Aragón, la región que tiene extendida una alfombra roja a los centros de datos desde 2019, acaba de liberar a Blackstone (Calanza-QTS) de uno de los exámenes cruciales para garantizar la protección del medioambiente. El campus Rhodes, ubicado en Calatorao (Zaragoza), que aspira a ser uno de los mayores proyectos de data center de España, no tendrá que someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, sino que bastará con una evaluación simplificada que ya ha sido aprobada. Otros proyectos similares en Aragón ya han disfrutado de esta vía que, básicamente, da "carta blanca", según los expertos, a las grandes tecnológicas para construir proyectos de gran consumo de agua y electricidad.

La resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) se publicó el pasado 23 de julio, en pleno verano, y recoge que el campus Rhodes no necesita someterse a una evaluación ambiental ordinaria –el examen habitual de cualquier macroproyecto industrial– porque "no implica una alteración sustancial de los usos y clasificación del suelo" y porque "supone un incremento en las zonas verdes y un menor consumo de agua" respecto al plan municipal de 2010 que hay actualmente sobre esos terrenos, que permanecen sin construir.

En concreto, el Inaga ha determinado que no tendrán que someterse a evaluación estricta ni el plan integral del proyecto Rhodes, ni el plan de urbanización del polígono donde estará situado. Aunque, para seguir adelante, sí reclama a los promotores medidas adicionales genéricas, como "garantizar la disponibilidad de recursos (agua, energía y cualquier otro) para otras actividades en el término municipal de Calatorao" o que en las siguientes fases del proyecto se impulse "el ahorro y eficiencia en el uso del agua y de la energía".

El mismo texto, del 23 de julio, aprueba también las evaluaciones ambientales simplificadas de ambos del plan integral y del plan de urbanización, de manera que Blackstone ya ha superado el grueso del proceso administrativo que necesita para ponerse a construir. Solo necesita ejecutar el proyecto de construcción de las naves y del centro de datos –y someterlos a una evaluación también simplificada– antes de iniciar las obras.

Fernando Follos, consultor y experto en evaluaciones ambientales, afirma que este es un caso más de la simplificación extrema que Aragón aplica a estas inversiones, que ya causan estragos en ciudades de todo el mundo donde también fueron recibidas con los brazos abiertos. En este caso, da vía libre a uno de los mayores campus proyectados actualmente en España, con una potencia total de 648 MW si se construyen los ocho edificios de centros de datos que figuran en sus planos, de 81 MW cada uno. Por tamaño, sería la cuarta empresa con más megavatios instalados en el país.

El consultor explica que el modus operandi de estos macrocentros es siempre el mismo. El Gobierno regional declara el proyecto como PIGA (Proyecto de Interés General para Aragón), una figura que simplifica las exigencias urbanísticas y ambientales, "los principales escollos" para estas instalaciones, acelera los tiempos para conceder los permisos necesarios y bonifica drásticamente los impuestos del negocio cuando se ponga en marcha. "El PIGA da carta blanca para hacer básicamente lo que quieras, incluso sobre suelos no urbanizables. Si tuviesen que recalificar el suelo por la vía habitual, modificando el plan de ordenación urbana, tardarían una eternidad", valora.

Además de aplicar el PIGA, el Inaga ha sustituido ahora la evaluación ambiental estratégica ordinaria por una simplificada, y Follos asegura que este cambio supone una rebaja radical de la transparencia del proyecto. "Al cambiar a una evaluación simplificada, las compañías solo necesitan entregar un documento muy sencillo que se resuelve en tres meses, mientras que una estratégica llevaría un año e incluiría un análisis detallado de cada impacto del centro de datos", subraya el profesional.

Carlos López, de Ecologistas en Acción de Aragón, asegura que otros centros de datos, como el de Microsoft, también han disfrutado de este examen ambiental simplificado. "Esta gente funciona así. Creemos que están tratando de acelerar al máximo la construcción porque ven que la oposición es cada vez mayor. Lo que esperamos es que aquí la gente se rebele antes de que los proyectos estén ya funcionando, como ha pasado en Estados Unidos", opina.

La evaluación ambiental simplificada es un capítulo más de la absoluta falta de información que hay alrededor de los centros de datos, explica López. Desde que comenzó el goteo de proyectos, no está claro cuánta electricidad ni cuánta agua demandarán estas instalaciones, y la experiencia en otros países hace saltar las alarmas sobre el riesgo real al que se expondrán los municipios cuando termine de construirse todo lo planificado. Hasta ahora ya hay ocho proyectos con su PIGA probado, incluyendo el de Amazon Web Services, que tiene tres centros en operación desde 2022.

Sobre el agua, la mayor preocupación, López afirma que las compañías mienten sistemáticamente asegurando que necesitarán menos de la que finalmente consumen, y que, cuando está todo construido y en funcionamiento, solicitan una ampliación al Gobierno regional para abastecerse. "Amazon dice que sus nuevos centros de 300 MW demandarán 56.000 m3 al año. Es mentira porque los que ahora mismo tiene consumen 60.000 en sus centros de 45 MW. Solo sabemos ese consumo y el del proyecto Samca porque los ayuntamientos y la Comunidad han decretado el secreto sobre esta información", valora.

Sobre el consumo eléctrico, las estimaciones que hacen los expertos independientes –porque el Gobierno de Aragón no publica esta información en informes sectoriales– apuntan a que la demanda de energía se va a multiplicar en la Comunidad. Fernando Follos, sumando los ocho PIGA ya aprobados y uno pendiente (Vantage), estima, a partir de los proyectos declarados por las compañías, un consumo inicial de 14.410 GWh anuales, que crecería hasta los 24.501 GWh cuando todos se expandan a su máximo tamaño anunciado. La primera cifra ya supera a la demanda actual de la comunidad autónoma (11.000 GWh al año) y la segunda superaría la producción de la región, que ahora mismo genera el doble de lo que consume (22.400 GWh).

Dentro de la alfombra roja también hay que incluir los grandes beneficios fiscales de los que disfrutarán estas inversiones. Según un informe de la Fundación Basilio Paraíso, publicado en 2025, declarar un proyecto como PIGA permite al ayuntamiento donde se instale aplicar la bonificación máxima del 95% al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En la práctica, todos los alcaldes lo aplican para garantizar que el proyecto se instale en su municipio. La bonificación del IBI solo se aplica durante los primeros cinco años de operación.

Mientras millones de personas preparamos nuestras gafas homologadas para contemplar el eclipse solar del próximo miércoles, los centros de control de la red eléctrica en toda Europa afrontarán un reto mayúsculo. El objetivo es que en esta circunstancia tan extraordinaria todo siga dentro de la normalidad.

La sombra proyectada por la Luna al interponerse entre la Tierra y el Sol reducirá de forma brusca la radiación que reciben las instalaciones fotovoltaicas del continente. Según estimaciones del operador francés RTE y de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), la generación solar en Europa sufrirá una merma de hasta 9,7 gigavatios (GW) entre las 19:15 y las 21:30 horas, un impacto equivalente al consumo de diez millones de hogares.

España, donde el eclipse alcanzará la franja de totalidad en buena parte de la península, será de lejos el país más afectado. Redeia, el operador del sistema, prevé una reducción temporal de aproximadamente 5 GW en la península ibérica. Esta cifra equivale al 13 % de la demanda máxima de electricidad de un día laborable típico de agosto.

A pesar de la magnitud del descenso, los organismos internacionales y las autoridades energéticas descartan que el suministro a los consumidores corra peligro.

El sector suele recordar un precedente reciente, el eclipse total del 20 de marzo de 2015. También se temía un apagón y, sin embargo, el sector eléctrico superó el test de estrés con nota. Sin embargo, hay muchas diferencias entre ambos eclipses como para caer en la relajación. Para empezar, aquel evento solo fue total en las islas Feroe y el archipiélago noruego de Svalbard. Además hay que tener en cuenta que entre 2015 y 2026, la energía solar ha crecido enormemente en el mix de muchos países europeos.

El factor clave que mitiga la gravedad del impacto es el momento del día en que se desarrollará el fenómeno. Al producirse al atardecer, la sombra del eclipse coincidirá con un periodo en el que la producción fotovoltaica ya experimenta un descenso natural por la menor inclinación del Sol. La coincidencia no generará un pico inédito, sino que adelantará y acentuará una curva descendente prevista en las rutinas de los centros de control.

“Estimamos que en el sistema eléctrico peninsular el impacto será limitado y en Canarias y Baleares será mucho más reducido incluso”, ha afirmado Ricardo Bajo, director de servicios para la operación de Redeia (Red Eléctrica de España). La duración de la fase de totalidad, momento en el que la Luna cubre por completo el disco solar, durará entre uno y dos minutos, por lo que las variaciones se gestionarán mediante el uso compensatorio de otras tecnologías disponibles en la red.

Sin embargo, el margen de maniobra de algunos países europeos llega condicionado por un contexto climático adverso. Durante los primeros días de agosto, una ola de calor que afectó al centro y este de Europa obligó a paralizar o reducir la capacidad de varias centrales nucleares, térmicas e hidroeléctricas en Francia, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía y Eslovenia, debido al bajo caudal y al elevado incremento de la temperatura de los ríos utilizados para la refrigeración.

Para contrarrestar la pérdida simultánea de miles de instalaciones solares en un momento en que la energía hidroeléctrica y la nuclear operan con restricciones, los operadores han establecido un protocolo de coordinación a escala comunitaria. ENTSO-E ha activado un grupo de trabajo especializado para supervisar la evolución en tiempo real, aumentar los márgenes de seguridad y bloquear cualquier interrupción programada en las líneas de transporte de alta tensión con el fin de mantener la máxima flexibilidad operativa.

Bajo condiciones de cielo despejado, la producción fotovoltaica experimentará un cambio rápido pero predecible, según han explicado desde ENTSO-E. Para anticiparse a las fluctuaciones, los operadores recibirán predicciones meteorológicas actualizadas minuto a minuto, apoyándose en la experiencia acumulada durante eclipses parciales anteriores, a diferencia de lo ocurrido en el gran eclipse total europeo de 1999, cuando la tecnología fotovoltaica apenas representaba una fracción testimonial de la matriz energética.

Por su parte, la Comisión Europea ha confirmado que el estado de las interconexiones transfronterizas permitirá equilibrar las cargas. “Dado que el fenómeno tendrá lugar a última hora de la tarde, no se espera que su impacto sea enorme”, sostiene Anna-Kaisa Itkonen, portavoz de la Comisión Europea, subrayando que la activación de reservas térmicas e hidráulicas de regulación rápida absorberá sin incidencias la caída de la oferta solar.

La red española comenzará a notar la perturbación a las 19:31, cuando el eclipse se perciba desde A Coruña. Para los gestores de nuestras redes, serán 120 minutos más que interesantes, hasta que al filo de las 21:30 la mancha de sombra se despida de Baleares, la última región española en ser bendecida por este extraordinario evento.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Las olas de calor que azotan Europa se han cobrado miles de víctimas mortales, bienes inmuebles, bosques, reservas naturales, plantas y animales, incluyendo especies protegidas y endémicas. Sucesos tan graves nos hacen plantearnos cómo amortiguarlos en adelante. Todas las evidencias científicas auguran un futuro inmediato “ardiente” y de gran peligrosidad.

El cambio climático se ha producido por la acción humana, por la industria contaminante, el uso de combustibles fósiles y gases de efecto invernadero, los motores de explosión de los automóviles, la aviación y el tráfico marítimo que abastecen un mercado consumista, masivo, desigual, no sostenible e insolidario. Es la acción humana que organizan y distribuyen las élites políticas y económicas poderosas, que aplican la ideología neoliberal como si se tratara de una religión infalible y hegemónica.

En el Estado español se incumple la Ley de Montes. No se limpian ni desbrozan los campos y la disminución de los rebaños extensivos reduce el consumo de los pastos. El aumento no sostenible de los cultivos de regadío provoca la resecación de los suelos, la desaparición de humedales y la disminución de las aguas subterráneas.

Se plantan masas de árboles de crecimiento rápido, como el eucalipto, los pinos y otros, para proveer la pasta de papel. También se destinan plantas para procesar biodiésel. Los suelos de las ciudades suelen ser impermeables. Muchas zonas carecen de sombras y cuentan con un arbolado insuficiente, poco adaptado al clima y enfermo por la contaminación, la escasa renovación, las podas inadecuadas o los alcorques asfixiantes.

Los técnicos aconsejan repoblar los campos con cultivos adaptados, distribuidos en mosaico, donde alternen árboles y arbustos de distintas especies, realizar cortafuegos estratégicos y mantener reservas de agua en lugares sensibles donde el monte, las granjas y los hogares coexisten. Esa disponibilidad es un seguro de vida.

Los sistemas de alerta en materia de seguridad ciudadana deben mejorarse con nuevas tecnologías. La población carece de instrucción adecuada sobre las medidas preventivas y de evacuación en caso de riesgo grave. Los medios operativos de extinción de incendios deben coordinarse mejor desde un puesto de mando eficaz, jerarquizado, participativo, interdisciplinar y con un protocolo concreto. Los bomberos son insuficientes, están mal dotados, contratados temporalmente y mal pagados, y sus contratos no reconocen su profesionalidad, el alto riesgo y las penalidades, además de estar militarizados y continuamente amenazados.

Supone una aberración y un sinsentido que haya políticos incompetentes que nieguen el cambio climático o desvíen los fondos destinados a estos menesteres hacia tradiciones y acciones ultraconservadoras e insolidarias que fomentan el insulto, el odio, la discriminación, la violencia y las desigualdades. Me refiero particularmente a Vox y a los gobiernos del PP y Vox, presentes en diversas autonomías y bastantes pueblos. Si bien la desgana y el desvío de fondos hacia otros menesteres también se vienen produciendo en demasiadas instituciones políticas.

Irresponsablemente, muchos países destinan cuantiosos recursos a la industria de guerra, la OTAN y el rescate de bancos y sectores empresariales en crisis, sustrayéndolos de la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia. En adelante debemos desconfiar de la demagogia electoral y hacer política de base, además de impulsar movilizaciones vecinales, ciudadanas, feministas, sindicales y ecologistas por nuestro bienestar y nuestros derechos humanos.

No debemos dejarnos embaucar con miedos y amenazas, soportar corruptelas ni pensar que con el voto en la urna concluye la democracia. El fascismo crece y se renueva en sus formas, pero es tan embustero, miserable y criminal como siempre. No nos entretienen las comedias de enredos y los sainetes de los parlamentos y los medios de comunicación; preferimos, por su profundidad crítica y social y por su calidad artística, a los hermanos Álvarez Quintero.

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José Verdón Pérez es socio de infoLibre.

Las comunidades autónomas donde se vivirá de manera más intensa el eclipse de este miércoles están realmente preocupadas ante la posibilidad de que el evento histórico pueda tornarse en catástrofe. El nivel de riesgo de incendio será "extremo" en numerosas provincias donde podrá observarse en su totalidad, y zonas rurales que no están habituadas a la masificación, como Soria o Teruel, vivirán un pico turístico que multiplica el riesgo de fuegos.

En los últimos días, numerosas comunidades autónomas han tomado medidas para restringir accesos a zonas forestales y se han reforzado los dispositivos de vigilancia y extinción de incendios con el objetivo de minimizar riesgos. La Guardia Civil anunció este fin de semana un despliegue de 24.000 agentes con motivo del suceso, que prestarán especial atención a 660 puntos de observación del cielo. “Existe muchísima vegetación seca y un bajo índice de humedad, por lo que es fundamental que tengamos la máxima precaución", advirtió este domingo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Se mantiene la prohibición de hacer fuego en zonas forestales y se llama a no aparcar vehículos sobre vegetación seca, una de las negligencias que ya ha causado varios incendios este verano, como el de este fin de semana en Navas de San Juan (Segovia). Se pide también máxima precaución con el abandono de vidrios y colillas, así como el uso de cualquier maquinaria que genere chispas o la manipulación de aceites calientes de motor.

Ignacio Pérez-Soba, portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España, subraya que hay que prestar mucha atención a las zonas con turistas extranjeros, ya que pueden tener una percepción diferente del riesgo por el hecho de que quizás en sus países no estén familiarizados con los incendios. 

"Se espera un elevado número de extranjeros y nuestra relación con el fuego no es la de otros países, como el centro y el este de Europa. Ellos no perciben como nosotros el peligro del fuego porque no sufren los incendios como aquí", valora. Según el Ministerio de Economía, visitarán el país 446.700 personas esta semana debido al eclipse.

Lugo, Ourense, Zamora, León, Salamanca, Ávila, Segovia, Palencia, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid o Teruel son algunas de las provincias en las que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) anticipa un nivel de riesgo "extremo" debido a la falta de lluvias, la abundancia de vegetación seca, la humedad del suelo o la previsión de vientos. Aunque, como se ve en el mapa, prácticamente toda la franja donde sucederá el evento astronómico tiene un riesgo "alto" (amarillo) o superior.

El experto del Colegio de Montes insiste también en que no hace falta desplazarse hasta el punto más remoto en busca de las mejores vistas ni adentrarse en el bosque con el coche para disfrutar del eclipse. "Puede ser incluso contraproducente porque lo importante es tener visibilidad en dirección oeste. Puedes ir al sitio con la mejor visibilidad del mundo que si estás en la ladera equivocada te lo puedes perder. Además, se puede ver perfectamente desde zonas urbanas", recuerda Pérez-Soba.

A esto se suma que algunas comunidades autónomas han decretado restricciones de tráfico en zonas de puerto de montaña para evitar atascos y reducir al mínimo el impacto de la masificación en el entorno natural. La Junta de Castilla y León reconoce que "la semana del 12 de agosto es en la que estadísticamente se producen más incendios forestales", de manera que ha publicado un mapa con una amplísima superficie de la comunidad que cataloga como "no recomendada".

Aragón ha ido más allá y ha limitado el acceso en vehículo a las zonas de monte a residentes, trabajadores y visitantes que se dirijan a un municipio o un parking habilitado. En la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno también ha pedido este lunes al Ejecutivo autonómico restringir el acceso y uso peatonal en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares fuera de los puntos de observación autorizados, y que prohíba la circulación de vehículos a motor en los montes de utilidad pública.

Europa se acerca poco a poco al invierno con unas reservas subterráneas de gas natural anormalmente bajas. Este viernes el almacenamiento medio de los 27 socios se situaba en el 58,1%, su menor nivel desde hace casi 20 años, con países en una situación realmente complicada como Alemania o Países Bajos, dos grandes consumidores de energía, cuyos depósitos están por debajo de la mitad. España es uno de los países que se desliga de este problema, con sus reservas por encima del 70% de capacidad.

La situación no coge a nadie por sorpresa porque los expertos llevan meses advirtiendo de que este año el mercado del gas estaría especialmente tensionado por la combinación de las guerras de Ucrania e Irán. La disponibilidad global de combustible es menor que otros años, lo que incrementa la competencia y los precios del gas natural. En esa pugna, las empresas gasistas europeas han decidido durante los últimos tres meses esperar a que los precios bajen para abastecerse, pero el verano avanza y el problema parece cada día más profundo.

Jaime Concha, experto en gas natural del medio especializado Energy Intelligence, opina que las energéticas apostaron por que la guerra de Irán se apaciguaría en verano, pero nada apunta a que vaya a ocurrir. "El mercado esperaba que el cierre del Estrecho de Ormuz se resolviese y bajase el precio del gas, pero eso no ha llegado. Cuanto más se extienda esta situación, más difícil será llegar al invierno con un buen aprovisionamiento en países como Alemania", valora el analista.

Posponer las compras de gas ha provocado, además, que el mercado de gas se encarezca todavía más a sabiendas de que la Unión Europea está cada día que pasa en una situación más comprometida. Antes del 1 de diciembre, los Estados miembros deben alcanzar un nivel de abastecimiento del 90% –puede reducirse al 80% si hay problemas de suministro o de precios–, lo que garantiza a los vendedores de gas que los países europeos terminarán por comprarlo tarde o temprano. Desde el 1 de julio, la cotización del gas holandés TTF, el de referencia en Europa, ya se ha encarecido un 30% hasta los 55 €/MWh, y los expertos creen que subirá todavía más.

No obstante, Concha matiza que este problema no se traduce directamente en un desabastecimiento de gas, puesto que los almacenes de gas estratégicos tienen una capacidad muy limitada y no condicionan la oferta de energía en el día a día. La reserva subterránea máxima que puede tener la Unión Europea es de 6.300 millones de metros cúbicos de gas natural, mientras que la demanda total de este combustible en 2025 fue de 340.000 millones de metros cúbicos, 54 veces más.

"Unos bajos inventarios no significan de por sí una crisis de abastecimiento de gas en invierno. Son, más bien, una garantía, una ayuda para que los precios de la energía no suban demasiado si sufrimos una sucesión de olas de frío", valora Concha. La agencia Bloomberg calcula que desde al menos 2008 Europa no tiene un nivel tan bajo en sus inventarios de gas. A estas alturas del verano, en los últimos cinco años, los inventarios han estado de media al 75%, casi 20 puntos porcentuales por encima.

Los analistas especializados en gas natural también llevan semanas advirtiendo de que incluso metaneros que se dirigían a Europa –a Francia, por ejemplo–, se han desviado hacia Asia para vender allí su mercancía, dificultando aún más el rellenado. Es habitual en el mercado de materias primas que una venta se cancele y se dirija hacia un nuevo destino si un comprador supera la oferta inicial, y en este momento el precio que se paga en Asia por el gas natural supera al que ofrecen las compañías europeas.

Mientras tanto, la guerra en Irán parece seguir estancada, bloqueando indefinidamente el Estrecho de Ormuz, por donde salía a mar abierto el 20% del gas natural licuado (GNL) que consume el planeta y que principalmente iba destinado a Asia. En la Unión Europea, Italia es el país más vulnerable a este agujero porque un tercio del GNL que importó el año pasado provenía de Catar, un país que ha paralizado por completo sus exportaciones.

Antonia Syn, analista de gas en la consultora Rystad, escribió esta semana en una nota de prensa que "en estos momentos, los mercados del gas se ven sometidos a dos fuerzas opuestas: más demanda por las condiciones meteorológicas frente a una escalada de los riesgos geopolíticos". Mientras las olas de calor asolan Europa e incrementan la demanda de electricidad, la paralización de las conversaciones en Irán mantiene el abastecimiento global de gas en completa incertidumbre, presionando al alza el precio de este combustible.

La construcción y la agricultura han sido históricamente los sectores con mayor mortalidad por la dureza del trabajo, la falta de prevención de riesgos laborales y la exposición continua a agentes o materiales tóxicos. A estos problemas, advierten los expertos, se suma cada año con mayor intensidad el calor extremo, que afecta con más intensidad a estas profesiones al aire libre y con poca capacidad para adaptarse a las altas temperaturas.

Un caso de libro ocurrió el 23 de julio en Paracuellos del Jarama (Madrid), cuando un trabajador de 61 años sucumbió al calor mientras trabajaba en una obra industrial de la compañía Comsa, cavando una zanja para una construcción eléctrica. Una persona sexagenaria trabajando a pleno sol en un secarral, un día de aviso amarillo por calor, sometido a un intenso esfuerzo físico y sin prácticamente medidas de prevención.

"Tenían un tenderete con una lona para descansar del calor, eso no es una medida de prevención, no te sirve para enfriar el cuerpo", dice indignado en conversación con infoLibre Javier Pinilla, experto en salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en la delegación de Industria de Madrid. Él mismo ha denunciado el caso a la Inspección de Trabajo para que se registre como una muerte en jornada laboral por una negligencia de la empresa. El parte del hospital, donde falleció tres días después, recoge literalmente "defunción por golpe de calor".

Pinilla afirma que en los últimos años ha aumentado la atención sobre los accidentes por calor debido a los picos de temperaturas puesto que los trabajos en el exterior son extremadamente vulnerables. "La prevención en fábricas cerradas es más sencilla porque la ley acota la temperatura que debe hacer en interiores, pero en exteriores no paramos de pegarnos con las empresas", asegura. "Las medidas desde arriba son 'párate si tienes calor', 'bebe mucha agua', 'busca una sombra'... pero eso es trasladar la responsabilidad al trabajador, no es una medida seria de prevención", añade.

Estas situaciones agregan un riesgo adicional a profesiones que ya sufren estructuralmente una mortalidad muy elevada. De los cuatro grandes sectores de la economía, la construcción ocupó el primer lugar con 10,94 fallecimientos anuales por cada 100.000 trabajadores entre 2015 y 2025, seguido de la agricultura, con una incidencia de 6,68. La media de mortalidad española en toda la economía es de 3,41 fallecidos por cada 100.000 empleados durante la última década, según las cifras recopiladas por CCOO. Además, las siete actividades con mayor índice de mortalidad han disparado el número de ocupados en 693.000 personas desde 2019, multiplicando el número de personas expuestas al riesgo.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en el sindicato UGT, exige que la Inspección de Trabajo multiplique la presión sobre los sectores más vulnerables, como el campo o la construcción, pero también sobre trabajos urbanos como la jardinería o el reparto en bicicleta. "La normativa es insuficiente para proteger a estos trabajadores. Hay que adaptar horarios, garantizar la hidratación y tener ropa fresca… pero eso a veces no es suficiente. En los días más duros, si hace falta, se debe paralizar el trabajo", afirma.

La agricultura es, junto a la construcción, el otro gran sector afectado por el calor. El trigo, la cebada, la uva o el garbanzo son algunos de los cultivos que se cosechan en verano, y aunque sea común adelantar las jornadas de trabajo, es inevitable que decenas de miles de agricultores se expongan a altísimas temperaturas. Por ejemplo, en agosto de 2025 falleció por un golpe de calor un temporero de 61 años en Alcarrás (Lleida), y en mayo de 2026 murió una temporera marroquí en Moguer (Huelva) mientras recogía la fresa.

Óscar Reina, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), denuncia que los jornaleros, a menudo inmigrantes que no tienen capacidad para rebelarse, y los que trabajan bajo los plásticos de Huelva o Almería llegan a exponerse a temperaturas de más de 50 ºC. "La clase obrera migrante está completamente indefensa. Faltan inspecciones de trabajo, falta poner la lupa sobre lo que pasa a diario, y nosotros hemos denunciado ya más de 400 tajos [como se llama a las fincas]. En realidad, las olas de calor son un problema más dentro de la explotación laboral sistemática que ocurre aquí", explica.

Patricia Ruiz, de UGT, también recalca que hay un vacío estadístico a la hora de contabilizar las muertes por calor, porque el año pasado solo se contaron cinco muertes por altas temperaturas en jornada laboral, y en 2024, solo una. "No es normal que haya ese vacío estadístico. Para que se cumpla la ley hace falta también contar con datos reales", valora la portavoz sindicalista. El Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos a las olas de calor el pasado verano, y los expertos en salud laboral asumen que muchos de ellos murieron trabajando.

El destino de la guerra de Irán cambia cada semana. El presidente estadounidense pasa de prometer bombardeos masivos sobre el país a asegurar, apenas un día después, que está a un paso de cerrar un pacto con Teherán. Este tira y afloja ha estabilizado el precio del barril de petróleo entre 20 y 40 dólares por encima de su precio a comienzos de año, sin que la demanda se haya resentido apenas, un panorama que ha disparado las ganancias de las grandes petroleras, entre ellas las españolas. 

Los márgenes de refino –la diferencia entre lo que una compañía paga por el crudo y lo que saca por vender el producto en las gasolineras–, se sitúan en niveles récord o casi récord por el encarecimiento de la energía y los recortes de producción, lo que supone una lluvia de dinero para estas empresas.

Repsol ganó en la primera mitad del año 2.202 millones de euros, superando en beneficio a todo 2025 y todo 2024. Estos resultados astronómicos se han repetido a lo largo de todo el sector petrolero. La mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco, ha ganado en solo seis meses 67.200 millones –si fuese un país, sería el 77.º del mundo con mayor PIB solo con esos beneficios–. La número uno de Estados Unidos, Exxon, multiplicó por dos sus ganancias; la británica Shell las duplicó; y la española Moeve incrementó sus beneficios un 41% respecto al año pasado. Todo ello mientras los hogares se empobrecen por la inflación y la crisis climática se intensifica.

Daniel Quigguin, investigador de T&E, una organización europea que promueve el transporte limpio, opina que estas crisis, que estrujan a la población, son siempre beneficiosas para las empresas. "Las petroleras salen ganando en cualquier crisis energética. Cuando un conflicto retira barriles del mercado, el precio al que los venden se dispara, pero el coste de extraer y refinar un barril no varía. Es una transferencia, directamente de los conductores, los transportistas y los hogares a un puñado de accionistas", señala a infoLibre. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) calcula que el margen de refino del petróleo, la principal herramienta para medir las ganancias de estos gigantes, se situó en julio en 18,90 dólares por barril de media para todos los tipos de crudo, y lleva rondando los 20 dólares desde marzo, justo después del inicio de la guerra de Irán y del cierre del Estrecho de Ormuz.

El margen de refino habitual está entre los cinco y 10 dólares por barril, y solo se registraron niveles ligeramente por encima de los actuales durante los peores meses de la crisis energética de 2022. Algunos tipos de crudo, como el ligero y dulce mediterráneo –uno de los que se procesa en España–, nunca antes habían sido tan rentables como en julio de 2026.

"La desconexión entre unos mercados de crudo aparentemente bien abastecidos y unos mercados de productos derivados ajustados impulsó un repunte de los márgenes de refino hasta máximos de cuatro años a principios de julio", se lee en el último informe petrolífero de la IEA.

El Banco Central Europeo confirmó la semana pasada que los márgenes de refino del sector petrolero están en niveles "casi récord" y espera que alcancen su pico este mes de agosto para luego comenzar a bajar suavemente durante los próximos meses, hasta llegar a la normalidad a finales de 2027. 

Repsol multiplica su rentabilidad en plena crisis

El mayor exponente español de este beneficio es Repsol, con un margen de refino declarado de 14 dólares por barril durante la primera mitad del año, que llegó a superar los 30 dólares en julio, una anomalía que ha disparado sus beneficios. El propio consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, sacó pecho durante la presentación de resultados del primer semestre, que tuvo lugar el 26 de julio, de que este indicador creció "un 137%" respecto a 2025.

Uno de los motivos que dio para explicar su semestre dorado es que la demanda de combustible es "resistente y muy sólida" pese al encarecimiento de los carburantes. La principal razón, según explicó, es que gobiernos de todo el mundo, entre ellos el español, han apoyado el consumo de carburante mediante subvenciones.

Sin embargo, mantener este apoyo millonario con dinero público es extremadamente caro y España ya está en retirada de estas ayudas, que empezaron siendo de 20 céntimos por litro, bajaron a 15 céntimos en julio, se mantienen en 10 céntimos por litro en agosto y descenderán a cinco céntimos en septiembre. No obstante, sigue vigente una cláusula para recuperar el descuento original de 20 céntimos si el precio del carburante sube un 15% respecto al año pasado, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística.

Rusia, más que el Estrecho de Ormuz

Sobre el contexto internacional, Jon Imaz citó que el conflicto de Oriente Próximo ha mejorado los beneficios de sus refinerías, pero cree que la guerra de Ucrania es todavía más importante. "Creo que Rusia podría ser incluso más importante que el Estrecho de Ormuz hoy en día para el mercado europeo, ya que probablemente entre el 45% y el 50% de las refinerías rusas están actualmente fuera de servicio, alrededor de 900.000 o 1.000.000 de barriles diarios de destilados", afirmó.

A la pérdida de producción en Rusia se suma el vacío que ha dejado el Golfo Pérsico, donde ha dejado de fluir una parte del crudo por el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, un punto por donde solía transcurrir el 20% del suministro mundial de petróleo. Este vacío de abastecimiento de crudo y productos refinados es el que ha permitido que las petroleras con capacidad para refinar la materia prima –Repsol opera cinco refinerías en España, más que ninguna otra empresa– ganen dinero en toda la cadena.

Más impuestos a las petroleras

La organización T&E es una de las múltiples voces que exige, como ya hizo en 2022, que las compañías energéticas paguen impuestos adicionales para compensar el gasto público que se destina a fomentar la demanda de combustible. España ya ha gastado, entre los dos decretos anticrisis (el de marzo y el de junio), 6.572 millones de euros, entre ayudas al carburante, la electricidad y el gas natural, tanto para la población general como para los sectores profesionales más afectados.

"Los gobiernos están optando por absorber esta crisis por sí mismos en lugar de pedir a las empresas que se benefician de ella que contribuyan. Se trata de una decisión política, y es una decisión equivocada. Esta no será la última crisis del petróleo y el gas. Lo que se necesita es un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios", opina Daniel Quigguin.

Apenas 24 horas antes de que se declarase el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el controvertido Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región –conocido como Líder–, que aspira a ser la mayor reforma de la legislación urbanística de la región de las últimas tres décadas. La terrible experiencia de los fuegos demostró que miles de viviendas y decenas de urbanizaciones están peligrosamente ubicados en el interior de bosques. Esta nueva ley acelerará aún más la construcción en zonas rurales.

Si la ley se aprueba en los términos actuales, el suelo de la Comunidad de Madrid pasará a estar clasificado de tres nuevas formas (ahora son cinco): suelo urbano, suelo rural no protegido y suelo rural protegido. Los dos primeros, que abarcarán alrededor del 40% de la región, estarán siempre disponibles para construir nueva vivienda de manera relativamente sencilla, ya que también se va a introducir la figura del Plan Ejecutivo Municipal para facilitar la concesión de proyectos urbanísticos.

En concreto, la nueva normativa permitirá que el suelo rural no protegido – por ejemplo, una parcela de cultivo– pueda convertirse en una urbanización de chalés, pasando a catalogarse como suelo urbano, si un promotor privado presenta un plan ejecutivo a un ayuntamiento y este lo aprueba. 

De esta manera, se abre la puerta, según los críticos, a abandonar el crecimiento organizado de los municipios basado en el tradicional Plan General de Ordenación Urbana. Al mismo tiempo, esta ley promueve la proliferación de pequeñas urbanizaciones y de casas aisladas en terreno rústico, dificultando que los servicios públicos sean eficientes, y multiplicando el riesgo de incendios urbano-forestales porque la población se adentrará en suelo forestal. Se espera que la ley Líder sea aprobada en la Asamblea de Madrid antes de 2027 con pocas modificaciones, ya que el PP gobierna con mayoría absoluta.

"Lo que pretende esta supuesta flexibilidad es que haya los mínimos obstáculos para los promotores con la excusa de que hace falta construir nueva vivienda", opina María Ángeles Nieto, una de las portavoces de la Plataforma Ecologista Madrileña. "La Comunidad ya ha manifestado su intención de alcanzar los 10 millones de habitantes, pero se han dado cuenta de que ya no hay un palmo libre de terreno en la capital y en la periferia, por eso tienen que expandirse de manera radial", añade.

El enfado y la preocupación son de tal calibre que 44 asociaciones vecinales han creado la Asociación Madrid Contra la Líder, a la que están adscritos los sindicatos UGT y CCOO, y seis partidos de la oposición, entre ellos el PSOE y Más Madrid. El Ministerio de Vivienda también presentó alegaciones en abril contra este proyecto con el argumento de que se basa en "la privatización del suelo" y los "pelotazos urbanísticos", según publicó El País.

Los críticos con la reforma de Ayuso subrayan que esta propuesta supondrá un punto de inflexión porque desregula todas las ramas del urbanismo madrileño. Desde abrir la puerta a edificar en suelo que hasta ahora era rústico, a privatizar la tramitación de permisos de construcción, pasando por permitir subsanar irregularidades urbanísticas con multas para evitar que el inmueble sea derribado. 

La portavoz del grupo ecologista también destaca que el proyecto de ley facilitará que algunos enclaves hasta ahora protegidos por su valor natural, dejen de estarlo. Por ejemplo, uno de los puntos recoge que todo el suelo que en este momento se clasifica como "no urbanizable de protección por valores agrícolas, forestales, ganaderos u otros análogos", y que no tenga una evaluación ambiental estratégica aprobada, podrá ser recalificado como suelo rural no protegido o suelo urbano (ambos urbanizables) si así lo quiere el alcalde de turno, mediante la aprobación de un simple Plan Ejecutivo Municipal. 

El Plan Ejecutivo Municipal, según los críticos, es una de las grandes figuras controvertidas del Líder, ya que abre la puerta a permitir casi todo en ese 40% del futuro suelo potencialmente urbanizable. Todo Plan General Urbano, los planes fijos que ahora son la base de la organización del suelo de todos los municipios, será sustituido por un Plan Estratégico Municipal, mucho más laxo, que dará manga ancha para que las ciudades se expandan a base de planes ejecutivos, que serán proyectos de todo tipo –vivienda, zonas verdes, industria, ocio– propuestos por el propio ayuntamiento o por empresas privadas.

"Ahora todos los ayuntamientos tienen un Plan General, que es una foto fija del suelo del municipio, con sus usos regulados. Y será sustituido por un Plan Estratégico Municipal dinámico que, nosotros entendemos, porque no está claro todavía, será una imagen dinámica sobre hacia dónde quiere ir la ciudad", aclara Nieto. "Esa supuesta flexibilidad permitirá que el promotor de turno presente proyectos a la carta donde decida todo: el tamaño, el diseño y los usos del suelo de la parcela. Y solo necesitarán el visto bueno del ayuntamiento para ejecutarlo", añade.

Por si fuera poco, la ley Líder permitirá también, si se aprueba en los términos actuales, la construcción de grandes proyectos privados en suelo protegido, incluso, a priori dentro de los parques regionales de la Comunidad. Dentro de los "usos excepcionales en suelo rural [protegido y no protegido]", el más sonado es el de los centros de datos, macroinstalaciones conocidas por superar el tamaño de estadios de fútbol y por su enorme consumo de agua.

"La ley pone una alfombra roja a los centros de datos, que se podrían construir en casi cualquier sitio, pese a que consumen una gran cantidad de recursos naturales. Y encima se los cataloga como una infraestructura de interés general", critica María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid, uno de los grupos que presentó numerosas alegaciones al plan Líder durante su etapa de participación pública, ya finalizada.

El mismo punto incluye como excepción “la construcción de infraestructuras de generación, distribución, transporte y almacenamiento de energía", donde en teoría estarían incluidas las centrales de generación eléctricas, tuberías de gas o líneas de alta tensión, si reciben el visto bueno de la administración. Entre los usos excepcionales del suelo rústico también destacan la posibilidad de levantar en terreno protegido un vertedero o una planta de biogás, instalaciones de altísimo impacto ambiental, si se justifica que no son factibles de construir en suelo urbano.

Hace poco más de un mes, Miguel Moreira se subió por última vez a su camión cisterna. Paró en una nave del polígono industrial de Cojóbar (Burgos), se bajó y conectó los tubos a un depósito subterráneo para vaciar la carga. El operario que trabajaba en la báscula le vio tambalearse y cuando se acercó, notó algo raro en él, no respondía. Le dio tiempo a sujetarlo antes de que cayese a plomo, pero eso no evitó que falleciera de madrugada en la UCI del Hospital Universitario de Burgos.

Muy probablemente, la muerte de Miguel no quedará registrada como lo que fue: un shock provocado por las altísimas temperaturas del secarral donde paró a descargar. Ese día, 24 de junio, España sufría la primera ola de calor de este verano y esa zona se encontraba en alerta naranja en el mapa de riesgo por calor del Ministerio de Sanidad. El país alcanzó durante ese episodio unas temperaturas medias 7,1 ºC por encima de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Amaia Moreira, una de los cuatro hermanos de la víctima, confirma que el cuerpo del camionero no fue sometido a autopsia, sino que fue tratado como un desmayo en la vía pública –así consta en el informe del 112 y ella entiende que fue porque así lo describió la persona que llamó a emergencias– que terminó en una parada cardiorrespiratoria 11 horas después. Su familia pelea ahora con el seguro para que se reconozca la muerte como accidente laboral para acceder a la indemnización.

"Ese lunes ya nos mandó una foto en la que el termómetro del camión marcaba 47 ºC. Bromeó con que cualquier día…", recuerda Amaia. También subraya que no tenía patologías previas y que nunca había tenido ningún susto parecido, sino que que fue un golpe de calor fulminante. "Toda la vida en el camión y ni un accidente, por eso estoy tan enfadada". Miguel era de San Sebastián y falleció con 56 años.

Al no establecerse una relación oficial entre la muerte y el calor, este caso pasará a ser otro de las decenas de trabajadores fallecidos en su puesto debido a temperaturas extremas que no se registra como tal. Según el Ministerio de Trabajo, el año pasado solo murieron cinco personas en España por calor en jornada laboral, pese a que el Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos al calor el pasado verano.

Fernando García, investigador del Centro de Investigación en Salud Laboral (Cisal) de la Universitat Pompeu Fabra, considera que es muy probable que haya víctimas en entornos de trabajo donde no se reconoce el calor como causa. Primero, porque concluir que una persona que murió al caer de un andamio lo hizo por un mareo derivado de la deshidratación requiere de una investigación compleja. Y segundo, porque en los puestos de alto riesgo por calor suele haber una sobrerrepresentación de inmigrantes no dados de alta en la Seguridad Social que quedan fuera de la estadística.

"Sospecho que hay un infrarregistro de muertes por calor, y afecta especialmente a trabajadores vulnerables. Necesitamos estudios para conocer la dimensión de este vacío", opina el experto.

Sobre el caso de Miguel Moreira, García matiza que no siempre es necesario hacer una autopsia si la causa es evidente cuando la víctima es atendida por los médicos, pero desde luego la ley obliga a dejar por escrito de manera rigurosa la causa y el contexto del fallecimiento en caso de accidente laboral. "La ley de riesgos laborales obliga a investigar caso a caso, pero es verdad que ahora hay unas 600 muertes al año, una cifra que además lleva años al alza. Es difícil saber si todas se investigan", afirma este especialista en enfermedades profesionales.

A este protocolo complejo se suma, como dice el investigador, que los sectores más afectados por el calor son la agricultura y la construcción, y, más recientemente, el reparto urbano en bicicleta, profesiones donde abunda el trabajo irregular y la prevención de riesgos laborales es prácticamente inexistente.

Un agricultor de Huelva que lleva más de dos décadas trabajando en Almonte relata a infoLibre que trabajar en verano allí es un verdadero infierno. Hay fincas mejores y peores, pero en la que está este verano se une el maltrato psicológico –gritos y amenazas–, unas condiciones de semiesclavitud –trabajar durante semanas sin descansos porque la alternativa es el despido– y un calor abrasador. Si en el exterior el termómetro marca 40 ºC, debajo de los plásticos que hacen de invernadero pueden hacer 50 ºC o más, con una humedad insoportable que reduce la capacidad del cuerpo para autorregular su temperatura.

"El plástico te suma 10 o 12 ºC fácilmente, pero es que ahí dentro estás durante horas arrancando plantas de frambuesa a brazadas. Y ese día te has levantado a las cinco de la mañana", relata este peón, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias. "Y si te ven descansar, vienen a gritarte para que vuelvas al tajo. Si pillas al manijero en un mal día, que suelen ser todos, te pueden mandar a casa tres días sin cobrar".

El agricultor subraya que en estos lugares impera la ley del silencio porque los jornaleros –de Colombia, Honduras, Nepal, Rumanía…– no pueden permitirse denunciar. Y los accidentes, algunos de ellos mortales, no llegan jamás a las estadísticas. Un ejemplo es el de una trabajadora marroquí que murió en Moguer (Huelva) en mayo por un golpe de calor en una huerta de fresas. Organizaciones sociales como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) denunciaron públicamente el caso, pero no han podido acceder a más información.

"Estas cosas siempre se resuelven igual. Los accidentes se entierran", dice José Antonio Brazo, responsable del SAT en Huelva. "La empresa contacta con la familia y si te corresponden diez te dan dos y asunto zanjado. Y todo el mundo alrededor callado porque si lo denuncias, al año siguiente no vuelves".

En teoría, desde 1995 es obligatorio para todo empresario garantizar un entorno seguro debido a la ley de prevención de riesgos laborales. Como el calor es un riesgo difuso, en 2023 el Gobierno incorporó a la normativa la obligación de adaptar las condiciones de trabajo cuando la Aemet declare avisos por calor. Si una zona está bajo aviso naranja o rojo, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista", dice la norma.

En general, describe el agricultor de Almonte que ha participado en este artículo, esto se cumple en todas las fincas porque basta con empezar a trabajar media hora o una hora antes, sobre las 6.30 de la mañana. No hay coste para el empresario y el rendimiento de los trabajadores aumenta, así que no hay debate.

El problema, dice, es que en la finca donde él trabaja, el jefe se vale de la ley para pagarles menos. "Uno de los primeros días de ola de calor, no se nos avisó de la alerta. Simplemente empezamos a las 7.00, como un día normal, pero a las 12.00 nos mandaron a casa, dos horas antes de lo normal. Y cuando tocó cobrar, como sospechaba, ese día nos restaron las horas y me quitaron un día de cotización", lamenta el trabajador. "Ya no es solo el dolor físico del trabajo, es vivir sometido a un miedo constante. Y si te quejas, se corre la voz y olvídate de trabajar", añade.

Un grupo internacional de científicos de prestigio ha publicado este viernes un análisis que confirma el papel inequívoco que ha tenido el cambio climático en el mayor incendio de la historia de España, que supera las 70.000 hectáreas quemadas al sumar los tres focos. En concreto, estiman que el calentamiento global hizo un 42% más intensas las condiciones atmosféricas extremas de los días en los que duró el fuego. También hizo que sea ahora 20 veces más probable que suceda frente a la era preindustrial.

Este estudio relámpago ha sido realizado por World Weather Attribution (WWA), una coalición de expertos en clima y cambio climático que lleva años realizando análisis similares en grandes catástrofes globales. Estas primeras conclusiones, a falta de investigaciones en profundidad, pretenden dar argumentos para rebatir los discursos negacionistas que suelen multiplicarse en desastres climáticos, como ha ocurrido en la última semana en medios de comunicación o redes sociales.

"Lo que estamos viendo en Francia y España no es solo mala suerte, es una señal clara de que los efectos del calentamiento antropogénico son cada vez más graves", valora en el informe Clair Barnes, investigadora de fenómenos meteorológicos extremos del Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres. "Hemos visto en repetidas ocasiones cómo el cambio climático aumenta las condiciones de calor, sequía e inflamabilidad, que favorecen enormemente los incendios forestales. Lo que hace único a este caso es que aún estamos al principio de la temporada", añade. Barnes es una de los 13 autores del estudio, entre los que figuran dos investigadores españoles.

Para calcular la relación entre el calentamiento del planeta y los fuegos de la última semana, los expertos han analizado las condiciones de precipitación, evaporación, temperatura, humedad y viento de las zonas afectadas durante la última semana, valores que forman el llamado Índice de severidad diaria de incendios (DSR, por sus siglas en inglés), una fórmula que refleja la dificultad para extinguir un incendio una vez que se ha iniciado.

El DSR que condicionó el incendio de Ávila, Madrid y Toledo fue un 42% más intenso que en un escenario simulado sin cambio climático, y ahora es 20 veces más probable que se registren valores de ese nivel frente a un mundo sin cambio climático.

En el mismo informe han estudiado las características del incendio de Burdeos, en el sur de Francia, que también ha sido el peor de la historia del país y ha dejado unos 250.000 evacuados. En esa región, según WWA, las probabilidades de que se den condiciones extremas como las de estos días son ahora dos veces más altas que en un escenario sin cambio climático. El DSR que afectó a la catástrofe del sur de Francia fue 46% más intenso que en un mundo sin calentamiento antropogénico. Tanto las estimaciones para Francia como para España son conservadoras, añaden los investigadores.

Bomberos y expertos en incendios forestales ya advirtieron hace semanas de que las lluvias del último invierno, que fue un 175% más húmedo de lo normal en la península, habían preparado el terreno para una temporada de fuegos sin precedentes si el calor secaba esa vegetación. Desde que se declarase la primera ola de calor el 21 de junio, España ya ha sufrido 17 días bajo ese nivel de alerta, prácticamente uno de cada dos.

Los profesionales de extinción también avisaron poco después de declararse la emergencia nacional que este fuego cumplía con las condiciones para convertirse en un monstruo, la famosa regla 30-30-30: menos de un 30% de humedad relativa, temperaturas de más de 30 ºC y vientos superiores a 30 kilómetros por hora. Desde WWA recuerdan que estudios anteriores ya han demostrado que el cambio climático está asociado con temperaturas más extremas y mayor sequía, dos de las tres condiciones.

Otro de los asuntos que abordan en el informe es la inmensa cantidad de humo que han vertido a la atmósfera los incendios de Francia y España, uno de los perjuicios que suele pasar desapercibido en este tipo de crisis. Por ejemplo, en Burdeos llegaron a medirse concentraciones horarias de partículas PM2,5 (con un diámetro inferior a 2,5 micras) de 341 µg/m3, el doble del máximo recomendado y unas 20 veces por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud considera una exposición aceptable de media en un periodo de 24 horas.

"Estos extensos incendios forestales y los consiguientes picos de contaminación atmosférica afectan a una población ya duramente golpeada por varias semanas de olas de calor. Esta sucesión de riesgos climáticos que se agravan entre sí durante el verano de 2026 debería servir para abrirnos los ojos ante los próximos retos de adaptación y motivar una acción climática ambiciosa", opina en el estudio Augustin Collette, del Instituto Nacional Francés de Medio Ambiente y Riesgos Industriales.

La línea 551 llevaba este miércoles, dirección Pantano de San Juan, a una quincena de personas que regresaban a sus casas tras un desalojo de casi una semana. Los vecinos se reencontraron y compartieron anécdotas de los últimos días, emocionados por volver por fin a su pueblo. Pero el autobús enmudeció al atravesar Navas del Rey, la frontera donde quedó atrapado el frente oriental del mayor incendio de la historia de España. Después llegó la carretera de los pantanos, por donde no pasaban desde la semana pasada, cuando todavía era un denso pinar, del que solo quedan esqueletos de árboles. Y así durante los siguientes 50 kilómetros. 

Pelayos de la Presa es el primer pueblo después de cruzar el valle y allí ha ardido más del 70% del término municipal. El núcleo urbano está intacto, pero las urbanizaciones de las afueras, que estaban metidas en el bosque, están muy afectadas, y al menos 20 casas han ardido y son irrecuperables. Afortunadamente, la mayoría de las viviendas solo han perdido su jardín. En la zona que más se ha quemdo, la que está colindante con el pantano, hay daños a partes iguales a segundas residencias de fin de semana y a viviendas de gente que ha crecido allí.

Agustín Muñoz, de 74 años y nacido en Cádiz, se mudó a Pelayos en 1992 y ha visto arder la montaña muchas veces, pero no esperaba que el fuego llegara literalmente a la puerta de su casa. Salió a toda prisa desalojado la semana pasada y volvió este miércoles a su domicilio para echar un vistazo, aunque por ahora no se va a quedar por la mala calidad del aire. En su caso, el interior de la vivienda ha resistido, pero el patio, que acababa de reformar, es todo ceniza. “¿Nos imaginábamos que pasaría? No… Bueno, sí. No te imaginas que se va a quemar tu casa, pero era evidente que el monte estaba seco y sin cuidar", afirma.

El desconfinamiento mantenía este miércoles los nervios a flor de piel en el centro del pueblo, con muchos vecinos enfadados por la sensación de abandono que sufren cuando el incendio ya se ha ido. Viviendas sin luz, personas mayores que no pueden sacar escombros de su parcela y, sobre todo, rencor de algunos hacia los servicios de emergencia por haberles obligado a salir con lo puesto el jueves, dejando atrás a sus mascotas o sus vehículos.

Carmen, de 57 años, es una de las que todavía no ha recuperado la electricidad porque el cuadro de luz reventó por el fuego, y confiesa que no sabe cómo va a seguir adelante. Tiene una casa adosada de la que se ha quemado todo el exterior y una finca que estaba en proceso de convertir en una casa rural, y allí ha ardido todo el material de construcción que guardaba al aire libre. Aunque intentaron desalojarlos, ella fue de los que se negó a irse para estar con sus gatos, y optó por atrincherarse en casa durante los peores momentos. "Es un dolor muy profundo, primero mental y ahora también físico. No puedo comer porque vomito de la ansiedad; me duele todo el cuerpo", relata.

Tanto Carmen como muchos de los que se han mudado allí, lo han hecho por la riqueza natural que rodea el embalse. Ella lo hizo porque sufrió un accidente en el pasado y encontró en este lugar un sitio donde descansar y recuperarse cerca de Madrid, pero la zona es también conocida por atraer miles de visitantes de la capital durante los fines de semana de verano. Ahora, se preguntan si toda esa economía basada en el turismo se recuperará en uno o varios años, y si se tomarán hasta entonces medidas para apoyar a las familias que vivían de ello.

El restaurante El Mirador de Pelayos, que este fin de semana debería haber estado lleno hasta la bandera, también ha sucumbido parcialmente al fuego, y su ventanal que antes apuntaba a un valle verde, ahora enmarca un monte gris. Una parte de su terraza está totalmente calcinada y la comida congelada que tenían para varias semanas se ha perdido. No es el único negocio que ha ardido. Allí cerca, Jasmine espera a que la grúa se lleve los únicos tres vehículos que han sobrevivido, de 10 que tenían, de una empresa de construcción. Y pegados al embalse, varios parkings de barcos de recreo han quedado reducidos a polvo.

Otro de los asuntos que más se escuchaban este miércoles en el pueblo era el drama de las arizónicas, que han sido realmente la cerilla que se ha llevado por delante casi todos los jardines calcinados. Llama la atención, en un paseo por Pelayos, que solo un porcentaje de las casas ha ardido, y aunque parece cuestión de azar, todo el mundo coincide en que no ha sido cuestión de suerte, sino de qué plantas tenía cada uno en su jardín. 

Moisés Ramos, que ha vivido prácticamente toda su vida en Navas del Rey, se mudó en diciembre a una urbanización de Pelayos colindante con San Martín de Valdeiglesias, y este miércoles, tras volver a casa, daba gracias por haber podado en invierno todos los setos de arizónica de su parcela que dejaron los anteriores propietarios, que más que setos eran ya árboles porque habían superado la altura de su casa. 

Un vistazo a su jardín confirma que, de haber estado ahí, la vivienda no se habría salvado. "Sé que lo que hice no estaba permitido, pero es que sabía que llegado el día esto nos salvaría, y nos ha salvado" señala este vecino.

Los incendios de Ávila y Madrid están "técnicamente estabilizados", ha asegurado este miércoles Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; pero sigue sin control el de Castellón, que enfrenta una "noche crítica", y se ha declarado uno nuevo en Zamora que ha obligado a la evacuación de doce municipios.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

El fuego ha arrasado cerca de 70.000 hectáreas en Ávila y Madrid y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel tres a dos, por lo que se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en ambas zonas.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Además, un incendio declarado en Fermoselle (Zamora) ha obligado a confinar a la población de esa localidad y a evacuar otros doce pueblos del entorno a los que se ha enviado una alerta con un mensaje Es-Alert.

Más de 1.200 profesionales trabajan para controlar el incendio de la Vall d'Uixó, con el apoyo de más de 30 medios aéreos, en el que vecinos desalojados han mostrado su impaciencia ante la negativa de poder regresar todavía a sus tierras para facilitar alimento y agua a sus animales.

El director operativo del incendio, Antonio Rodrigo, ha asegurado que todavía será necesario esperar unas 48 horas para evaluar la evolución del fuego, y ha advertido de que la noche será "crítica" para comprobar la eficacia de los trabajos de extinción antes de poder plantear su estabilización.

El director del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Fernando Kindelán, ha insistido en que el escenario de este incendio es "muy complejo", con una masa forestal muy espesa, muchas zonas quebradas y una orografía complicada, a lo que se une una meteorología que por un lado "da ventaja" por la ausencia de viento, pero por otro la concentración de humo impide a veces actuar a los medios aéreos.

En el caso de Ávila, se ha establecido el fin de la evacuación y ha finalizado el confinamiento de todas las localidades que permanecían en esa situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves zonas afectadas por este incendio, el mayor de los registrados en España con unas 50.000 hectáreas arrasadas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Interior ha establecido que pueden volver a sus casas todos los vecinos de los municipios desalojados. Solo quedan por realojar las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de que el incendio en la sierra oeste de la región ha quemado 27.000 hectáreas y destruido cien casas.

Los vecinos de una docena de pueblos zamoranos del entorno de los Arribes del Duero, que suman una población cercana al millar de personas, han sido evacuados por el incendio declarado este miércoles por la tarde en Fermoselle (Zamora), entre ellos los ancianos de la residencia de Muga de Sayago que han sido trasladados a la capital zamorana.

A los medios de extinción que trabajan en la zona se han incorporado medio centenar de efectivos y una veintena de medios de la UME, que se suman a los medios de extinción del operativo autonómico, estatal y provincial.

El incendio forestal declarado este miércoles en San Cipriano del Condado, en el municipio leonés de Vegas del Condado, se ha agravado durante la tarde hasta obligar a evacuar a cerca de 300 personas de cuatro núcleos de población y llevar a la Junta de Castilla y León a elevar la emergencia a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

El operativo ha sido reforzado durante la tarde con la incorporación de nuevos medios hasta sumar la docena sobre el terreno.

La Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo (León) ha informado de la retirada de los efectivos que trabajaban en el incendio de Moreda, en la comarca del Bierzo, para destinarlos a la extinción del fuego de San Cipriano del Condado, mientras que también se ha movilizado al personal de la BRIF de Laza (Ourense).

Un incendio forestal, que ya ha podido ser controlado por los Bomberos, ha obligado a la Generalitat a confinar durante una hora y media a unas 3.300 personas en el núcleo urbano de Canyelles (Barcelona) y las urbanizaciones Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles y California.

Los Bomberos de la Generalitat han activado nueve dotaciones terrestres y dos medios aéreos para luchar contra el fuego, que han dado por controlado hacia las 18:30 horas.

Además, han dado por estabilizado el incendio declarado este miércoles en Masllorenç (Tarragona), que ha quemado unas 11,5 hectáreas de superficie forestal, según datos provisionales de los Agentes Rurales.

Los incendios en España sacan del cajón cada año el bulo de que "ya no se puede hacer nada en el campo". Es un mantra que repiten cada verano políticos de primera línea y tertulianos en los medios de comunicación, y que luego resuena en las redes sociales, como el famoso mito de que ya no se pueden coger piñas o ramas, podar arbustos o recoger madera por culpa de los conservacionistas. Sin embargo, las leyes de montes autonómicas son ahora más permisivas que hace dos décadas.

En la actualidad, las comunidades permiten, con carácter general, realizar distintos aprovechamientos forestales en fincas privadas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no hace falta pedir ningún permiso para pastorear en un coto privado, para recolectar piñas abiertas y piñas cerradas (hasta cinco kilos), para podar matorral (inferior a 1,5 metros de altura y de especies no protegidas) ni para recoger ramas caídas, frutos o plantas aromáticas (hasta 5 kilos y no amenazadas). Esto se aplica a la mayor parte del suelo rústico madrileño porque el 65,4% de la superficie forestal es privada, cifra que asciende al 72% en toda España.

Estas exenciones no han existido siempre, sino que se incorporaron a finales de 2022. La Ley de Montes original de la Comunidad de Madrid, de 1995, no recogía hasta hace cuatro años esta posibilidad, sino que cualquier aprovechamiento forestal en una propiedad privada debía contar con el visto bueno de la Consejería de Medioambiente. Sin un proyecto de ordenación, un plan técnico aprobado por la Comunidad o una autorización específica, en teoría no se podía tocar nada.

Esta relajación de la normativa también se aplicó a la madera. La ley de 2022 flexibilizó la tala para fines domésticos (hasta 10 metros cúbicos), aunque las intervenciones de mayor tamaño sí necesitan, como hace dos décadas, un plan aprobado por la Consejería.

Daniel Otero, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid, recalca que los pequeños trabajos forestales a escala doméstica están ampliamente permitidos, pero que es a escala "industrial" cuando la gestión se complica porque hay que respetar fechas, cantidades, métodos y zonas establecidas. Pero a cambio, aporta seguridad jurídica a esos trabajos y garantiza su viabilidad a futuro. 

"¿Es esto sencillo? Evidentemente, en muchas ocasiones, el trámite burocrático es complicado o engorroso, por lo que debe ser obligación de la Administración que sea lo más sencillo y ágil. Y a la vez, que sea percibido como una garantía de que las cosas se hacen bien y de manera sostenible y equilibrada", valora el profesional

La flexibilización de los requisitos para los aprovechamientos forestales no es exclusiva de Madrid, sino que vino impulsada por una reforma de la Ley de Montes nacional de 2015, durante el Gobierno del PP, que luego se ha trasladado a todas las comunidades autónomas. Desde entonces, la norma se ha reformado en tres ocasiones, pero no se han tocado los puntos relativos a los aprovechamientos forestales, de manera que ni el Gobierno actual, ni el Pacto Verde Europeo ni las políticas ecologistas, a quienes se suele señalar como culpables, han intercedido en la capacidad de la España rural para trabajar sus fincas.

Castilla y León y Galicia, las dos principales víctimas de los incendios forestales en España, también han suavizado su regulación en los últimos años. La primera aprobó un decreto el año pasado dedicado a aprovechamientos forestales debido a que "más de la mitad de la superficie forestal de Castilla y León es de propiedad particular y presenta una baja tasa de aprovechamiento". Como Madrid, permite recoger piñas, podar ramas (que no estén protegidas), el pastoreo o aprovechar los matorrales bajos, entre otras medidas.

Galicia, por su parte, aprobó en 2020 una nueva regulación sobre el aprovechamiento de madera, leña, corcho y otros elementos forestales. En general, hace falta un plan de gestión aprobado por la Xunta para talar árboles en la región o un permiso explícito si se carece de este, pero desde hace seis años ya se permite la corta de madera doméstica sin supervisión, que solo necesita una declaración responsable.

Andalucía ha sido la última en modernizar su Ley de Montes, actualizando en marzo de 2026 la que estaba vigente desde 1992. Como el resto, incorpora los cambios que trajo la normativa nacional de 2015, pero de manera más restrictiva que en Madrid o Castilla y León, ya que toda gestión en un monte privado exige una declaración responsable, incluso la recogida de piñas, y si se trata de una intervención profunda, de un plan de gestión validado por la Consejería.

Asaja, la mayor organización de España de agricultores y ganaderos, reconoció que la ley andaluza "reduce la burocracia" y supone una "simplificación en aprovechamientos forestales (...) reduciendo la necesidad de autorizaciones complejas", de manera que el campo andaluz valora positivamente esa simplificación administrativa.

Los expertos recuerdan que una cosa es que la ley atribuya a los propietarios la responsabilidad de gestionar sus parcelas, pero si no se subvenciona o incentiva ese trabajo, es inviable que se lleve a cabo. Al fin y al cabo, aunque el ciudadano sea responsable de cuidar su finca, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre prevención de incendios, y estos aprovechamientos cada vez tienen más de gestión del fuego que de economía rural.

Amelia Urla, de la Confederación de Forestalistas de País Vasco, cree que, en todo caso, el debate público no debe girar en torno a qué puede hacer o no un particular, sino en cómo trabajar a gran escala. "El debate no debería centrarse en actuaciones puntuales como recoger piñas o podar arbustos, sino en cómo favorecer una gestión forestal activa, favoreciendo que los montes estén gestionados, tengan actividad económica y cuenten con propietarios que puedan invertir en su gestión y conservación. Para ello es necesario impulsar políticas que incentiven la gestión forestal mediante líneas de ayuda e incentivos fiscales", valora.

Un informe de Plataforma Tierra, publicado este mes, revela, entre otras cosas, que la rentabilidad de este trabajo es mínima y muchas veces incluso negativa, por lo que no interesa dedicar tiempo a ello. En ese trabajo conjunto de diferentes expertos, Daniel Rodríguez, de la Asociación Forestal de Galicia, calcula la rentabilidad de los aprovechamientos forestales mediante diferentes maquinarias y especies arbóreas de Galicia, y solo el 12% de los casos que ha estimado ofrecen una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 3%, mientras que en más del 40% de las simulaciones está por debajo del 0%, haciendo la tarea directamente inviable económicamente.

"Dado el interés medioambiental de las masas de frondosas autóctonas y la escasa rentabilidad que arrojan los resultados, parece oportuno proponer políticas públicas de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de este tipo de bosques", concluye el experto.

El Gobierno ha aprobado este martes la creación de un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático que facilitará "análisis independientes, rigurosos y multidisciplinares" sobre los requerimientos de los diferentes departamentos del Gobierno y que se prevé empiece a trabajar en otoño.

La creación del panel se ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros, a propuesta de las carteras de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), y reforzará además la integración del conocimiento experto en la toma de decisiones públicas, según un comunicado.

Tras la aprobación del acuerdo para su formación, ahora se ha lanzado un proceso, abierto durante todo el verano, para la selección del personal científico que formará parte de la entidad.

Según el Ministerio de Transición, se estima que en otoño el panel pueda estar configurado y comience su actividad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la formación del Panel Científico durante la presentación de la Red de Refugios Climáticos, y da cumplimiento al primer eje de la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentada en septiembre de 2025.

Entre sus funciones, el Panel Científico estará encargado de emitir informes de evidencia científica y propuestas de protocolos de actuación y responder preguntas para informar acerca de las políticas públicas en situaciones de normalidad y ante crisis y emergencias, así como elaborar escenarios futuros derivados del cambio climático con ejercicios de prospectiva.

La gobernanza del panel se articulará a través de una doble estructura: una organizativa-técnica (Comité) y otra funcional-ejecutiva (Consejo Científico).

El comité será el encargado de dirigir e impulsar los trabajos del panel, desarrollar el proceso selectivo de expertos/as científicos y canalizar las peticiones de informes.

Estará integrado por seis representantes provenientes de la Oficina Española de Cambio Climático, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, el Asesor Científico del Miteco, y la Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del MICIU.

Por su parte, el Consejo Científico tiene entre sus funciones la elaboración de informes, estudios y asesoramientos y estará conformado por 10 investigadores de reconocido prestigio procedentes de disciplinas vinculadas a la emergencia climática como ciencias del clima, cambio global y ecología; geografía y ordenación del territorio, ciclo hidrológico y recursos hídricos.

Asimismo, de campos de la agricultura sostenible y sistema alimentario, salud humana y cambio climático, costas y medio marino, ingeniería y tecnologías para la transición ecológica; derecho ambiental y climático, sociología ambiental y comunicación climática, y ciencias del comportamiento aplicadas a la transición ecológica.

Según el Miteco, para ayudar al Consejo Científico, se contempla la posibilidad de incorporar a más investigadores de reconocida trayectoria bajo la figura de colaborador experto del panel, quienes serán consultados de manera preferente de acuerdo a sus especializaciones.

Era un lema que se repetía cada verano: "Todos contra el fuego". El problema es que la última palabra de consigna sigue, pero la primera ha desaparecido: hay incendios, pero no hay unidad. Las llamas calcinan los árboles y matan nuestro oxígeno, hay que evacuar a miles de personas y seguir la lucha desigual contra ese diablo de mil lenguas que convierte lo que toca en silencio y cenizas.

El combate podría ser más equilibrado si se pusieran los medios económicos que hacen falta para prevenir y no tener que curar, pero aquí sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y de San Florián de Lorch, que es el patrono de los bomberos, cuando empiezan a arder nuestras casas. La religión dice que se puede apagar una ciudad que se quema, usando un balde de agua y la fe: la realidad nos hace ver que sin más personal, más hidroaviones, más camiones-cisterna, menos negacionistas del cambio climático, menos ultraderecha enemiga del ecologismo y, en resumen, más inversión que financie el mantenimiento de nuestra naturaleza, no hay nada que hacer. En esto, como en tantas cosas de la política, por el humo se sabe dónde está el inepto.

Los mismos que reducen presupuestos de cuidado medioambiental o acortan las plantillas de profesionales de ese ramo, ahora se lamentan y tratan de cargarle el muerto al adversario. Y eso nos lleva al mismo callejón sin salida de siempre, es decir, a un cruce de acusaciones sin fondo, a la retahíla habitual de las competencias, que por encima de lo que esté pautado se intentan poner en las espaldas del rival, y al intento de no asumir responsabilidades cada vez que se produce una catástrofe que les deja en evidencia. La historia se repite por falta de imaginación y, en el caso dramático que volvemos a sufrir otro año, por el desinterés al respecto de esta gente que está ahí para otras cosas y, más que nada, por otros intereses.

Los pactos de Estado vuelven a proponerse y se los lleva el viento negro de la gran hoguera, porque debe de ser que salvar nuestro hermoso paisaje no da votos, o algo así, y por lo tanto no es un objetivo del poder. Mientras tanto, a los demás nos parte el corazón ver con qué violencia se consumen esas hectáreas de España que esos charlatanes con ínfulas no deben de considerar parte de la patria a la que tanto dicen querer. Hacen falta más bomberos y menos pirómanos, reales y verbales.

Comunidades autónomas, no habéis hecho nada por proteger la masa forestal en vuestro entorno territorial; es grave el abandono al que habéis sometido al monte. Gobiernos de las comunidades, debéis invertir y no desinvertir como estáis haciendo. Contratar más personas y estabilizar los contratos de trabajo para apagar el fuego, actuando de octubre a octubre, de forma permanente. Gobiernos de las comunidades autónomas, si trabajarais por salvar la masa forestal, comprometiéndoos de verdad, sin contar más mentiras ni manipular la verdad, al menos se haría algo para salvar el entorno forestal. Ya está bien de no hacer nada y de negar los derechos laborales de estabilidad a las plantillas, con recortes y unos salarios injustos. El personal de prevención se está jugando la vida entre llamas todos los días; se lo merece.

Luchemos contra el fuego limpiando, desbrozando y protegiendo el monte desde el fin del verano. Contraten trabajadores y trabajadoras forestales en todas las comunidades. Ojo, se pueden crear entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo más para todo el medio rural de España, con personas bien formadas y preparadas, y pagarles un buen salario, digno para vivir trabajando.

Gobierno de España, además del Plan Estatal Forestal para salvar los montes españoles es necesario elaborar, junto a los sindicatos de clase, desde la negociación, un convenio colectivo estatal para el sector forestal que marque unos estándares mínimos para evitar los desmanes de las comunidades autónomas; para impedir que sigan precarizando las relaciones laborales y empobreciendo la vida del medio rural, que existe y tiene los mismos derechos, deberes y obligaciones que los Feijóos y Abascales de turno.

Gobiernos de las comunidades autónomas, vosotras y vosotros cobráis un buen salario. No seré quien os diga que algunas y algunos no lo merecéis. No me cansaré de reivindicar más inversión para apagar los incendios en invierno. No quiero cohabitar ni normalizar el fuego permanente por la irresponsabilidad de los gobiernos de las comunidades autónomas. Limpien la masa forestal desde el fin de la campaña de prevención, estructurando, modernizando e incluyendo medidas en los planes forestales de todas las comunidades autónomas, adaptándolos a las nuevas singularidades que está ocasionando el cambio climático.

Es evidente y urgente contratar más personas y estabilizar el empleo precario actual, acabar con los contratos no fijos y mal pagados y con la negativa a la negociación colectiva en las comunidades. Es esencial la fijeza contractual para evitar y corregir la inestabilidad laboral. Hagan todo lo que esté en sus manos contra el fuego.

¿Sabéis, negacionistas de los incendios, los miles y miles de millones que se ahorrarían de los presupuestos públicos apagando el fuego en invierno para destinarlos a la escuela pública, las universidades públicas, la formación profesional pública, la sanidad pública, las pensiones y jubilaciones públicas y la prevención y protección de la masa forestal española?

Salvar vidas humanas, animales, la masa forestal y los hogares de las familias del medio rural es otro efecto positivo de actuar contra el fuego. Me niego a aceptar los incendios incontrolados y descontrolados por culpa de la inacción de los gobiernos de las comunidades autónomas, sus recortes y la pasividad de los representantes políticos territoriales. Con lamentaciones, manipulaciones y mentiras no se apagan los fuegos.

La UME está para actuar en casos urgentes y no para salvar a quienes no han hecho nada por proteger el monte. A los políticos territoriales les toca trabajar haciendo política en favor del medioambiente y nunca en defensa del negacionismo del cambio climático.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Los 13 municipios desalojados por el momento en el incendio récord de la Comunidad de Madrid forman parte de la lista de la Zona de Alto Riesgo (ZAR) de Incendio del Gobierno regional. Esa etiqueta obliga al ayuntamiento a tener en regla desde hace seis años un plan de actuación frente a incendios forestales que incluye trabajar las zonas vulnerables al fuego, construir fajas perimetrales y garantizar que los vecinos se ocupen de sus fincas, pero solo ocho de ellos lo tienen aprobado. Incluso en aquellos en los que está vigente, su control es inabarcable y esa una de las causas de que los daños materiales sean tan cuantiosos en catástrofes como esta. Por ahora se han confirmado más de 40 casas destruidas en Madrid y unas 300 dañadas.

Los bomberos consultados confirman rotundamente que una parcela cuidada que cuente con medidas de protección básicas tiene muchas, muchísimas más posibilidades de sobrevivir a un fuego que una semiabandonada o decorada con elementos de riesgo. "Las que están bien mantenidas, en general, resisten. Se les puede quemar algo del jardín o la caseta de aperos, pero aguantan. Mientras que las que están abandonadas tienen más papeletas para arder. Hay mucha diferencia entre unas y otras", afirma Carlos Martín, bombero forestal de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) que ha trabajado en el incendio madrileño.

La zona que rodea el embalse de San Juan está repleta de casas adosadas diseminadas por el monte. Urbanizaciones de casas de recreo o de retiro incrustadas en el bosque, o pequeños municipios que antes tenían a las afueras campos de cultivo, que hacían de cortafuegos para incendios, pero que ahora se han repoblado con árboles y pasto. Este es el escenario perfecto para que el fuego corra sin frenos y se meta en las viviendas, según relatan los profesionales.

Esta zona ya se ha quemado innumerables veces en las últimas dos décadas –en 2025 ardieron 2.500 hectáreas en Las Navas del Marqués y Navaluenga, municipios de Ávila colindantes a Madrid– y el Gobierno regional no es ajeno a este problema. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) de 2017 incluyó toda esta área como una ZAR de incendios, y eso acarrea numerosas obligaciones para alcaldes y vecinos.

Si la comunidad autónoma es la responsable de las labores de prevención en el suelo rústico, como la construcción de cortafuegos o la diversificación de vegetación, en suelo urbano son los ayuntamientos los que están a cargo de estas labores. Más aún dentro de una ZAR.

Para empezar, todos los municipios ZAR deben tener un Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales, y se recomienda también para el resto. Este incluye organizar la respuesta de emergencias, las rutas de evacuación, informar a la población del riesgo, y sobre todo, dibujar un mapa de zonas vulnerables al fuego que necesiten tareas de prevención, entre ellas, establecer perímetros antiincendios. En total hay 59 municipios madrileños considerados ZAR, y estaban obligados a tener estos planes antes de noviembre de 2020. 

Según el informe de 2026 de la Comunidad de Madrid, los 13 municipios desalojados tienen sus planes redactados, pero solo ocho lo han aprobado en el pleno municipal: Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. Faltan, sin embargo, Navas del Rey, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno y Zarzalejo.

La ley autonómica también obliga a los municipios ZAR a controlar las urbanizaciones que no estén pegadas a su núcleo urbano, que son las que más peligro corren. Por una parte, estas deben tener un plan de autoprotección, firmado por la junta de la urbanización, que incorpore las rutas de salida y que garantice que los vecinos se autoorganicen hasta que lleguen los medios de emergencias. Y, además, tienen que construir un perímetro de 30 metros libre de vegetación seca y con la masa arbórea podada que rodee la urbanización. A nivel individual, los vecinos que tengan parcelas no edificadas deben mantenerlas cuidadas.

La norma deja claro que, en el caso de que urbanizaciones que no cumplan con estos requisitos o no tengan planes de respuesta, el alcalde actuará de oficio como responsable subsidiario, mediante "ejecución forzosa", pasando después el coste a los vecinos. Esta normativa para urbanizaciones debía estar ejecutada en los municipios ZAR de la Comunidad de Madrid antes del 31 de octubre de 2021.

Guillem Canaleta, experto en prevención de incendios de la Fundación Pau Costa, ha trabajado en diferentes municipios rurales de España y la Unión Europea ayudando a los vecinos a autoorganizarse para afrontar incendios, y asegura que la diferencia entre estar y no estar preparado es abismal. "Si tienes una comunidad organizada sabes qué vecino está inmovilizado en la cama, conoces cómo evacuar rápidamente y sabes qué hacer cuando tienes que confinarte por un fuego. Esto debe trabajarse previamente, no improvisarse el día de la catástrofe", subraya.

Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, explica que este tipo de requisitos es habitual en todas las comunidades autónomas españolas, pero que el nivel de cumplimiento es mínimo o inexistente.

En el caso de Galicia, la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, de 2007, obliga a que cualquier edificio que esté a menos de 50 metros de un bosque tenga en ese tramo un tratamiento preventivo, pagado y cuidado por el propietario de la finca. Entre otros requisitos, ahí no puede haber eucaliptos, acacias o pinos, y el matorral debe estar desbrozado antes del 31 de mayo. "Pero claro, el número de hectáreas a controlar es brutal", apunta Picos.

El experto añade que cuando te acercas a estudiar la realidad es cuando te das cuenta de que es evidente que no se puede cumplir. Por ejemplo, si una casa se construye en el límite de la parcela, puede ocurrir que sea el propietario de la parcela contigua –la que separa el suelo urbano del rústico– el que tenga que realizar las tareas de silvicultura y gastarse el dinero para que su vecino pueda tener su casa a las puertas del bosque. Y, evidentemente, ese no está dispuesto a hacerlo.

"Por eso, yo lo que propongo es que nos centremos en que estas normativas de bosques y de emergencias se incorporen a las leyes urbanísticas. Para que no se permitan nuevas urbanizaciones que no tengan medidas estrictas de prevención de incendios", añade.

Esta idea está ya implementada, por ejemplo, en el INFOCAM madrileño. En teoría todas las nuevas edificaciones, ya sean viviendas individuales, urbanizaciones, fábricas u otras construcciones que estén aisladas de un núcleo urbano y se ubiquen colindantes al monte –y no necesariamente en una zona ZAR–, deben contar obligatoriamente con una faja perimetral de 30 metros, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.

"A todos nos gusta vivir en plena naturaleza, pero si el bosque te entra por la ventana tienes un problema", resume para infoLibre otro bombero de León que estuvo la semana pasada en el fuego de La Mierla, en Guadalajara. Además de que los fuegos en estas urbanizaciones disparan los daños y amenazan vidas, roban todo el tiempo de los efectivos y los distraen de la catástrofe principal. "Los incendios urbanos son un sumidero de recursos porque nuestra prioridad siempre van a ser vidas y viviendas. Retiras a los medios de otros lugares que son clave para apagar el incendio para proteger estas casas", añade.

Ante la situación actual, en la que Europa soporta olas de calor casi continuadas, solo cabe estar preparados; máxime si pensamos en lo que puede venir. La cultura del riesgo supone el cultivo —información, entrenamiento e interiorización— del sentimiento colectivo ante hechos que van o pueden distorsionar nuestras vidas. En este caso, apaga incendios porque la prevención impide que se propaguen, porque si explosionan se conoce casi siempre cómo enfrentarse a ellos. En este ejercicio reflexivo no sirve únicamente lamentar nuestra mala suerte; antes bien, habrá que pensar en lo que puede suceder en un futuro próximo. Además, debe considerarse si, en este caso, las altas temperaturas, que sobredimensionan los posibles incendios, son en parte una consecuencia de nuestros estilos de vida, de producción y consumo. Esta secuencia reflexiva afecta tanto a la vida particular como a la colectiva. Imaginemos algo distinto al momento actual de altas temperaturas y riesgo seguro de incendios. Si así lo hacemos, estaremos más cerca de esa realidad precaria que amenaza con propagarse y continuar.

La cultura del riesgo frente al calor y el fuego no es una maniobra ecologista, como la calificarían los políticos de Vox que detentan ahora consejerías de Medio Ambiente —caso de Aragón, pero no solo—. Ahora mismo se ha evidenciado como una necesidad urgente para enfrentar los incendios forestales, que no son bastante más numerosos que antes, pero sí muchísimo más intensos y peligrosos. Resulta lógico pensar que la sociedad en el conjunto del país, y cada territorio concreto también, construyese sin dilación una mentalidad proactiva que sea consciente del riesgo. Dado que eso no se consigue con simples proclamas o con la formulación de una ley protectora del monte, habrá que llevarla a la política general. Habrá que aumentar la información clara y sectorizada, asimilable por los posibles afectados. Dentro de una apuesta colectiva que precisa una formación continua y un entrenamiento ante posibles eventos. Es decir, protocolos que capaciten una preparación para responder con rapidez y eficacia a la casi segura contingencia. En este contexto, la educación y la conciencia compartidas, así como la asunción de responsabilidades según sectores, son indispensables.

La cultura del riesgo no incendia, sino que apaga posibles quemaduras. No es sencillo interiorizarla y formularla, ni se hace de inmediato. La costumbre de que ya habrá alguien o algo que nos salvará no sirve; la deidad protectora de la naturaleza está de vacaciones. La no meditada dejadez no afecta solo a las administraciones que nos rescatarán en un incendio y limitarán su extensión hasta apagarlo, sino que alude a una necesaria conciencia situacional. Es algo imprescindible en un país en donde la mitad del territorio es masa boscosa o similar. Una alerta de las organizaciones y entidades naturalistas se concreta en la posibilidad de que surjan auténticas piras incendiarias en nuestra masa boscosa. Siempre quedó muy lejano lo que sucedió en Pedrogao Grande, en el centro de Portugal —del 17 al 24 de julio de 2017, al menos 64 muertos y más de 1.700 heridos—, o en Mati, en Grecia —un pueblo reducido a cenizas donde murieron al menos 74 personas—; casi nadie en Europa pensaría que podía pasar en su tierra. La distancia amortigua las tragedias, aun a sabiendas de que cerrar los ojos ante la desgracia de otros no salvaguarda nuestra seguridad. Dicen por aquí que el pavoroso incendio de Guadalajara, del 16 al 20 de julio de 2005, que se cobró la vida de un equipo de extinción formado por nueve bomberos forestales y dos agentes medioambientales, además de arrasar más de 10.000 hectáreas, sirvió para mejorar los planes de prevención y custodia del monte. Por lo que vemos ahora, podemos asegurar que no del todo. La gestión que del incendio tuvo el gobierno de Castilla-La Mancha fue duramente criticada desde distintos ámbitos, ya que pareció que no se enviaron los medios aéreos y terrestres necesarios durante las primeras horas.

El territorio europeo y el de España soportarán este verano centenares de incendios de mayor o menor gravedad. Por tanto, lo mismo a escala particular que colectiva, habrá que concretarlo en forma de conciencia situacional. Por parte de las administraciones, hay que prever que los incendios se van a producir; con seguridad, aunque no se sepa dónde, cuándo y con qué intensidad. Deben reconocer que durante las últimas décadas se ha dejado de pastar y cultivar una parte del monte, que el cambio climático —hasta el señor Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, lo reconoce, aunque sus aliados de Vox lo nieguen— va a aumentar sus riesgos, y que se ha dado una ocupación habitacional del territorio —caso de Los Gallardos— que añade gravedad a cualquier fuego del monte. Se sabe que esa tendencia turística de ocupar de forma masiva la naturaleza pone en peligro la salvaguarda de muchas vidas concentradas en un paraje que no debería ser arrasado; y muchos más peligros nuevos. A veces imagino despierto lo que podría suceder si un incendio atacase el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en uno de esos días de verano en los cuales sus sendas parecen un paseo ciudadano. Enseguida detengo la imaginación porque no estoy seguro de que las vías de evacuación funcionen y los visitantes sigan las instrucciones. ¿Serán consistentes sus esquemas mentales del riesgo individual, al menos?

De haber consolidado una cultura del riesgo ante incendios, se habrían puesto en marcha los distintos planes de prevención aprobados en los parlamentos, se habría explicado a la ciudadanía su contenido y se habrían consolidado orlas protectoras en los pueblos enclavados en montes y bosques, con protocolos muy serios y alertas explicadas. Se habría entrenado a la población de cada pueblo con simulacros efectivos y reparación de posibles fallos, se insistiría en el papel de la colaboración ciudadana; en definitiva, se habría hecho una gestión preventiva. Dentro de todo esto hay un riesgo añadido, que es el turismo de naturaleza; casa muy mal un camping o campamento rodeado por un bosque más o menos tupido. Han de readaptarse todas las normas de emplazamientos para que se minimicen los riesgos. Pero, sobre todo, es necesaria una información muy completa y razonada a los distintos sectores que puedan estar implicados en la prevención, en la gestión de las masas forestales, en el abordaje de los incendios y en la posible restitución de las masas del monte.

Necesitamos una cultura del riesgo que forme parte de los cimientos de la memoria particular y colectiva, con tal consistencia que identifique las geografías del alma. Es imprescindible porque atiende al calado de las consideraciones de la supervivencia social. Se prepara ante la seguridad de que brotarán nuevos incendios, aunque no se sepa dónde, cuándo y con qué intensidad. Siempre resulta más barato prevenir que extinguir incendios; y provoca menos desgracias personales. Es un aviso para las consejerías de PP-Vox que racanean recursos para el medio ambiente.

P. D.: Una alerta ante el “turistificado” eclipse del 12 de agosto. Imaginamos que las administraciones habrán sido cuidadosas al valorar los riesgos de oleadas de gente en lugares concretos. Deseamos que la ciudadanía cumpla las limitaciones impuestas por las autoridades y su espíritu personal de supervivencia. Así sea.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Los expertos venían advirtiendo desde primavera que este sería un verano difícil. Mucha vegetación por las lluvias y una previsión de calor extremo se sumarían a los problemas endémicos de falta de trabajos de prevención y a la despoblación rural. El resultado, a falta de unos días para que termine el mes de julio, es que 2026 tiene ya todas las papeletas para terminar siendo uno de los peores años desde que se comenzó a medir con datos fiables, en la década de 1960. 

Tomando las estadísticas del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), que consisten en aproximaciones realizadas por el programa Copernicus europeo de imágenes de satélite, han ardido en lo que va de año 168.879 hectáreas en España, la segunda mayor cifra a estas alturas desde julio de 1994, cuando una fortísima sequía provocó que el fuego arrasase más de 300.000 hectáreas en los primeros siete meses del año, una cifra que rompió la estadística y nunca más se ha estado ni siquiera cerca de alcanzarla.

El tercer puesto lo ocuparía 2012, cuando ardieron 150.000 hectáreas antes de agosto. El verano pasado también se registró una cifra astronómica, pero más concentrada en agosto, que dejó el mayor número de hectáreas quemadas del siglo XXI.

A falta de datos definitivos, todo apunta a que este verano marcará un antes y un después en la gestión del fuego, aunque esa frase ya se ha repetido innumerables veces dentro del colectivo antiincendios, y el ansiado Pacto de Estado contra Incendios Forestales, o el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática, que englobaría el primero y que es la apuesta del Gobierno actual, sigue en un cajón desde el año pasado porque necesita para ello al PP y a Vox. "O se cierra un pacto nacional de desarrollo rural o esto va a seguir así, y va a ir a mucho más", resume a infoLibre Raúl Quílez, doctor en Incendios Forestales por la Universidad de León.

Han sido muchos los fuegos que en teoría iban a acelerar esasmedidas de adaptación al fuego. Ahora es el incendio unificado de Ávila y Madrid que ha llegado hasta las puertas de la capital, pero el año pasado fue el de las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y en 2022 fueron los de la Sierra de la Culebra, que tardaron mes y medio en apagarse.

Las tareas de prevención, competencia de las comunidades autónomas, son mínimas y hasta el año pasado eran miles de bomberos forestales los que se quedaban sin trabajo en invierno porque su consejería prefería no invertir en trabajos forestales durante la temporada baja. Desde la entrada en vigor del estatuto del bombero forestal eso ha empezado a cambiar –por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha contratado esta temporada a los bomberos de Tragsa durante los doce meses, y Castilla y León está en ello–, pero el trabajo que hay por delante tardará años en completarse. En los últimos sesenta años España ha ganado 3,4 millones de hectáreas arboladas, una superficie superior a la de Cataluña.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, explica a este medio que la desaparición de zonas de cultivo ha provocado "un crecimiento forestal increíble" que permite que un fuego en las profundidades de un bosque se expanda fácilmente hasta las puertas de los núcleos urbanos. "Hemos llegado a un punto en el que el cometido de los bomberos es salvar viviendas. También es culpa de haber metido urbanizaciones dentro del bosque sin tomar medidas de prevención", valora.

El calor sofocante del verano evidentemente también juega un papel, secando todo ese potencial combustible y dejándolo listo para arder, sobre todo durante las olas de calor. Desde el 21 de junio hasta este jueves, cuando se declaró el incendio del suroeste de Madrid, ha habido nada menos que 12 días de ola de calor, más de un tercio del total. A gran escala, los últimos 11 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia; y los últimos tres han sido también los más calurosos. Es decir, que se repite una pauta de empeoramiento.

Raúl Quílez también percibe que el patrón de vientos ha cambiado en la península durante los últimos veranos y ahora se registran semanas y semanas sin cesar de ventanas de aire que entran desde el suroeste con viento muy seco y constante que aviva las llamas. "El incendio de Burgohondo (Ávila) o el de La Mierla (Guadalajara) son un ejemplo. Son fuegos que comienzan en el sur y avanzan sin límite hacia el norte".

El incendio forestal que todavía arde entre Ávila y Madrid es la suma de todos estos factores llevados al extremo. El pasado invierno llovió en esa zona entre un 150% y un 175% más que en la media de los últimos 30 años y en junio la anomalía de temperatura allí fue de entre 2,5 y 4,5 ºC por encima de ese histórico, convirtiendo el monte en un polvorín.

El viernes ya se declaró el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y a cierre del sábado los tres fuegos unificados suman 45.000 hectáreas quemadas. La cercanía a los núcleos urbanos ha provocado además un desalojo de 88.000 personas e incluso el centro de mando tuvo que ser desplazado este sábado de urgencia de Cenicientos a Navalcarnero por el cambio de dirección del viento, que amenazó el campamento.

Carlos Martín, bombero forestal de las BRIF, las brigadas del Ministerio de Transición Ecológica, lleva desde el viernes trabajando en este fuego y describe una situación desoladora. "Nunca he visto nada parecido y llevo siendo bombero desde 2005", describe a infoLibre. Lo que más le llamó la atención, protegiendo una urbanización en Pelayos de la Presa (Madrid), es que el fuego urbano normalmente genera focos dispersos, pero aquí se encontró un incendio de bosque. "Ardía de manera continua. Nos enfrentamos a un frente de llama en mitad de unos chalets", describe.

No es la primera vez que esta zona se quema, ha habido muchas advertencias en el pasado de que se trata de un punto negro que requiere un intenso trabajo de prevención de incendios que nunca ha llegado. Por ejemplo, Almorox ardió en 2013, Cadalso de los Vidrios en 2019, Zarzalejo en 2020 y Navas del Marqués y Navaluenga en 2025.

Dos grandes incendios forestales asolan la Comunidad de Madrid y el jueves por la noche la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso  reconoció que sus medios no bastaban para contener su avance en las localidades de Aldea del Fresno, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, y pidió al Gobierno central que declarara la emergencia de interés nacional. De esta manera, el operativo quedaba bajo la dirección del Ministerio del Interior y se trasladaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsabilidad inmediata sobre la evolución de la crisis.

La petición buscaba movilizar todos los recursos disponibles ante una situación que desborda la capacidad autonómica. Pero también ha evidenciado que a Ayuso no le queda más remedio que recurrir al Gobierno de Sánchez, al que cuestiona diariamente, ante la incapacidad autonómica para atajar un problema cuando reviste cierta gravedad. Se trataría de una situación habitual si no fuera porque desde el momento en que el Estado asumió el mando, el foco ha dejado de estar únicamente sobre la prevención, los medios y las decisiones de la Puerta del Sol y ha pasado a situarse sobre la respuesta de Moncloa.

La baronesa del PP ha vuelto así a una fórmula ya utilizada en otras crisis: nacionalizar la gestión cuando la emergencia supera a la Comunidad y autonomizar el relato para conservar la iniciativa política. Ocurrió durante el apagón y la pandemia y ahora con los incendios. El Ejecutivo de Ayuso cede el mando operativo mientras Sol se reserva el derecho a repartir las responsabilidades ante lo que ella misma ha calificado como “el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid” algo que, según aseguró, le está “costando mucho asumir”.

La orden publicada en el BOE es clara. Desde la activación del nivel 3, corresponde al ministro del Interior “la dirección de la emergencia”, incluida la coordinación de los recursos estatales, autonómicos y locales. La dirección operativa queda en manos del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Es decir, Sol continúa aportando sus efectivos, pero la cadena de mando ya no acaba en la Administración madrileña. La gravedad de los incendios, su dimensión supraautonómica y la amenaza sobre zonas habitadas justificaban, según la orden, esa dirección única.

La presidenta madrileña señaló este viernes que “la coordinación” con el Gobierno central estaba “siendo buena”. “Y creo que es absolutamente necesaria por varios motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de un mecanismo que marca la ley. Hablamos de tres comunidades autónomas y de riesgo para la vida. Y cuando hay este volumen de personas confinadas o desplazadas, cuando se han tenido que evacuar residencias y centros de salud, es cuando precisamente la Administración del Estado ha de estar”, dijo, para justificar la declaración del estado de emergencia.

La solicitud de la Comunidad de Madrid llegó mediante una breve comunicación y fue anunciada simultáneamente por Ayuso en su cuenta de X. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, reprochó las formas y habló de “una escueta carta con la que ha sacado un tuit”. Martín sostuvo que una decisión de esa importancia debía explicar si respondía a una incapacidad técnica, operativa o a la previsión de que los incendios no pudieran ser controlados. Pese al desencuentro, el ministerio del Interior aceptó la solicitud aproximadamente dos horas después y extendió la emergencia nacional a la provincia de Ávila, concretamente en la localidad de Burgohondo.

El Gobierno intentó inicialmente mantener un tono institucional. Sánchez presidió el comité estatal de coordinación, aseguró que se habían desplegado todos los efectivos y prometió apoyo durante la emergencia y la posterior recuperación. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que corresponde al Estado asumir inmediatamente la dirección cuando una Administración menor no puede hacerlo. “El Gobierno central en ningún momento discute, lo que hace es actuar. Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, entiende que no tiene la capacidad operativa y de gestión necesaria, para eso está el Gobierno central, para asumirla inmediatamente”, señaló este viernes. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, quebró esa contención. Acusó a los gobiernos autonómicos del PP de reducir impuestos, debilitar los servicios públicos y pedir después al Ejecutivo central ayuda. “Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, liberalizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta”, señaló en X. Un mensaje que Ayuso no tardó en responder: “El primer mamarracho que se ponga por medio para calentar el ambiente allá él”, dijo ante la prensa.

De nuevo, Puente replicó: “De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú”. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, siguió la línea argumental de la presidenta madrileña y calificó de “miserable” la actitud de Puente y del delegado del Gobierno. “Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego”, afirmó, al tiempo que reclamaba “todos los recursos disponibles” y “coordinación leal entre administraciones”.

Dos semanas antes de la emergencia, el partido de Alberto Núñez Feijóo ya había presentado al Gobierno de Sánchez como responsable de garantizar los medios extraordinarios de extinción. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, lo advirtió así: “El Gobierno está paralizado, pero los incendios no esperan”, al tiempo que exigió la movilización de todos los recursos necesarios. Génova preparaba así un marco en el que las comunidades gestionan ordinariamente la prevención y la extinción, pero la insuficiencia de medios se atribuye a la falta de apoyo del Gobierno central.

El relato contrasta con el balance triunfalista que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había difundido nueve días antes de la catástrofe. El pasado 15 de julio, la Comunidad de Madrid celebraba que el 81% de los incendios registrados durante el año hubieran quedado reducidos a conatos. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, atribuía ese resultado a las labores de prevención y a la rapidez de los profesionales del plan autonómico contra incendios.

La emergencia ha coincidido, además, con un conflicto laboral y organizativo que afecta a una parte de los bomberos forestales públicos madrileños. Los trabajadores han denunciado que decenas de efectivos permanecían inoperativos por carecer de vehículos y herramientas y que sus solicitudes para participar en distintos incendios habían sido ignoradas. “No tenemos ni vehículos, ni camiones ni herramientas. Nos tienen paralizados”, lamentan. Según representantes laborales, las unidades forestales que antes operaban desde 19 parques dejaron de hacerlo durante el conflicto, aunque sí participaron en los incendios los efectivos contratados a través de Tragsa, un grupo de empresas públicas españolas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que funciona como medio propio y servicio urgente de las administraciones.

El conflicto contiene, además, otro precedente de la estrategia de Ayuso. En agosto de 2025, ante las protestas de los brigadistas externalizados, la presidenta afirmó que “las mejoras salariales dependen del Gobierno central, no son de nuestra competencia”, porque los trabajadores estaban contratados por Tragsa y señaló que le sorprendía que la huelga se produjera en Madrid porque las condiciones laborales “no son ni mucho menos las peores de España”, aludiendo a una supuesta motivación política. Días después, el Ejecutivo autonómico se abrió a prolongar los contratos durante todo el año y a incorporar mejoras mediante su propio contrato con la empresa pública, reconociendo en la práctica que sí disponía de instrumentos para actuar.

La emergencia nacional de los incendios tiene un único antecedente: el apagón del 28 de abril de 2025. También entonces Madrid solicitó el nivel 3 y el Ministerio del Interior asumió la dirección de la crisis en la comunidad. La secuencia política fue prácticamente la misma. Ayuso pidió al Ejecutivo central que tomara el mando y, al día siguiente, utilizó la gestión de la emergencia para atacar a Sánchez: “Falla tres de cada tres. Veremos cuánto tarda en decir que la culpa es de Madrid por su consumo”, señaló. También calificó la actuación del Gobierno de lenta e ineficaz y comparó la imagen de España con la de un país que se apagaba “a la venezolana”.

Seis de las ocho comunidades que habían solicitado la emergencia nacional pidieron volver al nivel dos al día siguiente, cuando el suministro y los servicios básicos estaban prácticamente normalizados. Madrid y Extremadura mantuvieron el nivel tres, de modo que Grande-Marlaska continuó dirigiendo la recuperación en ambos territorios. La cesión del mando no impidió que Ayuso utilizara después el apagón como munición contra la Moncloa. Durante el acto institucional del Dos de Mayo habló del “bochornoso apagón” y sentenció que los ciudadanos no podían acostumbrarse “al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira”: “A nosotros nadie nos encierra, nos apaga ni nos deja en evidencia ante el mundo”, señaló.

La fórmula también apareció durante la segunda ola de la pandemia. El PP reclamó durante semanas medidas homogéneas y una mayor intervención estatal, alegando que la responsabilidad última correspondía al Gobierno. Cuando el Ministerio de Sanidad estableció criterios comunes y trató de intervenir ante la elevada incidencia madrileña, Ayuso denunció una “irresponsable obsesión” de Sánchez por desestabilizar la comunidad. Después de que los tribunales dejaran sin cobertura algunas restricciones, el Gobierno decretó el estado de alarma en Madrid. La Comunidad rechazó la medida, la calificó de “chantaje” y presentó como una intervención política de Sánchez lo que hasta poco antes el PP había exigido como ejercicio de responsabilidad estatal.

La pauta que conecta ambos episodios con los incendios no consiste simplemente en pedir ayuda, ya que todas las administraciones lo hacen cuando una emergencia supera su capacidad. El rasgo distintivo del Ejecutivo de Ayuso es la distribución del mérito y de la culpa: los resultados favorables se atribuyen al modelo madrileño, las carencias estructurales se externalizan hacia el Gobierno o las empresas públicas estatales y, cuando el Ejecutivo central central interviene, queda expuesto como responsable operativo mientras cualquier crítica a Sol se presenta como deslealtad institucional.