Más allá de los grandes casos como la trama Gürtel, la Operación Kitchen o el de la Policía Patriótica, que afectan al PP nacional y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte del que fue su Ejecutivo, la corrupción ligada al PP ha arraigado en varias de las comunidades en las que gobierna. Dos de los territorios en los que es hegemónico desde hace 30 años, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, son, con mucha diferencia, los más afectados por causas que permanecen abiertas. Pero también sucede en administraciones a las que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha llegado mucho más recientemente, como Andalucía, donde el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla investiga a la Junta por los contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y por el incremento de los precios abonados a la sanidad privada por pruebas diagnósticas derivadas del Sistema Andaluz de Salud. Este es el estado procesal en el que se encuentran las principales causas abiertas en esas comunidades.

El caso lo tiene todo. Afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre presta a saltar a la poltrona de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, si en las próximas generales no logra una mayoría suficiente para gobernar. Pero por otro lado, la causa está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón.

La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador, el novio de Ayuso. La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el pasado 28 de mayo. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

El caso de González Amador tiene otra derivada, el proceso abierto por el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir bulos filtrados por el entorno de Ayuso a medios afines sobre sus delitos fiscales. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, distribuyó en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas que la Fiscalía le había ofrecido a González Amador un pacto para reducir su condena y evitar la cárcel y luego lo había retirado "por órdenes de arriba". En realidad fue el propio abogado de González Amador el que ofreció el pacto al Ministerio Público. Tras publicarse las patrañas de Rodríguez, algunos medios las desmintieron. El Supremo cree que fue García Ortiz quien filtró a estos últimos la información, algo que el jefe de la Fiscalía ha negado siempre y de lo que no existen pruebas. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado sí emitió un comunicado con un desmentido oficial y un relato pormenorizado de la evolución del caso. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, procesó a García Ortiz el pasado junio por revelación de secretos. Están por ver las consecuencias que una eventual condena tendría en el caso de González Amador.

En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero. Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor.

La colaboradora de Ayuso permanece imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada.

Este mes ha saltado a los medios por otro motivo. Tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por inflar su currículum, fue acusada de hacer lo propio con el suyo. Durante las campañas electorales para las elecciones municipales en su municipio se había presentado como licenciada en Ciencias Políticas. Sin embargo, en su relación de méritos enviada a la Asamblea de Madrid, esa licenciatura ha desaparecido para convertirse en "diplomatura de Gestión y Administración Pública". Millán ha reconocido que no es licenciada, pero asegura que los folletos electorales en los que así se presentaba no habían sido diseñados por ella.

Es un mecanismo clásico: el de fracturar contratos públicos para poder otorgarlos a dedo sin tener que abrir una convocatoria a todo el que quiera presentarse. El mismo por el que, por ejemplo, ha sido condenada la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrás. El caso FP también puede salpicar a un presidente de parlamento autonómico. Al de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que en las fechas en las que se produjo el escándalo era consejero madrileño de Educación. La actual consejera de Economía, Rocío Albert, era entonces la viceconsejera de Ossorio.

El motivo es el fraccionamiento de obras en institutos de Formación Profesional por un valor total de más de tres millones de euros. El empresario más beneficiado, Gabriel Navarro, aseguró en el Juzgado de Instrucción 39 de Plaza de Castilla, donde se sigue la investigación, que recibió "instrucciones precisas" del Ejecutivo madrileño para no superar los 50.000 euros en los cobros de cada una de sus sociedades. Y que era una práctica que llevaba desarrollándose muchos años.

La Fiscalía ha calificado la operativa de "claramente irregular" y ha constatado "la grosera y palmaria falta de procedimiento". El caso afecta al menos a 12 centros en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. La jueza, por el momento, aprecia un posible delito de prevaricación administrativa. La propia Comunidad de Madrid, a través de su Intervención General, ha confirmado al juzgado las irregularidades.

Han pasado 11 años desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco autorizó la operación que desarticuló una macrotrama de corrupción liderada por el número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La investigación está desgajada en múltiples piezas. La número seis, centrada en la adjudicación de 225 millones de euros de manera fraudulenta a la empresa energética Cofely, se inició el pasado abril. 13 de los 37 acusados, entre ellos varios alcaldes del PP y el socio de de Granados, el empresario David Marjaliza. En los próximos meses se espera, además, la fijación de la fecha del juicio de la pieza separada siete, en la que también se acusa a varios alcaldes de contrataciones destinadas a financiar irregularmente campañas electorales del PP, y de la número nueve, centrada en la caja B del PP de Madrid. El sustituto de Velasco, Manuel García-Castellón, sacó del caso a Aguirre y al también expresidente de la Comunidad Ignacio González, pero Granados sí se sentará en el banquillo. Otras seis piezas del caso se encuentran todavía en la fase de instrucción.

Otro caso complejo es Lezo, centrado en el saqueo del Canal de Isabel II, la empresa de aguas madrileña, y cuyo principal implicado fue el exvicepresidente de Aguirre y después presidente de la Comunidad, Ignacio González. Cuatro de las piezas ya se han instruido y están a la espera de que la Audiencia Nacional fije fecha para el juicio. Se trata de la compras infladas de otras compañías de suministro de Brasil y Colombia (Emissao e Inassa). Entre los implicados, además de González (para el que la fiscalía pide ocho años de cárcel) se encuentran varios exconsejeros del también expresidente y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, como Juan Bravo y Pedro Calvo. Otra de las piezas pendientes de que se fije el inicio de la vista es la relativa al tren entre Móstoles y Navalcarnero, adjudicado por el gobierno de González pero nunca terminado.

Si la Comunidad de Madrid tiene a un presidente encausado, en la Región de Murcia son dos. Tras su condena a tres años de cárcel por fraude y prevaricación en el caso Auditorio, Pedro Antonio Sánchez afronta ahora una nueva petición, esta vez de 13 años de cárcel, por el fraccionamiento en siete contratos menores de las obras de un edificio destinado a centro de la mujer y escuela infantil cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Se le imputan los delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y contra la ordenación del territorio. El caso está pendiente de juicio en la Audiencia de Murcia.

También está pendiente de juicio el caso de la desaladora de Escombreras, cuyo principal implicado es el que fuera presidente murciano durante 19 años, Ramón Luis Valcárcel. El fiscal pide para él 11 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La trama pretendía dar agua a nuevas edificaciones y urbanizaciones en pleno boom inmobiliario a través de la planta desalinizadora y sin tener que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de lo que establece la Ley de Aguas.

"Causa urgente. Plazo máximo instrucción". Un telegrama conciso que evoca un SOS. Así suena el encabezamiento del recurso de Anticorrupción contra el auto con que el juez Manuel García Castellón activó en enero las alarmas de la fiscalía especializada al denegar unas nuevas diligencias de prueba en la Operación Púnica. Lo hizo, y eso es lo que desató la enorme inquietud que refleja el recurso, con el argumento de que han prescrito todos los hechos anteriores a 2004 y relacionados con el urbanismo de Valdemoro. Es decir, el primer feudo de quien en los inicios de la causa –octubre de 2014– fue su protagonista principal y, antes de eso, número 2 del PP madrileño y consejero de Presidencia, Interior y Justicia hasta 2011, Francisco Granados. Valdemoro es asimismo escenario de un extenso capítulo en esta historia de (supuesta) corrupción y financiación ilegal que ha convertido en imputados a tres expresidentes madrileños –Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes– y que hasta el viernes incluía también en la categoría de investigados a otro expresidente: el de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a quien García Castellón acaba de desimputar por segunda vez. 

Con menos de cuatro meses por delante dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada bajo el Gobierno del PP obliga a cerrar la instrucción de Púnica el próximo 6 de junio, la Fiscalía guarda silencio. Pero sus sucesivos recursos contra decisiones de García Castellón y el demoledor lenguaje con que rebate sus argumentos operan como un sismógrafo donde una aguja de movimiento sincopado confirma que la brecha es cada vez más profunda en el caso Púnica. En los últimos nueve meses, los hitos que han hecho aflorar las diferencias entre el ministerio público y el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se elevan ya a tres. Y algunas fuentes diagnostican que la lista no debe darse por cerrada. Para el cierre de las investigaciones, García Castellón había fijado un plazo muy superior (30 de marzo de 2022) pero la Sala de lo Penal de la Audiencia lo acortó de manera drástica en abril de 2019 sin posibilidad de prórroga. 

Abierto y, según personas próximas, pragmático en cuanto a qué cosas da tiempo a terminar y cuáles han de quedar en el camino, García Castellón regresó de manera sorpresiva en junio de 2017 a la Audiencia Nacional, de la que llevaba ausente 16 años. Juez de enlace en París entre 2000 y 2012 tras un nombramiento propuesto por el Gobierno de Aznar y refrendado luego por el de Zapatero, el magistrado saltó a ese mismo puesto en Roma el primer año de mandato de Mariano Rajoy. Su vuelta a Madrid en junio de 2017, sorpresiva en tanto que juez de enlace se inscribe en el cupo de puestos codiciados, le colocó al frente de los mayores casos de corrupción del momento: Púnica, Lezo y Tándem. O lo que es lo mismo, el caso Villarejo, una de cuyas piezas –Kitchen, nucleada en torno al espionaje a que en 2013 fue sometido Luis Bárcenas con el objeto de impedir que conservase documentos incriminatorios para el PP– compromete como los dos anteriores a la principal formación conservadora del país.

Desde agosto de 2017, el juzgado de instrucción central 6 ha dispuesto de un juez de refuerzo: Diego de Egea, que cesó en esa comisión de servicio en diciembre de 2018. En febrero de 2019, lo sustituyó en esa plaza Alejandro Abascal. Y ya en enero de este año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre un segundo juez de refuerzo para trabajar con García Castellón y Abascal, el magistrado Joaquín de Gadea. El juzgado 6 también instruye otros asuntos relevantes de alcance político como el de los independentistas del caso de los Comités de Defensa de la República, CDR. O el caso Acuamed, que en enero de 2016 saltó con el arresto de 13 personas por corrupción, entre ellas varios cargos dependientes del Ministerio de Agricultura.

De las tres causas de corrupción, es Púnica la que con mayor claridad muestra una dimensión política, máxime desde que se investiga formalmente la financiación del PP madrileño. No obstante, Tándem se le va aproximando no solo por el puente que tiende entre el espionaje a Bárcenas y el futuro juicio sobre la caja B del PP sino por las últimas declaraciones de Eugenio Pino, antiguo número dos de la Policía, otorgando a Mariano Rajoy y a su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz un papel relevante en el carácter intocable que durante años mantuvo el comisario José Manuel Villarejo, aunque ya lo había sido bajo los gobiernos socialistas.

Un auto que la Fiscalía recibió después que las defensas

El recurso contra la denegación de pruebas en el caso Púnica sobre operaciones urbanísticas en Valdemoro que Anticorrupción coloca bajo sospecha –una de ellas afecta a El Corte Inglés, la imputación de uno de cuyos exdirectivos pidieron el jueves las acusaciones populares que ejercen el PSOE y la asociación de abogados Adade– incorpora un dato que dispara de nuevo el sismógrafo: las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, abren el texto de su impugnación haciendo constar que el auto les fue "notificado por fax" el 24 de enero. O sea, 10 días después de que lo dictase el juez.

Entre esas dos fechas se encuadra el lunes 20 de enero un episodio que distintos abogados que lo presenciaron describen como prueba de que la relación ha empeorado: ese día debía declarar como testigo-perito una funcionaria de Valdemoro para explicar algunos puntos complejos de la actividad urbanística desarrollada con Francisco Granados como alcalde o con su sucesor. Pero, aplicando la lógica de las defensas y con una euforia que no ocultó luego, el abogado de Granados, Javier Vasallo, enarboló con rapidez el auto del día 14 para alegar que si los hechos estaban prescritos no cabía admitir que nadie declarase sobre ellos. Distintos juristas narran que, a diferencia de otras partes, que lo habían recibido el viernes, las fiscales del caso ni siquiera conocían ese auto.

El juez, quien según fuentes jurídicas cree ajustadísima y escrupulosa su postura sobre los plazos de prescripción, aceptó en contra de la Fiscalía la solicitud del letrado Vasallo y suspendió sobre la marcha aquella comparecencia. Quedó así en el aire y en una fase de espera incierta la declaración de la testigo, clave para desenmarañar el laberinto de cesiones, recalificaciones y modificaciones normativas que enriquecieron a quienes las acusaciones consideran socios ocultos de Granados. Y al mismo político cuya tenencia de una cuenta millonaria en Suiza se sitúa en el origen de la investigación judicial.

El recurso que de inmediato interpuso la Fiscalía carga contra García Castellón porque "vulnera" –dice el texto– su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente" e incurre "en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a 2004 como si la investigación hubiese comenzado ahora y no en junio de 2014. La Fiscalía cimenta esa afirmación en que es a partir de 2014 y no del 14 de enero de 2020 cuando deben contarse hacia atrás los 15 años a partir de los cuales prescriben los delitos más graves investigados en Púnica.

Pedro Antonio Sánchez emerge y se sumerge como el guadiana

Pero la aparición de lo que distintos juristas personados en la causa observan como una fractura entre las dos partes que suelen comandar al unísono una investigación ya se hizo notar cuando García Castellón desimputó por primera vez al político murciano. Ocurrió en abril de 2019 con un auto que luego tumbó de plano –lo declaró nulo–  la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia mediante una resolución cuyo contenido puede resumirse así: que el juez había exonerado de culpa a Pedro Antonio Sánchez sin dar ninguna explicación sobre qué le había conducido a cambiar de criterio. Ahora, el magistrado vuelve a sobreseer asegurando que "de las diligencias no se infieren suficientes indicios como para mantener la imputación contra el Sr. Pedro Antonio Sánchez, al no haber resultado debidamente acreditada la comisión de delito alguno por él". Según las fuentes consultadas por este periódico, Anticorrupción y las acusaciones populares plantearán de nuevo sendos recursos.

La imputación se sustentó desde su comienzo en indicios que, según la Fiscalía, destapan cómo la Consejería de Educación de Murcia habría alcanzado en 2014 un pacto ilegal con el conseguidor Alejandro de Pedro para que su empresa Eico mejorase con dinero público la imagen en internet del entonces consejero, Pedro Antonio Sánchez. El contrato no llegó a firmarse una vez estalló el caso Púnica el 27 de octubre de 2014. El juez entiende que ni el "Informe Preventa Pedro Antonio Sánchez" incautado a Eico ni las supuestas reuniones en las que habría participado el político -no hay "constancia documental" de ellas, dice el auto– ni las llamadas intervenidas donde De Pedro y otro de los imputados hablan del asunto llenan lo que califica como "el más absoluto vacío indiciario". Pero añade algo más que abre dudas sobre otros imputados por los trabajos de reputación online que fueron financiados con dinero público. Y lo que dice es esto: "Aun en el caso hipotético de que el Consejero pudiese haber encargado estos trabajos, ¿sería esto constitutivo de infracción penal?".

La situación procesal de Sánchez recuerda a ese Guadiana legendario que aflora y se sumerge por tramos. Tanto que constituye un trabajo casi de excavación arqueológica localizar la secuencia completa de autos que le conciernen, autos cuyo amontonamiento ha jugado en contra de la celeridad en la pieza sobre los (supuestos) delitos perpetrados por la trama Púnica en Murcia. Y en detrimento también, claro, de la causa en general. Por resumir, todo empezó en febrero de 2017, cuando la Fiscalía General del Estado, a cuyo frente se encontraba José Manuel Maza, ordenó a Anticorrupción que se opusiera a la imputación de Sánchez. Pero aquella orden, cumplida por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén  Suárez, ante la negativa de las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, no evitó que el juez que entonces instruía Púnica, Eloy Velasco, hiciera lo que entendió correcto: pedir en abril de aquel año la imputación de Sánchez al TSJ de Murcia, ante el que el político gozaba de aforamiento por cuanto todavía era presidente de la Región.

Dado que a raíz de aquello dimitió y perdió por tanto su aforamiento, Sánchez se reincorporó a la lista de investigados por la Audiencia Nacional. Y un año después, en julio de 2018, García Castellón dictó un "auto de incoación de procedimiento abreviado" en el que se produjo un error en sentido literal: el expresidente murciano no aparecía entre los investigados. La Fiscalía y la acusación popular dieron la voz de alerta sobre el olvido, recurrieron y García Castellón elaboró otro auto. Este, dos meses más tarde, en septiembre de aquel año.

El nombre de Pedro Antonio Sánchez emergía así de nuevo. Pero de manera efímera: en octubre de aquel año, el Supremo archivó la imputación que pesaba por hechos muy similares a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. En su auto, la instructora de la investigación sobre Barreiro, la magistrada del denominado sector progresista Ana Ferrer, afirmaba esto: "No hay sospechas de corrupción contra la investigada". La resolución señalaba que existía una "precariedad de los indicios" acumulados para justificar que Pilar Barreiro usara durante su etapa como alcaldesa dinero de las consejerías murcianas para abonar los servicios de reputación onlineconcertados con el ya citado conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro.

Fue ese auto exculpatorio el que García Castellón usó como soporte para otro, dictado en abril de 2019, donde archivó las diligencias en lo que a Pedro Antonio Sánchez se refiere. Fue esa resolución la que en octubre anuló la Sala de lo Penal de la Audiencia con un auto que asesta un mazazo al magistrado. Porque, "de manera incomprensible" –dice el tribunal– sobreseyó las actuaciones contra el expresidente murciano sin explicar su cambio de criterio. La resolución emplazaba a García Castellón a dictar una nueva resolución donde venía obligado a aportar razones "claras y precisas" si seguía entendiendo que el político no delinquió al concertar con el conseguidor de Púnica.

Del perfil del expresidente de Indra a la sombra de Aguirre

Ese nuevo auto es el que vio la luz el viernes. De nuevo, será la Sección Cuarta de lo Penal la que dirima esa especie de litigio entre el juez y la Fiscalía donde falta aún un tercer hito, este de menor calado y proyección mediática aunque de consecuencias todavía imprevisibles: la desimputación del expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, Javier Monzón. 

Dictada el 13 de enero, víspera del auto de denegación de pruebas sobre el urbanismo de Valdemoro, la resolución sobre Monzón se basa en una línea argumental muy parecida a la que ahora exculpa a Pedro Antonio Sánchez: que no hay ni pruebas ni indicios que señalen a Monzón como “autor, cómplice o encubridor” del supuesto desvío de fondos públicos que, mediante contratos de la agencia madrileña ICM con el gigante tecnológico, se produjo para financiar ilegalmente las campañas electorales del PP madrileño. Con el mantenimiento de la imputación al expresidente de Indra –añade el auto–  "validaríamos el principio de culpabilidad del presidente de la empresa por los delitos cometidos en el seno de la sociedad por los trabajadores de la misma, extremos estos descartados unánimemente por la jurisprudencia de nuestro TS [Tribunal Supremo]". Y algo más: que "no existe acto o norma alguna" que determine que corresponde al presidente de la compañía el deber de "supervisión, vigilancia y control".

La Fiscalía ya ha recurrido. Y en su escrito lanza un dardo contra García Castellón: "Nos llama poderosamente la atención los razonamientos que el Instructor utiliza para sobreseer las actuaciones (...) ya que van dirigidos a desmontar los que fueron sus propios argumentos de imputación (...) y, en concreto, los referentes al deber de vigilancia y control del presidente de la compañía, que los valoró como indicio de que, como poco, tuvo que estar al tanto de unas hechos graves, que desviaron ingentes fondos públicos del presupuesto de ICM". 

Aunque procesalmente no es obligatorio, Esperanza Aguirre ha respaldado la desimputación de Monzón con un escrito de su defensa. La entrega de ese escrito ensancha el diámetro de uno de los principales interrogantes de Púnica: si la expresidenta más poderosa de la Comunidad de Madrid, durante años lideresa del PP en esa comunidad, culminará el camino hacia el banquillo o si, como Javier Monzón, quedará exonerada con el argumento de que, si los hubo, los cometieron sus subordinados sin que ella misma y por usar la terminología que emplea a Anticorrupción, estuviese al tanto.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de declarar nulo el auto por el que el juez de Púnica, Manuel García Castellón, archivó en abril la imputación que pesaba sobre el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia no solo da así la razón a la Fiscalía y las acusaciones populares sino que coloca al magistrado en una posición complicada. García Castellón, que "de manera incomprensible" –dice el tribunal– sobreseyó las actuaciones contra Pedro Antonio Sánchez sin explicar su cambio de criterio, deberá dictar una nueva resolución donde aporte razones "claras y precisas" si sigue entendiendo que el político no delinquió al concertar con el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, trabajos para lavar en internet su imagen con dinero público en la campaña electoral de 2015.

Dos autos sucesivos –uno sobre el recurso planteado por Anticorrupción y fechado el día 11 y el segundo datado este martes sobre el elevado por la asociación Adade y el PSOE– son los que ahora devuelven a Sánchez al terreno de Púnica. El expresidente murciano vio cómo García Castellón lo exculpaba el 8 de abril de 2019 con un auto basado en la decisión del Tribunal Supremo de exonerar a la exalcadesa de Cartagena, la senadora Pilar Barreiro, y donde sostenía que "el supuesto fraude no pasa de la mera sospecha". Pero, como subrayaron en su recurso las acusaciones populares, la resolución por la que el alto tribunal libró a Barreiro se refiere en exclusiva a ella. Y, "en contra de lo que hace el instructor", no entra "a valorar la participación de otros actores".

El segundo de los dos autos dictados por la Sección Cuarta, que ha tenido como ponente al magistro Fermín Javier Echarri, se remite al dictado hace cinco días. Y lo hace en términos demoledores:  "En Rollo de Apelación 522/2019, ha recaído auto nº 546/2019 de fecha 11 de octubre, en virtud del cual la Sala acordaba la nulidad del auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de fecha 8 de abril de 2019 que deberá ser sustituido por otro nuevo de acomodación de las diligencias previas a las normas del procedimiento abreviado, en la que se establezcan con claridad y precisión los hechos objeto de imputación y las personas que, indiciariamente, han participado; así como en su caso, las razones claras y precisas por las que considere que no hay datos de incriminación suficientes para continuar las actuaciones con respecto a alguno de ellos".

El cambio de criterio del juez

Pero hay más. La Sala de lo Penal subraya lo siguiente sobre el auto que exculpa al expresidente murciano: "El auto de 8 de abril de 2019, objeto de la presente resolución, de manera incomprensible, omite toda mención a los hechos evidenciados en la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Cartagena ya recogidos en la anterior resolución de 12 de septiembre de 2018, sin que en el periodo temporal que va desde aquella fecha al 8 de abril de 2019, el Magistrado Instructor haya practicado otras diligencias de prueba que los hayan desvirtuado". Es decir, según la Audiencia el magistrado cambió de criterio sin que nuevas "diligencias de prueba" hubieran hecho que las anteriores perdieran validez. 

La Fiscalía había pedido no ya la revocación sino la nulidad plena del auto de García Castellón "por su inconsistencia y contradicción, al no contener un relato completo de los hechos pues elimina los relativos a la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Cartagena, pero mantiene las imputaciones por esos hechos" contra varios investigados. Entre ellos, Alejandro de Pedro, el experto en reputación online investigado también por la financiación del PP madrileño, y su socio José Antonio Conesa.

Al conocerse aquel auto por el que García Castellón exoneraba al expresidente murciano, el número dos del PP, Teodoro García Egea, reaccionó de inmediato:  "Espero que los socialistas tengan la vergüenza de pedirle perdón a Pedro Antonio Sánchez", dijo el mismo 8 de abril.

La Audiencia Nacional ha acordado exculpar al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por su presunta implicación en la trama Púnica en esta Comunidad al entender que "el supuesto fraude no pasa de la mera sospecha", según el auto notificado este lunes y recogido por Europa Press.

Hay que recordar que se acusó a Sánchez de concertar trabajos con el informático experto en reputación en Internet, Alejandro de Pedro, para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la Presidencia de la Región en 2015.

Según el auto, "todas las diligencias practicadas, testificales incluidas, coinciden en que, más allá de las comunicaciones internas entre empleados, el supuesto fraude no pasa de la mera sospecha".

Afirma, igualmente, que las comunicaciones referidas a Pedro Antonio Sánchez días antes de las detenciones "admiten diversas interpretaciones".

Por ello, el material probatorio del que dispone la Sala "carece de aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la prosecución de esta instrucción, al no quedar acreditado el supuesto fraude que se suponía querrían llevar a cabo a través de la Consejería de Educación", y acuerda, por ello, el sobreseimiento provisional tanto respecto de Pedro Antonio Sánchez como de D.C..

Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba dos años de prisión por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada para Sánchez.

Por ello, el Juzgado de Instrucción 6 de Madrid acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de Pedro Antonio Sánchez y el asesor y D.C. y continuar la tramitación de la pieza separada de Murcia.

Se ordena, igualmente, que se dé traslado del auto al Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Cartagena y la acusación popular para que en el plazo de 10 días formulen escrito de acusación para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

La resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma y/o apelación ante este juzgado en el plazo de tres días.

El PP quiere frenar en el Congreso la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que ha promovido Unidos Podemos para acabar con el plazo máximo de seis meses para la instrucción de las causas penales. Se trata de una modificación legal que la Cámara Baja tiene congelada desde hace 19 meses a causa de las ampliaciones del plazo de enmiendas acordadas entre PP y Ciudadanos, que controlan la Mesa del Congreso.

La reforma del referido artículo fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y precisamente gracias a ella el expresidente conservador de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido recientemente absuelto en el marco del denominado caso Pasarelas.

Unidos Podemos consiguió en mayo de 2017 que el Pleno de la Cámara Baja aceptase tramitar una proposición de ley que únicamente planteaba derogar esa limitación temporal a la instrucción de sumarios. Pese a constar de un único artículo, la reforma lleva 19 meses en la Comisión de Justicia acumulando prórrogas en los plazos para la presentación de enmiendas.

Reforma "beneficiosa para la justicia" 

Pues bien, ahora el PP ha registrado una enmienda a la totalidad a esa propuesta con la que pretenden impedir la derogación de una reforma que, a su juicio, "ha sido beneficiosa para la justicia", según reza la iniciativa recogida por Europa Press.

La reforma del Gobierno de Rajoy estableció que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. No obstante, contemplaba para los casos en los que la instrucción fuera declarada compleja un tope de dieciocho meses, prorrogables por el instructor de la causa “por igual plazo o uno inferior” a instancia del Ministerio Fiscal. En resumen, el tiempo máximo puede oscilar entre los 18 y los 36 meses.

Mantiene los plazos pero da más margen

En su enmienda de totalidad, con texto alternativo, el PP avisa de que sería una "gran irresponsabilidad" eliminar por completo los plazos en la instrucción. Eso sí, aunque defiende la reforma de la LeCrim impulsada por el otrora ministro de Justicia Rafael Catalá en 2015, asume que, después de un tiempo de aplicación de la norma, hay aspectos que pueden ser "clarificados y mejorados".

Así, el grupo que capitanea Pablo Casado insiste en mantener los plazos de instrucción de su reforma, aunque plantea considerar, junto al concepto de instrucción compleja, el de instrucción prorrogable por inacabada para contemplar otras causas objetivas distintas a la complejidad de la causa.

Una situación que se dará cuando se demuestre que las pericias o colaboraciones demandadas, por causas ajenas a la instrucción, no puedan recibirse a tiempo o por otra causa que afecte a la calidad de la prueba necesaria para la instrucción, cuya motivación deberá justificar el instructor.

Además, y para mejorar el procedimiento, el primer partido de la oposición plantea que el instructor estará obligado a comunicar a la Fiscalía, un mes antes de concluir los plazos, la finalización de los mismos para que informe o realice la solicitud que proceda antes de su resolución.

El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha incluido al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en la lista de personas a las que propuso procesar por la rama murciana de la trama Púnica, después de que la Fiscalía le advirtiese de que en el auto inicial no constaba este nombre.

En concreto, el Ministerio Fiscal presentó un recurso de reforma contra el auto de transformación del procesamiento abreviado –el equivalente al de procesamiento– en el que explicaba que debía integrarse en los fundamentos jurídicos del auto los hechos e indicios criminales relacionados con Pedro Antonio Sánchez, que en un primero momento había sido investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia porque como presidente, era aforado.

El juez reconoce ahora que "asiste la razón a la parte recurrente", la Fiscalía, y explica que, efectivamente, la Audiencia Nacional recibió y aceptó las actuaciones procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia referentes a la actuación del Pedro Antonio Sánchez en la presunta trama urdida en la región con fondos públicos para abonar trabajos de reputación a las empresas Eico y Madiva en colaboración con los restantes investigados.

De hecho, el expresidente aparecía en el relato de los hechos y, en particular, se le mencionaba al exponer su "connivencia" con el empresario Alejandro De Pedro para realizar en 2014 trabajos de reputación online, pero no fue incluido en la parte dispositiva, que ordenaba el procesamiento, como sí aparecían el resto de investigados, cosa que se enmienda con este auto de reforma.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó en junio del año pasado el procesamiento de Pedro Antonio Sánchez, que era aforado ante este tribunal antes de dejar sus cargos como presidente de Murcia y diputado, y dio luz verde a la Audiencia Nacional para seguir las actuaciones del procedimiento abreviado abierto sobre él.

En aquel momento, el TSJ señaló como hechos punibles los contactos del que fuera consejero de Educación y miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas vinculadas a 'Púnica' para mejorar su imagen pública de cara a su postulación como candidato a la presidencia de Murcia en competencia con otros miembros de su partido.

La sentencia de la pieza principal de Gürtel que, además de confirmar la existencia de la caja B, de poner en duda la credibilidad de Mariano Rajoy y de describir cómo funcionaba el "sistema de corrupción institucional", declara al PP beneficiario económico de la trama, ha provocado un terremoto que anticipa múltiples réplicas. Como en una nueva variante del mito, la piedra de la corrupción amenaza con caer desde la cima monte abajo una y otra vez sobre la formación conservadora. Los por el PP llamados "hechos del pasado" dominan hoy el presente más actual del partido en el Gobierno. 

Encadenado a los tribunales por un racimo de casos que no solo no ha menguado sino que crece por días en extensión y relevancia de los involucrados, con los exministros Alberto Ruiz-Gallardón -Operación Lezo-  y Eduardo Zaplana -Operación Erial- como las más recientes incorporaciones, en el horizonte del PP se vislumbran ya varias nuevas amenazas tangibles.

Si ya antes de la demoledora sentencia del jueves al PP le aguardaban en la Audiencia nueve piezas de Gürtel -seisyapendientes de juicio-  así como 15 de Púnica y cuatro de Lezo en instrución, más una imputación penal como partido por el caso de los ordenadores de Bárcenas en un juzgado de Madrid y otra en la Operación Taula sobre la financiación del grupo municipal del PP en Valencia, hoy tiene ante sí la que todos los observadores definen como la más amenaza más inquietante aunque todavía incierta: la que acecha tras la más que posible entrada inmediata en prisión de la mujer de Luis Bárcenas, condenada el jueves a 15 años.

¿Desempolvará su marido documentos todavía desconocidos para entregárselos a la prensa o directamente al juez de la Audiencia José de la Mata, que investiga ahora la pieza de los papeles de Bárcenas tras la reapertura desencadenada hace año y medio por la confesión de Francisco Correa? Esa, hoy, es la gran incógnita. La decisión sobre el ingreso en prisión de Rosalía Iglesias se conocerá el lunes. Tendrá la última palabra un tribunal del que no se sabe aún si formará parte el juez José Ricardo de Prada, uno de los dos magistrados cuyo voto decidió la condena al PP como beneficiario económico de la red corrupta.

Pero más allá de lo que pueda hacer el extesorero, el partido afronta un segundo peligro relacionado con el mismo apellido: el de una hipotética condena penal por haber destruido los ordenadores de Bárcenas con el presumible objetivo de eliminar la información sensible en ellos contenida. 

En el caso de los ordenadores de Bárcenas, pendiente de un juicio aún sin fecha y donde se acusa al partido del delito de daños informáticos por haber formateado 35 veces los discos duros antes de rayarlos literalmente para borrar su contenido, la Fiscalía no acusa. Pero hay tres acusaciones populares.

¿Y cómo se condena penalmente a un partido, es decir, a un ente incorpóreo que por definición no puede dormir entre rejas? Pues aplicando los artículos que tras la reforma del Código Penal de 2012 permiten actuar contra partidos y sindicatos y que prevén incluso la disolución de las organizaciones condenadas por delitos que antes sólo podían ser atribuidos a personas físicas, es decir, de carne y hueso. Hasta esa fecha y salvo en supuestos de terrorismo, un partido quedaba por definición y en la práctica exento de culpa. De culpa en el ámbito penal, no así en el civil, como recuerda la sentencia de la pieza principal de Gürtel conocida este jueves.

Una de las acusaciones populares del caso ordenadores, la que ejerce Observatori Desc, pide que el PP sea suspendido de actividad durante seis meses y quede inhabilitado por cinco años para recibir donaciones privadas. La celebración del juicio fue ordenada por una jueza de instrucción de Madrid en noviembre de 2017.

  La amenaza de Valencia

Desde el flanco estrictamente judicial, la amenaza que se perfila más próxima no es otra que la sentencia del segundo gran juicio de la serie Gürtel celebrado en la Audiencia Nacional, aquel donde 13 de los 19 acusados confesaron haber participado en la financiación ilegal del PP valenciano. Diga lo que diga esa resolución, en la memoria colectiva y, sobre todo, en las hemerotecas digitales de alcance universal ha quedado ya para siempre registrada la frase con que Ricardo Costa, que fue número dos de Francisco Camps, dinamitó el 24 de enero los últimos sacos terreros de las defensas: "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro".

Camps, que salió ileso de la primera y más frágil rama nacida del tronco de Gürtel, el caso de los trajes, ha vuelto a desfilar ante los juzgados. Ahora, por el caso Valmor y el agujero de 300 millones que la fallida organización de la Fórmula 1 hizo en el ya deteriorado casco del erario público valenciano.

Pero tampoco son esos los únicos peligros que arrostra el PP. Si, paradójicamente, en el caso de la recién juzgada financiación valenciana la formación conservadora no consta como partícipe a título lucrativo, sí se arriesga a ser condenada de nuevo por ese concepto en la pieza de Gürtel conocida como la de BoadillaGürtel, donde el beneficio económico que le habrían reportado los delitos se cifra en 204.000 euros. El PP figura también como responsable civil subsidiario en los papeles de Bárcenas.

  En lista de espera... y de tribunal

En la sobrecargada Audiencia Nacional permanecen en lista de espera para juicio seis de las ya citadas nueve piezas pendientes de GürtelGürtel. Y entre ellas se cuenta la de Boadilla. Para ese juicio no hay tampoco fecha. Y no parece probable que la haya de manera inminente.

El reciente apartamiento del tercer magistrado recusado por las acusaciones -con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción- en Gürtel por su proximidad al PP, Juan Pablo González, obliga a la Audiencia a reconfigurar el tribunal. Nada menos que por tercera vez.

La primera sala acabó pulverizada sin haber comenzado su desempeño tras la doble recusación en 2015 de Concepción Espejel, hoy presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, y de Enrique López, ahora destinado en otro poderoso puesto de la judicatura, la nueva Sala de Apelaciones de esa misma Audiencia Nacional. El segundo tribunal es el que, por mayoría de dos a uno, acaba de dictar la sentencia que certifica que hubo contabilidad B. En el tercero, impulsado por Espejel tras alterar la Audiencia de forma inopinada y retroactiva la composición de esa segunda sala, iba a integrarse Juan Pablo González pero tampoco ha llegado a funcionar. En el cuarto no se sabe aún quiénes estarán.

También en la pieza de Boadilla, como en todas las de Gürtel, habría sido materialmente imposible en cualquier caso sentar al PP en el banquillo de los acusados: los hechos que se juzgarán llegan como mucho y al igual que todos los vinculados a la red de Correa hasta finales de la pasada década, antes de la ya mencionada reforma del Código Penal que permite encausar a los partidos.

Pero tras lo sucedido en la pieza principal de Gürtel, una segunda condena de signo civil parece difícil de sortear aquí para el PP. El 29 de junio del 2016, el juez instructor, José de la Mata, acordó la apertura de juicio oral para 27 investigados de la pieza de Boadilla. El auto declara la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles y sitúa al PP como partícipe a título lucrativo. El entramado mixto compuesto por el grupo de Correa y los dirigentes del PP procesados consiguió "que las empresas de la organización abonaran los costes de los distintos actos políticos organizados por y para el partido". Total: 204.198,54 euros.

  El elenco de 'Púnica' y el 'leitmotiv' del dinero B

En fase de instrucción, el juzgado central 6 de la misma Audiencia Nacional tramita las ya referidas 15 piezas de Púnica, cuyo principal protagonista es Francisco Granados, antiguo número dos del PP de Esperanza Aguirre. Y las cuatro de Lezo, con el expresidente madrileño Ignacio González como investigado clave.

Como en un canon -musical o de tarifas en metálico-, un triple leitmotiv se repite con regularidad en Púnica y Lezo: contratos amañados, mordidas para dirigentes de bajo, medio o alto nivel y fondos opacos o pagos en especie que presuntamente iban a parar al partido.

  Con la citación de Gallardón como imputado -declarará el 7 de junio por haber dado vía libre a la compra de la firma colombiana Inassa- son ya tres los expresidentes madrileños del PP bajo sospecha formal de corrupción: o sea, todos salvo Esperanza Aguirre. Porque, aunque por un caso de menor entidad que los anteriores pero que terminó por forzar su dimisión hace menos de un mes -el del máster presuntamente falsificado-, también un juzgado de Madrid mantiene imputada a Cristina Cifuentes. La UCO señaló hace un año a Cifuentes en uno de sus informes por su papel en la adjudicación de uno de los contratos investigados en Púnica. A día de hoy, no ha sido imputada.

En total, el caso Púnica ha reunido ya en el elenco de presuntos infractores a tres expresidentes autonómicos: a Granados y González -que hace doblete con Lezo- se le suma Pedro Antonio Sánchez, que dimitió como jefe del Gobierno murciano en abril de 2017 tras conocer el escrito del juez que le atribuía fraude, soborno y revelación de información por contratos de reputación online que iban a ser sufragados con dinero público.

Su compañera de filas y exalcaldesa de Cartagena, la todavía senadora Pilar Barreiro, permanece investigada por hechos casi idénticos pero en el Tribunal Supremo. En contra de las tesis de Anticorrupción, la Fiscalía del Supremo ha pedido el archivo de la causa contra Barreiro. De momento, no lo ha conseguido. Y las fuentes jurídicas que siguen el caso dudan de un sobreseimiento inmediato.

Dos meses antes de que se viera forzado a dimitir, Pedro Antonio Sánchez encontró en Mariano Rajoy un valedor de primera línea. El presidente también habló en aquella ocasión de hechos del pasado. Pero no para poner distancia sino esta vez para asegurar que ya con anterioridad Sánchez había sido objeto de una persecución política materializada en "16 denuncias" que finalmente se habían archivado. En realidad, esas 16 denuncias nunca existieron. Sánchez sigue hoy imputado en la Operación Púnica. 

Desde la implantación del sistema autonómico en la transición, un total de ocho presidentes de comunidades se habían visto obligados a dimitir acosados por escándalos. Este miércoles, Cristina Cifuentes se convirtió en la novena al renunciar a seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid tras semanas en el punto de mira por el supuesto falseamiento de sus notas para obtener un máster universitario. No obstante, otros presidentes como el gallego Alberto Núñez Feijóo, el madrileño Ignacio González o el extremeño José Antonio Monago consiguieron evitar la dimisión pese a verse envueltos en polémicas al menos tan llamativas como la de Cifuentes, cuando no en casos de corrupción.

¿Por qué Cifuentes se ha visto obligada a dimitir y otros presidentes, implicados en escándalos igualmente o más graves, no? No existe una respuesta única para ello, argumenta José Fernández Albertos, politólogo e investigador del CSIC, ya que "son casos difícilmente comparables" porque no existe un baremo matemático para medir la gravedad de las acciones. Pero el experto apunta al menos dos razones que han precipitado la caída de Cifuentes: su fragilidad parlamentaria –algo que también fue vital para la renuncia de Pedro Antonio Sánchez en la Región de Murcia– y la presión mediática.

Albertos considera mucho más sencillo que los gobiernos se vean obligados a rendir cuentas cuando no tienen mayoría absoluta, como ha sido el caso de Cifuentes, presionada por la moción de censura presentada por la oposición y que Ciudadanos estaba dispuesto a apoyar. Pero el politólogo también recuerda que "la centralidad de lo que ocurre en Madrid" ha potenciado la presión mediática sobre la ya expresidenta, que se ha visto mucho más expuesta que si el escándalo se hubiera producido "en una comunidad más pequeña o periférica". "Lo que ocurre en Madrid siempre tiene lecturas nacionales, y en este caso estaba afectando al PP nacional", apunta Albertos.

Nueve dimisiones presidenciales

El primer presidente autonómico en dimitir durante su mandato fue el castellanoleonés Demetrio Madrid (PSOE), que dirigió la Junta entre 1983 y 1986. Ese año, Madrid tuvo que renunciar a su puesto al ser imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario, un procedimiento del que fue absuelto en 1990 y, posteriormente, en 1993. Su dimisión abrió la puerta a que, en las siguientes elecciones, un entonces joven José María Aznar se convirtiese en presidente de la Junta de Castilla y León, lo que le sirvió como plataforma para liderar años después el PP.

Otros cuatro presidentes socialistas han dimitido de sus cargos acosados por causas judiciales: Javier Otano (presidente de Navarra entre 1985 y 1986), Carlos Collado (que dirigió la Región de Murcia entre 1984 y 1993), José Marco (máximo dirigente de Aragón entre 1993 y 1995) y José Antonio Griñán (que sucedió a Manuel Chaves al frente de la Junta de Andalucía entre 2011 y 2013). De ellos, solo Marco fue condenado a 13 meses de cárcel por malversación de caudales públicos y falsedad en documento público al haber instalado un sillón en su casa –valorado en unas 77.000 pesetas de entonces, algo más de 460 euros– pagándolo con dinero público. A esa condena se sumó posteriormente otra a 9 meses de prisión por espiar a varios dirigentes políticos aragoneses, también a costa de las arcas autonómicas, aunque Marco no llegó a ingresar en la cárcel.

Griñán, por por su parte, sigue imputado y se enfrenta a la petición de seis años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en el marco del caso ERE. Por el contrario, Otano y Collado fueron absueltos de los casos de corrupción en los que se les acusaba. El navarro fue procesado por supuesto cohecho, al existir indicios de que había podido recibir 200 millones de pesetas –1,2 millones de euros, al cambio– en concepto de comisiones por parte de la multinacional Bosch-Siemens en una cuenta en Suiza, indicios que posteriormente se descartaron. Collado, por su parte, fue investigado tras un informe del Tribunal de Cuentas que detectó "anomalías contables" en la compra de una finca por parte del gobierno murciano, si bien posteriormente el tribunal le exculpó de cualquier irregularidad en esta operación.

A estas dimisiones hay que sumar las de otros tres presidentes autonómicos del PP –Cifuentes es la cuarta– que se vieron obligados a renunciar a mitad de mandato. El último de ellos, el murciano Pedro Antonio Sánchez, lo hizo el año pasado al verse acorralado por el acuerdo al que habían llegado PSOE, Podemos y Ciudadanos para desalojarlo del Gobierno de la Región tras su imputación por los delitos de fraude y cohecho en el marco del caso Púnica. Sánchez, supuestamente, habría contratado trabajos para mejorar su reputación en Internet y redes sociales camuflándolos como prestaciones de servicios a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Los otros dos dirigentes conservadores que se vieron obligados a dimitir como presidentes autonómicos son Gabriel Cañellas (que presidió Islas Baleares entre 1983 y 1995) y el valenciano Francisco Camps (presidente entre 2003 y 2011). Cañellas tuvo que dejar su puesto al ser acusado de cohecho por un supuesto cobro de comisiones, y en 1998 el Tribunal Supremo sentenció que el PP y él cobraron 50 millones de pesetas (300.000 euros) a la empresa concesionaria túnel de Sóller, si bien no fue condenado porque el delito ya había prescrito. Camps, por su parte, dimitió apenas dos meses después de ganar las elecciones en 2011 salpicado por las operaciones de la rama valenciana del caso Gürtel durante su gestión como líder del PP de esa comunidad, aunque en 2012 fue absuelto al entenderse no probado que hubiera aceptado trajes y otras prendas de vestir de esa red.

Hay un noveno precedente de un presidente autonómico que dimitió: el de Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1990 y, de nuevo, entre 1991 y 1994. En ese último año, Hormaechea se vio obligado a renunciar a la Presidencia al ser condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, un juicio en el que varios miembros de su primer gobierno también recibieron sentencias condenatorias. Lo particular es que, pese a esta condena y a su dimisión, Hormaechea continuó como presidente en funciones hasta las elecciones de 1995 porque los grupos no se pusieron de acuerdo para escoger un sustituto. Ese año el Gobierno central lo indultó, así que no tuvo que pisar la cárcel.

González y su ático

No obstante, otros presidentes autonómicos rodeados por escándalos sonados han sabido capear el temporal mejor que Cifuentes y que el resto de dirigentes que tuvieron que renunciar a sus cargos. En la misma Comunidad de Madrid, estar rodeado de escándalos no ha sido óbice para mantenerse al frente del Gobierno regional. Así lo hizo Ignacio González, presidente de la Comunidad entre 2012 y 2015: durante sus menos de tres años de mandato se vio implicado en el escándalo por las irregularidades en la compra de su ático en Marbella. Pero las primeras denuncias por corrupción de González ya se habían publicado en 2007 en la revista Tiempo, por la adjudicación del campo de golf que una década después se convirtió en una de las operaciones que le llevó a prisión.

En enero de 2013, el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) solicitó a Hacienda que le remitiera toda la información fiscal sobre la entidad Coast Investor LLC, la empresa que figuraba como propietaria del ático que primero alquiló y posteriormente compró González junto a su mujer, Lourdes Cavero, que fue imputada por blanqueo. La presunta irregularidad del ático de Marbella –que comenzó a ser investigada al sospechar la Policía que constituiría el pago de una comisión por la venta de una parcela municipal a un constructor–  fue también objeto de sendas querellas presentadas ante el Tribunal Supremo por por los extrabajadores de Telemadrid y el PSM contra González, pero que el Tribunal Supremo archivó en julio de 2014.

En marzo de 2015, apenas dos meses antes de las elecciones autonómicas, se destapó que González mantuvo en 2011 una reunión con varios mandos policiales para pedirles que no transcendiera que era inquilino del ático, adquirido por un testaferro a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Esos policías eran los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, y aunque González trató de justificarse asegurando que fue víctima de un intento de "extorsión" por su parte, el escándalo terminó llevándose por delante sus opciones de ser candidato del PP en las elecciones autonómicas. Su sustituta fue, precisamente, Cristina Cifuentes.

Aguirre llegó con polémica al Gobierno

La predecesora de González al frente del Gobierno madrileño fue Esperanza Aguirre, presidenta regional entre 2003 y 2012. Ella sí que dimitió ese año, pero no a causa de ningún caso de corrupción, sino alegando motivos personales y condicionada por un cáncer que acababa de superar el año anterior. No obstante, su trayectoria estuvo plagada de sombras desde el momento en el que llegó a la Presidencia: lo hizo tras el conocido como tamayazo, una turbia operación por la cual dos diputados tránsfugas del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) evitaron la investidura de quien iba a ser presidente con el apoyo de IU, Rafael Simancas.

La propia campaña de Aguirre en 2003, según publicó en su día Público, fue supuestamente pagada por Fundescam, una fundación del PP que contó con los servicios de Special Events. Esta compañía terminó siendo una de las empresas de Francisco Correa, años después conocido como el principal cabecilla de la Gürtel. Pero sus años de mayorías absolutas también estuvieron sazonados de escándalos: en 2009, el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, denunció haber sido investigado por un servicio secreto dependiente de la Comunidad. Meses después, Cobo dio en una entrevista el nombre por el que terminaría conociéndose este escándalo: la "Gestapillo".

Ese supuesto órgano de espionaje estaría, según publicó El País, a las órdenes del entonces consejero de Presidencia madrileño, Francisco Granados. El mismo Granados que, años después, en 2014, dimitiría tras destaparse que tenía una cuenta bancaria en Suiza. Y también el mismo Granados que, ese mismo año, sería detenido en el marco de la operación Púnica por estar presuntamente implicado en la concesión de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Todo ante los ojos de una Aguirre que siempre ha defendido que no sabía nada de las actividades supuestamente irregulares de sus altos cargos.

Feijóo y el narco Dorado

Otro buen ejemplo de cómo aguantar en el cargo es Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que este mismo miércoles consideró que era "inevitable" que Cifuentes dejara la Presidencia de la Comunidad de Madrid y aseguró que se trata de "una decisión correcta, proporcionada e inevitable", aunque "dolorosa". Ante los medios Feijóo, afirmó que "a veces se cometen errores y esos errores tienen una trascendencia pública", y sostuvo que algunos de estos actos "en la vida pública son absolutamente injustificables".

No obstante, dentro de esos errores injustificables no parece encontrarse el hecho de haber compartido vacaciones con el narcotraficante Marcial Dorado, que actualmente se encuentra en prisión. En el año 2013, el diario El País publicó varias fotografías de Dorado y Feijóo veraneando juntos a mediados de los años 90, cuando el contrabandista ya había sido detenido en dos ocasiones y el ahora presidente gallego encarrilaba su prometedora carrera en puestos en la administración autonómica y, posteriormente, en la estatal.

Al publicarse las imágenes, la oposición pidió la dimisión de Feijóo, pero éste siempre ha mantenido que desconocía las actividades de Dorado cuando mantenía su amistad con él, pese a que el narcotraficante era una figura públicamente conocida y habitual de los periódicos, como le recordó hace unas semanas el periodista Jordi Évole a Feijóo en una entrevista. "¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado yo me dejaría hacer fotos o iría a comer con él? No tenía nada que ocultar, por lo tanto en ningún caso tenía información de si es verdad o no", se defendió el presidente en el programa Salvados. En 2013, ante las críticas de la oposición, mantuvo el mismo argumento: "Cuando lo conocí, no sabía nada de su actividad, y después corté mi relación de ocio con esta persona". En la época del viaje compartido en barco, las actividades de Marcial Dorado eran vox populi en Galicia.

Los viajes a Canarias de Monago

Tampoco dimitió de su cargo el que entre 2011 y 2015 fue presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago (PP). En su caso, el escándalo saltó en 2014, cuando el diario Público destapó que había cargado al Senado entre 2009 y 2010 un total de 32 viajes en primera clase a Canarias en apenas un año y medio para ir a visitar a su entonces novia, residente en el archipiélago. Monago alegó entonces que en esos viajes había ido a "trabajar honestamente" y aseguró que "dimitir sería una dejación de responsabilidades". De hecho, el dirigente no solo no renunció a su cargo, sino que repitió como candidato del PP a la Junta de Extremadura en 2015, cuando perdió las elecciones frente al socialista Guillermo Fernández Vara.

El expresidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, ha creado una empresa llamada Nosce te ipsum 2017 Sociedad Limitada, que tiene como objeto social la consultoría y asesoramiento de empresas y personas físicas "en su más amplia acepción", según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil de este martes, al que ha accedido Europa Press.

En concreto, la empresa ofrece este servicio a través de los oportunos profesionales "titulados", al tiempo que también oferta tasaciones y peritaciones, servicios de secretaría y traducciones, así como cursillos y servicios de enseñanza de todo tipo y servicios de telemarketing.

La empresa, que comenzó a operar el pasado 27 de octubre y que cuenta con Pedro Antonio Sánchez como socio y administrador único, tiene su domicilio en la avenida Juan Carlos I, número 35 de Puerto Lumbreras, y parte con un capital de 3.100 euros.

Cabe destacar que la traducción del nombre latín de la empresa, Nosce te ipsum, significa en castellano Conócete a ti mismo, y es el lema que figura grabado en una de las puertas del claustro del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

Pedro Antonio Sánchez anunció el pasado 4 de abril su dimisión como presidente del Gobierno murciano, horas después de conocer la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, sobre la trama Púnica, que le atribuía la posible comisión de tres presuntos delitos, fraude, cohecho y revelación de información.

Asimismo, la dimisión se produjo 24 horas antes del debate de la moción de censura que presentó el PSOE contra él para forzar su retirada y cumpliendo la demanda de los grupos de la oposición, principalmente de Ciudadanos, cuyos dirigentes le instaron a que dimitiera tras conocer su investigación por el caso Auditorio y los últimos acontecimientos de Púnica.

Más tarde, a finales del pasado mes de septiembre, Sánchez anunció su renuncia a su escaño de diputadorenuncia a su escaño de diputado en la Asamblea Regional y renunció a la Presidencia del PP en Murcia, alegando que era "lo mejor" en ese momento "para el PP y para la Región".

La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de cárcel para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, en relación con su implicación en la rama de Murcia de la trama Púnica.

En un escrito remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), las fiscales del caso solicitan la apertura de juicio oral contra el exmandatario regional y un año y medio de cárcel para David Conesa, entonces miembro de su equipo.

El Tribunal Superior de Justicia de la región ha circunscrito el caso Púnica -relativo a presuntas adjudicaciones irregulares por parte de las administraciones públicas a cambio de contratos- a la figura de Sánchez y Conesa por fraguar presuntamente trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, señaló este jueves que ya está estudiando si actúa de oficio tras unas declaraciones de de Pedro Antonio Sánchez en La Verdad en las que aseguraba haber podido "hincharse" de dinero con el cobro de comisiones que le habrían ofrecido pero que no lo había denunciado. Lo hizo en una entrevista en Onda Regional, en la que insistió en que haber sido tentado con comisiones son hechos que pueden constituir delito.

El expresidente de la comunidad, que este viernes dejará de ser también presidente del PP, revelaba en la misma entrevista haber tenido pinchado ilegalmente el teléfono, e incluso apuntaba que ésta acción se habría llevado a cabo por un hacker contratado por sus adversarios políticos.

Incluso afirmaba que habría sido objeto de seguimiento por parte de una "furgoneta blanca". Estos revelaciones, según la Fiscalía, también deberían ser investigadas.

Imputado en dos casos de corrupción por los que se arriesga a penas de cárcel –la pieza murciana de la Operación Púnica y el llamado caso Auditorio–, Sánchez materializó este miércoles su abandono de la política y su automática pérdida de aforamiento ante el Tribunal Superior de Murcia (TSJM).

El huracán de Cataluña ha grabado otra muesca en el panel de asuntos de relevancia eclipsados: un día después de que su antecesor en la Presidencia de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, le instara de manera tácita pero inequívoca a marcharse del PP, Pedro Antonio Sánchez entregó este martes su acta de diputado regional y anunció que deja la política.

Imputado en dos casos de corrupción por los que se arriesga a penas de cárcel –la pieza murciana de la Operación Púnica y el llamado caso Auditorio–, Sánchez materializó su abandono de la política y su automática pérdida de aforamiento ante el Tribunal Superior de Murcia (TSJM) tras haberle concedido una entrevista al diario La Verdad.

En esa entrevista, el político hace una afirmación sorprendente que algunas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre consideran el potencial germen de una nueva imputación. "¿Sabe qué?", espeta Sánchez en un momento como respuesta a una pregunta sobre el controvertido Auditorio de Puerto Lumbreras. Y prosigue así: "Pude haberme hinchado a dinero cobrando comisiones... Algunas me ofrecieron". De inmediato, el periodista replica: "...Pero no las denunció". El expresidente murciano responde entonces con un monosílabo: "No". El Código Penal prevé hasta dos años de inhabilitación para la autoridad o funcionario "que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia".

Al carecer ya de aforamiento, lo previsible –y así lo remarcaron a este diario distintas fuentes jurídicas– es que la pieza murciana de Púnica vuelva a la Audiencia Nacional y el caso Auditorio, al juzgado 1 de Lorca. Con ese trámite, Sánchez gana tiempo de manera objetiva.

Varios juristas que intervienen en esas causas y con los que ayer consultó infoLibre difieren sobre las consecuencias del regreso de ambos casos a sus tribunales de origen. "Creo que al principio Sánchez pensó que el TSJ sería más benévolo y que ahora lo veía en cambio todo demasiado negro para su futuro", opina una fuente que conoce los dos casos desde su origen. "Que regrese la pieza de Púnica a la Audiencia Nacional –opina en cambio una segunda fuente– me ofrece más garantías y elimina el riesgo de que el enjuiciamiento de los mismos hechos por dos tribunales diferentes se traduzca en sentencias de distinto sentido".

La fuente dice eso último en alusión a un punto sustancial: que los hechos atribuidos a Pedro Antonio Sánchez en Púnica y hasta ahora investigados por el TSJ también afectan a quienes por no haber gozado nunca de aforamiento han mantenido su condición de investigados en la causa que tramita la Audiencia Nacional.

El abogado que representa a Adade , Francisco Montiel, coincide en que "es bueno y más sencillo enjuiciar de manera conjunta a corruptores y corrompidos y que eso lo haga un tribunal profesional y no un jurado en Murcia, que es su tierra". La Fiscalía Anticorrupción consideraba en cambio que la vista de esa pieza murciana, en la que todavía no se ha dictado auto de apertura de juicio, debía quedar en manos de un jurado popular, decisión que estaba pendiente de recurso.

El nuevo titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha mantenido intactas las posiciones del primer instructor del caso, Eloy Velasco, y así lo constata uno de sus últimos autos. En esa resolución, el magistrado tumba los recursos de varios investigados de Murcia y se reafirma en que los políticos involucrados utilizaron los servicios de reputación online que ofrecía el presunto conseguidor Alejandro de Pedro para lavar su imagen en Internet con vistas a las elecciones autonómicas de 2015. Y que esos servicios iban a cargo del erario público. Sánchez sostiene que jamás contrató nada. Basándose en distintos indicios, entre ellos las conversaciones intervenidas, los investigadores entienden que no llegó a contratar nada por una sola razón: que el estallido de la Operación Púnica, en octubre de 2014, dinamitó sus planes.

El magistrado instructor del TSJ de Murcia, Julián Pérez-Templado, en un auto notificado este viernes, confirma la continuación del procedimiento por los trámites del abreviado contra Pedro Antonio Sánchez, por el caso AuditorioPedro Antonio SánchezAuditorio en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, por los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.

El instructor estima en parte el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de fecha 7 de julio de 2017, que ordenaba la continuación del conocido como caso Auditorio.

En concreto se reforma la resolución incluyendo la posible responsabilidad penal del arquitecto M.L. en un tercer delito por su cooperación necesaria en el delito de prevaricación continuada al considerar que "tratándose de un profesional de la arquitectura, salvo que tuviera un pacto o entendimiento con el alcalde debería conocer y no obviar los trámites obligados en la contratación administrativa".

Además, se ordena la continuación del procedimiento abreviado contra C. G. V., por dos presuntos delitos: prevaricación continuada y prevaricación o fraude de fondos públicos, por la tramitación de la subvención, en su condición de funcionaria, secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Y, por último, en esta nueva resolución, el magistrado elimina la referencia al delito de información confidencial y corrige la anterior en el sentido de "dejar patente que al parecer de los peritos, el dinero está en la obra", es decir "que no está probado que no esté en la obra".

El magistrado instructor desestima íntegramente el resto de recursos y confirma la continuación del procedimiento por los trámites del abreviado contra Pedro Antonio Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, por los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.

E, igualmente, mantiene la continuación del procedimiento contra M.L., responsable del proyecto y ejecución de la obra y V.G.M., legal representante de la constructora, como cooperadores necesarios en el último de los delitos señalados anteriormente (prevaricación o fraude contra fondos públicos).

La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de Civil y Penal del TSJ.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, actuando como Sala de lo Penal, acuerda desestimar los recursos de apelación interpuestos por el ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y de quien fuera su miembro de su equipo, D.C.F., contra los autos dictados por el magistrado instructor del conocido como caso Púnica.

Ambos recurrentes invocaban la ausencia de indicios incriminatorios y la atipicidad penal de los hechos recogidos por el instructor. A los que D.C.F. añadía un déficit de motivación, la ausencia de pronunciamiento respecto de cuestiones planteadas y la insuficiencia de la instrucción.

Este martes, la Sala confirma en su integridad los autos del magistrado Enrique Quiñonero de fechas 6 y 27 de junio de 2017, por lo que se acuerda la conclusión de dichas diligencias previas y su continuación por los trámites del procedimiento abreviado, según el auto al que ha podido acceder Europa Press.

Y ello, según fundamenta la resolución, porque "lejos de la orfandad indiciaria denunciada por ambos recurrentes, los hechos punibles descritos encuentran un soporte minucioso y detallado en las hasta seis fuentes indiciarias que ambas resoluciones enumeran".

Igualmente, citando jurisprudencia reiterada, la resolución apunta que "no resulta exigible" que el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado incluya calificaciones jurídicas de los hechos punibles.

"Lo importante, pues, no es la calificación jurídica (innecesaria e incluso desaconsejable en este momento procesal para no usurpar el instructor la función que solo corresponde a las acusaciones), sino la concreción de un relato histórico que hable por sí solo de la conducta presuntamente realizada por las personas que se estiman responsables de los hechos que soportan la imputación judicial", concluye.

En cuanto a la alegación de déficit de motivación, la sala reitera la suficiencia indiciaria de las conclusiones alcanzadas por el magistrado; y respecto a una posible incongruencia omisiva, recuerda de nuevo los "infructuosos los intentos de ambos recurrentes de adelantar a este momento procesal pronunciamientos sobre concretas calificaciones jurídicas".

Finalmente, concluye que no han de practicarse nuevas diligencias de prueba pues "debe tenerse muy en cuenta que todas las normas adjetivas reguladoras de la fase de instrucción tienden a reducir ésta al mínimo imprescindible". "Ello es así porque lo que pretende el legislador no es la existencia de dos juicios", se lee textualmente en el auto.

"En definitiva, el propósito de la instrucción, a los efectos que ahora interesan, es el de averiguar si existen indicios bastantes de que, siempre con el carácter presunto y provisional propio de esta fase procesal, se hayan perpetrado una o varias acciones que pudieran constituir delito y de que tales acciones hayan sido cometidas por persona o personas determinadas".

Según indican fuentes judiciales, una vez sea firme esta resolución, debe darse traslado simultáneo de las mismas al Ministerio Fiscal y demás acusaciones personadas, a fin de que en el plazo común de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación (auto de 6 de junio).

"No le queda otra salida"

El secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, le ha exigido este martes al expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que renuncie a su acta de diputado y la presidencia del PP en la Región, como se comprometió, ya que "después del auto demoledor del juez del caso Púnica, no le queda otra salida que dejar su escaño en la Asamblea Regional", ha defendido.

González Tovar ha recordado que con este son ya dos casos que "lo deja con casi dos pies en el juicio oral —junto con el caso Auditorio—", pero, ha lamentado, "pese a ello no deja su cargo, algo que nos resulta vergonzoso".Ha insistido en que tiene que "cumplir ya su palabra y renunciar a su acta en el Parlamento autonómico".

González Tovar ha señalado que "este es un nuevo paso hacia al banquillo de los acusados, y se le van acabando los recursos y el tiempo, pero sigue ahí, en la misma situación y amparado por el Partido Popular, que no lo obliga a irse".

Al respecto, el secretario general de los socialistas murcianos ha recordado que Pedro Antonio Sánchez "se comprometió con los murcianos a que se iría si lo imputaban, para posteriormente retrasar esa decisión a la apertura de juicio oral, algo que parece inminente". "Se tiene que ir y lo tiene que hacer ya", ha concluido.

Expulsión de la formación

Ciudadanos ha exigido este martes al expresidente Pedro Antonio Sánchez que deje su acta de diputado regional y al PP que aclare si va a cumplir con sus estatutos y expulsarlo de la formación, tras conocerse el rechazo de sus alegaciones al procesamiento por su im"No hay ya más plazos, más líneas rojas o más manos en el fuego que poner: PAS va a pasar del escaño al banquillo sin solución de continuidad a no ser que le quede un resquicio de dignidad y vergüenza y deje de inmediato su escaño", ha señalado el portavoz naranja, Miguel Sánchez.

Asimismo, ha pedido a "la unidad de quemados del Partido Popular" —en referencia a los que ponían su mano en el fuego asegurando que todo era un error y que se iba a archivar— que "aclare a sus afiliados, votantes y en general a todos los murcianos si cuando se le abra juicio oral va a cumplir con sus estatutos y principios éticos y va a expulsarlo".

"O si por el contrario va a convertirse en un vergonzoso escudo de su presidente, protegiéndole de la acción de la justicia y permitiendo que siga cobrando un sueldo con cargo a todos los murcianos", ha cuestionado.

"Es lamentable que la noticia de este martes siga la tendencia de los últimos meses, y que Pedro Antonio Sánchez vuelva a ser su vergonzoso protagonista. Debe entregar el acta sin más dilación, para que la imagen de la Región no siga siendo arrastrada por el fango", ha añadido Sánchez.

A su juicio, "esta situación no hace más que confirmar la postura que Ciudadanos ha defendido siempre, desde la primera imputación de Pedro Antonio Sánchez, y que no es otra de que debe defenderse desde el ámbito privado y no ocupar por más tiempo un cargo público pagado por todos los murcianos". "No es de recibo que se levante de su escaño para a continuación sentarse en el banquillo", ha concluido el portavoz naranja.plicación en la trama Púnica, que se suma también a la del caso Auditorio.

A costa de los murcianos

El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que el Partido Popular "ampara y protege a Pedro Antonio Sánchez, y le permite que siga viviendo a costa de todos los murcianos, mientras nos desayunamos cada día con un nuevo revés judicial para el presidente regional del PP, a un paso de ser juzgado por la presunta comisión de hasta siete figuras delictivas, todas ellas relacionadas con la corrupción".

Urralburu ha asegurado que además de estar "sosteniendo a un nini, que no pega ni golpe en la Asamblea ni es capaz de salir de los Juzgados", lo que está sucediendo con Pedro Antonio Sánchez es la demostración de que en el Partido Popular, en Murcia y en Madrid, "son capaces de mantenerlo como presidente incluso desde la cárcel; solo tienen que seguir dando patadas hacia delante a sus ya cómicas líneas rojas".

El secretario general de Podemos, que llama la atención sobre "lo habitual que se ha vuelto ya el conocer nuevas imputaciones de la Justicia contra el ex presidente", ha subrayado que "no podemos permitir que el PP siga insultando así a la ciudadanía. Es una falta de respeto. Exigimos su dimisión y la entrega del acta".

Asimismo, ha apuntado que "sabemos que la corrupción del PP no se acaba con la dimisión de su presidente regional. El funcionamiento prevaricador que se describe en las resoluciones judiciales que afectan a Pedro Antonio Sánchez refleja la manera de gestionar lo público del Partido Popular".

A su parecer, "es evidente que estamos ante el final del Gobierno del PP en la Región, un partido encaminado inexorablemente hacia su descomposición, corroído por la corrupción que, lejos de combatir, continúan amparando y promoviendo", y ha terminado añadiendo que "si el PP quiere ver a su presidente en el banquillo de los acusados, allá ellos, pero no pueden obligar a que la ciudadanía tenga a un diputado entrando y saliendo de los Juzgados, pendiente de tan graves acusaciones".

“Un simple café”

El vicesecretario de Acción Política del PPRM, Francisco Bernabé, por su parte, ha defendido la inocencia del ex presidente, convencido de que "los jueces así lo van a declarar" pues "no hay expediente, ni oferta, ni una hoja de encargo ni contrato, ni factura, no hay nada de nada; solo un café tomado en un bar de Madrid". "Un simple café", ha apostillado, "que está dando lugar a una investigación judicial", que terminará, a su parecer, "con la absoluta declaración de inocencia de Pedro Antonio Sánchez".

El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, ha acordado continuar el proceso judicial contra el expresidente murciano y actual diputado, Pedro Antonio Sánchez, al apreciar indicios en la presunta comisión de varios delitos. Paralelamente, Pedro Antonio Sánchez también será procesado por la trama Púnica.

Tras finalizar las diligencias previas del caso Auditorio, en el que se investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Centro Cultural del municipio de Puerto Lumbreras en la etapa en la que Sánchez era alcalde de la localidad, el instructor, a la vista de las actuaciones remitidas por el juzgado de Instrucción 1 de Lorca, y practicadas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y el grado de participación de los investigados, ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado contra Sánchez.

En un auto notificado este viernes, el juez entiende que podría darse la comisión de los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.

Igualmente, ordena que el procedimiento continúe contra el arquitecto Martín Lejarra, responsable del proyecto y ejecución de la obra y Vicente Gimeno Merino, legal representante de la constructora, como cooperadores necesarios en el último de los delitos señalados anteriormente (prevaricación o fraude contra fondos públicos).

El instructor concreta en tres apartados, que luego desglosa en los fundamentos jurídicos, los hechos por los que debe continuar el procedimiento: la contratación irregular del arquitecto, la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad y los cambios del contrato originario acordados por el ex alcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus responsabilidades

El auto decreta el sobreseimiento provisional para el resto de los investigados en este procedimiento.

Tras esta resolución, siempre que alcance firmeza, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causaapertura de juicio oral, "sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación", concluye la parte dispositiva del auto.

El expresidente de Murcia y actual diputado del PP en la Asamblea de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, declaró este martes 6 de junio ante el juez instructor del caso Púnica en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)caso Púnica, Enrique Quiñonero Cervantes, que investiga los presuntos delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada. A su salida del Palacio de Justicia, tras declarar aproximadamente durante una hora, Sánchez mantuvo un encuentro con los medios de comunicación en un hotel aledaño y recordó que él mismo había solicitado declarar ante el juez "para aclarar" y para explicar algo que él cree que "es fácil de demostrar". Es un mantra repetido una y otra vez tanto por el ahora diputado en la Asamblea regional como en las filas de su propio partido: una citación judicial como investigado en un caso de corrupción es dulcificada como una comparecencia voluntaria ante el juez. 

El pasado 26 de mayo el portavoz del PP regional, Víctor Martínez, anunció que esa misma mañana Pedro Antonio Sánchez había registrado un escrito ante el TSJ de Murcia en el que solicitaba "comparecer voluntariamente" ante el juez instructor del caso Púnica en el Tribunal Superior de Justicia, lo que ponía de manifiesto que no había "nada que esconder, ni ocultar". Se da la circunstancia de que esa misma mañana el magistrado acababa de citar a declarar en calidad de investigado,citar a declarar en calidad de investigado la antigua figura de imputado en un proceso penal, al entonces presidente de la comunidad, aforado entonces y ahora por su condición actual de diputado regional. En el auto, Enrique Quiñonero Cervantes acordaba iniciar las diligencias previas para la averiguación de cuanto procediera en relación a la comisión de posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada por parte de Sánchez. De esta forma, el dirigente conservador tenía esa mañana fecha y hora para comparecer ante el instructor, independientemente de que, tal y como permite la ley a un aforado, solicitara por su cuenta declarar en la causa de forma voluntaria.

Este martes, a la vista de las actuaciones remitidas por la Audiencia Nacional y una vez oída la declaración de Sánchez, el TSJ de Murcia decidió procesar a Pedro Antonio Sánchez y a un miembro de su gabineteprocesar a Pedro Antonio Sánchez cuando era consejero de Educación. El instructor consideró que se habían practicado las diligencias "necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y el grado de participación en los mismos de los investigados" y ordenó la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado.

Una vez valorada de forma conjunta las transcripciones telefónicas, los datos de geolocalización de los terminales, el material intervenido y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción, el auto sintetizó en tres párrafos como hechos punibles los contactos del que fuera consejero de Educación y un miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas para mejorar la imagen pública de Pedro Antonio Sánchez.

En concreto, el auto argumenta que entre los meses de junio a octubre de 2014, Sánchez y un miembro de su gabinete, "actuando de común acuerdo y con el objetivo de mejorar la imagen pública de Sánchez de cara a su postulación como candidato a presidente en las próximas elecciones regionales de Murcia, en competencia con otros miembros de su partido, mantuvieron reuniones presenciales e intercambio de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico y por servicios de mensajería telefónica con diversas personas relacionadas con las mercantiles EICO ON-LINE y Madiva Editorial y Publicidad SL".

Con ellos "negociaron y acordaron las condiciones de realización por éstas últimas de trabajos reputacionales y de mejora de imagen en Internet y redes sociales de carácter personal para Sánchez". De hecho, apunta que en el curso de esos contactos y negociaciones previos al acuerdo, "éste último recibió de sus interlocutores un primer informe de percepción inicial".

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que Pedro Antonio Sánchez "ya ha asumido" responsabilidades políticas al dejar la presidencia del Gobierno de Murcia y ha señalado que el partido se planteará tomar más medidas si el juez determina "alguna responsabilidad". Dicho esto, ha criticado que se produzcan "estos juicios paralelos" que, según ha afirmado, "intentan ocultar lo fundamental" y es que Murcia está "bien gestionada".

Este martes, el magistrado instructor del TSJ de Murcia, Enrique Quiñonero, acordó la conclusión de las diligencias previas del caso Púnica y propuso procesar al expresidente murciano, investigado en la causa por posibles delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Casado ha afirmado que "una cosa son las responsabilidades políticas", que Sánchez "ya ha asumido" dejando la presidencia del Gobierno murciano, y "otra cosa son las responsabilidades que pueda dilucidar el juez". Por eso, ha recalcado que el Partido Popular estará "a lo que digan los tribunales", ha informado Europa Press.

"Pedro Antonio Sánchez ya ha dejado la presidencia de Murcia sin que pese ninguna acusación formal contra él y debemos dejar actuar a la Justicia", ha manifestado, antes de asistir al desayuno informativo del portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Al ser preguntado sobre si el PP se plantea suspenderle de militancia, que deje su escaño en la Asamblea de Murcia o la presidencia del partido en la región después de que el juez le haya dejado a un paso de sentarlo en el banquillo, Casado ha afirmado que "cuando el juez determine si tiene alguna responsabilidad" es cuando su partido tendrá que hacerse esa pregunta. "Hoy por hoy va a prestar tod ala información que el juez le reclama", ha apostillado.

'Caso Lezo'

En cuanto a si cree que Ignacio González merece estar en la cárcel por el caso Lezo, el portavoz del PP ha señalado que esa decisión corresponde al juez, que es el que ha decretado prisión provisional y es una decisión que el partido respeta. Además, ha dicho que si se trata de una persona que "supuestamente ha traicionado la confianza del PP", lo que defiende es que "caiga todo el peso de la ley".

Dicho esto, Casado ha pedido no hacer "juicios paralelos" porque, según ha recalcado, en España "la Justicia funciona" y "no hay impunidad". Además, ha subrayado que hay una normativa lo "suficientemente estricta" para confiar en la Justicia,

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El magistrado instructor del TSJ de Murcia, Enrique Quiñonero, en un auto notificado este martes, ha acordado la conclusión de las diligencias previas del caso Púnica en relación al expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, que se encuentra aforado, y un miembro de su gabinete cuando era consejero de Educación.

El instructor, a la vista de las actuaciones remitidas por la Audiencia Nacional, y una vez oída la declaración de Sánchez, que se ha prolongado por espacio de una hora aproximadamente, estima que se han practicado las diligencias "necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y el grado de participación en los mismos de los investigados" y ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado.

Una vez valorada de forma conjunta las transcripciones telefónicas, los datos de geolocalización de los terminales, el material intervenido y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción, el auto sintetiza en tres párrafos como hechos punibles los siguientes: los contactos del que fuera consejero de Educación y un miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas para mejorar la imagen pública de Pedro Antonio Sánchez.

En concreto, argumenta que entre los meses de junio a octubre de 2014, Sánchez y un miembro de su gabinete, "actuando de común acuerdo y con el objetivo de mejorar la imagen pública de Sánchez de cara a su postulación como candidato a presidente en las próximas elecciones regionales de Murcia, en competencia con otros miembros de su partido, mantuvieron reuniones presenciales e intercambio de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico y por servicios de mensajería telefónica con diversas personas relacionadas con las mercantiles EICO ON-LINE y Madiva Editorial y Publicidad S.L".

Con ellos "negociaron y acordaron las condiciones de realización por éstas últimas de trabajos reputacionales y de mejora de imagen en Internet y redes sociales de carácter personal para Sánchez".

De hecho, apunta que en el curso de esos contactos y negociaciones previos al acuerdo, "éste último recibió de sus interlocutores un primer informe de percepción inicial".

Así como las condiciones negociadas y el acuerdo de sufragarlas con el desvío de fondos públicos destinados a formación; y que la operación policial del finales de octubre de 2014 impidieron que los trabajos reputacionales no se efectuaran, los contratos no se formalizaran y las sumas no llegaran a cobrarse.

Hechos en los que "aparecen presuntamente como responsables" los investigados y, que según recoge la fundamentación de la resolución, podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública.

Y es que, señala, "los referidos trabajos reputacionales iban a ser realizados a partir del mes de noviembre de 2014 por las mercantiles, aunque facturados a esta última, a razón de 4.600 euros al mes durante los siete meses que van de noviembre de 2014 a mayo de 2015, para sufragar". En los fundamentos jurídicos, se recoge, igualmente, que "todos esos datos dan cuenta del proceso completo de concertación entre los investigados con el objetivo ya reseñado, permitiendo un seguimiento continuado desde sus momentos iniciales hasta la concreción de los términos y condiciones en que se habría finalmente consensuado la realización de los referidos trabajos reputacional".

Tras esta resolución, una vez firme, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tendrán 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, "sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación", concluye la parte dispositiva del auto.