Es difícil de creer, pero los bomberos forestales son probablemente uno de los colectivos más precarizados en España, pese a tratarse de una profesión de alto riesgo y la última línea de defensa de los municipios rurales amenazados por el fuego. "¿Cuánto tiempo tienes?" es la respuesta habitual cuando se les pregunta por las condiciones en las que trabajan, con situaciones a cada cual más surrealista.

A este panorama hay que añadir los problemas de fondo que sufren desde hace décadas: sueldos irrisorios que rozan el salario mínimo, una categoría profesional no reconocida que impide saber siquiera cuántos bomberos hay en España, enfermedades profesionales no reconocidas pese a que están expuestos al 90% de las que aparecen en la ley, turnos en los que no saben cuántas horas van a trabajar y complementos de peligrosidad o nocturnidad que a menudo no se pagan.

Estos problemas no se dan en todas las regiones ni en todos los cuerpos, pero sí afectan a buena parte de los bomberos de Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y otras comunidades. La responsabilidad de estos abusos es mayoritariamente de los gobiernos autonómicos, aunque el Ministerio de Trabajo tiene tareas pendientes en la regulación de tiempos de trabajo, la prevención de riesgos laborales y el reconocimiento de enfermedades profesionales. 

Este lunes, los bomberos forestales se manifestarán en Madrid para denunciar este cóctel de abusos. A continuación se recogen cuatro testimonios de bomberos forestales, todos ellos sindicalistas, sobre cómo es su día a día.

Andoni Corrales, bombero forestal en Borja (Zaragoza), pasa su jornada en un antiguo silo de grano junto a su cuadrilla, esperando a que llegue un aviso por incendio. Las condiciones que describe son tercermundistas. "Tenemos una colonia de palomas en el tejado que lo llenan todo de cacas y también se meten ratas. Pero tenemos suerte de tener agua corriente y luz, porque otras cuadrillas de por aquí ni eso", afirma. En su primera semana, Corrales sufrió una fuerte infección que le dejó ingresado en el hospital y que atribuyeron a los excrementos de paloma.

Aun así, no es ni mucho menos la cuadrilla más precaria de su zona. En Tarazona no tienen agua corriente ni luz. "Imagínate cuando terminan una extinción de madrugada, se tienen que cambiar en la calle poniendo las luces del coche", añade Corrales. Y todavía peor es en Mesones de Isuela, donde la oficina es el campo de al lado del pueblo. "El punto de encuentro es la plaza del pueblo, y de ahí se van a la chopera. Si tienen que hacer un curso, lo dan ahí, al aire libre".

Casos como estos no son excepcionales. En zonas rurales de todo el país es habitual que los bomberos forestales que están de guardia pasen jornadas de diez horas en casetas sin electricidad ni agua potable, y mucho menos aire acondicionado. Además de incumplir las normas mínimas de salubridad, estas condiciones ponen en riesgo su salud porque tienen que lavarse y ducharse en casa, exponiéndose ellos y sus familiares al hollín y al cóctel de elementos cancerígenos que quedan adheridos a los EPI después de una intervención. En el caso de Borja, ni siquiera tienen váter y cuando necesitan ir al baño, van al campo.

Gloria Sánchez, bombera en el dispositivo de Castilla-La Mancha, señala que en su comunidad las vacantes de extinción que se abren en verano para la campaña de alto riesgo se cubren llamando a desempleados inscritos en la lista de empleo autonómica. Muchos de los aspirantes nunca han estado en un incendio.

"Con la precariedad de contratos que tenemos en GEACAM [la empresa pública de medio ambiente] se termina cogiendo a gente del SEPE y se les da un curso de extinción de incendios forestales", explica la bombera. "Por ejemplo, el año pasado dirigí una cuadrilla y tenía a un chico que entró por esta vía que no podía subirse al camión si yo no estaba, porque necesitaba vigilancia continua", añade.

Esto ocurre porque los sueldos tan bajos –a veces rozando el salario mínimo– que no hay candidatos para cubrir las plazas, a lo que se suma el requisito de vivir a 100 kilómetros del punto de reunión, lo que limita todavía más las contrataciones. En todo caso, no es una situación exclusiva de Castilla-La Mancha, sino que bomberos de otras comunidades autónomas han denunciado casos similares porque ponen en riesgo la vida de esa persona y del resto de compañeros.

Diego Fernández de Valderrama, bombero de Castilla y León destinado en Segovia, destaca otro de las quejas habituales, las de los vigilantes de incendios, que pasan toda su jornada en una torre que a menudo no tiene agua ni electricidad, y mucho menos aire acondicionado. En verano, esa salita acristalada alcanza fácilmente los 38ºC, y en invierno, puede bajar hasta los 8ºC.

"En La Pinilla se accede al puesto con una escalera de metal que no cumple con las exigencias de seguridad. Una vez arriba te pasas diez horas en una caja de cristal que solo tiene un estor para protegerte del sol", cuenta el forestal. 

"El dispositivo en Castilla y León es un desastre por todos los lados", sostiene Fernández, que recuerda que el puesto de vigilancia más importante de toda la comunidad, el de Sotillos de Sabero, que puede avistar incendios desde los Picos de Europa hasta Valladolid, lleva siete meses cerrado porque se cayó el techo y la Junta todavía no lo ha reparado. 

Alfonso Ferrero, bombero forestal de la Comunidad de Madrid contratado como personal laboral, comenta que este grupo, que es una minoría dentro del dispositivo regional, está indefinidamente sin trabajo y pasa el día en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, sin funciones.

Después de que la Comunidad de Madrid rompiese esta primavera las negociaciones para reconocer la categoría profesional de estos bomberos (clasificados formalmente en las categorías profesionales de conductores de taxi y técnicos de mantenimiento, aunque ejercen como bomberos forestales), este grupo de unos 30 efectivos rechazó acudir a sus retenes –sus puestos de avanzada– en señal de protesta y se mudaron a la sede de Las Rozas para trabajar desde allí. Sin embargo, como el Gobierno regional no les proporciona vehículos para acudir a los incendios, llevan un mes pasando allí sus guardias sin trabajo.

"En nuestros contratos pone que nuestro centro de trabajo es la Dirección de Emergencias, así que aquí venimos para que nos manden a donde haga falta, pero no nos dan medios para salir, así que aquí pasamos el día", cuenta Ferrero. También denuncia que las máscaras con las que trabajan llevan caducadas desde 2023 y que la comunidad no contabiliza los ciclos de lavado de sus trajes EPI, por lo que no hay manera de saber si también han caducado.

Cientos de bidones de petróleo oxidados, baterías de coche, tuberías desechadas, cables y planchas de amianto hechas añicos yacen en montones a lo largo de la costa, hasta donde alcanza la vista. El contraste con los icebergs de un azul cristalino que se deslizan lentamente al fondo resulta sobrecogedor.

Storch Lund, de 69 años, señala hacia el paisaje. "Todo esto son restos americanos", explica. Estamos en Narsarsuaq, en el sur de Groenlandia, el emplazamiento de la mayor base de Estados Unidos (EEUU) en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño aeropuerto con una localidad cercana, donde se trasladaron miles de soldados estadounidenses después de que la base se estableciera en 1941.

Storch Lund ha vivido en el pueblo durante más de 50 años y conoce cada colina y cada camino de la zona. Incluido el llamado "vertedero" cerca del fiordo, a unos pocos cientos de metros de la pista de aterrizaje.

Aquí, toneladas de residuos están esparcidos a lo largo de varias hectáreas en la orilla. Abandonados en el río de un verde claro de agua de deshielo que desemboca en el fiordo. En varios lugares, los bidones de petróleo y los restos se acumulan en capas de metros de altura. En otros sitios, están enterrados.

"Se puede ver que lo han empujado hacia el agua. Si caminas por la playa, ves la cantidad de contaminación que hay", dice Storch Lund. De niño, jugaba entre chatarra, alquitrán solidificado y planchas de amianto. Hoy ve la contaminación de otra manera. "Es un auténtico desastre", afirma.

Teme que el fiordo también se haya contaminado. "Durante muchísimos años, el petróleo se filtró al agua. Varios aviones se han hundido ahí, en el fiordo", dice Storch Lund, mecánico de formación que anteriormente ejerció como director del aeropuerto de Narsarsuaq durante más de 20 años.

El interés de Estados Unidos por Groenlandia ha crecido —y se ha desvanecido después— varias veces a lo largo de la historia. Los estadounidenses abandonaron la base militar de Narsarsuaq en 1958, sin limpiar nada. Ahora quieren volver.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos operó al menos 36 bases e instalaciones militares en Groenlandia. Hoy, los estadounidenses solo conservan la gran base de Pituffik, en el norte de Groenlandia. Pero actualmente se están desarrollando intensas negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, en las que el Gobierno estadounidense pretende reabrir varias bases.

Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha identificado específicamente Narsarsuaq y Kangerlussuaq como bases a las que Estados Unidos desea regresar.

Como ruido de fondo dramático, el presidente estadounidense Donald Trump lleva mucho tiempo amenazando con apoderarse de la isla más grande del mundo. Esta misma semana, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, publicó un mensaje sobre Groenlandia en el que afirmaba de forma amenazante que Estados Unidos podría tener un estado más el año que viene.

Politiken ha viajado a Groenlandia para investigar cómo Estados Unidos ha dejado atrás sus numerosas antiguas bases y los periodistas han podido ver la contaminación con sus propios ojos.

A lo largo de los años, varios artículos han cubierto los legados estadounidenses en Groenlandia, pero Politiken es el primer medio que cartografía la contaminación de las bases de Estados Unidos a partir de miles de páginas obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública sobre estudios y documentos medioambientales de las autoridades danesas y groenlandesas. Varios de esos estudios medioambientales obtenidos al amparo de las leyes de transparencia no se habían hecho públicos hasta ahora.

La investigación de Politiken, que se publica en toda Europa a través de la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que es socio infoLibre, revela que la magnitud de la contaminación es considerable: varios miles de toneladas métricas de residuos peligrosos o contaminados han quedado abandonadas en los parajes naturales de Groenlandia. Hasta 100.000 bidones de petróleo oxidados y corroídos. Contaminación por petróleo procedente de más de 400.000 litros de gasóleo. Hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad bajo la capa de hielo. Varias toneladas métricas de baterías desechadas. Hallazgos del tóxico ambiental PCB en niveles que superan con creces los límites reglamentarios, así como de metales pesados, como el plomo y el cadmio, en casi todas las, al menos, 36 antiguas bases e instalaciones militares estadounidenses.

La magnitud real de la contaminación es incluso mayor. Muchas antiguas bases y emplazamientos estadounidenses nunca se han investigado a fondo en busca de contaminación medioambiental, incluidos algunas de los más grandes, como Narsarsuaq y Pituffik.

Varios destacados políticos groenlandeses se muestran muy críticos con la contaminación dejada en Groenlandia. "Es una vergüenza. Y se puede ver. Así es como tratan a nuestro país", dice Aleqa Hammond, presidenta del partido Siumut y exjefa del Gobierno groenlandés.

Considera que Estados Unidos ha salido "demasiado bien parado". "No hemos visto absolutamente ninguna implicación estadounidense en limpiar su propio desastre", afirma.

Bentiaraq Ottosen, miembro del Comité de Medio Ambiente y Conservación del parlamento groenlandés, el Inatsisartut, en representación del partido Atassut, está de acuerdo. "Creo que los estadounidenses han eludido su responsabilidad. Simplemente han dejado atrás todo tipo de basura y han tirado coches y muchas otras cosas en el entorno natural", dice.

Naaja Nathanielsen, miembro del parlamento danés, el Folketing, por el partido groenlandés Inuit Ataqatigiit —Comunidad Inuit—, y exministra groenlandesa de Industria, Comercio, Recursos Naturales y Justicia, se hace eco de la crítica y la pone en perspectiva: "Hemos intentado decirles, con mayor o menor éxito, que dejar las cosas atrás es una señal de falta de respeto. "Se os permitió venir y estar ahí". "Os habéis beneficiado de ciertas ventajas por estar en esa posición". Así que también creo que lo mínimo que se puede hacer es limpiar lo que uno ensucia", dice Naaja Nathanielsen.

Para entender cómo se ha llegado a esto, hay que adentrarse en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros días de la Guerra Fría, la gran isla se convirtió en un foco de interés para el ejército estadounidense. Primero, en la guerra contra la Alemania nazi y, más tarde, como depósito de recursos, campo de pruebas para la guerra ártica y avanzadilla frente a la Unión Soviética comunista.

Desde el principio, los términos de la presencia estadounidense se negociaron en un complejo juego de política de defensa en el que los estadounidenses no siempre dijeron al Gobierno danés la verdad sobre sus planes, y el Gobierno danés a menudo actuó por encima de los intereses de los groenlandeses.

El 9 de abril de 1941 —primer aniversario de la ocupación alemana de Dinamarca— el enviado danés a Estados Unidos, Henrik Kauffmann, actuando como representante autoproclamado del Gobierno de Copenhague, suscribió por su cuenta un acuerdo de defensa con Estados Unidos que otorgaba a este el derecho a establecer aeropuertos y puertos como bases militares en Groenlandia.

El Gobierno danés destituyó posteriormente a Henrik Kauffmann, lo acusó de traición y declaró el acuerdo inválido, pero Estados Unidos lo ignoró. Los estadounidenses empezaron a establecer bases por toda Groenlandia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se veía a sí mismo como el protector del mundo libre y consideraba que esto conllevaba claros privilegios.

Inmediatamente después de la guerra, el Gobierno estadounidense intentó —ni por primera ni por última vez— comprar Groenlandia. Ofreció unos 100 millones de dólares. La respuesta desde Copenhague fue un cortés "no, gracias". "Aunque le debemos mucho a Estados Unidos, no siento que les debamos toda la isla de Groenlandia", dijo el entonces ministro de Asuntos Exteriores danés, Gustav Rasmussen.

En 1950, los estadounidenses formularon una estrategia ártica que contemplaba extraer uranio en Groenlandia, instalar misiles teledirigidos con un alcance de 2.000 a 2.500 kilómetros y desarrollar "medios de transporte bajo el hielo". Era una estrategia que los daneses no conocerían al completo hasta décadas después.

Al año siguiente —en 1951— los Gobiernos danés y estadounidense suscribieron un acuerdo de defensa para proteger conjuntamente Groenlandia bajo los auspicios de la OTAN. Estados Unidos quedó autorizado a establecer "zonas de defensa" en Groenlandia mediante acuerdo con Dinamarca. En esas zonas —"así como en el espacio aéreo situado sobre ellas y en las aguas adyacentes"— Estados Unidos podía "adaptar la zona para uso militar".

El artículo XI del acuerdo de defensa de 1951 contenía la redacción que desde entonces ha servido como argumento de Estados Unidos para no tener que limpiar lo que ha ensuciado: "Queda entendido que cualquier zona o instalación puesta a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América en virtud del presente Acuerdo no tiene por qué dejarse en las condiciones en que se encontraba en el momento en que fue así puesta a disposición".

Muchas de las bases estadounidenses en Groenlandia fueron, por tanto, abandonadas con prisas, en el estado en que se encontraran. Esto también se aplica a una de las instalaciones militares más controvertidas de Estados Unidos en Groenlandia.

A unos 225 kilómetros al este de la gran base de Pituffik, en el rincón nororiental de Groenlandia, Estados Unidos estableció en 1959 una estación de investigación digna de la ciencia ficción, con una pequeña central nuclear bajo la capa de hielo. La llamaron Camp Century.

La estación de investigación consistía en un extenso sistema de túneles con una "carretera principal" de 330 metros de longitud y más de 20 túneles adyacentes. El reactor nuclear suministraba electricidad y calor a la base y a su personal de 225 personas. Los estadounidenses iniciaron la construcción sin haber recibido la aprobación final de Copenhague. A los daneses no se les dijo que el campamento estaba concebido como la primera instalación de un revolucionario proyecto de la Guerra Fría diseñado para permitir a los estadounidenses transportar y lanzar misiles con cabeza nuclear desde la base bajo el hielo.

Esa estrategia se abandonó posteriormente. Estados Unidos retiró el reactor nuclear unos años antes de abandonar la base en 1966. Pero, según un informe de 2016 elaborado por un equipo internacional de investigadores, se dejaron atrás bajo el hielo hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad, 9.000 toneladas métricas de residuos de construcción y 200.000 litros de gasóleo. Ahí permanecen hasta el día de hoy.

Al igual que otras zonas, Camp Century fue abandonado sin demasiada participación de los groenlandeses. "La construcción de las bases y la forma en que se abandonaron ocurrieron pasando por encima de los intereses de los groenlandeses, que no tuvieron absolutamente ninguna influencia sobre lo que sucedió", dice Mikkel Myrup, responsable de área en el Museo Nacional de Groenlandia.

La contaminación por petróleo, en particular, es un problema enorme en las antiguas bases estadounidenses. Esto es especialmente cierto en la isla de Simiutaq, en el sur de Groenlandia, a la que los estadounidenses dieron el nombre de Bluie West 3 y que utilizaron como estación meteorológica y de radio tripulada. Más de 50 años después de que Estados Unidos abandonara la base, los restos americanos siguen afeando el paisaje natural único de Groenlandia.

A los pocos minutos de llegar al antiguo puerto natural de la isla, nos encontramos con la imagen de bidones de petróleo oxidados, vehículos y restos. Tres lugares de vertido distintos, llenos de bidones y chatarra, están repartidos por el paisaje, despeñados por las laderas y escondidos en los valles. El petróleo y el alquitrán se han solidificado en pequeños arroyos que descienden hacia el fiordo.

También hay basura más reciente. Pero los restos americanos son inconfundibles. También están claramente identificados en el estudio medioambiental que hemos traído con nosotros a la zona.

En muestras tomadas por la ingeniería Niras se ha encontrado una "grave contaminación por petróleo", consistente en el llamado petróleo en fase libre, lo que significa que el petróleo puede desplazarse por el terreno. En total, se estima que hay aproximadamente 10.000 metros cúbicos de suelo contaminado con petróleo, es decir, 10 millones de litros. Eso equivale a cuatro piscinas olímpicas llenas de suelo contaminado con petróleo. Y eso solo en la estación meteorológica de Simiutaq.

Más arriba, en la costa oeste de Groenlandia —a poco menos de 70 kilómetros al sur de Nuuk— los estadounidenses dejaron atrás al menos 8.000 bidones de petróleo en la base de Marraq, o Bluie West 4, como la llamaban los estadounidenses. Aquí, la ingeniería Carl Bro también ha documentado una "grave contaminación por petróleo", según la información obtenida por una solicitud de acceso de Politiken.

"Una estimación conservadora de la cantidad total de gasóleo que ha contaminado el emplazamiento es de aproximadamente 120.000 litros de gasóleo o más", señala el informe. La contaminación era "tan grave que aún podía detectarse un fuerte olor a petróleo en el lugar", a pesar de que la contaminación se había producido aproximadamente 50 años antes.

La contaminación por petróleo es más grave en la base de Ikkatteq, en la costa oriental de Groenlandia, en gran parte inaccesible. Aquí, los estadounidenses han dejado decenas de miles de bidones de petróleo y vehículos viejos esparcidos por una zona de más de 25.000 metros cuadrados. En varios lugares, los bidones se han apilado en dos o tres capas. Hace siete años, las autoridades danesas pusieron en marcha una limpieza del lugar. Como parte de ese esfuerzo, Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia, visitó la remota base. "Pudimos ver que de muchos de los barriles se filtraba aceite usado. Se notaba en el suelo que estaba contaminado con petróleo", dice.

La base de Ikkatteq, que servía como pista de aterrizaje para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, almacenaba miles de litros de combustible para vuelos de escala. "Más de 100.000 bidones estaban esparcidos por el paisaje. Vehículos y edificios que contenían amianto se han derrumbado. La base fue abandonada sin ningún tipo de limpieza", dice Mikkel Myrup.

La zona es popular entre los recolectores locales de mejillones. En un solo día, la consultora Cowi observó "15 pequeñas embarcaciones" frente a Ikkatteq. Y esto podría ser problemático, según un informe de Cowi obtenido por Politiken. "Las sustancias detectadas en las muestras de suelo y agua pueden suponer un riesgo para la vida marina cercana a la costa, en particular para los mejillones del fiordo donde el arroyo procedente del lago desemboca en el agua. Los mejillones son recolectados y consumidos por los habitantes locales que navegan hasta Ikkatteq", señala el informe.

El hecho de que la contaminación se haya extendido al medio marino cerca de las bases es un problema confirmado en varios lugares, tanto en Marraq como en la base de Simiutaq, que Politiken ha visitado. Aquí, la ingeniería Niras también concluye que la contaminación por petróleo ha causado un "impacto significativo en la zona marina", ya que "se han encontrado altos niveles de petróleo en mejillones y sedimentos". Sin embargo, no se advierte a los pescadores locales groenlandeses sobre la contaminación.

"El Ministerio no ha emitido recientemente directrices para la recolección de animales cerca de las bases estadounidenses en Groenlandia", escribe Anna Jespersen, veterinaria jefa del Ministerio groenlandés de Pesca, Caza, Agricultura y Autosuficiencia. Explica que el departamento no "dispone del conocimiento ni de los recursos necesarios para hacer recomendaciones".

Otro gran problema medioambiental es la cantidad de amianto dejada atrás por los estadounidenses. Los estudios medioambientales de las bases estadounidenses muestran que el amianto está presente en edificios abandonados en casi todas las bases que se han estudiado.

Esto es especialmente evidente en Narsarsuaq, la base principal de los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. A pocos kilómetros de la pista de aterrizaje, Estados Unidos construyó un hospital militar de 250 camas. El hospital permaneció relativamente intacto hasta 1972, cuando se incendió, y durante años después quedó como un montón de escombros en el paisaje.

"Lo recuerdo yo mismo. Vi los edificios cuando era un niño pequeño", dice Ole Guldager, que creció en Narsarsuaq en los años 70, es licenciado en arqueología por la Universidad de Copenhague y dirige el pequeño Museo de Narsarsuaq.

En los años 80, los restos del hospital militar fueron arrasados con excavadoras, pero las planchas de amianto se dejaron atrás. Hoy, pequeñas planchas blancas de amianto yacen esparcidas por todo el valle.

Varios habitantes locales describen cómo han dejado que sus hijos jugaran en la zona durante años, sin tener conocimiento del amianto del viejo hospital durante décadas. "Tal como está ahora, la zona está completamente cubierta de planchas de amianto. No se ha limpiado en absoluto", dice el exdirector del aeropuerto Storch Lund.

Un documento obtenido por Politiken mediante una solicitud de acceso a la información muestra que tanto las autoridades danesas como las groenlandesas son conscientes de la contaminación.

En 2019, un pequeño grupo de investigadores de la Universidad de Aarhus realizaba trabajo de campo en Narsarsuaq. Allí observaron cómo había planchas de amianto hechas añicos esparcidas por toda la zona. Los investigadores se llevaron muestras y determinaron poco después que el material era amianto.

A Ole Guldager se le permitió revisar los resultados de las pruebas. "Eran tan graves que la universidad se planteó si era seguro tener a sus estudiantes paseando por la zona", dice. Los investigadores daneses también informaron al médico jefe de Groenlandia sobre los graves hallazgos. "El médico jefe ha pedido a las autoridades groenlandesas que tomen medidas para reducir el riesgo para la salud", según las actas de la reunión revisadas por Politiken.

Pero desde entonces, no parece que haya pasado gran cosa. Un memorando del Mando de Patrimonio (ETK) de la Defensa danesa señala que "deberían haberse colocado carteles en la zona advirtiendo de la presencia de materiales de amianto". Pero no había ningún cartel cuando Politiken atravesó las pequeñas planchas de amianto rotas.

El caso del amianto en Narsarsuaq ilustra cómo la responsabilidad se pierde en el trasiego entre autoridades. Los estadounidenses dejaron el amianto en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente de Copenhague deja claro que la responsabilidad de Narsarsuaq se ha transferido a las autoridades groenlandesas. El Departamento groenlandés de Medio Ambiente, Energía, Naturaleza e Investigación afirma en una respuesta a Politiken que el principio básico es que "quienes han dejado atrás los residuos deben pagar para que se retiren". Es responsabilidad del municipio local "intentar encontrar al propietario", ya que los municipios son la autoridad principal en materia de gestión de residuos.

Ole Guldager contactó con el municipio local de Kujalleq. Informó a un concejal del problema y solicitó "una investigación exhaustiva sobre la contaminación por amianto en todo Narsarsuaq". Pero nunca recibió respuesta del municipio. Hemos preguntado al municipio de Kujalleq qué medidas ha tomado en respuesta a la consulta de uno de sus residentes, pero el municipio no ha respondido.

Hoy, varios residentes de Narsarsuaq temen que los fuertes vientos que bajan de las montañas estén arrastrando amianto desde Hospitalsdalen sobre el pueblo. "Estamos justo en la trayectoria del viento. ¿Ha afectado esto a personas que han vivido aquí durante 50 o 60 años? No hay forma de saberlo. Pero creo que se lo debemos a la gente de Narsarsuaq —y también a todos los que han vivido aquí en el pasado— al menos investigar esto. Sería inaceptable no hacerlo", dice Ole Guldager.

En la década de 1990, los estadounidenses habían perdido temporalmente el foco sobre Groenlandia. La mayoría de las bases habían sido abandonadas. Solo la base aérea de Thule —que pasó a llamarse Pituffik Space Base en abril de 2023— permanecía bajo control estadounidense.

Los políticos groenlandeses expresaron su preocupación por las enormes cantidades de residuos que los estadounidenses habían dejado atrás, con la aprobación tácita de Dinamarca.

El 13 de marzo de 1991, el entonces ministro de Asuntos Exteriores Uffe Ellemann-Jensen y su homólogo estadounidense firmaron un acuerdo en el que Estados Unidos prometía "retirar o neutralizar de otro modo" todas las sustancias peligrosas conocidas —incluidos aceite usado, disolventes químicos, amianto y PCB— de las instalaciones militares que los estadounidenses estaban desalojando.

Al parecer, los estadounidenses incumplieron esa promesa 11 años después. Cuando Estados Unidos se preparaba para marcharse y devolver la zona de Dundas, estrechamente ligada a la base de Pituffik en el extremo norte de Groenlandia, se negaron, según el entonces ministro de Medio Ambiente Svend Auken, a limpiar lo que habían ensuciado, porque entonces se verían obligados a hacer lo mismo en sus otras bases por todo el mundo.

Mikaela Engell, del Ministerio danés de Asuntos Exteriores, que más tarde se convirtió en Alta Comisionada de Dinamarca en Nuuk, fue citada diciendo que había habido "una inversión completa de la posición de Estados Unidos sobre el medio ambiente entre 1991 y 2003".

Un portavoz del Pentágono lo describió en la misma publicación como un reparto de la carga: con sus instalaciones militares, Estados Unidos había proporcionado una defensa para el mundo libre, así que otros tenían que poner de su parte ocupándose de la limpieza.

La situación jurídica era ambigua. El acuerdo de 1991 dejaba claro que no sustituía al acuerdo de defensa de 1951, que estipulaba que Estados Unidos no tenía obligación de dejar las zonas de Groenlandia en las mismas condiciones que cuando las recibió. Por tanto, se convirtió en gran medida en una cuestión política de con cuánta firmeza insistiría Dinamarca en que Estados Unidos limpiara el lugar. Cuando finalmente se cerró el Acuerdo de Dundas en 2002, bajo el entonces primer ministro Anders Fogh Rasmussen, Dinamarca acabó asumiendo toda la responsabilidad por las enormes cantidades de residuos estadounidenses en Dundas.

Politiken ha preguntado al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Ministerio danés de Medio Ambiente si consideran que el acuerdo de 1991 es válido y se está cumpliendo. Ni las autoridades danesas ni las estadounidenses han respondido.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos tampoco ha respondido a las preguntas sobre por qué Estados Unidos no contribuirá al coste de la limpieza en Groenlandia, ni a ninguna de las demás preguntas de Politiken.

En la década de 2010, destacados políticos groenlandeses intensificaron su crítica al legado del ejército estadounidense. Esta crítica contribuyó al acuerdo del Gobierno danés de 2012 con el Autogobierno groenlandés para limpiar lo que había dejado el ejército danés en Groenlandia. Pero el acuerdo no mencionaba los residuos militares estadounidenses.

En 2017, el entonces ministro groenlandés de Asuntos Exteriores, Vittus Qujaukitsoq, se hartó. Sin el respaldo del presidente del Autogobierno, presentó una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que, en su opinión, Dinamarca no asumía suficiente responsabilidad para garantizar la limpieza de las instalaciones militares estadounidenses.

Era la primera vez que Groenlandia presentaba una denuncia contra Dinamarca ante la ONU. El relator especial de la ONU sobre residuos peligrosos, Baskut Tuncak, se tomó en serio la denuncia y posteriormente concluyó que "Dinamarca debe identificar y retirar todos los residuos militares dejados atrás en Groenlandia" que el pueblo groenlandés desee que se retiren.

En la misma carta, se instaba "encarecidamente" a Estados Unidos a participar y contribuir al esfuerzo. Esto no cambió la posición de Estados Unidos, pero al año siguiente el Gobierno danés decidió destinar 180 millones de coronas danesas a lo largo de seis años para limpiar bases estadounidenses seleccionadas.

Un comité de dirección dano-groenlandés, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha quedado a cargo del trabajo, al que Estados Unidos no está contribuyendo. Los fondos de 2018 están lejos de haberse gastado, y hasta ahora solo se ha limpiado una pequeña parte de las bases.

Politiken ha planteado una serie de preguntas a la ministra danesa de Medio Ambiente, Maria Reumert Gjerding, sobre la contaminación estadounidense y los esfuerzos de limpieza daneses. No respondió a todas ellas.

En un correo electrónico a Politiken, Maria Reumert Gjerding escribe: "Es importante que cumplamos el acuerdo político para limpiar lo que dejó la antigua presencia militar estadounidense en Groenlandia, y que lo hagamos bien. Se lo debemos a la naturaleza y al pueblo groenlandés. El trabajo está en marcha, pero las condiciones son difíciles y lleva tiempo. Estoy haciendo un seguimiento de los avances, y hemos destinado fondos para continuar la tarea en estrecha cooperación con Groenlandia".

Pero, en retrospectiva, parece "tanto erróneo como inapropiado" que Dinamarca durante tanto tiempo no implicara a Groenlandia ni asumiera la responsabilidad por el legado de los estadounidenses, según Kristian Hvidtfelt Nielsen, que dirige el Centro de Estudios sobre la Ciencia de la Universidad de Aarhus y es coautor de un libro sobre Camp Century.

Esto ha dejado una desconfianza fundamental en Groenlandia que ahora se interpone en el camino, en un momento en que Groenlandia y Dinamarca deben abordar conjuntamente las amenazas que plantea Donald Trump, señala. "Es difícil decir si esto podría haberse evitado, pero desde luego no ayuda en la situación actual que hayamos creado ese tipo de conflicto y hayamos creado estereotipos del enemigo", dice Kristian Hvidtfelt Nielsen.

Ahora que Estados Unidos quiere regresar a varias de sus antiguas bases y ampliar su presencia militar en Groenlandia, muchas voces en Groenlandia reclaman medidas para garantizar que no se repitan los errores del pasado.

"Dado lo que sabemos hoy sobre el pasado, sería prudente considerar si hay una forma más adecuada de proceder al cerrar nuevos acuerdos, de modo que no acabemos enfrentándonos de nuevo a los mismos problemas", dice Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia.

"Al fin y al cabo, tenemos el principio de "quien contamina, paga" en Groenlandia. Eso debería aplicarse a todos, incluido Estados Unidos", dice Naaja Nathanielsen, miembro del Parlamento groenlandés. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha respondido a las críticas de los políticos groenlandeses.

En Narsarsuaq, Storch Lund todavía sueña con ver limpias las zonas contaminadas, que solían ser su lugar de juegos cuando era niño. "Sería maravilloso que se retirara todo. Pero es una tarea descomunal. Hay muchísimo suelo contaminado", dice.

Varios habitantes locales cuentan a Politiken que representantes del ejército estadounidense han visitado Narsarsuaq en los últimos seis meses para inspeccionar la pista de aterrizaje, el hotel del pueblo y el viejo aeropuerto.

Cuando se le pregunta si el personal militar estadounidense visitó también la gran zona que contiene los residuos americanos, Storch Lund responde: "No, no fueron hasta allí".

El único visor nacional online para consultar la contaminación atmosférica en España lleva caído desde el 2 de febrero y por ahora no tiene fecha de regreso. Un ciberataque al servidor dejó fuera de servicio la aplicación de Calidad del Aire del Ministerio de Transición Ecológica y, casi cinco meses después, la herramienta sigue sin estar operativa. Ecologistas en Acción denuncia que esta caída ha provocado un "vacío informativo" sin precedentes que deja desprotegidas a personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, vulnerables a los picos de polución.

No ha dejado de medirse la contaminación; lo que ha dejado de existir es una ventana única para verla. Las estaciones autonómicas y municipales siguen registrando datos y estos continúan almacenándose y remitiéndose a la Comisión Europea, pero el ciudadano ya no puede consultarlos en un mapa estatal común. Desde febrero, quien quiera conocer la situación debe acudir por separado a los portales de comunidades autónomas y ayuntamientos, cada uno con formatos, indicadores y criterios de visualización distintos.

El ejemplo más reciente ha ocurrido esta misma semana, coincidiendo con la ola de calor. Está ampliamente demostrado que los episodios de calor extremo van acompañados de niveles muy altos de contaminación por ozono, un gas relacionado directamente con la radiación solar y uno de los contaminantes más agresivos para la salud. Los registros de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos muestran que esta semana ha habido concentraciones de riesgo en la península pero, como el portal oficial está caído, este problema ha pasado desapercibido. 

Miguel Ángel Ceballos, encargado de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, insiste en que es “inaceptable” que casi cinco meses después todavía no se haya solventado. "Es una situación totalmente negligente porque deja desasistidas a millones de personas vulnerables a la contaminación que ya no pueden acceder de manera fácil y visual a esta información", denuncia.

La ONG ha trasladado varios avisos al ministerio y su respuesta siempre es que la reparación del sistema es inminente. Transición Ecológica ha confirmado a infoLibre que están trabajando para solucionarlo, aunque precisa que el hackeo no afectó a sus sistemas, sino a los servidores del Ministerio de Agricultura, donde está alojada la información. La avería, según el departamento, es limitada porque los datos históricos no se han perdido, cada día se siguen almacenando las nuevas mediciones y se envían a la Comisión Europea. El problema es que no se muestran en la web.

Es cierto que la información no es completamente inaccesible porque las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos –quienes tienen las competencias sobre la calidad del aire– tienen sus propios portales online de contaminación. Pero cada administración muestra los datos a su manera y es realmente difícil obtener una visión general de la situación en España. Lo que es imposible ahora es acceder a los datos concretos de todas las estaciones de medición del país, como sí se podía hasta el 2 de febrero. 

Muchas autonomías, como Andalucía, País Vasco o Comunidad de Madrid, utilizan un mapa de avisos de polución mediante una paleta semáforo que resume la situación general a partir de una media calculada con todos los gases y partículas analizados. Sin embargo, este formato está completamente obsoleto científicamente, según los expertos. El caso más sangrante es el de Extremadura, que tiene el portal AireExtremadura caído al menos desde hace un año.

La mayoría de regiones y algunos ayuntamientos permiten la posibilidad de descargar los datos de cada estación por día o por horas, pero hacerlo a gran escala para construir un mapa nacional supone un trabajo inasumible. "Si para nosotros, que llevamos haciéndolo años, es imposible, imagínate para el ciudadano medio", opina Ceballos. De hecho, este es el primer verano que Ecologistas en Acción deja de monitorizar los niveles de ozono en España y de avisar de las superaciones peligrosas por este problema.

Aunque la información disponible ahora es limitada, hay evidencias de que en los últimos días se han superado niveles de ozono peligrosos, como suele ocurrir durante una ola de calor. También se registró un episodio similar de ozono elevado a finales de mayo, coincidiendo con otro pico en los termómetros. 

Por ejemplo, en la red de Cataluña ya se ha superado el umbral de información a la población por ozono en 40 ocasiones este año, lo que supone superar los 180 µg/m3 por hora. También hay evidencias de niveles muy altos de ozono estos días en estaciones de País Vasco, Comunidad de Madrid o Comunitat Valenciana, pero hace falta procesar las mediciones para conocer su media octohoraria, la que se usa como referencia en la directiva europea de Calidad del Aire.

El ozono es considerado el contaminante atmosférico del verano porque se dispara entre los meses de abril y septiembre. No lo generan los coches o las chimeneas de las fábricas, sino que se produce por la interacción de otros contaminantes, llamados precursores, con la luz solar. Por eso, su presencia se multiplica durante los días de más calor.

Como el ozono es altamente oxidante, a corto plazo genera irritación e inflamación en los pulmones y los ojos, incrementa el estrés y la ansiedad y puede agravar otras enfermedades previas. A largo plazo, puede producir problemas crónicos en el sistema respiratorio, cardiovascular y endocrino. La Agencia Europea de Medioambiente atribuye al ozono 6.527 muertes en España en 2023.

Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) especializado en salud y cambio climático, advierte de que durante las olas de calor hay que estar muy pendientes también de la contaminación atmosférica, y recuerda que estos gases y partículas son responsables del 18% de la mortalidad adicional que se produce en los días más calurosos del verano.

"Cuando hay una ola de calor no solo suben las temperaturas, también el dióxido de nitrógeno (NO2), las micropartículas (PM10 y PM2,5) y el ozono. Y tanto el calor como la contaminación golpean a los mismos grupos vulnerables. Sin embargo, solo vemos consejos enfocados al calor, como hidratarse o buscar la sombra, pero no se habla de usar mascarillas ni de limitar el tráfico", explica..

Si ustedes son fans de las películas clásicas de ciencia ficción, recordarán la escena de la película de 1954 en la que sale un ciudadano japonés con los ojos muy abiertos a modo de dibujo anime señalando al monstruo y pronunciando su nombre. Pues esta semana los meteorólogos de la NASA están repitiendo este proceso con el Fenómeno del Niño que se está desatando, y que por convenciones de nominación lleva el nombre de Godzilla.

El fenómeno del Niño es cíclico y ocurre frente a las costas de Perú, pero tiene implicaciones en el clima mundial. Cada siete años, más o menos, las aguas del Pacífico sur sufren un calentamiento anómalo que altera las corrientes de circulación atmosférica, provocando a la vez sequías en unas partes del globo y precipitaciones extremas en otros. Esto conlleva grandes desastres naturales, perdida de cosechas y, en algunas zonas, pérdida de vidas humanas. Es algo que se puede prever y actuar en consecuencia. Las agencias meteorológicas vigilan cuándo surge un aumento de la temperatura del mar frente a las costas de Perú, y ponen en marcha planes de adaptación. Pero los primeros síntomas de este año anticipan que el fenómeno del Niño va a ser uno de los mayores hasta la fecha, de carácter monstruoso, como Godzilla.

No pretendo jugar a ser meteorólogo, sino traducir una serie de artículos científicos y advertir sobre la necesidad de planificar para lo que viene en los próximos meses. Hasta el Banco de España, que no es sospechoso de ser un grupo de ecologistas trasnochados, en un informe sobre el impacto de la Dana dice que estos fenómenos extremos no son solo una desgracia humana, son un hachazo a la productividad del país: provocan cuellos de botella inmediatos en la oferta, paralizan la cadena de suministro y hunden la afiliación a la Seguridad Social en las zonas afectadas.

Pero miremos el mapa de la NASA, que pese a los intentos de censura de Trump, la Agencia de Observación de la Tierra Americana (NOAA) sigue produciendo estos mapas tan coloridos. Es un mapa de la temperatura del océano centrado en América, que explica las desviaciones sobre la media (anomalías), pero si se fijan hay dos cosas que llaman la atención poderosamente. Una es el fenómeno del Niño que se está formando demasiado pronto y que tiene anomalías por encima de los 4º. Y la segunda, si se fijan en la parte derecha del mapa y buscan nuestra casa, entre las Islas Baleares y la Península, verán que el Mediterráneo occidental está 5º por encima de lo normal. Es una sopa burbujeante.

El Niño no es un fenómeno provocado directamente por el cambio climático, pero la temperatura del Mediterráneo sí. Y la combinación de un mar hirviendo con un patrón atmosférico alterado no es un problema de ecologismo de pancarta; es un explosivo riesgo sistémico.

Me gustaría asimismo hacer una advertencia a modo de disclaimer, como en las películas, y es que la meteorología es una ciencia basada en tendencias y probabilidades, y de ninguna manera estoy afirmando que se acerca otra Dana ni nada parecido. Sino que se dan las condiciones para que se produzcan fenómenos meteorológicos intensos.

Pero volvamos a conectar puntos en el mundo, porque el clima es global, y si tenemos un Niño desatado en el Pacífico, en Europa nos podemos preparar para un invierno intenso. Una vez más, sin caer en alarmismos sino por hacer una llamada a la prevención y a trabajar juntos. Es mejor tener planes preparados y no utilizarlos que no tenerlos.

El fenómeno del Niño producirá, probablemente, una alteración de las masas cálidas que suben desde África, produciendo olas de calor más continuadas, y una sequía durante la primera parte del invierno y, a partir de ahí, los efectos del Niño van a ser todavía peores. Las plantas, como he dicho en otras ocasiones, no tienen cerebro, cuentan días de calor. Si les damos un invierno cálido, brotan antes. Si luego les quitamos la lluvia fina que recarga los acuíferos y, en su lugar, les mandamos una lluvia torrencial de otoño alimentada por un Mediterráneo hipercalentado, el agua no cala, arrasa, y de paso se lleva por delante infraestructuras.

En España, la naturaleza nos lleva avisando mucho tiempo. La Estrategia Nacional a 2050 ya asume, negro sobre blanco, que, si no tomamos medidas contundentes, la España del futuro será más cálida y árida, las sequías afectarán a un 70% más de nuestro territorio y 27 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua. La agencia estatal de meteorología publicó la semana pasada su predicción para los próximos tres meses y, de momento, respalda este patrón con un verano con temperaturas por encima de lo normal.

Y aquí viene otra vez la prédica en el desierto: el cambio climático está aquí y no nos lo vamos a quitar ignorándolo, pero cuando vienen fenómenos complementarios debemos estar preparados para afrontarlos. Dejo a los políticos la planificación de los planes más inmediatos, pero es necesaria la concienciación de la ciudadanía de lo que nos viene encima.

Como en la película de 1954, podemos quedarnos señalando al monstruo con los ojos muy abiertos mientras Godzilla avanza hacia la costa. O podemos entender que la meteorología ya no es una anécdota del telediario, sino el mayor factor de riesgo para nuestra economía y seguridad. La sopa burbujeante del Mediterráneo nos está avisando: el tiempo de las 'predicciones' se ha acabado, ha llegado el tiempo de la adaptación forzosa. Más nos vale que cuando Godzilla toque tierra, no nos pille discutiendo sobre el color del paraguas.

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Isaac Pozo es director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

Un comunicado de una docena de comunidades autónomas ha sorprendido esta semana a las organizaciones de bomberos forestales, que llevan años reclamando precisamente a estas Administraciones salir del agujero de precariedad en el que están sumidos. Regiones como Castilla y León, Murcia, Aragón, Andalucía o Madrid, gobernadas por el Partido Popular, dicen estar "preocupadas ante el incumplimiento de la ley básica de bomberos forestales", y culpan al Ministerio de Trabajo de que se haya retrasado siete meses en su implantación, cuando son precisamente estas regiones las más señaladas por maltratar laboralmente a sus bomberos. Los sindicatos creen que es una maniobra de las consejerías para dilatar las negociaciones y evitar la implementación de las mejoras, que encarecerían los dispositivos.

Esta misma semana, Comisiones Obreras (CCOO) organizó una rueda de prensa para denunciar la precariedad en varias de estas comunidades. Para empezar, Castilla y León ha sido históricamente señalada por tener el cuerpo peor organizado del país, con alrededor del 70% de los efectivos subcontratados a empresas privadas, bases sin agua ni luz o falta de vehículos de extinción. Andalucía tiene retenes con el 50% de ocupación, en Murcia denuncian 12 años sin mejoras salariales, en Comunidad Valenciana hay un déficit de 250 bomberos y en Madrid, una parte del cuerpo lleva más de 1.000 días en huelga.

Sin embargo, estas doce comunidades (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) afean al Gobierno central que no haya cumplido hasta ahora su parte de la ley 5/2024. En ella, se daba un año al Ministerio de Trabajo para elaborar un reglamento de prevención de riesgos laborales para este colectivo, así como para establecer unas jornadas máximas diarias de trabajo y para actualizar el cuadro de enfermedades profesionales de los bomberos. Esos doce meses de margen terminó en noviembre de 2025 y las tres medidas siguen sin implementarse, de manera que esta temporada los bomberos seguirán trabajando con escasos avances frente al verano pasado.

La ley establece también que estas regulaciones se tienen que elaborar en coordinación con las comunidades autónomas porque comparten competencias, y es ahí donde empieza el lío en el que están sumidas las negociaciones. Las autonomías critican que el Gobierno no ha respetado el plazo legal de un año que se dio para poner en marcha los cambios y que no han sido consultadas durante el proceso.

Desde el Ministerio de Trabajo no dan crédito al comunicado donde las comunidades denuncian todo esto, difundido el pasado viernes al término de la última de las cuatro reuniones que han tenido lugar entre el Gobierno central y las consejerías sobre este asunto. "No entendemos esta reacción cuando las reuniones han sido en tono cordial y por ahora avanzan bien. Siempre hay puntos de fricción, pero para nada las negociaciones están paralizadas", afirman desde el gabinete de Yolanda Díaz. 

Las comunidades del PP que se han levantado contra el ministerio piden "reiniciar el proceso normativo" para garantizar que todas las autonomías puedan participar en él, una maniobra que alargaría indefinidamente las negociaciones y haría todavía más difícil implementar esas mejoras.

Afirman también que la versión actual del real decreto que maneja Trabajo "no incorpora suficientemente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría provocar disfunciones relevantes en la gestión de emergencias (...), generando además inseguridad jurídica para los responsables operativos y de seguridad y salud laboral", aunque en la nota no explican qué puntos son los que preocupan del borrador.

CCOO, en la rueda de prensa de este martes, dijo que, de hecho, son las comunidades autónomas las que están torpedeando el proceso porque proteger a los bomberos significa más costes para las consejerías de Medioambiente debido a que habría que completar más turnos de trabajo, dar cursos de formación en riesgos laborales y costear más bajas por enfermedad. "Lo que se encuentra el Ministerio de Trabajo son trabas constantes. Hay un lobby de comunidades detrás que aspira a bloquearlo todo porque esto va de dinero. Cuantos más avances, más les van a costar los dispositivos".

José Manuel Alonso, portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF), también critica este intento de devolver la negociación a la casilla de salida por parte de las comunidades autónomas. "Es un bloqueo de un real decreto que vela por nuestra seguridad y nuestra salud. Y sabemos de sobra que las comunidades nunca quisieron que saliese adelante esta ley", opina.

No hay duda de que España sufre una semana fatídica de calor, pero el mensaje que llega a buena parte de la población es que la situación es menos grave de lo que realmente es. Este lunes, el mapa de avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiñe el país de amarillo y naranja, salvo una zona del País Vasco (rojo), una imagen que replican, entre otros, el Ministerio del Interior o las cuentas oficiales del 112 en cada comunidad autónoma. Ese plano contrasta con el mapa de Meteosalud del Ministerio de Sanidad, que pinta de rojo todo el tercio norte de la península y numerosos puntos del centro y el sur.

La diferencia se ve claramente en las dos imágenes siguientes. El de la izquierda es el mapa de avisos por calor de Aemet, y el de la derecha, el de avisos de Meteosalud (consideradas olas de calor epidemiológicas). Ambos corresponden a este lunes, pero la diferencia es similar este martes y mañana miércoles.

La brecha entre ambos puede dar lugar a confusión porque la percepción del riesgo por parte de la población es evidentemente menor en el mapa de Aemet. La diferencia entre los dos radica en que el primero solo mide las temperaturas máximas de cada una de las 182 zonas climáticas del país durante esa jornada, las compara con una tabla de registros históricos y emite un aviso (amarillo, naranja o rojo) en función de cuánto superen ese umbral.

El segundo mapa, elaborado por el Ministerio de Sanidad, incluye en su cálculo el impacto fisiológico del calor. Es decir, cruza la temperatura media de un periodo de tres días con el factor de riesgo de cada zona climática, que representa lo adaptada que está la población de cada territorio al calor. De esta manera, Meteosalud se basa en que 33º C en A Coruña tienen un impacto mucho mayor sobre el organismo que 40ºC en la campiña sevillana.

Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) especializado en salud y cambio climático, fue uno de los ideólogos de Meteosalud y critica que se dé mucho más peso al mapa de avisos climáticos que a la versión que incorpora la variable sanitaria. "Seguimos destacando más las noticias de que se alcanzan 40ºC en lugares donde están acostumbrados a registrar 40ºC, cuando lo importante no es dónde se registran las temperaturas más altas, sino cómo afecta a la gente que vive allí", destaca el investigador.

De hecho, es habitual que sea el mapa de Aemet el que se imponga en los medios de comunicación y en el debate público. Principalmente, porque el de Sanidad empezó a publicarse en 2024, mientras que el de la Agencia de Meteorología se creó hace 20 años.

Por ejemplo, esta semana, en plena crisis de calor, tanto el Ministerio del Interior como Protección Civil se han hecho eco de la versión de Aemet en redes sociales. También todas las cuentas autonómicas del 112, como Cataluña, Cantabria o Madrid, tres lugares marcados en alerta roja por Meteosalud este lunes, pero que en el mapa de Aemet están pintados de amarillo y naranja.

Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático en el Gabinete de la ministra de Sanidad, reconoce que están todavía trabajando en popularizar e imponer la versión de 2024, que pone el foco en la salud pública. "Los dos mapas cumplen funciones diferentes, y nosotros recomendamos el de Meteosalud, que es el que importa a las personas. Lo que pasa es que el nuestro es más reciente y todavía estamos dándolo a conocer", dice el alto cargo. "Por ahora, es verdad que el de la Aemet tiene mucho más tirón", añade.

Un estudio publicado en 2024 con datos de 2008 a 2019 confirma la profunda brecha que hay entre lo que Aemet y Sanidad consideran una situación de riesgo, en este caso a la hora de decretar una ola de calor. En el 52,5% de las 182 zonas climáticas españolas se considera peligroso para la salud (según Meteosalud) un umbral de temperaturas máximas menor del necesario para que Aemet declare una ola de calor en esos lugares. Es decir, en algo más de la mitad del país, aunque no se declare ola de calor, la salud de los ciudadanos está en riesgo por las altas temperaturas.

Julio Díaz fue uno de los autores de aquel trabajo, y resume así sus conclusiones: "En más de la mitad de las situaciones en las que habría que dar una alerta por calor, no se están dando".

La razón es que, para que la Aemet declare una ola de calor, se tienen que dar una serie de complejas circunstancias: un episodio de al menos tres días consecutivos en que como mínimo en el 10% de las estaciones de medición se registren máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000. Sin embargo, en muchos lugares de España no hace falta llegar a ese extremo para que la población esté expuesta al peligro.

Por ejemplo, el estudio en el que se basa Meteosalud calcula que, en el litoral de Gipuzkoa, los vecinos están en riesgo sanitario en el momento en el que se superan los 25,7 ºC, una temperatura que supone el percentil 79,3% de la media de las máximas, 15 puntos por debajo del umbral de ola de calor.

La dificultad de que estas condiciones encajen es tal que las declaraciones de alerta de Meteosalud y ola de calor de Aemet solo coinciden en el 30,7% de los casos. En el 52,5%, Meteosalud activa el riesgo sanitario con temperaturas inferiores a las necesarias para que la Aemet declare una ola de calor. En el 16,7% de los casos restantes ocurre lo contrario: Meteosalud tiene un umbral todavía superior, lo que significa que en una de cada seis zonas de España se declara ola de calor con temperaturas inferiores a las que son peligrosas para la ciudadanía. 

"Los resultados obtenidos en este estudio indican la necesidad de utilizar una definición de ola de calor basada en estudios epidemiológicos de temperatura y mortalidad, en lugar de valores basados en datos meteorológicos", resume el estudio, publicado en la prestigiosa revista Environmental Sciences Europe.

Un estudio inédito en Francia ha sacudido esta semana a su potente sector nuclear. Una ONG ambiental, con datos oficiales del operador atómico estatal, ha revelado que cada año mueren en sus centrales nada menos que 5.900 millones de peces, crustáceos, medusas, larvas y huevos. Los animales entran en las instalaciones a través de sus sistemas de refrigeración, que toman agua del río o del mar más cercano para enfriar el líquido utilizado para generar energía en sus turbinas. La cifra solo corresponde a cinco de las 19 centrales nucleares que tiene el país.

Los datos, publicados por Sortir du Nucléaire (Abandonar la Nuclear, en español), han sido obtenidos a partir de 38 informes internos de la eléctrica EDF, la empresa pública titular del parque nuclear francés. En estos documentos hay datos de mortalidad animal desde la década de 1980. La compañía calcula que la central de Blayais, en el suroeste, aspira cada año entre 2.300 y 2.600 millones de peces y otros animales acuáticos, y la de Paluel, en el noroeste, 2.100 millones. El resto de la mortalidad procede de las centrales de Penly, Gravelines y Civaux.

EDF asume en esos informes que la mortalidad de los ejemplares es total una vez que entran en el circuito, una afirmación que ratifican los ecologistas teniendo en cuenta que los animales son golpeados por máquinas, sometidos a cambios de temperatura y cambios químicos, asfixiados u obligados a nadar durante días contra corriente.

La gran mayoría de los animales atrapados son peces, seguidos de crustáceos y medusas, y hay registros de más de 100 especies, algunas de ellas protegidas –como el esturión europeo– por encontrarse en peligro de extinción. La especie cuerpo más encontrada, según la documentación interna, es el pez espadín, seguido del gobio y la gamba blanca. Además, el 80% de los peces muertos miden entre uno y seis centímetros, lo que indica que son juveniles, huevos y larvas que no han llegado a desarrollarse. Perder estos ejemplares pone en riesgo el futuro del ecosistema.

El grupo ecologista también advierte que las cifras de mortalidad estarían por debajo de la realidad porque la calidad de los datos es deficiente. Por ejemplo, los números de animales afectados varían de manera exponencial entre las cinco centrales estudiadas, aunque algunas de ellas tienen la misma tecnología y la misma potencia. En todo caso, no puede concluirse que las 19 instalaciones del país (con 57 reactores en total) tengan un problema de la misma envergadura porque solo aplica a las centrales de ciclo de refrigeración abierto, las que toman ingentes cantidades de agua de ríos o del mar. Las de circuito cerrado necesitan mucho menos agua.

"Aún no tenemos datos sobre cuatro centrales nucleares de circuito abierto, entre ellas la de Flamanville, sobre las que EDF no ha realizado ningún estudio todavía. Nuestro informe también pone de relieve las limitaciones de los estudios realizados por la compañía, lo que probablemente da lugar a una subestimación del número total de animales afectados", explica a infoLibre Emma Lepont, portavoz de la ONG.

A través de los informes internos del gigante francés es posible conocer el viaje que hace la fauna atrapada a través de una central nuclear, que los activistas definen como una "tortura".

El ciclo comienza en un tanque de absorción de agua de alta potencia, capaz de aspirar el equivalente a una piscina olímpica por minuto, en el caso de la central de Blayais. Allí, el animal puede quedar atrapado  desde unos minutos a varios días. A continuación sufre un shock químico, porque el agua es sometida a un proceso de electrólisis para evitar la proliferación de bacterias en el agua marina.

Después, los peces de más de tres milímetros chocan contra un filtro que tiene el objetivo de evitar que se cuelen residuos en el sistema. Los que no lo atraviesan mueren por asfixia al ser expulsados del agua. Los que sí cruzan ese tambor pasan a los circuitos de bombeo y condensación de la central, donde sufren variaciones de temperatura de más de 15 ºC y cambios bruscos de presión.

Esta situación fue originalmente denunciada por una investigación de Mediapart –socio de infoLibre– en 2020, cuando el medio francés accedió a un informe clasificado como "confidencial", elaborado por la consultora Seanao y encargado por EDF. La propietaria de las plantas reconoció a este medio que aproximadamente 540 toneladas de organismos se introducen en sus centrales nucleares cada año, y la mitad son peces. Una de las encontradas habitualmente era el sábalo, considerada en amenaza crítica de extinción. Cada año se recogían "varias docenas de ejemplares" de 100 kilogramos muertos en los circuitos de refrigeración de estas instalaciones.

Tras conocerse esta semana el estudio de Sortir du Nucléaire, el diario francés Le Monde contactó con EDF, que no negó las cifras presentadas por los ecologistas, pero especificó que las centrales están sujetas a una "vigilancia exhaustiva del ecosistema acuático".

Es difícil saber si este cálculo se puede extrapolar a instalaciones nucleares de otros países porque, según ha podido comprobar la ONG Sortir du Nucléaire, lo normal es que la mortalidad animal por aspiración de un reactor sea mucho menor que la registrada por EDF. Centrales nucleares como Hinkley C (Reino Unido), Darlington (Canadá) o Forsmark (Suecia) notifican  una fracción de los animales muertos en comparación con Blayais o Paluel, "ya que en esos países existe una normativa para la protección de los organismos acuáticos".

El informe no aborda la situación de las cinco centrales nucleares españolas, donde se desconoce oficialmente si hay problemas similares. Tres de ellas funcionan con un ciclo de refrigeración abierto o mixto: Almaraz I y II (toman agua del Tajo), Vandellós II (toma agua del Mediterráneo) y Ascó I y II (con un sistema de refrigeración mixto que toma agua del Ebro). Un portavoz de Almaraz afirma que la planta monitoriza el ecosistema que rodea la central y no tienen constancia de mortalidad de animales por su circuito de refrigeración. Trillo y Cofrentes funcionan con un sistema cerrado que se apoya en torres de refrigeración, por lo que toman una cantidad mucho menor de agua de río y su impacto ecológico es reducido.

Los autores del estudio francés subrayan la paradoja de que ni la Autoridad Francesa de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASNR) ni EDF han desarrollado protocolos de protección ambiental frente a estas especies, algunas protegidas, ni que el titular de las centrales tenga la obligación de monitorizar los ejemplares atrapados en sus instalaciones, mientras que los parques eólicos de Francia sí tienen que seguir unos estrictos controles sobre mortalidad e impacto de aves con las aspas de los molinos de viento.

Emma Lepont explica la falta de interés histórico y mediático por las nucleares "por los esfuerzos de la industria nuclear por ocultar el fenómeno, manteniendo una falta de transparencia". También influye, sostiene, que estos episodios se han catalogado en la jerga energética como "obstrucciones", en lugar de hablar de mortalidad animal, y las cifras han presentado en toneladas, no en individuos totales, complicando su interpretación por la población.

En España, la situación es similar. Mientras que el sector eólico está sometido a un intenso escrutinio y ha sufrido demandas de grupos conservacionistas por mortalidad de ejemplares —como la denuncia contra Acciona por la muerte de uno de los últimos quebrantahuesos que viven en Teruel, una especie en peligro de extinción—, el impacto de los sistemas de refrigeración de las nucleares sobre la fauna acuática apenas ha formado parte del debate público.

Las comunidades del norte del país, que tradicionalmente han sido un refugio frente al calor del verano en España, son las que más riesgo presentan para la salud durante los episodios de temperaturas extremas como el que se espera este fin de semana. Aunque los termómetros allí no se disparen tanto como en Córdoba, Zaragoza o Cáceres, el mayor número de avisos del Ministerio de Sanidad por exceso de calor durante el verano pasado se registró en Asturias, contra todo pronóstico, y las comunidades con más muertes atribuibles al calor –en relación a su población– fueron Castilla y León y Galicia en los últimos dos años.

La tendencia este verano apunta en la misma línea, pero de manera incluso más exagerada. Según el Monitor de Mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, desde el 15 de mayo hasta ahora se estiman 168 muertes atribuibles al calor en España, y 148 de ellas (el 83%) se concentran exclusivamente en Asturias, Galicia y País Vasco. En Andalucía, el epicentro del calor en España, solo se estiman cuatro fallecimientos. 

Los picos de temperatura de lugares tradicionalmente cálidos son los que reciben atención porque allí se registran las temperaturas más salvajes, pero los expertos subrayan que el riesgo para la salud radica en lo acostumbrada que esté la población a ese calor y en la adaptación de las casas y las ciudades a él, como recuerda Julio Díaz, investigador del  Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad.

"La clave está en el umbral de mortalidad por temperaturas que tiene cada región porque no es lo mismo 37ºC en Sevilla que en A Coruña. En la primera puede ser duro, pero en la segunda es una barbaridad", opina Díaz. "En Sevilla es muy raro el que no tiene aire acondicionado o toldos, o los pueblos de Málaga tienen calles estrechas para que corra el aire y las casas son blancas para reflejar la luz. Eso no ocurre en Galicia", resume.

Este investigador fue precisamente uno de los ideólogos del mapa Meteosalud, del Ministerio de Sanidad, que se actualiza cada día con el riesgo sanitario por altas temperaturas en España en las 182 zonas meteorológicas en las que se divide el país. En él se cruzan la temperatura esperada para las siguientes tres jornadas y los datos históricos de mortalidad por calor, y evidencia las grandes diferencias que hay en el país.

Por ejemplo, en la costa de Cantabria la temperatura máxima a partir de la cual se considera riesgo de salud son 26,7 ºC, y 31,2ºC en la zona centro de esa Comunidad, mientras que en Badajoz las alarmas no saltan hasta los 39,9ºC.

El mapa de Meteosalud también envía alertas cada día en forma de tres colores (amarillo, naranja o rojo) cuando se prevé que una zona del país vaya a sufrir un episodio de riesgo sanitario. Esta cartografía es diferente al clásico mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), puesto que el primero se basa en índices sanitarios y el segundo simplemente compara los picos de calor con datos históricos de temperatura, sin tener en cuenta la capacidad de la población de adaptarse a la situación.

Un análisis de todos los avisos de Meteosalud publicados el verano pasado arroja que las provincias del norte del país son de lejos las más preocupantes. Sumando los emitidos en amarillo, naranja y rojo, Asturias es la número uno (259 avisos), seguida de Tarragona (203), Cantabria (162), Pontevedra (150) y Valencia (114). Esas cifras no equivalen a que en 2025 hubiesen temperaturas peligrosas durante 259 días, en el caso de Asturias, sino que la suma de las cuatro zonas meteorológicas de Asturias tuvieron en total ese número de avisos. 

Si se cuentan solo las advertencias de nivel rojo, durante las cuales el organismo está sometido a temperaturas realmente peligrosas, Tarragona es la primera (44 avisos), seguida de Asturias (38), Pontevedra (38), Cantabria (33) y Soria (30).

Como el resto de España, las comunidades autónomas tradicionalmente frescas en verano también están sufriendo un incremento de la temperatura media anual de los récords de temperatura máxima y de las temperaturas nocturnas.

Por ejemplo, en Cantabria, una de las regiones que ocupa los rankings de riesgo por calor, los datos de laAemet apuntan a un aumento de 0,3ºC por década en las temperaturas medias, el equivalente a alrededor de 1ºC más en lo que va de siglo. En cuanto a registros extremos, hasta 2022 nunca se había registrado una temperatura superior a 42ºC, pero desde entonces se ha medido en 22 ocasiones. En cuanto a las noches tropicales (una mínima superior a 20º), el promedio del periodo de referencia (1991-2020) es 3,5 días al año, y en los últimos cinco días se ha casi duplicado esa estadística, hasta 5,8 días.

Sergio Fernández, delegado de Aemet en Cantabria, explica que el debate sobre el calor empieza a ser cada vez más recurrente en la política y la sociedad cántabra a medida que la situación empeora. "Aquí nunca ha hecho falta aire acondicionado, pero en mayo llegamos a alcanzar los 37,1ºC, un récord para ese mes, y se abrió el debate sobre su necesidad en las aulas. La particularidad de este episodio es que fue más fuerte aquí que en el sur de España y llegamos a medir 10ºC más de lo que tocaba en esas fechas", afirma este doctor en ciencias físicas.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) parece estar consolidando una determinada orientación estratégica para el futuro del territorio con el anunciado Plan de Biometanización. Por un lado, impulsa el desarrollo del biometano como pieza clave de la economía circular. Por otro, sigue sin articular una estrategia integral de recuperación de los sistemas hídricos que sostienen buena parte del equilibrio ambiental de la región, cuyo ejemplo más evidente es el conjunto hidrogeológico del Alto Guadiana y su relación con Las Tablas de Daimiel.

Más que una relación de causa y efecto entre ambas dinámicas, lo que se observa es algo más profundo: la coexistencia de dos racionalidades distintas de gobierno del territorio.

La primera racionalidad es la de la optimización económica de los flujos materiales. En ella, los residuos del sistema productivo se convierten en recurso energético bajo el paradigma de la economía circular. El biometano se inserta en esta lógica como tecnología de valorización de subproductos agroganaderos y agroindustriales.

La segunda racionalidad es la de los límites biofísicos y la restauración ecológica. En este marco, el territorio no es solo soporte de actividad económica, sino un sistema hidroecológico complejo cuya estabilidad depende de la recuperación de sus funciones básicas: la recarga de acuíferos, la continuidad de los flujos hídricos, la salud de los humedales y la resiliencia del paisaje agrario.

Durante las últimas décadas, la modernización agraria ha transformado profundamente la Mancha Occidental. La expansión del regadío y la intensificación productiva han ejercido una presión sostenida sobre los acuíferos que alimentan el Guadiana y humedales como Las Tablas de Daimiel.

El resultado es un sistema hidrogeológico tensionado. Esta situación no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino como la consecuencia de un modelo de desarrollo territorial que ha priorizado de forma sistemática la productividad económica del suelo frente a la capacidad de regeneración del sistema hídrico.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el Alto Guadiana carece todavía de un gran Marco de Actuaciones Prioritarias (MAP) para la restauración hidrológica comparable al desarrollado en otros espacios de alta sensibilidad ecológica como Doñana o el Mar Menor.

No se trata de afirmar que el biometano y la recuperación hídrica sean incompatibles. La cuestión es otra. Mientras se movilizan recursos, planificación y apoyo institucional para impulsar la biometanización, sigue sin existir una estrategia equivalente para la recuperación integral de los acuíferos, ríos y humedales de la Mancha Húmeda.

En este contexto, el desarrollo del biometano puede interpretarse como una nueva fase de la misma racionalidad económica que durante décadas ha priorizado la maximización productiva frente a la restauración de los sistemas hídricos. Cuanto más intensivo es un sistema agroindustrial, mayor volumen de residuos genera. Y cuanto mayor es ese volumen, mayor es también la disponibilidad de materia prima para su valorización energética. De este modo, la gestión de residuos puede convertirse en un sector en expansión sin que ello implique necesariamente una transformación del modelo territorial que los produce.

Frente a esta lógica centrada en la gestión de flujos económicos y materiales, se han desarrollado en las últimas décadas enfoques basados en la custodia del territorio.

Este modelo introduce una idea distinta de gobernanza ambiental: la conservación y restauración de los ecosistemas no como una externalidad o una política sectorial, sino como un proceso compartido entre administraciones públicas, propietarios, entidades sociales y comunidades locales.

En el caso del Alto Guadiana, la custodia del territorio ofrece una vía especialmente relevante para abordar la recuperación de acuíferos, humedales y riberas mediante compromisos territoriales estables basados en la corresponsabilidad ecológica y no únicamente en la rentabilidad económica inmediata del suelo.

En el fondo, la cuestión es qué tipo de riqueza decide priorizar una sociedad. La rentabilidad económica de corto plazo resulta fácilmente medible en términos de producción, inversión o PIB. Mucho más difícil es contabilizar el valor de unos acuíferos recuperados, de unos ríos con caudal permanente o de unos humedales funcionales. Sin embargo, son precisamente estos sistemas los que sostienen a largo plazo la habitabilidad, la resiliencia y la calidad ambiental del territorio.

En última instancia, lo que se va a definir en los próximos años es el modelo de relación entre sociedad, economía y naturaleza que estructurará el futuro de Castilla-La Mancha.

La Mancha Húmeda puede avanzar hacia un escenario en el que la restauración ecológica, la recuperación de los recursos hídricos y la custodia del territorio constituyan el eje de su transformación.

O puede consolidarse como un espacio donde la política ambiental se limite a gestionar los impactos del modelo productivo existente.

La decisión no es técnica. Es política. Y consiste en determinar si la Mancha Húmeda quiere convertirse en uno de los principales laboratorios europeos de restauración ecológica o resignarse a administrar las consecuencias de la degradación de sus propios recursos hídricos.

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Alberto Celis es historiador y geógrafo.

Más de 70 países en todo el mundo, desde Francia a China, pasando por Australia o Brasil, han gastado miles de millones de euros de dinero público para suavizar el impacto de la crisis energética. Ya pasó en Europa tras la invasión de Ucrania y la escasez de gas natural, pero ahora el shock es global y líderes de todos los rincones han recurrido a esta medida fácil y rápida, pero muy controvertida entre los economistas. Reducir artificialmente el precio del combustible es muy caro, incentiva su consumo en tiempos de escasez, ayuda más a las rentas altas que a las bajas y desincentiva que ciudadanos y empresas apuesten por el autoconsumo solar o el ahorro energético.

España es, de hecho, el país de la Unión Europea que más ha gastado en subsidiar la energía para evitar que esa subida de precios se traslade al resto de la economía. El Gobierno ha destinado desde marzo 4.747 millones de euros a rebajar el IVA en las gasolineras, la luz y el recibo del gas, así como a abaratar 20 céntimos el combustible profesional. Según una comparativa europea del think tank Bruegel, el segundo país que más dinero ha dedicado es Alemania, con 1.600 millones de euros.

No todas esas rebajas siguen disponibles en España. En el caso de la electricidad y el gas, el IVA ya ha vuelto a la normalidad, pero continuarán recortados hasta el 30 de junio el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, así como el IVA de las gasolineras y el impuesto sobre hidrocarburos.

Parchear la situación a base de dinero público es el recurso rápido y fácil para una crisis así, pero que conlleva muchos problemas de fondo, opina Diego Rodríguez, investigador de Fedea y doctor en Economía. "Tiene sentido que la hayan activado durante solo tres meses, pero no cumple el criterio que propondría cualquier economista: que se destine a los consumidores vulnerables".

Como la ayuda no hace distinción por renta, llega a todos los bolsillos, pese a que son las rentas bajas las que realmente dependen de esta subvención para poder seguir cogiendo el coche, poniendo la calefacción o encendiendo el aire acondicionado. Según un estudio reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los deciles superiores de renta son los que más porcentaje de la ayuda disfrutan sobre su coste total, especialmente en la gasolina y el diésel. 

Por ejemplo, los tres deciles más bajos –el 30% de los hogares españoles con menos renta– reciben el 20,3% de las ayudas totales al combustible, según la AIReF, mientras que los tres deciles más altos se benefician del 39%, casi el doble. "La razón es sencilla y directa: consumen más energía", resumen los autores.

Tanto la AIReF como Diego Rodríguez reclaman que las futuras ayudas estén ajustadas por nivel de renta, pero es cierto que no hay manera fácil. El experto de Fedea habla de una fórmula recurrente, una compensación en la declaración de la renta del año siguiente, aunque con el impedimento obvio de que la cobertura llegaría un año tarde. "No es fácil encontrar una solución, pero desde luego habría que reflexionar para estar preparados en el futuro", dice el investigador.

La AIReF, por su parte, plantea "la creación de un registro de hogares actualizado o el desarrollo de sistemas de identificación personal mensual de los ingresos de las familias por parte de la Agencia Tributaria", una manera de tener clasificada a la población por renta y poder después dar ayudas clasificadas por estratos.

La segunda crítica es que estas ayudas reducen la sensación de escasez de combustibles que hay en la economía global, haciendo que la demanda no caiga a la misma velocidad que la oferta. En este momento se producen cada día unos 14 millones de barriles menos de lo habitual debido al cierre casi completo del Estrecho de Ormuz, lo que equivale a aproximadamente el 14% del consumo mundial, pero esa tensión en la oferta no se traslada al surtidor porque la gasolina y el diesel tienen un precio artificialmente bajo.

"Los precios del combustible subvencionado no muestran realmente el problema que hay de suministro. Estamos alterando el balance del mercado", opina Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del Instituto de la Economía de la Energía y el Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés).

El resultado es que en los países ricos, con más capacidad para soportar con dinero estas subvenciones y donde la población tiene más renta, la caída del consumo está lejos de reflejar el agujero real. Según datos de la consultora Argus, en el segundo trimestre de 2026 Europa reducirá su demanda de crudo en 300.000 barriles diarios, mientras que la de Asia-Pacífico recortará unos 3.000.000 en ese periodo, un recorte diez veces mayor. La diferencia también radica en que Asia depende mucho más del petróleo de Oriente Medio que Europa.

En todo caso, los descuentos españoles no han sido suficientes para devolver el coste del litro a su situación previa a la guerra de Irán y el golpe se ha notado igualmente. En el mes de abril la demanda de combustible en gasolineras en España cayó un 5,2% frente al mismo mes del año pasado, según los últimos datos de Eurostat. Menos que en otros países, como Alemania (-10%), Bélgica (-8,9%) o Noruega (-12,2%), pero en la línea de Francia (-4,1%). En el conjunto de la UE, la demanda de combustible cayó en abril un 3,5% respecto a ese mes de 2025.

En cuanto a la demanda eléctrica, en España se mantuvo sin cambios en mayo frente al año pasado, con un incremento del 0,1% una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad, según Red Eléctrica. El consumo de gas también estuvo casi congelado en mayo, con una caída del 1% interanual, si bien se desplomó un 6,3% en el apartado de hogares e industria, compensado por una subida del consumo de cisternas para almacenamiento.

Por último, muchos grupos ecologistas y defensores de las energías limpias critican que estas ayudas vuelven a ser un ejemplo más de cómo los países ricos siguen incentivando el uso de combustibles fósiles a pesar de la emergencia climática.

Argumentan que, tanto la crisis derivada de la invasión de Ucrania –que llegó a encarecer el gas más de diez veces– como la actual son la mejor oportunidad para invertir en autoconsumo fotovoltaico, baterías y en medidas de eficiencia energética, porque es ahora cuando más dinero permiten ahorrar, pero en su lugar se destinan miles de millones al petróleo y al gas. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que en 2022 y 2023, la Unión Europea gastó en subvenciones a combustibles y electricidad unos 250.000 millones de euros. 

Por ejemplo, tras conocerse en marzo el paquete español contra la crisis, Greenpeace reaccionó diciendo que "el Gobierno vuelve a tropezar en la piedra de las ayudas indiscriminadas a los combustibles y el gas". "Está demostrado que estas medidas son ineficaces socialmente, dañan el clima, y costarán miles de millones al contribuyente", añadió también.

El uso de falsos reclamos ecologistas para atraer clientes, una práctica habitual de las grandes compañías energéticas, ha saltado al sector de las telecomunicaciones. En la última década las operadoras de telefonía móvil han comenzado a vender electricidad y gas (que compran a terceros) aprovechando su gran base de clientes de telefonía, y para hacerlo han copiado las técnicas y eslóganes del sector: pintar su web de color verde y prometer replantar bosques para compensar lo que contamina su producto.

La organización de consumidores CECU considera que algunas de estas prácticas se pueden considerar greenwashing, o publicidad ambiental engañosa, y ha denunciado a Jazztel, Yoigo y Pepeenergy (de Pepephone) ante el Ministerio de Consumo para que fuerce a estas empresas –todas del grupo MásOrange– a retirar estos reclamos. También ha pedido que investigue por este mismo motivo a las energéticas TotalEnergies, Naturgy y Audax Renovables.

La denuncia forma parte de una campaña europea más grande en la que CECU y otras 11 organizaciones han pedido a la Comisión Europea que investigue a los gigantes TotalEnergies, Engie, Eni Plenitude y Shell por llevar a cabo campañas de greenwashing a nivel europeo. Básicamente, las ONG acusan a estas compañías de sacar pecho de luchar contra el cambio climático cuando son algunas de las grandes responsables del calentamiento global.

En todo caso, ni la denuncia interpuesta en Bruselas ni la de Madrid serán canalizadas por la vía jurídica, sino que solo pondrán sobre alerta a las autoridades nacionales y europeas para que tomen medidas. "Nosotros lo que hacemos es señalar", aclara Soledad Montero, encargada de energía en CECU. "Ahora son las autoridades las que tienen que investigar y llamar la atención, y si no toman medidas, multar. Si la ley no se cumple es papel mojado", añade.

Las tres 'telecos' españolas denunciadas ante la Dirección General de Consumo comparten una misma campaña en la que aseguran que las emisiones de CO2 de sus clientes de electricidad y gas natural se compensan con la plantación de árboles. Esta práctica es internacionalmente considerada como greenwashing porque numerosos estudios de ONG han certificado que la reforestación es nunca o casi nunca verificable, y sirve para justificar negocios extremadamente contaminantes.

De hecho, la nueva directiva europea de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, la conocida como directiva contra el greenwashing, aprobada en 2024, prohíbe la publicidad que promete compensar el carbono emitido por el usuario mediante acciones como plantar árboles o instalar tecnología de captura del CO2 del aire, "ya que dan a los consumidores la falsa impresión de que el consumo de ese producto no tiene ningún impacto medioambiental". El problema es que esta directiva no entra en vigor hasta el próximo 27 de septiembre y debe ser además traspuesta a la normativa española para que sea vinculante en este país, de manera que la ley por ahora no impide claramente las prácticas de estas empresas de telefonía.

Tanto la web de Yoigo como de Pepeenergy recogen que las compañías calculan las emisiones de CO2 de sus clientes de gas natural y plantan árboles para compensar esa contaminación. Como ejemplo de éxito ambas citan el mismo proyecto: la repoblación de la Playa de Torimbia, en Llanes (Asturias), una zona que en teoría ha sufrido diferentes incendios en la última década. Sin embargo, no aclaran cuántos ejemplares se han plantado ni su equivalencia en toneladas de CO2. 

Este anuncio, de hecho, podría estar solapándose con otra campaña de publicidad de este mismo grupo empresarial. El informe de sostenibilidad de de 2025 de MásOrange, la matriz, también hace referencia a "un terreno reforestado de Asturias", pero para otra campaña diferente: “Quien tiene un amigo tiene un árbol, con la que se planta un árbol cada vez que el amigo de un cliente se da de alta en Pepephone".

En el caso de las energéticas españolas denunciadas a Consumo, lo que persigue la organización española es retirar diferentes afirmaciones falsas que confunden al ciudadano. Por ejemplo, Audax promociona sus tarifas señalando en la web que el gas natural "tiene un reducido impacto ambiental en comparación con otras fuentes energéticas", cuando en este momento el gas es la fuente más contaminante de entre las principales del sistema eléctrico español. En el caso de Naturgy, piden que retire reclamos como "¿Por qué contratar la luz y el gas con Naturgy? La tranquilidad de cuidar el planeta", pese a que es año tras año una de las empresas en el top cinco más contaminantes de España.

La principal base legal que ha servido para poner sobreaviso a las autoridades es la directiva de prácticas comerciales desleales de 2005, que prohíbe publicitarse con "información falsa o carente de veracidad (...) que pueda "inducir a error o engañe al consumidor medio". El problema es que esta legislación es antigua y no es específica para el greenwashing, de manera que en los últimos años no ha sido suficiente para denunciar a las empresas por promesas falsas ambientales porque está ampliamente abierta a la interpretación del juez.

La segunda directiva que citan es la antigreenwashing de 2024, que fue precisamente impulsada por la Comisión Europea para aclarar y corregir ese vacío legal de la publicidad verde. En ella se prohíben, entre otras cosas, que las compañías utilicen afirmaciones ambientales genéricas, como usar la etiqueta eco o bio en un producto sin una argumentación científica, o decir que un producto "ayuda al consumidor a cumplir con sus compromisos ambientales", una coletilla que recoge la francesa Engie en su web.

Otro de los cambios que incluirá esta directiva, cuando entre por completo en vigor en tres meses, será el veto de los llamados reclamos 'halo', que suponen engrandecer un pequeño hito ambiental de una empresa para simular que todos sus productos y la compañía, en general, es verde. Por ejemplo, que un fabricante de petróleo se anuncie como una empresa comprometida con el medioambiente solo porque uno de sus combustibles tiene un pequeño contenido de biocarburante, otro ejemplo clásico del sector del transporte.

Vivimos en un mundo con un ritmo frenético económico que impone una dinámica donde el éxito se mide exclusivamente en términos de crecimiento material ilimitado. El capitalismo, en su búsqueda insaciable de beneficio, fomenta un modelo de consumo irresponsable que devora los recursos naturales a una velocidad drásticamente superior a la capacidad que tiene la Tierra para regenerarlos. Vivimos atrapados en una dinámica de falsa abundancia perpetua, donde el éxito comercial se traduce en el vaciado de nuestros ecosistemas, extinguiendo la biodiversidad, degradando los suelos y contaminando el aire. En términos económicos, la humanidad opera bajo una irresponsabilidad absoluta: estamos agotando el saldo disponible de la Tierra y entrando en números rojos ecológicos.

El 4 de junio alcanzamos el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra,  la fecha en la que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año concreto supera lo que la Tierra puede regenerar en ese año, es una alarma global que cada año llega antes debido a la deforestación, la sobrepesca, la sobreexplotación agrícola y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en que nuestro país consume anualmente el equivalente a 2,5 planetas, sosteniendo un enfoque extractivista insostenible.

Lejos de ser un problema que nos afecte a todos por igual, el déficit ecológico pone de manifiesto una dolorosa fractura social y humanitaria. Existe una desigualdad flagrante: mientras potencias mundiales dilapidan recursos —si todos consumieran como el estadounidense medio se necesitarían 5,1 planetas—, el derroche de los ultrarricos condena a los países que menos consumen a sufrir las peores consecuencias de la crisis ecológica, como la inseguridad alimentaria y los conflictos por el agua.

Esta desconexión representa una amenaza directa contra los derechos humanos y la vida. Al priorizar la extracción masiva de minerales para el rearme o el maquillaje verde por encima de la supervivencia colectiva, los gobiernos comprometen el futuro de las próximas generaciones. Las proyecciones de la NASA ya alertan de que para 2050 zonas de España como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana padecerán meses seguidos de temperaturas extremas, volviéndose inhabitables.

Resulta imperativo y urgente adoptar una visión sistémica y humanista. Es indispensable exigir al poder político objetivos vinculantes que frenen el consumo, transformen la movilidad, alarguen la vida útil de la tecnología y mejoren el reciclaje, por ello debemos rediseñar nuestras ciudades y economías no solo para que resistan al colapso, sino para transformarlas en espacios de regeneración real donde el bienestar humano y los límites de la Tierra convivan en armonía.

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Petra Rogero Anaya y Jose Luis Carpintero son socios de infoLibre.

La Fiscalía europea ha abierto una investigación por posible fraude en un contrato entre el Gobierno de Murcia y la consultora vasca IDOM para la elaboración de un informe en 2020 en el que se retrata la contaminación de los suelos en el Campo de Cartagena. El estudio sigue guardado en un cajón, pese a las docenas de peticiones de acceso de las organizaciones vecinales, preocupadas por los metales pesados a los que se exponen cada día. Además, hay evidencias de que el trabajo podría haberse entregado de forma incompleta. Como fue financiado en un 80% con fondos europeos Feder, los investigadores indagan ahora en si se cometió un delito de fraude comunitario por valor de 200.932,60 euros.

Según ha podido saber infoLibre, la Fiscalía quiere averiguar si el encargo fue efectivamente entregado en tiempo y forma, porque la Consejería de Medioambiente ha ignorado sistemáticamente todas las peticiones de acceso de la organización vecinal Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que terminó denunciando en Luxemburgo. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia también envió dos reclamaciones a la Dirección General de Medio Ambiente para que publicase en internet el estudio íntegro, pero fueron ignoradas.

Cuando la asociación tuvo finalmente acceso al documento el pasado mes de febrero a través de terceras personas –la Consejería sigue desoyendo las peticiones de transparencia–, pudo comprobar que el estudio encargado hace seis años estaba en realidad incompleto. infoLibre tuvo acceso al trabajo y pudo comprobar que la ausencia más clara es la de la creación de una app móvil en la que se debería poder ver sobre un mapa el nivel de riesgo por contaminación, pero que nadie ha visto todavía.

Esa aplicación formaba, de hecho, parte del título del encargo, y su elaboración era una prioridad. El trabajo se titula Determinación de niveles de fondo y Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de metales y elementos traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web (con visor SIG) para la gestión de la información de la calidad de los suelos.

Según los denunciantes, en el informe que fue filtrado tampoco había rastro de otros contenidos que sí estaban recogidos en el pliegue del contrato: la cartografía de suelos contaminados, la memoria final, nueve informes de seguimiento y un material divulgativo para dar publicidad a los resultados. En la versión que vio infoLibre, el informe estaba además recortado y no contenía los anexos II y III, donde supuestamente están las actas de laboratorio y los resultados analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

"Existen indicios de que el contrato pudo ser certificado y/o pagado total o parcialmente sin evidencia verificable de ejecución real y entrega de entregables esenciales", se lee en la denuncia de la organización de vecinos. Tras recibir el escrito, la Fiscalía europea decidió la semana pasada abrir una investigación por "un posible delito de malversación de caudales públicos, un delito de fraudes y exacciones ilegales y un delito de prevaricación". Los tres delitos están recogidos en el Código Penal y conllevan pena de prisión.

El contrato fue adjudicado el 1 de junio de 2020 a IDOM Consulting y se daban diez meses para su realización, pero no se volvió a saber más de él. No obstante, en el informe filtrado hace cuatro meses sí que figura que fue finalizado en noviembre de 2020. El proyecto fue presupuestado en 251.165,75 euros (IVA incluído) y 200.932,60 euros fue la cantidad que aportó la Unión Europea. El resto se costeó con los presupuestos de la Consejería de Agricultura.

Sara Rubira, la consejera a cargo de esta cartera, fue precisamente cesada la semana pasada, junto con el consejero de Sanidad, en lo que el barón del PP Fernando López Miras calificó de renovación del Gobierno murciano. Rubira fue aupada a ese puesto en 2023, cuando, en teoría, el informe de IDOM ya había sido entregado. Sin embargo, sí fue bajo su cargo cuando ignoró las exigencias de publicación del Consejo de Transparencia. No es tampoco el primer informe de este tipo que Rubira mantiene en un cajón.

La denuncia fue interpuesta por la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que lleva años reclamando que el Gobierno regional se tome en serio los altísimos niveles de contaminación por metales pesados en los suelos de los municipios que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

Las minas que se explotaron en esa zona hasta la década de 1990 quedaron abandonadas y docenas de balsas de residuos permanecen abiertas, de manera que el viento y el agua dispersan metales pesados por toda la región. Un informe sobre incidencia y la mortalidad por cáncer con datos de 1996 a 2007 ya demostró que la comarca era un punto negro. En las últimas dos décadas apenas ha cambiado nada.

Pedro Gálvez, portavoz de esa asociación, denuncia que él mismo se ha sometido en los últimos años a tres análisis de plomo y cadmio en sangre, y ha dado positivo en ambos casos. "Que la contaminación minera sea la causa no lo podemos saber, porque nadie lo ha investigado, pero hay mucha gente enfermando de cáncer aquí", explica. "Cuando hace viento, ese polvo tóxico llega a mi casa, porque lo hemos comprobado con análisis. Y cuando llueve, se generan unos lixiviados, que es un cóctel de arsénico, cadmio y plomo, que se arrastran hasta el puerto de Cartagena", añade.

Lo que sí figura en el informe de IDOM, fechado en noviembre de 2020, es un resumen de los resultados de 550 muestras de suelo tomadas por los autores y que demuestran una vez más que la región que rodea la Sierra Minera de Cartagena-La Unión está contaminada por metales pesados, suelos que incluyen tierras agrícolas y municipios como Cartagena, La Unión, El Algar o El Llano del Beal. Según se lee, todo el área tiene concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, casi diez veces por encima del máximo legal para una tierra de cultivo. El plomo es un metal considerado potencialmente cancerígeno.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio, un metal considerado cancerígeno, en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

Durante demasiado tiempo, el debate público en torno a la crisis ecológica se ha visto atrapado en una falsa dicotomía que obligaba a elegir entre la protección de la biosfera y el dinamismo económico. Esta narrativa, alimentada tanto por visiones inmovilistas temerosas del cambio como por discursos catastrofistas que solo auguran el colapso, ha bloqueado el inmenso potencial de transformación que posee la ecología. Sin embargo, al observar la realidad del tejido productivo y social desde la perspectiva de este Día Mundial del Medio Ambiente, España está demostrando que la transición hacia una economía circular y descarbonizada no es un camino de penitencia ni una renuncia al bienestar, sino la estrategia de modernización industrial y de progreso social más potente de nuestro tiempo. La agenda verde, lejos de ser un conjunto de restricciones burocráticas o un castigo para las clases medias y trabajadoras, se ha revelado como un vector indispensable para generar riqueza y crear empleos estables que vertebran el territorio.

La clave de este éxito radica en una apuesta firme por la transición ecológica en las políticas públicas. España ha sabido entender que la sostenibilidad ambiental es, en su raíz, una cuestión de soberanía estratégica y de justicia redistributiva. Al desplegar de forma ambiciosa el marco normativo ambiental y alinear el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con la Estrategia Española de Economía Circular, el país no solo ha respondido a las exigencias regulatorias de la Unión Europea, sino que ha diseñado una política industrial propia y pionera. Al dotar a las empresas de un horizonte temporal claro y de certidumbre jurídica, el Estado ha incentivado una oleada de inversión privada que está transformando sectores maduros y alumbrando otros completamente nuevos. Esta transición liderada por el sector público demuestra que las economías más competitivas del futuro no serán aquellas que externalicen sus costes ambientales o precaricen sus mercados laborales, sino aquellas que consigan desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos materiales no renovables.

Este desacoplamiento ya no es una hipótesis teórica en los despachos de Bruselas, sino una realidad tangible en las regiones españolas. El desarrollo de la economía circular está impulsando una auténtica reindustrialización verde que sitúa a España a la vanguardia europea de la innovación en materiales y procesos. Sectores que tradicionalmente se consideraban lineales, como el metalúrgico, el químico o el de la automoción, están experimentando una metamorfosis hacia la circularidad, convirtiendo la gestión avanzada de recursos en una ventaja competitiva de primer orden. Al recuperar y reintegrar en el proceso productivo materiales que antes se destinaban al vertedero o a la exportación, las industrias nacionales reducen drásticamente su dependencia de las cadenas de suministro globales y se protegen frente a las crisis de materias primas y la volatilidad de los precios internacionales. La resiliencia económica ya no se busca en la deslocalización, sino en la minería urbana, en el ecodiseño y en la capacidad de cerrar los ciclos de valor dentro de nuestras fronteras, generando riqueza que permanece en el territorio.

La metamorfosis de nuestro tejido productivo hacia un modelo hipocarbónico y circular representa el núcleo de esta nueva prosperidad económica y de la autonomía estratégica del país. Al situar la descarbonización, la eficiencia energética y la drástica reducción de emisiones en el centro de la agenda de desarrollo, España está liderando la transición hacia la neutralidad climática no como una imposición externa, sino como una palanca de competitividad global indispensable. La progresiva sustitución de los combustibles fósiles por un mix energético limpio y la electrificación de los procesos industriales, combinadas con estrategias orientadas a minimizar la huella de carbono, están atrayendo inversiones históricas de alto valor tecnológico. Este giro estratégico no solo disminuye el impacto de sectores de difícil descarbonización, sino que fomenta una potente red de proveedores nacionales vinculados al hidrógeno verde, el almacenamiento energético y la valorización de recursos alternativos, consolidando la sostenibilidad climática como el indicador de salud económica más fiable para las próximas décadas.

Asimismo, la transición ecológica en España se ha configurado como un potente imán para el talento joven y la investigación científica. La ecologización de nuestro sistema productivo está demandando profesionales formados en química verde, ingeniería de procesos, análisis de ciclo de vida y digitalización aplicada a la trazabilidad de recursos. Las universidades y centros tecnológicos españoles se han convertido en hervideros de innovación que atraen fondos europeos y exportan patentes al resto del mundo, demostrando que la especialización en tecnologías limpias es la mejor garantía para un empleo joven cualificado y con futuro. Lejos de las profecías que auguraban una destrucción masiva de puestos de trabajo por la transición energética, la realidad española evidencia que se generan múltiples puestos de trabajo estables en la nueva economía circular y renovable.

Este avance, no obstante, no ocurre por generación espontánea ni está exento de retos que requieren una gobernanza valiente e integradora. La transición ecológica debe ser, ante todo, una transición justa. El papel del Estado y de las comunidades autónomas es vital para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de adaptación tecnológica mediante ayudas financieras, simplificación administrativa y formación continua para la recualificación de los trabajadores. La concertación social entre administraciones, sindicatos y patronales es el pegamento que asegura que los beneficios de la transición ecológica se distribuyan de forma equitativa y no se concentren únicamente en los grandes consorcios industriales. En este sentido, la fiscalidad verde debe erigirse como una herramienta de primer orden y una palanca macroeconómica indispensable para la transición, capaz de reconfigurar de raíz las reglas de la competitividad al penalizar el uso insostenible de recursos y primar fiscalmente la regeneración.

Lejos de concebirse con un fin meramente recaudatorio o punitivo, una fiscalidad ecológica ambiciosa resulta crucial para subvencionar y abaratar la transición energética hacia fuentes 100% renovables y sistemas de eficiencia hídrica extrema, bonificar directamente la movilidad descarbonizada y el transporte público de bajas emisiones, incentivar la sustitución de materias primas vírgenes de alta huella de carbono por alternativas regenerativas y, en definitiva, forzar la internalización integral de los costes ambientales en todas las etapas del ciclo económico, garantizando así que la sostenibilidad ecológica en su sentido más amplio —energía, agua, materiales y movilidad— sea la opción financieramente más inteligente, competitiva y rentable para cualquier empresa.

Es indispensable que España siga profundizando en estas políticas de progreso con ambición y sin complejos frente a los discursos que pretenden restaurar el modelo extractivista del siglo pasado. La crisis de los límites planetarios no es una opción de debate científico, sino el marco físico ineludible en el que debe operar cualquier economía que aspire a perdurar. Al demostrar que es posible reducir las emisiones de carbono, disminuir la generación de residuos y proteger la biodiversidad al mismo tiempo que se incrementa el PIB y se mejora la calidad del empleo, España está ofreciendo un espejo de esperanza y realismo político para el conjunto del proyecto europeo. El futuro no pertenece a las economías que insisten en devorar el planeta bajo el dogma del crecimiento ciego, sino a aquellas sociedades que, con audacia y solidaridad, eligen diseñar un modelo productivo que respete los límites de la biosfera y garantice la dignidad de las personas. En esta tarea compartida, España ya no es un espectador que asimila directrices externas, sino un faro inspirador que marca el camino hacia una prosperidad duradera, verde y justa para todos.

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José Luis de la Cruz Leiva es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

El enfado de los sindicatos es mayúsculo. España es uno de los epicentros del calor en el hemisferio norte y el Gobierno sigue sin tomarse en serio la protección de los trabajadores durante los meses tórridos, hasta el punto de que se desconoce cuántas muertes reales ocurren por altas temperaturas. El Ministerio de Trabajo llega de nuevo al verano sin adaptar la ley de riesgos laborales al cambio climático y sin modificar los reglamentos que había prometido. Esta semana, con temperaturas que rozan los 40 ºC, se verán las primeras consecuencias.

"Las justificaciones del ministerio no convencen a nadie. Tendríamos que tener desde diciembre un real decreto aprobado, y no está ni el borrador. Tenemos una reforma legal que va al Congreso, y en la situación política actual no tengo ninguna esperanza", se desahoga Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en Comisiones Obreras (CCOO). "La Aemet prevé un verano como el del año pasado. Ya nos han advertido, y en unos días nos rasgaremos las vestiduras cuando lleguen las consecuencias", añade con contundencia.

Agricultores, repartidores, albañiles, policías, personal de limpieza… la lista de empleos expuestos al calor es interminable, y los expertos advierten de que cada año la situación va a peor debido al cambio climático. Hace falta adaptar la ley, denuncian los sindicatos, para evitar que estos trabajadores estén desprotegidos. En general, la norma obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores, pero hace falta concreción y persecución del incumplimiento.

El paso principal es actualizar la Ley de riesgos laborales de 1997, la mejor manera de obligar a las empresas a adaptarse al calor. El Ministerio de Trabajo lleva inmerso desde febrero de 2024 en una negociación con sindicatos y patronal para reformarla, pero en noviembre los empresarios se levantaron de la mesa y la ministra Yolanda Díaz terminó publicando un anteproyecto de ley sin el apoyo de los empresarios.

Ese texto, que todavía tiene un largo camino antes de entrar en vigor, reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo, y por tanto la salud de los trabajadores. Otro punto de la reforma también señala que, si hay una previsión de que vaya a ocurrir un fenómeno meteorológico adverso en un territorio, se tratará como un "riesgo laboral grave e inminente". Estos dos cambios obligarían a las empresas a introducir en sus planes de prevención de riesgos medidas para enfrentarse al calor, a las riadas o a otros fenómenos.

El texto fue aprobado en Consejo de Ministros y se encuentra ahora en estudio por el Consejo Económico y Social, que debe emitir un informe preceptivo. No está claro, según los sindicatos, si irá después al Consejo de Estado. De ahí volverá al Consejo de Ministros –"esperamos que pronto, pero no podemos dar una fecha", afirman fuentes de Trabajo–  para ser revalidado y después pasará por el Congreso de los Diputados, donde se augura un fracaso debido a la crisis parlamentaria actual.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, recuerda que el verano pasado se estimaron casi 4.000 muertes atribuibles al calor en España, según el Ministerio de Sanidad, y que cientos de miles de trabajadores no pueden quedarse desprotegidos por un desacuerdo en el Congreso. "Nos hemos vuelto a plantar a las puertas del verano sin una ley que proteja a los trabajadores. Esperemos que esta ley no caiga por el camino porque es inadmisible volver a sufrir otro año como el pasado", critica.

Mariano Sanz, de CCOO, reconoce que la reforma de la ley de riesgos laborales es una utopía en este momento, pero que hay otra figura que permite a Yolanda Díaz actuar sin pasar por el Congreso. De hecho, es su obligación abordarla.

En noviembre de 2024, como parte del real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición que ordenaba en un plazo de 12 meses al Ministerio de Trabajo aprobar "un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Al no tratarse de una modificación de una ley, no requeriría ir al Congreso, y podría abordarse por decreto.

"Nuestra esperanza es que al menos este reglamento salga adelante, pero todavía no hay ni un borrador. Exigimos que se publique ya", señala el portavoz. Trabajo les ha respondido que antes necesita aprobar la reforma de la ley que tiene pendiente, pero para Sanz ese proceso no tiene futuro y solo retrasará cualquier avance en protección laboral.

Aunque la ley de prevención tiene tres décadas, uno de sus reglamentos asociados se actualizó en 2023 para introducir el riesgo por calor a la hora de modificar la jornada laboral, y esta herramienta sí que debe aplicarse ya en empresas y administraciones.

El real decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge ya que todo empleado al aire libre tiene "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos", como olas de calor, si no se puede garantizar su seguridad.

También subraya que si una zona está bajo aviso naranja o rojo de la Aemet, por ejemplo por calor, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista".

Otra de las exigencias que hacen los sindicatos es abordar el escasísimo seguimiento que hay de las muertes laborales por golpe de calor. El año pasado se registraron oficialmente cinco muertes por este motivo y 259 accidentes laborales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del ministerio que dirige Yolanda Díaz. El año anterior se contaron cero fallecidos por altas temperaturas en puestos de trabajo.

Los sindicatos no comprenden que mientras los estudios de impacto del calor en la sociedad española estiman cientos de fallecidos cada verano, la estadística laboral ignore este problema. Según los portavoces consultados, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no se realiza un estudio en profundidad sobre las causas de la muerte. "Si un obrero se cae de un andamio, no se indaga en si antes sufrió un golpe de calor", resume Mariano Sanz.

La crisis energética derivada de la guerra de Irán ha ampliado aún más la brecha entre las ofertas comerciales de las compañías gasistas y la tarifa regulada del gas –la conocida como TUR, por tarifa de último recurso–, hasta el punto de que ya son entre un 50% y un 100% más caras que la versión topada por el Gobierno. Aun así, la TUR sigue siendo minoritaria en España y la tienen contratada el 39% de los consumidores.

Un hogar estándar español, con un consumo medio de 6.000 kWh de gas al año para calefacción y agua caliente, pagaría al año 352,64 euros si tuviese en este momento contratada la TUR, según el comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Si ese mismo cliente optase por una tarifa comercial, no encontraría ahora ninguna por menos de 524,52 euros al año, un 49% más. Tres de las cuatro mayores compañías del país (Naturgy, TotalEnergies y Endesa) tienen sus ofertas en alrededor de los 640 euros, un 80% por encima. Y la tarifa más cara del mercado es, en este momento, de 785 euros, más del doble que la versión de último recurso.

Un hogar sin calefacción con gas, con un consumo medio de 2.400 kWh, también tendría un descuento similar. La TUR se quedaría en este caso en 155,65 euros al año, mientras que la comercializadora más barata se queda en 224,76 euros (+45%), las grandes compañías en alrededor de 280 euros (+80%) y la oferta más cara alcanza los 408 euros (+160%).

Los expertos en energía recomiendan encarecidamente cambiarse a una TUR en este momento debido a ese choque de precios. "A mí me duele ya la boca de recomendarlo. Lo siguiente es poner anuncios en la tele, pero evidentemente nadie va a pagarlos porque no interesan", reconoce Soledad Montero, encargada de Energía en la organización de consumidores CECU. Explica también que las empresas se aprovechan de que la gente cree que la TUR significa quedar desprotegidos frente a averías o que es una tarifa de segunda, pero nada más lejos de la realidad.

La brecha de precio entre la tarifa de último recurso y las ofertas comerciales radica en que la primera está regulada por el Gobierno desde su creación en 2009. Por lo tanto, el coste del gas natural en la factura TUR depende de una fórmula que es pública y que limita las subidas y las bajadas bruscas de precio.

En concreto, su coste varía en función de la cotización del petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa. El precio de la TUR se divide en dos partes, una fija que se actualiza una vez al año, y una variable, que cambia cada trimestre.

La TUR tuvo además entre 2022 y mediados de 2024 un límite temporal que impedía aumentar más de un 15% el coste del gas en las revisiones trimestrales, lo que hizo que fuese todavía más atractiva que las tarifas comerciales, que subieron drásticamente debido a la crisis del gas por la guerra de Ucrania.

Aunque ese tope temporal ya caducó, en este momento la configuración del precio de la TUR hace que sea imbatible frente a las ofertas comerciales, cuyo precio depende de la política de cada compañía, de lo que le cueste aprovisionarse de gas, de lo que gaste en publicidad y de su margen de beneficio. 

De hecho, la última actualización de la TUR tuvo lugar el 1 de abril, en plena escalada de precios de la energía por la guerra de Irán, cuando el gas se había encarecido casi un 70% en los mercados internacionales.

Sin embargo, la TUR pegó un bajón del 7,8% (sin contar el descuento temporal del IVA) debido a que en el primer y en el cuarto trimestre del año se introduce una variable extra en el cálculo del precio –además del petróleo Brent– llamada gas estacional, que depende de la cotización de los futuros del gas natural en el mercado británico. Como en abril se eliminó esa variable, el precio de la TUR se abarató de un día para otro, pese a que el gas natural era el más caro de los últimos dos años.

La subida del gas en los mercados internacionales sí se ha notado, sin embargo, en las ofertas libres de gas natural de las compañías, debido a que estas empresas han tenido que aprovisionarse de combustible a precios más caros, trasladando la subida a sus tarifas.

La brecha económica entre la TUR y las tarifas comerciales no es nueva. La CNMC recoge que la versión regulada por el Gobierno ya fue más barata que cualquier otra en 2022, 2023, 2024 y 2025. Hace un año, en abril de 2025, la TUR era igualmente entre un 31% y un 94% más barata que la competencia para un hogar estándar.

"La diferencia de precio es obvia y se repite cada año, pero no parece que preocupe a las compañías porque el número de cambios a la TUR es increíblemente bajo", opina José Luis Sancha, experto en energía de la Universidad Pontificia Comillas. Entre 2022 y 2024 sí trasladaron a la tarifa regulada 1,5 millones de hogares españoles, doblando el número total hasta 3,1 millones, pero desde entonces la cifra prácticamente no ha cambiado.

El cálculo que hace la CNMC para la TUR (352 euros al año para un consumo de 6.000 kWh) no es en realidad definitivo, ya que no tiene en cuenta las revisiones de precios trimestrales de julio y de octubre. En julio es probable que apenas varíe porque las variables que lo componen apenas han cambiado desde abril, pero en octubre se recupera la variable del gas estacional, que repercute de manera más fiel que el petróleo Brent el encarecimiento del gas natural en el mercado internacional, de manera que se espera una subida de la tarifa regulada.

Para cambiar de una tarifa libre a la versión regulada basta con llamar a la comercializadora de destino y ella se encarga de gestionar el cambio, que es gratuito si el cliente no tiene permanencia. La principal diferencia es que la TUR no puede contratarse con cualquier compañía, solo con Comercializadora Regulada G&P (Naturgy), Energia XXI (Endesa), Curenergia Comercializador (Iberdrola) y Baser Cur (TotalEnergies), pero el precio es el mismo en las cuatro.

Tras más de un año de espera, la Comunidad de Madrid ha avalado la documentación de las cuatro organizaciones empresariales que aspiran a hacerse cargo del sistema que cambiará la recogida de basuras en España, el conocido como SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno). Las latas y botellas costarán unos céntimos extra que el cliente recuperará cuando devuelva los envases al supermercado, un mecanismo que ya funciona en media Unión Europea. Procircular, Ecoembes, Corepet y Asociación SDDR España serán las encargadas de montarlo.

Según ha podido saber infoLibre, la Comunidad de Madrid ha dado el 'ok' seis meses después de que finalizase el plazo original que contemplaba la normativa nacional. Lo ha hecho a última hora, en un periodo extraordinario de seis meses, que finalizó el viernes pasado. Si la implantación del SDDR ya comenzó con unos tiempos extremadamente ajustados, el retraso del Gobierno regional hace inviable cumplir con la normativa. Según la ley de residuos, la transformación del sistema de recogida de envases debe estar lista en noviembre de 2026.

Julio Barea, de Greenpeace España, reclama recuperar el tiempo perdido y que bajo ningún concepto se espere a 2029, como piden algunas voces de la industria. "Ahora queremos reunirnos con el Ministerio para la Transición Ecológica para establecer un calendario concreto de fechas. La Comunidad de Madrid lo ha tenido bloqueado, y aunque ha cumplido con el último plazo, ha retrasado la implantación. Si no es en noviembre, queremos tener una nueva fecha concreta", valora.

Es un secreto a voces en el sector que no hay mucho interés –o ninguno– en la industria del reciclaje en que el SDDR llegue a España, puesto que supone acabar con un lucrativo negocio para las empresas responsables de recoger y procesar estos envases. El sistema actual, catalogado como "monopolio" por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), está organizado por Ecoembes y se basa en recoger las botellas y latas en los cubos amarillos, una fórmula que se ha demostrado un fracaso y que además repercute en el bolsillo del ciudadano.

El año que ha tardado la Puerta del Sol en dar el paso inicial para desarrollar el SDDR es "estrategia pura y dura", según afirma un agente del sector. "Todos sabemos que para algunos no compensa introducir el SDDR lo antes posible", opina este experto. De las cuatro, opina, Ecoembes es la que "está contra las cuerdas", mientras que Corepet y la Asociación SDDR son las que más reman para ponerlo en marcha cuanto antes.

De las cuatro organizaciones, Ecoembes es la más grande, puesto que ha tenido en sus manos desde finales de los años 90 la gestión de la mayor parte de los residuos del país: el papel, el vidrio y los envases. Corepet está ligada a la italiana Coripet, una de las empresas que dirige el SDDR voluntario del país vecino. La Asociación SDDR España es la organización formada por las patronales FIAB, Aecoc y Anged, de la alimentación, bebidas y supermercados. Y Procircular forma parte de Reclay, una compañía internacional de gestión de residuos.

El visto bueno de la Comunidad de Madrid solo es el inicio de un largo proceso hasta poner en marcha el proyecto. Según la ley de residuos de 2022, aunque el sistema de retorno de envases será nacional, las organizaciones que lo conformen deben ser avaladas por la comunidad autónoma en la que se encuentre su sede social, y las cuatro están en Madrid. De ahí que la Consejería de Medioambiente madrileña tuviese la responsabilidad de dar el primer paso, que consiste en dar por buena la propuesta y la documentación que tiene cada organización.

El siguiente paso es que la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos (CCR), formada por el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas, emita un informe no vinculante sobre la viabilidad del proyecto que propone cada organización, y si es viable que las cuatro convivan en el mismo territorio, como ocurre en otros países, o se concentren en una sola. El visto bueno final a qué sociedad montará el SDDR lo dará después la Comunidad de Madrid.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica se limitan a recordar que la ley obliga a poner en marcha el nuevo sistema de reciclaje antes de diciembre de 2026, y rechazan  la postura de parte de la industria que, basándose en una reinterpretación del reglamento europeo 2025/40, defiende que el SDDR se puede posponer a enero de 2029. 

"Esperamos que se acelere el calendario previsto por los SCRAPs [las cuatro organizaciones aspirantes] que han solicitado autorización para gestionar el SDDR, con el objetivo de poner en marcha el sistema lo antes posible. Para ello, entendemos que es clave comenzar a realizar las inversiones necesarias desde ya, dado que los plazos de implantación son exigentes y el cumplimiento de los objetivos requerirá disponer del sistema plenamente operativo con suficiente antelación una vez se resuelvan las solicitudes de autorización", afirman fuentes de este ministerio.

El SDDR es importante en España porque la alternativa actual, basada en cubos amarillos, no solo es extremadamente ineficiente y un desastre ambiental, sino que provoca que España incumpla la obligación europea de recoger por separado el 77% de las botellas de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que en 2023, el último dato disponible, solo se recogió por separado el 43,1% de estos residuos. Esto expone a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recoger estos envases sea de las empresas que los ponen en circulación.

España ya llega tarde al plazo de dos años que dio la Unión Europea para trasponer a su legislación la nueva Directiva Penal Ambiental, que facilita que los delitos sobre la naturaleza se procesen por la vía penal para que los castigos sean proporcionales a los daños, incluyendo multas cuantiosas, penas de cárcel para casos graves y la obligación de costear la restauración del ecosistema.

Bruselas reconoce que la justicia europea no tenía hasta ahora herramientas para disuadir a empresas y administraciones de contaminar o destruir el medioambiente, y que era necesario dotar a los tribunales de herramientas más duras. Las ONG advierten de que el Ministerio de Justicia no solo llega tarde, sino que es probable que la directiva no se trasponga esta legislatura, alargando el proceso durante años.

Según explica David de la Bodega, responsable jurídico de SEO BirdLife, su organización no tiene constancia de que Justicia haya avanzado en el trabajo previo para sacar adelante la adaptación normativa ni hay un borrador. En los últimos meses han enviado dos cartas al ministerio para recordar la importancia de avanzar con este problema que no han sido contestadas. Fuentes de Justicia señalan a infoLibre que su intención es llevar el asunto "pronto al Consejo de Ministros".

"La verdad es que no tenemos esperanzas de que se vaya a trasponer durante esta legislatura. Para empezar, parece que no se ha empezado a trabajar en ello, y además necesita después el apoyo de una mayoría cualificada en el Congreso porque hace falta reformar el Código Penal, y con la situación política actual no creo que pueda lograrse", opina el activista.

Las organizaciones ecologistas llevan meses presionando para que se importe la directiva   porque afirman que España sufre un grave problema de impunidad en lo que respecta a los delitos ambientales. Están reconocidos en la ley, pero como las penas son muy bajas, casi siempre en forma de pequeñas multas, son casos de baja prioridad en los juzgados. Y si hay una condena, en muchas ocasiones merece la pena cometer la infracción y pagar.

Esta sensación se detecta a diario en casos de robo de aguas para regadío, en la contaminación de lagunas y acuíferos, en la caza furtiva de especies protegidas, en la exportación ilegal de basuras o en casos de contaminación del aire. Los que luchan cada día contra estos abusos piden también formar a jueces y fiscales en legislación ambiental.

Los estados miembros tenían hasta el jueves 21 de mayo para trasponer la normativa europea al Código Penal, cosa que no ha hecho el Gobierno. El principal cambio que introduce la directiva europea es establecer una lista de infracciones para que sean claramente reconocidas como delitos penales contra el medioambiente, puesto que en los 27 países hay discrepancias debido a la falta de claridad de la anterior directiva comunitaria de 2008. El segundo cambio clave de la nueva versión es que aclara que las personas jurídicas –las empresas– pueden ser responsables de pleno de un crimen ambiental si se benefician de él, no solo las personas que han dado la orden.

Según describen los expertos, en España, por lo general, ya se recogen como delitos la gran mayoría de casos que aparecen en la nueva directiva, pero esta también incorpora las sanciones concretas que deben pagar los acusados. Muchas de las infracciones, sobre todo las que tienen daños a largo plazo sobre un ecosistema, tendrán penas de cárcel concretas, y no habrá margen para resolverlas con una multa, como ocurre ahora.

Por ejemplo, un vertido contaminante que cause daños sustanciales en el ecosistema, si tiene el agravante de realizarse sobre un suelo protegido y con un impacto a gran escala y duradero, tiene en la directiva una pena máxima de al menos ocho años de prisión, en función de lo que decida cada Estado a la hora de la trasposición.

La normativa europea resume el cambio en que los gobiernos nacionales deben garantizar que todos los delitos ambientales recogidos "puedan ser castigados con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias".

La organización WWF es otra de las que ha hecho campaña ante el Gobierno para que cumpla con su compromiso con Europa porque consideran que muy pocos delitos contra la naturaleza terminan siendo perseguidos en España. Hace tres años publicaron un análisis en el que concluyeron que de 4.902 casos de crímenes contra la fauna protegida registrados entre 2015 y 2020 en el país, solo 327 tuvieron una sentencia judicial, el 7%.

Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF, opina que si se endurecieran las penas, estos delitos pasarían a ser prioritarios. "Lo importante no es que la gente vaya a la cárcel más años, sino que los jueces darían más prioridad al medioambiente y tendrían más recursos para estos casos, como escuchas telefónicas o la geolocalización, que se reservan para los casos más graves", valora.

Otro cambio primordial es que la norma europea propone poner el foco sobre las empresas que comentan un crimen ambiental, más allá de condenar a sus dueños, con castigos muy fuertes, como una multa equivalente al 5% de su facturación global en los casos de los delitos más graves.

Tanto para personas físicas como jurídicas se propone también que tengan que costear la recuperación del ecosistema dañado o que paguen una indemnización equivalente. Si bien, queda en manos de los estados miembros decidir qué castigos concretos trasponen a su normativa.

David de la Bodega destaca el castigo a las corporaciones como un cambio muy importante en la legislación ambiental porque con la normativa actual, contaminar un acuífero o abatir un animal protegido de valor incalculable para la sociedad, se resuelven con una multa.

"Un ejemplo claro es la rotura de la balsa de Aznalcollar de 1998, que hizo un daño inmenso al Parque de Doñana y a los alrededores. Como no se pudo atribuir una responsabilidad penal ni civil a la minera, terminamos pagando todos la restauración", recuerda.

Que España no incorpore los cambios en el Código Penal también conllevará que el Gobierno no elabore la Estrategia nacional de lucha contra los delitos medioambientales, un documento que forma parte de la directiva europea y que cada Estado debe publicar como tarde en mayo de 2027. Sería una guía muy útil para prevenir los daños sobre el ecosistema porque en ella se recoge qué aspectos hay que mejorar, qué administración es la responsable y cómo se van a corregir los errores. Los expertos también explican que al no trasponerse la normativa, España se expone a que la Unión Europea abra un procedimiento sancionador por incumplimiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes el esperado Plan Social para el Clima, 9.000 millones de euros que irán destinados a mitigar el impacto sobre la población vulnerable del nuevo mercado de emisiones europeo destinado a gravar la contaminación de los edificios y del transporte por carretera. Este mercado, llamado ETS2, debe ponerse en marcha el 1 de enero de 2028 y se espera que encarezca la gasolina en unos 16 céntimos por litro y el gas natural en 16 euros/MWh. Sin embargo, España todavía no ha traspuesto a su legislación la normativa del ETS2, y debía haberlo hecho hace dos años.

Las organizaciones sociales especializadas en pobreza energética reclaman la trasposición inmediata de la directiva europea de comercio de derechos de emisión. Primero, porque es obligatorio. Y segundo, porque ayudará a reducir la contaminación de las carreteras y de los edificios. Solo el transporte representa en España un 33% de las emisiones de CO2, mientras que los edificios suponen el 9%. El ETS2 está diseñado para que las emisiones conjuntas de los dos sectores se reduzcan un 42% para 2030 en comparación con los niveles de 2005.

Además, si el ETS2 no se introduce en la ley española, el Plan Social para el Clima presentado este lunes carece de sentido y Bruselas no lo aprobará, como ya ha advertido. "El plan no se puede aprobar sin transposición de la directiva porque lo primero que tenemos que analizar en la Comisión Europea es la relevancia del plan. Y sin ETS2, no hay impacto directo del ETS2, y nosotros tenemos que rechazarlo", declaró en una ponencia en el Congreso de los Diputados Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, a mediados de abril.

En teoría, España debía haber traspuesto la directiva antes del 30 de junio de 2024 para ir recabando información de cuánto combustible consumen los edificios y el transporte de cara a su implementación final. Originalmente el ETS2 iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero a finales de 2025 la Unión Europea decidió posponerlo un año, a 2028. El Gobierno no solo va dos años tarde, sino que para trasponer la directiva necesita una mayoría simple en el Congreso en un momento político extremadamente convulso.

No obstante, quien sigue el asunto de cerca opina que el Gobierno podría ponerse al día en cuestión de dos meses. "Creemos que podría trasponerse [esta legislatura]", opina Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima. "Ha estado hasta ahora parado, pero parece que hay interés para sacarlo adelante incluso antes del verano. Que Sánchez haya presentado este lunes el Plan Social para el Clima nos dice que hay voluntad", añade el portavoz.

El sistema ETS2 es la segunda versión del ETS (Sistema de Comercio de Emisiones, por sus siglas en inglés), activo desde 2005 para la industria y las plantas de generación eléctrica –y en los últimos años también a navieras y aerolíneas–, y que ya ha conseguido reducir casi un 50% las emisiones respecto a 2005 en todos estos sectores. El mecanismo ETS consiste en que cada año se emiten una cantidad tope de permisos para contaminar que las compañías deben comprar para poder emitir una tonelada de CO2. Como el número de permisos se recorta cada año, las compañías están obligadas a reducir sus emisiones porque contaminar sin tener una autorización supone enfrentarse a una multa cuantiosa. En este momento, un permiso para emitir una tonelada de CO2 en el ETS cuesta 77 euros. Este precio varía cada día en función de la oferta y la demanda, y se comercian en un mercado secundario.

Con la entrada del ETS2 en enero de 2028, los proveedores de combustibles para edificios y vehículos (esencialmente gasolina, gas natural y diésel) tendrán que tener en propiedad los permisos de emisiones equivalentes a las emisiones que generen. Durante los tres primeros años, un mecanismo evitará que esos permisos se encarezcan mucho más allá de los 45 euros/tonelada.

Se espera que este sobrecoste en la energía se traslade a través de la cadena hasta los hogares y empresas, los consumidores finales. Transport & Environment, una organización europea especializada en descarbonización de las carreteras, calcula que, si los permisos de emisiones del ETS2 se venden a 55 euros/tonelada, el precio de la gasolina se encarecerá en 15,5 céntimos/litro, y el del diésel en 17,3 céntimos/litro, IVA incluído. Esto equivale a que repostar un coche pequeño costará entre 7 y 8 euros más.

La consultora Magnus Commodities estima que si los ETS2 se venden a 73 euros/tonelada, el gas natural para calefacción se encarecería en 15 euros/MWh, lo que supondría una subida del 33% respecto a la cotización actual del gas natural en Europa.

En cuanto a su impacto general sobre la economía, un estudio publicado este año en la revista Energy Policy estima que si el carbono termina cotizando a 57,5 ​​euros por tonelada en el ETS2, el coste general de la vida en la Unión Europea subirá un 1,18%, que se reduciría al 1,04% si se toman medidas de eficiencia energética. España sería menos golpeada que la media del bloque, con una inflación del 1,02% y del 1,49%, en un escenario de baja y alta eficiencia energética, respectivamente.

Este encarecimiento de la vida es precisamente lo que pretende mitigar el Plan Social para el Clima presentado este lunes por el Gobierno con un presupuesto de 9.099 millones de euros. El 75% de ese presupuesto vendrá de Bruselas, del Fondo Social para el Clima, financiado con los ingresos de la venta de los permisos ETS. El 25% restante lo aportarán los Presupuestos españoles. 

Con ese dinero se financiarán dos tipos de proyectos para hogares con rentas bajas: la mejora de la eficiencia energética en edificios (52% del presupuesto) y el impulso al transporte limpio (48%). La mayor partida en transporte irá destinada a la descarbonización del parque (2.269,6 millones), con ayudas para renovar flotas de vehículos pesados y furgonetas y al achatarramiento de vehículos anteriores a 2020. En vivienda, la mayor cuantía se destinará a construir viviendas nuevas asequibles de alta eficiencia energética (1.813 millones), aunque no se ha publicado el número de inmuebles que se levantarán.

Las organizaciones civiles que han participado en el proceso de elaboración del plan insisten en que su mayor preocupación es que el plan no pierda su rumbo y se centre en ayudar a los más vulnerables. "El ETS2 engloba a dos sectores que van a afectar de lleno a los ciudadanos y repercutirá sobre el coste de las facturas y del transporte. El objetivo del Plan Social para el Clima es paliar ese impacto", valora Cecilia Foronda, directora de Acción para la Transición Ecológica Justa de Ecodes.

Por su parte, Carlos Bravo reconoce que lo que se conoce por ahora es un plan genérico, pero dice que es ahora, durante la consulta pública, cuando se tiene que aclarar la letra pequeña de a quién beneficiarán las ayudas. "Si hablamos de ayudas para el transporte pesado, tienen que enfocarse en el camionero autónomo, que es el que necesita recursos para asumir los cambios, no a la compañía que tiene una flota enorme de autobuses", opina.

Este paquete llega también un año tarde –debía haberse presentado ante Bruselas el 21 de mayo de 2025– y acaba de salir a consulta pública, por lo que todavía tiene que recibir los comentarios de organizaciones y empresas, ser revisado y enviarse definitivamente a la EU. En todo caso, como adelantó el mes pasado el enviado de la Comisión, el Plan Social para el Clima no recibirá el visto bueno hasta que no se trasponga la directiva ETS2

Castilla y León, la región más castigada por los incendios forestales, es, paradójicamente, la que peor trata a sus bomberos forestales. Es un secreto a voces entre los profesionales de todo el país. Los que trabajan allí describen sueldos que rozan el salario mínimo, escasez de trajes antiincendios, alrededor de un 70% del cuerpo externalizado a un abanico de pequeñas empresas y una total falta de organización autonómica. El fatídico verano de 2025 –con cinco fallecidos, un récord de hectáreas quemadas y pueblos enteros arrasados– no trajo mejoras sustanciales.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco anunció en otoño que aumentaría drásticamente el presupuesto de lucha contra incendios tras la catástrofe estival y prometió convertir en "público" un cuerpo que tenía casi por completo derivado a empresas forestales en más de un centenar de contratos. Sin embargo, ni los presupuestos ni este decreto ley para transformar la profesión salieron adelante porque este partido gobernaba entonces en solitario y la oposición los vetó.

Los bomberos consultados describen un absoluto abandono histórico de un cuerpo que cada año trabaja más al límite debido al cambio climático. De los últimos cinco años, Castilla y León ha sido la región número uno de España en hectáreas quemadas en tres de ellos.

"Es tan grande nuestra diferencia con otras comunidades autónomas que es imposible de creer", explica por teléfono Enrique Sánchez, bombero en Barco de Ávila del equipo externalizado a la empresa pública Tragsa. "Llevamos siendo el cuerpo más precario de España desde el INFOCAL de 1999 y no vemos señales de que vaya a cambiar", añade.

Las imágenes que recorrieron España el verano pasado de los incendios de Las Médulas afloraron las pésimas condiciones en las que trabajaban las brigadas autonómicas, donde en total hay unos 6.000 bomberos. En otras regiones también hay salarios bajos, enfermedades y lesiones no reconocidas o falta de vehículos y material, pero ninguna se iguala al caos que describen en Castilla y León. No solo está externalizado, sino que el cuerpo está compuesto por más de 120 contratos diferentes a más de 30 empresas. 

"Aquí llegas a un incendio y tienes personal laboral de la Junta, tienes a empresas privadas y tienes a Tragsa, cada uno con una ropa, una normativa de salud y seguridad, y con un horario diferente. El descontrol es total", relata Sánchez, también delegado del sindicato UGT en Ávila.

Aunque cayó el decreto ley que modernizaba el cuerpo, la Junta ha mantenido el compromiso de contratar de forma "pública" al personal, pero solo de manera figurada, porque el plan consiste en trasladar esos contratos a Tragsa, una empresa pública, pero con su propio convenio completamente diferente al de un funcionario o al del personal laboral de la administración. El sistema de mejora será progresivo a medida que vayan caducando los contratos actuales con empresas más pequeñas. Por ejemplo, en junio se incorporan a Tragsa tres retenes de tierra. 

Esta transición, sin embargo, también será caótica, describen los profesionales, porque se hará en forma de cascada según venzan los contratos actuales, negociando contrato a contrato de aquí a 2028, cuando se espera que todo el cuerpo externalizado haya mudado a la compañía pública. Estar en Tragsa, como ya se ha demostrado en la Comunidad de Madrid, donde los forestales llevan más de 1.000 días de huelga, no es ni mucho menos garantía de un empleo de calidad, pero es mejor que lo que tienen ahora. 

"Fíjate cómo están las cosas que pasar a Tragsa aquí es una victoria. Tienen el convenio sin actualizar desde 2011 y, aún así, es un gran salto a mejor para nosotros", reconoce resignado otro bombero castellanoleonés entrevistado.

Aunque los pasos son muy pequeños, este cambio sí traerá alguna ventaja importante para el cuerpo de Castilla y León. El principal es que todos los bomberos que se vayan incorporando a Tragsa tendrán un contrato durante los 12 meses del año, cuando lo normal hasta ahora era trabajar tres, cuatro o seis meses, una mejora laboral pero también un gran paso en las tareas de prevención de incendios. Otro plus que destacan en Tragsa es que la empresa pública garantiza a todos los profesionales trajes antiincendios, un mínimo para trabajar que por desgracia se echa en falta en muchos casos. 

Rodrigo Martín, bombero en Palencia y también del sindicato UGT en Castilla y León, trabaja en el área pública de este cuerpo como personal laboral, donde también denuncia condiciones extremadamente precarias. Habla de "los sueldos más bajos de España", donde un peón que apaga fuegos y se expone a situaciones de toxicidad, quemaduras y una inmensa lista de riesgos laborales –no reconocidos– cobra 1.280 euros al mes, poco más que el salario mínimo.

No hay pluses por peligrosidad ni reconocimiento de la categoría profesional del bombero forestal, como obliga la Ley Básica de Bomberos Forestales de 2024. Lo que sí han empezado ahora es a implementar la sobrecotización en la nómina para acceder a la jubilación anticipada, cosa que no existe en otras regiones también precarizadas, ni en las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica.

"El problema es que la sociedad presionó a los políticos para que invirtiesen más después de los incendios, pero luego no saben gestionar ese presupuesto. Un compañero en Palencia nos contó que ahora trabaja todo el año, pero que, en vez de hacer tareas de prevención, ha estado apoyando la reintroducción del lince construyendo madrigueras para conejos", resume Martín. 

Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO, también subraya la pésima organización de la Junta de Castilla y León. "El personal suele quejarse de una falta de planificación a la hora de organizar el operativo que afecta a la eficacia de la extinción y a las condiciones de seguridad en las que se trabaja", afirma.