La Audiencia Nacional presentó el pasado diciembre una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que ese órgano analice el encaje con el derecho europeo de la ley que impide el reconocimiento en España de las sentencias dictadas contra los presos de ETA en Francia. Se trata de la misma norma que el Congreso, con el apoyo del PP, pretende reformar para permitir a ese colectivo—y a cualquier ciudadano español que haya sido condenado en otro Estado de la UE— la convalidación de las condenas en otros países miembros. El PP, que apoyó inicialmente la modificación, pretende ahora obligar al Gobierno a retirarla y le acusa de engañarle y "colarle" la iniciativa, pese a que sus diputados que apoyaron el texto han asegurado que sabían lo que hacían al votar a favor. El hecho de que haya una cuestión prejudicial pendiente de resolución en el TJUE sitúa a España ante el riesgo de que el tribunal europeo anule la norma dando un fuerte tirón de orejas por el incumplimiento de derechos fundamentales y principios penales básicos.

La cuestión prejudicial de la sección segunda de la Audiencia se presentó el pasado 4 de diciembre de 2023 durante el proceso abierto contra la dirigente de ETA Soledad Iparragirre, Anboto. Los magistrados José Antonio Mora, José Ricardo de Prada y María Fernanda García, absolvieron a la jefa de la banda por considerar que los hechos por los que había sido juzgada en España, ya habían sido condenados en Francia, donde Iparragirre había cumplido una condena de 20 años y había desarrollado toda su actividad criminal. Pero el Supremo anuló la sentencia de la Audiencia al considerar que los hechos por los que había sido sentenciada en el país vecino no eran los mismos que se juzgaban en España y le ordenó redactar una nueva. Antes de hacerlo, la Audiencia decidió presentar la cuestión al tribunal de Luxemburgo.

En su escrito, los magistrados recuerdan que tanto el ordenamiento español como el europeo prohíben que una persona pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos, lo que en el argot jurídico se conoce como el principio de non bis in idem. Pero también advierten de que, en caso de tener que condenar a Anboto tal y como les ordenó el Supremo, a la dirigente se le aplicaría una pena en España cuyo cumplimiento efectivo máximo sería de 30 años. Esos 30 años, sumados a los 20 ya cumplidos en Francia antes de su entrega a las autoridades españolas, supondrían que Iparragirre pasaría un total de 50 años en prisión, un tiempo muy superior al de 30 años que el Código Penal español establece para su caso. El rigor del castigo superaría incluso a la aplicación de la prisión permanente revisable, la pena más alta en nuestro país que, sin embargo, permite su revisión tras 25 años entre rejas.

En la cuestión prejudicial, los magistrados españoles se quejan de que la ley que traspuso la directiva europea de 2008 que implica el reconocimiento de las sentencias dictadas en otros países de la UE impide de facto ese reconocimiento. Sobre la prohibición de condenar dos veces unos mismos hechos en España y Francia, la Audiencia advierte "serias dudas" sobre la posibilidad de apreciarla "de atenernos a la regulación contenida en el ordenamiento español", que excluye, según el escrito, "cualquier efecto de las sentencias anteriores dictadas por tribunales de otros Estados miembros". Es decir, que la ley que ahora el PP defiende a toda costa y cuya reforma quiere frenar, impide los objetivos de la directiva europea que traspuso. La sala invoca otro principio básico en derecho penal, la proporcionalidad de las penas, al advertir de la dureza del castigo que se verían obligados a imponer a la etarra que, en total, cumpliría 50 años de cárcel.

La directiva que dio lugar a la ley española que el PP quiere ahora conservar para evitar que a los presos etarras se les descuenten las penas cumplidas en Francia obliga a los Veintisiete a evitar que "el hecho de que, con motivo de un nuevo proceso penal en un Estado miembro, se disponga de información sobre una condena anterior dictado por otro Estado miembro, dé lugar a que el interesado reciba un trato menos favorable que si la condena anterior hubiera sido dictada por un órgano jurisdiccional nacional". En el caso de Anboto, si solo hubiera sido condenada en España, cumpliría un máximo de 30 años, en lugar de los 50 que le podrían conllevar las sentencias de Francia y España conjuntamente.

Esa especial dureza en la respuesta penal hacia los miembros de ETA es, precisamente, lo que el PP trató de preservar durante la tramitación parlamentaria para la trasposición de directiva. Esa norma europea, aprobada en 2008, se tradujo en España en la Ley Orgánica de Intercambio de Información de Antecedentes Penales y Consideración de Resoluciones Judiciales Penales en la Unión Europea, en vigor desde noviembre de 2014. Durante su debate en el Senado, el Grupo Parlamentario del PP introdujo las enmiendas que impiden la convalidación de las condenas de Francia y del resto de países europeos. En su motivación, los senadores populares argumentaron aspectos técnicos como una mayor concreción y "motivos de seguridad jurídica", según se recoge en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG).

Pero las razones reales se distribuyeron a los parlamentarios en un documento interno del partido. En él se hablaba de "la acumulación de condenas cumplidas en Francia" como un "asunto estratégico" por su relación directa con la lucha contra ETA. También se explicaba que las enmiendas habían sido redactadas por "expertos del Ministerio de Justicia y de la Abogacía General del Estado, tras el impulso dado al asunto desde el Ministerio del Interior", que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz. En el papel se hablaba del "riesgo de aplicación sistemática de acumulación de condenas en Francia a casi 90 presos de ETA potencialmente afectados, lo que supondría una rebaja considerable de su estancia en prisión (entre 5 y 6 años de media) y en muchos casos su excarcelación anticipada".

Después, enumera lo que denomina "modificaciones de calado". "Las condenas en otros Estados miembros no se aplican para revisar límites de cumplimiento ni condenas ya impuestas en España con anterioridad (etarras condenados en entregas temporales) ni tampoco a las impuestas posteriormente pero por hechos anteriores a la sentencia extranjera (caso más frecuente con miembros de ETA), dice el documento. "Tampoco serán de aplicación, en general, las condenas de otro Estado miembro anteriores al 15 de agosto de 2010", añade. Ese fue el método seguido por el PP para convertir una directiva europea en una nueva norma de excepción contra la banda terrorista.

"Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas/ guardé silencio/ ya que no era comunista(...)" 

Finalmente cuando fueron a por Niemöller en 1941 nadie quedaba ya y terminó en el campo de concentración de Dachau durante cinco años.

Tal y como se suceden los acontecimientos y como ya vemos que la historia siempre se repite me imagino ese poema adaptado a la actualidad política y judicial española y digo:

Cuando los franquistas vinieron por el magistrado Baltasar Garzón, como otros muchos ciudadanos yo también guardé silencio, no conocía su labor diaria contra los crímenes de lesa humanidad, ni contra los terrorismos de ETA, yihadista, de Estado; ni contra la corrupción política; ni la delincuencia económica; ni contra el narcotráfico. Guardé silencio porque pensé que existía un Estado de Derecho que le permitiría defenderse, pero fue inhabilitado y apartado 11 años de forma "injusta, arbitraria, parcial" por el Tribunal Supremo, según el dictamen vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Fue expulsado por intentar evitar en el caso Gürtel (junto a la fiscalía, la policía y después el juez que lo sustituyó), que recolocasen y blanqueasen los fondos en el extranjero, interceptando las comunicaciones de los presuntos corruptos y de sus abogados presuntos involucrados. 

Previamente había sido inhabilitado dos años por intentar investigar y aplicar la ley contra los crímenes de lesa humanidad franquistas.

Cuando fueron a por él, decía (a modo de Martin Niemöller) guardé silencio porque yo no era juez ni una persona valiente.

Cuando vinieron por los catalanes y sus representantes por participar y convocar una consulta en forma de referéndum, miré a otro lado, pensé que estábamos en un Estado democrático y que los poderes emanaban del pueblo. Cuando fueron "a por ellos" no protesté, yo no era catalán, ni pude obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, al ahorrarme el pago del referéndum de mi bolsillo, que pudiera intentar librarme después, con la amnistía.

Cuando vinieron por Alberto Rodríguez tampoco protesté, no era uno de los 64.613 canarios que le dieron su representación. Tampoco hablé cuando se declaró por el Tribunal Constitucional desproporcionada la condena del Tribunal Supremo. Pensé en la separación de poderes y en el derecho constitucional de manifestación, pero fue condenado y se obligó judicialmente a la Presidenta del Congreso a retirarle el escaño, algo incompatible cuando ya se había optado por pagar la multa.

Cuando lo hicieron contra todo un partido político que representaba a 5.189.333 ciudadanos, contra sus 69 diputados, contra sus responsables orgánicos, tampoco dije nada, yo no pertenecía a ese partido y me convencieron de que "cuando el río suena, agua lleva". Tampoco protesté después cuando se demostró en ambos casos que se había judicializado la política, con el llamado lawfare.

Cuando vinieron por Pedro Sánchez y su entorno familiar, por García Ortiz y su entorno profesional, enmudecí de miedo al pensar que si a un presidente de gobierno y al fiscal general del Estado les hacían eso, qué podrían hacerme a mí, precisamente ahora que no se le puede llamar asesino confeso a quien reconoce y acredita haber provocado la muerte de otro si no lo ha tipificado, previamente así un juez en una sentencia firme.

Pero antes ya vinieron por los ancianos "enfermos incurables" (como también versionó el pastor Niemöller) porque se iban a morir de todas formas. Cuando acabaron con esas 7291 personas abandonadas institucionalmente a su suerte por no tener seguro privado y la adjudicatura desoyó el llanto de sus familias, no protesté; cuando siguen banalizando el mal como lo hacía Eichmann con esas 7291 muertes (algunas por inanición como antaño), no dije nada porque llegué a la conclusión de que de nada sirve protestar en un régimen sin Estado social, sin Estado de derecho y sin ser demócrata. 

Para nada valdría manifestarse en una dictadura franquista con apariencia de democracia, tipo Huxley, donde somos felices al poder consumir y donde estamos sumamente entretenidos haciendo zapping o doomscrolling en los vídeos reels, tick tock, ya cortos de por sí; o leyendo entre líneas los comunicados sometidos a un número pequeño de caracteres que evitan conocer el contexto, inventados por los Musk para que los Trump sigan fabricando las castas humanas inferiores de 'betas' frente a los 'alfas'. Mayoritariamente machos alfas.

Si revisamos nuestra propia historia, incluida la reciente, veremos cómo siempre ganaron y ganan ellos. En este país aún quedan 114.000 demócratas enterrados en cunetas víctimas del franquismo sin identificar. Siempre ganan ellos y vemos en todas nuestras ciudades calles: Reyes Católicos; Francisco Franco, José Antonio y Crucero Baleares aún en el reino independiente de Madrid o fuera de él. Calle y busto, incorporado en 2024, que honra la memoria de un alguacil de la Inquisición, en un pueblo de la campiña cordobesa. Por tanto ya vemos homenajes perpetuos a asesinos y genocidas, pronto veremos nuevas calles con nombres de la community manager de Pecas o del casi condecorado Netanyahu.

Para qué sirve entonces protestar si el propio juez Garzón acude al refranero popular (evocando el amor a su Padre) con el refrán "agua pasada no mueve molino" después de obtener ese dictamen vinculante (repito) contundente del comité de derechos humanos de la ONU sin depurar responsabilidades, que deje claro a los ciudadanos que existe justicia en este presunto Estado de derecho.

No me respondan, ya conozco el final y asumo que cuando vengan a por mí, por pensar en voz alta y en estos términos, tampoco quedará nadie.

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

La tormenta política desatada por el PP tras aprobar el Congreso -con sus propios votos- la reforma que convalida penas cumplidas en Francia a los presos etarras y permite reducir sus condenas, es solo una muestra de la dificultad de las instituciones españolas para superar la legislación de excepción en materia terrorista. Trece años después de su cese de actividades y tras los seis transcurridos desde su disolución unilateral y definitiva, ETA sigue formando parte del debate político español. La utilización del terrorismo de la banda por los partidos de derecha y extrema derecha y las acusaciones a sus adversarios en el Gobierno y en la izquierda en general de actuar a favor de los presos de la desaparecida organización polarizan el debate político y fomentan un populismo punitivo en los medios que hace casi imposible el desmontaje del entramado de reformas penales y penitenciarias sucesivas diseñadas a lo largo de 60 años para acabar con el fenómeno y que han suscitado las críticas de organizaciones como Naciones Unidas y la Unión Europea, que, en algunos casos, las han considerado abusivas por afectar a los derechos fundamentales de los detenidos.

La reforma que ha desatado el pánico en el partido de Alberto Núñez Feijoo deroga una de esas medidas excepcionales aprobadas a lo largo de los últimos años. Para evitar la salida anticipada de los presos de ETA, el Gobierno de Mariano Rajoy impuso en noviembre de 2014 que la convalidación de las sentencias cumplidas en otros países de la UE, recogida en una directiva europea de obligado cumplimiento para España, solo se aplicara a partir de 2010, algo no previsto en la disposición aprobada en Bruselas y que, según expertos penalistas, podría afectar a dos derechos fundamentales de estos reclusos. El primero, la prohibición de ser sancionado en dos ocasiones por la misma conducta. También la obligación de aplicar retroactivamente las disposiciones penales más favorables para el reo. Esa normativa de excepción es la que ahora, tras haber votado a favor de su derogación, el PP quiere mantener a toda costa. Los defensores de estas medidas extraordinarias argumentan que, aunque ETA se haya acabado, sirven para combatir otros tipos de terrorismo, como el islamista. Gran parte de la doctrina apuesta, sin embargo, por su eliminación. Estas son algunas de estas disposiciones de excepción. Varias siguen vigentes a día de hoy.

El régimen general de las detenciones policiales, recogido en la Constitución, establece que esta "no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario" para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, "en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición" del juez. El propio texto constitucional establece una excepción en su artículo 55.2 para los casos de "bandas armadas y elementos terroristas". La norma fundamental estableció que una ley orgánica podría determinar la suspensión de los límites temporales del arresto así como la de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones en esos supuestos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es la que establece un régimen especialmente duro para el arresto en los supuestos de terrorismo. El plazo total que un detenido por estos delitos puede permanecer bajo custodia se extiende 48 horas más, es decir, en lugar de las 72 horas del régimen general, puede extenderse a los cinco días antes de que el imputado comparezca ante el juez.

Esa misma norma establece que la policía pueda solicitar al juez, siempre en esos casos, la incomunicación del detenido, incomunicación que empieza con esa solicitud y antes de que el instructor la autorice. Estar incomunicado supone no poder designar un abogado de confianza y contar únicamente con un defensor de oficio con el que, a diferencia de cualquier otro, tampoco podrá entrevistarse de manera reservada ni acceder a las actuaciones que se han iniciado contra él. Tampoco podrá poner en conocimiento de su familia o de la persona que quiera el hecho de su detención y el lugar en el que se encuentra, como en el régimen aplicado al resto de delitos. El incomunicado solo puede comunicarse con el juez, el fiscal o el médico forense. El régimen fue bendecido por el Tribunal Constitucional en 1987 argumentando que perseguía la defensa de la paz y la seguridad ciudadana protegidos por la norma fundamental. Una investigación del Arateko (defensor del pueblo vasco) indicó que, solo en 2001, la incomunicación se aplicó a más del 96% de los detenidos por terrorismo.

El régimen de incomunicación ha sido denunciado hasta por la Audiencia Nacional –el tribunal del terrorismo– cuya Sala Penal ha llegado a rechazar las declaraciones obtenidas de los detenidos al considerar que se realizan en un "contexto inquisitivo y secreto" que no ofrece garantías procesales. En el caso del diario en euskera Egunkaria, por ejemplo, su exdirector, Martxelo Otamendi, llegó a relatar que, durante los cinco días que permaneció aislado, los agentes lo mantuvieron de pie durante tres días sin dejarle apenas dormir. También le obligaron a hacer ejercicios físicos vestido y desnudo y sufrió vejaciones homófobas, como obligarlo a mantener posturas sexuales durante los interrogatorios. La Audiencia, que absolvió a todos los encausados en 2010, sostuvo que las denuncias de las torturas sufridas por el periodista eran compatibles con los informes que redactó el forense durante el arresto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no haber investigado su terrible relato. Ese mismo órgano también obligó al Estado a indemnizar con 30.000 y 50.000 euros a Igor Portu y Mattin Sarasola, los autores del atentado de la T4 de Barajas, por no indagar los supuestos tratos inhumanos y degradantes sufridos durante su detención.

La detención incomunicada también ha sido denunciada por el relator sobre la tortura de Naciones Unidas, que, en 2004, pidió su supresión porque "crea condiciones que facilitan la perpetración de la tortura y puede en sí misma constituir una forma de trato cruel o degradante o, incluso tortura". Ese mismo relator recogía entre sus recomendaciones que España garantizara en esos casos "el derecho de acceso a un abogado" al que se pueda consultar "en privado". También el de ser examinado por un médico de su elección, aunque ese examen se haga en presencia de un médico forense. O el de poder informar a los familiares "del hecho y lugar de la detención". Además, reclamaba que todas las declaraciones se grabaran en vídeo y que en las imágenes se identificaran todos los intervinientes en el interrogatorio.

Si el régimen de la detención de los supuestos terroristas ha sido cuestionado tanto en España como a nivel internacional, todavía más se ha criticado en esos ámbitos el régimen penitenciario excepcional al que están sometidos que dificulta especialmente el acceso a la libertad condicional al final de sus condenas así como sus posibilidades de reinserción. Para lograrlo, un preso común debe cumplir tres requisitos: estar clasificado en tercer grado (semilibertad), haber cumplido tres cuartos de su pena y tener buena conducta. Sin embargo, en el caso de los presos por delitos de terrorismo, tanto el acceso a la libertad condicional como al tercer grado penitenciario (la semilibertad) es mucho más complejo.

Además de satisfacer las indemnizaciones contempladas en su condena, se les exige que demuestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas y además que hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como que los informes técnicos acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos legales que la rodean.

Los sucesivos endurecimientos del Código Penal han obligado, además, a que los presos terroristas cumplan íntegramente al menos la mitad de sus condenas para acceder al tercer grado. En el caso de los comunes, la concesión de esa clasificación puede ser decretada por el juez de vigilancia penitenciaria en atención a la buena conducta y a la progresión y evolución del interno. También se imponen requisitos más duros que en el régimen general para los condenados a prisión permanente revisable. Si el delito tuviera la calificación de terrorista no podría acceder al tercer grado hasta pasados 20 años desde que ingresó en prisión. El resto puede hacerlo a los 15 años. El tiempo efectivo entre rejas también es superior en los casos de terrorismo para tener derecho a permisos: 12 años en los terroristas; ocho en el resto.

Más allá de la legislación penal y penitenciaria, los presos de ETA han sido también objeto de una política gubernamental de dispersión por cárceles de todo el país desde los años ochenta, manteniéndolos alejados de su entorno social y familiar. La decisión, mantenida por ejecutivos de distinto signo desde entonces, trataba de evitar que ese colectivo se reforzara entre rejas organizando protestas, huelgas de hambre y otras medidas de presión. El Ministerio del Interior comenzó a poner fin a estas medidas con la llegada de Pedro Sánchez al poder, en 2018. En marzo de 2023 solo una presa, Natividad Jáuregi, permanecía en prisiones fuera del País Vasco o Navarra.

El endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de sus condenas también ha tenido origen en algunas resoluciones judiciales controvertidas. Muchos de los condenados de ETA lo fueron con el Código Penal de 1973, el anterior al actualmente vigente desde 1996. Esa norma permitía a todos los reclusos, también a los terroristas, restarse un día de condena por cada dos de trabajo en prisión. Es lo que técnicamente se denominaba "redención de penas por el trabajo".

El cómputo se hacía sobre el tiempo máximo que el recluso podía permanecer en prisión que, con el anterior Código, era de 30 años. Pero en 2006, con ocasión de un recurso presentado por el sanguinario terrorista Henri Parot, el Tribunal Supremo decidió que la redención de penas por el trabajo debía calcularse por el total de la condena y no por el tiempo que efectivamente el recluso debía permanecer encarcelado. Es decir, si había sido condenado a 200 años, era sobre esa cifra sobre la que había que empezar a restar días, en lugar de los 30 de cumplimiento máximo. La sentencia supuso la práctica abolición de la redención y la imposibilidad de que los presos etarras se acogieran a ella para salir antes.

La doctrina Parot fue derogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013, lo que obligó a excarcelar en los años posteriores a al menos 63 presos de ETA. El tribunal concluyó que, mediante su sentencia, los magistrados del alto tribunal habían creado una pena nueva no prevista, lo que vulneraba el principio de seguridad jurídica contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que también recoge la Constitución.

El Código Penal da una amplia lista de delitos que pueden ser considerados terroristas. Para serlo, los que los perpetran deben seguir alguna de estas finalidades: subvertir el orden constitucional o desestabilizar gravemente las instituciones, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. El problema es que, dentro del catálogo, se castigan con penas importantes delitos que, sin esas finalidades, tendrían un reproche mucho menor.

Un ejemplo de ellos son los desórdenes públicos. Mientras que en el régimen general están castigados con entre seis meses y tres años de prisión, en el caso de que se hagan con las finalidades terroristas, son castigados con cuatro años y medio de cárcel. El motivo de penalizar de manera tan grave esa conducta cuando se cometa con las finalidades terroristas que contempla el Código, fue la lucha contra lo que se denominó kale borroka, "terrorismo callejero" o "terrorismo de baja intensidad". Gran parte de la academia duda que este tipo de disturbios, dependiendo de los fines con que se ejecuten, puedan ser castigados de manera más agravada. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Ignacio Muñagorri, por ejemplo, considera que deberían volver al catálogo de delitos comunes y salir del ámbito del terrorismo para evitar la "intensa funcionalidad punitiva y criminalizadora" que conlleva esto último, como escribió en un artículo publicado en 2014.

El terrorismo también se ha ampliado a otros comportamientos que tienen que ver con la libertad de expresión. El delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, por ejemplo, ha servido para criminalizar y procesar manifestaciones artísticas, como las de los raperos Pablo Hasél o Valtònyc. También publicaciones en redes sociales, como las del exlíder del grupo Def con Dos, César Strawberry, o los tuits del exconcejal madrileño Guillermo Zapata. El enaltecimiento no implica la incitación a cometer delitos, sino simplemente "una apología genérica". "Se está castigando con una pena nada liviana [hasta tres años de prisión] conductas que, en realidad, están muy cercanas a la libertad de expresión, tan cerca de la libertad de expresión que la pena resulta manifiestamente desproporcionada", asegura la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón María Luisa Cuerda Arnau en su artículo Delitos de terrorismo. Aspectos sustantivos y procesales. En cuanto a la modalidad de humillación a las víctimas, la profesora aboga por sacar el delito del Código Penal para que se depuren en el ámbito civil mediante procesos sobre el derecho al honor en los que las víctimas del terrorismo que se sientan menospreciadas o humilladas puedan reclamar una indemnización.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este miércoles en el Congreso que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que, de haber acercamientos, serán individuales y de acuerdo a la ley penitenciaria. "Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político", ha defendido, afeando al PP su estrategia de "inyectar odio" en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.

Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado "lealtad al Estado" en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Traslados que el Gobierno de Rajoy defendía "con ahínco"

"Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación con su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad", ha insistido el ministro. "No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco", ha continuado, citando declaraciones de dirigentes del PP en el pasado, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. "Flaco favor hacen inyectando odio", ha dicho.

En su intervención inicial ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska ha defendido que los traslados penitenciarios no cuentan como beneficios en lo referente a la progresión de grados.

El PP, sin embargo, ha mantenido la petición de explicaciones al entender que sí ha habido un cambio en la política penitenciaria como "pago por los votos" del PNV y otros partidos nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. "El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca", ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos "más duros".

El PNV ha sostenido que "el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza" fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista. "Está clarísimo", ha dicho el diputado Mikel Legarda, "el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver".

Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas −"presos vascos", para ella− deberían ser excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación con la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo grado "en tiempo récord".

"No vamos a permitir la inmigración violenta"

El ministro del Interior también ha justificado la devolución a Marruecos de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto, afirmando que esta acción "mandó un mensaje claro" a las "organizaciones criminales que trafican con personas".

"El mensaje es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta", ha destacado, para después reivindicar la "seguridad y protección" de las fronteras de España con el país alauí desde el respeto a los derechos humanos. "Seguridad, sí, pero sobre todo humanidad. Pero humanidad no es igual a permisividad", ha precisado el responsable del Ministerio del Interior, que ha comparecido este miércoles en el Congreso.

Grande-Marlaska ha acudido a la Cámara baja a petición propia tras la "reactivación" del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos, en virtud del cual los 116 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla fronteriza de Ceuta fueron devueltos al país magrebí apenas 24 horas más tarde. El convenio permite a España entregar al país vecino a quienes han accedido de manera irregular a territorio español desde allí, independientemente de su país de origen.

La aplicación de este acuerdo, según ha explicado el ministro, se debe a que tanto España como Marruecos "han querido mandar un mensaje claro" a las mafias dedicadas a la trata de seres humanos. "No vamos a permitir la inmigración violenta que atente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha resaltado.

Marruecos solo acepta el convenio en casos concretos

Grande-Marlaska ha destacado que la reactivación del acuerdo por parte de Marruecos "por lo general, no ha sido aceptada": solamente ha aceptado hacerlo "en casos específicos". Durante su intervención, ha hecho hincapié en el impulso de la cooperación y las relaciones entre Maruecos y España desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

En este sentido, ha asegurado que España va a reforzar el control fronterizo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, matizando que se impulsará el uso de "medios más modernos, no lesivos", en clara referencia a las concertinas con cuchillas cortantes.

Sabía muy bien Rajoy de lo que hablaba cuando se lo calzó a Rivera por azuzar aún más el fuego catalán, puesto que el PP practicó sin el menor pudor esa táctica aprovechategui de modo permanente desde la oposición a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo respecto a Cataluña y la reforma de su Estatut, lo hizo con la inmigración y lo hizo con la lucha antiterrorista. Y cuando Pablo Casado proclamó que “el PP ha vuelto” tras lograr la presidencia del partido debía referirse a todo esto.

El éxito por sorpresa de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa tuvo el doble efecto inmediato de sacar a Rajoy de la política y de dejar a Rivera completamente noqueado, musitando todo el rato “hay que convocar elecciones, elecciones, elecciones…”, aferrado a unas encuestas que le pronosticaban una amplia victoria y a unos editoriales de El País que jaleaban cada uno de sus gestos. Los augurios demoscópicos han ido rápidamente difuminándose y los editoriales y portadas anaranjadas de El País han pasado a mejor vida.

Pero sobre todo ha aparecido en escena un competidor durísimo en el oficio de aprovechategui. Pablo Casado ha demostrado ya que es capaz de acusar al nuevo Gobierno de regalar “papeles” a todos los migrantes que se juegan la vida para pasar del tercer mundo al primero (como si España tuviera la exclusiva de ser el segundo mundo del que nadie habla); también es capaz de adelantar por la derecha a Ciudadanos en todo lo que se refiera al conflicto catalán (olvidando por completo que se trata de un conflicto también español y constitucional); incluso es capaz de achacar a Pedro Sánchez un serial de concesiones a ETA y a sus presos (a pesar de que las propias víctimas del terrorismo aclaren que las medidas penitenciarias tomadas son legales y estaban ya previstas por el Gobierno anterior).

No debería sorprender que Casado recupere esa estrategia de oposición, por completo alejada de cualquier sentido de Estado. Nació y creció políticamente entre Aznar, Aguirre, Granados, Ignacio González, Rajoy y otros referentes de una concepción de la política no como servicio público sino como herramienta para utilizar lo público al servicio de intereses privados, mayormente de los sectores más privilegiados y reaccionarios. Se empieza privatizando hasta el aire que respiramos y se termina con sobres de dinero negro ocultos en un altillo del chalé de tus suegros.

¿Acaso Soraya Sáenz de Santamaría habría liderado un discurso más moderado, menos falsario para intentar recuperar el voto fugado a Ciudadanos? No hay garantía alguna de ello, y conviene no olvidar que tanto el PP como Ciudadanos siguen manteniendo que la llegada de Sánchez al gobierno ha sido antidemocrática, “por la puerta de atrás”. Lo cierto es que se avecina de nuevo un galopante proceso de crispación, en el que el unilateralismo independentista arreciará la presión antes de concluir agosto y durante todo el otoño, y en el que tanto Casado como Rivera necesitan dibujar un gobierno débil, marioneta de “los populistas y de los que quieren romper España”, capaz de ceder hasta la llave del búnker de la Moncloa con tal de mantener el poder.

Se ve que Pablo Casado no contaba con la complicación judicial de su mini-máster, o quizás aspiraba a que, una vez en el sillón de la presidencia del PP, ningún juez se atreviera a exigirle las pruebas de haber realizado (al menos) esos trabajos que dijo que guardaba en su ordenador. Si no ha mentido, lo tiene bastante fácil para solucionar el problema. Si ha mentido, está ya en tiempo de descuento para dar por finiquitada su carrera política.

En términos de calidad democrática, el espectáculo es lamentable. La cacareada regeneración política no puede hacerse por vía judicial, y menos aún cuando la propia institución de la Justicia está a su vez necesitada de un chute de regeneración y despolitización. La ciudadanía, más allá de sus convicciones ideológicas, no se merece líderes que mienten de forma compulsiva ni políticos capaces de utilizar y manipular la lucha antiterrorista, la tensión catalana o la complejísima realidad de las migraciones para arañar un puñado de votos.

Se dirá: es la ciudadanía precisamente quien tiene en su mano no votar a los aprovechateguis. Es cierto, pero cualquier estudio postelectoral mínimamente riguroso refleja que las razones de cada cual para ejercer su derecho al voto son poco menos que inextricables. Eso sí, sabemos que un porcentaje alto de electores toma su decisión no tanto a favor de uno como en contra de otro. Por eso donde se juega su futuro el actual gobierno es en negociaciones como la que busca la aprobación del nuevo techo de gasto, pero también en la prioridad de no cometer errores graves ni regalar munición gratuita a los aprovechateguis. (Por ejemplo: ¿Era oportuno, necesario y conveniente que la mujer del presidente del Gobierno aceptara ese trabajo en el Instituto de Empresa? Creo que no).

El bombardeo aéreo, liderado por Arabia Saudí, ha dejado más de 40 víctimas mortales, muchos de ellos niños

"Cuando se trata de terrorismo, haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra nación", ha subrayado, revocando la sección de una orden ejecutiva aprobada por la Administración de Barack Obama ordenando el cierre de Guantánamo, informa Europa Press.

La orden firmada por el mandatario subraya que Estados Unidos seguirá teniendo la opción de "detener a combatientes enemigos adicionales en Guantánamo como sea necesario", agregando que "el proceso de revisión periódica existente será usado para determinar si la detención es necesaria para cualquier futuro detenido en Guantánamo".

La Casa Blanca ha resaltado que "Estados Unidos sigue en un conflicto armado con Al Qaeda, los talibán y fuerzas asociadas, incluido Estado Islámico", recordando que "el presidente mantiene la autoridad de detener a ciertas personas como parte de sus poderes constitucionales como comandante en jefe".

"La orden ejecutiva [firmada por Trump] preservará la detención militar como una herramienta de la lucha antiterrorista manteniendo las instalaciones de detención en Guantánamo", ha apuntado.

En este sentido, ha sostenido que "más de un centenar de detenidos liberados de Guantánamo han vuelto a participar en combates, y algunos han matado a miembros de la coalición y ciudadanos estadounidenses".

El propio Trump ha confirmado durante su discurso del Estado de la Unión que ha firmado la orden poco antes de comparecer ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Durante su discurso, ha resaltado que "en el pasado, Estados Unidos ha liberado estúpidamente a cientos y cientos de terroristas peligrosos, sólo para encontrarlos de nuevo en el campo de batalla, entre ellos el líder de Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi, a quien se capturó y liberó".

El Ejército de Estados Unidos liberó a Al Baghdadi tras ser capturado en 2004 y encarcelado en el Campamento Bucca, una cárcel en Irak gestionada por las tropas estadounidenses.

El presidente del país norteamericano ha manifestado que "la coalición para derrotar a Estado Islámico ha liberado casi el cien por cien del territorio que una vez controlaron los asesinos [de Estado Islámico] en Irak y Siria".

Sin embargo, ha advertido de que "queda mucho trabajo para hacer". "Continuaremos nuestra lucha hasta que Estado Islámico sea derrotado", ha remachado Trump.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció en el marco del pacto antiterrorista convocado este miércoles que impulsará una batería de medidas consensuadas con el resto de partidos políticos para crear un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan o alquilan vehículos de motor, así como para mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, según informó Europa Press.

La intención de Zoido es que "a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría" de estas reformas legislativas que están ya "preparadas o en fase de conclusión", lo que implica transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas".

Al pacto antiterrorista se convocó a los partidos firmantes y a los observadores, que analizaron un informe del director del Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, y del director del Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior, coronel Diego Pérez de los Cobos.

El primero informó de unas conclusiones centralizadas por el CITCO en base a la documentación remitida por los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los atentados de agosto en Cataluña. Zoido se refirió a informaciones que ya se contaron en "noticias escritas", sin entrar en detalles por tratarse de una cuestión que se mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

Sobre el cerebro del atentado, el imán de Ripoll al que contactó el CNI, Zoido dijo que no se habló "nada en absoluto". "El director del CITCO puso en conexión todo lo que había pasado esos días y que no está sujeto al secreto de las diligencias", matizó el ministro.

Zoido anunció que se conformará un grupo de trabajo para las reformas legales basadas en una "muy novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, en concreto de Pérez de los Cobos, con recomendaciones "pormenorizadas" para hacer frente a la amenaza yihadista por parte de cuerpos policiales, corporaciones locales o miembros de la seguridad privada.

Ley de seguridad e imanes

El Gobierno también contempla un "reforzamiento" de las medidas de protección contra el terrorismo incluidas en la Ley de Protección Ciudadana, así como distintas medidas relativas a los llamados ministros de culto de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

Aunque sin citarlo explícitamente, Zoido se refirió a diferentes cuestiones estudiadas por el CITCO para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista tras el atentado en Cataluña, donde se alquilaron varios furgonetas y se utilizó la casa de Alcanar como laboratorio para fabricar el TATP (o madre de Satán), usando bombonas de butano. Otro de los aspectos más polémicos es si el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, era confidente policial y cómo pudo captar a los jóvenes que perpetraron la acción criminal.

El ministro presentó una propuesta para modificar el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo para mejorar el control de bombas de butano, así como la necesidad de abordar la nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas para dotar de mayor eficacia a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Zoido evitó polémicas sobre la invitación de partidos observadores, reclamando el apoyo "sin fisuras" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el proceso de mejora de sus condiciones laborales "para solucionar desequilibrios históricos" porque, según él, "lo merecen por su trabajo diario para anticiparse al terrorismo y evitar atentados".

El ministro aseguró que se ha inspirado en lo que ha llamado "las cuatro P": prevención, protección, persecución y preparación. "Solo debe haber un mensaje claro, único y sin fisuras de que la sociedad española y nuestro Estado de Derecho van a conseguir derrotar al terrorismo", afirmó.

Los partidos aplauden que el pacto sea más "proactivo"

Todos los partidos políticos que participaron este miércoles en la reunión clebraron que el foro sea más "proactivo" a la hora de estudiar las reformas legislativas para mejorar la lucha contra el terrorismo, incluyendo Podemos, la única formación que participó en calidad de observador y que aprovechó para pedir que se eviten vetos para aquellas formaciones que no son firmantes del acuerdo.

El portavoz de Interior de Podemos, el diputado Rafael Mayoral, aseguró que la polémica de la previa sobre la participación de los partidos no firmantes está "completamente zanjada". "Nos parece interesante ver cómo generar espacios de trabajo que transcienden el pacto y van más a los contenidos", dijo el dirigente, que mantuvo su rechazo a firmar el acuerdo de 2015 por discrepancias sobre su contenido, sobre todo en material penal.

El objetivo principal de Podemos es "generar dinámicas para que otras fuerzas participen", en alusión al PNV, ERC y PDeCAT, que sí asistieron a la reunión del 21 de diciembre, cuatro días después de los atentados en Cataluña. Como ya hicieron este martes, Ciudadanos y Podemos fueron los partidos que mantuvieron mayor discrepancia hacia la figura de los observadores.

"No me parece muy leal, está muy bien y me gusta la foto de la unidad, pero a esa foto hay que acompañarla del compromiso", insistió el portavoz del PP, Rafael Hernando, que no entiende que se mantenga el 'no' a firmar un pacto que permite que se crean, como ha dicho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, grupos de trabajo para ser más "proactivos" a la hora de plantear reformas legislativas e instrucciones concretas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

Lo ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de su cuenta de Twitter, en la que ha enmarcado el dispositivo en la lucha contra el enaltecimiento de Estado Islámico.

La policía catalana ha llevado a cabo desde la madrugada entradas en dos domicilios de la localidad, uno de ellos en la calle Jaume Balmes, y ya había anunciado que preveía realizar detenciones.

La operación, liderada por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, culmina un trabajo de investigación de hace meses.

Los agentes detectaron a administradores de perfiles en Internet, que, de forma coordinada, enaltecían y justificaban las acciones de Dáesh y utilizaban estos perfiles para incitar a cometer acciones terroristas.

La unión de tribus del Sinaí ha prometido este domingo "eliminar" a los miembros del grupo yihadista Estado Islámico presentes en la península del Sinaí, después de la muerte de más de 300 personas en el atentado del viernes contra una mezquita sufí de la localidad de Bir al Abd.

En su comunicado, recogido por el diario local Al Masry al Youm, la organización ha dicho que "no habrá consuelo hasta que todos los milicianos del Sinaí sean eliminados", recalcando que "no habrá piedad".

"La masacre llevada a cabo contra residentes (...) se convertirá en un fuego que os eliminará", ha manifestado, en un mensaje dirigido a los responsables del ataque, cuya autoría no ha sido reclamada por el momento.

"Nosotros (las tribus del Sinaí) no celebramos juicios ni tenemos prisiones", ha advertido la unión de tribus del Sinaí, pidiendo a los jóvenes de las tribus que se unan a las operaciones del Ejército en la zona.

Asimismo, ha apuntado que los residentes de Bir al Abd fueron objetivo del ataque en venganza a su negativa de seguir las órdenes de los yihadistas presentes en el área.

La Fiscalía egipcia afirmó el sábado que hasta 30 milicianos perpetraron el atentado, el más sangriento en la historia reciente de Egipto, y que podría estar relacionado con Estado Islámico dado que varios testigos han asegurado que los asesinos llegaron al lugar enarbolando la bandera negra de la organización yihadista.

La mezquita de Al Rauda está situada en Bir al Abd, a unos 40 kilómetros de la capital de la provincia, El Arish. Según testigos, varios hombres armados abrieron fuego indiscriminado en pleno sermón tras bajarse de cuatro vehículos todoterreno y detonar un potente explosivo.

En respuesta al atentado, el Ejército ha bombardeado posiciones de Península del Sinaí -rama de Estado Islámico en la región-, matando a decenas de presuntos yihadistas.

El Ejército de Egipto anunció el 16 de octubre de 2016 el inicio de una nueva ofensiva a gran escala contra "elementos terroristas" en el norte y el centro de la península del Sinaí.

Se trata de la segunda campaña lanzada por el Ejército desde la Operación Derecho del MártirOperación Derecho del Mártir, que arrancó en septiembre de 2015 con el objetivo declarado de acabar con la insurgencia en la península.

Cientos de policías, militares y milicianos han muerto en los dos últimos años de insurgencia islamista en Egipto, principalmente en la región del Sinaí, donde opera Provincia del Sinaí. Hasta noviembre de 2014 el grupo era conocido como Ansar Bait al Maqdis, Seguidores de la Casa Sagrada.

El número de muertos por terrorismo en el mundo disminuyeron en 2016 en todo el mundo por segundo año consecutivo pese a que el grupo terrorista Estado Islámico mató a un 50% de personas más que el año anterior, según se desprende del Índice Global de Terrorismo 2017 publicado este martes.

En total, 25.673 personas perdieron la vida en atentados terroristas, 6.827 menos que el año anterior y un 22% menos que en 2014, cuando las víctimas de terrorismo alcanzaron su cifra récord, según el informe.

El retroceso se ha producido pese a que 2016 fue el año más mortífero de Estado Islámico, que mató a más de 9.000 Estado Islámicopersonas en todo el mundo, principalmente en Irak, donde estaba en curso una operación militar para expulsar a sus milicianos de Mosul.

El grupo que lidera Abu Bakr al Baghdadi ha sido el artífice además de que el número de ataques en países desarrollados se haya incrementado del 67% en el número de ataques y casi un 600% en el de muertos desde 2014. No obstante, aclara el informe, solo tres atentados sumaron el 44% de las muertes entre 2014 y junio de 2017: los atentados de París de noviembre de 2015 (con 137 muertos), el de Niza de julio de 2016 (87) y el del club de Orlando (50).

Irak es el país que más víctimas de atentados terroristas registró el año pasado, con 9.765 muertos, seguido de Afganistán, con 4.574; Nigeria, con 1.832; Siria, con 2.102; y Pakistán, con 956. Estas cifras suponen en el caso de los cuatro últimos países un 33% menos de víctimas mortales.

Según el Índice, la mayor reducción se produjo en Nigeria, donde opera el grupo terrorista Boko Haram, que juró lealtad a Estado Islámico. Aquí, los muertos por sus ataques cayeron un 80 por ciento en 2016, un dato que, de acuerdo con el documento, es resultado de la creciente presión militar a la que se enfrentra el grupo por parte de los países de la región y que también ha tenido efectos positivos en Camerún, Chad y Níger. En estos tres países, los muertos por terrorismo han caído un 75 por ciento.

Menos muertos por Al Qaeda y los talibán

Por otra parte, los muertos en atentados atribuidos a Al Qaeda y a los talibán también disminuyeron en 2016, algo que "refleja el cambio en las tácticas de ambos grupos".

En el caso de los talibán, parecen haberse centrado más en hacerse con territorio en Afganistán, lo que ha provocado que haya un conflicto armado más al uso en lugar de una actividad terrorista. En concreto, los atentados atribuidos al grupo se han reducido un 23%, sin embargo han incrementado los ataques contra la población civil, que ahora representan el 30 por ciento de su actividad.

En cuanto a Al Qaeda y sus filiales en todo el mundo, sus tácticas también han cambiado, según el informe, lo que ha supuesto que sus acciones dejaran un 35% menos de muertos en 2016.

La disminución habría venido motivada principalmente porque su filial en Siria, el antiguo Frente al Nusra, cometió menos atentados el año pasado, en su estrategia por acercarse a los grupos rebeldes sirios.

Motivos de preocupación

Aunque los datos de 2016 son "alentadores", el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que elabora el índice en base a la Base de Datos Global sobre Terrorismo del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START), ha advertido de que "sigue habiendo motivos de preocupación".

En este sentido, ha subrayado que "la estabilidad futura de Siria e Irak jugará un papel crítico a la hora de determinar el impacto del terrorismo en los próximos años". Además, no hay que ignorar que Estado Islámico seguirá siendo una amenaza "en evolución", ya que existe el riesgo de que sus milicianos se instalen en "otras zonas de conflicto".

En el caso de los países desarrollados, añade el informe, existe el riesgo de los combatientes retornados de Siria e Irak. El número de atentados cometidos por ellos pasó de once en 2015 a 15 en 2016.

Sin embargo, según resalta el Índice, pese a que los medios presten mayor atención a los atentados en los países de la OCDE, el 99% de las muertes por actividad terrorista se produjeron en países en conflicto o con altos niveles de terrorismo político durante los últimos 17 años.

En otro orden de cosas, el informe resalta la efectividad que parecen estar demostrando las actividades antiterroristas ya que si en 2014 y 2015 se consiguieron evitar dos de cada 10 ataques, en 2016 fueron tres de cada 10.

Casi la mitad de los ataques que implicaban el uso de bombas y explosivos fueron desbaratados, mientras que los actos considerados low cost, en los que, por ejemplo, se usa un vehículo, como fue el caso de Niza, parecen más difíciles de evitar.low cost

El hijo del fallecido líder de Al Qaeda Usama bin Laden, Hamza, ha hecho este martes un llamamiento a la "rebelión" contra "Estados Unidos y sus agentes", reclamando venganza por la muerte de su padre en una operación en Pakistán en 2011.

En un mensaje de audio publicado por la organización terrorista titulado "Osama, el combatiente contra los invasores e incitador de la rebelión contra los tiranos", Hamza bin Laden pide "incitar a las masas hasta que se completen los preparativos y estén preparadas para un levantamiento". levantamiento".

En el mismo, el hijo del fundador de Al Qaeda dice rechazar la democracia, argumentando que "la libertad no puede lograrse con inservibles trozos de papel metidos en una urna", según ha informado la emisora estadounidense Voice of America.

"Invito a los musulmanes en general a vengarse de los estadounidenses, los asesinos del jeque (Usama bin Laden)", afirma en la grabación, de unos 25 minutos de duración.

"Levantaos en rebelión contra la opresión y la tiranía, revolveos contra los agentes de los estadounidenses, iniciad levantamientos armados para derrocarlos y establecer la shariasharia", agrega, tal y como ha recogido la revista estadounidense Newsweek.

Asimismo, recalca que "un hierro sólo es doblado con otro hierro", pidiendo ataques contra objetivos occidentales y resaltando que el fallecido líder de Al Qaeda "abandonó el mundo animándoos a continuar el camino de las revoluciones".

Hamza bin Laden está incluido en la lista de terroristas internacionales de Estados Unidos y, si bien su papel exacto en el organigrama no está claro, ejerce funciones de propaganda a través de mensajes como este último.

El 14 de agosto de 2015 el líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, anunció oficialmente que Hamza bin Laden formaba parte de la organización que fundó su padre. Ya en este mensaje de audio, Hamza llamó a atentar en capitales occidentales.

Posteriormente, Al Qaeda publicó en julio de 2016 otra grabación de Hamza en la que amenazaba con vengarse de Estados Unidos y advertía de posibles atentados tanto en su territorio como fuera de él.

En este mismo audio, el hijo de Bin Laden también instaba a las tribus saudíes a unirse a la filial de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) para combatir con el reino saudí.

La Ley de 20 de noviembre de 2015 (que prorrogó la urgencia por tres meses), introdujo, además, algunas modificaciones importantes a la Ley del estado de urgencia (1955), unas modificaciones que afectan directamente a los derechos y libertades fundamentales, sobre todo a los de “los sospechosos”, es decir, aquellas personas “sobre las que existan razones que lleven a pensar que su comportamiento es una amenaza para la seguridad y el orden público”. Imposición de residencia y limitación de la libertad de circulación, prohibición de mantener contactos con otros sospechosos, obligación de portar brazaletes electrónicos, disolución de asociaciones que “participen, faciliten o inciten” actos de gravedad contra el orden público, orden de registros en domicilios a cualquier hora (esto se declaró inconstitucional), bloqueo de páginas web que inciten a realizar actos terroristas o hagan apología de los mismos… Decisiones todas ellas de origen gubernamental (del ministerio del Interior) sin necesidad de permiso judicial.

Tras un año de vigencia, en noviembre del 2016, Jean-Marc Sauvé, vice-presidente del Consejo de Estado, avisó de que “el estado de urgencia es una situación de crisis que no puede ser extendida indefinidamente”. Por ello, el recién llegado Macron decidió prolongar sus efectos solo unos meses, los suficientes para dar tiempo a elaborar una ley que introdujera en el ordenamiento francés algunas medidas para reforzar la seguridad en materia anti-terrorista. Esta Ley –Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme– ha entrado en vigor el 3 de octubre.

En realidad, lo que ha hecho Francia ha sido normalizar el estado de excepción, pues ha incorporado al Derecho común las severísimas limitaciones de los derechos fundamentales recogidas en la Ley de urgencia tras su reforma en noviembre de 2015. Y aún ha añadido otras, como la posibilidad de cerrar lugares de culto cuando las ideas impartidas en ellos puedan provocar violencia, odio o discriminación; o la de realizar “visitas” domiciliarias y retenciones en ellas (hasta cuatro horas) para prevenir actos de terrorismo. De este modo, la Asamblea Nacional prorroga de forma permanente la excepcionalidad de la urgencia o, dicho de otro modo, anula la temporalidad del estado de excepción. Y lo hace con el voto aplastante de una mayoría parlamentaria (415 votos contra 127) que, a la vista de la presión mediática más conservadora, no quiere ser tachada de débil frente al terrorismo.

Se trata de un momento político muy grave para los europeos, un momento que está recibiendo muy poca atención fuera de las fronteras francesas. Al parecer, nos interesa e impresiona el ascenso de los nuevos partidos fascistas en las elecciones que tienen lugar en los Estados miembros (recientemente Austria, antes en Francia, Holanda o el Reino Unido), pero asistimos con indiferencia a las victorias que limpian su camino hacia el poder. Porque esta Ley antiterrorista francesa, en la línea de las que veremos en otros países europeos (incluida España), da forma a un cada vez mejor definido Estado policial en el que los partidos autoritarios se sienten como en casa y en el que, llegados al poder, aplicarán con toda la fuerza los mecanismos que lo han configurado. Eso sí, de forma legal pues, llegado ese día, los partidos democráticos habrán dejado el ordenamiento jurídico listo para arrasar con las libertades de todos, no solo de los sospechosos.

Lo que ahora entra en vigor en Francia es una ley de sospechosos que facilita (y banaliza) los controles étnicos, que permite la restricción arbitraria de la libertad personal y de movimiento, que limita el derecho de acceso a la justicia, que amenaza el derecho de asociación y la libertad de reunión pacífica, así como las libertades religiosa y de expresión. Y el detalle. Lo que entra en vigor es una Ley dirigida en principio a un grupo aparentemente muy determinado de personas (recordemos: “sobre las que existan razones que lleven a pensar que su comportamiento es una amenaza para la seguridad y el orden público”; y pensemos: ¿realmente es esto algo “muy determinado”?) que puede aplicarse a toda una población. Una población amedrentada que, no sintiéndose sospechosa, aplaude la instalación de unos barrotes que en el futuro (y ya mismo en numerosos casos concretos) acabarán con su libertad.

Sabemos que el terrorismo busca, sobre todo, respuestas inadecuadas al reto que plantea. Sabemos que como combatiente no tiene fuerza para acabar con un sistema político pero que, sin embargo, puede inducir a un sistema a acabar consigo mismo. Sabemos que si permitimos al Estado –al poder– entrometerse y violar las libertades de unos pocos, esa intromisión irá ampliándose a cada vez grupos más amplios de ciudadanos, pues quien gobierna usa todos los medios a su alcance para acallar a los críticos, sobre todo si quien gobierna es un partido fascista. Es por eso que el verdadero peligro del terrorismo, más allá del dolor e inquietud que provoca en cada acto asesino, se sitúa en la respuesta que busca provocar en el Estado democrático de Derecho. Una respuesta que, si es emocional, irracional y cortoplacista, permitirá el abuso institucionalizado del poder y dinamitará los propios pilares del Estado constitucional.

La banalización del estado de emergencia es la brecha por la que se cuela el totalitarismo, afirmaba el otro día Edwy Plenel en este mismo medio. Nada más cierto. El Estado de Derecho debe proteger a sus ciudadanos de los peligros que le amenazan,  pero no puede vender sus principios a cambio de una insegura seguridad. Es importante que, por difícil e incómodo que sea, reivindiquemos el equilibrio. Para ello, defendamos la libertad de los otros y protegeremos nuestra libertad.

"Hemos confirmado 300 personas muertas por la explosión. El balance todavía tiene que subir porque algunas personas siguen desaparecidas", ha explicado Abdirahman. El anterior balance, proporcionado por el ministro de Información somalí, Abdirahman O. Osman, era de 276 víctimas mortales y unos 300 heridos.

El atentado, registrado en la intersección K5 -donde se encuentran restaurantes, sedes del Gobierno somalí y hoteles-, provocó una onda expansiva que se pudo percibir con nitidez en toda la capital, así como una columna de humo negro de tres kilómetros de altura.

Tras la explosión, según varios testigos, varios hombres armados efectuaron una incursión en el cercano hotel Safari, donde estuvieron varios minutos intercambiando tiros con las fuerzas de seguridad, en un incidente cuyo número de víctimas se desconoce todavía. Además, dos horas después, otro coche bomba dejó al menos dos muertos en el distrito de Medina.

Hasta ahora ningún grupo ha asumido la responsabilidad de los atentados pero todas las miradas están puestas en la milicia islamista Al Shabaab, filial de Al Qaeda, antiguo ala juvenil de la Unión de Tribunales Islámicos -el régimen islamista que controló la capital durante seis meses de 2006-.

El atentado es, si confirman la autoría, el ataque más sangriento con amplia diferencia perpetrado por la organización en toda su historia, muy por encima de los 70 muertos que dejó su asalto a una base militar de Puntlandia a mediados de este año.

El presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi Mohamed, conocido como "Farmajo", ha declarado tres días de luto por el ataque. Mogadiscio ha sido escenario de numerosos asesinatos en las últimas semanas, a pesar del gran despliegue policial en sus calles. La mayoría de los atentados han sido reclamados por Al Shabaab.

El Ejército de Somalia, ayudado por las fuerzas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), combate a las fuerzas de Al Shabaab, cuyo objetivo es derrocar al Gobierno e instaurar la ley islámica en su versión más radical.

El presidente somalí declaró en abril el estado de guerra en todo el país y dio a Al Shabaab un plazo de 60 días para participar de una amnistía, pero el grupo lo rechazó.

¿Se cometieron errores durante los meses, días y horas previas a los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils? En los últimos días, la actuación de los Mossos d'Esquadra ha abierto varios interrogantes al respecto, entre otros si la coordinación con la Guardia Civil y la Policía fue adecuada, si los Mossos tenían conocimiento de los antecedentes penales del imán de Ripoll o a cómo pudo una célula tan grande –compuesta por, al menos, 12 personas– camuflarse durante meses mientras preparaba los atentados. 

El martes, los sindicatos mayoritarios de la Policía y la Guardia Civil (el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles, respectivamente) hicieron público un comunicado en el que denunciaban la "exclusión dolosa" de ambos cuerpos de la investigación de los atentados, ya desde la explosión que se produjo en la casa de Alcanar (Tarragona) donde los terroristas preparaban los atentados un día antes del ataque. Horas después, SAP-FEPOL, el sindicato mayoritario de los Mossos, tachaba de "miserable" el escrito del SUP y la AUGC, y su portavoz, Valentín Anadón, aseguraba que la "marginación" de la que se quejaban Policía y Guardia Civil "no ha existido".

Pero, ¿realmente ha habido falta de cooperación entre los Mossos y los cuerpos policiales estatales? ¿Se tendría que haber puesto antes el cerco sobre el imán de Ripoll, el cerebro de la célula terrorista? infoLibre ha consultado con fuentes sindicales tanto de la policía autonómica catalana como de la Policía Nacional, que coinciden en que era complicado destapar una célula tan bien camuflada, pero discrepan en cuanto a cómo se gestionó la investigación al imán de Ripoll.

  El imán

¿Se siguió la alerta belga sobre Abdelbaki es Satty?

Según han publicado varios medios y han reconocido los Mossos, en 2016 un policía belga se dirigió a través de un email a un colega del cuerpo autonómico catalán pidiéndole "cuanta más información, mejor" sobre el que luego sería imán de Ripoll, después de que Es Satty tratara de establecerse como imán en una localidad de Bélgica y fuera rechazado. Tras recibir este correo, el mosso buscó en la base de datos de la policía catalana, en la que no constaba ningún dato sobre el imán, una información que trasladó a su homólogo belga.

"Si se consultó la base de datos y no ofreció ningún resultado, no se podía hacer más", señalan fuentes sindicales de los Mossos, que rechazan ofrecer más detalles sobre la base de datos que se consultó sobre un hombre que sí constaba con antecedentes penales y que incluso estuvo en la cárcel entre 2011 y 2014 por traficar con 120 kilos de droga.

Pero otras fuentes sindicales, en este caso de la Policía Nacional, discrepan. "Es verdad que los belgas no avisaron por el canal adecuado y que el primer error fue suyo, pero da la impresión de que los Mossos no le dieron importancia alguna, porque deberían haber avisado a su brigada de información" para investigar a Es Satty, sostienen estas fuentes, que incluso ponen en duda "que se mirase ninguna base de datos".

¿Por qué no se investigó a fondo al imán?

"Para hacer un seguimiento a una persona hacen falta nada menos que seis agentes, dos por la mañana, dos por la tarde y dos por la noche", explican fuentes de los Mossos al ser preguntadas por los motivos que llevaron a la policía autonómica catalana a no ponerse tras la pista de Es Satty pese a haber sido señalado por la policía belga. En cuanto al control de antecedentes penales del imán, estas fuentes admiten que "en España sólo se controlan los antecedentes" de quienes desempeñan estos puestos "de manera informal", a diferencia de lo que ocurre en otros Estados.

Dirigentes sindicales de la Policía Nacional, no obstante, aseguran que hubo "defectos" en la manera de proceder de los Mossos a este respecto. "Este imán tenía que estar controlado, y es verdad que hacen falta ocho policías para hacer un seguimiento, pero en Madrid, por ejemplo, todos los imanes clandestinos están vigilados de manera informal", sostienen estas fuentes.

  La célula

¿Cómo pudo actuar durante meses una célula tan grande?

"Esta célula nos ha roto los esquemas, tanto por su tamaño como por la ambición de los atentados que preparaban", reconocen las fuentes de los Mossos consultadas por infoLibre. No obstante, señalan, la razón fundamental por la que los terroristas no fueron descubiertos antes fue su buena estrategia para camuflarse. "Utilizaron una práctica común en la yihad, por la cuál para llevar a cabo los atentados, que son el objetivo mayor al que aspiran, pueden hacer haram [lo prohibido por el Islam]: tener una vida disoluta, vestir ropa occidental, tomar alcohol...", explican estas fuentes, que además recuerdan que buena parte de los terroristas "eran familiares", lo que facilitaba sobremanera que se comunicaran sin levantar sospeches.

Las fuentes de la Policía Nacional consultadas no descartan una "dejadez" por parte de la brigada de información de los Mossos en la investigación de esta célula, pero coinciden con que la estrategia seguida por los yihadistas les permitió camuflarse de manera muy efectiva. "Y claro, si hacen falta ocho policías para el seguimiento... no se puede valorar desde fuera" la disponibilidad de personal de los agentes catalanes para poner en marcha este dispositivo, conceden.

¿No llamó la atención la compra del material para fabricar las bombas?

Los terroristas compraron 500 litros de acetona para fabricar los explosivos con los que pretendían atentar y que, finalmente, terminaron provocando la explosión del chalé de Alcanar. No obstante, tanto los Mossos como la Policía Nacional coinciden en que es lógico que estas adquisiciones no levantaran sospechas y apuntan que, precisamente, ese es uno de los motivos por los que los yihadistas utilizan este material para elaborar sus explosivos.

"La acetona es un producto de venta libre, y probablemente el tendero que la venda ni siquiera sepa que se puede utilizar para fabricar bombas", señalan fuentes sindicales de los Mossos, que apuntan que otros grupos utilizan por los mismos motivos materiales como los fertilizantes. Otro dirigente sindical de la Policía Nacional coincide y apunta que la compra del químico sólo hubiera llamado la atención si se hubiera hecho de una sola vez. Según la investigación abierta, la acetona fue adquirida entre el 1 y 2 de agosto, por lo que varios miembros de la célula pudieron comprar pequeñas cantidades en diferentes comercios.

¿Por qué no estaba controlado el chalé ocupado por los terroristas?

La casa de Alcanar utilizada por la célula yihadista como cuartel general no era de su propiedad, sino que estuvo ocupada por los terroristas durante meses. Pero ni los vecinos denunciaron la situación, ni ningún cuerpo policial investigó el asunto. "Lo habitual es hacer seguimientos para controlar quién okupa las casas y para qué, pero no se puede controlar a todo el mundo", sostienen fuentes de los Mossos.

Los dirigentes de la Policía consultados son más críticos: "En Cataluña y en el resto del Estado la ocupación no se ve como un delito, no se vigila suficientemente e incluso se protege", denuncian.

  la explosión de Alcanar

¿Deberían haberse inspeccionado inmediatamente las ruinas de la explosión?

La explosión de Alcanar se produjo en torno a las 23.30 de la noche del miércoles 16 de agosto, y los Tedax de los Mossos d'Esquadra se personaron sobre las 10.00 de la mañana del día siguiente para analizarla. ¿Qué ocurrió durante esas horas? ¿Debió inspeccionarse la casa con mayor celeridad? En este asunto, tanto Policía como Mossos coinciden: el protocolo que se siguió fue correcto. "Primero llega allí una patrulla para garantizar la seguridad ciudadana y controlar el entorno, posteriormente llegan los Tedax y después se desescombra, un proceso que no se hace alegremente, sino que tienen que realizar expertos que a veces realizan incluso voladuras controladas. La policía judicial y los analistas no entran hasta que la zona está segura", y en este caso esa circunstancia no se produjo hasta el día siguiente, explican fuentes de los Mossos.

¿Por qué no se permitió a los Tedax de la Guardia Civil intervenir en la investigación?

En su comunicado, el SUP y la AUGC criticaron que no se permitiera la entrada a los especialistas en explosivos de la Guardia Civil para analizar el chalé de Alcanar junto a los Mossos. Fuentes sindicales del cuerpo catalán, no obstante, aseguran que es "falso" que se personasen agentes del Instituto Armado en la escena, aunque no descartan que sí existiera un ofrecimiento que fue rechazado porque, aseguran, los Mossos ya tenían desplegados a sus propios Tedax, "que son exactamente igual de competentes porque reciben el mismo curso, con los mismos contenidos y los mismos profesores".

Fuentes sindicales de la Policía, no obstante, critican el "exceso de celo" que existe entre los cuerpos de seguridad y que, a su juicio, quedó reflejado en esta ocasión. "Se tenía que haber dejado participar a otra gente, por la sencilla razón de que cuatro ojos ven más que dos", critica un agente. En su comunicado, la AUGC y el SUP aseguraron que el hecho de que la Policía y la Guardia Civil hubieran sido "marginadas" tenía el objetivo de "transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán 'autosuficiente".

¿Se tenía que haber interrogado al superviviente de la explosión antes de los atentados?

En la explosión de Alcanar falleció el imán Es Satty, pero otro de los terroristas, Mohamed Houli, fue evacuado por una ambulancia al Hospital Virgen de la Cinta. Precisamente su pasaporte, encontrado en la furgoneta que se utilizó para el atentado en La Rambla, fue uno de los elementos que permitió asociar el accidente de Alcanar con el atentado. Pero Houli no fue interrogado hasta después de los ataques.

Las fuentes de los Mossos consultadas aseguran que no se cometió ningún error de procedimiento. "Si hay un herido grave, hay que darle asistencia médica primero", sostienen los dirigentes consultados. Pero las fuentes sindicales de la Policía muestran sus dudas: "Nosotros interrogamos en la misma ambulancia si es necesario", señalan, aunque admiten que esa práctica sólo se realiza "en casos de terrorismo". Y, en el momento en el que Houli fue trasladado al hospital, aún no se sospechaba de un ataque.

¿La explosión debería haber hecho saltar las alarmas?

El miércoles, el diario Abc publicó que la jueza que se personó en Alcanar apuntó en la inspección ocular de la explosión que las bombonas "podían estar preparadas para un atentado", una posibilidad que, según la noticia, fue descartada por los agentes de los Mossos. No obstante, las fuentes sindicales de la Policía tachan de "tontería" la idea de que tendría que haberse seguido la pista terrorista tras este episodio. "Lo de la jueza es una tontería, porque es precisamente ella la que manda [en el escenario], y si dice que es terrorismo o sospecha que es terrorismo, hubiera ordenado investigar" esa posibilidad, zanjan estas fuentes.

¿Se activó tarde el protocolo antiterrorista?

Sobre esto, Mossos y Policía también coinciden: no hubo fallos. "Lleva su tiempo calibrar una amenaza terrorista, y no se puede decir a las primeras de cambio" que un accidente como el de Alcanar tenga relación con ella, señalan fuentes sindicales del cuerpo estatal.

Por su parte, fuentes de un sindicato de los Mossos explican que el dispositivo Cronos –el protocolo antiterrorista de la policía catalana–, que se activó nada más producirse el atentado de La Rambla, tiene un carácter reactivo y no preventivo, ya que consiste en la movilización de todas las unidades disponibles. Asimismo, nada más activar este plan, la decisión se comunicó inmediatamente a Policía y Guardia Civil.

El terrorismo yihadista golpeó Cataluña en un momento crucial para su historia por la cuestión soberanista. En los primeros momentos, tanto el Gobierno central como la Generalitat de Cataluña, enfrentados por sus visiones antagónicas respecto al referéndum independentista, intentaron dar la imagen de que compartían una causa común y de que trabajaban de forma coordinada. El viernes, los líderes de ambos ejecutivos, Mariano Rajoy y Carles P uigdemont, comparecieron juntos en rueda de prensa y juntos participaron también en el minuto de silencio en la céntrica Plaza de Cataluña, donde se situaron uno a cada lado del rey Felipe VI. 

Rajoy había llegado a Barcelona en la noche del jueves, sólo horas después del atropello de La Rambla. Según informó su equipo, se trasladó a la capital catalana para asumir la coordinación de la respuesta al atentado terrorista. Allí hizo una primera declaración institucional sin preguntas en la que, entre otras cuestiones, dijo que había reiterado a Puigdemont que cuenta "con todo el apoyo del Gobierno y del Estado para ayudar a las víctimas, restablecer cuanto antes la normalidad ciudadana y poner ante la justicia a los responsables de esta barbaridad". 

No obstante, el análisis de los hechos evidencia que han sido las autoridades catalanas las que han llevado el peso de la gestión de los atentados: tanto de la investigación policial –los Mossos tienen competencia en materia de terrorismo en Cataluña, aunque no de forma exclusiva ni excluyente– como de la comunicación de lo ocurrido. A pesar del rápido traslado a Barcelona de Rajoy y de su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, las cabezas más visibles han sido el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el propio president P uigdemont. Ambos han copado todo el protagonismo mediático. 

Los Mossos contradijeron incluso al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que el sábado, en su primera comparecencia pública tras los atentados, dio por "desarticulada" la célula yihadista autora del ataque cuando la investigación aún seguía abierta y el autor material del atropello de las Ramblas estaba huido. "No vamos a desmentir ni a confirmar al Gobierno. Pero Mossos lidera esta investigación, en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Nosotros informaremos cuando consideremos que la célula ha sido desactivada”, replicó Albert Oliva, portavoz de la policía catalana, a preguntas de los periodistas.

De hecho, Trapero yP uigdemont hicieron el anuncio, transmitido en directo por todas las televisiones, de que la policía catalana había disparado y matado al último terrorista de la célula, Younes Abouyaaqoub, tal y como recuerda The Wall Street Journal en un artículo publicado en su edición de este martes. El periódico estadounidense mantiene la tesis de que la gestión de los atentados por parte del Govern y de los cuerpos de seguridad y emergencias "acabó eclipsando el papel del Estado" y de que estos hechos han dado la "oportunidad de demostrar" que Cataluña puede gobernarse "independientemente de Madrid". 

Es cierto que tras los atentados tanto el Gobierno central como la Generalitat de Cataluña evitaron valorar los efectos del doble ataque sobre el procés. No obstante, en una entrevista en RNE este miércoles, el consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, aseguró que Cataluña "está preparada y quiere gobernarse a sí misma", si bien dijo que era "miserable" vincular esta cuestión con los atentados. El viernes, P uigdemont ya había calificado de "miserable" mezclar ambas cuestiones. También reiteró que desde el Govern no se entra en "politiquería" y sí "en la profesionalidad, en compartir información y en colaborar".

Reconocimiento del Parlament  

La manera de proceder del Govern y de la policía catalana ha soliviantado a la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y al Sindicato Unificado de Policía (SUP), las organizaciones mayoritarias en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que un comunicado hecho público este martes aseguraban que se había puesto en riesgo la seguridad pública por una cuestión política.

Aunque elogiaron el trabajo de los Mossos, sí denunciaron el "aislamiento" sufrido durante la investigación con el objetivo de transmitir una imagen al exterior (...) de un estado catalán “autosuficiente”, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública, asumiendo por ende los errores y consecuencias que de esta praxis pudieran derivarse". El portavoz del sindicato de la policía catalana respondió calificando de "extraño" e incluso "miserable" el comunicado del SUP y de la AUGC y manifestó que generar una "polémica artificial" que "no ha existido" es de una "gran irresponsabilidad". 

A este respecto, Turull dijo este martes en citada entrevista en RNE que desde el momento en el que se comprobó que uno de los heridos en la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona) había alquilado una de las furgonetas relacionadas con el atentado de Barcelona, se compartió toda la información en una reunión en la que estaban presentes Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional.

También se refirió Turull a la condecoración que otorgará el Parlamento catalán a los Mossos, los servicios de emergencias, la Guardia Urbana de Barcelona y la Policía Local de Cambrils por su labor en los atentados del jueves y que no se hará extensible ni a Guardia Civil ni a Policía Nacional, tal y como han reclamado Ciudadanos, el PSC y el PP. Según el portavoz del Govern "parece que sabe mal" la actuación "tan brillante" de los Mossos y que hayan desarticulado la célula terrorista en cinco días. "Una medalla se da cuando alguien sobresale respecto a la actuación normal", sentenció.

El terrorismo yihadista golpeó Barcelona este jueves. Una furgoneta de color blanco irrumpió a primera hora de la tarde en La Rambla desde la confluencia con la plaza de Cataluña, una zona atestada de turistas. El atentado, cuya autoría fue reivindicada a última hora por el Estado Islámico, dejó al menos 13 muertos y más de un centenar de heridos en el ataque más grave que sufre España desde el 11-M. 

Chema Gil, director del departamento de estudios sobre terrorismo del Instituto de Seguridad Global, asegura a infoLibre que el hecho de que se haya producido un atentado en España "no implica que haya fracasado el sistema policial o legislativo". De hecho, alerta de que estos atentados de "baja complejidad organizativa" son muy difíciles de detectar. En relación a la posibilidad de que alguno de los atacantes sea de nacionalidad española, alude a la necesidad de que los Estados impliquen "la generación de sociedades más cohesionadas". "En la medida en que se produzcan espacios de exclusión habrá caladeros para el proselitismo yihadista", advierte. 

Gil también se pronuncia sobre las posibles lecturas en clave política de este atentado en un momento crucial para la historia de Cataluña por la cuestión soberanista. Aunque asegura que la intencionalidad de los terroristas solo está en su mente, sí considera que, con datos objetivos, se puede afirmar que "el terrorismo siempre ha actuado allí donde había inestabilidad política y ha intentado hacerse presente en medio del conflicto". 

PREGUNTA. ¿Qué se puede deducir de los datos que se conocen hasta el momento del atentado de Barcelona? 

RESPUESTA. Con los datos que existen lo que sabemos es que no es un lobo solitario. Estamos hablando de una célula de mínima integración que ha recurrido a medios absolutamente insignificantes y con los que han conseguido un alto impacto. Esto no constituye ninguna novedad, pues lo hemos visto en Niza, en Berlín, en Londres… Que haya dos furgonetas significa que hay una célula. Por otro lado, el hecho de no se haya producido un enfrentamiento a tiros con estos terroristas –que lo que buscan es morir matando– va a hacer posible, sin lugar a dudas, que se produzcan más detenciones.

P. El modus operandi del atropello masivo perpetrado este jueves en La Rambla de Barcelona es similar al utilizado en otros atentados recientes en Europa. ¿Qué implicación tiene este hecho?modus operandi

R. Esta metodología constituyó una novedad en Europa el año pasado, pero en realidad son métodos que el terrorismo yihadista utiliza en escenarios lejanos y a los que, por regla general, los medios de comunicación no prestan atención porque los muertos no son europeos. Es un método que viene inserto en los manuales de terrorismo yihadista desde hace muchísimos años.

Entre otros, por ejemplo, se incluye en el manual más peligroso o que más se ha podido utilizar por el espectro terrorista, que fue el que redactó Mustafa Setmarian, alias Abu Musab al-Suri, un terrorista de Al Qaeda de nacionalidad española, y que está vinculado al terrorismo yihadista desde los años ochenta. Por lo tanto, estamos hablando de novedades muy relativas.

P. Determinadas informaciones apuntan a que la CIA avisó hace dos meses del riesgo de atentado en Barcelona. ¿Un atentado era inevitable?

R. Hay que tener en cuenta que las alertas por amenaza yihadista en otros territorios son muy habituales por parte del Gobierno norteamericano. Esas alertas normalmente no suelen tener un motivo concreto, salvo que se mencione de forma expresa, sino que responden a las propias alertas antiterroristas que existen en los países. En este caso, España está en alerta cuatro, el escalón más alto antes del último, que es el quinto. Por lo tanto, esa alerta antiterrorista genérica de la administración norteamericana es coherente con el nivel que tiene España, no era específica por un atentado que pudiera producirse. 

P. ¿Cree que con este atentado se puede iniciar en España una cadena de ataques como ocurrió en Francia o Reino Unido?

R. Ojala no. En un ambiente terrorista tan difuso y tan líquido como es la amenaza del yihadismo, ningún escenario es descartable. Espero que la acción policial que se produjo en la misma tarde del jueves frene cualquier otro ataque. Pero insisto en que no es descartable.

P. Las investigaciones por integración terrorista subieron un 122% en la Audiencia Nacional en 2016 por el aumento del yihadismo. ¿Cree que se está trabajando bien en España para prevenir la amenaza?

R. Creo que disponemos de un corpus legislativo y de un corpus operativo verdaderamente extraordinario. El hecho de que se haya producido un atentado no implica que haya fracasado el sistema policial o legislativo. Estos atentados de baja complejidad organizativa son muy difíciles de detectar. Desde 2004 no se había producido un atentado en España por parte del terrorismo yihadismo, pero no porque no lo hayan intentado.

De hecho, lo han intentado en varias ocasiones: pensaban hacer volar la Audiencia Nacional con un camión bomba, atentar contra el metro de Barcelona... Todos esos intentos fueron abortados por el trabajo de la policía. Yo reivindico, y más en este momento, el trabajo de la policía, que se ha mostrado muy eficaz.

P. Los últimos grandes atentados yihadistas en la UE han sido perpetrados por europeos. ¿A qué se debe este fenómeno?

R. Es algo que se lleva diciendo mucho tiempo: los terroristas que están atentando en Europa son nacidos y criados aquí. Eso quiere decir que el fenómeno del terrorismo yihadista como amenaza es algo complejo, que va a requerir de los Estados y de las sociedades respuestas policiales y judiciales pero también otras, con resultado a más largo plazo, que impliquen la generación de sociedades más cohesionadas.

En las sociedades en las que existen umbrales de exclusión, de rompimiento del afecto con el entorno, los discursos del proselitismo yihadista calan con facilidad en individuos que, por regla general, no se sienten vinculados afectivamente a ese entorno social. Nuestras sociedades occidentales deben repensarse como sociedades en las que todos nos sintamos ciudadanos. En la medida en que se produzcan espacios de exclusión habrá caladeros para el proselitismo yihadista. Eso es así.

P. En el caso de que se confirmara que alguno de los atacantes tiene la nacionalidad española. ¿Qué implicación podría tener?

R. En cualquier caso habrá que tener mucho cuidado con los discursos islamófobos porque esos discursos, que normalmente vienen de la extrema derecha, en realidad se convierten en los mejores aliados del terrorismo yihadista y retroalimentan al propio monstruo. Cuando, como consecuencia de un atentado, se criminaliza al musulmán, los espacios de exclusión se amplían.

P. ¿Cree que este atentado puede tener alguna lectura política en un momento crucial para la historia de Cataluña por la cuestión soberanista?

R. La intencionalidad de los terroristas solo está en la mente de los terroristas. Ahora bien, si analizamos cuándo se han perpetrado los últimos atentados en Europa vemos que sí se han producido en entornos de inestabilidad política. Por ejemplo, el asesinato de policías en los Campos Elíseos en la víspera de las elecciones francesas; los ataques en Reino Unido en los albores del Brexit… Bien porque sea una decisión pensada, o ya sea fruto de la casualidad y con el terrorismo no creo en casualidades, lo cierto y verdad es que el terrorismo yihadista, en los últimos tiempos en Europa, siempre ha actuado allí donde había inestabilidad política y ha intentado hacerse presente en medio del conflicto.

También ocurrió con la Primavera Árabe en Siria, que fue un movimiento laico, civil, de protesta contra el régimen de Assad, del que se apropió el terrorismo yihadista. De hecho, hoy hablamos de Siria como un conflicto de terrorismo yihadista. Por lo tanto, no me atrevo a decir que haya jugado ningún papel la situación de Cataluña, pero sí es una realidad objetiva que en los últimos tiempos siempre que se ha producido un atentado en Europa ha sido en medio de escenarios conflictivos de inestabilidad política.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a tres personas de origen marroquí, una de ellas acusada de integración en la organización terrorista Dáesh y "extremadamente peligrosa" por su avanzado estado de radicalización y por su perfil coincidente al de los autores de atentados recientes en Reino Unido o Francia.

Según ha informado el Ministerio del Interior, el operativo se ha producido de madrugada en la calle del Divino Valles, 14, en Madrid. Aquí ha sido detenido un hombre, de 32 años y de nacionalidad marroquí y residente en la capital, acusado de integración en la organización terrorista Dáesh. Asimismo han sido arrestados otros dos marroquíes de 38 y 33 años que convivían con el primero y que estaban siendo iniciados en las prácticas terroristas.

El operativo ha permitido constatar que el primero de los arrestados había realizado un exhaustivo trabajo de estudio y búsqueda de material formativo oficial del Estado Islámico. Concretamente, había compilado un abundante número de manuales específicos sobre dinámica terrorista en el marco yihadista como, por ejemplo, el Manual para el terrorista suicida o el Manual para la Yihad Electrónica. Las temáticas de estos documentos van desde la preparación ideológica más radical hasta las acciones de martirio.Manual para el terrorista suicidaManual para la Yihad Electrónica

Además de estos manuales, hay otros que la Policía Nacional está analizando en un operativo coordinado por el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información. El material del Estado Islámico que se le ha incautado le servía tanto para preparar a los candidatos elegidos en aspectos religiosos radicales como para formación teórica y práctica en técnicas operativas.

Vínculos con terroristas en Siria e Irak

"Presentaba un perfil extremadamente peligroso, coincidente con el de los terroristas recientemente implicados en los atentados en Reino Unido o Francia, y estaba considerado una clara amenaza para la seguridad de nuestro país", ha destacado Interior en referencia al primero de los arrestados. Además, intentó captar a personas de su entorno próximo a los que pretendía convencer para llevar a cabo la yihad violenta en nuestro país.

Durante la investigación ha sido posible individualizar diversos marcadores en redes sociales que vinculan al detenido con miembros del Estado Islámico ubicados en zona de combate yihadista sirio-iraquí. En el desarrollo de la investigación y a través de las vigilancias efectuadas se pudieron detectar comportamientos y actitudes por parte del detenido que hicieron extremar las precauciones de los agentes policiales.

Esta nueva operación se enmarca en las líneas de acción diseñadas por la Comisaría General de Información en el contexto de la lucha contra el terrorismo yihadista, enfocadas hacia una rápida detección y neutralización de individuos cuya radicalización se encuentra en un peligroso estadio de consolidación, paso previo a la comisión de actos terroristas.

Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 172 terroristas yihadistas4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 217 desde principios de 2015. Interior recuerda que los ciudadanos pueden colaborar a través de la iniciativa Stop Radicalismos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, han acordado elaborar "un plan de acción antiterrorista", tras la ola de atentados que ha afectado a ambos países, según han anunciado este martes en la rueda de prensa que han ofrecido tras su reunión en París.

"Hemos decidido ir más allá de esta noche y trabajar en días posteriores en un plan de acción muy concreto", ha dicho el inquilino del Palacio del Elíseo, de acuerdo con los medios de comunicación galos.

Macron y May únicamente han detallado que parte de la estrategia se centrará en Internet, para prevenir la propagación del "odio" por la Red.

Ambos mandatarios volverán a encontrarse antes de que acabe el año en una cumbre de defensa, ha anticipado el jefe de Estado francés.

El líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi, está a punto de perder los dos principales centros de su califato. Aunque está a la fuga, podría llevar años el capturarle, según advierten autoridades y expertos.

Los combatientes de Estado Islámico están cerca de la derrota en las dos principales ciudades del territorio bajo su control, Mosul en Irak y Raqqa en Siria, y las autoridades creen que Al Baghdadi se mantiene alejado de ambas, escondido en los miles de kilómetros cuadrados de desierto entre las dos.

Mosul y Raqqa, asediadas

Las fuerzas iraquíes han recuperado buena parte de Mosul, la ciudad del norte de Irak que el grupo terrorista tomó el 14 de junio de 2014 y desde la que Al Baghdadi se autoproclamó califa, o líder de todos los musulmanes, el 29 de junio de ese mismo año. Raqqa, su capital en Siria, está prácticamente rodeada por una coalición de grupos árabes y kurdos sirios.

Nacido como Ibrahim al Samarrai, Al Baghdadi es un iraquí de 46 años que rompió con Al Qaeda en 2013, dos años después de la captura y muerte de su fundador, Usama bin Laden. Creció en una familia religiosa, estudió teología islámica en Bagdad y se unió a la insurgencia yihadista salafista en 2003, el año de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos. Fue detenido por los estadounidenses, que le liberaron alrededor de un año después tras considerar que no era un objetivo militar.

Tímido y reservado, según Al Hashimi, se encuentra escondido desde hace poco en la frontera entre Irak y Siria, una zona escasamente poblada en la que los drones y los extranjeros son fáciles de localizar.

El Programa de Recompensas Antiterroristas del Departamento de Estado ha puesto una recompensa de 25 millones de dólares por él, la misma que había por Bin Laden o por el expresidente iraquí Sadam Husein y que se mantiene para el actual líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri.

"La recompensa crea preocupación y tensión, restringe sus movimientos y limita el número de sus guardaespaldas", destaca Fadhel Abu Ragheef, un experto en grupos extremistas de Bagdad. "No permanece más de 72 horas en un mismo lugar", precisa.

Cuidadoso en sus movimientos

Al Baghdadi "se ha vuelto nervioso y muy cuidadoso con sus movimientos", señala Talabany, cuyos servicios están directamente implicados en combatir los planes de Estado Islámico. "Su círculo de confianza se está haciendo incluso más pequeño", añade.

Al Baghdadi no usa teléfonos y tiene solo a un pequeño número de correos aprobados para comunicarse con sus principales ayudantes, Iyad al Obaidi, su ministro de defensa, y Ayad al Jumaili, a cargo de la seguridad. El pasado 1 de abril, la televisión estatal iraquí informó de la muerte de Al Jumaili, sin que este extremo haya sido confirmado.

El líder de Estado Islámico se mueve en coches corrientes, o en los típicos pick-uppick-upusados por los campesinos, entre escondites a ambos lados de la frontera, con solo un conductor y dos guardaespaldas, según Al Hashimi.

La región es bien conocida por sus hombres ya que es la cuna de la insurgencia suní contra las fuerzas estadounidenses que invadieron Irak y posteriormente contra los gobiernos liderados por chiíes que han dirigido al país.

Califato en retroceso

En la cúspide de su poder hace dos años, Estado Islámico gobernó sobre millones de personas en un territorio que cubría el norte de Siria pasando por localidades y aldeas a lo largo de los valles del Tigris y el Éufrates hasta las afueras de Bagdad, la capital de Irak.

Persiguió a los que no eran suníes e incluso a los suníes que no estaban de acuerdo con su versión extrema del islam, con ejecuciones públicas y latigazos por violar sus estrictos controles sobre la apariencia, la conducta y los movimientos.

Ahora, unos cientos de miles de personas viven en zonas bajo su control, en y en torno a Raqqa y Deir Ezzor, en el este de Siria, y en unos pocos reductos en el sur y el oeste de Mosul. Según Al Hashimi, Estado Islámico está trasladando a algunos combatientes fuera de Raqqa antes de que la ciudad quede rodeada para reagruparse en Deir Ezzor.

En Mosul vivían hasta dos millones de personas antes de la ocupación yihadista. Hasta 200.000 personas siguen atrapadas en la Ciudad Vieja, bajo control de Estado Islámico, con falta de suministros y usadas como escudos humanos para obstruir el avance de las fuerzas iraquíes con apoyo de la coalición internacional que lidera Estados Unidos.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), integradas por grupos kurdos y árabes apoyados por la coalición internacional comenzaron la semana pasada su asalto sobre Raqqa, tras meses de campaña para lograr asediarla. Los milicianos también se están enfrentando con fuerzas leales al presidente sirio, Bashar al Assad, y apoyadas por Rusia e Irán, y con rebeldes sirios respaldados por Turquía.

La última información oficial sobre Al Baghdadi fue del Ejército iraquí el pasado 13 de febrero. Aviones F-16 iraquíes llevaron a cabo un bombardeo contra una casa donde se creía que estaba reunido con otros comandantes, en el oeste de Irak, cerca de la frontera siria.

En total, Estado Islámico cuenta aún con unos 8.000 combatientes, de los que 2.000 son extranjeros, precisa Abu Ragheef. "Una pequeña cifra en comparación con las decenas de miles desplegados contra ellos en ambos países, pero una fuerza a tener en cuenta, compuesta por radicales sin nada que perder, escondidos en medio de civiles y haciendo un uso extensivo de bombas trampa, minas y explosivos", advierte.