos, como les sucede a buena parte de la tipología de los anarcas y anarquistas (Jünger nos enseñó la diferencia).

En lo que se refiere a la dana en Valencia, se puede ejemplificar esa tentación mediante el contraste entre las imágenes de miles de ciudadanos que dedican su tiempo y sus recursos, altruistamente, a tratar de ayudar a los damnificados (los ríos de gente que cruzan el “puente de la solidaridad” que une el casco de Valencia con un barro periférico fuertemente afectado, el de La Torre, quedarán en nuestra memoria para siempre) y las quejas por el abandono que viven esas poblaciones, denunciadas por alcaldes de todo signo político y por sus habitantes y sintetizadas en la frase “en estos días aquí no hemos visto ningún uniforme” (militar, bomberos, policía, guardia civil), con la que se proclama la ausencia del Estado, denunciada también por personas que influyen en la vida pública pero que no parecen conocer la situación, como el habitualmente ponderado Antonio Banderas, que proclamaba en un tuit su indignación por no ver al ejército en las calles de esos pueblos. Para opinar, conviene hacerlo desde la base de un mínimo conocimiento de la realidad de este desastre y también, del marco normativo y competencial de situaciones de emergencia que, por supuesto, también ha dado para la disputa partidista.

Lo que trato de señalar es que hay no poco que matizar sobre el buen pueblo. Soy de los que ha aprendido acerca de lo que significa que el pueblo es el sujeto de la política, leyendo por ejemplo a Ranciére, que enseña que la democracia es ante todo lucha por la democracia, por el poder de las gentes reunidas como pueblo (y hoy, más allá de la condición de nacimiento o pasaporte), porque los sistemas políticos tienen como hilo común, en no poca medida, el miedo al poder del pueblo. Como también he aprendido de Thoreau, Fromm, Zinn o Chomsky, la necesidad democrática de la desobediencia civil: la indignación, la frustración ante la incompetencia de sus gobernantes, no digamos la rabia, es una buena razón para la protesta. Pero si uno ha leído a Canetti, o ha visto películas como La jauría humana, Matar a un ruiseñor o Grupo salvaje, sabe bien que el pueblo es tantas veces también masa, moldeable por demagogos de toda laya, de Hitler, Stalin o Mussolini, a Milei, Bolsonaro o Trump. Y que, en situaciones extremas, sale lo mejor y lo peor de todos nosotros: altruistas y saqueadores. Bien es verdad que, afortunadamente, como hemos visto en Valencia, aquellos son muchos más que éstos. En cualquier caso, bueno es que todos aquellos que se dediquen a la política tengan bien presente la advertencia de las Mémoires de un contemporáneo de Mazarino, el cardenal de Retz (tantas veces mal atribuida a Lichtenberg), escritas en 1675: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”.

Y también hay que matizar, y mucho, sobre la pretendida ausencia del Estado. Para empezar, sobre la eficaz falacia de que todos los políticos son incompetentes, cuando no ladrones. Por ejemplo, he leído en estos días a un ilustre hispanista sostener la afirmación, tan atractiva como –a mi juicio– tramposa, de que la corrupción e incompetencia de nuestra clase política hoy, es la misma –sin solución de continuidad– que denunciara Valle Inclán en Luces de Bohemia. Queda muy bien, pero es una falsedad colosal. Que el poder político corrompe, como sentenciara Lord Acton, y casi siempre a manos de los poderes de facto, no significa que no se haya avanzado nada, también en España, para controlar al corrompido (aunque sea a posteriori) y también –menos, la verdad– al corruptor. En un Estado de Derecho que funcione, y el nuestro, con todos sus defectos, lo es, la actividad de la administración pública está sometida hoy a controles normativos (por ejemplo, la Ley de Contratos del Sector Público), de diferentes instituciones (como el Tribunal de Cuentas) y al contraste ante los tribunales de justicia, que establecen responsabilidades y sanciones: económicas, administrativas y, si es preciso, penales. Nada que se pueda comparar a las denuncias de Larra o Valle.

Como escribía el profesor Juan Romero, sonroja tener que recordar que tan Estado son las Autonomías y los Ayuntamientos, como el gobierno y la administración pública central. Más penoso es tener que subrayar obviedades como que, sin lo que llamamos Estado, y en concreto, sin un modelo como el del Estado social, serían muy difíciles buena parte de los avances en ciencia ni investigación (por ejemplo, los que no están al servicio de intereses empresariales, que son legítimos en principio, claro), ni habría salud pública, ni educación pública, ni sistema de pensiones, ni seguridad social.

Si queremos sacar de verdad lecciones, la cuestión no puede centrarse en reiterar lugares tan comunes como falsos. No vamos a mejorar si nos quedamos en la apología del pueblo (al fin y al cabo, sí, el soberano) y la execración del malvado Estado. Mejor sería estudiar cómo corregir, a fondo si es preciso, cuestiones tan concretas como importantes en relación con la respuesta al cambio climático, tal que el marco normativo y la ejecución de los sistemas de prevención y alerta y, más aún, los protocolos de colaboración institucional entre los agentes del Estado, las diferentes administraciones. Corregir en lo posible las aberraciones urbanísticas que hemos cometido, contra las enseñanzas básicas de la ciencia (geógrafos, geólogos, climatólogos, por ejemplo), por no decir los cinco puntos de la agenda que propone el profesor Romero en el artículo que he citado.

No podemos perder de vista que el sentido de la acción del Estado, de la acción política, es, desde luego, el mejor servicio a los ciudadanos, algo que no parece haber entendido la todavía hoy (a mi juicio, inexplicablemente) consellera de turismo de la Comunitat Valenciana, la señora Nuria Montes, que trata a las familias de los muertos y desaparecidos con la misma displicencia con la que imagino trataba a sus subordinados en su empresa hotelera. Quizá porque no ha entendido que su función como consellera de turismo no es defender los legítimos intereses de esa patronal, sino los de los valencianos, sea cual fuere su relación con los establecimientos de hostelería.

Debemos reconstruir. Pero con sentido común y con la guía de la prudencia, lo que significa la guía de la ciencia. Sin arrojar al niño con el agua sucia, pero limpiando todas las cloacas que podamos, ahora que aún podemos.

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Los cinco votos que el PNV tiene en el Congreso son decisivos. De ahí que tanto PP como PSOE hayan reaccionado con mucha prudencia a la propuesta lanzada este jueves por el lehendakari Iñigo Urkullu en un artículo en El País para abrir el debate sobre el modelo territorial en España, coincidiendo con las negociaciones de la investidura.

Lo que el dirigente vasco ha puesto encima de la mesa, justo cuando Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo más dependen del respaldo de los partidos soberanistas, es superar la “descentralización política y administrativa” de 1978 y buscar un acuerdo para desarrollar un “nuevo modelo de Estado territorial” sin necesidad de reformar la Constitución.

Urkullu propone la convocatoria de una Convención Constitucional limitada a pactar una reinterpretación del modelo territorial establecido en la Carta Magna y a través de la cual aspira conseguir “el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. 

Lo que busca el lehendakari es una “forma flexible y creativa de plantear una salida a la actual encrucijada política” a través de una “interpretación constitucional específica que, sin necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado”. En particular en las comunidades “que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978” (Galicia, Euskadi, Cataluña y Navarra). 

La propuesta de Urkullu es coherente con el programa con el que el PNV se presentó a las elecciones. En él denunciaba “la inflexibilidad para con el reconocimiento de la pluralidad nacional, ya que constituye la llave para encontrar soluciones duraderas a la convivencia”, y apostaban por seguir “intentando propiciar el diálogo, la negociación y el pacto en la búsqueda de soluciones”. El PNV defiende “el reconocimiento nacional de Euskadi y la bilateralidad en relación con el Estado a través de un ejercicio compartido de la soberanía”.

La iniciativa de una convención constitucional ofrece además a los nacionalistas vascos una narrativa propia en a menos de un año de las elecciones autonómicas vascas, en las que el PNV tiene que hacer frente al desafío de ganar a EH Bildu. Todos los movimientos del partido que dirige Andoni Ortuzar tienen muy presente lo que se juegan el año que viene y eso afecta directamente a los acuerdos de investidura en el Congreso.

No está claro, sin embargo, si el PNV llevará el Plan Urkullu a la mesa de negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez (su portavoz, Aitor Esteban, ya anunció en su día que la reunión con el PP sería de mera cortesía porque no tienen intención de acordar nada con esta formación mientras mantenga alianzas con Vox). 

De momento, la idea ha sido recibida con frialdad por los partidos independentistas catalanes y con simpatía, en cambio, por el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Junts, consciente de la relevancia aritmética de sus siete escaños en el Congreso, ni siquiera ha hablado de la idea de Urkullu. Su líder, el eurodiputado Carles Puigdemont, hará públicas el martes desde Bruselas las condiciones que va a poner para apoyar una investidura. 

Esquerra, a través de la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, manifestó su respeto por la propuesta, pero remarcó que su apuesta sigue siendo la amnistía y autodeterminación. En Cataluña, argumentó, existe una “mayoría social y política que apuesta por la autodeterminación y la amnistía", por lo que este es el marco de negociación que plantea el Govern.

La tibieza del soberanismo catalán ante el Plan Urkullu contrasta con el empeño con el que Junts y Esquerra defendieron, en 2018, una vía parecida. En agosto de aquel año, el Govern planteó al recién constituido Gobierno de Pedro Sánchez la formación de un “grupo de trabajo”, en palabras del conseller de Acció Exterior, Ernest Maragall, sin capacidad de decisión, integrado por representantes institucionales y expertos en Derecho Constitucional y dirigido a explorar la búsqueda de soluciones políticas que hiciesen posible el ejercicio del derecho a decidir.

El Gobierno de España, representado en la reunión por la entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, rechazó desde el principio la propuesta. No aceptarían, dijeron entonces, un grupo de trabajo en esos términos ni en el seno de la comisión bilateral ni en ningún otro ámbito. El camino para plantear las demandas del Govern, explicaba en aquel momento Batet en rueda de prensa, era una reforma del Estatut, que exige una mayoría de dos tercios del Parlament y eventualmente el apoyo de los ciudadanos catalanes a través de un referéndum. Esa sigue siendo, a día de hoy, la propuesta de Sánchez para Cataluña.

Cinco años después de aquella reunión, urgido por la necesidad de llegar a acuerdo de investidura en el Congreso y a la vista de la iniciativa planteada por el lehendakari, el Gobierno se ha mostrado mucho más dispuesto a escuchar. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, la consideró “muy legítima” y, aunque aseguró que no es la del Gobierno, destacó de ella que busque “puntos de equilibrio y acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional”. Todo lo que sea un “debate constructivo y hacer aportaciones” siempre es positivo porque “todo el mundo es consciente de que nos tenemos que entender entre diferentes”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que previsiblemente el lehendakari anticipó el miércoles su propuesta en una conversación telefónica que ambos calificaron de “franca y provechosa”, ha evitado cuidosamente criticarla. Es más, en una intervención en un acto de partido en Madrid, aseguró estar “abierto a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España”, con la libertad de poder “aceptar aquello que cabe en la Constitución y decir que no a aquello que excede la Constitución”.  

“Prestaremos atención sin duda a todos los [presidentes autonómicos] que nos quieran plantear cosas que, beneficiando a una parte de España, al final benefician a la totalidad de España. Y rechazaremos a todos aquellos que nos quieren plantear cosas que perjudiquen la igualdad real y efectiva de los ciudadanos”, advirtió.  

Las opiniones a favor y en contra se sucedieron a lo largo del día. El presidente andaluz, Juanma Moreno, aseguró que “está bien” dialogar para avanzar en el autogobierno, como plantea el lehendakari, “pero sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución”. También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se manifestó a favor: la propuesta va “bien encaminada”, pero no puede implicar “desigualdades”.

Sin embargo, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), rechazó la idea porque, según él, se basa en la “asimetría” entre comunidades. Es “lo más parecido a la desigualdad”.

El expresident valenciano, el socialista Ximo Puig, saludó la iniciativa y pidió llevarla más allá, en clave federal. “El debate territorial en España no se puede circunscribir solo a Euskadi y Cataluña. No se puede hacer al margen del País Vasco y Cataluña, pero tampoco al margen de las otras regiones y nacionalidades”, defendió.

I.- La conquista de la democracia y el final de la dictadura cambiaron el curso de la Historia de España. Hoy nuestro país no es diferente a las demás naciones de la Unión Europea, pero sí lo ha sido en el pasado. Todos los países europeos occidentales, con los que podamos compararnos, han conocido guerras, revoluciones y algunas dictaduras, pero ninguno ha sufrido, en el plazo de cien años, cuatro guerras civiles y dos dictaduras que han cubierto más de cincuenta años del siglo XX. De otra parte, ningún régimen democrático había durado en España más de seis o siete años, y fuimos los primeros en perder varias guerras coloniales en América Latina y la de 1898 frente a los EEUU, sin contar las de Ifni y el Sáhara. Por consiguiente, se puede afirmar que la Constitución de 1978, expresión institucional de nuestra democracia, rompe con esa desgraciada historia y, por primera vez, se consolida un sistema de libertades que dura ya más de cuarenta años. Por cierto, una Constitución que no solo resiste la comparación con las de los países de la UE, sino que, en mi opinión, es de las más avanzadas de todas ellas. No hay más que comparar el lugar preeminente que ocupan los grandes movimientos sociales –sindicales y empresariales–, o la tabla de derechos fundamentales –entre ellos el de huelga– ejecutivos y no meramente declarativos, como era usual en el pasado. No existe ninguna constitución en Europa que otorgue a los sindicatos el lugar destacado de la nuestra. Por eso me ha parecido siempre un error de bulto el que, desde sectores de la izquierda, no se valore en lo que vale nuestra Ley de Leyes. Lo que demostraría que o no se la han leído o que ignoran que fueron las fuerzas progresistas, y dentro de ellas los movimientos sindicales y estudiantiles, quienes más la pelearon y conquistaron. Luego fueron los partidos políticos, en el Parlamento constituyente, los que negociaron y dieron forma a esa Constitución, que fue votada masivamente por el pueblo español. Una primera mutación sin la cual las demás no podían producirse. 

II.- Sin embargo, no solo de libertades reconocidas en un texto viven los seres humanos, y cuando se conquistó la democracia en 1978, en España no existía un Estado social o de bienestar como el actual y hoy vigente en los países avanzados de Europa occidental. Eso sí, mientras estos últimos, a partir de los años cincuenta del siglo pasado, fueron construyendo el Estado social, nosotros tuvimos que esperar cuarenta años para empezar a levantar el nuestro. Auténtico avance que es de justicia colocar en el haber de las fuerzas políticas, en especial de las izquierdas mayoritarias. Todo ello en coherencia con la definición de nuestro Estado, que se recoge en el art. 1º de la Constitución cuando afirma que España se constituye “como Estado social y democrático de derecho”. Un Estado social y democrático que supone un gran salto respecto al pasado, pues además de comprender las libertades de las constituciones tradicionales, le suma o añade los derechos sociales, componente esencialísimo de una constitución avanzada como la nuestra. Y hay que valorar, igualmente, que estos derechos sociales –educación y sanidad universales y gratuitas, pensiones, etc.– no existen, en la práctica, al margen de la UE, salvo raras excepciones, en ninguna otra parte del mundo. Un avance civilizatorio que es mérito de la política, de los políticos, de los partidos y fuerzas sociales que han empujado en esa dirección.

III.- La tercera gran mutación ha sido nuestro ingreso en lo que hoy se llama la Unión Europea. España siempre ha sido una parte esencial de Europa y de su historia. Tuvimos la particularidad de ser invadidos por el Islam en el 711 y tardamos más de siete siglos en reconquistar la totalidad del territorio hispánico, lo que no quiere decir que a lo largo de ese larguísimo periodo la historia de la península no estuviera ligada, en diferentes momentos, a la historia de Europa. No hay más que recordar, entre otros episodios, la decisiva batalla de las Navas de Tolosa –o de Úbeda– en 1212, en la que participaron, además de los reinos cristianos de la Península incluido el portugués, tropas procedentes de Francia y otros lugares de Europa. Luego, durante dos siglos, a través de la dinastía de los Habsburgo, fuimos actores destacados, sobre todo en guerras, de la historia del continente. Con el Tratado de Westfalia y, sobre todo, a partir de la guerra de Sucesión y la pérdida de las colonias americanas, nuestro papel se fue difuminando en la arena internacional, hasta el punto de que no participamos en ninguna de las grandes contiendas europeas y mundiales del siglo XX. Y no precisamente porque fuéramos una nación pacifista, sino por nuestra gran debilidad como país y nuestra extraña “habilidad” para transformar las guerras europeas en guerras civiles. De tal mala suerte que cuando terminó la guerra del catorce no pintamos nada en el Tratado de Versalles y posteriores acuerdos que moldearon Europa. Y cuando concluyó la IIª Guerra Mundial, la dictadura no solo colocó a España en el lado equivocado, escorada hacia las potencias del Eje, sino que la dejaron fuera de las Naciones Unidas, cual nación apestada por sus connivencias con Hitler y Mussolini. Más tarde, como consecuencia de esta triste historia, nuestro país se quedó fuera del Tratado de Roma de marzo de 1957, origen de la actual UE. De esta amarga manera, por causa de la maldita dictadura, quedamos marginados, una vez más, del acontecimiento más trascendente de la historia contemporánea de Europa. No fue hasta 1986, treinta años más tarde, cuando el Parlamento democrático español, por unanimidad, nos entroncó y vinculó de nuevo con Europa y su Historia, anclando a España, espero que para siempre, en el destino de la UE. Este acontecimiento decisivo lo logró la democracia, la política, los partidos y las fuerzas sociales que lo apoyaron. Con este acto, se consumó la tercera mutación de nuestra historia, junto con la conquista de la democracia y con la construcción del Estado social. 

IV.- Sin embargo, donde el país ha fallado ha sido en lo que califico de “cuarta mutación pendiente”, es decir, en la modernización de nuestro sistema productivo o económico, hasta los niveles de los países avanzados de Europa. El capitalismo español, expresión de una determinada burguesía, adolece de debilidades y deformaciones evidentes, que no han sido superadas de manera suficiente durante el periodo democrático. No se trata, en estas breves líneas, relatar la historia del capitalismo nacional. Solo dejar señaladas las que entiendo que son sus principales disfunciones o debilidades. La primera de todas, la escasa inversión en I+D+i, que, si ha sido escuálida la totalidad, la parte aportada por las empresas privadas ha sido ínfima a lo largo de los años. Del 1,24% del PIB, la mayor parte ha sido siempre de la inversión pública, y el I+D+i es la palanca y fundamento de toda modernización de la economía. Luego, y como consecuencia de lo anterior, trae causa nuestra debilidad industrial. Como parte de la riqueza nacional, la industria se encuentra por debajo del 14% del PIB, muy inferior a Italia, Suecia o Alemania. Esta anorexia en investigación, innovación e industria ha conducido a bajos índices de productividad del sistema. El exceso, durante años, en inversiones en el sector inmobiliario, ligado al financiero y, más tarde, al turismo, ha estado en la base de nuestra vulnerabilidad, como quedó acreditado en la crisis del 2008 y luego con ocasión de la pandemia del covid-19. Además, somos el país en el que abunda más el minifundio empresarial, con un océano de pymes y micropymes. En una palabra, mientras contamos con notables y meritorios sectores avanzados que compiten en los mercados en condiciones adecuadas, todavía subsisten amplios sectores económicos, lo que llamo el “capitalismo cutre”, que suponen un lastre para el conjunto del sistema. Un capitalismo que intenta competir en bajos salarios; se ampara en la economía sumergida; con contratos a media jornada y trabajo a jornada completa; que transforma los periodos de prueba sucesivos en eventualidades; que elude el pago de los impuestos; que subcontrata hasta el infinito; que practica el uso de los falsos autónomos, por mencionar solo algunas trapacerías.

V.- No obstante, la mayoría de los medios de comunicación nunca critican estas deficiencias o ilegalidades, y mucho menos si las mismas tienen su origen en las grandes empresas, muchas de ellas auténticos oligopolios. Por lo visto, la culpa de todo la tiene la política, los políticos, los partidos, sobre todo cuando están en el Gobierno y son de izquierdas. Quizá la razón de ello radique en que los medios no dejan de ser empresas y tienen intereses, lógicamente, empresariales, conectados con esos grandes oligopolios nacionales o extranjeros. Y, de otra parte, porque viven de la publicidad, y esta quien la contrata es precisamente esas grandes corporaciones, ya sean de las finanzas, la energía, las grandes cadenas de hostelería, la obra civil o el comercio. Sería conveniente que los medios, y los que en ellos trabajan, comprendieran algún día que, si su función es informar y controlar el poder, entendieran que el Gobierno, los partidos, no son el único poder y, en ciertos aspectos importantes, tampoco el más decisivo. Parece que la Comisión Europea está estudiando cómo atajar el decisivo asunto de garantizar una información plural y veraz, sin intromisiones espurias. Espero que no se fije solo en las procedentes del poder político, sino también en las del poder económico, más difíciles de evitar.

También es verdad lo contrario, que la atonía vital de una comunidad la delata en primer lugar el recurso o queja indiscriminada al Estado ante el menor contratiempo o dificultad, la ausencia de actuación alternativa a la algarada callejera; sean agricultures que tiran frutas y verduras o trabajadores despedidos que claman de forma destemplada al gobierno por un puesto de trabajo alternativo o una jubilación anticipada. Ni siquiera se dirigen contra las empresas las formas convencionales de lucha y protesta de la antañona clase obrera, como si se hubiera asumido ladinamente por todos que el último responsable de nuestra vida y milagros, continuación natural y abstracta del entramado empresarial, la misma cosa, es el estado.

Si esto es así en formas organizativas improvisadas por alguna necesidad concreta, ya ven ustedes cómo van las formas asentadas por la historia, las instituciones o la costumbre. Las casas del pueblo del PSOE languidecen, cerradas y vacías salvo cuando hay que hacer listas electorales, tanto como los viejos casinos de las poblaciones rurales. El Parlamento se ha convertido, por diputados a la fuerza, en silenciosas asambleas de culiparlantes -según la feliz creación de Luis Carandell- o en pandas de chicos de la porra, como las de esos vociferantes -y famosos por ello- diputados del PP. En una vida mortecina y desapercibida transcurren también ya esas viejas organizaciones, antes tan orgullosas y vivas, que son los sindicatos, tanto como las iglesias y las clases de religión, por más ruido medioambiental que provoquen los obispos y su cadena de radio... Walter Lippmann creó, en la década de los años 20, el concepto de "fábricas de consentimiento" para designar una tarea, inexcusable para él, que debían acometer los Estados -a través de sus medios de persuasión colectiva- y que encomendaba a las minorías intelectuales: tamizar, seleccionar, filtrar la información -y consiguientemente, las pautas de pensamiento y conducta- para que llegara al ciudadano común convenientemente dosificada y aséptica. Se trata del viejísimo prejuicio del poder sobre la incapacidad de la gente para pensar, decidir y actuar con cordura. La infantilización de los ciudadanos, en justo equilibrio con la estatalización de los niños -desde los 3 años, piénsenlo bien, el Estado se hace cargo de su educación-, que ha traído como consecuencia esta infantil queja universal en que se han convertido los ciudadanos occidentales, y que podemos ver cada vez que una cadena de televisión hace "entrevistas espontáneas" a los transeúntes por la calle.

Linus Tolvard, el padre del famoso Linux, decía, en una citada afirmación nostálgica a un colega, que echaba de menos los tiempos en que los hombres eran hombres y diseñaban sus propios drivers (esos programitas que hacen funcionar los cacharros informáticos).

Yo echo de menos, o espero -la esperanza no es más que una nostalgia inversa-, los tiempos en que las personas volvamos a ser personas para diseñar nuestros propios controles, nuestras propias organizaciones, nuestras propias vidas...

Manuel Jiménez Friaza es socio de infoLibre

"España tal vez no, pero la democracia sigue yendo bien". Es la principal conclusión y el foco del 13º informe de la Fundación Alternativas sobre la democracia en España, en palabras del coordinador del trabajo, Alberto Penedés, que ha sido presentado –online, como el covid impone– este lunes. A lo largo de casi 300 páginas, politólogos, sociólogos y juristas analizan diversos elementos que ayudan a explicar la salud del sistema representativo en el país: las tensiones territoriales, la inclusión en la agenda del cambio climático, el bloqueo político, los Presupuestos, el impacto de la sentencia del procés o el consumo de medios de comunicación, entre otros. [Consúltalo aquí en PDF]. No se aborda explícitamente el covid, porque, tal y como explican, la organización prefiere cocinar sus análisis a fuego lento; y solo se cubre el pasado año, 2019. Además de las conclusiones de estos expertos, casi 300 de ellos (seleccionados mediante criterios de pluralidad ideológica y territorial, detallan) han contestado, como cada año, a un cuestionario distribuido por la fundación para ponerle nota a la democracia española. Obtiene un 6,1, una nota ligeramente superior a las obtenidas en ediciones anteriores. El problema, coinciden los que han participado este lunes en la presentación, no es la democracia: es un Estado incapaz de solventar muchas de las demandas y necesidades ciudadanas. Y como suele ser habitual, la pandemia ha venido para evidenciar los problemas que ya existían de fondo. 

"La impresión que se impone, ya al menos desde 2019 y de forma pronunciada en 2020, es que tenemos fallas estructurales que afectan al sistema democrático, más que problemas democráticos. No es que las demandas no se canalicen por medios regulares, previsibles y abiertos a la competencia, que las elecciones no sirvan para controlar a los Gobiernos o que el Estado de derecho no funcione. Disponemos de lo que una democracia necesita para proteger nuestra libertad, con todos los problemas que se quiera, pero sin impunes quebrantos. De lo que no disponemos es de eficacia a la hora de resolver los conflictos o incluso los problemas en los que ni siquiera hay mucho conflicto en torno a cuál debe ser la solución; incluyendo, a la vista está en la respuesta a la pandemia, los más dramáticos y urgentes". Es el resumen y el anticipo que elabora Penedés en el informe, y en el que coinciden los expertos: no es la democracia, es el Estado. No como sinónimo de Gobierno –un error común– sino como aglutinador de todas las administraciones e instituciones locales, regionales y nacionales que tienen que responder a la confianza del español y que fallan en ocasiones.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, fue la invitada de honor a la presentación del informe, y se centró especialmente en las palabras de Penedés, señalando "la paradoja de una democracia que funciona y una sociedad que se obstruye". "Falla el Estado, más que la democracia", insistió, y por eso se explica, interpretó, que la nota de los expertos sea benévola mientras el país atraviesa numerosas crisis simultáneas –sanitaria, social, económica, productiva, territorial– de las que nadie es ajeno, y que son las que más se reflejan "en las tertulias y en los periódicos". A pesar de la relativa buena noticia del 6,2 con la que califican al país, "la serie de estudios sobre los diversos ámbitos muestran un panorama muy distinto. Descartan cualquier riesgo de autocomplacencia". 

¿En qué se basa el 6,2? Modesto Escobar, el autor de este capítulo, explica la subida de tres décimas con respecto a la edición de 2018 por "la concentración de los procesos electorales que han tenido lugar en 2019, cuya concurrencia suele conllevar una mejora en las valoraciones". La Fundación Alternativas lleva haciendo este análisis desde 2007, por lo que las comparaciones son interesantes. En los últimos tres años se ha percibido una tendencia al alza, tras el deterioro de las opiniones de los expertos en los años más duros de la crisis; y suelen coincidir los repuntes con los años de convocatoria electoral, porque se tiende a alabar con mayor intensidad la capacidad que tenemos para organizar comicios libres, limpias y justos, sin una sombra de sospecha. También destacan, coinciden los casi 300 expertos consultados, el respeto a los derechos sociales o la capacidad del Estado de Derecho para establecer y hacer respetar las normas comunes. Suspenden, sin embargo, la independencia de los partidos y la prensa, la cooperación entre los distintos niveles del Gobierno o la habilidad del país para dotarse de un Ejecutivo central estable: una carencia muy evidente durante el año pasado. 

Carencias en Presupuestos, desigualdad o capacidad parlamentaria

Pese al aprobado general, una vez que el informe profundiza en los diversos ámbitos se pueden comprobar cuáles son algunas de las principales dificultades del país a pesar de contar con un buen sistema democrático. El consenso territorial, analizan los investigadores Amuitz Garmendia y Sandra León, se ha roto por las consecuencias de una crisis económica que, en parte, ha provocado "la deriva soberanista en Cataluña, la radicalización de los partidos nacionalistas que antaño habían servido a la formación de mayorías legislativas estables y el fin del bipartidismo tras la aparición de nuevas formaciones parlamentarias de carácter estatal que intentan capitalizar el descontento". El acuerdo, base de cualquier consenso, es cada vez más difícil.

El politólogo Guillem Vidal, por su parte, alerta de que la calidad de la democracia se ve directamente afectada por uno de los principales deberes de cualquier Estado que se precie: reducir la desigualdad. En su análisis sobre participación electoral, explica que "España no dista de la media de participación electoral a nivel europeo, pero existen importantes sesgos socioeconómicos en la distribución de la abstención que ponen en peligro la igualdad política y, por lo tanto, la calidad de la democracia. (...) En España, la desigualdad política está estrechamente relacionada con la mayor abstención sistemática de los grupos más desfavorecidos, y esta brecha –en particular la brecha educativa– está creciendo".

Su colega Pablo Simón aborda en otro capítulo las causas y las consecuencias del bloqueo político que vivió el país en 2019: señala un "parlamentarismo débil" y un sistema que no permite gobernar al que menos vetos coseche, sino al que más apoyos obtenga: un escenario difícil dada "la alta fragmentación política, la polarización, la volatilidad electoral" y las consideraciones estratégicas de los partidos: por un lado, un Ciudadanos liderado por Albert Rivera que se negó a hablar con el PSOE para formar una mayoría absoluta contundente, y los recelos de los socialistas y de Unidos Podemos para sacar adelante un, denominado posteriormente, "Gobierno de progreso".

Otros análisis arrojan conclusiones interesantes y novedosas: por ejemplo, con respecto al consumo de medios en España: Sílvia Majó-Vázquez y Sandra González-Bailón explican que, pese a lo que normalmente se cree, el español medio suele consultar periódicos y cadenas alejadas de su ideología. El servicio de mensajería instantánea más usado, WhatsApp, es cada vez más utilizado para informarse: lo que, como se ha visto en otros países, es una peligrosa puerta abierta a los bulos y la desinformación. El licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Zaragoza Juan Manuel Andrés, por otro lado, reclama "un refuerzo de la función presupuestaria del Parlamento" para ejercer de vigilante y de contrapoder al gasto del dinero público al que obliga el covid, para asegurar "un control efectivo de su ejecución y de sus resultados en términos de crecimiento económico, de transición verde y digital y de inclusión social". Y Manuel Jiménez Sánchez bautiza al 2019 como el año del "despertar climático" en España, con un aumento vertiginoso de las movilizaciones y de la preocupación por los efectos de la crisis climática, pero advierte: tanto los negacionistas, como, sobre todo, los indiferentes ante el reto crecen, lo que puede desembocar en aún más inacción para frenar el calentamiento global, a pesar de los pasos en la buena dirección ejercidos por el Gobierno.

Varios de los autores participaron este lunes en una mesa redonda junto al coordinador del informe y moderados por el periodista Joaquín Estefanía. La capacidad del Estado, afirmó Simón, "es de los mejores predictores" de si un país va a abordar mejor o no la pandemia. Y en España, el covid-19 ha venido a resaltar aún más las carencias. Estudios realizados en África, aseguró, reflejan que "los estados que tienen más capacidad son capaces de lidiar con mayor eficacia con ello", aunque reconoció: "No están todos los problemas relacionados con un fallo de la estatalidad". La politóloga Sandra León, por su parte, explicó que se está percibiendo en estos meses entre la ciudadanía "una pulsión recentralizadora que no sabemos cuánto va a durar: puede ser fruto del shock por el estado de alarma". Ante fallos generalizados de lo público, preferimos una administración y no 17.

La analista lleva participando en los informes de la Fundación Alternativas desde el primero, en 2007. Recordó que ya por entonces era evidente la necesidad de "aunar fuerzas", de superar las divisiones en el país –no solo estrictamente políticas– con nuevos consensos. A ello hizo referencia en su intervención Meritxell Batet: "La polarización y el enfrentamiento han alcanzado los grandes consensos constitucionales explícitos o implícitos. Antes, los partidos competían para alcanzar el centro y ahora compiten en radicalidad, en representar los polos más opuestos", lamentó la política del PSOE. España cuenta con una democracia fuerte, pero el país está más roto que nunca: y no se ve una salida fácil a la vista.

La crisis del coronavirus está dejando a la luz evidencias en el mundo y en España. De una parte hemos comprobado la capacidad solidaria de muchas personas, la lucha vocacional de quienes se dedican a trabajos sociosanitarios o lo esenciales que son tantos oficios normalmente invisibles, mal remunerados, temporales y precarios. Pero también estamos comprobando la catadura moral de dirigentes políticos, su irresponsabilidad desmedida y sus espurios movimientos de ambición partidista en momentos que requieren unidad en la lucha común contra un común enemigo: el virus.

La Comunidad de Madrid ha vuelto a convertirse en laboratorio de experimentos para la derecha más ultra y neoliberal. ¿Qué mejor momento para desestabilizar desde Madrid que con una crisis sanitaria histórica y bajo el primer Gobierno de España de coalición, aún sin engrasar? ¿Cómo evitar la tentación de llamar a la desobediencia y al enfrentamiento civil con el aval de Pablo Casado para arañar un puñado de votos de personas lógicamente preocupadas por las incertidumbres del futuro?

La Comunidad de Madrid tiene larga experiencia como laboratorio ultra y neoliberal. Esperanza Aguirre, que llegó al poder gracias al tamayazo, impidió un gobierno de izquierdas que proponía un programa eminentemente social y se convirtió en alumna aventajada de aquella derecha dura norteamericana de Ronald Reagan y británica de Margaret Tatcher. Aquella derecha que resurgió con el Tea Party y tenía al economista Milton Friedman como guía económico, tal como hizo el Chile de Pinochet.

Los neoliberales hispanos comenzaron una lenta pero permanente etapa de privatizaciones de servicios públicos. Al tiempo, las corruptelas se convertían en una auténtica organización criminal de corrupción; se intentaba liquidar el movimiento sindical y clausuraba cualquier atisbo de institución colaborativa, desde el Consejo Económico y Social, al Consejo de la Juventud, pasando por el hoy añorado Instituto de Salud.

Desde la presidencia de José María Aznar, gran valedor de ese laboratorio ultra madrileño, se alentó la burbuja inmobiliaria con su ley del suelo que hipotecaba de por vida a media España. Llegó 2007 y todo saltó por los aires. La Gran Recesión enseñó al mundo que el capitalismo extremo llevaba al desastre. La terrible crisis se abordó al revés de como debía hacerse y a las privatizaciones en Madrid se unieron los recortes.

Entre los años 2009 y 2014, el gasto sanitario liquidado de la Comunidad de Madrid pasó de 7.983 a 6.944 millones de euros, una reducción de 1.038 millones de euros, un recorte en euros corrientes del 13 por ciento, pero si se tiene en cuenta la variación de los precios, la reducción en términos reales llega al 21 por ciento en el período. No podemos olvidar que los recortes se centraron en personal.

Es muy relevante el dato del Ministerio de Sanidad: en el año 2018 el gasto sanitario de la Comunidad de Madrid en proporción al PIB regional es el más bajo de toda España. Madrid se sitúa en un insuficiente 3,6 por ciento del PIB, la última comunidad. Así ha afrontado la región con los gobiernos más neoliberales de España la crisis del coronavirus. Con una sanidad mangas por hombro y con unas residencias de ancianos en manos privadas, donde la tragedia está siendo incalificable.

El desastre en la gestión de Isabel Díaz Ayuso quiere acallarse con ruido de cacerolas y con un mayor giro hacia la derecha disputando a Vox un espacio que ocupa Trump en EEUU; Bolsonaro en Brasil; o ya en Europa, Orbán en Hungría. La presidenta de la Comunidad, de tuit a tuit y de entrevista en televisión amiga a entrevista en televisión amiga ha protagonizado escándalos como el de su apartamento, el reparto de unas mascarillas sin garantías, montar una fiesta en el IFEMA…

Esa radicalización del Partido Popular, consumada al votar en contra del estado de alarma sin ofrecer alternativa alguna, tiene su epicentro en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso, protegida de Pablo Casado y orientada por Miguel Ángel Rodríguez, el conocido MAR.

El calificativo más suave que se viene dedicando a Rodríguez es “controvertido”. Más allá de sus problemas con la justicia tras haber sido fiel escudero de José María Áznar, ha dado muestras permanentes de que se cree un gurú de la comunicación al más puro estilo norteamericano cuya principal ideología está en la billetera. Hace y deshace hasta tal punto que hasta este periódico le considera responsable de hospedar en un apartotel madrileño al Jefe de la Secretaría de Isabel Díaz Ayuso entre mentiras y más que supuestas corruptelas.

Ayuso, como ya hizo Aguirre frente a Zapatero, es la abanderada de la confrontación y la crispación contra el Gobierno de España en las calles y en las instituciones. Desde la Presidencia de Madrid se lanza el mismo mantra que proclamaba Esperanza Aguirre: “El Gobierno de España nos asfixia”, “Zapatero odia a Madrid”… Quizá ahí es donde Díaz Ayuso aprendió algo de política mientras llevaba en Twitter el perfil de “Pecas”, el fallecido perro de Aguirre.

El gran problema es que este azuzar al Gobierno de España buscando desestabilizarlo se hace con redoblada irresponsabilidad porque el PP juega con la salud y la vida de la ciudadanía. La desescalada de la Comunidad de Madrid, epicentro mundial durante bastante tiempo de la pandemia, se está haciendo a golpe crispación en lugar de colaboración.

Desde el Gobierno de Madrid se empuja a España a tomar medidas sin base científica e incumpliendo parámetros obligatorios como la necesidad de contratar a más de 10.000 sanitarios; tener equipos de rastreo, contar en todos los centros sociosanitarios con equipos de protección individual o que los centros de atención primaria estén descongestionados para poder hacer frente a una casi segura segunda oleada de contagios. El Colegio de Médicos y sindicatos “profesionales”, además de CCOO y UGT, contradicen las proclamas sanitarias de la presidenta permanentemente.

Madrid sigue siendo ese laboratorio ultra a pesar del fracaso de lo ultra. Mientras gobiernos de derechas como Castilla y León o Murcia muestran su colaboración con el Gobierno de España para evitar muertes, desde Madrid se alienta la bronca permanente. Una crispación y un ruido, literal, que impide acercar posiciones y acalla la racionalidad del portavoz socialista.

Pactar con un muro es imposible y la derecha PP-Vox llevan en su ADN el enfrentamiento civil. La solución está en manos de la responsabilidad política de la Asamblea de Madrid. No es tiempo de una oposición a Díaz Ayuso caracterizada por un pensamiento débil ni una actitud pusilánime y acomodada porque la derecha vino a destruir lo público y su “nueva normalidad” será más de lo mismo.

El neoliberalismo ya había fracasado antes de que la pandemia afectara a todo el planeta. La crisis mundial que el mundo entero vive da más argumentos a esa anunciada muerte porque se ha evidenciado la relevancia del papel del Estado, de lo público. Donde los servicios públicos estaban siendo relegados -como en Madrid- la respuesta ha sido más negativa

La oposición a Díaz Ayuso debe ser contundente y no puede renunciar a la más elemental pedagogía social en defensa del gasto y la inversión pública. Este enfoque es preciso confrontarlo sin medias tintas ni falsos consensos con una estructurada política de destrucción de lo público, fundamentalmente desde la llegada de Esperanza Aguirre al poder.

No podemos hacernos los ciegos ante la nueva ley del suelo que Ayuso quiere imponer en este río revuelto; no es posible que apunte maneras privatizadoras con el Hospital infantil de referencia en la región. Es increíble que apueste por contradecir a todo el consistorio de la capital y ejecute un aparcamiento en la zona del Retiro.

Toda la ciudadanía es consciente hoy de la relevancia de lo público en situaciones de emergencia. Es por ello el momento de confrontar contundentemente sobre la relación entre las reducciones de la inversión y el gasto público en sanidad, educación, servicios sociales… Ahora estamos viviendo y sufriendo la catastrófica gestión privada de las residencias de ancianos. Estamos también padeciendo la vergüenza de las colas del hambre. La presidenta de Madrid ni se imagina lo que supone para quien necesita acudir a ellas. Ayuso, desde su apartotel de lujo, desconoce lo que es el hambre estructural para una familia. Y el hambre no se combate con caridad, se combate con solidaridad y equidad.

Si no reaccionamos ahora nos arriesgamos a que la historia se repita con un rebrote del virus o con la próxima pandemia, que la habrá, o con los efectos sobre la salud del cambio climático. Si esperamos a que la ansiedad, las incertidumbres y los miedos se diluyan será demasiado tarde y puede que se consoliden las nuevas viejas teorías basadas en recortes, ajustes presupuestarios, etcétera.

Hay que romper esa dinámica de los grupos y partidos de izquierdas, que a veces por convicción, a veces por falta de coraje o por no romper la baraja no se han opuesto a un discurso de nítida confrontación insobornable frente a toda esa orientación destructora de lo público, lo colectivo y lo solidario. La oposición socialista en Madrid no es suficientemente enérgica para liderar el profundo y contundente debate que debería estarse dando con el objetivo de construir y consolidar una salida digna para la ciudadanía.

Es tiempo de patriotismo social y fórmulas keynesianas, muchas de las cuales seguro también se comparten en Ciudadanos. Es necesario un frente amplio basado en el sentido común y ahí puede estar Ciudadanos porque el momento exige dialogar, debatir y ejecutar medidas que no dejen a nadie en la cuneta de la exclusión.

Tenemos que apostar por la pedagogía y explicar que es necesaria una reforma fiscal desde la raíz porque los muy ricos aportan muy poco a la sociedad. Los socialistas tenemos que impulsar a la sociedad con la energía y la justicia de nuestros principios para que la opinión pública recoja el guante y entienda que o salimos de ésta con servicios públicos fuertes, o no salimos. 

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José Quintana Viar. Presidente del Agrupación Socialista de Fuenlabrada. Exalcalde de Fuenlabrada.

Alfonso Roldán Panadero. Periodista. Exdirector de Madrid Sindical (CCOO de Madrid).

Una parte del voto de la derecha y la extrema derecha se moviliza alimentado por creencias basadas en afirmaciones falsas que se difunden a través de las redes sociales y se instalan en el discurso público como verdades incontestables. infoLibre analiza cinco de las más habituales de esta campaña electoral:

  1. El Estado de las Autonomías es muy caro

Una de las afirmaciones más habituales entre quienes apoyan los discursos recentralizadores es que el Estado de las Autonomías es muy caro o, al menos, más caro que un Estado centralizado. Esta tesis, habitual en los argumentarios de la derecha, se contagia en ocasiones a la izquierda y trata de hacer creer que existen servicios duplicados, demasiados funcionarios, administraciones infladas e instituciones innecesarias, lo que provoca un despilfarro de fondos públicos que no tendría lugar si España fuese un país centralizado.

La verdad es que las cifras demuestran lo contrario. El gasto público burocrático en España —el que es achacable al sostenimiento de su administración y de sus instituciones, incluyendo las comunidades autónomas— representa el 2,6% del PIB, dos décimas por debajo de la media europea. Países fuertemente centralizados como Francia o Portugal gastan sensiblemente más, con un 3,5 y un 3,2% de su PIB, respectivamente, según datos de Eurostat del año 2016.

Lo mismo ocurre en cuanto al número de funcionarios. España tiene un porcentaje de empleados públicos sobre el total de asalariados por debajo de la media de la OCDE y de países fuertemente centralizados, como Francia.

  2. Los empleados públicos deben cobrar lo mismo en todas las comunidades

La protesta de policías nacionales y guardias civiles, que reclaman al Gobierno su equiparación salarial con las fuerzas de seguridad autonómicas de Cataluña —Mossos d’Esquadra— y Euskadi —Ertzantza—, se utiliza a menudo como un ejemplo de las desigualdades a las que da lugar el Estado de las Autonomías. Los funcionarios de prisiones ya han recogido la antorcha de la igualación salarial —en este caso en relación con sus compañeros catalanes— y empiezan a oírse las voces de otros empleados públicos —profesores, médicos— cuyas retribuciones están por debajo de los de otras comunidades autónomas.

Las diferencias salariales entre territorios son el resultados de la aplicación del principio de autonomía. Cada comunidad autónoma, en ejercicio de sus competencias y de sus necesidades, tiene capacidad para decidir cuáles son sus prioridades: la inversión en carreteras, la retribución de sus maestros o la construcción de hospitales. La igualación salarial de los empleados públicos por categorías no es posible sin privar a cada comunidad de su derecho a tomar sus propias decisiones.

En opinión de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, la igualación automática del salario de los empleados “no se sostiene de ninguna forma desde el punto de vista jurídico”, al margen, precisa, de la legitimidad que la reivindicación tenga desde el punto de vista político o sindical.

El articulo 2 de la Constitución consagra el régimen de autonomía y de autogobierno de las comunidades autónomas. “Eso implica la capacidad política de cada territorio de decidir sus prioridades políticas. Y una parte importante de la decisión sobre las prioridades políticas”, añade, “es la decisión sobre el gasto y las retribuciones“ de los empleados públicos. Las comunidades autónomas tienen parlamentos precisamente porque tiene capacidad de decisión política, subraya Urías, en eso consiste el autogobierno político. Cualquier otra cosa sería una simple “descentralización: tener las mismas normas aplicadas por órganos diferentes”.

Igualar los salarios plantea además un problema de orden práctico: ¿qué pasaría si después de la equiparación una administración, por ejemplo el País Vasco, sube o baja los salarios de los funcionarios a su cargo? ¿Estaría obligada la administración central a hacer lo mismo?

  3. Los funcionarios tienen derecho a trabajar donde quieran aunque no hablen las lenguas cooficiales

Con frecuencia la derecha, y una parte de la izquierda, defienden que el castellano tenga prioridad sobre las otras lenguas españolas allí donde están reconocidas como cooficiales de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de autonomía, como ocurre en Cataluña, el País Vasco, Galicia, la Comunitat Valenciana, Navarra o Illes Balears, territorios bilingües en los que vive casi la mitad de la población española.

El argumento más habitual es que exigir el conocimiento de las lenguas cooficiales, bien como mérito bien como requisito indispensable para acceder a la función pública en las comunidades donde el castellano no es el único idioma reconocido, supone una discriminación. Y viola el principio de igualdad a la hora de acceder a la función pública.

En realidad es al contrario y así lo han avalado repetidamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Los ciudadanos de una comunidad con lengua cooficial son los que tienen derecho a ser atendidos en el idioma que deseen y no al revés; no es el empleado público —que está al servicio de la comunidad— el que tiene derecho a hablar una sola lengua.

El Supremo estableció en 1990 que el criterio para determinar si resulta o no admisible la exigencia del bilingüismo a la hora de optar a un empleo público depende del hecho de que se trate de puestos de trabajo que impliquen una relación directa con el público. Una circunstancia que es aplicable a casi todos los empleos.

La valoración como mérito de una lengua cooficial o su configuración como requisito tienen también el respaldo del Tribunal Constitucional cuando se base en razones de normalización lingüística y de eficacia de la propia administración, siempre que el nivel de conocimiento exigido sea proporcionado a las funciones a desempeñar por el empleado público.

El soporte legal lo estableció por sentencia el Tribunal Constitucional en 1991. La corte arbitral española reconoció con esa decisión la posibilidad de que la lengua propia de una comunidad autónoma, en ese caso el catalán, no sólo pueda valorarse como un mérito más, sino que también pueda configurarse como un requisito de capacidad para acceder al empleo público.

El TC concluyó que no es “aceptable el argumento de que esa exigencia puede suponer un obstáculo para acceder a la función pública para quien carezca del conocimiento del catalán”. El propio principio de mérito y capacidad, señaló el fallo, “supone la carga para quien quiera acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que aspira”. Por lo que la exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir “es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas”. “No debe entenderse la exigencia de conocimiento del catalán un requisito ad extra, independiente del mérito y capacidad acreditadas, sino, al igual que cualquier otro conocimiento o condición exigida para el acceso a la función pública, una exigencia con cuya acreditación se da satisfacción a dichos principios constitucionales”.

  4. Las delegaciones de Cataluña en el extranjero son ilegales

Muy a menudo la derecha apela a la existencia de embajadas de la Generalitat de Cataluña en el extranjero para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Quienes defienden esta idea, denominan embajadas a las delegaciones y oficinas catalanas en el exterior y omiten que todas las comunidades autónomas tienen o han tenido en el pasado oficinas fuera de España.

También en este caso el Tribunal Constitucional ha establecido la legalidad de estas delegaciones, siempre y cuando se limiten a la gestión de las competencias de las comunidades y no invadan las del Gobierno central.

Una sentencia de 20 de julio de 1989 precisó el contenido de este título competencial, dejando claro que “no puede en forma alguna excluirse que, para llevar a cabo correctamente las funciones que tenga atribuidas, una comunidad autónoma haya de realizar determinadas actividades, no ya sólo fuera de su territorio, sino incluso fuera de los límites territoriales de España”.

La jurisprudencia española ha reiterado este hecho en numerosas ocasiones. Las comunidades autónomas pueden llevar a cabo actividades con proyección exterior que sean necesarias o convenientes para el ejercicio de sus competencias con el único límite de no invadir “la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales” ni perturbar “la dirección de la política exterior que incumbe al Gobierno”.

La acción exterior de las Comunidades Autónomas, según el TC, no se circunscribe siquiera a la Unión Europea. “Aunque en esta los intereses autonómicos pueden verse más intensamente afectados, dadas las competencias de las instituciones europeas, ello no supone que no pueda existir afectación de tales intereses en otros ámbitos. En todo caso, la acción exterior autonómica fuera de la Unión Europea se encuentra admitida en nuestro ordenamiento”.

Además de Cataluña, que es la comunidad con más oficinas y delegaciones en el extranjero, cuentan con organismos semejantes casi todas las comunidades, con independencia de su color político. El País Vasco tiene siete; Canarias y Galicia disponen de tres; Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, Baleares, La Rioja, Madrid, Asturias, Murcia y Comunitat Valenciana tienen una.

  5. Sánchez está concediendo al País vasco lo que ETA no fue capaz de conseguir antes de su disolución

Una afirmación recurrente en los foros de la derecha es que el Gobierno de Pedro Sánchez está otorgando al PNV, a cambio de su apoyo, concesiones que formaban parte de las demandas de ETA cuando la banda terrorista todavía estaba en activo.

La verdad es muy distinta. De un lado, las competencias que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a negociar con el País Vasco no son nuevas: se trata de 37 competencias previstas en el Estatuto de Gernika de 1979competencias —aprobado por las Cortes Generales— y que hoy, 40 años después, siguen en manos del Gobierno español.

Se trata de materias tales como las autopistas en régimen de concesión, determinados servicios aeroportuarios y ferroviarios, ordenación del transporte por carretera, salvamento marítimo, inspección pesquera o paradores de turismo. Entre ellas destacan dos particularmente polémicas, pero que también están avaladas por el Estatuto: la gestión de la seguridad social y las instituciones penitenciarias.

De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cerrado ninguna negociación sobre estas competencias, aunque mantiene la disposición a alcanzar un acuerdo que permita completar de una vez todas las previsiones del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Del mismo modo, el Ejecutivo español tampoco ha otorgado ningún régimen de privilegio a los presos de ETA. Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior en junio de 2018, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado 29 acercamientos de presos de ETA y otros dos de condenados por el GAL siguiendo la aplicación de las mismas normas penitenciarias que estaban en vigor con el Gobierno de Mariano Rajoy. En todos los casos se trata de presos de avanzada edad, con problemas de salud y que han roto con la organización terrorista a la que pertenecían.

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La excarcelación de presos se va convertir en un fenómeno corriente en los próximos años porque el 40% de los 391 condenados por delitos de terrorismo que se encuentran cumpliendo penas de prisión en cárceles españolas quedarán en libertad en un plazo de cinco años, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En concreto, 83 de los 228 etarras y 72 de los 139 yihadistas encarcelados en la actualidad quedarán en libertad y lo mismo ocurrirá con 10 de los 18 condenados por la actividad criminal de los Grapo, así como uno de los seis independentistas gallegos condenados por terrorismo.

El Gobierno de Sánchez sólo ha autorizado traslados individualizados. El único traslado colectivo se produjo con el Gobierno de Aznar entre 1996 y 1998 y con ETA todavía en activo.

El 84,7% de los 60.587 votos registrados en los referéndums sobre el modelo de Estado celebrados en 18 universidades públicas apoyan la instauración una república en España, mientras el 12,1% prefiere mantener la actual monarquía, según los datos ofrecidos por los organizadores de estas consultas y recogidos por Europa Press.

En concreto, 51.339 votos optaron por "abolir la monarquía como forma de Estado e instaurar una república", mientras 7.364 votos se opusieron a esta opción. Las consultas simbólicas en las universidades comenzaron el pasado 29 de noviembre en la Autónoma de Madrid, y cerraron el año el 18 de diciembre con referéndums en las universidades de León, La Rioja, Cantabria y Alicante.

Además, durante el mes de diciembre se han celebrado referéndums en las universidades de Barcelona, Pompeu Fabra, Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Zaragoza, Valladolid, Politècnica de Valencia, Miguel Hernández de Elche y en las madrileñas Carlos III, Complutense y Politécnica. En estas dos últimas, que celebraron la consulta simultáneamente el 12 de diciembre, participaron más de 15.000 personas en una única jornada. "Ha sido un éxito rotundo tanto de organización como de participación. En todos los casos se ha superado con creces la participación que se registra en las elecciones al rectorado de cada universidad, algo que da mucha legitimidad a los resultados", apunta la portavoz del referéndum celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid, Lucía Nistal.

El mayor respaldo a la república se registró en la consulta celebradas en las universidades barcelonesas el 4 de diciembre, donde 8.860 personas optaron por abolir la monarquía, un 95,9% del total de votos depositados en las urnas. Por contra, el mayor porcentaje de defensores de la monarquía se ha encontrado en la Universidad de Valladolid, con un 20% del total escrutado en la capital castellanoleonesa, y un 23,5% en el campus de la ciudad de Soria.

"¿Estás a favor de abolir la Monarquía como forma de Estado e instaurar una República?" y "En caso afirmativo, ¿estás a favor de abrir procesos constituyentes para decidir qué tipo de República?" eran las dos preguntas que podían responder con un sí o un no en las papeletas de las consultas, que se realizaron sin censo por su carácter simbólico.

En todas las universidades públicas que celebraron un referéndum en 2018 el apoyo a la república aglutina más del 70% de los votos. Durante el comienzo de 2019 están previstas consultas similares, organizadas por asambleas de estudiantes, en universidades como la Rey Juan Carlos de Madrid o la Pablo Olavide de Sevilla. También en la Universidad de Alcalá (Madrid), que tiene un cita en las urnas el 7 de febrero, mientras que la Universidad de Castilla-La Mancha celebrará el referéndum los días 12, 13 y 14 de febrero. Además hay previstas consultas en universidades extranjeras organizadas por la Plataforma Referéndum Exterior, y ya se han confirmado en París (Francia) y Edimburgo (Escocia).

PP y PSOE han decidido mantener viva la comisión de evaluación del funcionamiento del Estado autonómico a pesar de la decisión de Ciudadanos de abandonar los trabajos y de que grupos tan significativos como Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT y PNV, entre los cuales suman 89 diputados, ni siquiera hayan llegado a participar. “Lo reflexionamos y llegamos a la conclusión de que íbamos a seguir. Y si otros grupos se incorporan o se reincorporan, estupendo, y si no, seguiremos”, confirman a infoLibre fuentes de la comisión.

¿Con qué argumento? Con uno “de peso”, subrayan las mismas fuentes: “Quienes estamos, PP, PSOE, Compromís, UPN y CC, superamos la mayoría que exige la Constitución para hacer una reforma”. Es verdad que “políticamente es mejor contar con todos, pero lo que no es posible es que la decisión de una clara minoría bloquee el funcionamiento” del Congreso e “impida que la mayoría cualificada de la Cámara” haga su trabajo.

La aritmética respalda este argumento, incluso sin contar a los minoritarios. La suma del PP (134 diputados) y PSOE (84) supera, por sí sola, la mayoría cualificada que exige la Constitución para una hipotética reforma constitucional (210 escaños). Si se añade la representación de Compromís (4), UPN (2) y CC (1), la parte del Congreso que sigue creyendo en la comisión de evaluación del Estado Autonómico rebasa en 15 escaños la mayoría cualificada que exige la Carta Magna para su propia modificación.

La comisión fue creada el pasado mes de septiembre a instancias del PSOE en un intento de reconducir, a través del Congreso, el desencuentro que estaba a punto de estallar con el referéndum catalán del 1 de octubre y la aplicación posterior del artículo 155 de la Constitución. La intervención de la autonomía catalana y la destitución del Govern fue, precisamente, el motivo que alegaron Unidos Podemos, PDeCAT, Esquerra y EH-Bildu para negarse a participar, ya desde el momento de su creación.

El argumento que manifestó Ciudadanos para abandonar las reuniones, anunciado hace apenas un mes, está en las antípodas de los de estos grupos y tiene que ver con la supuesta negativa del PSOE a tramitar la comparecencia de tres exdirigentes socialistas contrarios a la reforma de la Carta Magna: el exvicepresidente Alfonso Guerra, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el exministro de Defensa José Bono. El presidente de la comisión, José Enrique Serrano (PSOE), lo niega y asegura que a lo único a lo que se opusieron los portavoces fue a tramitar esas comparecencias concretas “en este momento”, dándoles prioridad sobre otras que que todavía no se han producido.

A expensas de cómo evolucione el debate político

En cualquier caso, Serrano no pierde la esperanza. “Yo no descarto que, en función de cómo vayan los acontecimientos, algunos de los grupos que no han estado decidan incorporarse. Dependerá de como vengan las cosas”, añade, en referencia a la rapidez con la que evoluciona el debate político.

No hay que perder de vista que la comisión, antes incluso de echar a andar, ganó sustancialmente en ambición cuando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció el 11 de octubre que había alcanzado un acuerdo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que sus conclusiones sirviesen de base a la apertura de la reforma de la Constitución. Y puso fecha a ese empeño: seis meses después de que la comisión iniciase sus trabajos.

Ese plazo, que concluye a finales de junio, se ha convertido ahora en un objetivo imposible de cumplir y va a poner a los grupos políticos, singularmente a PP y PSOE, ante un dilema. O cumplen los plazos, y dejan fuera de la comisión a más de la mitad de los comparecientes que faltan —entre los que se cuentan decenas de expertos en derecho constitucional y administrativo y en financiación autonómica, además de a los 17 presidentes autonómicos y al propio Gobierno de Rajoy, además de miembros de la sociedad civil incluidos destacados periodistas y representantes del mundo de la cultura— o prolonga varios meses sus trabajos para que todos tengan voz. De las dos opciones, sólo la segunda garantiza que la comisión pueda elaborar sus conclusiones, que pueden dar lugar a una propuesta de reforma legislativa e incluso de la propia Carta Magna para mejorar el Estado Autonómico, habiendo escuchado a todas las partes. La primera, en cambio, equivale a un cierre en falso.

Después de un inicio muy exigente, con una media de 11 comparecencias al mes, la comisión detuvo sus trabajos el pasado marzo. En las últimas semanas la actividad se ha visto muy limitada: primero los secretarios generales de UGT y CCOO suspendieron hasta en dos ocasiones sus comparecencias por motivos de agenda y después se echó encima la Semana Santa y el trámite presupuestario, que en la práctica paraliza la actividad de las comisiones que no participan del procedimiento de debate de las cuentas públicas. El 11 de abril fue la última vez que se reunió la comisión —comparecieron los expresidentes del Parlamento Europeo José María Gil Robles y Enrique Barón—.

Hasta ahora han comparecido 31 personas y faltan 169. Una sucesión de intervenciones imposible de agendar en los dos meses que quedan de período legislativo, especialmente si se se tiene en cuenta que la semana que viene no cuenta a efectos parlamentarios por culpa del puente de mayo y que otra semana, al menos, el Congreso deberá reservarla para el trámite final de los presupuestos.

Un horizonte incierto

La Comisión tiene previsto volver a reunirse el día 9 de mayo pero, más allá de esa fecha, no hay nada decidido. Así que la próxima reunión de la mesa y la junta de portavoces será clave para establecer el horizonte de trabajo, porque además de fijar las sesiones de mayo tendrá muy presente lo que puede hacer en junio. Una decisión que depende de los portavoces del PP y PSOE, José Antonio Bermúdez de Castro y Adriana Lastra.

Por si esto fuera poco, un nuevo elemento ha venido a complicar un poco más la planificación de la comisión: el Gobierno de Rajoy ha anunciado su decisión deponer en marcha la revisión del sistema de financiación autonómica. “Si es así, no parece razonable que, mientras están en marcha las negociaciones con las Comunidades Autónomas, empecemos a convocar comparecencias de sus presidentes”, explica a infoLibre José Enrique Serrano. “Yo comparto esa idea. No parece sensato que mientras están negociando con el Gobierno, vengan aquí a hablar de cómo va el tema”. Y por eso mismo, añade, tampoco tiene sentido que en mayo la comisión aborde el problema de la financiación, para lo que han sido convocados numerosos expertos en la materia.

“Hay que decidir por dónde seguimos”, concluye el presidente de la comisión. Y aunque Sánchez y Rajoy pactaron un plazo de seis meses, “lo cierto es que es un acuerdo político, de manera que en realidad nada impide proseguir los trabajos después de verano”, recuerda. Porque hacen falta cinco meses sólo para completar la lista de comparecencias, eso sin contar el tiempo que puede tardar la comisión en debatir y preparar su conclusiones, toda vez que el objetivo de la comisión sigue siendo plantear propuestas de reformas legislativas y en su caso constitucionales que permitan mejorar el funcionamiento del Estado Autonómico..

Hasta ahora, por la comisión han pasado muy pocos expertos y sí muchos altos cargos de organismos públicos, incluyendo a los responsables del Consejo de Estado, el CIS, el Consejo Económico y Social o el INE. También los padres de la Constitución que quedan vivos (Miquel Roca, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero). Sus aportaciones ya ocupan 420 páginas del Diario de Sesiones del Congreso, y aún falta la mayor parte, lo que da idea de la complejidad que representa el trabajo de síntesis que debe dar pie a las propuestas.

PP y PSOE no han apuntado siquiera la posibilidad de darlo por concluido en junio, aseguran las fuentes consultadas por este diario, pero se acerca el momento de tomar una decisión que puede poner fin atropelladamente a una de las propuestas en las que Pedro Sánchez más había insistido para tratar de resolver, de una vez por todas, las tensiones territoriales en España.

“Una cosa es acortar y otra es guillotinar”, advierte Serrano. “Cortar en seco es devaluar el trabajo”.

Este sábado se cumplen 87 años desde que la monarquía de Alfonso XIII llegó a su fin para abrir una nueva etapa. La Segunda República fue proclamada progresivamente el 14 de abril de 1931 en las plazas de los ayuntamientos que se apresuraron en izar la bandera tricolor. El proyecto republicano se materializó en un periodo de ocho años y que culminó mediante el final impuesto por la sublevación de los militares y la victoria del bando nacional. Los años de dictadura terminaron de enterrar la experiencia republicana, que quedó entonces como un recuerdo silenciado. Con el fin del régimen franquista y el comienzo de la transición democrática, son muchas las voces que claman por recuperar –ya sea en forma de homenaje o como referente para construir futuro– la icónica fecha y los referentes que cimentaron sus bases.

Hoy, más de ocho décadas después de que las calles quedaran bañadas por los tres colores, ciudadanía, partidos políticos, instituciones y movimientos sociales recuerdan la proclamación de la Segunda República mediante actos que se reparten por todo el mapa y que expresan las particularidades de cada pueblo en sus homenajes.

Izquierda Unida trasladó la fecha al Congreso de los Diputados en forma de interpelaciones. La formación registró este jueves una batería de preguntas dirigidas al Gobierno relacionadas con el funcionamiento de la Casa del Rey, entre otras cuestiones. El partido de Alberto Garzón aprovechó además para reiterar su demanda respecto a la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía elija entre una monarquía o una república como modelo de Estado.

El cuanto a los socialistas, su rama juvenil se ha inclinado también por la celebración de una consulta de las mismas características. Aspiran a lograr "un referéndum que, de una vez por todas, plantee seria y maduramente la posibilidad de convertirnos en una República Parlamentaria". Juventudes Socialistas ha sostenido en su comunicado que actualmente "la democracia sufre retrocesos y ataques desde varios frentes: la corrupción de los políticos y políticas que ahora también mienten con su currículum, el parasitismo de la Casa Real y su aumento presupuestario cada año”. La dirección del PSOE, no obstante, ha rechazado secundar las palabras de sus filas más jóvenes. "Espero que estén a otras cosas", ha señalado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Recuperar la memoria

Las iniciativas que tendrán lugar a lo largo del país cuentan con una serie de particularidades y un objetivo común: recuperar la memoria de aquellos que construyeron la República y de los represaliados por el franquismo.

La localidad leonesa de Sahagún, junto con Eibar (Gipuzkoa) y Jaca (Huesca), celebrarán por vez primera un hermanamiento por ser las tres ciudades que se adelantaron un día a la proclamación de 1931. La iniciativa parte de la Agrupación Socialista de Sahagún. Las tres localidades han acordado celebrar el viernes y el sábado diversas actividades de forma conjunta en relación con la fecha. El grueso de las celebraciones tendrá lugar el sábado en Eibar, con una izada de la bandera republicana en la Casa del Pueblo, un acto político y una comida popular.

En Elda (Alicante), el miércoles quedó inaugurada una exhibición permanente del bastón de mando de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República entre 1936 y 1939. La vara, cuya exposición fue presentada por el expresidente José Luis Rodríguez Zaparero, ha pasado a ocupar un espacio en el vestíbulo del Ayuntamiento de Elda, última sede del gobierno republicano entre febrero y marzo de 1939.

Exposición de la vara de mando del presidente de la II República Manuel Azaña en Elda (Alicante).

Homenajes y actividades

El recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura se configura asimismo como columna vertebral de los homenajes que tendrán lugar en el país. En Puertollano (Ciudad Real), juventudes socialistas y de IU se han unido para la lectura de un manifiesto que contiene los nombres de las víctimas de la comarca que yacen enterradas por la geografía nacional. También León homenajeará el sábado a los fusilados durante el franquismo, en un acto al que asistirá la vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea y miembro de la dirección de IU, Maite Mola. El evento se celebrará a las 11:00 horas en el campo de tiro del barrio Puente Castro y continuará en el cementerio de León.

Barcelona, por su parte, reedita por tercer año consecutivo su Primavera Republicana, con el sábado como día inicial y con la organización de actos que buscan "evocar valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad". Los eventos incluirán una ofrenda floral en la Plaza de la República y una fiesta popular el domingo en la nueva calle de Pepe Rubianes. La ciudad acogerá además simbología histórica y de memoria en ubicaciones "emblemáticas vinculadas con personalidades, hechos históricos y lugares representativos". También el Ayuntamiento de Santiago de Compostela organiza el sábado un recorrido por los lugares más señalados de la ciudad durante la etapa republicana desde una doble perspectiva: "La de la historia y la de la memoria".

Gijón dio el pistoletazo de salida a los actos el pasado martes. Recitales y proyecciones han ido allanando el camino hasta la ofrenda floral que tendrá lugar el sábado a las 12:30 horas, a la que le seguirán charlas, comidas populares y conciertos que se extenderán a lo largo del día.

La localidad de Paiporta (València) acogió el pasado miércoles el estreno de las II Jornadas de Memoria Histórica, con la presentación de un libro de investigación sobre la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura en la localidad. La concejalía de Cultura ha diseñado una serie de actos que se celebrarán a lo largo del mes y que incluyen exposiciones, proyección de películas, teatro y conferencias que durarán hasta el 20 de abril. Este sábado se llevará a cabo una visita guiada al refugio antiaéreo de la Guerra Civil del Ayuntamiento de València.

Otras localidades como Pamplona se han sumado también a prolongar las actividades en torno a la fecha. Así, la capital de Navarra organizó el miércoles un debate sobre "las libertades, la degradación de esta Constitución y la necesidad de una nueva" en lo que se configuró como el inicio de la Semana Republicana, organizada por la Junta Republicana de Izquierdas de Navarra e Izquierda-Ezkerra. El sábado, como día central, la ciudad acogerá una concentración a las 13:00 horas para "reivindicar la república como forma de Estado frente a la actual monarquía hereditaria".

En Palma de Mallorca, Govern y Cort han organizado el ciclo Memòria i carrer, sobre la "efervescencia política y asociativa" de la Segunda República, con el apoyo de la Banda Municipal de Música, la Federación de Vecinos e investigadores especializados en la etapa republicana. Desde el miércoles, las jornadas acogen actividades lúdicas para homenajear a "los ciudadanos que contribuyeron a la creación y la vertebración de una cultura democrática".

Manifestaciones por todo el país

En Madrid, diversos colectivos y organizaciones sociales han convocado una manifestación "por la libertad de expresión, la autodeterminación de los pueblos y los derechos laborales y sociales". La marcha partirá de la plaza de Cibeles a las 19:00 horas y rematará en Sol. Entre los convocantes se encuentra la Coordinadora 25S, la Federación de Republicanos, IU y Estudiantes en Lucha. 

Cartel de la manifestación en Madrid el 14 de abril.

La misma dinámica se reproducirá en diversos puntos del territorio estatal. Todas las provincias andaluzas han convocado movilizaciones para celebrar el aniversario, la gran mayoría por la mañana y bajo el lema "por la república: pan, trabajo, techo, igualdad y pensiones". En ciudades como Almería, Sevilla, Cádiz o Huelva las marchas se iniciarán a las 12:00 horas, mientras que en Córdoba será a las 12:45, en Jaén a las 11:00, en Málaga a las 11:30 y en Granada por la tarde, a las 19:00 horas.

En otros puntos del país como Vigo,Santander o Cuenca la manifestación en recuerdo de la Segunda República tendrá lugar la mañana del sábado a las 12:00 horas. En Zaragoza y Murcia será a las 19:00 y en Segovia a las 19:30 horas.

La tricolor y los ayuntamientos

Pese a la voluntad común de recordar el 14 de abril como una fecha histórica, no todo son facilidades para quienes deciden homenajear aquella etapa. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona ha condenado al Ayuntamiento de Burlada por alzar la bandera republicana el 14 de agosto del pasado año durante el chupinazo de las fiestas, después de haber sido ya sancionado tras colocarla el 14 de abril del mismo año. La justicia considera que la exhibición "no es conforme al derecho". Lo mismo ha ocurrido con los ayuntamientos valencianos de Xeraco, Barxeta y Buñol. El año pasado el Gobierno exigió retirar la tricolor de los edificios municipales de diversos territorios. Fue el caso del Ayuntamiento de la localidad gaditana de Trebujena, que hace un año pendió la bandera en la fachada del consistorio.

A pesar de las trabas legales, ayuntamientos como el de Sabadell (Barcelona) han anunciado ya su intención de hacer ondear los colores republicanos este sábado. Asimismo, representantes de IU en la ciudad de València han presentado un escrito dirigido al alcalde, Joan Ribó, para solicitar que la bandera cuelgue del balcón del ayuntamiento "en señal de recuerdo y homenaje a todas las personas que lucharon, e incluso dieron su vida, por defender la libertad, la igualdad y la justicia social".

El pasado mes de febrero, Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición de ley para modificar la Ley de Banderas de modo que, además de las banderas institucionales oficiales, exista la posibilidad de colgar enseñas como la republicana, la bandera LGTBI o incluso la de equipos deportivos sin ningún tipo de penalización.

Podemos continuar en la eficaz burbuja propagandística y emocional de la exaltación nacional española, y adjudicar toda la responsabilidad de la crisis catalana a los dirigentes independentistas que decidieron seguir una vía unilateral y de desobediencia al Estado para conseguir sus objetivos políticos. Pero ni políticos, ni periodistas ni tampoco el resto de la ciudadanía deberíamos caer en un engaño masivo que está socavando las estructuras mismas de la democracia.

¿Creen que exagero? Gracias a esa permanente antipolítica practicada por Rajoy y el PP, volcados durante años en exprimir electoralmente el conflicto fuera de Cataluña y jaleados aún más en los últimos tiempos al sentir en la nuca el aliento competitivo de Ciudadanos, hemos llegado a un punto en el que se confunden permanentemente Estado de derecho y democracia. Y aunque vayan estrechamente unidos y no sea concebible el uno sin la otra y viceversa, lo cierto es que hoy el Estado consiste prioritariamente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo cual supone una colosal distorsión del funcionamiento democrático. En lo que se refiere al presente y futuro político de Cataluña (y por tanto también de España y de su modelo de convivencia), el BOE ha quedado sustituido por los autos del juez Pablo Llarena, y el Parlamento por el tribunal de apelación correspondiente. La democracia es mucho más que el simple cumplimiento de la legalidad, por imprescindible que este sea, y su fortaleza no consiste tanto en la capacidad de castigar al desobediente como en la de acoger a los discrepantes.

  ¿Prisión provisional permanente?

Que nadie se equivoque: no tiene el menor sentido personalizar, y mucho menos cuando ya actúan salvajes que intentan practicar violencias de distinto grado contra el propio juez o su familia. La responsabilidad es anterior a él. Si una materia que es netamente política (como la reivindicación nacionalista catalana) se traslada a la vía penal, es obvio que cada escrito del juez correspondiente estará cargado de contenido políticocargado de contenido político, y vendrá incluso condicionado por el marco de discusión establecido en la sociedad desde los más potentes intermediarios mediáticos. Si se repasan uno a uno los autos de Llarena, es imposible no alarmarse ante la reiteración de argumentaciones que se sustentan en elementos puramente subjetivos, condicionados a la dosis de credibilidad que cada imputado le ofrece al juez en cada momento del proceso, y todos ellos pasados por el filtro de una ideología independentista sobre la que Llarena se esfuerza en afirmar que no es reprochable constitucional y democráticamente, al tiempo que se muestra incapaz de ocultar que el hecho de profesar esa ideología redobla a su entender las sospechas de delinquir o de volver a hacerlo en el futuro. “El auto más importante de la reciente historia de España tiene que ver más con un resumen de prensa que con un documento jurídico”, escribía hace unos días Carlos Sánchez en El Confidencial, en referencia a los 69 folios del escrito en el que Llarena sostiene que trece dirigentes catalanes favorecieron la violencia en las movilizaciones populares.

Yo añadiría (tras escuchar a distintos juristas de intachable prestigio) que en varios puntos de ese mismo auto se está aplicando una justicia “preventiva” que no tiene cabida en el marco constitucional español ni europeo, y que las reiteradas negativas de Llarena a poner en libertad condicional a políticos independentistas porque considera que pueden volver a cometer delitos de rebelión o sedición (no demostrados aún, y más que discutibles) son tan forzadas que falta un cuarto de hora para que desde el PP o Ciudadanos planteen una nueva figura penal: la “prisión provisional permanente”.

La ausencia absoluta de iniciativa política desde el Gobierno, primer responsable de lo que ocurre bajo su mandato, y el traslado de todas las actuaciones al ámbito judicial facilita un permanente bloqueo ante cualquier posibilidad de solución al problema más complejo que atraviesa la democracia española. Los resultados del 21-D demostraron que la cuestión de fondo no se resuelve con la aplicación del 155 (¿también permanente y revisable?), y el evidente proceso de división en el seno del independentismo siempre toca suelo cuando se produce una nueva humillación desde el Estado, el mejor pegamento para un “bloque” que sólo funciona como tal cuando se enfrenta al “enemigo común”.

Las investiduras frustradas desde el Supremo habrían podido desembocar finalmente (quizás aún lo hagan) en una candidatura acordada, “limpia” de complicaciones judiciales, que facilitara lo que desde ámbitos mayoritarios de ERC se pretende como una “legislatura pragmática”, en la que no haya ningún nuevo paso unilateral y permita al independentismo repensar la ruta de desobediencia y sondear posibilidades de soluciones pactadas. No renuncian a sus objetivos, pero han asumido que no se puede proclamar una república independiente con el 47% de apoyos.

  Pendientes de Alemania

Tras la sesión simbólica del Parlament el pasado miércoles, se abre un nuevo compás de espera que no tiene tanto que ver con la Semana Santa como con la decisión que tome la Justicia alemana sobre Puigdemont. Nadie en las filas independentistas dará un paso sin saber si es entregado a España y bajo qué condiciones. Una “impugnación”, aunque fuera parcial, de la instrucción de Llarena desde los tribunales germanos no sólo sería un durísimo golpe a la Marca España sino que daría alas al legitimismo más radicalMarca España y por tanto complicaría aún más las posibilidades de formar ese “Govern efectivo” que predica Roger Torrent.

Sobre la propuesta de un gobierno “unitario, transversal, de independientes y con un tiempo limitado” planteada por Xavier Domènech aprovechando planteamientos en esa línea lanzados por Miquel Iceta y por el propio Torrent, nadie considera a día de hoy que tenga algún futuro, aunque todo puede suceder antes del 22 de mayo, fecha límite para evitar la repetición de elecciones.

Parece evidente que España no saldrá del bucle en el que mantiene irresoluto su problema de identidad plurinacional mientras no se aborden con solvencia y generosidad desde la política los rasgos que lo definen. Y la propia ciudadanía debe asumir también su responsabilidad. Si seguimos instalados en considerar que “el nacionalismo malo” es siempre el de los otros y confundiendo la fortaleza democrática con la pura intransigencia, continuaremos dedicando muchas energías a cuestiones de identidad mientras nos van colando Presupuestos que ofrecen un serial de parches para contener indignaciones varias, pero que no dibujan un modelo de país, y mucho menos un proyecto que reduzca la desigualdad y garantice el bienestar social.

P.D. Si en estos días vacacionales dispone Rajoy de unas horas para leer, acaban de publicarse dos ensayos muy sugerentes sobre Cataluña y España: La confusión nacional, de Ignacio Sánchez-Cuenca, y Largo proceso, amargo sueño, de Jordi Amat (sobre los que informaremos con más detenimiento). Claro que sólo pueden interesar a quien asuma que la democracia consiste en mucho más que “cumplir la ley”.

El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha apostado este miércoles por el reconocimiento jurídico-político de "las realidades nacionales vasca o catalana" y por la soberanía compartida y ha propuesto habilitar "cauces legales" para que las comunidades que lo deseen puedan consultar a la ciudadanía "sobre su futuro".

En un encuentro en Madrid con embajadores de unos 25 países de la Unión Europea recogido por Europa Press, Urkullu ha señalado la necesidad de "asumir el evidente desencuentro territorial y la crisis del modelo de Estado" e "iniciar una nueva etapa asentada en un diálogo con auténtica voluntad de acuerdo".

Tras afirmar que existen "voluntades sociales mayoritarias diferenciadas en Cataluña, Euskadi y España", el presidente vasco ha emplazado a "habilitar cauces legales para que las comunidades políticas que quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro puedan hacerlo".

En este sentido, ha defendido que "el ideal de autogobierno se encuentra en la concordia y la convivencia entre identidades diferentes sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo". En esta línea, ha citado el acuerdo alcanzado en materia de Concierto Económico y Cupo, la "clave de bóveda del autogobierno vasco".

Competencias, suficiencia financiera y bilateralidad

El lehendakari ha explicado que en Euskadi se está planteando la reflexión sobre un nuevo estatus de autogobierno que "reconozca la singularidad de la nación vasca, asuma el elemento legitimador de los derechos históricos y extienda la experiencia de concertación fiscal y financiera a la relación política, incluyendo un sistema efectivo de garantías para el cumplimiento de lo pactado".

"Este objetivo se puede alcanzar con un acuerdo que asuma el concepto de cosoberanía o soberanía compartida, y se fundamente en competencias (poder hacer), suficiencia financiera (recursos para hacer) y bilateralidad (no interferir y compromiso de pactar)", ha señalado.

Tras apuntar que este pacto "debe suponer el reconocimiento y la asunción de la plurinacionalidad del Estado", ha considerado que "es necesario avanzar en el reconocimiento jurídico-político y también social y cultural de las realidades nacionales vasca o catalana". Asimismo, cree necesario también "adecuar este reconocimiento en el marco de una Europa que base su unión en el respeto de los diversos pueblos y culturas que la integran".

Iñigo Urkullu ha abogado por "habilitar cauces legales para que las comunidades políticas que, mediante decisión expresa y clara de sus instituciones parlamentarias de autogobierno, quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro, puedan hacerlo". "Éste es el sentido de una propuesta de Directiva de claridad en el seno de la Unión Europea", ha manifestado.

Recuperar los valores fundacionales de la UE

Según ha informado Lehendakaritza, el encuentro entre Urkullu y los embajadores se ha desarrollado este mediodía en Madrid, en la residencia del embajador italiano, y también ha contado con la participación de la secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza, y el director de Asuntos Europeos, Mikel Anton.

Se trata de la cuarta reunión que ha mantenido el presidente vasco con el cuerpo diplomático europeo, tras la mantenida en enero de 2013 en Madrid, la celebrada en junio de 2014 también en la capital del Estado, y la que transcurrió en el Palacio Miramar de San Sebastián en 2016.

El encuentro ha servido para que Urkullu "compartiera el modelo de desarrollo social y económico de Euskadi, así como para debatir sobre la actualidad política. Además del tema del autogobierno, se han tratado cuestiones como el modelo vasco de "desarrollo humano", la "cultura del acuerdo", el crecimiento sostenible, el empleo, la competitividad de la economía y la convivencia, según ha precisado el Gobierno vasco.

El Ejecutivo autonómico está ultimando el documento que recoge la visión vasca sobre el futuro de la UE en el marco del proceso abierto por su presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. En este campo, el lehendakari ha defendido, ante el cuerpo diplomático, la necesidad de que la Unión Europea "recupere sus valores fundacionales".

A su juicio, "para conseguir una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, es hora de articular, desde un enfoque de responsabilidad compartida, la participación efectiva en la gobernanza europea de los gobiernos con competencias legislativas que representan a realidades nacionales sin Estado". "Éste es el horizonte de nuestro proyecto", ha asegurado.

Por otro lado, el lehendakari ha indicado ante los diplomáticos que "los países más competitivos son los que disponen de mayor nivel de desarrollo e igualdad social". En este sentido, ha explicado que el modelo social de Euskadi "prima garantizar el desarrollo humano y la cohesión", de manera que se destinan dos tercios del presupuesto operativo a las políticas sociales.

Asimismo, ha destacado que, con el objetivo de ganar competitividad, se ha previsto una dotación de 8.800 millones de euros hasta 2020 en actuaciones en el marco del Plan 4I: Inversión, Innovación, Internacionalización e Industria. De esta manera, se pretende lograr que el peso de la industria alcance el 25% del PIB y crear "más y mejor empleo".

Plan de convivencia y derechos humanos

Urkullu ha explicado los 15 "objetivos de país" establecidos en su programa de gobierno, entre los que destacan reducir el paro por debajo del 10%, lograr que 20.000 jóvenes tengan "una primera experiencia laboral", conseguir 100 proyectos estratégicos de innovación, situar a Euskadi entre los cuatro primeros países europeos en igualdad de género, reducir un 20% la tasa de pobreza, o reducir un 20% la emisión de gases de efecto invernadero.

Finalmente, el lehendakari ha trasladado también al cuerpo diplomático europeo que el Gobierno vasco cuenta con un Plan de Convivencia y Derechos Humanos. Entre sus prioridades, ha citado el reconocimiento del daño injusto causado, las políticas públicas de verdad, justicia y reparación en solidaridad con todas las víctimas, la desaparición unilateral de ETA, una nueva política penitenciaria y de reinserción y la respuesta a "los nuevos retos emergentes ligados a la convivencia".

Analistas y políticos de distintos ámbitos del pensamiento progresista debatirán en Madrid sobre la situación tras las elecciones catalanas y sus posibles salidas. Lo harán en dos mesas redondas que se celebrarán este jueves, 11 de enero, y el próximo, día 18, en el Centro Cultural Galileo, moderados por los periodistas Jesús Maraña, responsable editorial de infoLibre, e Ignacio Escolar, director de eldiario.es.

Estamos ante una crisis política de gran alcance que desborda el marco catalán, ocupa un lugar central en el actual panorama político español y tiene importantes repercusiones en la Unión Europea. Las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña el pasado 21 de diciembre muestran la pluralidad de la sociedad catalana, pero no señalan una vía clara de superación de la confrontación que permita dar respuesta a los diversos problemas económicos, sociales y territoriales que requieren soluciones urgentes.

La reflexión sobre estos críticos momentos se presenta hoy como una imperiosa necesidad. Con el objetivo de impulsar el diálogo entre los sectores progresistas y de izquierdas se celebrarán unas Jornadas en las que distintos analistas y representantes políticos expresarán sus puntos de vista sobre el previsible curso de la crisis y las posibles salidas.

El jueves, 11 de enero, a las 19 h.

Intervienen: Joan Botella, José Errejón y José Sanroma.

Conduce y modera el debate Jesús Maraña

El jueves, 18 de enero, a las 19 h.

Intervienen: Carmen Calvo, Eugenio del Río e Ignacio Sánchez Cuenca.

Conduce y modera el debate Ignacio Escolar

Las Jornadas se celebrarán en el Centro Cultural Galileo, c/ Galileo, 39. Metro: San Bernardo o Quevedo. (Entrada libre hasta completar el aforo).

El PP ha presentado este jueves su plan de trabajo para la nueva comisión del Congreso para la reforma del modelo territorial, donde quiere que se fijen los principios de la financiación autonómica y de la reforma del Senado, y que se escuche a casi un centenar de comparecientes, incluyendo a los expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, así como el exvicepresidente Alfonso Guerra, ha informado Europa Press.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, y el secretario general del Grupo Popular y portavoz en la comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, han presentado los cinco grandes bloques que, a su juicio, deberían abordarse en los próximos seis meses: El balance del estado autonómico; la relación entre Estado autonómico y Estado de bienestar, incluyendo los principios de su financiación; la lealtad institucional y el reparto de competencias; la modernización y racionalización de las administraciones públicas; y la reforma del Senado.

En la lista de comparecencias del PP, además de los padres de la Constitución, figuran los tres expresidentes del Gobierno, incluyendo junto a Felipe González al socialista José Luis Rodríguez Zapatero —excluido del listado de Ciudadanos—, y al conservador José María Aznar, cuyo testimonio aseguran estar "deseosos" de escuchar.

Pero también incluyen a expresidentes del Congreso, exministros de Administraciones Públicas —como Jesús Posada y Jordi Sevilla—, expresidentes de la comisión constitucional como Alfonso Guerra; expresidentes autonómicos como Joaquín Leguina, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Luisa Fernanda Rudi; el expresidente del Consejo Europeo Herman Van Rumpuy; y varios miembros del actual Gobierno, incluyendo a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Montoro.

Pero el PP quiere además que comparezcan el defensor del Pueblo, catedráticos de universidad, los dirigentes de la FEMP y representantes de la CEOE, los Autónomos, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, el CIS, el INE y el Consejo de Estado.

En relación a si finalmente las conclusiones de la comisión apuntaran a una reforma constitucional, Hernando garantiza que el PP no pondrá "ningún problema", pero cree "hay otras fórmulas, otras vías de cambio", que se van a ir viendo en la comisión y que, en su opinión, "seguramente son más eficaces y atractivas que una reforma genérica de la constitución".

Serrat o Gabilondo, entre los comparecientes del PSOE

El PSOE ha registrado igualmente este jueves en el Congreso su plan de trabajo para la nueva comisión para la reforma del modelo territorial, que ha expresado busca que tenga un carácter "abierto a la sociedad" y, para ello, pretende citar a expertos constitucionalistas, historiadores, periodistas, filósofos, sociólogos y economistas, entre otros.

Así, los socialistas han solicitado un bloque de comparecencias institucionales que consideran que deberían de acordarse entre los distintos grupos y que incluye a los padres de la Constituciónpadres —Miguel Roca, Miguel Rodríguez Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca—, a miembros del actual Gobierno y de ejecutivos anteriores y a presidentes autonómicos, pero no especifica a quiénes en la nota de prensa que ha difundido y que recoge Europa Press.

Igualmente, el PSOE quiere citar a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a las principales organizaciones sindicales y empresariales, a las Academias de las Lenguas y al Instituto Cervantes.

Pero, además, también busca que la comisión sea un "cauce" de las nuevas demandas ciudadanas y, en aras de ese fin, ha optado por reclamar la presencia en sede parlamentaria de expertos constitucionalistas, como Javier García Roca; filósofos, como Adela Cortina; historiadores, como Santo Juliá; sociólogos, como Belén Barreiro, expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); y politólogos, como Pablo Simón.

También quiere llamar a economistas, como Antón Costas; representantes de diferentes organizaciones sociales, como Intermón-Oxfam; personas del ámbito de la cultura, como Joan Manuel Serrat; periodistas, como Iñaki Gabilondo; así como directores de los principales periódicos y diarios digitales.

El listado se completa con los embajadores en España de países como Alemania, Austria, Estados Unidos o Canadá, ya que en el PSOE consideran que es fundamental la exposición de los principios de organización, funcionamiento y equilibrio que rigen en otros estados de estructura política y administrativa descentralizada.

En su plan de trabajo, el grupo que capitanea Margarita Robles señala que la fase de comparecencias debe culminar en un plazo de seis meses, para lo cual ve necesario poder trabajar en el mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios, y celebrar una media de entre cuatro y seis comparecencias semanales.

Los socialistas pretenden que esta nueva comisión, de la que son impulsores, haga un balance de la experiencia autonómica que, a su juicio, ha sido un "éxito" y un "motor de progreso" del conjunto de comunidades autónomas, pese a identificarse también "disfunciones".

De este modo, han dividido el trabajo en tres grandes bloques: Evaluación global del Estado autonómico, incluido un examen específico de la situación de Cataluña; examen de la perspectiva de las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades Locales; y examen de la perspectiva de las organizaciones empresariales y sindicales.

Entre otras cuestiones, plantean examinar las exigencias del principio de igualdad de los españoles; el reconocimiento y consecuencias efectivas de las llamadas "singularidades"; la ordenación de las competencias; la capacidad del Senado para facilitar la participación de las comunidades en la toma de decisiones en el ámbito estatal y como instrumento de cooperación, interconexión e integración de políticas territoriales; la constitucionalización de los principios del modelo de financiación autonómica; y la ampliación del reconocimiento de la autonomía local.

Además, apuntan que la situación política catalana exige que la comisión sea "un espacio útil e inmediato" para desarrollar un diálogo entre las fuerzas políticas dirigido a ofrecer un marco de convivencia para Cataluña "dentro de la Constitución y la ley". Ante el "grave deterioro de la normalidad constitucional y estatutaria, el abandono del diálogo y de la negociación política, las violaciones de la legalidad y la fuerte fractura social" que se ha producido, esta comisión "abre un espacio formal de diálogo imprescindible para acometer y dar salida a la actual situación", señalan.

El PSOE propone en el plan de trabajo presentado que, concluidas las comparecencias, deberá nombrarse una ponencia que elabore el dictamen de la comisión, que contendrá un informe sobre el contenido de las intervenciones y también propuestas de resolución, incluidas las que supongan modificaciones de textos legales tanto en relación con la Constitución como con el resto del ordenamiento jurídico.

Una vez que la comisión apruebe el dictamen, plantea que éste sea remitido, junto con los votos particulares, para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno. Aprobado por el Pleno, el dictamen se remitirá a la Comisión Constitucional para que sus conclusiones formen parte de él, y sirvan de base para, la anunciada reforma constitucional.

Cs propone a Aznar, González y Guerra

Por su parte, Ciudadanos quiere que la comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico empiece escuchando a los tres padres vivos de la Constitución, a los expresidentes José María Aznar y Felipe González, al exvicepresidente Alfonso Guerra, y a expresidentes autonómicos como José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En su listado de comparecientes, en el que no cita al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el partido naranja incluye también a los expertos que cuestionaron el Cupo vasco Cupo vascoy que, en su opinión, ni los socialistas ni el Gobierno del PP escucharon cuando pactaron con el PNV.

Los de Albert Rivera plantean siete grandes bloques temáticos y, además de evaluar el desarrollo y la situación actual Estado autonómico, aboga por clarificar la distribución de competencias y potestades normativas entre los órganos centrales del Estado y las comunidades y revisar las estructuras territoriales de ámbito provincial y local.

Asimismo, quiere que en sus seis meses de mandato la comisión estudie el cierre del Estado autonómico y la enumeración constitucional de las comunidades autónomas; la regulación de los mecanismos de cooperación y colaboración vertical (entre Estado y comunidades) y horizontal (entre las comunidades) con el diseño de sus órganos correspondientes; la incidencia de la Unión Europea en el Estado autonómico; la reforma del Senado como cámara de representación territorial; y un nuevo modelo de financiación autonómica.

Varios de estos aspectos implicarían una reforma de la Constitución que, según los planes del PSOE, impulsor de la comisión territorial, es la tarea que el Congreso deberá emprender a partir del segundo semestre del próximo año.

Respecto a las herramientas de trabajo en la comisión Ciudadanos desea pedir informes y documentación a instituciones ajenas, que los servicios de la Cámara elaboren informes ad hoc y recibir a un total de 45 comparecientes.

En cuanto a las comparecencias, el partido presidido por Albert Rivera espera poder alcanzar un acuerdo amplio con los demás grupos. En concreto, quiere empezar escuchando a los ponentes vivos de la Constitución, a los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar y al exvicepresidente socialista Alfonso Guerra.

Después espera que comparezcan expresidentes autonómicos como los socialistas José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra y la conservadora Luis Fernanda Rudi, y ex presidentes del Senado como Javier Rojo (PSOE) y Juan José Lucas (PP).

La tercera fase, según Ciudadanos, sería recibir a catedráticos de Derecho como Francisco Sosa Wagner, Francesc de Carreras o Teresa Freixes, al economista Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), al catedrático de Hacienda Pública Carlos Monasterio y el profesor de Economía Pública Alain Cuenca.

Ángel de la Fuente fue nombrado como experto por el Gobierno para calcular las balanzas fiscales y fue representante del Estado en el comité de expertos que estudió antes del pasado verano la reforma del modelo de financiación autonómica. Por su parte, Alain Cuenca fue designado por el Gobierno de Aragón en el grupo de expertos, y Carlos Monasterio por el Principado de Asturias.

Los tres han denunciado públicamente que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ignoró sus recomendaciones sobre el acuerdo del Cupo vasco con el Gobierno de Euskadi (PNV y PSOE), un pacto al que Ciudadanos también se ha opuesto por considerar que el cálculo de la aportación del País Vasco al Estado se basa en criterios políticos, no técnicos, y que beneficia claramente a la comunidad foral.

Después, siempre según el plan de Ciudadanos presentado este jueves en el Congreso, sería el turno de recibir al lehendakari, Íñigo Urkullu, al futuro presidente de la Generalitat y al resto de presidentes autonómicos, así como los de las ciudades de Ceuta y Melilla, para acabar cerrando con los representantes del Consejo de Estado, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

El viento sopla de cola para Ciudadanos, que avanza con fuerza en las encuestas mientras el electorado lo sitúa cada vez más claramente en la derecha. Hay nervios en el PP. Nacido en Cataluña como partido vocacionalmente antinacionalista, la crisis derivada del procés despliega para la formación de Albert Rivera y los suyos un escenario político óptimo, al menos en términos electorales, según analizan los sociólogos y politólogos consultados por infoLibre, que a su vez consideran –aunque con distintos matices– que aún no es un partido que pueda competir por el liderazgo electoral en España.

El contexto político favorable, la unidad interna y el liderazgo sin discusión de Rivera obran como principales ventajas de Ciudadanos. Sus debilidades residen en la aún muy mejorable implantación en el ámbito rural y en la poca fortaleza de su estructura. Queda además por saber si en el futuro Ciudadanos volverá a defraudar las expectativas despertadas en las encuestas, donde el partido naranja suele obtener mejores resultados que en las urnas. "Las perspectivas son buenas para Ciudadanos. Pero con cautela. El votante del PP es menos elástico de lo que suelen indicar las encuestas. A la hora de la verdad, con la activación de la campaña electoral, aparece la idea del voto útil al PP. Y eso a quien más factura pasa es a Ciudadanos. Veremos", indica Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III y editor de Politikon.

De momento, Rivera se mueve como pez en el agua en un panorama de polarización y ausencia de puentes entre las distintas corrientes políticas en liza. Ciudadanos es el partido que hace parecer al PP tibio en la defensa del interés del Estado central español ante las exigencias periféricas, precisamente en un contexto en el que la clave nacional e identitaria domina el debate político. Nada de lo que hace el PP en materia territorial le parece a Ciudadanos suficientemente firme y resolutivo. Recuerda a lo que el PP de Mariano Rajoy hizo con los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de "traicionar a los muertos" por ETA, vender Navarra al País Vasco y rendirse al independentismo catalán con el Estatut. Una de esas sutiles crueldades de la política.

El partido de Rivera empezó la legislatura incómodo por su incapacidad para reivindicar con verosimilitud su papel de partido que mantiene al PP a raya en cuestiones de corrupción y elevación del listón moral de la política. Pero, a medida que el foco se ha ido alejando de la corrupción y posándose sobre Cataluña, Ciudadanos se ha crecido (en un dibujo opuesto al trazado por Podemos). Ahora el partido naranja lleva la iniciativa. Ha sido el principal defensor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. También ha sido el más entusiasta en el apoyo a la dura respuesta judicial al frustrado proceso independentista. Vista la buena recepción a la actitud de mano dura y a la "defensa de la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan", ahora la formación naranja explota el recurso de la censura del cupo vasco. Esto le permite desmarcarse de PP, PSOE y Podemos y enarbolar un discurso con el que pretende rentabilizar el descontento por los supuestos privilegios arrancados al Estado por las comunidades con sólidos movimientos nacionalistas. En los medios conservadores, en sus columnas de opinión y tertulias, Rivera recibe cada vez más aplausos por su inflexibilidad en la "cuestión nacional". Locutores como Federico Jiménez Losantos tienen claro que está en el buen camino.

Las encuestas apuntan a que Ciudadanos podría ser el partido del llamado "bloque constitucionalista" más votado en las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Y a nivel estatal, va lanzado. Entre julio y octubre ha subido tres puntos en estimación de voto, del 14,5% al 17,5%, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado justo después del frustrado referéndum del 1 de octubre, con la crispación por la crisis catalana en máximos. Mientras tanto, bajan el PP (de 28,8 a 28), el PSOE (de 24,9 a 24,2) y Unidos Podemos y sus alianzas (de 20,3 a 18,5). El partido de Rivera acaricia la tercera posición en las encuestas.

El CIS está plagado de datos que animan el optimismo de Rivera, que es el hombre al que ahora todos atacan. Pablo Iglesias nunca ha dejado de hacerlo. En el PSOE Pedro Sánchez asimila a Ciudadanos con el ultraderechista Vox y Adriana Lastra compara a Albert Rivera con José Antonio Primo de Rivera, quien fuera líder del fascismo español y fundador de Falange Española, fusilado en 1936, ya durante la guerra, por inducción a la rebelión contra la República. Y eso a pesar de que los socialistas gobiernan Andalucía gracias un acuerdo de investidura con Ciudadanos. Y a pesar de que Sánchez y Rivera llegaron a firmar un acuerdo para la investidura del primero en febrero del año pasado. Por su parte, el PP acusa a Rivera de "oportunista" por su posición contra el cupo vasco. Ciudadanos está en la diana precisamente porque va para arriba. Lo teme especialmente el PP. Un 10,4% de los votantes del PP en las pasadas elecciones generales daría ahora su papeleta a C's. Además el partido naranja comienza a superar una de sus asignaturas más difíciles, la fidelidad de voto, donde ya supera el 75%. Consolida electorado y crece hacia la derecha. Las alarmas han saltado en Génova.

La intención directa de voto a Ciudadanos ha subido desde julio a octubre del 9,2% a 11,3%, mientras los otros tres grandes partidos estatales caen. También caen todos menos Ciudadanos en el indicador de voto más simpatía. De los cuatro principales líderes políticos, Rivera es el más valorado con 3,75 puntos. Todo esto ocurre mientras C's se escora a la derecha desde el punto de vista de la opinión pública. Si a principios de 2015 los encuestados del CIS situaban al partido en el 5,1 (siendo 1 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha), ahora lo colocan en el 6,7, aún lejos del 8,22 del PP.

Ciudadanos se beneficia del drástico incremento de la población que considera a Cataluña el principal problema, que ha pasado del 0,9% al 15,6%. Cataluña ha irrumpido como el segundo problema de España. El mensaje de C's gana adeptos en un contexto de fuerte escepticismo hacia el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, romo revela la encuesta del CIS. El discurso centralista cae en un terreno abonado. A pesar de que el debate sobre la posible reforma de la Constitución suele ubicarse en la necesidad o no de federalizar el Estado y dar más competencias a las autonomías, con el objetivo de atemperar las tensiones independentistas, hay un 28,2% de los españoles que defienden una España o bien sin autonomías o bien con comunidades con menos margen de actuación.

"No nos preocupa. Ciudadanos gana encuestas y pierde elecciones", ha manifestado Pablo Iglesias sobre el ascenso del partido naranja. ¿Es esta vez diferente? ¿La crisis catalana ha lanzado (ahora sí) al partido naranja, autoproclamado centrista y liberal, con un líder admirador de Kennedy y Adolfo Suárez que sueña con ser el Macron español? infoLibre analiza la evolución y las perspectivas de Rivera y los suyos.

  1. Jugando en casa y sin mochila

Antonio Alaminos, profesor de Sociología de la Universidad de Alicante, parte de una base: vivimos en una sociedad "donde las memorias ideológicas están cada vez más segmentadas generacionalmente". La "clave del éxito" del partido de Rivera –se verá si puntual o no– es "no tener historia ni historias", lo cual le da "maniobrabilidad y verosimilitud". "Ciudadanos llega con un perfil muy plástico que le permite posicionarse en cada tema en los máximos de apoyo", señala Alaminos, que ve a Rivera ubicándose siempre "en el máximo de sentido común". "Cuando Iglesias se mete con su ignorancia política, realmente lo está elogiando", afirma. Su ascenso actual, según Alamina, deriva "directamente de la crisis catalana". "Juega en casa", resume. Alaminos considera que "su futuro a nivel nacional dependerá de los espacios que los medios de comunicación le dejen tras la crisis catalana".

¿Y los puntos débiles? La endeblez organizativa y la escasa implantación territorial. "Su crecimiento acelerado le ha llevado a una estructura de cuadros frágil. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana incorporando cargos exiliados del PP, o en Andalucía cediendo sus siglas como partido a asociaciones de extranjeros para reivindicaciones urbanísticas [en el ámbito municipal]", repasa Alaminos. No considera un problema, en cambio, su fuerte dependencia del liderazgo de Rivera. "Es como cualquier partido que despega. Es así y debe ser así en la primera fase", apunta. El profesor cree que Ciudadanos está "convirtiéndose en un partido espejo del PP", pero sin sus mochilas en cuestiones espinosas como el aborto, la homosexualidad... Ello lo abre a electorados y generaciones suspicaces ante el PP.

La victoria electoral en España sigue siendo aún un objetivo inalcanzable para C's, según Alaminos. "Es muy difícil. "Tiene efectos techos regionales muy evidentes. Dependiendo de la capacidad política del PP y del PSOE tendrá o no futuro para pelear la cabecera. Al no depender de sí mismos, y sí de las torpezas ajenas, es difícil de calcular a medio plazo", concluye.

  2. Incómodo con la corrupción, en su salsa con el 'procés'

El voto de Ciudadanos reacciona con la activación de la cuestión nacional. Las banderas españolas en los balcones son una buena noticia para Rivera. "Es una reacción de inflamación", señala Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, que pide "cautela" en las conclusiones sobre el último CIS. Eso sí, sin negar que el panorama político está de dulce para Rivera, cuyo partido "crece de manera natural hacia la derecha" con Cataluña en la cabecera de los telediarios.

Las cosas han ido mejorando para la formación naranja desde el arranque de la legislatura. "Al principio estaba en tierra de nadie con su posición de marcaje a la corrupción. Ahí tiene serias dificultades para hacerse creíble porque había investido al PP, que después no transigía con sus demandas. Era una situación incómoda. El tema territorial es un vector bueno para ellos", añade Simón. La explicación de esa incomodidad es que "nunca han pactado con nacionalistas e independentistas", a diferencia de PP y PSOE.

Simón resume así el mensaje con el que Ciudadanos está socavando la supremacía del PP en el electorado conservador: "Ayúdanos a ser imprescindibles para que el PP no sea chantajeado por los nacionalistas". Esta idea puede conectar tanto con votantes españolistas de las periferias plurinacionales como con el cabreado de Castilla, Andalucía o Canarias, que cree que su comunidad está siendo postergada por atender los conflictos o demandas nacionalistas, analiza el politólogo. Esto es, afirma Simón, "una mina" para Ciudadanos, que se coloca en una posición "más dura que el PP". Ahí se sitúa la estrategia sobre el cupo vasco, que ha puesto a Ciudadanos en posición de protagonista absoluto. El partido naranja prevé llevar ahora mociones contra el cupo vasco a todos los parlamentos autonómicos, intentando así generar contradicciones en el PP y el PSOE. Además los costes para Ciudadanos son mínimos en el País Vasco, donde el electorado ha hecho hasta ahora el más completo vacío a su propuesta. "Si consiguen politizar el tema del cupo, a lo mejor incluso se cuelan allí como hizo UPyD", opina Simón.

El politólogo cree que C's ha concluido ya su desplazamiento a la derecha. "Ya no va a moverse más. Nació en el centroderecha y ha ido escorándose, en parte porque sus rivales han sabido colocarlo ahí", afirma el profesor. El adversario más constante en la crítica es Podemos. Aunque C's se ha nutrido fundamentalmente de desencantados de PP y PSOE, también hay "un pequeño flujo de voto protesta, no ideológico", procedente de Podemos, que jamás votaría bipartidismo pero sí puede irse a Ciudadanos como opción nueva. Si la mecha de Cataluña sigue encendida, este grifo podría continuar goteando.

Simón no ve creíble la idea de Ciudadanos peleando por la victoria electoral en España, pero sí que alcance el 20% y deje de ser "el eslabón débil" del multipartidismo, ya que la frontera del 15% es la que empieza a machacar la representación en el Congreso por efecto de la ley electoral. Uno de los problemas, apunta el editor de Politikon, es que C's no es propiamente un partido, sino más bien "una plataforma electoral en torno a un candidato", Albert Rivera. "Los partidos necesitan identidad de camiseta, identificación [del electorado] al margen de su líder", apunta Simón. La contrapartida positiva es que es un partido "muy disciplinado internamente", aspecto en el que flaquean PSOE y Podemos.

  3. Activación de una pulsión dormida

Ojo con llevar demasiado lejos las conclusiones sobre Ciudadanos, alerta Jordi Pacheco, decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña. En su comunidad se está produciendo –afirma– "la activación [política] de un sector de la población que normalmente era pasivo y ahora está movilizado". "Hablamos de sectores poco interesados en la política, con poca propensión a ir a votar, pero que jamás han creído que hubiera una verdadera posibilidad de cambio de estatus. Ahora han visto que sí, que ese cambio de estatus es posible. Y se han movilizado para evitarlo. Eso es lo que están recogiendo las encuestas", señala Pacheco. Y eso es también lo que se ha visto en las masivas manifestaciones convocadas por Societat Civil Catalana, que llenaron las calles del centro de Barcelona de banderas españolas y catalanas. El espejismo de que la calle es nacionalista se ha desvanecido. Ahí puede forjarse una idea de "voto útil" antinacionalista que beneficie a Ciudadanos en Cataluña, situando al PP en una situación casi irresoluble. La realidad parece haber conspirado para favorecer a Rivera, que es quien ha empujado al PP a aplicar el 155, pero que a su vez "no está directamente implicado en su aplicación", ya que ésta corresponde al Gobierno del PP, que es quien se anota en el historial la suspensión de la autonomía de Cataluña, analiza Pacheco.

A esto se suma la imagen "más dinámica, moderna y joven" de Ciudadanos, que contrasta con la del PP, continúa analizando. Con todo ello el partido naranja erosiona a PP y PSOE pero también –aunque en menor medida– al catalanismo moderado. "Aquí es difícil, aunque hay casos, cantidades poco importantes. La mayor parte del nuevo voto a Ciudadanos proviene de la desmovilización", opina Pacheco, que cree que el partido naranja se beneficiaría de una elevada participación, por encima del 80%. Ahora bien, reitera Pacheco, no conviene trasladar este esquema interpretativo al resto de España, donde Ciudadanos carga con el pesado lastre de su escasa implantación en el ámbito rural, donde el voto tiene más inercia y continuidad y el bipartidismo es más fuerte.

¿Es posible una victoria del partido de Rivera en España a medio plazo? "No lo veo descabellado. El PP tiene un electorado muy mayor, puede haber un relevo generacional en el voto de la derecha, sobre todo a medida que vaya apareciendo gente nueva en el censo", apunta Pacheco. Hacen bien Mariano Rajoy y los suyos, opina Pacheco, en temer a Ciudadanos. También porque en España ha habido una "evolución de la opinión pública", donde cada vez abunda más la perspectiva de que "ha habido un exceso de descentralización en España, con demasiadas competencias de las comunidades autónomas". Ahí reside parte del éxito del discurso de Ciudadanos sobre el supuesto "adoctrinamiento" a través de la educación y la televisión pública en Cataluña.

Pacheco resalta la simetría del ascenso de Ciudadanos y el retroceso Podemos, fenómeno que ve "relacionado claramente con la cuestión del modelo de Estado". "En España hablar de federalismo, de descentralización, y por supuesto más allá de eso, te hace perder voto. Ya lo ha advertido [Carolina] Bescansa", apunta Pacheco.

  4. Límites de un "partido escoba" con poca estructura

En política la novedad aporta la ventaja de la ingravidez. El pasado pesa. "Ciudadanos no se moja en muchos grandes temas. Aprovecha que va ligero de equipaje para evitar tomar partido en cuestiones esenciales" que podrían suponerle un desgaste, señala María Corrés, politóloga de la Universidad Complutense. En Cataluña el partido de Rivera está "en su espacio natural, totalmente cómodo, y con más credibilidad que el resto porque nunca ha pactado con nacionalistas ni en Cataluña ni el País Vasco". Por lo tanto, afirma, "es posible que Ciudadanos continúe su ascenso a costa de un descenso del PP".

No obstante, es mejor ser prudentes en cualquier pronóstico. "Puede ser que la encuesta del CIS magnifique los resultados de Ciudadanos, al estar muy activa la cuestión Cataluña, y que no sean extrapolables a unas elecciones generales", afirma Corrés. Ve "muy difícil" la hipótesis de que Ciudadanos pelee realmente por el liderazgo político en España, especialmente por su falta de implantación en la España interior más despoblada "y sobre todo en el País Vasco y Galicia". "La ley electoral le perjudica en provincias pequeñas, son las reglas del luego", señala. También tiene el problema de su "falta de estructura". "UPyD tenía algo, pero no la quisieron [en Ciudadanos]. Macron en Francia nos ha enseñado que un partido puede ganar siendo la plataforma de un candidato, pero es muy difícil", opina Corrés.

El sociólogo y politólogo Albert Balada observa un "margen de crecimiento importante" de Ciudadanos. "Nació en Cataluña como una opción para determinado electorado del PSC, pero ha encontrado su veta en el centro derecha", señala. El resultado es una especie de "partido escoba", que recoge votantes "por la izquierda y por la derecha". Pero en España esas opciones de centro nunca han cuajado, ¿no? Esto no lo ve así Balada. "Depende del enfoque. También puede decirse que España es un país de partidos de centro", afirma. A su juicio, es poco probable que Ciudadanos pueda todavía competir por el liderazgo político en España, pero sí le parece posible que suba drásticamente su número de diputados, situándose en el entorno de 60.

El candidato de Catalunya en Comú-Podem (CatECP) a las elecciones del 21D, Xavier Domènech, ha explicado este lunes parte de su programa, que propone construir en Cataluña un pacto que impulse una "ley de claridad" en el Congreso con la que se defina un referéndum pactado sobre la relación entre Cataluña y el resto de España.

Durante una conferencia en el centro cívico Sandaru de Barcelona recogida por Europa Press, Domènech ha llamado a crear un New Deal (Nuevo Acuerdo, en español) de amplísimas mayorías que sea político, económico y social, y que permita una "nueva relación de tú a tú" con el resto de España.

"Debe tener elementos básicos como un reconocimiento vinculante de los derechos sociales, medioambientales, económicos, de justicia de género y laborales; definir las competencias exclusivas, las compartidas y las cedidas; y tener en su base un acuerdo fiscal, con una hacienda propia y solidaria que tenga en cuenta la equidad y la ordinalidad", ha dicho.

Los comuns se comprometen a impulsar una "ley de claridad" que defina el referéndum, para evitar que se repita lo que sucedió el 1 de octubre, cuando el Govern no explicó qué resultado sería suficiente, cómo lo implementaría o para impedir que se vuelva a pactar la pregunta sólo entre los partidos socios del Govern.

Domènech considera que un cambio de ese calado implica votar en el Congreso una ley orgánica y que los partidos catalanes que comparten la necesidad de consultar a los catalanes alcancen antes un acuerdo, para conseguir después las mayorías suficientes en la Cámara Baja, de ahí su propuesta de hacer un pacto catalán previo.

Preguntado por cuáles serían las mayorías necesarias para articular esa ley de claridad en el Congreso, ha respondido que "las mismas que para el Estatut", es decir, una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara.

Los comuns emulan así la ley federal de claridad canadiense, a través de la que el Parlamento de Canadá establece las condiciones en las que el Gobierno de ese país podría llevar a cabo un referéndum de autodeterminación e implementarlo.

Modelo confederal

Otros puntos que tendrían que formar parte del nuevo acuerdo —al que también llaman Acuerdo de claridad— es el blindaje del modelo de lingüístico y de la escuela pública que "está siendo atacado" y una apuesta muy fuerte por el municipalismo.

Domènech considera que este acuerdo se debe alcanzar a través de procesos participativos ciudadanos y "no cortando por la tangente y dejando fuera a una parte del país" —en referencia implícita a la declaración unilateral de independencia—.

Los comuns apuestan por un modelo confederal, sabiendo que será difícil de defender ante los partidos independentistas porque les pueden tildar de equidistantes, pero Domènech les ha recordado que también le decían "que no se podía acordar con el Estado un referéndum, pero sí una independencia" y ahora están rectificando.

No votar "en contra de"

Además, considera que CatECP será clave tras los comicios y asegura que el voto útil para transformar la sociedad es el suyo: "Somos claves porque votarnos es una impugnación a que Cataluña se defina por bloques. Nosotros creemos en amplios consensos".

El candidato ha lamentado que se llame a la ciudadanía a "votar en contra de Arrimadas, del bloque constitucionalista o del independentismo", en vez de llamar a votar soluciones.

"Votar en contra es votar en contra de nosotros mismos como pueblo, votar en contra de nuestra pluralidad", y ha recordado que muchos votantes —tanto independentistas como constitucionalistas y también de fuera de Cataluña— apuestan por el referéndum acordado.

El conflicto catalán apenas ha influido en las preferencias de los ciudadanos sobre el modelo de organización territorial. Así lo refleja el barómetro de octubre [consultar, aquí] publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestra un apoyo mayoritario al Estado de las autonomías. La mayoría de los ciudadanos sigue siendo partidaria de dejar las cosas como están. Esta es la preferencia del 39,2% de los encuestados y, de hecho, esta opción ha experimentado un ligero aumento de 0,9 puntos respecto al mismo sondeo de hace dos años (del 38,3% al citado 39,2%). 

Por otro lado, los partidarios de un Gobierno central sin autonomías se han reducido de manera leve. Si en octubre de 2015 –justo después de las últimas elecciones catalanas a las que las fuerzas soberanistas intentaron dar un aire plebiscitario– un 18,5% de los encuestados apostaba por esa opción, ahora lo hace un 17,5%, apenas un punto menos. Sí ha aumentado, aunque también de forma poco significativa, el porcentaje de ciudadanos que abogan por un modelo en el que las comunidades tengan menor autonomía que ahora. Lo hace en 0,8 puntos porcentuales, desde el 9,9% de hace dos años hasta el 10,7% actual.

En contraposición, un 13,4% responde que prefiere un Estado en el que las autonomías tengan más capacidad de autogobierno que en la actualidad. Este porcentaje sí se ha reducido en tres puntos respecto a hace dos años, cuando estaba en el 16,4%. En conclusión, la opción de mantener el actual marco o incluso con unas comunidades con más autonomía suma un 52,6%, frente al 28,2% de las alternativas más centralistas. Además, un 10,2% de los encuestados apuesta por la opción de un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de ser independientes.

El debate sobre la modificación de la organización del Estado empezó a intensificarse en 2012, cuando el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, planteó la necesidad de que Cataluña tuviera estructuras de Estado y puso sobre la mesa la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación. No obstante, el llamado procés soberanista ha llegado a su momento álgido en los últimos meses con la culminación de esa estrategia independentista. 

El citado estudio del CIS se realizó entre los días 2 y 11 de octubre, de modo que no recoge el efecto de los últimos acontecimientos políticos. Es decir, la proclamación de independencia del Parlament de Cataluña y la tramitación y aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y tampoco el encarcelamiento de ocho miembros destituidos del Govern y de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como la huida a Bélgica de Puigdemont y cuatro cosellers cesados.

Variables sociodemográficas

De acuerdo con los datos del CIS, las fórmulas recentralizadoras extremas tienen más apoyos entre sectores rurales, de mayor edad y menos formación. De hecho, la opción de un Estado sin autonomías sólo tiene un respaldo superior al 20% (la media está en el 17,5%) entre los mayores de 65 años, las personas que viven en municipios de hasta 2.000 habitantes, los que no tienen estudios o sólo han completado la educación primaria, así como los agricultores, los trabajadores del sector servicios, los obreros cualificados y los jubilados.

Por ejemplo, entre las personas de mayor edad, casi una de cada cuatro (24,2%) querría un Estado con un único Gobierno central sin comunidades autónomas. Entre los que tienen entre 18 y 24 años esta opción sólo la respalda el 9,7% y entre los que tienen entre 25 y 34 años, el 10,6%. También más del 25% de las personas sin estudios o los trabajadores del campo consideran que sería mejor liquidar el actual modelo autonómico. 

En contraposición, la opción de una organización menos centralista en la que se aumenten las competencias regionales también cuenta con mayor respaldo entre los sectores más dinámicos de la sociedad: los jóvenes de entre 18 y 24 años, las personas que han completado estudios de secundaria, los cuadros medios y las clases altas. Por ejemplo, entre los profesionales y técnicos por cuenta ajena uno de cada cinco defiende esta opción. 

Estas mismas clases altas también son las que admiten en mayor grado que se reconozca la posibilidad de independencia de las comunidades autónomas. Respalda esta opción de 17,4% de los encuestados de esta clase social, por el 10,2% del total. La posición proclive al derecho de autodeterminación también tiene predicamento entre las personas de entre 25 y 34 años, los habitantes de grandes ciudades y los que tienen estudios superiores. 

Por otro lado, la mayoría de los consultados (53,7%) declara sentirse tan español como de su comunidad autónoma; el 16,1%, únicamente español, y el 6,2%, solo de su comunidad. Tampoco estos porcentajes han variado de forma considerable en los últimos dos años. 

El Estado es la organización de los ciudadanos para garantizar o alcanzar una serie de valores como la justicia, seguridad, etc. Este sistema de valores se organiza por medio del derecho; las leyes determinan cuales son nuestros derechos y deberes, qué límites se establecen a nuestras acciones y como se nos sancionara en caso de sobrepasarlos. Esta estructura social obedece a la racionalidad. Desde el momento de nuestro nacimiento nos vemos inmersos en un Estado que facilita nuestra aparición y desarrollo.

La patria es una de las formas de satisfacer la necesidad primaria del individuo de adscribirse a un grupo. Se puede articular en relación al pasado común, la lengua, etc. Obedece a los sentimientos, por lo que carece de una regulación. No se nace en ninguna patria, el individuo se siente en algún momento de una, varias o ninguna.

Cuando para hablar de derechos y deberes introducimos el término patria estamos provocando una reacción emocional, positiva o negativa, en nuestro interlocutor. No buscamos un acuerdo racional y consciente sobre intereses comunes, buscamos una adhesión o separación emotiva. La fuerza de las pasiones no garantiza su durabilidad de la adhesión y con frecuencia aparece acompañada de violencia porque favorece la pérdida de control sobre las acciones.

En el terreno personal la coherencia y racionalidad son deseables, pero en el político son necesarias. Las decisiones que afectan a muchos no pueden tomarse atendiendo a los sentimientos. El Estado se sostiene con las leyes, la patria con poesía.

Natividad Pérez es socia de infoLibre

El PSOE decidió a mediados de junio, en su Congreso Federal, defender la plurinacionalidad del Estado y una reforma de la Constitución en clave federal como receta ante el problema de encaje de Cataluña y fórmula sobre el modelo de Estado. Pero apenas un mes después, la interpretación de esas líneas maestras sigue dando quebraderos de cabeza al socialismo: a la vista de las ponencias de los congresos autonómicos, la conclusión es que hay casi tantas fórmulas y definiciones como federaciones tienen los socialistas.

El secretario de Organización federal, José Luis Ábalos, admitió este lunes en una rueda de prensa en Ferraz que "algunas de las cuestiones que se están planteando" demuestran "claramente" que no se ha entendido "lo que es el modelo federal", y comentó que los socialistas irán "haciendo" su "propio debate" acerca de su propuesta. Ábalos llegó a reconocer que en los últimos días ha visto algunas "ocurrencias" en los textos de las federaciones, aunque evitó concretar y pronunciarse más a fondo sobre esta cuestión.

"Hay algunas cosas que están claras. Hay una Declaración de Granada [el texto pactado en 2013 por los socialistas] que todos reconocemos, hay unas resoluciones del Congreso Federal donde claramente se acordó la definición de España como Estado plurinacional, y a partir de ahí cada uno puede opinar lo que quiera", agregó el número tres de la dirección de Pedro Sánchez, quien no obstante consideró necesario que en el partido se sepa "qué es el federalismo" para poder construir un "modelo federal".

¿Hay en el PSOE una opinión compartida sobre el modelo territorial? Observando los textos de los territorios que ya han celebrado su congreso –Castilla y León y Baleares– y de los seis que lo celebran este fin de semana –Andalucía, Extremadura, Comunitat Valenciana, Navarra, La Rioja y Cantabria–, hay al menos tres grupos: Andalucía y Extremadura ponen el foco en el principio de igualdad; Castilla y León, Cantabria y La Rioja apenas mencionan el tema o lo hacen en línea con las resoluciones del Congreso Federal, y Comunitat Valencia, Navarra y Baleares van un paso más allá.

Comunitat Valenciana

El texto de la federación del presidente autonómico Ximo Puig –recientemente reelegido en primarias– comienza el capítulo referido al modelo territorial proclamando que "el País Valenciano es un sujeto político" con una "identidad como pueblo constituido desde 1238" y con una "singularidad" que debe llevarle a alejarse de "posicionamientos sumisos" para no "diluirse como pueblo". Así pues, prosigue, los socialistas valencianos tendrán una "máxima de obediencia valenciana" y el PSPV deberá ser una "fuerza política alejada del sucursalismo".

En cuando al modelo territorial para el conjunto de España, la ponencia del PSPV dice de forma explícita que la Constitución deberá reconocer "la asimetría estructural del federalismo español en virtud de los hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas" y que deberá abandonarse la "concepción centralista" para "culminar" la arquitectura institucional bajo una "visión federal" que respete las distintas "identidades". Ese modelo, concluye, debe ser "el marco para asegurar la viabilidad del valencianismo".

Baleares

La ponencia del congreso de la federación balear, pilotada por la presidenta Francina Armengol, defiende un modelo "profundamente federal entre islas" y donde las autonomías ya no serían "comunidades a las que se les ha otorgado autonomía", sino partes constituyentes del Estado. Propone también cambios concretos como la "participación de los territorios" en la toma de decisiones a través del Senado, donde todas las comunidades tendrían "el mismo voto, sin importar la población". La Cámara alta, además, pasaría a tener una serie de competencias donde "no sería posible que se impusiera la decisión del Congreso".

El documento de los socialistas baleares también detalla lo relativo a la financiación autonómica: se apunta, en primer lugar, que debe se aplicarse el principio de ordinalidad. Y, en segundo término, se habla de que el Estado debe garantizar la autonomía financiera de las comunidades autónomas con un nuevo modelo que "garantice ingresos propios a los territorios" y que esté "protegido de las tentaciones recentralizadoras" mediante su inclusión en la Constitución o en el bloque de leyes constitucionales.

Navarra

Los socialistas de Navarra, liderados por Maria Chivite –que repite en el cargo sin que se haya abierto el proceso de primarias, porque no tuvo rival–, celebran este fin de semana su congreso, y en la ponencia puede leerse que "la identidad nacional única y el Estado soberano son ideas del pasado", pues es "el tiempo de las soberanías compartidas" y de las "identidades compartidas para que cada cual se sienta libremente como quiera". Pese a ello, insiste en que el federalismo que proponen los socialistas "defiende la unidad del Estado respetando la diversidad".

El PSN hace suya en la ponencia la reforma constitucional que propone el PSOE: "con principios y técnicas del federalismo", con mecanismos de "solidaridad" para "reducir las desigualdades territoriales" y preservando "la igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos". Pero, al tiempo, considera que Navarra debe caminar hacia el "perfeccionamiento" de su ser como Comunidad Foral y reitera la necesidad de mantener su "hecho diferencial" –el Convenio Económico– como "instrumento de anclaje" de su foralidad en la Constitución y de "solidaridad" con el resto de "pueblos de España".

La Rioja

La ponencia del PSOE de La Rioja es, probablemente, la que guarda mayores similitudes con las resoluciones del Congreso Federal: apuesta por una estructura federal que "iguale por arriba" a todos los españoles, por reflejar los "elementos esenciales del sistema de financiación" en la Constitución, por una reforma en profundidad del Senado para que se convierta en una "genuina cámara de representación territorial" y por la clarificación del reparto competencial, de modo que todo aquello que no sea competencia del Estado quede en manos de los gobiernos autonómicos. Todas ellas son recetas compartidas con el PSOE federal.

El texto incluye, no obstante, algunas cuestiones específicas propias de la comunidad: por ejemplo la demanda de reformar el Estatuto de Autonomía riojano o de recuperar figuras como el Defensor del Pueblo de la Rioja o el Consejo Económico y Social. Además de la ponencia de la federación riojana, hay otras dos que tampoco colisionan con lo aprobado en el Congreso Federal: el texto del PSOE de Cantabria, por ejemplo, no hace ninguna mención al modelo de Estado, y el del PSOE de Castilla y León se limita a apuntar que el PSOE defiende "los valores republicanos" y "un modelo federal".

Extremadura

En la ponencia del PSOE de Extremadura no aparecen ni una sola vez las palabras "federal" o "federalismo" referidas al modelo de Estado. Tampoco se habla de la "Constitución" ni de la reforma "constitucional" para avanzar hacia un nuevo modelo de organización territorial. Menos aún de "plurinacionalidad" o de "naciones culturales". El PSOE de Extremadura pone el acento en otra cuestión: en "el principio de igualdad". La defensa de esa máxima, apunta la federación de Guillermo Fernández Vara en su documento político, es su "mayor patrimonio, reconocible por todos".

Los socialistas extremeños se definen como "profundamente de izquierdas y profundamente autonomistas", no como "nacionalistas". Si se plantea una reforma del modelo de Estado, advierten, "la estructura descentralizada del poder no puede ser el pretexto para desarrollar proyectos territoriales orgánicos dentro del partido", ni tampoco para que aparezcan "desviaciones prácticas del principio de igualdad". Eso sí, el PSOE de Extremadura tampoco quiere que se le defina como centralista: "Dibujarnos como centralistas es desconocer lo que Extremadura sufrió con ese sistema perverso", se lee en la ponencia.

Andalucía

El PSOE de Andalucía señala en su ponencia que "en el debate actual" de la "reformulación del modelo territorial" hay un principio irrenunciable: el nuevo modelo debe garantizar "la igualdad de los territorios". Así, los socialistas liderados por Susana Díaz proponen un "modelo federal cooperativo" que combine el "respeto a las singularidades" con "la igualdad de todos los españoles", tanto en "derechos" como en "oportunidades" y "con indepenendencia del territorio en el que vivan".

Como guía para desenvolverse en el debate territorial, el PSOE-A exige que la Declaración de Granada tenga mayor protagonismo. El texto pactado en 2013 debe ser "un eje principal" del discurso de los socialistas, apunta el documento del congreso andaluz. Finalmente, y en cuanto al papel de Andalucía, el documento subraya que "el PSOE-A reclama para Andalucía el lugar que le corresponde", pues la comunidad "se ha ganado el derecho histórico a estar en el nivel de los territorios con mayor nivel de autogobierno".

El PSOE dio el pasado fin de semana un nuevo giro en su discurso y apostó por perfeccionar el reconocimiento de la plurinacionalidad de España en una reforma de la Constitución que permita caminar hacia un Estado federal. Los afines al secretario general aseguran que estos conceptos no son nuevos y que caben en la Declaración de Granada, pactada por los socialistas en 2013, pero algunos sectores del partido –especialmente el PSOE andaluz– ya han dejado claro que tienen dudas en torno a esos planteamientos y han pedido explicaciones a Ferraz.

Lo cierto es que el equipo de Pedro Sánchez ha introducido nuevos términos en el vocabulario socialista. O reintroducido para ser exactos porque el PSOE de la Transición defendía por ejemplo el derecho de autodeterminación. El líder socialista ha hecho suya la idea de "nación de naciones", pero ha dejado claro que en España hay "una única soberanía" y "un único Estado". La nueva dirección del PSOE también ha hablado de Cataluña como "nación cultural", aunque ha admitido que es una propuesta que no está cerrada, sino que se está "desarrollando". Y la vicesecretaria general, Adriana Lastra, citó a Bolivia como ejemplo de Estado plurinacional, lo que le valió las críticas del PP.

¿Qué es un Estado federal? ¿Y uno plurinacional? ¿En qué categoría encaja el actual Estado de las autonomías? ¿Se puede hablar de nación en sentido cultural? ¿Son esas naciones sujetos políticos con derecho a decidir por sí mismas? ¿Y qué tiene que ver Bolivia con el caso de España? infoLibre responde a estas preguntas con la ayuda de Ferran Requejo –catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra– y Xosé Manoel Núñez Seixas –catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich–. Esta es la guía para no perderse con el nuevo PSOE.

El Estado federal

A grandes rasgos, explica Requejo, hay tres posibles modelos para la organización de un Estado en función del grado de descentralización del poder: el modelo centralizado, el regional y el federal. Y, aunque Núñez advierte de que hay "tantos modelos de Estado federal como Estados federales", Requejo considera que hay hasta cinco características que permiten diferenciar a un Estado regional de uno federal. "Si se cumplen todas o casi todas estaríamos ante un Estado federal. Si se cumplen pocas, hablaríamos de un modelo regional", comenta.

La primera de ellas es la existencia de un "doble nivel de Gobierno", es decir, la existencia de un Ejecutivo "central o federal" por una parte y de un Gobierno de cada uno de los territorios por otro. Además, en un Estado federal "los Estados territoriales, que en cada país pueden llamarse de distinta forma, son unidades constituyentes", explica Requejo. Ello implica que "la Constitución es un pacto entre los Estados territoriales" o, dicho de otro modo, que "la Constitución la hacen los territorios".

De esa segunda condición deriva la tercera: "En un Estado federal los Estados territoriales tienen que estar mayoritamente de acuerdo para cambiar la constitución, y el Gobierno central no puede hacerlo por su cuenta". El experto pone el ejemplo de Estados Unidos, donde "el 75% de los Estados territoriales tienen que estar de acuerdo" para que se modifique la Carta Magna. Además –cuarta condición–, en los Estados federales hay una Cámara de representación territorial donde "no está representada la población, sino que están representados los territorios". Por ejemplo, en Estados Unidos, cada Estado tiene igual número de representantes.

La quinta condición es que haya un "acuerdo económico federal". Esto se traduce, según explica el catedrático Requejo, en que algunos impuestos tienen "carácter federal" y otros no. Los tributos federales son iguales en todo el territorios estatal. Los que deciden los territorios, en cambio, pueden ser diferentes en cada una de las unidades territoriales que integran el Estado. Eso no significa que necesariamente tengan capacidad de recaudarlos: Núñez explica que en Alemania los Estados federados "recaudan impuestos y se los ceden al Gobierno central, mientras que en Argentina –que también es un Estado federal– sucede justo al revés"..

Federalismo canadiense, federalismo alemán

Dentro de la categoría de Estados federales, agrega, puede distinguirse entre situaciones de federalismo simétrico y asimétrico. "Cuando los territorios tienen un nivel similar de capacidad de gobierno y una relación similar con el Gobierno central, hablamos de federalismo simétrico", apunta Requejo. "Es un escenario donde no hay territorios con relaciones particulares, como puede suceder en Estados Unidos o Alemania. El caso contrario, el de Estados donde al menos una unidad territorial tiene una relación con el poder central distinta al del resto, es el del federalismo asimétrico. Es lo que sucede en Canadá o Bélgica", completa.

Núñez agrega, en todo caso, que los sistemas federales "son normalmente simétricos", y que todas las unidades territoriales "ceden y reciben lo mismo". El catedrático añade otra característica frecuente en estos sistemas: la existencia de "mecanismos de cooperación horizontal" entre los territorios. 

¿Y qué es España?

La siguiente pregunta es saber de qué situación parte España. ¿Tiene sentido hablar de una reforma constitucional para avanzar hacia un Estado federal, o ya lo es? Para el profesor Requejo, el actual Estado de las autonomías es un modelo "intermedio" entre un Estado regional, como Italia, y uno federal, "pero tiene más de regional que de federal". Núñez también cree que el actual sistema "no es federal", pero explica que el Estado de las autonomías "es más descentralizado incluso que algunos sistemas federales en cuanto a la gestión del gasto público".

Hay al menos tres condiciones que no cumple el actual modelo para ser considerado federal, según Requejo. La primera, que "las comunidades autónomas no son constituyentes ni tienen capacidad de reformar la Constitución". La segunda es que no hay federalismo fiscal, salvo en los casos de Euskadi y Navarra, que sí tienen capacidad de decidir y recaudar impuestos. Y la tercera es que "el Senado no es una Cámara de representación territorial", porque sus representantes son elegidos en las provincias, "que son una división administrativa y no territorial".

El profesor Núñez, por su parte, sitúa el foco en el hecho de que el Senado "no funciona" como Cámara de representación territorial y en la ausencia de mecanismos horizontales entre los territorios para justificar el hecho de que España no pueda ser considerada un modelo federal.

La plurinacionalidad, tema aparte

Después está la cuestión de la plurinacionalidad. Requejo considera que es un debate aparte, que "nada tiene que ver con la organización política". "Hablar de plurinacionalidad –explica– sólo significa que dentro de las fronteras del Estado existe heterogeneidad sobre la identidad nacional de la población, es decir, sobre su lengua, su Historia, su cultura...". Por tanto hay Estados con más de una nación, "como Canadá, porque Quebec es una nación diferente", y "Estados que, aun siendo federales, son uninacionales, como Estados Unidos o Alemania".

El experto advierte, eso sí, de que los "modelos centralistas" en cuanto a la organización estatal suelen "fracasar en sociedades plurinacionales". "Incluso los modelos regionales y federales simétricos suelen dar malos resultados en esos escenarios, según nos dice la política comparada", apunta. Federalismo y plurinacionalidad, por tanto, no son lo mismo, pero la plurinacionalidad de una sociedad dentro de un Estado hace más adecuado que ese Estado adopte un modelo federal.

Para Núñez, sin embargo, este debate no tiene una respuesta tan clara: "Pedro Sánchez introduce una diferencia entre nación política y nación cultural, pero para mí esa es una distinción falsa y débil. La cuestión, al final, es a qué llamamos nación. Para mí, nación es una comunidad que es sujeto de derechos políticos y de soberanía. Aplicar el término a otras realidades supone introducir un elemento de confusión, a mi juicio". En todo caso el concepto no es nuevo, avisa: la idea de "nación de naciones" es un "trabalenguas hábil" que ya escuchamos en los "años 80 y 90", comenta. También lo utilizó Felipe González. "Al final, los políticos juegan con las palabras, las identidades y los sentimientos", resume.

El caso de Bolivia

Queda por resolver una última pregunta: ¿Era pertinente el ejemplo de Bolivia como Estado plurinacional, como ejemplo de nación de naciones? Eso fue lo que dijo Adriana Lastra, número dos del PSOE, en una entrevista radiofónica este lunes. Requejo considera que es un caso "muy particular". ¿Por qué? "Porque Bolivia se define en su Constitución como plurinacional, pero esa plurinacionalidad no responde a criterios culturales, como sucede en España, sino a criterios étnicos: hay un gran número de grupos étnicos –los quechuas y aymaras son los principales–, y se habla de plurinacionalidad por esa heterogeneidad".

Sin embargo, la organización política del Estado es después "muy centralizada". "Es menos descentralizada incluso que el Estado de las autonomías en España", concluye.