Juanfran Pérez Llorca cumplió e hizo lo que Vox le pidió en su discurso de investidura: asumir las tesis de la extrema derecha. La mano derecha de Carlos Mazón en el PP valenciano y en las Cortes Valencianas, demostró este jueves que estaba más que dispuesto a pagar el mismo peaje que su antecesor para llegar a ser president de la Generalitat. En un discurso en el que entremezcló de manera indistinta el castellano y el valenciano trató de combinar la reivindicación de la gestión realizada hasta ahora por el Consell, aunque sin citar ni una sola vez a Mazón, con la incorporación de referencias a las exigencias de su socio parlamentario. El candidato arrancó sosteniendo que llegaba al debate "sin ningún acuerdo cerrado", pero con la aspiración de lograr "el pacto de las Cortes".

Lo cierto es que la formación de Santiago Abascal no fijó, a priori, ninguna condición por escrito para apoyar la investidura del candidato del PP en el pleno. Pero es que tampoco hizo falta. Pérez Llorca tenía muy claro qué referencias incluir en su discurso tras días de negociaciones con los ultras. Empezó con uno de los clásicos de la extrema derecha: las políticas verdes. El candidato del PP aseguró que "el Pacto Verde Europeo —la hoja de ruta para reducir un 55% las emisiones del bloque en 2030— es la mayor amenaza para nuestros agricultores" y aseguró que su objetivo era "defender nuestro sector primario frente a las condiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en un dogma". Una crítica que después concretó en la exministra Teresa Ribera.

Entre esas "élites europeas" que citó el dirigente del PPCV se encuentra la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, que pertenece al Partido Popular Europeo, que fue la principal impulsora de ese acuerdo. Cuando llegó el turno del portavoz de Vox, José María Llanos, este se lo recordó. "Celebramos que vuelva a condenar el Pacto Verde en Europa, aprobado por su partido. Dígaselo a [Alberto Núñez] Feijóo y a su líder en Bruselas, Dolors Montserrat", le lanzó desde la tribuna. Pérez Llorca hizo suyas las reclamaciones que reclaman frenar las políticas ambientales que afectan al sector primario, con el argumento de que hacen más complicado y más caro el trabajo de sus profesionales. El candidato del PP abrazó este discurso de manera clara: "Nos han hecho creer que para salvar el planeta tenemos que arruinar a los que se han dedicado toda la vida al medio rural (...) Esto no es ecologismo, sino incompetencia y desequilibrio", señaló.

El dirigente del PP también señaló que "disponer de la energía nuclear es fundamental" y la ofreció como la solución para evitar un "apagón" en la Comunitat Valenciana, obviando deliberadamente que fueron las las grandes eléctricas incumplieron sus obligaciones de regular los desequilibrios de la red. "Entre defender la continuidad de una central como la de Cofrentes o depender de un señor que está en Rusia me quedo con Cofrentes. En Suecia y Reino Unido van a potenciar la energía nuclear, Alemania se lo está replanteando. Defiendo la continuidad de la central nuclear de Cofrentes. También nos jugamos el precio de la luz que pagan los valencianos, Cofrentes no se cierra", dijo. Se trata, en realidad, de un brindis al sol porque es una de las tres centrales nucleares que deben cerrar antes de 2031.Llanos, de nuevo, volvió a apoyarle: "Apoyamos su anuncio, Cofrentes no se cierra".

El candidato del PP también asumió la hoja de ruta marcada por la extrema derecha con ataques a la inmigración al asegurar que "es un problema real que está en todas las ciudades" y que no se puede "esconder". "Decir que la inmigración es un reto complejo al cual se enfrentan barrios y localidades no es condenar a todos los inmigrantes", afirmó. "Hablar claro sobre los efectos que tiene una inmigración masiva y mal gestionada no puede depender de la comunidad autónoma en la cual se hable", añadió. Con esa afirmación, Pérez Llorca no solo compraba el discurso de Vox al pedir una estadística diferenciada entre los recursos a los que acceden los españoles y los migrantes, sino que también los vinculaba con la delincuencia. "No tenemos que tener miedo de conocer los datos reales de delincuentes de origen que cometen delitos", planteó Pérez Llorca, que a aprovechó para cargar contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el candidato del PP, "la convivencia, la seguridad y la preservación de nuestra identidad no es ser racista ni alarmista, es ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público". Llorca cerró el bloque con una batería de compromisos dirigidos a Vox: tolerancia cero con organizaciones que "incentivan la inmigración irregular", en referencia a las ONGs que están en el mar, controles estrictos para determinar la edad de los menores extranjeros cuando sea necesario y una oposición frontal al reparto estatal de menores no acompañados, al que calificó de "chantaje" que "utiliza a los menores para hacer política".

Ese fue su gesto más explícito a Vox al que Llanos volvió a responder con un agradecimiento por "advertir del desafío de la inmigración masiva" pero también con una constatación: la de que el PP se ha postrado a sus políticas. "Nos llamaron racistas, destructivos, y ahora, al fin, esto es reconocido abiertamente. Se ha reconocido que Vox tenia razón", manifestó el ultraderechista. El portavoz de Vox reclamó medidas concretas al sustituto de Mazón, como por ejemplo que lidere "planes de retorno de migrantes irregulares”, que se publiquen estadísticas sobre delincuencia "asociadas a la inmigración irregular". "Queremos que los menores no acompañados sepan que no vienen a la Comunidad Valenciana a vivir de los españoles ni de Erasmus", dijo, para añadir que así contaría con sus 13 votos.

Vox, además, le reclamó al candidato del PP el compromiso de mantener el recorte del 50% a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) un organismo parala promoción de la lengua creado bajo el mandato de Eduardo Zaplana (PP), que Vox definió como una organización "antivalenciana" y "antiespañola". Es uno de los compromisos que los ultras pactaron con Mazón en el acuerdo presupuestario de 2025. "Es un chiringuito que pagamos con el dinero de los valencianos y también con nuestra libertad", dijo Llanos. En esa línea, reclamó "libertad lingüística frente al despotismo de la izquierda" que basa su política "en el adoctrinamiento, la mentira histórica y el enfrentamiento". "El valenciano es riqueza y orgullo, pero no puede ser imposición. Y el catalán mucho menos", planteó.

Fue el único punto en el que Pérez Llorca contradijo —ligeramente— a Vox. "La libertad educativa es buena, tenemos que seguir apostando por ella. Es fundamental", concedió. Si bien, recalcó que el sí que cree en organismos como la AVL. "Sería un mentiroso si no le dijera que esta institución se creó con el PP en el Gobierno para proteger el valenciano, no para ir contra él". Aun así, manifestó "que en los últimos años ha habido un malentendido de cómo tiene que funcionar".

Durante su discurso de investidura, Llorca también prometió pedir perdón por la tragedia del 29 de octubre a las familias de las 229 víctimas que perecieron. "Mis primeras palabras como president serán para pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales", afirmó, aunque extendiendo las responsabilidades: "Exigiré lo mismo al Gobierno de España, que no ha reconocido errores ni ha asumido ninguna responsabilidad". Y añadió: "Las administraciones no hemos estado a la altura. Soy consciente de que queda mucho por hacer. No bajaremos la intensidad".

Un gesto de la nueva etapa que el candidato del PP quiere abrir tras la marcha de Mazón. El todavía president de la Generalitat solo acudió a Les Corts a votar para no acaparar protagonismo, según dijo, porque mantendrá su acta de diputado. Pérez Llorca se cuidó de no mencionarlo, más allá de reivindicar lo conseguido por el Consell en su conjunto desde que el PP llegó a la Generalitat en 2023. Y el mensaje que lanzó fue que hay otra forma de hacer las cosas, tras el cerco a su antecesor por lo que hizo durante la tarde del 29 de octubre de 2024 tras el agujero negro de cinco horas. "Vengo a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas con un rumbo claro que fue el que eligieron los valencianos cuando en mayo de 2023 entendieron que era necesario un cambio".

La puerta se cierra. Ya no hay cámaras. Aplausos cada vez que entra un miembro del Ejecutivo. Gritos y abrazos. “Ay, ay, ay”, lanza una ministra. Están en la conocida como sala de Gobierno del Congreso de los Diputados. Muchos lloran. Y llega Pedro Sánchez, recién investido de nuevo presidente. Le han hecho un pasillo, lo rodean. Sus ojos se enrojecen. Sentimientos a flor de piel.

Esta escena se vivía, según fuentes presenciales, minutos después de abandonar los diputados el Hemiciclo y tras proclamar Francina Armengol el resultado de la votación: 179 ‘síes’ frente a 171 ‘noes’. “Este hombre lo ha vuelto a hacer”, comenta un miembro del equipo gubernamental. “Hemos luchado mucho, parecía imposible”, sostiene otra persona del núcleo duro de Ferraz.

Y así culmina un proceso que se inició de forma inesperada la noche del 28 de mayo. La mayoría de autonomías y de ayuntamientos se tornaron en azul y Pedro Sánchez convocó a sus más cercanos para anunciarles una decisión: adelantaba las elecciones al 23 de julio. En su opinión, los ciudadanos tenían que elegir sobre el modelo que querían al frente del Palacio de La Moncloa.

Casi todas las encuestas daban por segura una mayoría arrolladora del PP junto a la ultraderecha, pero los españoles repartieron otras cartas durante el 23 de julio. La izquierda tenía opciones de formar Gobierno. Muy difíciles, pero estaban ahí. Esa noche en las puertas de Ferraz se bailó al ritmo de Rigoberta Bandini o de la canción de Verano azul.

“El presidente desde entonces tuvo claro que el acuerdo era posible”, indican fuentes socialistas. Y a la vez trasladó a lo largo de esas semanas a los suyos que en la política hay que tomar decisiones, aunque sean difíciles a veces de explicar. Desde aquella noche se abrieron canales de comunicación con los partidos. Y había que mirar también a Junts, cuyos votos eran imprescindibles y con quien no había conexión durante la última legislatura.

Se empezaron a mover todas las fichas. Con Santos Cerdán enfocándose a Junts y al PNV, mientras que Félix Bolaños preparaba la carpeta catalana (con continua conexión con Josep Maria Jové, el negociador en la sombra de Esquerra). María Jesús Montero estaba detrás de los números y a la vez se encargaba de perfilar con Nacho Álvarez el pacto de coalición con Sumar. Siempre todo bajo la supervisión y el ok final que venía directamente de Pedro Sánchez.

Ya en esos primeros contactos, comentan fuentes conocedoras de las conversaciones, se vio que había un clima favorable. La negociación de la Mesa del Congreso fue el test de que podía haber investidura. Los socialistas entendieron que la fórmula que funcionaba era la de la discreción, aunque esto suponía “sudor y lágrimas” con los medios de comunicación. En esas conversaciones se veía que el camino “era factible y que Junts estaba en disposición”.

Pero la hoja de ruta del PSOE se trastocó por la tardanza de la celebración de la primera investidura de Alberto Núñez Feijóo. Se alargó más de lo previsto después de que Armengol decidiera no crear un choque institucional entre el Congreso y el candidato del Partido Popular. Mientras los socialistas seguían hablando de forma muy discreta con los posibles socios, pero tampoco podían cerrar el acuerdo.

Tras la investidura “fake” de Feijóo, como señalan los socialistas, les llegó el turno de “la de verdad”. Se avanzaba de manera sigilosa, pero siempre había sobresaltos y algunos parones, muchos de ellos por la rivalidad entre los propios partidos independentistas. Asimismo, las diferentes almas de Junts podían jugar una mala pasada para el ‘sí’ final. Por eso, se entiende como clave el papel que jugó el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, para llevar a buen puerto el pacto. “El posibilista”, lo definen en los círculos socialistas.

Fuentes socialistas asimismo ponen en valor el papel que ha jugado el Partido Nacionalista Vasco para tender puentes con Junts. Sirvió como “pegamento” con los de Carles Puigdemont. Los socialistas a la vez sabían que tenían que mimar a los peneuvistas, que se habían quejado de falta de cariño en la fase final de la anterior legislatura. A la vez disgustaban titulares de algunos medios con noticias que no eran realidad sobre la negociación, comentan en el PSOE. “Hemos tenido que aguantar mucho”, dibujan en el partido.

El PSOE tenía prisas por cerrar y se lo hizo saber a sus socios. Pero tampoco terminó de cuajar el pacto de sellar el mismo día los acuerdos con Esquerra y Junts. Los de Carles Puigdmenont hicieron esperar a los socialistas, con Santos Cerdán y Juan Francisco Serrano al pie de la negociación en Bruselas. Y otro atasco que surgió, señalan fuentes socialistas, fue cuando el pasado 6 de noviembre el juez Manuel García-Castellón imputó a Carles Puigdemont y Marta Rovira. 

La madrugada del 9 de noviembre se llegaba a un pacto. A las pocas horas, y sin haber apenas dormido, se rubricaba el acuerdo entre Santos Cerdán y Jordi Turull. Junts entraba en la ecuación. Tocaba terminar de poner negro sobre blanco el texto de la ley de amnistía para registrarla el lunes en el Congreso de los Diputados. Y se cerraba el círculo de pactos con el PNV, una firma a la que quiso dar especial importancia Pedro Sánchez haciéndose él mismo la foto con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar. 

Los días finales también han sido agónicos personalmente para muchos cargos socialistas. “He sido acosada por la calle, me han dicho de todo”, comentaba una diputada que está en la dirección del partido. Además, muchos confiesan que han sufrido insultos hasta en las puerta del colegio de sus hijos, como una de las personas más cercanas al presidente en La Moncloa.

Pero a la vez esto ha hecho que se hayan vuelto los diputados todavía “más firmes” en su decisión de lograr esta investidura y se preparan para una legislatura muy dura a tenor de las intervenciones en el Pleno de investidura de los líderes de Vox, Santiago Abascal, y del PP, Alberto Núñez Feijóo. Este último le dijo incluso a Sánchez, al darle la mano tras el debate: “Esto es una equivocación, tú eres el responsable de lo que acabas de hacer”. En el PSOE apuestan asimismo ahora por hacer mucha pedagogía y por empezar a extender un potente paquete de medidas sociales.

Sánchez ya es presidente del Gobierno. Ahora le toca formar el nuevo Consejo de Ministros. Nadie sabe nada. O eso dicen en su núcleo duro. Empieza otro capítulo de Manual de resistencia.

179 ‘síes’. Pedro Sánchez salió este jueves investido de nuevo presidente del Gobierno con mayoría absoluta después de dos jornadas de alto voltaje político en las que se presentó como el muro frente a las derechas y en las que el PP y Vox avanzaron una oposición muy dura para esta legislatura.

Sánchez logró sacar adelante en primera votación su investidura gracias a los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria tras semanas de intensas negociaciones. De esta manera, el secretario general del PSOE mantiene La Moncloa con el voto sólo en contra de tres partidos: PP, Vox y UPN (con 171 'noes').

El dirigente socialista materializó con éxito su arriesgada apuesta política de adelantar las elecciones al 23 de julio (debían de celebrarse en noviembre) después de que las derechas se hicieran con la mayoría de las autonomías y ayuntamientos el pasado 28 de mayo. Entonces, el jefe del Ejecutivo llamó a las urnas para clarificar la gobernabilidad del país.

Ahora, con la investidura ya aprobada, Sánchez se enfrentará a una complicada legislatura, pero él apuesta por aguantar cuatro años y tener “estabilidad” como con la anterior coalición progresista. Pero tiene el gran reto de aunar siempre en las votaciones a todos los grupos que le apoyaron este jueves.

Sánchez, durante su intervención final en respuesta a Patxi López (PSOE), reivindicó la democracia parlamentaria y se dirigió a todos los grupos que le apoyan: “A los 179 diputados, muchas gracias”. E indicó que esa confianza se empleará para mejorar la vida de los ciudadanos.

La emoción cundió tras la votación entre los miembros del PSOE y de Sumar. Sánchez saludó a uno a uno a sus diputados a pie del Hemiciclo. Los ministros fueron vitoreados cuando entraban en la sala privada del Gobierno en la Cámara Baja. El propio presidente, según fuentes presenciales, también se mostró conmovido. Hubo dentro abrazos y muchas lágrimas.

Después de la votación, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, traslada al rey el resultado de la investidura. Posteriormente Sánchez tendrá que prometer su cargo en el Palacio de la Zarzuela. Desde ese momento le corresponde al ya oficialmente jefe del Ejecutivo elegir a sus nuevo Gobierno, con la idea de que se celebre ya el próximo martes el Consejo de Ministros con sus nuevos gobiernos.

El principal escollo para esta investidura era el apoyo de Junts, que cerró finalmente un acuerdo con el PSOE hace una semana. No obstante, durante la investidura el partido de Carles Puigdemont deslizó su malestar con las palabras de Pedro Sánchez sobre la amnistía y durante unas horas dejó en el aire que el ‘sí’ tuviera que esperar a la segunda votación. Pero finalmente se cumplió la hoja de ruta planeada por Sánchez de tener atada la mayoría absoluta suficiente para ganar la votación.

La segunda jornada de investidura tuvo también momentos vibrantes del parlamentarios. Una de las intervenciones más aplaudidas fue la del portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien arremetió contra el PP y dijo que algún día contará lo que le ofrecieron "hace dos meses". Asimismo, le regaló una rima al líder del PP: "Alberto, tu tractor está gripado por usar aceite Vox".

La jornada estuvo marcada además por el absentismo de Vox durante buena parte de la mañana. Los diputados de ultraderecha no llegaron al Hemiciclo hasta las 11.08 horas, más de dos horas después de que arrancara el debate. Todo ello en un nuevo día en el que la Cámara Baja estuvo blindada ante las protestas.

A primera hora hubo un altercado cuando los diputados socialistas Herminio Sancho, María Luisa García Gurruchaga, Daniel Senderos y Vicent Sarrià se encontraban desayunando en un bar cercano al Congreso sobre las 7.30 horas cuando un grupo de personas se puso a hacer fotos y a acosarles desde el exterior del establecimiento, según fuentes socialistas.

Los diputados avisaron a la Policía, que les escoltó hasta el Congreso. Todo ello entre gritos, insultos, amenazas y lanzamiento de huevos, uno de los cuales impactó contra la cabeza del diputado Sancho.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves en el Pleno de la Asamblea que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "con todo el abuso de poder", utilizase el Congreso de los Diputados para "difamarla" a ella y a su familia, según informa Europa Press. "A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije me gusta la fruta", ha contestado la dirigente madrileña en el Pleno de la Asamblea, contestando al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, quien le ha exigido que pida perdón a Sánchez.

En la primera sesión del debate de investidura, Sánchez afeó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad" y su respuesta fuese "evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra ese caso de corrupción". Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo reaccionaba con unas palabras que varios diputados del PSOE han interpretado como un insulto (hijo de puta) a Sánchez.

En un primer momento, desde el equipo de la presidenta ironizaron con que lo que había dicho era "me gusta la fruta" pero posteriormente señalaron que las acusaciones eran "una ignominia y una cobardía" y que la respuesta, "dicho para sí misma", es "lo mínimo que se merece".

Ayuso ha ironizado ante los socialistas y ha sostenido que si ella en la tribuna de oradores aprovechase e insultase a sus familia, "lo mínimo" es que Lobato diga "por lo bajo, al menos, me gusta la fruta". "La señora (Mónica) García hace poco dijo mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor (Javier) Padilla hace poco dijo facha, me llamó pacha, y yo entendí, qué pacha. Yo entendí eso, pero qué tal con el señor Óscar Puente, que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada, porque no aprovechó para dar ejemplo y decirle deje de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando dice que es una mujer con dudoso equilibrio mental", ha señalado a continuación.

En este sentido, ha sostenido que querrán que ella llame a Sánchez "guapo, divino, maravilloso "pero es que resulta que ayer ya dijo el presidente del Gobierno que va a levantar un muro en España para fabricar dos, una contra la otra". "En un lado del muro estamos todos los fascistas, jueces, fiscales, funcionarios, expolíticos del PSOE, y en el otro del muro estaban los otros fascistas, es decir, ustedes, hasta junio, cuando sabían que la amnistía era un atropello contra el Estado de Derecho", ha lanzado a continuación.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha exigido este jueves a Ayuso que pida perdón al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "por haberle insultado". "Es usted una descortés y se está pasando tres pueblos. Se está pasando tres pueblos, señora Ayuso. ¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresiones físicas? ¿De verdad?", ha preguntado el socialista al inicio de su intervención en el Pleno.

A continuación, Lobato se ha preguntado si esta es "la democracia" en la Ayuso piensa cuando habla "de dictadura". "¿Esta es la democracia en la que está pensando? ¿Usted se imagina a una profesora, a un profesor, a unos padres, diciéndole a su hija: muy bien hija, ese insulto es lo mínimo que se merecía. Esto es lo que hizo usted ayer", ha lanzado.

El líder del PSOE en Madrid ha incidido en que él no quiere que sus "tres hijos y millones de niños en toda España vean en la televisión lo que ayer vio todo este país en todos los telediarios, a la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo un acto indigno". "Vamos a dar la cara para echarla a usted, a sus insultos y a sus faltas de respeto en 2027. Ya se lo digo y tenga lo claro", ha señalado.

El debate de este miércoles en el Congreso para Lobato se resume en que "Feijó, pinchó; Ayuso, insultó; y Abascal, se largó". "Vaya equipazo. Vaya equipazo tienen ustedes. Y dice usted que va a contestar aquí a Pedro Sánchez. Hombre, no. Si usted quiere sustituir a Feijóo, vaya de cara, hombre. Dígaselo a él. Tenga la valentía de sustituirle como intentó con Pablo Casado, aunque se quedó a medias", ha manifestado.

El socialista ha defendido que "ni España se rompe, ni está en riesgo la democracia" y ha censurado que hable "de dictadura de España un día, y al día siguiente esté modificando por la puerta atrás quince leyes para controlar la Cámara de Cuentas, el Portal de Transparencia y para seguir controlando Telemadrid". "No. Lo que se rompe es Madrid cuando usted permite que vuelva a haber armarios de la discriminación en los colegios de esta Comunidad, para niños y niñas LGTBI. Hoy habrá un nuevo Gobierno, y me alegro de que el PP y Vox estén en las calles y no en el Gobierno de España, señor Ayuso", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha acusado a Ayuso de insultar "a todos los españoles" por su ataque desde la tribuna del Congreso de los Diputados al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, tras "denunciar su corrupción". Así, ha insistido este jueves en que Ayuso "dio una mordida a su hermano" en la pandemia y le ha advertido de que puede insultarles a todos porque seguirán "denunciando su corrupción".

Ha tachado de "deleznable" las palabras de Ayuso a Sánchez y ha acusado a los 'populares' de meter "la mano en la caja de los madrileños". "En España cabe su hipérbole, pero ahí no caben millones de españoles. ¿Cuántos le sobramos, 12 millones?, ha lanzado García, en referencia al número de votantes de las formaciones que darán previsiblemente hoy su 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez.

Ha ironizado García con las peticiones de la derecha de auxilio al exterior ante la amnistía a los independentistas y ha indicado que quien ha pedido "auxilio es España" ante el PP y Vox, a su "negacionismo climático o el retroceso de los derechos LGTBI". "Madrid no se defiende insultando al resto. Hoy nace un Gobierno valiente, sin miedo. No nos van a quebrantar. Hágale un favor a España y échese a un lado", ha rematado García.

El ambiente irrespirable de la campaña del 28J, seguido de la disyuntiva del 23J entre Pedro Sánchez y la derecha se ha materializado con crudeza y brutalidad en el debate de investidura. Hay dos modelos, dos Españas. Hay una mayoría parlamentaria articulada por una coalición progresista apoyada por todas las demás formaciones. La transversalidad y diversidad de España frente a una derecha que ha declarado la guerra sin ceses, la oposición por demolición que va del sanchismo hasta el último socio, instalada en una hipérbole permanente que ha tocado el barro con el Help Spain lanzado a Europa por el PP. Feijóo tenía dos opciones, empezar a reconstruir su lugar desde la oposición o ir con Vox en lo político y en la calle. La derecha contra todos. Esta ha sido la elección. En lo que nos ocupa, el gobierno, se ha puesto también de manifiesto que está todo por hacer. La legislatura arranca en el kilómetro cero que debe conectar todas las piezas, todos los territorios, todas las agendas.

Sánchez no necesitaba un discurso extenso de investidura. La travesía del 23-J hasta subirse a la tribuna, el recorrido arduo de ir sumando partido a partido. Ha estado tan expuesto que su imagen lleva implícita la victoria. 179 escaños levantados a pulso. Una mayoría en primera vuelta con más holgura que en 2019. Un tablero luminoso, en palabras de Sánchez, que ha tenido que encender escaño a escaño. El discurso calmó a los suyos pero dejó escapar la oportunidad para explicar a la ciudadanía el porqué político y moral de la amnistía. Sánchez tenía que salir de la investidura colocándose por encima del debate bronco, del golpismo contra golpismo en el que PP y Vox han instalado el debate.

La ciudadanía, votantes incluidos, están esperando argumentos de peso que rebajen el desasosiego de una amnistía instrumental. Explicar por qué la necesidad de los números se convierte en oportunidad. Ha faltado cierto reconocimiento del error, algo así como había un camino y ahora vamos a intentarlo. Poner en valor esa apuesta final por la "reconciliación y la convivencia" más allá de la fuerza de los pactos. Era el momento de dar altura a la decisión más arriesgada de la política española en los últimos años. Hay argumentos en la exposición de motivos de la ley y el parlamento era (y es) el lugar para la épica y la razón moral de la amnistía. 

Sánchez fue valiente arrancando su discurso apelando a los ciudadanos que se manifiestan en contra de la ley ejerciendo su derecho de participación y protesta. Pero faltó algo de arrojo para explicar por qué una ley inconstitucional hace cuatro meses ahora lo es. Por qué se negó tantas veces y por qué la necesidad de los siete escaños llevarán a la sociedad española a un lugar mejor.   

La puerta abierta a esa explicación, decía Sánchez, es una ley que se debatirá a la luz del debate parlamentario de las Cortes. Es cierto que quedan meses por delante para ello y es muy posible que cuanto más pasen las semanas habrá más argumentos. “Es más fácil incendiar España que construirla”, decía Yolanda Díaz. Y citó al exdiputado de los comunes Xavier Domenech en algo más relevante. “Con el acuerdo ganamos la posibilidad de que Cataluña sea, también, una solución para el conjunto de España”. No para Cataluña —que también—, sino para España. 

Con una oposición encanallada, colocada en ocasiones fuera del tablero, la legislatura de Sánchez va a necesitar discurso democrático, explicar conceptos básicos como soberanía popular, separación de poderes en todas las direcciones, razones de Estado, la convivencia de todos y no la mitad de todos. Un gobierno construido desde tantos puntos de apoyo necesita esa altura, ahondar en la razón política, ética y moral de cada paso. Teniendo claro que no habrá pactos de Estado, “no me busque”, sentenciaba Feijóo, ni diálogo posible, esa debería ser una de las lecciones del debate de investidura.

Yolanda Díaz es consciente de que necesita remarcar las diferencias con el PSOE para sobrevivir esta legislatura. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar lo ha hecho notar este miércoles, en el debate de investidura de Pedro Sánchez, dónde ha enarbolado un discurso muy crítico con la derecha pero en el que también ha confrontado con los socialistas en materias como fiscalidad y vivienda. 

En el primero de estos ámbitos Díaz ha pedido realizar "una reforma fiscal estructural" comenzando por igualar las rentas del trabajo y las del capital. "No puede ser que el 85% del IRPF provenga de las rentas salariales, ni que una peluquería tribute al 17% y una gran empresa al 3,5%", ha criticado. En materia impositiva ha cargado contra la exención de IVA de la educación y la sanidad privada y de los 140 mil millones de euros "en paraísos fiscales" y ha defendido sacar de la órbita del Ministerio de Hacienda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding del que cuelgan las empresas públicas y las participaciones del Estado en cotizadas como Redeia, Enagás, Ebro o Airbus.

Otro ámbito en el que ha explicitado esas diferencias es el de vivienda, que es, “junto con el paro, el mayor problema de nuestro país", según ha asegurado Díaz. "Nosotros no compartimos en absoluto que ustedes se empeñen en una medida que científicamente es incorrecta y políticamente está fracasada: no compartimos que desgravemos fiscalmente con el 15% la adquisición de una vivienda. Esto se ha practicado por el PP y el PSOE y el único resultado fue incrementar el precio del alquiler en España", ha lanzado. "Queremos acabar con una generación de jóvenes que no conoce otra cosa que compartir piso para poder sobrevivir".

En esa línea, Díaz ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas como la publicación "con carácter inmediato" del índice de precios en las zonas tensionadas. "El 50% de las personas que tienen un contrato de arrendamiento están en riesgo de exclusión social", ha subrayado. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno regulará los alquileres de temporada que ha definido como "el principal agujero de especulación de las ciudades" y construirá "un 20% más de vivienda social". Por último, ha defendido “acabar con las golden visa", en referencia a la concesión de visados a cambio de comprar propiedades inmobiliarias. 

En su segunda intervención tras la réplica del presidente del Gobierno, cuyo tono ha dejado claro la complicidad entre ambos, Díaz ha puesto el foco en la política internacional, especialmente en lo que respecta a la causa palestina. "Lo que está pasando en Palestina es de una gravedad atroz y no estamos haciendo lo suficiente. No hay relativismo con los derechos humanos. Tenemos muchos caminos para seguir presionando y conseguir el alto el fuego”, ha subrayado.

En esa línea ha pedido a Sánchez que "no dude" con su posición sobre Palestina y llame a consultas a la embajadora israelí en España. "Podemos llamar a consultas a la embajadora, propiciar el embargo de compraventa de armas a Israel y defender sanciones", ha pedido al candidato a la investidura. Asimismo, ha dejado claro que no comparte el giro que imprimió el PSOE durante la legislatura pasada sobre el Sáhara Occidental. “Vamos a seguir defendiendo el Sáhara y la causa saharaui”, ha advertido la vicepresidenta segunda en funciones.

No habrá tregua. La versión más dura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este miércoles en el debate de investidura de Pedro Sánchez que no reconoce la legitimidad de la reelección del presidente del Gobierno porque se fundamenta en un “fraude” y es producto de la “corrupción política”.

Un fraude porque, según Feijóo, el Congreso ya no representa el sentir de los ciudadanos españoles elegidos hace apenas cuatro meses. “Es falso que tenga una mayoría detrás. Por eso no permite que nos expresemos en unas nuevas elecciones con toda la información y por eso se agarran a la investidura como sea”, aseguró.Y corrupción porque, según el líder del PP, la mayoría que va a investir a Sánchez es producto de la compraventa de votos en el Congreso a cambio de dinero público. 

Feijóo tuvo al fin la oportunidad que esperaba para debatir con Sánchez y que no pudo aprovechar durante su investidura fallida, hace ahora casi dos meses, porque entonces el PSOE prefirió que subiera al estrado el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. 

Es el primer intercambio de pareceres que ambos líderes mantienen desde el que mantuvieron ante las cámaras de televisión en la campaña electoral de las generales el pasado mes de julio. Y el tono no pudo ser más crispado.

Feijóo fue tajante: “No a la amnistía, no a ignorar las víctimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo, no a mediadores internacionales, no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos, no a cesiones pagadas con 100.000 millones de euros de los trabajadores, no a Bildu, no a que unos pocos decidan por el conjunto, no a darle la espalda a más de la mitad de los españoles, no a una democracia recortada. No a la mentira, no a la desigualdad entre españoles, dicho de otro modo, no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales”.

Un “delirio”

“Ha perdido el poco crédito que le quedaba. Y a la vista de lo que ha afirmado y dicho, hoy me atrevería a decir que ha caído el poco crédito que le quedaba. Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio. Él ha perdido la razón, pero la mayoría de los españoles de toda condición no hemos perdido la razón. Si todo el Partido Socialista quiere dejar huérfana a esa mayoría es su decisión. Yo no lo haré. No abandonaré a la mayoría constitucional de nuestro país. Y por ella, jamás me callaré”, subrayó el líder del PP.

Sánchez “no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos”. “Nadie ha hecho más” ni había llegado tan lejos por la causa independentista que líder socialista, acusó. “Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder”.

El líder del PP también ha echado en cara a Sánchez que no tiene límites políticos, legales, ni éticos, “porque no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficia”, ni políticos, “porque el fin justifica cualquier medio y socio”. “No hay ni tan siquiera límites legales, porque si la ley entorpece sus propósitos, se adecúa a los intereses personales de sí mismo o de sus socios”, subrayó.

Feijóo intentó ridiculizar las explicaciones de Sánchez sobre la ley de amnistía y repitió su intención de combatirla en Europa y en los tribunales, además de en la calle. Y reveló que el PP presentará lo que llamó una ley de lealtad constitucional en la que pretende descalificar la de amnistía.

Lo que viene, en todo caso, será peor, según el líder del PP. “Debemos encender todas las alertas democráticas porque del señor Sánchez se puede esperar cualquier cosa. No lo sabe ni él, será lo que le exijan”, remarcó.

En su réplica, Pedro Sánchez hizo un discurso contundente, pero en el que tiró también en momentos de ironía. Arrancó afeándole que hubiera tergiversado la cita de Antonio Machado. “El añadido que ha hecho fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano", le reprochó el presidente.

"Usted es un recién llegado como usuario de Google, como todos los españoles sabemos después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia, ¿no?", le trasladó.

El candidato socialista criticó la “ausencia de proyecto político” y le reprochó a los populares que siempre hablan de ilegitimidad cuando llega la izquierda al poder. “Si usted ha ganado las elecciones, ¿por qué tiene tantas ganas de repetir las elecciones?”, le preguntó directamente.

Para lanzar luego otra pregunta directa a los populares: ¿Quién del PP se vio con Junts? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para añadir: “No se rompe España, lo siento mucho. Ni España se hunde ni la Constitución se quiebra. Fíjese si es fuerte, que llevan cinco años incumpliéndola y la democracia sale adelante”.

“Ni moderado ni experto ni buen gestor”, le dijo Sánchez a Feijóo, para luego ironizar que el presidente del PP era el único español que había renunciado a ser presidente. “Nadie ha hecho más por Vox que usted”, añadió el candidato socialista, quien insistió: “Se está alejando de los principios democráticos y desfila al lado de los franquistas de Vox”.

“No es la amnistía, es su incapacidad para formar mayorías parlamentarias”, manifestó el socialista contra el popular.

No es la primera vez que lo intentan y no siempre les ha salido bien. El PP lleva muchos años, desde que el Congreso aprobó la moción de censura que puso fin al mandato de Mariano Rajoy y situó en su lugar a Pedro Sánchez, intentando hacer que sus “hechos alternativos” pasen por ser la verdad de las cosas.

La técnica más frecuente consiste en incluir afirmaciones falsas en el contexto de un juicio de valor que las da por sentadas para que a su vez le sirvan de confirmación. La segunda más habitual sitúa el mensaje que se transmite en la contraposición entre el “nosotros” y el “ellos”, de manera que todo lo que se predica de “nosotros” se deduce que es rechazado, perseguido o negado por “ellos”.

Eso es lo que hicieron Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, los líderes del PP, Ciudadanos y Vox, en febrero de 2019 cuando expresaron su comunión ideológica en la Plaza de Colón de Madrid en la primera gran protesta organizada por la derecha contra Sánchez.

Entonces, a juzgar por los que decía el manifiesto pactado por los tres partidos, España ya se había roto. Igual que ahora. De hecho, las acusaciones de entonces tiene un sorprendente parecido con las que ahora repiten Feijóo y Abascal: el presidente del Gobierno había hecho “cesiones” y protagonizado "bandazos” frente al “chantaje” de los “secesionistas catalanes”. “Constantes cesiones intolerables” llevadas a cabo durante meses. Había cometido “traición” y sometido al Estado a una “humillación sin precedentes“ porque “decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat”.

Han pasado casi cinco años desde entonces, pero el discurso de la derecha no ha variado. Ahora, como entonces, continúa alimentando la desinformación con el objetivo de agitar la calle. En febrero de 2019, el objetivo era exigir unas elecciones que Sánchez ya había convocado y que acabó ganando. Y en estos momentos es tratar de invalidar el resultado de las que se celebraron hace tres meses y que negaron a la derecha la mayoría absoluta que buscaba para poner al Gobierno de Sánchez.

Lo que sigue es una relación de las principales afirmaciones falsas que los dirigentes del PP y de Vox, incluidos Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, repiten diariamente.

La derecha intenta relacionar el proyecto de ley de amnistía y el acuerdo de investidura y de legislatura negociado en este caso por el PSOE con Junts, Esquerra, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, con la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. Y con un golpe de Estado que estaría en marcha para establecer una dictadura.

La realidad no puede ser más diferente. El único acuerdo alcanzado en los últimos días que puede afectar a la Carta Magna es la amnistía y aún en el caso de que fuese inconstitucional —algo que sólo puede decidir el Tribunal Constitucional— no supondría ningún golpe para ella sino para sus promotores. 

Hace seis años, las instituciones catalanes se rebelaron contra el orden constitucional: ahora mismo no está ocurriendo nada semejante. Ni el Govern ni el Parlament han aprobado normas ilegales ni han puesto en marcha la celebración de un referéndum ilegal. Lo único que hay son dos partidos —Junts y Esquerra— que han reiterado su deseo de que un día Cataluña pueda votar de forma acordada su futuro. Como Vox manifiesta su deseo de acabar con las autonomías.

El PSOE y su secretario general, Pedro Sánchez, siguen oponiéndose a la celebración de un referéndum de autodeterminación y mantienen el plan que llevan defendiendo desde hace un lustro: una solución estatutaria para el encaje de Cataluña en España, acordada por la mayoría y dentro de los límites de la Constitución.

La perspectiva de que la Generalitat intente llevar a cabo una nueva consulta unilateral es ahora mucho más remota que hace seis años y las herramientas del Estado para frenarla no variarán con la amnistía.

PP y Vox afirman que Pedro Sánchez ha acabado con la división de poderes porque la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha consultado con el candidato, Pedro Sánchez, la fecha de celebración de la amnistía y, por tanto, la Cámara está al servicio del Gobierno. Lo que no dicen es que Armengol también acordó la fecha de la investidura del candidato del PP con el propio Feijóo, que le pidió por escrito entre 24 y 46 días para su investidura (la presidenta del Congreso le concedió 35).

En cualquier caso, la conexión entre el Congreso y el Gobierno no es algo insólito: es un hecho en todos los sistemas parlamentarios, también cuando gobierna el PP. Aunque en estos momentos resulta menos sólida que nunca: el PSOE y sus socios de Sumar sólo cuentan con 152 escaños de un total de 350, lo que significa que la Cámara puede formar mayorías alternativas y condicionar así la tarea del Ejecutivo. Eso sin contar con que el Senado está en manos del PP.

Por lo demás, la división de poderes sigue vigente, por más que la derecha proclame lo contrario. El Gobierno no nombra a los jueces y ni siquiera el Congreso ha tenido la oportunidad de nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que siguen siendo los que nombró la mayoría conservadora, hace una década, siguiendo instrucciones de Mariano Rajoy.

¿Acaba la ley de amnistía con la independencia del Poder Judicial, “amordazando a jueces”, como dice el PP? Las medidas de gracia son excepciones a las decisiones judiciales tanto si adoptan la forma de una amnistía como si son indultos. El PP lo sabe bien, porque, cuando han gobernado, los ha aprobado miles de ellas sin que nadie las considerara una intromisión en las decisiones de los jueces. 

¿La amnistía “rompe la igualdad de los españoles”, como dice Feijóo? No más que los indultos. Ni que el hecho de que algunos españoles no estén sujetos al imperio de la ley, como el caso del Jefe del Estado, el rey Felipe de Borbón. En todo caso, serán los tribunales de justicia, y en particular el Constitucional, quienes tendrán que establecerlo.

“Vivimos el mayor retroceso democrático de nuestra historia”, asegura el PP”. “Estamos entrando en una dictadura”, proclamó la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el aval de Génova. La realidad es muy distinta: ninguno de los rasgos que definen la democracia en España ha sufrido. Ni las elecciones libres, ni la libertad de prensa, ni la separación de poderes, aunque la derecha insista en afirmar lo contrario. 

El Constitucional tiene desde hace un año una mayoría de magistrados progresistas como resultado de la renovación de su composición, que se llevó a cabo con arreglo estrictamente a la ley. Es ahora progresista como antes fue conservador, cuando la renovación la decidió un Congreso con mayoría del PP. Si ahora es de “de parte”, también lo era antes. El PP, en cambio, no considera “de parte” el Consejo General del Poder Judicial, dominado por una mayoría conservadora ilegal desde hace cinco años.

Es verdad que los partidos de la derecha, que se oponen a la amnistía y a la investidura de Sánchez, representan a 10,5 millones de personas. Pero también lo es que los partidos que sí apoyan la medida de gracias tuvieron un apoyo mayor: 12 millones de ciudadanos. Renunciar a la amnistía, así como a la elección de un presidente del agrado de todas estas fuerzas políticas, también supondría no escuchar a sus votantes.

Uno de los argumentos recurrentes de PP y Vox, con el que fundamentan además la idea de que el Gobierno que va a formar Sánchez es “ilegítimo”, es que durante la campaña Sánchez no sólo aseguró que no aprobaría una ley de amnistía sino que afirmó que una iniciativa así sería inconstitucional. Se ha cometido, dicen, “un fraude electoral”. Este sigue siendo, con diferencia, el argumento más sólido de la derecha.

Sin embargo, no tiene en cuenta que a menudo los partidos deben modifican sus posiciones para afrontar tareas de gobierno, en España y fuera de España, ajustándose a lo votado por los ciudadanos. Lo hizo el PP cuando dio entrada a Vox en sus gobiernos autonómicos y municipales —algo que había negado que fuese a hacer durante la campaña del pasado mes de mayo— o cuando, después de las elecciones de 2011, subió los impuestos a pesar de que había prometido lo contrario. Nadie entonces en la oposición a la derecha habló nunca de gobiernos ilegítimos por esa circunstancia.

La ley de amnistía no pide perdón a las personas a las que aplica la medida de gracia. En ningún lugar del proyecto de ley se afirma tal cosa, más bien todo lo contrario. Reafirma la vigencia de la Constitución y la validez de la respuesta dada al desafío independentista, lo que no es un obstáculo para impulsar, seis años después, medidas de gracia con el objetivo de mejorar la convivencia. 

Tres meses después de las elecciones y habiendo salido derrotado de una investidura, Feijóo sigue diciendo que fue él quien ganó las elecciones y que el PSOE debería dejarle gobernar. Su argumento: que siempre ha sido así. Lo que no dice es que el sistema español no es presidencialista y que el jefe del Gobierno debe conseguir una mayoría en el Congreso para poder formar gobierno. En realidad, es eso lo que siempre ha sido así, porque es lo que establece la Constitución. El PP ha pretendido que el único dilema encima de la mesa fuese que gobernase Feijóo o que se repitiesen elecciones, dando por sentado que una mayoría alternativa —la que previsiblemente investirá a Sánchez— es contraria al ordenamiento jurídico y constituye, según sus propias palabras, “una anomalía democrática”.

No sólo no lo es, sino que constituye una práctica habitual en muchos países de Europa. El último ejemplo es Polonia, donde el homólogo de Feijóo, Donald Tusk, va a gobernar sin haber encabezado la lista más votada, porque ha conseguido armar una mayoría alternativa al partido que obtuvo más escaños. Un hecho que el PP, paradójicamente, no ha tenido ningún rubor en celebrar.

Es otro juicio de intenciones habitual por parte del PP. En primer lugar, en España no existe el concepto ganar o perder las elecciones, al menos en términos oficiales. Hay quien, como el PP, cree que gana quien obtiene más escaños. Otros, sin embargo, sostienen que sólo gana quien consigue el apoyo de la mayoría del Congreso para gobernar. ¿Ganar, para qué? La derecha atribuye a Sánchez una intención egoísta de mantenerse en el poder, como si Feijóo no buscase conquistarlo. El primero, para llevar a cabo sus políticas; el segundo, para desarrollar las suyas.

La gobernabilidad de España se va a votar el jueves en el Congreso de los Diputados, después de un debate de dos días retransmitido por televisión, en una sesión en la que participarán los representantes libremente elegidos por los ciudadanos, que son quienes en última instancia han decidido la composición de la Cámara. Eso incluye, sí, siete diputados de Junts, una formación política legal que es con la que ha pactado el PSOE. Sus votos son decisivos, por supuesto, pero no más que los del resto del bloque de investidura, en particular los del PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu y el PNV. 

La alusión al lawfare o guerra judicial no está en la ley de amnistía sino que forma parte del texto del acuerdo suscrito por el PSOE y Junts. La trascendencia política de un acuerdo entre dos partidos es irrelevante a los efectos del ordenamiento constitucional, a diferencia de lo que trata de hacer ver el PP, dando por hecho, sin ninguna base, que si Sánchez es presidente el Congreso autorizará la posibilidad de que las sentencias de los jueces puedan ser revisadas por personas ajenas a la judicatura. Lo único que los dos partidos hacen es mencionar una práctica bien documentada, sobre cuya existencia hay pocas dudas, y que incluso ha llevado a prisión a algunos jueces, condenados por sus propios compañeros. 

No es verdad. En ningún momento el PSOE se ha comprometido a ceder el 100% de los impuestos que se recauda en Cataluña, como pide Junts. Ni siquiera la quita de la deuda constituye un privilegio: el acuerdo establece que se aplicará a todas las comunidades, también a aquellas que no tienen deuda del FLA, a través de mecanismos alternativos.

Se trata, de nuevo, de una afirmación falsa. No puede constituir una cesión cumplir el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que tiene carácter de Ley Orgánica y que, en su artículo 18, dice: “En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”.

No, pero sí. Sí, pero no. El PP volvió este lunes a responder con evasivas a las iniciativas que Vox está tomando para aumentar la presión contra Pedro Sánchez. Sin desautorizarlas, pero tampoco alentándolas expresamente. La última, la huelga general convocada para el próximo 24 de noviembre por Solidaridad, el brazo sindical de la ultraderecha, apenas una semana después de la previsible investidura del presidente del Gobierno.

“No hemos tenido tiempo de hacer una valoración adecuada”, trató de excusarse Miguel Tellado, el siempre locuaz vicesecretario general del partido y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en Génova, que este lunes oficiaba como portavoz tras la reunión del Comité de Dirección del PP. “En cualquier caso”, añadió para negarse a emitir un opinión en nombre del Partido Popular, “en este país las huelgas generales las convocan las organizaciones sindicales, no los partidos. Y, por lo tanto, habrá que escuchar qué es lo que dicen los distintos sindicatos que existen en nuestro país”. Hasta la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró inusualmente cautelosa. Hay que medir y ver qué consecuencias traería, dijo, en un momento en el que “muchos ciudadanos que no se pueden permitir estas huelgas, que tienen daños colaterales”.

La prevención de los de Feijóo tiene que ver con varios factores. En primer lugar, con el temor a que la convocatoria sea un fracaso y se vuelva contra sus convocantes, sobre todo porque ni UGT ni CCOO tienen intención alguna de apoyarla. Y, en segundo lugar, porque las huelgas generales de inspiración política, como esta, son ilegales en España.

De ahí que el líder de Vox, Santiago Abascal, cuya formación es la que está detrás de la iniciativa del sindicato Solidaridad, tratase este lunes de envolver la convocatoria con la idea de que también servirá para defender a los trabajadores. Y que aprovechase además para pedir apoyo a otros representantes sindicales que considera contrarios al Gobierno: “Espero que se sumen otros sindicatos profesionales, sindicatos de funcionarios y muchos españoles”. La huelga “tiene una motivación política”, reconoció, “pero también laboral, y lo político y lo laboral están estrechamente unidos. Sobre todo en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez”, que según él son a la vez “un golpe de Estado y un ataque brutal a los derechos de los trabajadores. Esta huelga es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar”.

El PP no hace lo mismo, pero tampoco se opone. Exactamente igual que con las movilizaciones frente a las sedes del PSOE, hacia las cuales Génova se ha mostrado más que comprensiva, pese a no apoyar esas convocatorias. Y en las que casi a diario participan elementos violentos con símbolos y cánticos franquistas, con los que el PP apenas ha tomado distancia. Son “noches y noches de resistencia ante un golpe de Estado”, elogió este lunes Abascal. Y los “seguimos alentando”, confirmó.

El modus operandi es similar al que rige a la hora de juzgar las declaraciones de sus dirigentes más extremistas, como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid. Tellado no sólo evitó desautorizar su afirmación de que España ha entrado en “una dictadura” sino que se mostró comprensivo con las expresiones de la baronesa madrileña. “Concuerdo con la presidenta Ayuso. Hoy la democracia española es más débil, los cimientos de nuestra democracia se encuentran amenazados por el Gobierno de España”.

Seguir a Vox, para no verse desbordados por los ultras, es lo que motivó en septiembre la decisión del PP de abandonar la prioridad que inicialmente había dado a la oposición institucional a Sánchez por la movilización en la calle. Y lo que ha hecho que Génova sea indulgente con los cada vez más frecuentes desafíos a la legalidad de sus socios de Gobierno. Nada ha dicho el PP, por ejemplo, sobre la apelación de Abascal a que la policía desobedezca órdenes y desproteja las sedes socialistas para dejarlas en manos de los violentos.

Los de Vox, sin embargo, no se resignan a hacerle el trabajo sucio al PP y han decidido aumentar la presión para obligar a Feijóo a mojarse. Primero, y con toda urgencia, exigiendo a los barones territoriales del Partido Popular con los que comparten gobierno (Jorge Azcón, María Guardiola, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras y Carlos Mazón) que sumen sus respectivos gobiernos a la movilización en la calle contra Sánchez. Llamando a los ciudadanos a la protesta y también rompiendo relaciones con el Gobierno de España.

“Pasamos de solicitar a exigir [al PP]”, advirtió, allí “donde compartimos gobiernos, que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales por encima de los partidos, que llamen al conjunto de la sociedad a protestar masivamente”, explicó el líder de Abascal. 

Lo que Vox pretende es que el PP sume las instituciones autonómicas y locales que controla a la disputa política sobre la amnistía para intentar parar la previsible decisión que va a tomar el Congreso de investir a Sánchez. “Que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales”, insistió Abascal. “Es urgente” que se celebren “esta misma semana”, antes de la investidura.

El PP, según el líder de Vox, está a favor de esa estrategia, pero no acaban de ponerla en práctica. Y a los ultras se les acaba la paciencia. Quieren que Feijóo se ensucie también las manos. Por eso exigen también que el PP desafíe la legalidad utilizando su mayoría absoluta en el Senado para rechazar la tramitación de la ley de amnistía cuando el proyecto llegue a la Cámara Alta. “Existe una clara mayoría en el Senado que se puede utilizar para paralizar la tramitación”.

La decisión de la extrema derecha de oponerse a la amnistía y a la investidura de Sánchez incluye cada vez más desafíos implícitos al orden constitucional. “Vox no va a parar” aunque salga adelante “la investidura golpista”, confirmó Abascal en rueda de prensa. “Va a seguir alentando las movilizaciones frente a las sedes” y “no va a volver a la normalidad, como espera el PSOE”. “No va a aceptar esta nueva normalidad, no va a aceptar un gobierno ilegal. En las calles, los tribunales y los gobiernos que dependen de nosotros”, resumió.

En esa línea”, advirtió Abascal, el PP debe abandonar los “complejos”. “Si estamos ante un golpe de Estado, no es la hora de la movilización de los domingos. Es el momento de la movilización permanente. No es el momento de mirar las diferencias partidarias o de mirar si el que está al lado nos cae un poquito mejor o un poquito peor”. 

De momento, UGT ya ha rechazado la huelga general convocada por el sindicato de Vox. Su secretario general, Pepe Álvarez, recordó además la limitada representatividad de Solidaridad, que no negocia ningún convenio colectivo en España y que, según dicen ellos mismos en su página web, cuentan con una representación de 250 delegados, cuando el total de España es de 250.000.

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), en cambio, no sólo la apoya, sino que ha pedido expresamente a la CEOE que la respalde. 

El Congreso de los Diputados celebrará el miércoles y el jueves el debate de investidura de Pedro Sánchez en mitad de un fuerte clima de tensión social impulsado por las derechas. Y en los alrededores del Palacio de la Carrera de San Jerónimo ya se empieza a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad. Efectivos de seguridad y vallas marcan la imagen.

Los policías ya están restringiendo el paso de peatones por las calles adyacentes y se pide también identificación en las inmediaciones de la Cámara Baja para las personas que acceden a trabajar a ella. La sesión llegará tras días de altercados en la sede socialista de Ferraz, que sigue manteniendo el protocolo de que los empleados allí abandonen en lugar después de comer.

En el Gobierno y en Ferraz son conscientes de que serán días duros, alentados por discursos que llegan de políticos de derechas. En el Ministerio de Interior llevan días preparando el dispositivo, que contará con entre 1.300 y 1.400 agentes, y subrayan fuentes gubernamentales que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen “músculo, experiencia y profesionalidad”. “Sean como sean las convocatorias, las gestionaremos para que las jornadas se desarrollen con normalidad”, apunta fuentes conocedoras del despliegue.

En Ferraz siguen con mucha preocupación y atención lo que está pasando en todas las casas del pueblo y sedes socialistas, donde amanecen con continuas pintadas de “traidores”. Asimismo, en ciudades como Valladolid, Salamanca y Guadalajara se están colgando carteles con las fotos de los diputados de esas provincias para señalarlos como partidarios de la amnistía.

Desde la dirección del PSOE indican que la jornada de la investidura “va a ser el día en el que comprobemos, como en los días pasados, que el trumpismo ha arraigado en España, algo que ya se denunció durante la jornada electoral”. “Los responsables se llaman Abascal y Feijóo”, resumen desde el cuartel general de los socialistas, donde lamentan las palabras que se escucharon de los líderes conservadores durante las concentraciones del domingo, donde Isabel Díaz Ayuso señaló: “Nos encargaremos de devolver golpe por golpe”. Asimismo, el presidente del PP acusó a Pedro Sánchez de “comprar” la investidura y exigió nuevas elecciones. Los populares continuaron subiendo el tono este mismo lunes, cuando el vicesecretario Miguel Tellado acusó al presidente en funciones de ser “el mayor peligro para la democracia” y decir que debería irse “en un maletero” de España.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante su declaración este lunes para convocar el Pleno de investidura quiso hacer unas reflexiones al hilo, remarcando su defensa al derecho a manifestarse. Pero puso en valor el “diálogo, el consenso y el intento de unir a los españoles” frente a “algunas declaraciones de diferentes líderes” que instan a la “crispación y a la división”.

Para ella, es el momento de “apreciar como nunca” la democracia, las instituciones y el diálogo como “forma de entenderse, evidentemente desde la discrepancia ideológica en una democracia madura como la nuestra”. Asimismo, condenó de forma “tajante” cualquier “tipo de agresión, violencia y desacato al orden público como se ha vivido en algunas calles”.

Durante las últimas horas, en grupos ultra de Telegram también siguen extendiéndose mensajes muy duros contra Pedro Sánchez y se hacen llamamientos para seguir acudiendo a las protestas en Ferraz y a las inmediaciones del Congreso durante la investidura.

También varios diputados recuerdan que ya en la anterior investidura en 2020 se vivieron episodios de tensión, que llevaron incluso a tener que poner escolta al diputado Tomás Guitarte, de Teruel Existe, que durmió fuera de su casa la noche anterior de la votación. La confianza de los parlamentarios, según varios consultados, es total en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, el Congreso vivió también una jornada con máxima seguridad hace quince días con motivo del juramento de la princesa Leonor, donde no se registró ningún tipo de incidente.

La polarización sigue creciendo en España. Como comenta el politólogo Pablo Simón, hay un “rechazo creciente entre electorados: se está imponiendo una cierta angustia existencial ante la posibilidad de que gobierne alguien del otro bloque”. “Esto se convierte en un test de estrés para las instituciones. En el caso de la derecha. el miedo es a la desaparición de la nación, y hace que se sientan legitimados para oponerse por tierra, mar y aire. Se considera que el Gobierno no tiene las atribuciones para poder traficar con algo que no es suyo”, apostilla.

Simón advierte de que se crea un problema cuando empieza a imponerse la idea de que se apoyan las reglas institucionales sólo cuando “ganan los míos”, En su opinión, “las protestas van a continuar". “En el momento de hiperinflación del adjetivo se va legitimando cualquier tipo de oposición, es la vorágine que vivimos”, remacha el profesor de la Universidad Carlos III.

Ramón Mateo, director de beBartlet, hace varias reflexiones sobre lo que está sucediendo. Lo primero que señala es que, de materializarse la investidura. la oposición de PP y Vox “va a una etapa muy complicada” y “polarizada”: “El elector de derechas visualiza que, pese a todo lo que ha pasado, ha sido insuficiente para gobernar. Esto lleva, por un lado, al hastío, pero por otro al enfado y la ira. Esa imposibilidad de digerir y acompasar este tipo de resultado con la realidad de las elecciones y las mayorías parlamentarias”.

Cree que, ante ese escenario, los partidos de la oposición “van a necesitar mantener la activa la movilización y el enfado ante el riesgo de que los electores acaben cansados”. Asimismo, cree que buscarán todos los “recovecos institucionales” para aprovechar la “fragilidad” de la mayoría de esa investidura. Mateo hace hincapié asimismo en la pugna entre el PP y Vox por capitalizar el enfado con Pedro Sánchez, y cree que mediáticamente por ahora va ganando en esa lucha la formación de Santiago Abascal.

La magia de la multiplicación de los panes y los peces. En plena escalada de hipérboles contra el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, sus aliados en el Congreso y la futura ley de amnistía que, de salir adelante, hará borrón y cuenta nueva de las responsabilidades penales y administrativas relacionadas con el procés, el Partido Popular engordó este domingo las cifras de asistentes a sus concentraciones de protesta hasta alcanzar, en algunos casos, cifras disparatadas.

Es el caso de la protesta organizada en la Puerta del Sol de Madrid. El PP calculó, en un primer momento, una asistencia de “más de 500.000” personas, sumando la plaza y las calles aledañas del centro de la capital. Apenas media hora después actualizaron la cifra a “cerca de un millón”. Eso son 12 veces más que la estimación difundida por la Delegación del Gobierno, en manos del PSOE: 80.000 manifestantes.

¿Quién tiene razón aquí? 

Si nos atenemos a los cálculos del Ayuntamiento de Madrid, llevados a cabo antes de la pandemia para calcular cuánta gente puede estar en la Puerta del Sol con motivo de la celebración de Nochevieja, el aforo de la plaza es de apenas unas 25.000 personas. 

La extensión de la plaza es de unos 12.000 metros cuadrados, 12.500 según algunas estimaciones que incluyen el espacio que ocupan algunas instalaciones decorativas o de uso público. Si durante la manifestación del domingo la ocupación fue la más alta posible, allí estuvieron cuatro personas por cada metro cuadrado, lo que arroja la cifra de 50.000 personas. Aunque fuera de plaza, en las calles adyacentes, se hubiesen quedado otras tantas personas —dos plazas abarrotadas— la cifra final se habría situado en torno a 100.000. Un número mucho más parecido al de la Delegación del Gobierno que al del PP.

En total, Génova calcula que el domingo salieron a la calle dos millones de personas sumando sus estimaciones de participación en la protesta organizada en las 52 capitales de provincia. La cifra real, según el Gobierno, no pasó de las 516.000 personas.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha anunciado que someterá a consulta entre las bases del partido el voto de los cinco diputados de su formación en la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prevista para la próxima semana. La pregunta será la siguiente: "¿Debemos las / los diputadas/os de Podemos apoyar la investidura de Pedro Sánchez?".

Belarra ha tomado partido y ha asegurado que, a su juicio, deberían votar a favor a pesar de no compartir el "rumbo" del PSOE, con el que se ha mostrado muy crítica. "El PSOE ha decidido comenzar esta legislatura con muy mal pie. Es fundamental que el bloque democrático tenga conciencia de bloque y sólo Podemos está pensando más allá de lo electoralista. El PSOE no aprueba la amnistía por convicción, necesitamos más altura de miras", ha señalado. A su juicio, los socialistas están siendo "enormemente irresponsables renunciando a construir sin Podemos el bloque democrático".

La secretaria general de Podemos ha lamentado que el PSOE no haya aceptado "ni una sola" de las medidas programáticas planteadas por su formación —entre ellas, que la número dos del partido y actual ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, repita en el cargo, topar los precios de la cesta de la compra o la subida del SMI a 1500 euros—, pero ha defendido el sí a Sánchez.

Fuentes de la dirección ya advertían los últimos días que su militancia está molesta por la forma en la que se ha alcanzado el acuerdo de coalición con Sumar y anticipan que el resultado será ajustado, aunque confían en que la militancia se guíe por el criterio de la dirección. La consulta comenzará el sábado 11 de noviembre a las 10 horas y concluirá el martes 14 de noviembre a las 22 , ya que está previsto que la investidura se celebre los días 15 y 16.

Si los diputados de Podemos optan por abstenerse —votar en contra está prácticamente descartado—, el debate de investidura tendría que alargar ya que Sánchez solo podría ser presidente del Gobierno en segunda votación al no tener mayoría absoluta en la primera. Belarra ha remarcado que si votan a favor será “exclusivamente” para la investidura y que los socialistas se tendrán que ganar el apoyo de Podemos votación a votación.

9 de noviembre de 2023. Firmado por Santos Cerdán y Jordi Turull. El PSOE y Junts cerraron el documento por el que los posconvergentes darán sus votos a favor de Pedro Sánchez en la investidura y que conlleva concretamente la aprobación de una ley de amnistía y el nombramiento de un mediador internacional entre los dos partidos.

El texto, que consta de cuatro páginas y puede leerse pinchando aquí, indica en su arranque que supone “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya, incluso partiendo de posiciones divergentes, y desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura”.

En el documento dejan claras sus discrepancias, pero llegan a algunos compromisos: “Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”.

Para conseguir acuerdos y, “dadas las profundas discrepancias” y las “desconfianzas mutuas”, se dotan “de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”. Carles Puigdemont, en su rueda de prensa, añadió que la primera reunión será en noviembre y debe ser fuera de España porque él participará.

En ese marco se buscará una metodología de negociación y los contenidos a abordar. En ese punto indican en cuanto al ámbito del reconocimiento nacional: “Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.

Por lo tanto, el documento no incluye ningún tipo de referéndum acordado, sino la petición de Junts, que, además, hace una referencia a la propia Constitución. Esto supone volver a las reglas del juego de la Carta Magna. Y el PSOE no apoya ningún tipo de consulta soberanista y apuesta por el actual modelo autonómico a través de la profundización del Estatut, que fue recortado por una sentencia del Tribunal Constitucional en 2010.

También, sin llegar a ningún tipo de acuerdo concreto, plantean sus posturas respecto a temas de financiación en el texto: “Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”.

“Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”, recoge el documento.

No hay ningún acuerdo concreto en materia de financiación, sino que se marcan los puntos de partida. De hecho, algunas de las referencias ya habían sido avanzadas por el propio PSOE, como su intención de reformar la ley de financiación autonómica y el nuevo mecanismo para condonar deuda a las comunidades (en el caso de Cataluña será de 15.000 millones de euros, en virtud del previo acuerdo con Esquerra). La referencia a promover que vuelvan las sedes sociales de empresas es algo que ya había dejado ver el PSC. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, lo destacó durante su campaña electoral para el 28M.

El PSOE y Junts acuerdan la aprobación de la ley de amnistía, cuyos límites hasta ahora habían sido el principal escollo para el acuerdo. El texto reconoce que se hace para “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.

“Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, indica el documento. Según ha explicado el propio Santos Cerdán en Bruselas, el texto no lleva nombres concretos y afecta a los implicados en el procés desde 2012 y hasta 2023 (teniendo que resolver cada caso los juzgados que tienen que aplicar la futura norma). Asimismo, se da por descontado que el texto a aplicar será primero revisado por el Tribunal Constitucional, ya que el PP ha anunciado recurso.

Sobre el límite de esa ley, se indica en el documento firmado. “En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Por lo tanto, se deja en condicional la inclusión de estos casos que implican a personas cercanas a Carles Puigdemont como su abogado Gonzalo Boye.

El texto incluye además “la ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio”. El documento no incluye concretamente en qué asuntos ni cómo ni cuándo. Actualmente el Gobierno está intentando, por ejemplo, que el catalán sea reconocido en las instituciones europeas como lengua oficial.

El acuerdo explicita que los diputados de Junts se comprometen a votar la investidura de Pedro Sánchez. Además, se indica como acuerdo “la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”. 

Según comentó Santos Cerdán en Bruselas, el PSOE entiende que se trata de un acuerdo de legislatura para los cuatro años. Pero el texto deja en condicional esa parte según vayan avanzando las conversaciones entre los dos partidos. El PSOE quería sacar en primera votación, con mayoría absoluta la investidura, y ahora ya sólo le falta cerrar el acuerdo con el PNV.

No supone ningún acuerdo concreto, pero sí un avance político importante que los dos partidos hayan firmado un texto conjunto en el que se incluye al principio un apartado llamado “antecedentes”. Y ahí se indica: “Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia. Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en referéndum”.

“Con la aprobación de un nuevo Estatut, la sociedad catalana, que lo refrendó, buscaba tanto el reconocimiento de Catalunya como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados. Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya. Unas reivindicaciones donde las cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales han tenido un papel destacado, especialmente en periodos en los que estas fueron objeto de una limitación legal severa e incluso de una prohibición o persecución activa”, se recoge.

Para añadir: “La complejidad histórica y política de estas cuestiones ha conllevado que una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España. La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. Como reacción, se produjo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista”.

En ese sentido, hila: “En ese periodo se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern de Catalunya en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica. Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada”.

“Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 — ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”, ahonda el texto.

El PSOE y Juns continúan: “Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE, mediante la cual se decretó la disolución del Parlament, la destitución del Gobierno catalán y la convocatoria anticipada de elecciones, que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas. Y a raíz de lo acontecido se iniciaron múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas. Dichas causas judiciales han tenido una incidencia política relevante, al igual que diversas resoluciones de organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”.

Tarde, más de 14 horas después de los disturbios, al rebufo de Isabel Díaz Ayuso y con muchos matices. La condena de Alberto Núñez Feijóo de la violencia ejercida estos días por la extrema derecha contra las sedes del PSOE llegó sin una referencia concreta a los hechos que estos días centran la atención de la opinión pública y utilizando una fórmula genérica que hace referencia a cualquier forma de violencia.

“La violencia no tiene cabida en democracia y debe de rechazarse siempre. Ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha”, proclamó en un acto del PP en el Congreso antes de utilizar ese argumento contra el PSOE. La violencia, insistió, “no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco”. Y eso, aseguró, es lo que está negociando el presidente en funciones, Pedro Sánchez, “que los actos violentos queden impunes. Porque mientras se está criticando a los ultras, y compartimos esa crítica, los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesan”. 

La condena genérica “de todas las violencias” fue este miércoles la vía de salida de casi todos los dirigentes del PP que fueron emplazados a pronunciarse sobre los ataques a las sedes socialistas. Tanto es así que el Senado no pudo apoyar una condena expresa de estos hechos, solicitada por el PSOE, porque el PP —que tiene el control de la Cámara— se negó a validarla si no se eliminaba la referencia a los ataques sufridos por las casas del pueblo socialistas y se sustituía por una mención genérica a “las sedes de cualquier formación política”. 

Hubo dos excepciones a esta ambigüedad calculada: la número dos del PP, Cuca Gamarra, y sobre todo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambas condenaron expresamente los hechos de estos días sin necesidad de situarlos en un marco más amplio.

De los labios de Feijóo tampoco salió ni una palabra en contra de Vox, principal impulsor de la “movilización permanente” que desde hace días azuza a todos los grupos ultras de España y que, en el caso de Madrid, han protagonizado graves disturbios frente a la sede nacional del PSOE. Nada que decir, a pesar de la presencia constante de dirigentes de ese partido en diferentes localidades, incluido alguno que, como es el caso Juan García Gallardo, ocupa gracias al PP la vicepresidencia del Gobierno de Castilla y León, Juan García Gallardo. Ningún comentario que hacer, pese a que una de las impulsoras de la protesta haya sido la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

En Génova no se sienten cómodos con la violencia en la calle, pero en el equipo de Feijóo, después de algunos titubeos, se ha impuesto el miedo a que este asunto derive en un enfrentamiento con Vox que acabe perjudicando los acuerdos que este verano le abrieron la puerta de los gobiernos de seis comunidades autónomas y de numerosas capitales de provincia. Y que quiebre el liderazgo que están convencidos haber conseguido en la estrategia contra la investidura de Sánchez.

Sólo Elías Bendodo, número tres del PP, se atrevió a deslizar una tímida crítica a la ultraderecha, aunque sin referirse a ellos por su nombre: “Parece ser que algunos se empeñan en sostener a Sánchez con sus decisiones, sus manifestaciones y sus acciones. Esa es la realidad”, aseguró en una entrevista en La 1 de TVE. “Yo no he nombrado a nadie”, añadió cuando el entrevistador le pidió que aclarara si se refería al partido de Santiago Abascal, “pero son muchos los que acuden a esas manifestaciones que lo que hacen es echarle un cable”.

El temor a enfadar a sus socios ultras parece estar justificado. Una de las condiciones que Vox puso a Feijóo en agosto para apoyar su investidura fallida fue que el PP no volviese a criticarles. Así que no es de extrañar que los extremistas de la derecha replicasen enseguida a Bendodo: “Quien le echa un cable a Sánchez es el que lleva ofreciéndole a pactar durante toda la campaña y después de la campaña”, respondió, tajante, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán. 

“Se están equivocando de enemigo. El enemigo es Sánchez. Eso sí que es dar oxígeno a Sánchez, ofrecerle pactos día sí y día también. Lo que está haciendo el Partido Popular es colaborar con el Gobierno para criminalizar manifestaciones que son pacíficas”, añadió.

La presión de los ultras funciona, porque esa fue la única y tibia discrepancia que PP y Vox han manifestado en torno a los ataques a la Policía y a las sedes del PSOE. Feijóo y los suyos ni siquiera han desautorizado los insistentes llamamientos de los dirigentes ultras para que los agentes del orden desobedezcan las órdenes de contener a los alborotadores y disolver las concentraciones cuando sus participantes recurran a la violencia.

El resto son, al menos de momento, todo coincidencias. Feijóo dice que el PSOE “es el que no condena la violencia” con el argumento de que “pretende amnistiarla”, en referencia a que la ley de amnistía podría perdonar a personas que participaron en actos violentos relacionados con el procés. “Cuando tú pretendes amnistiar la violencia, no puedes dar ningún ejemplo ni ninguna lección”, subrayó el líder del PP.

Exactamente lo mismo que planteó Vox a través de su portavoz parlamentaria. “¿Con qué legitimidad moral se atreve el Partido Socialista a condenar ningún ataque?”, se preguntó retóricamente Millán en una rueda de prensa convocada en el Congreso, a pocos metros de donde Feijóo decía lo mismo. “El Partido Socialista no puede condenar ni puede pedir condenar los ataques que se produzcan porque son ellos los que están amnistiando la violencia, son ellos los que están amnistiando el terrorismo callejero”, acusó.

No fue la única y significativa coincidencia en el argumentario de la derecha. Los dos partidos trataron también de minimizar la gravedad de lo ocurrido en Madrid asegurando que fueron mucho más graves los disturbios que tuvieron lugar en Barcelona tras la condena de la mayor parte de los líderes del procés. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), sin hacer mención alguna de las decenas de heridos —en su mayor parte policías— contabilizados en las calles de la capital, llegó a decir que apenas afectó a “tres contenedores y cinco cubos de basura”.

Más alejado de la realidad que el alcalde se mostró Vox, que ni siquiera reconoce que hubiese otra violencia que la ejercida por la Policía y, a pesar de las imágenes difundidas por todas las televisiones, habla de “supuestos comportamientos violentos”. 

“Es el Gobierno el que está alentando la violencia, dando órdenes manifiestamente ilegales y tratando de criminalizar manifestaciones que son pacíficas”, sostuvo Pepa Millán. La de Ferraz, afirmó, “transcurrió con absoluta normalidad y que cuando alguien pretendía ir a más, era el propio público el que acallaba esos determinados comportamientos. Rápidamente se solucionaba, la gente aplaudía y transcurría con total normalidad”.

Lo que está claro es que ni PP ni Vox van a reducir la presión en la calle contra Sánchez, al que Feijóo considera “el principal responsable de lo que está ocurriendo en España”. “No vamos a dejar de decirlo. Nadie nos va a parar. Vamos a seguir alzando la voz. Con todos nuestros recursos, en todas las instancias y en todos los ámbitos”, también en la calle, donde Génova confía en anotarse un rotundo éxito este domingo concentrando a decenas de miles de personas en las capitales de provincia. Un objetivo para el que están movilizando a todos sus cargos públicos, militantes y simpatizantes y que, en el caso de Madrid, la presidenta Ayuso ha subrayado haciendo público que la asistencia será “obligatoria”.

Alberto Núñez Feijóo tiene pocas dudas: “Ya os avanzo que no habrá elecciones” y que Pedro Sánchez conseguirá sacar adelante su investidura como presidente del Gobierno, aseguró el lunes a sus barones en una reunión en la sede del PP en la madrileña calle Génova. La estrategia de movilización, crispación y polarización social del Partido Popular, compartida por sus socios de la extrema derecha, ya mira más allá de la votación que dará paso a una nueva legislatura. Pone el foco en los próximos años, que el equipo de Feijóo cree que van a ser particularmente complicados para Sánchez y que él se propone hacer intransitables. No solo con una oposición durísima, de la que formará parte esencial la denuncia constante de los pactos con otras fuerzas políticas, sino con ayuda de los jueces.

“No nos vamos a callar. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos”, advirtió, pero las manifestaciones seguirán incluso después de la investidura. “Da igual que haya gobierno o no. Este no es el problema”. Los llamamientos a tomar las calles continuarán para hacer frente a “todos los atropellos de Sánchez”.

En el PP han llegado a la conclusión de que habrá Ley de Amnistía, que ellos llaman “de impunidad” aunque no vaya a blindar a ninguno de sus beneficiarios de un castigo judicial si cometen nuevos delitos en el futuro. Pero creen que los jueces encontrarán la manera de sortearla para seguir persiguiendo en los tribunales a algunos de los que los promotores de la norma pretender perdonar.

“Cada día estamos viendo cómo esa ley de impunidad no se cierra porque todos los días hay más delincuentes a los que incluir dentro de la futura norma, personas que “forman parte del círculo de aquellos que tienen los siete votos que necesita Pedro Sánchez para poder mantenerse como presidente del Gobierno”, compartió el martes con los periodistas la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Cada día “más delincuentes y más causas deben incluirse en esa impunidad” para dar “tranquilidad” a Junts “de que no tendrán que rendir ninguna cuenta ante la justicia ni en el presente ni en el futuro”. 

El problema para el PSOE y para Sumar, sostienen en la calle Génova, es que en última instancia “el Estado de Derecho funciona. Por mucho que Pedro Sánchez controle no solo el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo, es difícil que, aunque quiera, pueda controlar al Poder Judicial y pueda garantizarle a alguien que va a poder controlar el Estado de Derecho no sólo en el presente sino también en el futuro”. 

Gamarra no mencionó expresamente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que acaba de dictar un auto que trata de torpedear la futura ley de amnistía incluyendo en un sumario por terrorismo al líder de Junts, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Pero sí se mostró esperanzada con que este tipo de actuaciones continúen en el futuro. 

Lo que no cree es que se trate de una injerencia en una negociación política que afecta la investidura. “La democracia tiene una base, que es la separación de poderes, la independencia del poder judicial y el respeto a las resoluciones del poder judicial. Otra cosa es que el sanchismo esté dando la vuelta a todo esto”, argumentó.

“Por mucho que un político esté negociando una amnistía”, el PP espera que no solamente los jueces, sino también el Consejo General del Poder Judicial, dominado ilegalmente por una mayoría conservadora que caducó hace cinco años, “sigan funcionando. Yo espero que siga siendo así, porque España siga manteniendo la separación de poderes y el equilibrio y el control entre los poderes debe de existir”. Lo que hay que hacer, argumentan en Génova, “es respetar las actuaciones que han ocurrido en el pasado, que no se pueden desautorizar ni deslegitimar, las que en estos momentos están en marcha o las que en el futuro puedan surgir”.

Y es en estas últimas en las que más confían, a la vista de la decisión del juez García Castellón, que aparentemente ha puesto patas arriba la negociación entre el PSOE y Junts. Si la amnistía no puede garantizar el perdón para todos los afectados por el procés, razonan en el PP, el acuerdo de investidura acabará saltando por los aires y con él la frágil mayoría en la que Sánchez planea apoyarse los próximos cuatro años. PSOE y Sumar no pueden garantizar todo lo que están prometiendo, aseguran.

No es ese el único motivo que citan los de Feijóo para especular con que el presidente no conseguirá mantenerse mucho tiempo en la Moncloa. Citan también “las profundas diferencias ideológicas y programáticas que tienen entre sí todos aquellos a los que tiene que convencer”, especialmente entre partidos situados a en el centroderecha —Junts y PNV— y los de izquierdas —ERC, EH Bildu y BNG—. Pero también se refieren a la inevitable rivalidad entre formaciones que se van a disputar el voto en los próximos meses, primero en el País Vasco —PNV y EH Bildu— y después en Cataluña —Junts y Esquerra—. En sus respectivas elecciones autonómicas y también en las europeas del año que viene, en las que el PP confían en conseguir una derrota severa del PSOE.

Es en ese contexto en el que Feijóo se propone mantener la intensidad con la que está ejerciendo la oposición en las últimas semanas. Con movilizaciones en la calle, con la utilización de las instituciones que controla al servicio del partido con el fin de poner en dificultades al Ejecutivo —el Senado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el CGPJ caducado— y trasladando a la Unión Europa la tesis de que en España se incumple el Estado de Derecho. Una acusación particularmente grave en pleno reparto de los fondos Next Generation.

Es de esa combinación, la tarea de los jueces para impedir la aplicación de la amnistía, al menos parcialmente, y de su propia ofensiva política dentro y fuera de España de donde Feijóo espera conseguir el anticipo electoral con el que sueña para tener una segunda oportunidad de llegar a la Moncloa. 

Ni una palabra de condena. El PP no asume como propias las manifestaciones y protestas organizadas por sus socios de ultraderecha frente a las sedes del PSOE en toda España, pero se muestra comprensivo con quienes participan en ellas, critica que la policía interviniese para evitar el asalto a la de Ferraz y se niega a condenar la estrategia de Vox.

En la sede del Partido Popular están convencidos de que tienen el liderazgo de la oposición a que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante mediante acuerdos con otras fuerzas políticas, en particular con Junts y Esquerra, y creen que la radicalización de su discurso está empezando a dar frutos en su objetivo principal: ampliar su propio perímetro a costa de Vox y, según ellos, atrayendo a votantes que supuestamente votaron al PSOE en julio y ahora están desengañados con las decisiones de Pedro Sánchez.

En Génova el llamamiento a las movilizaciones es total. Y aunque no compartan la estrategia de la ultraderecha de manifestarse frente a las sedes socialistas, no están dispuestos, al menos de momento, a hacer una condena explícita de sucesos como el de la pasada noche en Madrid, cuando un grupo de manifestantes intentó superar el cordón policial para entrar en la sede del PSOE de la calle Ferraz. 

No lo hicieron a través del comunicado que difundieron a primera hora de la mañana ni lo hizo tampoco su portavoz, Borja Sémper, en una entrevista en Antena 3 TV. El PP toma distancia con una convocatoria que no es suya, pero se muestra comprensivo con los manifestantes y crítico con las cargas policiales, que atribuye a la voluntad del Gobierno, no a una decisión de tomada por mandos policiales en defensa del orden público.

En vez de condenar la protesta, Génova la comparó con las movilizaciones convocadas hace casi 20 años frente a las sedes del PP después de que el Gobierno de José María Aznar intentase engañar a los ciudadanos, convocados a votar al día siguiente, haciéndoles creer que los atentados del 11M habían sido obra de ETA y no del yihadismo islamista.

“La delegación del Gobierno, entonces, no ordenó cargar a la Policía ni usar gases lacrimógenos. Ayer, el Gobierno del PSOE obligó a nuestros agentes a tratar las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente Ley Mordaza”, aseguró el PP a través de un comunicado.

En el mismo texto, el PP critica a los mandos del Ministerio del Interior, subraya que todas sus manifestaciones y actos públicos han sido “pacíficos y se desarrollaron de un modo ejemplar” y anima a participar en las concentraciones que han convocado el domingo en las 52 capitales de provincia y, el próximo 18 de noviembre, en la organizada en la Plaza de Cibeles de Madrid, a la que también acudirá Vox. “La forma de protestar contra las indignas negociaciones del PSOE es hacerlo de manera que Pedro Sánchez no logre que se desvíe la atención de su indecencia”, advierten. 

“Vamos a liderar la contestación social e institucional a la rendición de nuestro país con la misma estrategia que ha sacado a la calle a decenas de miles de personas en convocatorias organizadas por el Partido Popular”, reafirma el PP.

Por su parte, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, culpó a “un grupo de ultras” que “parasitaron una parte de la manifestación” de lo ocurrido el lunes en Ferraz para, a renglón seguido, echar más leña al fuego: “Hay un grandísimo descontento ciudadano de izquierda a derecha porque nos va la democracia en ello. Un descontento general inmenso, que va a más y que, además, también se traduce en que los españoles, el pueblo, tiene derecho a manifestarse y hacerlo allá donde considere, mientras sea pacífico. Esto es cosa de todos”.

La radicalización de la protesta en la calle sigue a los discursos, cada vez más incendiarios, con los que PP y Vox tratan de alentar, sostener y liderar la oposición a la investidura. Apenas unas horas antes de los sucesos frente a la sede de Ferraz, tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal habían pronunciado discursos en los que acusaban al presidente en funciones de estar acabando con la democracia y cometiendo un golpe de Estado.

El líder del PP afirma abiertamente que caminamos hacia “una democracia sin Estado de Derecho” que “es una democracia hueca”. Y que lo que está pasando es una “aberración” y un “escándalo” de “dimensiones sin precedentes en la historia democrática de España”. “Sánchez y sus socios están perpetrando el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones. Y pretenden que nos callemos y que traguemos. Incluso más: pretenden insultarnos y decir que los radicales somos nosotros por defender al Estado, por defender la justicia y por defender a los servidores públicos. Pues les advierto, insisto, no nos vamos a callar”. Estamos, según Feijóo, ante el “precipicio” de “decirle a los jueces que pueden ser procesados por cumplir la ley”.

Abascal, que llegó a acudir personalmente a la protesta ante la sede del PSOE antes de que se produjesen los incidentes —igual que otros dirigentes de Vox en diferentes localidades— compite en hipérboles con Feijóo. Él acusa abiertamente al presidente del Gobierno de estar cometiendo un “golpe de Estado”. “Lograr una investidura, alcanzar el poder cometiendo actos inconstitucionales, es la ruptura total de la convivencia y de la paz social en España”, sostiene.

El líder de Vox, que llamó expresamente a protestar ante las sedes del PSOE, fue incluso un paso más allá al afirmar que la amnistía permite a todos los españoles saltarse la ley. “Quiero decir al Partido Socialista y al Gobierno que, si lo que nos dice con esta ley de amnistía es que la ley no vale para sus cómplices de investidura, debe saber el Gobierno que la ley entonces no vale para ningún español”. Si “se puede indultar a quienes cometieron delitos gravísimos, con manifestaciones violentas, con artefactos incendiarios, el Gobierno debe saber que este es un mensaje muy peligroso que lanza al conjunto de la nación, porque si la ley no vale para los socialistas ni para sus cómplices, la ley entonces no vale para el conjunto de los españoles”, advirtió.

Ana Pontón quiere hacer historia. Y en su mente está ser la primera mujer, y política del BNG, que presida la Xunta Galicia. Está convencida de que el ciclo del Partido Popular ha terminado con un proyecto que hace “más pequeña” a Galicia y se reivindica como la principal fuerza que puede hacer mejorar la vida de los gallegos. Y su peso en el Congreso ahora es esencial, a pesar de tener sólo un diputado.

Pontón hace estas reflexiones en el Congreso de los Diputados, donde atiende a infoLibre. Acaba de reunirse con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para rubricar el texto por el que el BNG dará su sí a Pedro Sánchez en la investidura. La mujer que reflotó a los nacionalistas gallegos del abismo para convertirlos en segunda fuerza en el Parlamento cree que ha llegado el momento de una política diferente. La que mejora en el día a día la vida de los ciudadanos y donde se cumple lo que se dice.

El PSOE y el BNG han firmado un acuerdo de investidura, ¿esto presupone un apoyo estable para la legislatura al Gobierno de coalición?

Es un acuerdo exclusivamente de investidura. Por lo tanto, sólo nos compromete a esa votación. Evidentemente sabemos que va a ser una legislatura muy larga.

Incluso aunque sea corta.

No tanto porque vaya a durar más que las demás, sino porque va a ser compleja y todos los votos serán clave. Nuestro peso político se ha incrementado. Tenemos vocación de diálogo, pero vamos a ser siempre firmes en la defensa de los intereses de este país y exigentes para que se cumpla lo firmado. Pero esta no es toda la agenda gallega y vamos a hacer lo que prometimos a los gallegos: ser su voz en el Congreso y que eso signifique mejorar sus vidas cuando seamos decisivos. Esto es lo que hace este acuerdo. Por ejemplo, se va a pagar menos en peajes, que son muy elevados en las autopistas del Estado. Además, impulsa que tengamos tren de Cercanías, se habla de mejorar las pensiones y los permisos de maternidad y paternidad y de tener más medios para luchar contra la violencia de género con juzgados específicos. Es un orgullo que el BNG sirva para ello.

En el pasado han sido muy críticos con el PSOE y su falta de cumplimiento de los acuerdos, ¿qué les hace pensar que esta vez sí se materializarán?

Es evidente que no se ha cumplido el acuerdo al cien por cien, pero hemos conseguido avances importantes. Por ejemplo, las rebajas en la AP-9, el impulso de la regeneración de la ría de O Burgo y la electrificación del ferrocarril interno. Hemos conseguido más que los demás con un sólo diputado. ¿Qué ha hecho el resto? ¿De qué le han servido a los gallegos el resto de parlamentarios? Para nada, porque estaban al servicio de sus direcciones. Y en esta legislatura nuestro voto vale más. Somos gente de palabra: cuando decimos algo, lo hacemos. Por eso es importante que esa sea una forma distinta de entender la política, ya que la ciudadanía se cansa de las promesas que no se cumplen. Vamos a ser muy exigentes con el PSOE.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado mucho el acuerdo del PSOE con ERC por la condonación de la deuda. ¿Qué ha conseguido el BNG? ¿Se verá a la Xunta reclamar esa asunción de la deuda?

Me parece muy triste como gallega que el presidente de la Xunta esté enfadado porque hay un buen acuerdo para el país. Lo que ha firmado el BNG garantiza que Galicia va a tener igualdad de trato en relación con la condonación de la deuda. Es decir, va a haber unas condiciones análogas.

El PSOE decía que eso ya existía porque el acuerdo con Esquerra era extensible a todas las autonomías.

Lo hemos firmado en nuestro acuerdo y queda claro que Galicia va a tener el mismo trato en el tema de la condonación de la deuda que el resto de comunidades, a pesar de que no tenemos deuda con el FLA. Nuestra deuda con el Estado es mucho menor que la que tiene Cataluña, pero es una responsabilidad del PP, que tiene que explicar por qué en momentos de crisis, en vez de acudir a los mecanismos financieros del Estado, ha preferido contraer deuda con la banca, en muchas ocasiones en condiciones peores. El Gobierno del PP hizo un desastre en materia de deuda, que la triplicó en 14 años. Y me sorprende que Rueda diga que no quiere la quita cuando hace menos de dos meses se aprobó por unanimidad en el Parlamento una resolución para que, en caso de condonación a otras comunidades, Galicia tenga el mismo trato. Parece que el PP y Rueda tienen un problema cuando hay un acuerdo beneficioso para Galicia. En vez de reconocer el trabajo que ellos no hacen, lo que quieren es poner palos en las ruedas exclusivamente porque están siguiendo la estrategia de Génova. Es triste ver que, cuando hay que escoger entre Galicia y el PP, escogen el Partido Popular.

¿Han cuantificado esa posible condonación de la deuda a Galicia? 

Se tiene que hacer mediante un cambio legal, ahí se discutirá la letra concreta. No hemos pactado el texto de esa ley. Lo que hemos conseguido es un compromiso político que nos parece importante: Galicia va a tener un trato igualitario en materia de condonación de deuda. Es la clave y, a partir de ahí, tenemos que ver cuál es el marco. Es evidente que el Estado tenía que ir a una asunción de la deuda de las comunidades, algo que reconoció hasta el propio ministro del PP Cristóbal Montoro. Hay un problema de fondo: una financiación insuficiente para las comunidades. Como gallegos, tenemos mucho que decir porque el sistema no está teniendo en cuenta el coste real de la prestación de los servicios. Es más alto porque tenemos dispersión, envejecimiento y una serie de características. No está bien ponderado el sistema.

En este proceso de investidura, todos los focos están en la posible ley de amnistía. ¿Está de acuerdo con esa medida? ¿Por qué?

No conocemos el texto y no puedo posicionarme respecto a una ley sobre la que no he leído ni la primera línea. Otra cosa es que detrás de ella está el reconocimiento de un problema político, que tiene que tener una solución política. La amnistía es un mecanismo política que se ha utilizado en todos los Estado que han tenido conflictos de estas características. Lo que estamos viendo es que se acercan posiciones. No va a solucionar el debate territorial, pero es un paso necesario. Tiene que ser una legislatura que avance en el reconocimiento de esta plurinacionalidad que existe y que está siendo un vector claramente de progreso y de avance, además de asentar que no haya un retroceso con la derecha y la extrema derecha. Es una oportunidad para un Estado más democrático.

El PP ha caricaturizado muy a menudo al BNG por sus alianzas y relaciones con otros partidos independentistas. ¿Defender la amnistía en Galicia resta votos?

Hay cosas que no se pueden medir por votos, sino que tienen que ver con defender principios democráticos y avances. Se tienen que conocer el texto y sus objetivos políticos. Estoy convencida de que hay una mayoría que cree que los debates políticos hay que solucionarlos por vías políticas y no utilizando a los jueces o a leyes de parte para perseguir a tus adversarios. 

¿España se rompe como dice la derecha?

Si cada vez que anuncian que España se rompe se rompiera, no debería quedar ni un pedazo. Hay que asumir la plurinacionalidad como la expresión natural de un Estado diverso, donde hay lenguas, culturas y sentimientos de nación. Avanzar en ese debate es sano y democrático. Me preocupa la crispación y volver a esa política de enfrentamiento porque alguien defienda ser lo que es o lo que siente, esa criminalización de quien opina diferente o de quien habla lenguas distintas. Yo no hablo gallego para molestar, es que es mi lengua, la de mis abuelos y la de mis hijos. Es una riqueza. 

¿Habrá adelanto electoral en Galicia? ¿Está el BNG preparado? ¿La izquierda puede asumir la alternativa?

Es una opción que está sobre la mesa. Estamos preparados para poder darle a nuestro país el cambio que necesita, el BNG está en disposición de disputar la mayoría al PP para hacer historia con una presidenta. Sería trascendental. Estamos haciendo nuestro trabajo elaborando la alternativa para convencer a más gente. Tenemos la convicción de que estamos en el fin del ciclo del PP.

Nunca ha habido una presidenta mujer ni del BNG, ¿por qué no ha sido así hasta ahora? 

Lo que estamos viendo en las encuestas y en la sociedad gallega es que hay ganas de un cambio real. Es importante que tengamos las manos libres para defender los intereses de este país. Lo que ha pasado con la firma del acuerdo es un ejemplo de la necesidad que tiene Galicia de poder negociar sin depender del centralismo. Hoy tenemos un Gobierno del PP que lo único que hace es seguir las directrices de Génova, pero por otro lado está la política útil del BNG. Voy a dar lo mejor de mí para que hagamos historia y tengamos a la primera presidenta.

En las últimas elecciones generales la izquierda tuvo más del 50% de votos en Galicia, pero obtuvo tres escaños menos que la derecha. ¿Ir tres opciones en las autonómicas divide el voto y resta opciones?

El pluralismo político es un valor que no podemos criticar. Todas las organizaciones tienen derecho a presentarse y la ciudadanía decide el papel que nos corresponde.

El anterior presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es el actual líder de la derecha española. Acaba de convocar manifestaciones este domingo en toda España contra la amnistía. ¿Se ha radicalizado? 

Venía de serie. Ha habido ciertos sectores mediáticos y de la política madrileña que durante mucho tiempo lo han presentado como un moderado. Pero siempre lo he dicho: ni moderado ni buen gestor. Feijóo ha dejado una Galicia peor que la que encontró. En temas ideológicos, ha sido un precursor en medidas que luego han escandalizado cuando las han adoptado la derecha y la ultraderecha. Hemos tenido el pin parental contra el gallego, que fue declarado ilegal por los tribunales, y eliminó el servicio gallego de Igualdad. Además, redujo ayudas a las víctimas de violencia machista en plena crisis económica. Su objetivo es llegar al poder cueste lo que cueste y eso en política es muy peligroso.

Si se produce la investidura de Pedro Sánchez, ¿ve a Feijóo quedándose como líder de la oposición durante cuatro años?

No sé si su partido lo va a dejar.

¿Cuáles son las diferencias entre Feijóo y Rueda?

Más allá de Feijóo y Rueda, lo que representa el PP en Galicia es un proyecto que nos está dejando una Galicia más pequeña. Tenemos menos sanidad pública, menos educación pública, menos industria, menos población y menos medio ambiente. El problema está en los proyectos y Galicia va a menos con el PP. Es urgente un cambio real, que lo va a liderar el BNG con un objetivo muy claro: poner en marcha a nuestro país y que sea la Galicia de la esperanza. 

¿Han preguntado en el Congreso al Gobierno a través de pregunta escrita por el gasto económico del juramento de la princesa Leonor? ¿Tienen ya la información? ¿Qué le pareció ese acto en el Congreso?

No tenemos la información. Es un símbolo de lo que encarna la monarquía: valores con los que no me identifico, como una familia que ostenta el privilegio de la Jefatura del Estado. Estamos asistiendo a una especie de repintado de la monarquía, quieren vestir como moderna a una institución anacrónica e incompatible con la democracia.

El PP gallego vive en una paradoja: tiene que oponerse al acuerdo de investidura BNG-PSOE, pero no puede hacerlo porque en algún momento, a lo largo de los últimos años, con Alberto Núñez Feijóo como líder del partido y presidente autonómico, ha apoyado o reivindicado casi todo su contenido.

El heredero de Feijóo en Galicia, al frente de la Xunta y del PP, Alfonso Rueda, tuvo dificultades este lunes para oponerse al contenido del acuerdo. Su única crítica es que cree que no llegará a cumplirse, como ya ocurrió, arguyó, con el que BNG y PSOE suscribieron en la anterior investidura.

El pacto alcanzado hace cuatro años “se incumplió absolutamente”. “Por lo tanto, en Galicia nos tomamos con prevención y con bastante ironía el nuevo acuerdo”. “Si hace cuatro años no se cumplió nada de lo que les habían prometido, mucha menor posibilidad de que se cumpla lo que [el BNG] pacte, sea lo que sea, en esta ocasión”, argumentó.

A pocos meses de unas elecciones autonómicas que todo apunta se celebrarán en marzo, y a falta de algo sólido con lo que intentar caricaturizar al BNG como una formación radical y al PSOE gallego como su cómplice, el PP y la Xunta llevan varios días tratando de instalar en la opinión pública el bulo de que la condonación de la deuda catalana costará a cada gallego 400 euros. 

Lo cierto es que el acuerdo con ERC no establece una condonación exclusiva para Cataluña, aunque atienda las demandas de las formaciones políticas catalanas. En realidad, prevé la aplicación de los mismos mecanismos a las demás comunidades que recibieron dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) e incluso una compensación específica para aquellas que, como Galicia, tienen el grueso de su deuda en manos privadas.

Eso es, precisamente, lo que han ratificado BNG y PSOE en el acuerdo suscrito este lunes en el Congreso: “En caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por las comunidades autónomas adheridas al FLA” se establecerán “medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones” a los territorios que no hicieron uso del FLA, como ocurre con la comunidad autónoma gallega, que tiene una deuda pública con este Fondo de tan solo 2.759 millones, pero alrededor de 10.000 millones con la banca privada.

Tanto es así que el PP apenas consigue sortear sus propias contradicciones. Hace apenas dos días la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, emplazó al Gobierno central a negociar con la Xunta la condonación de su deuda.

Lo cierto es que es difícil encontrar en los 22 puntos del acuerdo por el que el BNG votará a favor de la investidura de Sánchez algo a lo que pueda oponerse el PP. Quizá la apuesta por un “diálogo entre partidos e instituciones” para “adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia” que garantice a Galicia el mismo estatus de Euskadi y Cataluña. O tal vez avanzar en el refuerzo del autogobierno para activar la negociación de las transferencias pendientes, que el PP congeló desde que recuperó el poder en Galicia en el año 2009.

Lo cierto es que los de Feijóo no sólo comparten sino que han reclamado, en solitario o dando su apoyo a resoluciones unánimes del Parlamento, el resto de compromisos que el PSOE acaba de suscribir con el BNG. Y eso pone a Rueda en una situación muy incómoda porque tiene muy difícil oponerse al contenido del pacto, especialmente cuando falta tan poco tiempo para unas elecciones en las que nacionalistas y socialistas se disponen a presentarse con la intención de pactar una alternativa que ponga fin a quinde años consecutivos de gobiernos conservadores. 

Por más que intente desacreditar el acuerdo diciendo que es papel mojado, la Xunta no tiene más remedio que apoyar la creación de nuevos juzgados en Lugo, Ourense, Compostela, Pontevedra y Ferrol y la inclusión de los de Santiago de Compostela, Lugo y Ourense en los Presupuestos Generales del Estado de 2024. O la ampliación del permiso de paternidad y maternidad a 20 semanas.

Como tampoco está en situación de mostrarse en contra de la aprobación de nuevas rebajas en los peajes que los usuarios de las carreteras gallegas abonan en las autopistas AP-9 (la que recorre Galicia de norte a sur desde Ferrol hasta Portugal, pasando por A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo) y AP-53 (entre Santiago y Lalín). O de la puesta en marcha de actuaciones urgentes en la red viaria gallega que afectan, en muchos casos, a ayuntamientos gobernados por el PP que llevan años reclamando su realización.

El PP tampoco tiene escapatoria a la hora de criticar el punto del pacto que compromete la aprobación de un Plan Integral de Modernización de la Red Ferroviaria de Galicia que incluya la creación, antes de 2028, de un servicio de trenes de cercanías al menos entre las localidades de Vigo y Pontevedra y A Coruña-Ferrol.

Hace décadas que el PP gallego reclama lo mismo, incluso mediante proposiciones no de ley presentadas en el Congreso: una Jefatura de Cercanías para Galicia que incluya las partidas presupuestarias necesarias para implantar, con carácter prioritario, los servicios Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol.

Del mismo modo, el PP difícilmente podrá oponerse a que se eleve la cofinanciación del Estado con fondos Next Generation de la depuradora de aguas residuales de Santiago del 65% al 80%. O a que se dé continuidad a los trabajos de saneamiento de las rías gallegas (iniciados con la actuación sobre la Ría do Burgo realizada con base en el acuerdo de investidura de la pasada legislatura) para “seguir avanzando en la recuperación ambiental y productiva de estos espacios esenciales en el territorio gallego”. Un asunto que los de Feijóo, y el propio Feijóo, llevan años reclamando.

¿Se opondrá Rueda a mantener la reducción de precio de los abonos de transporte, a la actualización de las pensiones conforme al IPC o a hacer realidad que el Estado aporte el 50% de los fondos necesarios para aplicar correctamente la Ley de Dependencia? Tendría que desdecirse de sus propias demandas.

Ni siquiera es previsible, que, teniendo por delante una cita electoral, la Xunta vaya a hacer mucho ruido con las modestas demandas lingüísticas que el BNG ha planteado al PSOE. Desde impulsar “el reconocimiento real y práctico del plurilingüismo del Estado garantizando la presencia normalizada de la lengua y de las producciones culturales gallegas en RTVE, así como el incremento de las horas de desconexión territorial en lengua gallega y la recuperación de Radio 4, emisora exclusivamente en gallego”, hasta la realización de “una auditoría sobre el uso de las lenguas oficiales en las webs de la Administración del Estado de cara a corregir deficiencias e incidencias”. 

Un capítulo en el que BNG y PSOE han pactado también 15 millones en cuatro años para impulsar el gallego en internet, garantías para que los contenidos de las plataformas digitales audiovisuales dirigidos a menores de 12 años se ofrezcan en gallego y apoyo para que la radio y la televisión portuguesas se puedan sintonizar en toda Galicia.

En 1918 abría sus puertas. El número 68 del Paseo de Gracia se convertía en un punto de lujo y poder. La Barcelona que movía los hilos conoce de memoria todas sus salas. Es el hotel Majestic, un emblema cinco estrellas de la ciudad condal. Y bajo su cartel de escrupulosas letras blancas se guardan muchos secretos y conversaciones que han cambiado el rumbo del país.

En 1996 José María Aznar había ganado las elecciones, pero sin la mayoría absoluta deseada. Tocaba mirar a los nacionalistas para desbancar a Felipe González del Palacio de La Moncloa. Desde la victoria del 3 de marzo, se produjeron largas y profundas negociaciones entre el PP y CiU. Poco a poco se iban entendiendo, con un primer acuerdo para las Mesas del Congreso y del Senado. Pero faltaba lo importante: la investidura del aspirante popular.

Y el 27 de abril hubo fumata blanca tras un maratoniano último encuentro. Llegaba el momento de celebrar. ¿Dónde? ¿Cómo? CiU lo tuvo claro: una cena con cava y comida firmada por el chef Fermí Puig en el hotel Majestic, en la Barcelona más lujosa. En la mesa se sentaron el entonces futuro presidente del Gobierno, José María Aznar, junto a su negociadores clave: Rodrigo Rato y Mariano Rajoy. Por la parte del nacionalismo catalán estaban: Jordi Pujol, Macià Alavedra, Josep Antoni Duran i Lleida, Joaquim Molins y Josep Sánchez Llibre. Señoras y señores, acababa de nacer el pacto del Majestic para dominar la política española.

Aznar llegaba a La Moncloa con un acuerdo en el que satisfacía amplias demandas del independentismo y en ningún momento dijo que se rompía España. El documento pactado se titulaba Acuerdo por la gobernabilidad y la estabilidad, que fijaba el empleo como el principal objetivo del futuro Ejecutivo, pero que en sus primeros puntos ya proclamaba que un “esfuerzo esencial sería el desarrollo y consolidación del Estado de las autonomías, lo que requerirá la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de financiación autonómica, completar los traspasos correspondientes y garantizar el correcto funcionamiento e interrelación de las instituciones del Estado y de las diferentes Administraciones públicas”.

El primer apartado específico del acuerdo estaba protagonizado precisamente por esa promesa de un nuevo modelo de financiación autonómica, en el que, según acordaron el PP y CiU, las comunidades tendrían “más autonomía” para definir sus ingresos. Y Aznar aceptó ceder a los gobiernos regionales el 30% de la recaudación del IRPF. Para su aplicación, además, el PP dejaba margen para capacidad normativa por parte de las regiones.

Una capacidad, además, que los populares daban también a las comunidades para impuestos cedidos como el de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales, el de sucesiones y el de juego. También el pacto del Majestic supuso que los populares revisaran los gastos de los costes reales de las transferencias de instituciones penitenciarias y de los Mossos.

Jordi Pujol arrancó una demanda del nacionalismo durante años: la eliminación de la figura de los gobernadores civiles. Los populares se comprometieron a reformar la administración periférica del Estado con esta supresión y su consiguiente sustitución por los subdelegados del Gobierno, que debían ser funcionarios de carrera.

Entre los traspasos acordados por el PP y CiU hubo uno muy significativo: el paso a los Mossos de la Generalitat de la competencia de tráfico bajo el “contexto de las decisiones a adoptar para desarrollar el modelo policial catalán”. Pero no se quedaban ahí, ya que también los populares se comprometieron a ceder al Palau de la Generalitat las competencias del INEM de intermediación en el mercado de trabajo y las políticas activas de empleo.

El acuerdo incluyó más traspasos a Cataluña: regulación de la Formación Profesional, los centros y servicios correspondientes a la gestión de las prestaciones sanitarias y de servicios sociales del Instituto de la Marina y la gestión de los puertos. Esto además suponía que cada autonomía pudiera nombrar al presidente de cada puerto. También Aznar firmó que los gobiernos regionales tuvieran más participación en las futuras leyes de costa y del suelo.

El Partido Popular aprobó la eliminación de un servicio mítico en España: la mili. CiU exigió este punto y que se incorporara que se tenía que llegar a una profesionalización total de las Fuerzas Armadas. En 2001 se aprobó el real decreto por parte del Consejo de Ministros que acabó con esta práctica instaurada en España desde dos siglos antes.

El acuerdo entre el Partido Popular y los convergentes se cerraba con un punto para rebajar los precios de las autopistas: “Ante la actual situación generada por la existencia en el territorio de autovías libres de peaje y autopistas de peaje cuya utilización, además, está gravada por un IVA del 16%, con la carga económica que ello supone para sus usuarios habituales, el PP se compromete a reformar el actual régimen impositivo a través de la aplicación del tipo reducido del 7%”.

Aznar llegaba con este texto a La Moncloa y lo celebraba con Pujol y sus íntimos con la cena en el Majestic. A pesar de las transferencias, de su boca no salió que hubiera alguna cesión a la Generalitat. El expresidente ha defendido siempre ese acuerdo e incluso ha negado que supusiera alguna “cesión”, reivindicando que fue para “toda España”, a pesar de que el texto solo habla específicamente de Cataluña.

En cambio, esta semana salió otra vez a escena Aznar para alertar de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, es "un peligro para la democracia constitucional", por lo que llamó a todo el mundo a actuar y movilizarse desde su ámbito de responsabilidad porque "se han cruzado todas las líneas rojas".

"Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", lanzó en un acto del Instituto Atlántico junto al actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida. Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada".

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pidió este sábado por primera vez directamente el apoyo de la cúpula del PSOE para aprobar una ley de amnistía, como reclaman los independentistas para sacar adelante la investidura y un nuevo Ejecutivo progresista del PSOE y Sumar.

Sánchez decidió hacer una defensa cerrada de esta medida durante la reunión del Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre congresos, en la que se aprobó también hacer una consulta entre los militantes para saber su apoyo a ese Gobierno de coalición y a las negociaciones de investidura.

En concreto la consulta consistirá en esta pregunta: "¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?". Los afiliados podrán votar durante toda la semana telemáticamente y se habilitará el sufragio presencial el próximo sábado 4 de noviembre.

El líder socialista no se había pronunciado sobre la amnistía de manera tan directa hasta este sábado. El presidente remarcó que esta medida de gracia no es un fin en sí mismo, sino una "vía" para avanzar en la normalización política. Es un "paso discutible", reconoció, pero subrayó que se hace cargo de ello: "Pero nuestra responsabilidad es darlo".

"Pido el apoyo y la confianza", lanzó Sánchez ante la cúpula socialista, a la que trasladó: "Merece la pena, hay amplía mayoría en el Parlamento". Para explicar posteriormente que esta medida ha sido reclamada por 56 diputados en las reuniones con los grupos para lograr la investidura y reconocer que no entraba en sus planes pero que las elecciones lo cambiaron todo.

Además, argumentó que hay una "abrumadora mayoría de la sociedad catalana que quiere pasar página". En ese punto, arengó a los suyos y comentó que el PSOE tiene la "responsabilidad" de tirar del carro y abrir una camino de futuro. Con la convicción, indicó, de que el tiempo le dará la razón.

El PSOE encara la fase final y definitiva hacia la investidura de Pedro Sánchez. El pasado martes se cerró el acuerdo de Gobierno de coalición con Sumar, que esperan en Ferraz para que sirva para precipitar el resto de pactos necesarios con Junts, ERC, PNV, EH Bildu y el BNG. El plazo máximo para intentar la votación es el 27 de noviembre. De no lograrse, se tendrían que repetir las elecciones generales el próximo 14 de enero.

Sánchez quiso oficializar el paso de la ley de amnistía en el Comité Federal, que reúne a los barones y a la cúpula del PSOE como gesto hacia su partido. Y lo hizo después de las críticas de algunas voces históricas como Felipe González y Alfonso Guerra y el malestar del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Pero la mayoría de federaciones ha ido trasladando durante estas semanas su apoyo a Ferraz con la idea de una ley que encaje la Constitución. También dirigentes veteranos como Luis Yáñez, Demetrio Madrid y Enrique Barón apoyan al secretario general, como declararon a infoLibre.

El presidente del Gobierno empieza de esta forma la explicación pedagógica de una ley que todavía no ha sido presentado y sobre la que todavía negocia con los independentistas. Muchos cargos del partido habían trasladado la necesidad de hacer ya esta labor y ante los micrófonos ya explicó sus argumentos a favor el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En la dirección del partido están convencidos de que la sociedad aceptará la medida tras la experiencia de los indultos, que calmaron mucho a la sociedad catalana. La política de Sánchez respecto a esta comunidad ha tenido también para el PSOE muy buenos resultados, ganando con 19 diputados las pasadas elecciones del 23J, con más escaños que todo el independentismo junto.

El discurso de Sánchez tuvo esa intención didáctica: "Necesitamos seguir avanzando y para ello, también debemos superar todos los episodios que en épocas pasadas nos dividieron y fracturaron a nuestras sociedades. Esta es también una tarea para la que estamos llamados en esta legislatura: dejar atrás la fractura vivida en 2017 con el llamado procés".

"Es una labor que iniciamos ya en la legislatura pasada. Con medidas de gracia con los indultos que suscitaron dudas legítimas por parte de muchos -dudas que comprendí perfectamente- y así, lo trasladé a la opinión pública y al propio partido y que fueron, además, esas medidas de gracia, esos indultos acogidos con una agresividad extrema por parte de las derechas", resumió el socialista.

Los resultados, prosiguió Sánchez, han sido "indiscutibles". "Se expresa claramente en las encuestas y se percibe en la calle, no hay más que pasear por cualquiera de las calles de cualquier ciudad de Cataluña. Se siente también en las familias que fueron las principales víctimas de esa confrontación y también se manifiesta en las elecciones cuando los catalanes y catalanas tienen la ocasión de poder pronunciarse. La fractura en consecuencia queda atrás y se está abriendo y hay que afianzar ese paso hacia el reencuentro. Nadie puede discutirlo porque esta es una evidencia: ni hasta incluso los más recalcitrantes pueden negar que la situación en Cataluña es infinitamente mejor que la de 2017".

Con el siguiente argumento continuó Sánchez: "Siempre supimos que deberíamos proseguir por el camino del reencuentro. Y que eso implicaría medidas adicionales de gracia. Es cierto que no las planeábamos para ahora y así lo dijimos. Pero también es cierto que sabíamos que la superación definitiva del conflicto requeriría otras medidas de gracia en el futuro. Porque no se podía dejar esa herida abierta indefinidamente".

El jefe del Ejecutivo reconoció ante los suyos que "no era nuestro plan para este momento": "Pero uno no siempre en política como en la vida puede elegir los momentos en que se realizan los planes". Quiso además adentrarse en las críticas de un cambio de opinión sobre esta medida, por lo que manifestó: "¿Ha cambiado algo en la realidad que justifique un cambio por nuestra parte? La respuesta es sencilla: Sí, las elecciones del 23 de julio. Las elecciones cambian las cosas en dos sentidos".

"En primer lugar, el mandato de los electores obliga a optar por uno de estos dos gobiernos: o un gobierno de coalición reaccionaria del PP y VOX o un gobierno de PSOE y SUMAR, con apoyo de distintas fuerzas parlamentarias. Y resulta que en unas Cortes Generales donde hay 350 diputados y diputadas, hay 56 diputados y diputadas que reclaman una amnistía para apoyar la investidura", describió ante el Comité Federal.

El secretario general afianzó esta idea: "Esta medida es una condición para que pueda haber un Gobierno de progreso y para evitar un gobierno de la derecha y la ultraderecha, PP y VOX, que perdieron las elecciones el pasado 23 de julio. Cierto es que el programa electoral solo puede ser idéntico al programa de investidura cuando un partido vence por mayoría absoluta y no precisa del apoyo de ningún otro partido político. Pero no es el caso. Nuestro programa de investidura debe incorporar demandas de otros grupos parlamentarios. Lo sabe bien la derecha que aprendió súbitamente a hablar catalán en la intimidad para ganar la investidura. Y, por cierto, sin tener que soportar por ello el habitual torrente de insultos que nos dedican a nosotros".

Asimismo, reflexionó: "Por mucho empeño que pusiera, jamás haría cambiar la opinión a los que piensan que esta propuesta nace exclusivamente de la necesidad que es contar con los votos para alcanzar la investidura". "Sé que tampoco haré cambiar la opinión de quienes se sienten más cómodos viviendo en el bucle de 2017. A quienes miran con nostalgia un tiempo de crispación, de odio y de barricadas, como sufrimos en Cataluña", apostilló.

A todos ellos mandó este mensaje: "Quiero decirles que el coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien cierto, y es que hay que hacer de la necesidad virtud".

"De la necesidad virtud: porque esta es la única vía posible para que haya un Gobierno en España y no dar a Feijoo y a Abascal una segunda oportunidad de formar un gobierno que nos haría retroceder décadas en sólo unos años", alargó el líder del PSOE, que recibió el aplauso de la mayoría de los presentes, que se pusieron en pie, menos la delegación de Castilla-La Mancha.

Recordó que la amnistía ha sido utilizada en democracias como Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal. La explicación del presidente en funciones pasó por aquí en este punto: "En las calles de Cataluña y de toda España, hay deseo de convivir, de hacer cosas juntos, de progresar juntos, de dejar atrás querellas inútiles. Y ese es el deseoque inspira este paso. Y este es el momento. Debemos hacerlo con la certeza de que su encaje, tal y como lo plantearemos los socialistas, será plenamente constitucional".

Planteó en este sentido ante la cúpula del partido: "La amnistía no es un fin en sí mismo, ni es el fin del camino. Es un medio para avanzar en el camino de la concordia y el reencuentro entre catalanes, y entre catalanes y el resto de españoles y españolas. Es la vía para avanzar en la normalización política en la relación entre Cataluña y España".

"Nuestra historia nos enseña que es con acuerdos y generosidad como nuestro país y nuestra democracia son más fuertes. Con los indultos primero y ahora con la amnistía haremos que muchos catalanes y catalanas se sientan más identificados con nuestro proyecto común que es España y que es la Constitución española", sentenció Sánchez.

Y quiso terminar esta cuestión con un convencimiento ante los dirigentes del partido: "Nos toca abrir el camino por el que, no lo dudéis, más pronto que tarde, muchos de los que hoy pronostican el caos y alientan movilizaciones, acabarán transitando. El tiempo, como tantas otras veces, será el encargado de dar y quitar razones, compañeros y compañeras".

Dentro de la reunión, a puerta cerrada, el líder del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mostró su oposición a la amnistía. "Ha explicado con contundencia y respeto sus razones políticas sobre la inconveniencia. El debate no es solo que quepa en la Constitución (en la Carta Magna también entra VOX), sino el choque con nuestro proyecto político. No hay garantías de que el independentismo renuncie a volver al punto de partida", indican fuentes próximas al barón.

Además, hizo "un análisis de los resultados electorales diciendo que si la política económica, social e internacional son muy buenas, en los resultados en mayo y junio tienen un peso alto los pactos con los independentismos". Mostró su respaldo al pacto con Sumar y que haya Gobierno, pero comentó que "la negociación debería haberse centrado en hacer elegir a los partidos la dicotomía del 23J: o PSOE o PP+VOX". En esa fuerza negociadora está convencido de que le hubiera ido bien al PSOE.