Me ha costado asignarle título a esta tribuna. La escribo apresurada para fijar todos los recuerdos y las sensaciones que me están despertando los sucesivos acontecimientos del pasado, por fin desvelados sobre los actos de una persona. 

Hay personas que despliegan mucho mejor todas sus destrezas y habilidades desde unos discretos segundos planos que, por discretos y secundarios, son estratégicos e hiperconectados. 

Un ejemplo de discreto y aparente segundo plano es el de la figura ministerial imprescindible de la Subsecretaría de Estado. Pareciera que el prefijo “Sub” degrada su importancia respecto a la de, por ejemplo, la Secretaría de Estado, nuestro equivalente a un viceministerio. Pues bien, las Secretarías de Estado son opcionales, no todos los ministros o ministras consideran necesario crearlas. En cambio, las Subsecretarías de Estado son parte consustancial de un ministerio y entre muchas otras funciones, son las encargadas, en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de coordinar y examinar todos los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del Consejo de Ministros y Ministras, según la ley del Gobierno. La suele presidir el ministro de la Presidencia, quien decide qué asuntos integran el orden del día (el llamado “índice negro”), con dos índices: uno verde, en el que aparecen los asuntos con informe favorable de la Comisión y que están listos para aprobación por el Consejo de Ministros; uno rojo, de asuntos que no cuentan con dicho informe por discrepancias de algún ministerio y, por tanto, han de someterse a deliberación. F. Álvarez-Cascos, J.J. Lucas, M. Rajoy, y J. Arenas fueron ministros de Presidencia con J.M. Aznar; S. Sáenz de Santamaría lo fue ininterrumpidamente durante los casi ocho años del gobierno de M. Rajoy (2011-2018).

Tras ocupar un par de direcciones generales en la Administración General del Estado-AGE, Rafael Catalá fue subsecretario del Ministerio de Hacienda entre mayo de 2000 y julio de 2002 (con la llegada de C. Montoro a su primer mandato); Secretario de Estado de Justicia (con J.M. Michavilla como ministro) entre 2002 y 2004, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (con A. Pastor como ministra de M. Rajoy) entre 2011 y 2014 cuando escala a Ministro de Justicia y Notario mayor del Reino de España hasta 2018, simultaneando en 2016 como ministro de Fomento en funciones cuando la ministra Pastor pasó a presidir la Cámara Baja. Tiene el honor de haber sido el primer ministro de la democracia reprobado por el Congreso de los Diputados, “como consecuencia de las maniobras que se han producido en el Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas”. La hemeroteca y el Diario de Sesiones del Congreso (el de todos nuestros parlamentos y plenos municipales) le dan un millón de vueltas a ChatGPT.   

Todo esto que os cuento, más deslavazado, lo encontráis en Wikipedia con enlaces a fuentes oficiales. Os animo a buscar dónde han estado y a qué se han dedicado estos altos cargos de la AGE del pasado desde entonces.

Uno de estos altos cargos, Rafael Catalá, ha sido muchos años en mi cabeza colaborador necesario del crecimiento de una lacra perfectamente evitable, o al menos controlable, que sufrimos en nuestro país. Me refiero a la ludopatía. Y lo que creo peor aún, colaborador necesario para garantizar que permanece muy al alcance de nuestros hijos e hijas; responsable de nutrirla, de facilitarla y con todo ello, de perpetuarla. La ludopatía, que algunas personas la consideramos una enfermedad evitable, para otras, como Rafael Catalá, es una magnífica oportunidad de negocio, un hábito a fomentar y difundir y del que lucrarse a manos llenas, es algo a lo que dedicarse en la vida con su posición, sus conocimientos y sus juramentos o promesas, aunque conseguirlo conlleve la presunta concurrencia de numerosos actos presuntamente delictivos. 

Desde 2018, Rafael Catalá ha estado abiertamente dedicado, como consejero y secretario del consejo de administración de una multinacional de las apuestas, a hacer lobby por la ludopatía. No como ocupación exclusiva; son muchas otras las responsabilidades que su huella digital desvela. Además, estos “profesionales”, visto lo visto, no conciben la exclusividad, el régimen de incompatibilidades y los conflictos de interés como asuntos a los que se encuentren sujetos. Aparece en su bio que ha sido miembro del Consejo Asesor de Herbert Smith Freehills hasta abril de 2021, y socio de Carles-Cuesta y Asociados, un equipo económico y legal de Madrid que desde 2011 dice su web que “ofrece soluciones prácticas, creativas, rigurosas y adaptadas a las necesidades de cada cliente”. Es también patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, y de algunas otras que, gracias a la deficiente supervisión que ejercen los casi sesenta protectorados de las 15.000 fundaciones que tenemos en España, no puedo saber cuáles son. 

Hasta pocos días antes del confinamiento decretado por motivo de la pandemia de la COVID-19, en la ciudad de Madrid se solapaban numerosas protestas vecinales, especialmente en los barrios y distritos por entonces (y también ahora) plagados de casas de apuestas, los barrios y distritos más vulnerables, cómo no. Éramos muchas las personas que desplegamos diversas modalidades de activismo para luchar contra esa malsana proliferación de puntos negros en nuestras ciudades, de lugares demasiado cercanos a colegios e institutos, demasiado presentes y accesibles en nuestro paisaje urbano, demasiado atractivos para nuestros adolescentes que viven en una ciudad sin opciones asequibles de ocio saludable (y fresquito). 

Pues esto último, a pesar de la gravedad de todo lo que estamos conociendo estos días, es lo que me más me está removiendo.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Raquel Catalá, hermana del exministro de Justicia y exmiembro del consejo de administración de Codere, Rafael Catalá, aparece en el sumario del caso Montoro por su papel como delegada de la Agencia Tributaria (AEAT) en el ‘sablazo’ de Hacienda a las operadoras de juego extranjeras.  

La hermana del exdirigente del PP, según la propia Agencia Tributaria, también le facilitó a uno de los imputados de la trama, entonces director de la AEAT, datos fiscales sobre los también imputados socios de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro en el centro de la trama. 

A petición del juzgado de Tarragona que instruye la causa, la AEAT entregó en junio de 2023 un informe sobre la participación de algunos de sus funcionarios en la “red de influencias” que presuntamente tramitó reformas legislativas para favorecer a clientes del despacho de Montoro. 

Según este informe, en noviembre de 2017, Raquel Catalá, entonces delegada especial de la AEAT en Madrid, envió a Santiago Menéndez Menéndez, en aquel momento director de la AEAT, e imputado en la causa, un correo con cuatro documentos adjuntos con datos fiscales de los cuatro principales socios de Equipo Económico: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, Salvador Ruiz Gallud y Francisco Piedras Camacho, todos ellos imputados en la causa. 

La persona destinataria de ese email, Santiago Menéndez, según un informe de los Mossos d’Esquadra contenido en la causa, al que ha tenido acceso infoLibre, recibió entre 2010 y 2011, 4.700 euros del entorno de Equipo Económico. 2.200 euros procedían directamente del despacho y otros 1.500 de la empresa Econodos, propiedad de Martínez Rico a través de Falumar Inversiones SL. Martínez Rico es el actual presidente de Equipo Económico y fue secretario de Estado con Montoro. El informe no detalla el motivo de los pagos. 

El contenido de los archivos adjuntos enviados por Raquel Catalá a Santiago Menéndez no es accesible, según declara la AEAT en su informe, pero el texto del correo hace referencia a “datos con fechas liquidadas y datos de recaudación y de tribunales". La AEAT asume que los documentos son “relativos a procedimientos dirigidos frente a los principales socios de Equipo Económico” y sugiere al juzgado “indagar sobre su trazabilidad, contenido y finalidad, considerando la coincidencia temporal con los procedimientos de inspección” a los socios del despacho. 

Como delegada especial, Catalá tenía acceso a toda la base de datos fiscales de contribuyentes, aunque estaba "sujeta al mismo sistema de control que todos los funcionarios de la agencia, y podía ser auditada y tener que justificar los accesos", según aclaran fuentes de la AEAT. Este medio se ha puesto en contacto con Raquel Catalá para consultar sobre el contenido de los adjuntos que envió, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta. 

En la causa también se cita a Raquel Catalá por su participación en la maniobra de Hacienda mediante la cual se gravó a las operadoras de juego extranjeras, que fue ejecutada por la delegación especial de Madrid, de la que Catalá fue jefa de 2012 a 2018. La causa recoge un correo electrónico enviado por Catalá a Santiago Menéndez con las previsiones de cifras a liquidar por parte de las empresas extranjeras. 

La decisión de Hacienda de gravar a las operadoras radicadas fuera de España con más de 150 millones de euros fue recogida por la agencia estadounidense Bloomberg, que hizo notar que Codere, cliente de Equipo Económico y de cuyo consejo de administración formó parte Rafael Catalá, era la “principal potencial beneficiada”. El artículo desencadenó el rechazo del Ministerio de Hacienda, que solicitó a Bloomberg una rectificación, según consta en la causa. El medio estadounidense, lejos de corregir su información, la respaldó en un burofax enviado al ministerio, en el que volvió a hacer hincapié en el beneficio que la medida suponía para Codere.

Otro informe de los Mossos d’Esquadra recogido en la causa recoge un correo de Raquel Catalá enviado en abril de 2017 en el que propone a una trabajadora del ministerio para el puesto de jefa regional de aduanas. Según el informe, en mayo de 2019, cuando cambió de destino, la trabajadora ocupaba el cargo para el que Catalá la había propuesto.

Los Mossos citan este correo junto a otros cinco ejemplos bajo el epígrafe “Contratación de personas afines en puestos de relevancia dentro de la Administración”, de lo que se desprende que consideran a Raquel Catalá parte de la trama investigada. En ese email en concreto llama la atención la respuesta de Santiago Menéndez, que pide que “no le envíen ese tipo de correos”. 

Conversaciones de 2019 entre Juan Vicente Bonilla, el exagente de la UCO fichado por Ayuso para dirigir la seguridad corporativa del Servicio de Salud, y su confidente e investigado en la trama de los hidrocarburos, José Luis Caramés, hacen referencia a una posible interacción de los hermanos Catalá con las empresas investigadas en dicha trama. Según una información publicada por Canal Red y amplificada en X por José Luis Ábalos, Catalá ofreció a empresas de la trama hablar con su hermana Raquel, supuestamente para lograr un trato de favor de la AEAT. 

Sin embargo, tanto el artículo de Canal Red como el post de Ábalos presentan a Raquel Catalá como delegada especial de la AEAT de Madrid en 2019, cuando tuvo lugar la conversación que publica el medio. Pero en esa fecha y desde 2018, ese puesto lo ocupaba Soledad Fernández Doctor y no Raquel Catalá, que había sido cesada.  

En 2023, fuentes policiales explicaron a El País, que en la investigación sobre la red de influencias presuntamente creada por Montoro para favorecer legislativamente a empresas gasísticas, también se analizaban prácticas similares en sectores como el juego online. Las dos reformas legales llevadas a cabo por Hacienda y redactadas directamente por las empresas gasísticas, según esas fuentes de la investigación, no fueron las únicas que favorecieron a clientes de Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro.

Durante su primera etapa en el Gobierno, Cristóbal Montoro tuvo como subsecretario de Hacienda a Rafael Catalá, que ocupó el cargo de 2000 a 2002. Tras su cese, fue nombrado secretario de Estado de Justicia. Al llegar Zapatero al poder en 2004, Montoro y Catalá dejaron el Gobierno y emprendieron su andadura en el sector privado. 

Montoro fundó, en 2006, Equipo Económico, el despacho de abogados al que ahora se le acusa de favorecer en su segunda etapa en el Gobierno. Por su parte, Catalá fichó en 2005 por la casa de apuestas Codere, donde se mantuvo seis años en el consejo de administración. Pero los caminos de Montoro y Catalá no se separaron: antes de que ambos regresaran al Gobierno en 2011, Codere contrató a Equipo Económico, previa mediación de Catalá, según varios medios, para influir en la redacción de la ley de juego que preparaba el Ejecutivo socialista, de forma similar a lo que hicieron las empresas gasísticas, según el juzgado de Tarragona. 

A finales de 2011 el PP de Mariano Rajoy recuperó el Gobierno y Montoro el Ministerio de Hacienda, mientras que Catalá volvió al de Justicia, pero esta vez como ministro. En enero de 2013, tras poco más de un año en el cargo, Montoro estableció un impuesto especial para las empresas de apuestas radicadas fuera de España que ascendió a más de 150 millones de euros, como informó entonces Bloomberg. 

Para el medio estadounidense no pasó desapercibido el hecho de que Codere, al que se refirió como “una de las principales potenciales beneficiarias” de esta medida de Hacienda, que perjudicaba directamente a su competencia, formaba parte de la cartera de clientes del despacho fundado por Montoro, y del cual fue socio hasta 2012 Ricardo Montoro, hermano de Cristóbal. 

Las decisiones gubernamentales que afectaban al sector del juego no acabaron ahí. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, la última redactada por el PP, y firmada ya por el PSOE un mes después de asumir el gobierno, incluyó una rebaja fiscal del 50% de las tasas para las operadoras de juego con domicilio fiscal en Ceuta y Melilla, con el fin de atraer a las ciudades autónomas a empresas radicadas en Gibraltar y asustadas por la incertidumbre del Brexit. 

El sector del juego online, que de 2018 a 2024 ha duplicado sus beneficios pasando de 700 millones de euros a más de 1.400, aprovechó la decisión de Montoro. En 2023, las siete empresas con domicilio en Ceuta que más dinero facturaron fueron casas de apuestas. Codere no fue una excepción, y en 2018 cambió su domicilio social a Melilla, donde aún lo mantiene tras ampliar sus instalaciones el año pasado.

Tras su salida del Gobierno, Catalá recuperó su relación laboral con Codere, y fichó de nuevo como asesor de la empresa en julio de 2019. Desde entonces ha defendido en público el papel de las empresas de juego, “que crean empleo, pagan impuestos y desarrollan la economía de allí donde se sitúan”, y el de de Ceuta y Melilla por “diseñar un marco fiscal para atraerlas”, aunque lo cierto es que el marco fiscal lo diseñó su gobierno y no los de las ciudades autónomas. 

Rafael Catalá, que fuera exministro de Justicia entre 2014 y 2018, ha fichado como consultor senior de la firma de consultoría de comunicación Kreab y suma una nueva responsabilidad en su actividad privada desde su cese como ministro en junio del año pasado. Según datos del Portal de Transparencia consultados por Europa Press, Catalá recibió la autorización para ejercer esta nueva actividad profesional privada el pasado 19 de julio, ya que no se detectó ningún tipo de incompatibilidad con su pasado en la Administración.

No es la primera vez que Kreab solicita los servicios de un ex alto cargo del Gobierno, ya que el pasado mes de marzo contrató al que fuera secretario de Estado de Hacienda entre 2012 y 2016, Miguel Ferre, como consultor senior de política financiera para liderar y consolidar la práctica de regulación financiera en España.

Además, la consultora internacional de comunicación y asuntos públicos también cuenta entre sus filas con Eduardo Madina, como director de Kreab Research Unit, y con Xavier Cima, exconcejal y exdiputado del Parlament de Cataluña y marido de Inés Arrimadas, diputada por Ciudadanos.

Vuelta a la empresa privada

Tras cesar su responsabilidad como ministro de Justicia, en junio del año pasado, tuvieron que transcurrir apenas cuatro meses para que una compañía privada solicitara los servicios de Catalá, en este caso la anglosajona Herbert Smith Freehills, que lo contrató como miembro del consejo asesor. Esta firma dio entrada, de esta forma, a un nuevo exministro a su consejo, del que ya era miembro Josep Piqué. Catalá no firmó un compromiso de exclusividad con este despacho, que está entre las veinte firmas legales con mayor facturación en España.

En junio de este año, Rafael Catalá se convirtió en presidente de la sociedad Belagua, enseña a través de la que el empresario Antonio Catalán y otros grupos corporativos participan en AC Hoteles by Marriot (ACHM). La compañía explicó que el fichaje del exministro de Justicia buscaba "fortalecer las políticas de gobierno corporativo", además de posibilitar que Antonio Catalán dedique sus capacidades a su responsabilidad como presidente de ACHM.

También el pasado mes de junio fue la casa de apuestas Codere la que contrató a Catalá colaborador para ofrecer asesoramiento en la definición e implementación de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El exministro, nacido en 1961, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la Administración Pública, ha ocupado cargos de responsabilidad en los ministerios de Sanidad, Educación, Administraciones Públicas, Justicia y Hacienda.

La casa de apuestas Codere ha incorporado al exministro de Justicia Rafael Catalá como colaborador para ofrecer asesoramiento en la definición e implementación de una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del nombramiento, el que fuera ministro de Justicia durante los gobiernos de Mariano Rajoy fichó por Codere el pasado mes de junio con funciones no ejecutivas en el asesoramiento de relaciones institucionales.

Catalá ya fue secretario del consejo de administración de esta casa de apuestas entre 2005 y 2011, pero, según adelanta El Confidencial, ha vuelto a la empresa para mediar con los partidos políticos en la concreción de un entorno legal en torno al sector de las apuestas en el país.

Regulación del sector

De hecho, el acuerdo programático firmado el pasado mes de octubre entre PSOE y Unidas Podemos incluía una reforma del sector para la regulación de la actividad de las casas de apuestas, contemplando una regulación similar a la del tabaco.

Entre otros aspectos, las medidas reivindicadas por la formación morada y que el PSOE descartó en las últimas negociaciones para formar gobierno pasan por la colocación de un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía en la entrada de este tipo de establecimientos, la limitación de su proximidad a centros escolares o la restricción de bonos de bienvenida y de comida y bebida más barata.

En este sentido, el Congreso ya aprobó el año pasado una moción presentada por Unidas Podemos para regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas, evitando que se anuncien en medios de comunicación y que personajes reconocidos por el público sean imagen de las mismas.

Rafael Catalá Polo fue ministro de Justicia, nombrado por Mariano Rajoy en septiembre de 2014, en sustitución de Alberto Ruiz Gallardón, tras encabezar desde diciembre de 2011 la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, siendo el 'número dos' de Ana Pastor en el departamento.

Catalá Polo, nacido el 21 de junio de 1961, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la Administración Pública, ha ocupado cargos de responsabilidad en los Ministerios de Sanidad, Educación, Administraciones Públicas, Justicia y Hacienda.

Hasta su nombramiento como número dos de Ana Pastor en 2011, Catalá también desempeñó en Codere los cargos de secretario de los comités de Auditoría, Cumplimiento y Gobierno Corporativo.

El 26 de julio de 2002 fue nombrado secretario de Estado de Justicia, en sustitución de José María Michavila, designado ministro del departamento en el segundo mandato de José María Aznar.

Hace ya casi seis meses, el 4 de diciembre, caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El proceso naufragó en noviembre después de que el candidato del Gobierno socialista y del PP a presidir el Supremo y el órgano de gobierno de los jueces, Manuel Marchena, diese un paso atrás después de difundirse un mensaje de whatsApp enviado a dirigentes del PP por el portavoz conservador en el Senado en el que este se jactaba de que el acuerdo iba a permitirles el control de la Sala Segunda del Supremo. Ahora, Lesmes volverá a recordar a las Cortes que tienen pendiente cumplir con esta obligación legal.

Según ha podido saber infoLibre, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ aprovechará la respuesta que ultima a las propuestas de resolución del Pleno del Congreso a la memoria de las actividades de este organismo correspondiente al ejercicio 2016 para lanzar la advertencia.

Se trata del tercer aviso que Lesmes remitirá a la Cámara sobre esta materia. El primero data de agosto de 2018; el segundo, del pasado enero, cuando el plazo ya se había cumplido.

Con fecha del 3 de agosto, Lesmes remitió sendas cartas a los presidentes del Congreso y del Senado para trasladarles que el 4 de diciembre se cumplían los cinco años de la constitución del órgano de gobierno de los jueces y que debía iniciarse el proceso para la renovación de sus miembros.

"Adoptar las medidas necesarias"

Con este paso, el presidente del CGPJ estaba dando cumplimiento al artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que cuatro meses antes de la expiración del periodo debe remitir a los presidentes del Congreso y del Senado "los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo". El mismo artículo recoge la obligación de estos de "adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo".

La segunda llamada fue ya un toque de atención en toda regla porque el plazo había culminado. El CGPJ informó el pasado 10 de enero de que Lesmes había dirigido otras dos cartas a los mismos destinatarios para recordarles "su obligación legal de renovar el órgano de gobierno de los jueces". Sólo un día antes, el presidente del CGPJ había acudido al palacio de la Moncloa para entregar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las memorias anuales de las instituciones que están a su cargo.

"Habiendo transcurrido más de un mes desde dicha fecha [en alusión al 4 de diciembre] sin que se haya llevado a cabo por las Cámaras la designación de los nuevos vocales, creo necesario recordar que resulta legalmente obligado proceder a la renovación de este órgano en el plazo establecido por la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial", podía leerse. 

"Pronta adopción de medidas"

Lesmes concluía su carta "confiando en la pronta adopción de tales medidas".

En todos los casos, los receptores de los mensajes fueron Ana Pastor, en calidad de presidenta de la Cámara Baja y Pío García-Escudero, como presidente de la Cámara Alta. 

Ahora, tras la disolución de las Cámaras y la convocatoria electoral los actores han cambiado. Ambas instituciones están en manos de dirigentes socialistas: Meritxell Batet y Manuel Cruz, respectivamente. Tras la sesión constitutiva de Congreso y Senado de hace un par de semanas, la Mesa del Congreso está tomando decisiones en los últimos días sobre cuestiones relacionadas con los grupos parlamentarios, la ubicación de cada uno de ellos en el hemiciclo y la puesta en marcha de las diferentes comisiones parlamentarias. Fue el 20 de junio de 2018, hace ahora casi un año, cuando Lesmes compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta de las memorias del CGPJ de 2016. Una exposición en la que aportó también algunos datos de 2017 y 2018, según advirtió en su intervención.

En las palabras que dirigió a los miembros del citado órgano parlamentario, Lesmes ya recordó que expiraba su mandato y que esa sería su última comparecencia ante la Cámara como presidente del CGPJ. Además, avanzó que en semanas iba a activarse el mecanismo para proceder a la renovación. Cerró su comparecencia señalando a sus señorías que quedaba a la espera de recibir las propuestas de resolución que consideraran oportunas y subrayando que "como siempre" desde la institución procederían a "efectuar un detallado análisis y valoración de las mismas". Esa es la respuesta que trasladará próximamente al Parlamento.

El 20 de septiembre, tres meses después de esta comparecencia de Lesmas, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó las propuestas de resolución. Los grupos parlamentarios presentaron un total de 153, de las que se aprobaron 110. Como es habitual, son trasladadas al órgano de gobierno de los jueces en forma de recomendaciones.

Por grupos parlamentarios, se aprobaron 16 del Socialista, 13 del Popular, 22 de Unidos Podemos, 19 de Ciudadanos, nueve de ERC, 28 del PNV y tres de Compromís, integrado en el Grupo Mixto.

Muchas de las propuestas de los grupos iban encaminadas a mejorar la formación y los medios que tienen a su disposición los jueces y a reducir la brecha de género.

Cosidó y el whatsApp que hizo volar el acuerdo por los aires

El 12 de noviembre saltaba la noticia. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena, iba a ser el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en virtud de un pacto alcanzado por el Gobierno socialista y por el Partido Popular de Pablo Casado. El anuncio se hizo desde Presidencia del Gobierno. Todo se torció días después, cuando elespañol.com publicaba un mensaje de whatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a algunos parlamentarios de la Cámara Alta. 

Cinco días después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, el dirigente conservador consideraba que, con el pacto alcanzado, su partido controlaría "la Sala Segunda desde detrás". Esta sala es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno.

En el mensaje, Cosidó explicaba que "el pacto previo" con el PSOE daba al PP diez vocales, mientras que el PSOE obtenía once: diez más la presidencia. "Con otras palabras", continuaba el todavía portavoz del PP, "obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [en alusión a Manuel Marchena], un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61".

Tras la difusión de estos polémicos mensajes, Marchena renunció a la presidencia del Poder Judicial. "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", recalcaba el magistrado en una carta que hizo pública.

Pablo Casado llegó a la presidencia del Partido Popular a finales del pasado julio tras ganar a Soraya Sáenz de Santamaría en la última fase del congreso extraordinario que Mariano Rajoy puso en marcha tras perder la moción de censura. En el primer aniversario de esa moción de censura, un buen puñado de dirigentes clave de esta etapa de Rajoy ya no forman parte de la primera línea de la política. Han dado el salto al sector privado.

En la campaña que le condujo hacia la victoria en el congreso, Casado insistió mucho en la idea de que si él ganaba, nadie perdía. Pero no es ningún secreto que la mayoría de quienes se han ido en los últimos meses del partido han dado el paso porque no han encontrado acomodo en el nuevo PP. "Lo de que si ganaba nadie perdía era más un lema que un propósito", subraya un exdirigente conservador.

El exministro de Justicia Rafael Catalá, que apoyó a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el congreso extraordinario, ha sido el último hasta la fecha en anunciar que deja la política. 

El anuncio lo hizo esta última semana en una rueda de prensa ofrecida en la sede del PP de Cuenca. Catalá se presentó a las generales como número uno por esta circunscripción. "Necesitamos personas nuevas, proyectos renovados, ilusionantes. Tras tantos años de servicio público no me siento ahora con la ilusión para liderar ni con la energía que hará falta en este proyecto", dijo.

En los comicios generales, en Cuenca los conservadores se hicieron con un escaño y el 26,79% de los votos. En 2016 fueron dos las actas obtenidas y el 45,75% de los apoyos.

A partir de ahora, Catalá se volcará en su actividad privada. Desde noviembre de 2018, el exministro tenía autorización para tres actividades diferentes: miembro de la Fundación Atlético de Madrid, consultor en la firma Herbert Smith Freehills y el ejercicio de la abogacía en su calidad de colegiado en Madrid.

Un goteo constante de bajas...

La primera gran baja en la etapa de Casado fue la de Soraya Sáenz de Santamaría, que perdió de forma clara el congreso extraordinario de julio. La exvicepresidenta dejó pasar el verano para reflexionar sobre su futuro y el 10 de septiembre anunció que se apartaba.

En un comunicado, la mujer con más peso en los Gobiernos de Mariano Rajoy anunció su decisión de "abandonar la actividad política y emprender otra etapa".

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en el despacho de abogados Cuatrecasas.

"Es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como mi familia y para mí", justificó. En marzo se anunció su fichaje por el despacho de abogados Cuatrecasas y su entrada en el consejo de administración de la firma. Abogada del Estado, Sáenz de Santamaría lidera en este despacho la práctica de Corporate Governance y Compliance.

"Los abogados de vocación tenemos la fortuna de poder servir a la sociedad y al estado de derecho en diversos ámbitos. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magnífico equipo de profesionales de Cuatrecasas, de cuya experiencia espero seguir aprendiendo los próximos años", destacó la protagonista en su vuelta al sector privado.

El adiós de Cospedal... empujada por los audios de Villarejo

El pasado 5 de noviembre, la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal renunciaba a su puesto de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional. De momento, mantenía su escaño en el Congreso, su cargo de presidenta de la Comisión de Exteriores y un puesto en la Diputación Permanente de la Cámara, el órgano parlamentario que desempeña las funciones del pleno fuera del periodo ordinario de sesiones.

La renuncia llegaba tras días de filtraciones de conversaciones entre ella, su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Conversaciones en las que encarga al agente dossieres sobre el dirigente del PP Javier Arenas o Alejandro Rubalcaba, hermano del exministro del Interior fallecido hace unas semanas.

Cospedal, en el hemiciclo del Congreso. EFE

La presión, unida a que la dirección del PP marcó claras distancias con ella, provocó que dos días después Cospedal renunciase también a su escaño. En un comunicado, difundido desde su perfil de la red social Twitter, Cospedal enmarcaba la decisión en el contexto de "liberar al PP de cualquier ataque". Y en el de que su partido se sienta "libre" a la hora de "denunciar" la situación que vivía un Gobierno como el del socialista Pedro Sánchez, "con dos ministros cesados y otros cuatro seriamente cuestionados, respecto a los cuales la vara de medir parece ser muy distinta".

Pocos meses después, en enero se supo que había reingresado en la Abogacía del Estado y su nuevo destino estaba en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Otro de los miembros del Gobierno de Rajoy que ha sido baja en el PP de Casado ha sido la exministra de Empleo Fátima Báñez. Sobre su marcha hay dos versiones tan antagónicas como contradictorias. En Génova aseguran que no quiso escuchar ofertas; en su entorno mantienen que se sintió apartada. Y más allá de las opiniones la realidad es tozuda: el número uno del PP al Congreso por la provincia de Huelva, la circunscripción de Báñez, ha sido Juan José Cortés, padre la la niña Mari Luz, asesinada en 2008, y uno de los símbolos de la defensa de la Prisión Permanente Revisable.

"He comunicado al presidente del PP y del PP andaluz mi decisión de iniciar una nueva etapa en el ámbito privado. He trabajado estos años con la máxima entrega por España y por el PP. Donde esté, seguiré sumando con el mismo compromiso. Gracias Huelva, gracias España", escribió en Twitter el pasado 15 de marzo.

Sólo dos días antes, el hombre que había sido portavoz del Gobierno en la última etapa de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaba que se apartaba de la política.

Como Báñez, el también exministro de Educación se había decantado por Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de sucesión que tuvo lugar el verano pasado.

José Luis Ayllón fue otro de los puntales de los gobiernos de Mariano Rajoy y otro de los principales apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario. Primero fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; después, director de gabinete de Rajoy. El pasado 20 de mayo, menos de un mes después de las generales y a pocos días de las autonómicas y municipales, Ayllón decía adiós a la política. Su nuevo destino es la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), donde se ha incorporado como responsable del Área de Contexto Político.

Del mismo grupo que Ayllón es Álvaro Nadal, exministro de Energía y exresponsable de la Oficina Económica de la Moncloa. Nadal también está ya fuera de la primera línea de la política y su destino está en Londres, para ocupar su plaza de Técnico Comercial y Economista del Estado.

La presentación de su libro, Lo que no son cuentas son cuentos (Deusto), congregó en Madrid el pasado 20 de mayo a gran parte del marianismo, con el propio Rajoy a la cabeza.

En una entrevista concedida al diario El Mundo, Nadal cargaba contra los argumentos de integración de Casado. "No es verdad lo que dice Casado de que se ha integrado el que ha querido. Ha prescindido del equipo económico de Rajoy", señalaba. Él es uno de los ejemplos, pero también Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de Rajoy, que se quedó fuera de las listas.

¿Hacia un equipo más "plural"?

A Casado se le critica por no haber hecho nada para evitar muchas de estas fugas en los últimos meses. Y por haber hecho un equipo muy a su medida prescindiendo de perfiles que tenían mucho que aportar. Los ganadores han sido personas ideológicamente mucho más conservadoras que quienes trabajaron codo a codo con Rajoy. Personas que se han caracterizado precisamente por ser muy críticas con el expresidente Rajoy y muy identificadas con el aznarismo.

Este diario ha informado de que sectores del PP esperan que, tras este intenso ciclo electoral, Casado introduzca cambios en el dirección del partido que trasladen la idea de que quiere que el partido se abra al centro. Esta cuestión fue uno de los argumentos que sobrevoló en la tensa reunión que el presidente del PP mantuvo el pasado lunes en Génova con los barones territoriales del partido. 

En el partido existe preocupación por los nombramientos que están por venir. Casado tiene pendiente elegir al portavoz en el Congreso. Los barones creen que apostar por Cayetana Álvarez de Toledo sería un error porque daría un mensaje contrario al giro al centro que creen necesario para que el partido vuelva a ganar elecciones generales. De momento, el jefe de los conservadores no ha descartado a la que fue número uno por Barcelona en las generales. Y es más: hay quienes creen que, tras los resultados de las municipales y autónomicas, ha ganado autoridad para seguir adelante con su apuesta. Es paradójico. Pero donde los barones del PP ven un giro al centro [en la campaña del 26M], Casado no ha visto cambio alguno.

"¿Qué es Herbert Smith Freehills?". Con esta pregunta ha interpelado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al exministro y ex secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, durante la comisión de investigación que analiza las circunstancias en las que se produjeron el accidente de Angrois en julio de 2013. "Una firma de abogados de origen inglés que tiene sede en España", ha respondido el exministro, quien finalmente ha confirmado su pertenencia a la misma desde enero del presente año. Pese a tratarse de una empresa especializada en asesorar al consorcio español en alta velocidad y la "firma de abogados que defiende a la aseguradora de Renfe y Adif en el accidente de Angrois", el conservador ha rechazado tajantemente la existencia de una puerta giratoria y de un conflicto de intereses con su entrada en el bufete.

"¿No le chirría a usted que sea fichado por este bufete de abogados especializado en alta velocidad y que usted niegue desde el minuto uno que [el tren accidentado] sea de alta velocidad?", ha lanzado el diputado, para a continuación recalcar que se trata de "una puerta giratoria como una casa" que en este contexto resulta "aún más grave". Al respecto, Catalá se ha limitado a señalar que sus primeras declaraciones asumiendo que el tren no era de alta velocidad datan del año 2013, mientras que su fichaje en la firma apenas tiene un mes. Además, ha insistido en subrayar que cuenta con el aval de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Alexandra Fernández, diputada de En Marea, le ha preguntado si "éticamente cree que hay un conflicto de intereses". Catalá ha vuelto entonces a desvincular sus declaraciones de 2013 con su actividad profesional de 2019. "Las leyes son muy exigentes, los plazos, los tiempos, los he cumplido sobradamente", de manera que "no hay ninguna incompatibilidad formal", ha reiterado.

También Catalá ha asegurado que desde el Ministerio de Fomento en ningún momento se trasladó la responsabilidad del siniestro al maquinista y ha destacado que siempre respetaron desde el ministerio la investigación judicial y técnica por lo que no quisieron anticipar orígenes y causas. Durante su intervención, recoge Europa Press, ha vuelto a recalcar que el tren no funcionaba con los estándares de alta velocidad. "A nosotros nos dijeron los técnicos que un sistema de alta velocidad se compone de elementos como un tipo de vías, formación, etc., y el 24 de julio no funcionaba en modo de alta velocidad; y eso fue lo que dijimos", ha apostillado.

En este punto, ha señalado que hoy actuaría igual que lo hizo en ese momento y ha subrayado que se pusieron en marcha "las capacidades del departamento para que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hiciera bien su trabajo". Preguntado sobre si pedirá perdón a las víctimas por su actuación, ha señalado que puesto que hay procesos abiertos sobre el accidente, cuando se conozcan sentencias y conclusiones, quien deba pedir perdón deberá hacerlo.

Vamos ganando “los buenos”, pero cualquiera que haya atravesado un trance similar sabrá también que incluye molestias agudas seguidas de rápidos accesos febriles que precisan un chute de sedación analgésica que te transporta a veces a un estadio semiajeno al mundo real, en el que uno ve y escucha cosas extrañas, o bien te resultan normales escenas que son imposibles.

Hay un personaje de los últimos Episodios Nacionales de Galdós, Tito Liviano, a quien en fases febriles se le aparecen las Efémeras, unos espíritus imaginarios que le transmiten informaciones (ciertas y falsas) sobre la actualidad de la época. Las Efémeras hoy acuden al lecho del dolor por la vía de la prensa digital, a través de TwitterEfémeras, la radio de fondo, algún rato de telenoticias…

Pónganse en mi lugar. En poco más de diez días, las Efémeras me han traído titulares de esta guisa:

De los mítines y entrevistas en la campaña andaluza he escuchado cosas que ustedes no creerían. Y hasta he llegado a ver al candidato del PP a la presidencia hablando con una vaca a la que pedía el voto. Pero me ha dicho el urólogo que eso son imaginaciones mías.

Algún rato de supuesta lucidez me ha llevado a pensar que, efectivamente, lo lógico sería que la mayor parte de esos titulares nacieran del desvarío. Porque de ser reales (como constato a medida que me voy recuperando), cada uno de ellos me lleva a alguna otra reflexión. Por ejemplo:

La velocidad febril a la que se fabrican y se reciben titulares no debe desviarnos de los retos de mayor calado. Es evidente que las tuberías de nuestro sistema democrático también contienen pedruscos que lo atascan, lo bloquean y desgastan su prestigio y su eficacia. Afectan a la política, a la Justicia, a los medios… a todas las instituciones de intermediación. Pero sería un error pensar que la responsabilidad es exclusivamente de los Cosidó, los Marchena, los Rufián, los Casado, los Rivera, los Sánchez, los Iglesias o los eméritos. O que las soluciones pasan por nuevos hiperliderazgos personales o por entregar las herramientas democráticas a los expertos, sustituyendo la política representativa por la tecnocracia.

Vivimos tiempos complejos, en los que nuestro primer reto debería ser el de “comprender la democracia”, como acertadamente titula el filósofo Daniel Innerarity un lúcido librito que abre la serie de ensayos '+Democracia’, y que concentra algún principio activo para frenar la infección. “Las soluciones han de ser institucionales y procedimentales”, sostiene el autor, y advierte de que no basta con achacarlo todo a la "democracia de los incompetentes", sino que la propia ciudadanía tiene (tenemos) la responsabilidad individual y compartida de recuperar el valor de la política y de "fortalecer la organización institucional de la inteligencia colectiva". Dicho de otra forma: debemos abordar reformas que garanticen que, si cualquier imbécil, aprovechado o iluminado llega al poder a través de las urnas, haga el menor daño posible al sistema.

El Partido Popular hizo esfuerzos este martes para enmarcar su acuerdo con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el campo de la "responsabilidad". También, para vender que el reparto, en el que salen perdiendo –11 vocales progresistas frente a 9 más el presidente conservadores– no es tan malo para ellos como puede desprenderse de los números. Fuentes del partido liderado por Pablo Casado consultadas por infoLibre se muestran convencidas de que la "autoridad" del presidente acordado, Manuel Marchena, hará que el bloque de izquierda no vote siempre en bloque. Confían, pues, en que del pacto no fructifique un Poder Judicial "hostil" para el PP.

"No nos engañemos. Pese a todo lo que se dice y todo lo que se escucha, los vocales no tienen por qué votar en bloque", defiende un dirigente nacional.

Además de hacer esfuerzos para trasladar a sus militantes y cargos públicos la idea de que el acuerdo con el PSOE es bueno para el PP, la dirección de los conservadores tiene que hacer frente a las críticas de Ciudadanos.

La formación liderada por Albert Rivera considera "una vergüenza" que los miembros del Poder Judicial se nombren a dedo desde Ferraz, Génova y la sede de Podemos. Nada más conocerse el acuerdo entre PP y PSOE a primera hora de la mañana del lunes, el líder del partido naranja culpó a Casado de haber aceptado que Podemos "tenga la mayoría" en el órgano de gobierno de los jueces. Una afirmación que, por otra parte, no se corresponde con la realidad ya que Podemos aún está negociando su posible apoyo al pacto entre PSOE y PP y, como máximo, se ha planteado que proponga 4 de los 20 vocales.

La "pataleta" de Ciudadanos

Los conservadores lamentan la "pataleta" de Ciudadanos pero vaticinan que las acusaciones van a tener "poco recorrido" dado que el 4 de diciembre las Cámaras tienen que haber aprobado los nombramientos. "Es política. Ahora les toca hacer bandera de la independencia del Poder Judicial. Y a nosotros nos toca ser responsables porque somos un partido de Gobierno y recordar que estamos cumpliendo con una de las funciones del Poder Legislativo".

Este martes, el exministro de Justicia y secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Rafael Catalá, pieza clave en las negociaciones con el PSOE lamentó que Ciudadanos esté "rozando el populismo" en esta cuestión. "Esto es el funcionamiento de una democracia; negarlo y hacer discursos populistas no ayuda en nada", señaló.

Como hicieron otros dirigentes conservadores, Catalá insistió en que el "liderazgo" de Marchena "es reconocido por todos".

Las fuentes del PP consultadas se dicen convencidas de que "el grueso" del partido comparte el pacto sellado con el PSOE. "Puede haber quién piense que habría que haber peleado por mantener la mayoría o dilatar los plazos a la espera de la sentencia del procés. Pero los plazos son los que son y no estamos para contribuir a la inestabilidad", señala un dirigente nacional.

Uno de los efectos del acuerdo es que Manuel Marchena, hasta ahora presidente de la Sala Penal del Supremo, ya no será el encargado de redactar la sentencia que afecta a los líderes independentistas. "El caso sigue en manos del Supremo. No cambia nada", valora un veterano diputado.

Los conservadores defienden que, pese a no tener mayoría en el Congreso, tienen un número importante de diputados. Y recuerdan que sí la tienen en el Senado y que este escenario les ha permitido "jugar muy bien las cartas" en unas negociaciones que arrancaron el pasado agosto, en la primera y única reunión que han mantenido Pablo Casado y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ejemplo de esas cartas "bien jugadas" ponen el hecho de que Marchena vaya a presidir la institución. En este sentido, fuentes conocedoras del proceso que condujo al acuerdo recuerdan que el PSOE no veía con buenos ojos ese punto y que no había nada que garantizase que esto fuese a ocurrir así. De hecho, la escenificación ha indignado a los jueces porque la designación de la primera autoridad judicial es competencia de los 20 nuevos vocales del CGPJ. Y ni siquiera estos han sido ya elegidos por Congreso y Senado.

El CGPJ está compuesto por 20 vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales entre jueces y juristas de reconocida competencia. Su presidente, que es a su vez Presidente del Tribunal Supremo, es designado por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva. 

En sectores del PP no ocultan su preocupación por el hecho de que el juez José Ricardo de Prada, clave en la sentencia de Gürtel, esté entre en la terna de los vocales progresistas. Otras fuentes lo interpretan como una especie de "patada hacia arriba" que no ha de preocupar en exceso.

El calendario

El Congreso calcula que la votación de los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces será el jueves 22 de noviembre. Un día antes se examinaría a los juristas propuestos por socialistas y conservadores.

Mientras, la Mesa del Senado ha previsto ya un calendario para renovar a los miembros del CGPJ que le corresponde elegir y cuyo mandato concluye el 4 de diciembre, plan que incluye un Pleno de votación final para ese mismo día 4 o la víspera, el 3 de diciembre. Se convocará de forma extraordinaria y con ese único punto del orden del día.

El exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, ha afirmado que no le ve "ningún mérito" al juez José Ricardo de Prada para que sea nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), pero ha insistido en que el PP "no vetará" a ninguna persona y que es al PSOE al que le corresponde dar explicaciones al respecto de los vocales que propone para el órgano de gobierno de los jueces.

"Si el señor Ricardo de Prada va a estar en el Consejo en vez de la Audiencia Nacional tendrá que explicarlo el PSOE", ha sentenciado Catalá en una entrevista en COPE, insistiendo en que el magistrado que juzgó la trama Gürtel, y al que se le atribuyen las frases mas duras de la sentencia, no es la persona más indicada para unirse al Consejo.

Preguntado si el nombramiento del juez Manuel Marchena, para convertirse en el presidente del Tribunal Supremo y presidente del CGPJ, que iba a presidir el tribunal del juicio del procés puede influir en este caso, inclinando la balanza hacia el delito de sedición y no de rebelión, el dirigente 'popular' ha afirmado que se trata de una decisión "muy valorada" y que no va a suponer cambios en el juicio. "El hecho de que la sala se configure con otra composición no corre ningún riesgo, porque no es un tema de personas", ha asegurado Catalá, tras saberse .

A juicio de Catalá, en el caso de la Abogacía del Estado sí ve influencia política, afirmando que "ha recibido instrucciones". Por contra, el exministro considera que la Fiscalía del Supremo, en este caso, "está impecable, con firmeza, desde el primer escrito hasta el último". Catalá ha recordado que el sistema para renovar el CGPJ es democrático y que se practica en otros países con "total normalidad", por lo que ha pedido a Ciudadanos, que ha sido muy crítico las últimas jornadas con la forma de elegir al Consejo, que "deje de propugnar que no se cumplan las leyes".

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que el partido "pasa página" con la marcha de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que anunció el miércoles que deja el escaño en el Congreso de los Diputados tras aparecer en los audios del excomisario José Manuel Villarejo implicada en una supuesta trama de espionaje político. "¿Si me parece adecuado espiar a un compañero? No, tajante", ha asegurado Maroto en declaraciones en Onda Cero recogidas por Europa Press, haciendo referencia a las grabaciones publicadas por el diario Moncloa.com que apuntan que Cospedal encargó investigar a Javier ArenasJavier Arenas.

Según ha defendido, la decisión de Génova es "pasar página con todas las consecuencias", asumiendo que el caso de Cospedal no puede poner en entredicho los pilares del proyecto del partido. Preguntado por si la marcha de Cospedal responde a una exigencia de la dirección nacional, Maroto ha defendido que la decisión de Cospedal de dejar el escaño ha sido fruto de "su reflexión personal". "Ha confesado su equivocación y comparte los valores del PP", ha alegado.

El dirigente del PP ha defendido que el proyecto del PP liderado por Pablo Casado se basa en la "limpieza", "honestidad" y "transparencia", por lo que, a su juicio, en el caso que afecta a la ex número dos del partido "no valen medias tintas" ni "mirar para otro lado". "Además de palabras tiene que haber hechos, la honestidad y limpieza no es una opción para el PP de Casado sino una obligación", ha recalcado Maroto, diciendo que actitudes contrarias a estos valores "no caben" dentro del partido.

Cospedal no ha informado al PP de más reuniones

Con respecto a la posibilidad de que salieran más grabaciones de Cospedal con Villarejo, Maroto ha explicado que en la reunión que mantuvo Cospedal con la dirección del partido ella no ha informado de que mantuviera más encuentros con el excomisario. "No ha trasladado que existan más reuniones", ha zanjado Maroto, asegurando que Cospedal ya ha explicado el alcance de las reuniones con Villarejo.

Sobre si los pilares que ahora defiende el PP no eran los que representaban al partido en la etapa de Mariano Rajoy, el vicesecretario general ha admitido que los votantes han penalizado la reacción del PP ante casos de corrupción, de ahí que la nueva dirección haya decidido actuar. "También lo dije en mi etapa anterior: la importancia de la contundencia, la firmeza y reaccionar a tiempo. Creo que eso, que son palabras, se conforman en los hechos", ha subrayado.

Las advertencias de Casado

El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró este jueves que no va a tolerar "ningún comportamiento que no sea ejemplar" y será "absolutamente inflexible" ante cualquier irregularidad, "sea quien sea" la persona afectada.

Así se pronunció en declaraciones ante los medios de comunicación, en el Congreso del PPE que se celebra en Helsinki (Finlandia).

Ante la contundencia con la que se expresó su 'número tres', Javier Maroto, asegurando que el PP "pasa página" con la salida de Cospedal, Casado señaló que su responsable de Organización y él mismo se han "caracterizado siempre" por defender las siglas del PP, pero también por "exigir responsabilidad y ejemplaridad" a los miembros del partido que "hubieran podido hacer algo mal".

Sáenz de Santamaría ve al PP con distancia

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que ve con distancia la actual situación del PP, tras el abandono de la política de Cospedal, y ha asegurado que está centrada en su nueva etapa como consejera de Estado. En una conversación informal con periodistas, momentos antes de tomar posesión en el Consejo de Estado, ha dicho que ahora ve "con distancia" la situación del PP, tras ser preguntada por el abandono de la política de Cospedal, y ha añadido que además "así es como tiene que ser".

Moreno ve a Cospedal "responsable y sensata"

El presidente del PP-A y candidato de la Presidencia a la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que Cospedal, ha sido siempre una persona "responsable y sensata" y que respeta su decisión "personal" de renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados. "Ella ha tomado una decisión de abandonar casi en la práctica la vida política, deja el Comité Ejecutivo del PP y su escaño. Siempre ha sido una persona responsable y sensata, y ha tomado la decisión que ella considera sensata y responsable", ha afirmado Moreno.

Catalá afirma que no se ha demostrado 'ninguna actividad ilegal'

El secretario de Justicia del PP, diputado nacional y exministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este jueves que la exsecretaria general de su partido ha protagonizado un "ejercicio de generosidad" al renunciar a su escaño, defendiendo que no ha sido "demostrada ninguna actividad ilegal" durante su labor en dicho cargo y asegurando que ella sólo intentó "tener información de si se estaban produciendo algunas actuaciones irregulares". Por eso, ha expresado su "sensación de tristeza", porque el PP "pierde a una extraordinaria dirigente".

Zoido: 'Hoy es un día triste'

El exministro del Interior y cabeza de lista del PP por la provincia de Sevilla al Parlamento andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que es un "día triste" ante el anuncio de la exsecretaria general del PP. "Ha demostrado su altura de miras y su generosidad", ha afirmado Zoido, que ha participado en Sevilla en unas jornadas con colectivos del ámbito de la Justicia.

Las siete asociaciones judiciales y fiscales han convocado oficialmente una jornada de huelga general el próximo 19 de noviembre y advierten al Ministerio de Justicia que si antes de ese día no hacer llegar una oferta sobre sus reivindicaciones profesionales y salariales volverán a citar a jueces y fiscales para realizar "nuevas medidas de presión" en las semanas siguientes.

El pasado 25 de octubre, Juezas y Jueces por la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales --a la que pertenece la ministra de Justicia, Dolores Delgado-- y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales anunciaron la convocatoria a este paro en reivindicación de más medios para la justicia y más garantías de independencia.

Este lunes, las asociaciones afirman en un comunicado conjunto que ya se ha constituido el Comité de Huelga y han avisado al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Autoridad Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la huelga del próximo 19 de noviembre.

Asimismo, advierten que esta movilización puede que no sea la última, pues "si llegado el día no existen respuestas adecuadas, podrán convocarse nuevas medidas de presión en las semanas siguientes", aseguran.

La justicia "sigue igual de denostada"

El comunicado explica que las razón principal para esta nueva convocatoria es que "la Justicia sigue igual de denostada". Tras diversas reuniones con los responsables del Ministerio de Justicia y "una vez expirados los plazos dados por ambas partes para tener respuestas concretas, todo continúa igual", aseguran.

En este sentido, la nota detalla que en el proyecto de presupuestos para 2019 no se aprecian que "las partidas para Justicia y salarios de jueces y fiscales aumenten". Asimismo, destacan que la Mesa de Retribuciones se reunió el pasado 27 de septiembre y que "se ha intentado subvertir en un organismo burocrático vacío de contenido, con una clara finalidad obstructiva y nada práctica cuando, precisamente, debería ser lo contrario".

Por todo ello, las siete asociaciones que representan a las carreras judicial y fiscal han vuelto a retomar "la senda de las protestas y medidas de presión, con el exclusivo fin de conseguir que la Justicia alcance el papel que se merece en un auténtico Estado de Derecho".

Ya hicieron huelga en mayo

Las asociaciones ya fueron a la huelga el pasado mes de mayo ante el "incumplimiento y falta de atención" por parte del anterior gabinete ministerial dirigido por Rafael Catalá, una movilización en la que participó Delgado. La huelga estuvo precedida por jornadas de paros parciales en respuesta "al desprecio y dejadez" hacia sus peticiones, destacan las asociaciones.

Con el cambio del Gobierno, las asociaciones manifestaron a la nueva titular de Justicia, Dolores Delgado, su "lealtad y compromiso", pero hicieron hincapié en que sus reivindicaciones seguían intactas, y que éstas han sido recientemente apoyadas por los jueces decanos, en un encuentro que celebraron en Melilla.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga una denuncia contra el Colegio de Registradores de España presentada por una empresa informática, Futuver, que lo acusa de “utilizar sus funciones públicas para intervenir en el mercado privado”, de forma que, suministrando su software para gestionar los registros de la propiedad “a precio muy inferior al coste” está “echando” a las firmas del sector. El propósito del Colegio, asegura la empresa denunciante, es “consolidarse como el único proveedor en España de soluciones informáticas para la gestión de los registros”.

La denuncia fue presentada el 22 de noviembre de 2017 y la resolución del expediente abierto es “inminente”, según las fuentes consultadas por infoLibre, tras llevar a cabo la CNMC la correspondiente investigación. Según Futuver, el Colegio provee a los registros de la propiedad un software que compite con las aplicaciones que desarrollan empresas privadas. Pero como el organismo utiliza “otros ingresos” para sufragar el coste del desarrollo y mantenimiento de su aplicación, puede suministrar el programa informático a precio por debajo de coste, lo que impide a las empresas privadas competir en igualdad de condiciones. Tampoco se permite a estas firmas suministrar a los registros actualizaciones y otros avances tecnológicos, asegura Futuver, que se presenta como la única empresa especializada que continúa activa. “En el año 2000 existían en España seis empresas dedicadas a proporcionar software de gestión a los registros de la propiedad, pero la política agresiva del Colegio para monopolizar la información pública de los registros, recrudecida durante los últimos cinco años, ha eliminado del mercado a todos los competidores”, explica un portavoz de Futuver. La firma dice que ha sobrevivido gracias a la exportación de sus productos a Latinoamérica.

El Colegio de Registradores no ha querido hacer comentario alguno a este periódico sobre la denuncia y el expediente abierto por la CNMC.

Futuver y los registradores mantienen desde hace años una conflictiva relación a cuenta del programa informático de los registros, en la que se vio implicado el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque pueda parecer un asunto menor, el contrato para suministrar el sistema electrónico integrado que comparten el millar de registros de España estuvo a punto de provocarun cisma en el propio Colegio y fue parte nuclear del enfrentamiento que la mayoría de los registradores mantuvieron con el Ministerio de Justicia desde que éste anunció la reforma de los registros y la integración del Registro Civil.

Contrato opaco

Pero las relaciones entre Futuver y el Colegio no siempre han sido hostiles. De hecho, buena parte de los registradores veían en la reforma y en la adjudicación del sistema informático, que denunciaban por opaca, una maniobra para beneficiar esta empresa asturiana. A Futuver la relacionaban con los registradores que trabajaron desde 2012 hasta 2014 en la Dirección General de los Registros, así como con una asociación profesional denominada Arbo y, finalmente, con Enrique Rajoy, hermano del entonces presidente del Gobierno y también registrador como él.

El concurso del sistema informático fue negociado y sin publicidad, y no lo convocó el Ministerio de Justicia sino el de Defensa, a través de una de sus empresas, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe). El importe nunca fue hecho público, pero llegó a hablarse de 40 a 80 millones de euros. Isdefe lo adjudicó a Indra y Telefónica. Futuver no se presentó, pero esperaba entonces que alguna de estas grandes compañías la subcontratara porque “ya tenía el trabajo adelantado”, explicó en ese momento un portavoz de la empresa a este periódico. Incluso reconoció que había enviado a Indra una oferta con sus productos y servicios como especialista en software registral La empresa siempre negó tener relación alguna con el equipo al frente entonces de la Dirección General de los Registros y el Notariado o con el hermano de Rajoy y los registradores de Arbo.

Ese equipo fue desmontado cuando Alberto Ruiz-Gallardón dimitió en septiembre de 2014 tras retirar Rajoy la reforma de la ley del aborto que el ministro había impulsado. Su sucesor, Rafael Catalá, no llegó a formalizar el contrato y ordenó al Colegio que desarrollara la plataforma tecnológica, aprovechando el trabajo ya realizado por Isdefe, Indra y Telefónica –“las especificaciones técnicas del contrato”–. Desde entonces es el departamento de informática del propio Colegio el que se ocupa de diseñar las aplicaciones necesarias para el trabajo de los registros.

Expedientes de nacionalidad

Futuver también fue la empresa encargada por el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, de la puesta al día de los expedientes de nacionalidad, que acumulan un considerable retraso en su tramitación. Al mando de ese proyecto el ministerio puso a un registrador, Javier Angulo, hasta ese momento administrador solidario de Futuver Rumanía SRL, antigua filial de Futuver Consulting SL, lo que también suscitó el recelo de un sector de los registradores. Hoy en día, el colegio no tiene ya ninguna aplicación informática desarrollada por esta empresa asturiana, cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira. Creada en 1997, se dedica a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Su aplicación Futureg funciona en una buena parte de los registros de España. También ha informatizado los registros de México DF y Panamá.

En 2014, CCOO denunció ante la Fiscalía General del EstadoCCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al entonces director general del Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la propiedad en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) y el segundo, mercantil en Zaragoza.

Según el sindicato, el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación con la que pretendía resolverse un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Javier Angulo fue el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. “No hay otra empresa que disponga de una solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalcaba en el documento. Futuver niega cualquier trato de favor y asegura que por la aplicación para gestionar los expedientes de nacionalidad sólo se le pagaron 600.000 euros.

Cuantificada en 180.000 euros, esa aportación se tradujo en que un piso de 73 metros cuadrados con una terraza de 15 y una plaza de garaje de 16,8 metros cuadrados, todo ello ubicado en Denia dentro de una urbanización de lujo a pie de playa, saliera del patrimonio de los socios como personas físicas para integrarse en el activo de Pocat como entidad jurídica. La consecuencia más inmediata, coinciden todos y cada uno de los expertos consultados por infoLibre, fue que el matrimonio se liberó de la obligación de tributar por ese piso con garaje en sus declaraciones de IRPF. 

El lunes, este periódico hizo notar a los portavoces de Catalá en el PP que la información facilitada por el Registro de la Propiedad confirma que la adquisición del piso de Denia por parte de Pocat obedeció a un "aumento de capital" escriturado el 21 de octubre de 2008 y les pidió que preguntasen al exministro sobre el porqué de esa maniobra. Las fuentes consultadas respondieron horas más tarde: "Catalá declina hacer cualquier comentario". 

La posibilidad de que el exministro carezca de información sobre los entresijos de un traspaso de titularidad como el enunciado se perfila lejana. Catalá no solo es abogado sino administrador civil del Estado, un auténtico cuerpo de élite del funcionariado español adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y su hermana Raquel ha dirigido entre enero de 2012 y julio de este año la potente Delegación Especial Tributaria de Madrid.

Sus portavoces se habían limitado el viernes a señalar por escrito lo siguiente en relación a Pocat. "Dicha sociedad, a diferencia de lo declarado por el ministro [Pedro] Duque respecto de la suya, no fue constituida para comprar ninguna vivienda. En las declaraciones de bienes del señor Catalá se consignan en el patrimonio de la citada sociedad dos viviendas, un apartamento en Madrid y otro en Denia, dedicados ambos al alquiler, que no autoalquiler".

En 2012, cuando Catalá se incorporó al Gobierno de Mariano Rajoy como secretario de Estado de Fomento y dejó de "prestar servicios profesionales a través de la sociedad", la cifra neta de negocio de Pocat se desplomó. De los 145.000 euros contabilizados en 2008 cayó a 7.000 en 2012. Al año siguiente se quedó en 0. Y así hasta que en 2017 anotó 14.000 euros.

Al margen del capítulo inmobiliario, las cifras de Pocat y la propia versión del PP plantean una pregunta: ¿poseían los servicios de consultoría prestados por Pocat el carácter de personalísimos y susceptibles por tanto de ser declarados de forma íntegra a través del IRPF de Rafael Catalá? Este periódico lo ignora. Lo único que la formación conservadora transmitió al respecto es lo siguiente: "La sociedad Pocat Consultoría and Management S.L. fue constituida por Rafael Catalá en el año 2007 [el Boletín Oficial del Registro Mercantil data el comienzo de operaciones el 26 de mayo de 2008] cuando, en excedencia, desarrolló su actividad profesional ligada entre otras áreas, a la Consultoría y Asesoría. Era una sociedad vinculada a su actividad profesional, por la que recibía ingresos profesionales y pagaba los impuestos correspondientes. Ahora mismo Pocat es una sociedad sin más actividad e ingresos que los derivados del alquiler mencionado, desde el año 2011 en el que el Sr Catala regresó a la actividad pública. Respecto de estos ingresos, el Sr Catala paga los impuestos que corresponde a la mencionada sociedad"

La compañía declara tener un empleado fijo, aunque su retribución anual se ha situado en los últimos cuatro años en torno al 50% del salario mínimo –entre 4.565 euros y 4.922–, lo que excluye que trabaje a jornada completa.

Más de 1.000 euros de alquiler por semana en la misma urbanización

Como, según el PP, el alquiler de los inmuebles de su propiedad constituía ya en 2012 el único foco de actividad de Pocat y como los ingresos se despeñaron una vez que Catalá regresó al Gobierno tras el paréntesis de la etapa de Zapatero, surge también otra pregunta en relación a esos arrendamientos: ¿aparecen reflejados en la casilla de "otros ingresos de explotación", reservada a las entradas de fondos que recibe una mercantil por actividades distintas a las que constituyen su objeto social principal?

Tampoco es posible averiguarlo, pero la baja cuantía de las cifras anuales declaradas por "otros ingresos" abre interrogantes sobre si realmente pueden corresponderse con el alquiler de dos inmuebles como los que posee Pocat, el primero en un escenario vacacional privilegiado y el segundo, de 47 metros cuadrados según el Registro, justo en la esquina de una de las calles más conocidas de Chamberí. Las cifras son estas: 9.600 euros en 2014; 9.400 en 2015; 8.075 en 2016 y 0 en 2017. En el mismo complejo residencial de lujo donde se enclava el piso de Denia, las páginas de reservas turísticas ofrecían este miércoles para el todavía lejano julio de 2019 un apartamento por más de 1.000 euros la semana.

El PP tampoco accedió a explicar en qué apartado de las cuentas de Pocat figura el importe de los alquileres.

Ni un euro de deudas

Según su última declaración patrimonial, publicada en el BOE el pasado viernes, Catalá no mantiene ninguna deuda viva. En 2012, la suma de sus bienes, inmuebles, dinerarios y de toda naturaleza, alcanzaba la cifra de 769.933 euros; ahora, el cómputo ha disminuido nada menos que en 437.177 euros hasta quedarse en 332.755 euros. Con los datos disponibles, no es posible aventurar ningún porqué para esa drástica disminución. Después de 2008, y según la información registral consultada por este periódico, Pocat no ha acometido ninguna nueva ampliación de capital.

El jueves, el digital elplural.com ya publicó que Catalá había adquirido cuatro propiedades a través de una sociedad, y agregó luego que entre las "compras" se contaba la del piso de Denia donde veranea. La declaración de bienes presentada por el exministro en el Congreso [puedes consultarla pinchando aquí] sostiene que la adquisición del piso de Denia, donde veranea Catalá desde hace años, se produjo por "compraventa". Según esa declaración, el exministro posee el 49,7% de Pocat.

La compra del piso de Madrid, localizado en el céntrico distrito madrileño de Chamberí, tuvo lugar en mayo de 2009. Al año siguiente, y a medias con un antiguo directivo de Codere, el grupo de juego y apuestas del que Catalá fue secretario general antes de regresar a la gestión pública como secretario de Estado de Fomento en enero de 2012, Pocat compró una parcela en Sanxenxo (Pontevedra), municipio en el que Catalá también pasa parte del verano. A tenor de los datos del Registro, esa parcela sigue sin edificar.

Entre 2012 y 2017, las pérdidas acumuladas después de impuestos por Pocat suman 201.791 euros: exactamente 40.000 euros menos que antes de impuestos.

Las cuentas de la empresa reflejan una abultada deuda a largo plazo distinta de la que mantiene con entidades de créditos. En 2017, esa deuda no vinculada a los bancos ascendía ya a 199.104 euros. ¿Procede esa deuda de préstamos que Catalá, como persona física, le ha hecho a su propia empresa? Esa es otra de las preguntas que el exministro ha rechazado contestar.

El exministro de Justicia, Rafael Catalá, ha instado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez a "estudiar jurídicamente" su intención de revocar el ducado de Franco a Carmen Martínez Bordiú dado que, a su juicio, "no hay procedimiento" y, de no resolverse, podría incurrir en una "responsabilidad penal por prevaricación", ha informado Europa Press.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras intervenir en el acto de inauguración del curso de verano La regulación de los contratos de crédito inmobiliario en España organizado en Cuenca por la UCLM, Catalá ha agregado que la ley "prevé cómo se concede y quién los concede", precisando que es el rey "y no el ministro de Justicia quien lo hace después de un procedimiento administrativo" y que no existe "en la legislación procedimiento para su revocación".

El exministro de Justicia ha recordado que la sucesión de títulos nobiliarios responde a un proceso "tasado, regulado, en el que no hay discrecionalidad" y que, en el momento en el que se produce el fallecimiento de su titular, sus herederos instan al Ministerio de Justicia la concesión "como prevé una ley que, por cierto, reguló el Gobierno Zapatero para permitir el acceso de la mujer en igualdad de condiciones con el varón", ha añadido.

Títulos del franquismo renovados por el PSOE

"Y eso fue lo que pasó con este título y con decenas de títulos", ha subrayado, al tiempo que ha sentenciado que existen "muchos títulos" otorgados en la época del franquismo "que han sido renovados y concedidos por ministros socialistas, con toda normalidad".

Por esta razón ha considerado "un poco singular que se quiera dar una especial importancia" a un proceso administrativo "reglado" puesto que se trata "del cumplimiento de la ley". "No ha sido un procedimiento que haya tenido ninguna agilidad especial, en absoluto", ha advertido.

"Si este gobierno considera que lo más importante que tiene que hacer es revocar títulos nobiliarios o promover leyes de eutanasia, ya le está diciendo a los españoles cuáles son sus prioridades en la agenda", ha criticado el exministro de Rajoy, que ha añadido que según el PP "es más importante seguir fortaleciendo el crecimiento económico, la creación de empleo, el mantenimiento de las pensiones o el desarrollo de las infraestructuras".

A eso es a lo que, ha defendido, "debe dedicarse un Gobierno que no tenga tantas deudas como parece que tiene éste, que tiene que dedicarse al acercamiento de presos, a ofender a las víctimas del terrorismo, a promover leyes de eutanasia como si esto fuesen las prioridades de la política", ha criticado.

En este punto, ha deseado la convocatoria de elecciones generales para que España tenga "un Gobierno soportado por los votos de los ciudadanos y no por los votos de los independentistas de Bildu o de Podemos".

"No parece que sea la mejor manera de afrontar estos próximos tiempos" ha añadido el también diputado nacional del PP por Cuenca, que, ha manifestado que" todavía quedan muchas reformas que hacer, de calado e importantes", "y no estas otras de revocar títulos nobiliarios que no parece que estén en la agenda de las necesidades reales de los ciudadanos españoles".

“El cuadro de indicadores de la justicia llega en un momento en el que el respeto del Estado de Derecho es una prioridad para la UE”, señaló la comisaria de Justicia, Věra Jourová, que añadió que sin Estado de Derecho “la democracia, los derechos civiles y la buena gestión financiera” de los fondos comunitarios “están en peligro”. En rueda de prensa, la política checa evitó criticar abiertamente al sistema judicial español. Sin embargo, dejó claro que espera mejoras de cara al futuro: “Lo que queremos que ocurra en los Estados miembros, incluyendo España, es que haya un sistema judicial independiente y estable, libre de interferencia política. (…) Esperamos que el Gobierno de España y el sistema judicial español aguanten la actual situación difícil para que los otros puedan confiar en ellos, incluyendo la Comisión”, aseveró la comisaria europea en rueda de prensa.

La última edición del cuadro judicial que elabora anualmente Bruselas llega en un momento en el que el asunto de la independencia está marcado a fuego en la agenda política española. Este lunes se reunieron con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, las principales asociaciones de jueces y fiscales para trasladarle sus demandas tras la huelga general del pasado 22 de mayo, que fue secundada por más del 65% de los magistrados y por el 51% de los miembros del Ministerio Público. En concreto, los colectivos buscan una mejora generalizada de la calidad de la justicia en España. Y para ello consideran necesario que se modernice la profesión –integrando adecuadamente las nuevas tecnologías en los juzgados–, se establezcan unas condiciones profesionales dignas y se refuerce, de una vez por todas, la independencia judicial.

Ligera mejora, pero a la cola de la UE

El último Eurobarómetro sobre los sistemas judiciales de los Estados miembro, cuyos resultados han sido incluidos en el informe presentado por Jourová en Bruselas, vuelve a dejar en evidencia a España. Un 49% de los encuestados consideran que el nivel de independencia judicial en el país es “muy malo” o “bastante malo” –la media europea de críticos está en el 32%–, mientras que el 39% creen que la libertad de los jueces y los tribunales para desarrollar su trabajo es “muy bueno” o “bastante bueno”. Preguntados al respecto, un 26% creen que “el estatus y la posición de los jueces no garantizan suficientemente su independencia”, mientras que el 35% sostienen que el problema se encuentra en la interferencia de los poderes económicos y el 39% asevera que el germen hay que buscarlo en la presión que ejercen el Gobierno y los políticos.

Aunque en comparación con 2017 se aprecia una ligera mejora –los críticos disminuyen nueve puntos–, lo cierto es que España sigue a la cola. Es el sexto país cuyos ciudadanos más desconfían en su sistema judicial, sólo por delante de Croacia, Bulgaria, Italia, Eslovaquia y Eslovenia. La percepción de falta de independencia en suelo español es incluso más elevada que en países como Polonia, que lleva meses bajo el foco de las instituciones comunitarias por su deriva autoritaria. En julio de 2017, Bruselas abrió expediente a Varsovia por la última reforma judicial que puso en marcha el Gobierno ultraconservador polaco, que en opinión del número dos del Ejecutivo comunitario abole “cualquier rastro de independencia judicial”. Y, ante el inmovilismo de Varsovia, la Comisión decidió en diciembre activar el procedimiento para privar al país de su derecho a voto en el Consejo Europeo.

A través de un comunicado, la cartera capitaneada por Catalá se felicitó por los resultados cosechados: “El Marcador de la Justicia destaca los esfuerzos realizados por España a lo largo de 2017 en materia de reformas legislativas y revela asimismo un incremento de ocho puntos en el porcentaje de españoles que consideran bueno o muy bueno el nivel de independencia”. En este sentido, el ministerio recuerda que “España se sitúa plenamente dentro de los estándares europeos en lo referido a la existencia de instrumentos de salvaguarda de la misma”. “Además, y a diferencia de otros Estados como Bélgica u Holanda, se pone de manifiesto que en nuestro país no existe discrecionalidad del poder ejecutivo o parlamentario en el nombramiento de jueces”, sentencia Justicia, que evita cualquier tipo de autocrítica y oculta en su comunicado que España sigue a la cola de Europa en percepción de independencia judicial.

Críticas constantes

Las injerencias en España del Poder Ejecutivo sobre el Judicial llevan meses poniéndose sobre la mesa. El pasado mes de febrero, Jueces para la Democracia emitió un duro comunicado en el que denunciaba las interferencias “inaceptables” del Gobierno de Mariano Rajoy en relación con el procés. Lo hizo después de que el diario El País revelara que se produjeron contactos entre miembros del Ejecutivo y del Tribunal Constitucional antes de que este último se reuniera para tomar una decisión sobre el pleno de investidura de Carles Puigdemont. En el escrito, la asociación también reprochó al ministro Catalá unas declaraciones en las que pronosticaba que el juicio sobre la causa que instruye en el Tribunal Supremo el juez Llarena se celebraría a finales de año y que probablemente los dirigentes independentistas encausados serían inhabilitados una vez cerrada la instrucción.

Los tirones de orejas también han llegado desde el Consejo de Europa. El pasado mes de enero, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en inglés) recordó en su último informe que, cuatro años después, España sigue incumpliendo todas sus recomendaciones sobre independencia judicial y prevención de la corrupción. En concreto, el Greco ponía como tareas pendientes la mejora del sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y de los presidentes de los tribunales provinciales, autonómicos, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, donde aprecia ausencia de “criterios objetivos y requerimientos de evaluación”. Además, pidió repensar el sistema de selección y la duración del mandato del fiscal general del Estado y exigió más transparencia en las comunicaciones entre esta figura y el Gobierno.

El último marcador de justicia europeo también revela otros detalles a destacar. En 2016, el gasto en justicia se situó en los 82 euros por habitante, un dato que aunque nos sitúa en la media europea se ha ido reduciendo progresivamente desde 2010, cuando era de 90 euros. Por otro lado, estamos a la cola europea en número de jueces –12 por cada 100.000 habitantes en 2016, sólo por delante de Francia, Italia, Malta, Dinamarca e Irlanda– y a la cabeza en número de abogados –305 por cada 100.000 habitantes, sólo por detrás de Chipre, Luxemburgo, Grecia e Italia–. También destacamos por la falta de paridad en las altas instancias judiciales. Sólo el 14% de los miembros de los tribunales superiores españoles son mujeres, un dato que nos pone a la cola comunitaria. Sólo Reino Unido, con un 9%, tiene aún peores datos que España en esta materia.

"A la espera de que las cifras puedan variar al alza, podemos afirmar sin ningún género de dudas que la huelga ha sido un éxito de convocatoria y que el Ministerio de Justicia y el CGPJ deberían buscar soluciones". Con estas palabras las asociaciones de jueces y fiscales consideran el paro que habían convocado para este martes y que, según los datos de seguimiento provisionales a las 18.00 horas, habrían secundado el 64,5% de los jueces —3.537 de 5.407— y el 51,9% de los fiscales —1.297 de 2.500—. 

Avisaron de la convocatoria hace un mes: si no se escuchaban sus demandas, jueces y fiscales irían a la huelga. Y, al no cumplirse sus objetivos, este martes los profesionales de la Justicia pararán durante todo el día. "El balance no puede ser más decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la carrera judicial y fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial", se quejaron a través de un comunicado las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales convocantes de la protesta –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)–. Ahora, a todas ellas se sumó el apoyo de una treintena de magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de todo el país.

En un comunicado, los 30 magistrados firmantes trasladan su "total apoyo" a las reivindicaciones planteadas "en defensa de sus justas peticiones" como son unas cargas de trabajo saludables, más autonomía del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos. "Compartimos enteramente" las "legítimas reclamaciones" planteadas por las asociaciones de jueces y fiscales, señalan los magistrados del TS firmantes, que trasladan su respaldo a las actuaciones que se están llevando a cabo para que sean atendidas, entre ellas cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes y la huelga a nivel nacional de este martes como último movimiento. Además, a las concentraciones convocadas durante las últimas semanas, se sumaron incluso los nueve miembros del Consejo Fiscal. 

En opinión de los magistrados del Supremo firmantes, se trata de unas reclamaciones con las que de "manera unánime" se están reclamando "las imprescindibles reformas" que necesita la Administración de Justicia "para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde". En esta línea, ven "absolutamente imprescindible" para un "eficiente funcionamiento" de la justicia que se atiendan sus reclamaciones sobre la garantía de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia para mejorar su calidad y eficacia y el incremento de las inversiones con el aumento de las plantillas de jueces y fiscales para adecuarlas a las existentes en los países de nuestro entorno y la racionalización de la planta judicial. Asimismo, subrayaron que a estas medidas debe sumarse la protección de los derechos profesionales de jueces y fiscales con la instauración de un sistema de cargas de trabajo razonables, así como la actualización y revisión de las retribuciones en cumplimiento del mandato previsto en la Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.  

La de este martes será la mayor protesta incluida en el calendario anunciado el pasado 5 de abril, día en que arrancaron las protestas frente a las sedes judiciales de toda España, donde se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales recogidas en el documento 14 propuestas para la mejora de la Justicia, al que se adhirieron más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía. "A los jueces no nos agrada, pero el análisis que hemos hecho es que la gente está desesperada y siente que no nos están haciendo ningún caso", criticó Conrado Gallardo, magistrado y miembro de Foro Judicial Independiente, en conversación con infoLibre.

Pero, además, las movilizaciones de los profesionales de la Justicia continuarán si, a partir de este martes, siguen sin ser escuchados. "Si no cambia nada, habría que tomar medidas más drásticas", avisó Prado en conversación con este diario. Y con él coincidió Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia: "En caso de no conseguir nada, las movilizaciones tendrán su continuidad".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria denuncia un intento de boicot del Ministerio

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) denunció este lunes un intento de boicot del Ministerio de Justicia a la huelga convocada para este martes. Según explicó la organización a través de un comunicado, tuvieron conocimiento de que "el Ministerio de Justicia ha estado durante toda la tarde de ayer [este lunes] llamando a los secretarios de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia prohibiéndoles verbalmente que faciliten a estos los datos de actuaciones suspendidas hoy con ocasión de la huelga de jueces". "Sin esa fuente de información sera difícil dar datos oficiales de incidencia de la huelga", añadieron, por lo que ven en estas actuaciones una forma en la que el Ministerio "pretende aminorar los efectos de la huelga".

No obstante, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, salió al paso de las acusaciones y desmintió este mismo martes que exista ese boicot ya que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio, sino que compete al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de los datos recabados desde los tribunales superiores de justicia. Así, el ministro indicó que, de hecho, están esperando que les remitan los datos acerca de cuántos jueces se han sumado a la huelga y cuantas vistas orales se suspendieron, aunque espera que la cifra sea la "menor posible" para minimizar el impacto en la ciudadanía.

Dimisión de Catalá

A la huelga de este martes hay que sumar que el pasado 4 de mayo, más de 200 jueces y fiscales se concentraron ante el Ministerio de Justicia para exponer estas mismas reivindicaciones y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus "injerencias" en la labor de estos profesionales. Días después, las asociaciones se reunieron con la secretaria de Estado Carmen Sánchez-Cortés para tratar estos asuntos y las propuestas de los representantes judiciales y fiscales. Tras este encuentro, las asociaciones se reafirmaron en su idea de continuar con las movilizaciones, pues se quedaron con una visión "negativa" de la reunión.

Por su parte, la secretaria de Estado de Justicia señaló que, de las 14 propuestas consensuadas por las asociaciones, "una amplia mayoría está ya en trámite o en proceso de elaboración", así como que las demás están siendo objeto de "avanzado estudio".

"Estamos obligados a perseguir nuestras reivindicaciones por el bien de la Justicia y por el bien de nuestra situación profesional. Seguimos adelante, nos duele de alguna forma bastante, no nos gusta en este colectivo hablar de huelgas y paros, nos repugna en cierta forma", lamentó el portavoz en la Comunidad Valenciana de la Asociación Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ en declaraciones a Europa Press.

La sentencia del caso de La Manada y, concretamente, el voto particular del juez Ricardo González, que no aprecia "violencia" ni "desprecio" sino un "ambiente de regocijo y jolgorio" en el asalto sexual en un portal de Pamplona durante los Sanfermines, y el hecho de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurara al hilo de este caso que ese magistrado , como "todos saben", "tiene un problema singular", apuntando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había hecho dejación de funciones no actuando contra González, han puesto el foco sobre el régimen disciplinario de los jueces. Y se plantea el interrogante de si existe una justicia especial para jueces.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 420), son cinco las sanciones que se pueden imponer a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus cargos: advertencia;multa de hasta 6.000 euros; traslado forzoso a un juzgado o tribunal con sede separada, al menos, en 100 kilómetros de aquella en que estuviera destinado; suspensión de hasta tres años, o separación del cargo.

Este último castigo, el de la separación del cargo, va parejo a la comisión de una falta muy grave. Y, a tenor de los datos, es muy poco frecuente que un juez pierda su condición por motivos disciplinarios (alguno más la ha perdido como consecuencia de una sentencia penal). Según datos oficiales facilitados a preguntas de infoLibre, desde su constitución en 1980, el CGPJ ha impuesto la sanción de separación a cinco miembros de la carrera judicial. El Tribunal Supremo revocó posteriormente tres de las cinco sanciones, así que el saldo final es que en 38 años sólo han sido dos los jueces y magistrados a los que se les ha impuesto la máxima pena disciplinaria. Es el caso de Jaime Rodríguez Hermida, a quien se le impuso la sanción en 1986, y de Adelina Entrena Castillo, apartada en 2007. En ambos casos, los protagonistas recurrieron la sanción, pero con nulo éxito ya que el Tribunal Supremo las confirmó.

A continuación, infoLibre repasa los casos de los cinco jueces que fueron apartados inicialmente por el CGPJ.

  Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos

En 1986, el magistrado del Tribunal Supremo Jaime Rodríguez Hermida fue separado de la carrera judicial por la irregular puesta en libertad, dos años antes, del jefe de la camorra napolitana Antonio Bardellino, Tonino. Lo mismo le ocurrió, en el marco del mismo caso, a Ricardo Varón Cobos, magistrado de la Audiencia Nacional.

Tras un recurso de los protagonistas, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo confirmó la sanción a Rodríguez Hermida en sentencia del 11 de enero de 1988, al considerar que había presionado a Varón para que pusiera en libertad a Bardellino. Al magistrado de la Audiencia, sin embargo, se le sustituyó la separación del servicio por una suspensión.

El tribunal sí absolvió a ambos del delito de prevaricación.

El mafioso, para el que Italia pedía la extradición, aprovechó esa puesta en libertad para fugarse. Las investigaciones demostraron que Rita de Vita, amiga de Tonino, había pagado 10 millones de pesetas (60.000 euros) a cambio de su puesta en libertad. Josefa Suárez Peral, la Pepa, amiga del juez Hermida, llegó a admitir que le había pedido "un favor" para que intercediera ante la Audiencia Nacional para conseguir la libertad provisional de Bardellino, pero negó saber algo del dinero.

  Adelina Entrena

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada) Adelina Entrena fue separada del cargo por desatención en el ejercicio de sus funciones al mantener en prisión a varios presos preventivos después de haber sido absueltos. Esto ocurrió en 2007. Y el Supremo, en sentencia de 9 de julio de 2010, confirmó la sanción.

En la sentencia del Supremo que ratificó la separación del cargo se destaca que "el cometido principal de todo juez que desempeñe un órgano de la jurisdicción penal es controlar personalmente el estado procesal de las situaciones de privación de libertad existentes en dicho órgano judicial". Y destaca que del relato de hechos probados se deduce "desidia" por parte de la jueza. "Observó unas actitudes de pasividad ante una pluralidad de hechos que advertían (cada uno de ellos) de la necesidad de control, y dichas pasividades, además, fueron mantenidas durante largos periodos de tiempo". En definitiva, que no se trató de un "descuido ocasional".

Junto a esta sanción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le condenó a un año de suspensión de empleo o cargo público y a abonar a José Campoy, uno de los presos a los que mantuvo en la cárcel, que pasó más de 400 días en prisión siendo inocente, 103.000 euros por los perjuicios sufridos. Posteriormente, la cantidad fue rebajada a 43.000 euros.

En agosto de 2014, agentes de la Policía Nacional la hallaron muerta en su domicilio de Motril, después de que su hermana avisara de que hacía ya varios días que no había podido contactar con ella.

  Pilar Ramírez Balboteo

En el año 2000, el CGPJ impuso a Pilar Ramírez Balboteo, jueza decana de Marbella (Málaga), la sanción disciplinaria de separación del servicio por incumplimiento del deber de abstención "al conocer de un procedimiento relacionado con el ayuntamiento de esa ciudad en el que varios familiares suyos tenían interés", explican desde la institución. Pero, en sentencia de 17 de abril de 2002, el Tribunal Supremo sustituyó esa sanción por una suspensión de funciones durante cuatro años pese al ""ostensible y profundo ataque a la imparcialidad judicial".

En el texto del acuerdo de separación de la carrera judicial de la magistrada, el CGPJ destacaba "la pertinaz insistencia, la contumacia de la magistrada por permanecer en su destino en el partido judicial de Marbella, a pesar de ser plenamente consciente de lo comprometida que se encontraba su situación de imparcialidad".

Según la resolución, "recae sobre la magistrada la carga, el deber positivo de conocer la envergadura económica de los intereses de sus familiares en primero y segundo grado de consanguinidad, así como el conocimiento exacto de la población de Marbella" y recordaba que "está obligada a poner ambos extremos, cuando concurran simultáneamente, en conocimiento del CGPJ para evitar la situación de incompatibilidad descrita en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Así, añadía que el padre de la magistrada, Juan Ramírez Rodríguez, su madre Ascensión Balboteo y su hermano Juan Carlos Ramírez tenían claros intereses económicos en Marbella, "formando parte de un entramado empresarial de gran complejidad". Sociedades, explicaba, "que se dedicaban a transacciones inmobiliarias y en cuya actividad resultaban un elemento de enorme importancia las relaciones con el Ayuntamiento de Marbella". Era la época de Jesús Gil al frente del consistorio.

La expulsión se le impuso por incumplimiento del deber de abstención en una serie de asuntos en los que a juicio de la mayoría del CGPJ había un interés indirecto de familiares que justificaba desde el punto de vista objetivo que la juez debió abstenerse. Uno de los casos fue el de la quiebra de la sociedad Banús en el que decretó la administración judicial de la empresa.

A mediados del año 2003 se reincorporó a la carrera judicial en Torremolinos (Málaga).

  José Antonio Martín Martín

En 2010 José Antonio Martín Martín ostentaba la presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Y se le separó de la carrera judicial "por inobservancia del deber de abstención y actividades incompatibles con el cargo de magistrado, al participar en la deliberación sobre la puesta en libertad de un acusado de narcotráfico con el que tenía relación"narcotráfico, explican desde el CGPJ. Aunque el Tribunal Supremo consideró que los hechos que se le imputaban carecían de relevancia penal y le absolvió, la vía disciplinaria había continuado abierta y fue apartado por unanimidad.

Dos años después, en sentencia del 30 de abril de 2012, el Supremo anuló la sanción. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó que el órgano de gobierno de los jueces había sancionado a Martín Martín cuando el procedimiento disciplinario –por ley puede sólo durar seis meses- ya había caducado.

En la sentencia, el alto tribunal anulaba y dejaba sin efecto las resoluciones del CGPJ, "declarando el derecho del recurrente a ser restablecido en todos los derechos administrativos y estatutarios que le correspondían en el momento de dictarse esta resolución de separación de la carrera judicial".

Los hechos por los que el magistrado fue investigado, y por los que el TSJ de de Canarias le condenó en primera instancia a un año y medio de suspensión por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, se remontan al año 2005.

Según la sentencia del tribunal canario, revocada por el Supremo después, Martín dio instrucciones al empresario Wilebaldo Luis Yanes, amigo suyo, sobre cómo debía actuar el narcotraficante Rafael Bornia para que se le concediera la libertad bajo fianza en una vista en la que sabía que iba a ser el magistrado presidente.