Una combinación de calor extremo y humedad pondrá en riesgo la salud de los jugadores y la afición durante el próximo Mundial de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos, que comienza el 11 de junio. Según un estudio publicado este jueves, al menos una cuarta parte de los encuentros se disputarán en condiciones meteorológicas consideradas "inseguras" para un deporte de alta intensidad, y algunos de esos partidos –en principio, se estiman en cinco– tendrán lugar en condiciones de muy alto riesgo, con una sensación térmica equivalente a 38 ºC. El cambio climático, recoge el análisis, empeorará drásticamente las condiciones de juego.

El prestigioso equipo que lo ha elaborado, el World Weather Attribution, una coalición global de científicos, ha reclamado en una rueda de prensa, medidas preventivas para evitar sustos, como ataques al corazón o golpes de calor. Los autores advierten que los aficionados estarán expuestos a muchas horas de sol que se sumarán a la habitual combinación de alcohol, baja hidratación y poco descanso que caracteriza a este evento. Añaden que los jugadores procedentes de regiones frías probablemente tendrán un peor rendimiento en el campo debido al choque térmico y podrían sufrir problemas de salud.

El informe calcula la peligrosidad de cada partido teniendo en cuenta la combinación de altas temperaturas, elevada humedad, escaso viento y fuerte radiación solar. Esos cuatro parámetros combinados permiten calcular un índice llamado temperatura de bulbo húmedo (Wet Bulb Globe Temperature, o WBGT) para cada partido del Mundial. El WBGT se diferencia de la conocida como sensación térmica en que esta se mide a la sombra y solo tiene en cuenta la temperatura y la humedad.

Calcular la temperatura de bulbo es muy importante en lugares de elevada humedad porque representa el estrés térmico al que se somete el organismo, y es clave para medir el peligro al que se exponen personas que pasan mucho tiempo al sol o practican deporte. A medida que aumenta la humedad relativa del aire, el cuerpo humano pierde capacidad para sudar porque el aire se satura de agua, incrementando drásticamente la posibilidad de sufrir un golpe de calor.

A diferencia de la temperatura del aire seco que utilizamos en nuestro día a día –y que los humanos pueden soportar en niveles muy altos–, la WBGT tiene un límite máximo de 35ºC, según el consenso científico. A partir de ese nivel, cualquier persona, incluso un deportista con buena salud, sufre un golpe de calor y puede morir en cuestión de seis horas porque en esas condiciones el organismo llega a alcanzar temperaturas de 42-43 ºC. No obstante, para llegar a una temperatura de bulbo de 35 ºC haría falta, por ejemplo, que una ciudad registre 41 ºC de calor con un 75% de humedad, un escenario extremo.

En ningún caso se llegará a esos niveles durante el Mundial, pero sí se esperan umbrales de WBGT de riesgo en numerosos encuentros, especialmente en estadios del este y el suroeste de Estados Unidos, como Dallas, Houston, Atlanta, Nueva York y Kansas.

Teniendo en cuenta la fecha, hora y ubicación de cada uno de los 104 partidos del evento, los investigadores han calculado que se jugarán nueve partidos bajo una temperatura de bulbo superior a 26 ºC, el nivel a partir del cual se considera arriesgado jugar, según el sindicato internacional de futbolistas Fifpro. En esa cifra no se tienen en cuenta los enfrentamientos jugados en los estadios de Houston, Dallas y Atlanta porque estos tienen aire acondicionado, disminuyendo el peligro.

Si se incluyen también estos estadios, en total habrá 26 partidos de riesgo a lo largo del Mundial. Los autores destacan, en todo caso, que las zonas exteriores de fans en ningún caso estarán refrigeradas. A lo largo del Mundial, también habrá al menos cinco partidos en los que la temperatura de bulbo superará previsiblemente los 28 ºC, una línea roja.

La organización Fifpro recoge que cuando la temperatura de bulbo supere los 26 ºC en un partido "deberían incluirse pausas de refresco. Por ejemplo, a los 30 minutos de cada parte". Mientras que cuando se superen los 28 ºC de bulbo, "debería retrasarse o posponerse el partido hasta que las condiciones para los jugadores, árbitros y fans sean seguras". Estas advertencias contrastan con la normativa vigente de la Copa Mundial de la FIFA, que solo contempla el aplazamiento cuando la WBGT supera los 32 °C.

Chris Mullington, anestesista y profesor del Imperial College de Londres, explicó en la rueda de prensa de presentación del estudio que el índice de temperatura de bulbo será determinante en el Mundial de este año porque las condiciones serán especialmente duras.

"En la práctica, la temperatura de bulbo expresa la dificultad del cuerpo para enfriarse. Esto es importante porque los futbolistas generan grandes cantidades de calor metabólico a base de esprintar. Cuando los umbrales seguros se superan, las consecuencias son tanto de salud como de rendimiento", resumió Mullington.

El experto puso ejemplos históricos como el del corredor británico Jonny Brownlee, que tuvo que ser ayudado por un compañero en 2016 para alcanzar la meta durante una carrera en condiciones extremas de humedad en Cozumel (México).

En cuanto a los aficionados, el especialista advierte que el riesgo es todavía mayor. "Entre el público habrá gente muy joven y muy mayor, pueden tener problemas cardiovasculares o de riñones o pueden estar tomando medicamentos sensibles al estrés térmico", añade. 

Joyce Kimutai, una de las autoras del estudio e investigadora del Centro de Política Medioambiental del Imperial College, subraya que este Mundial será 0,7 ºC más cálido de media que el último celebrado en Estados Unidos, en 1994. "Este cambio es atribuible al cambio climático antropogénico. Además calculamos que esta intensidad se incrementará en el futuro a medida que el planeta se caliente. Solo el fin de los combustibles fósiles puede prevenir esta escalada", subrayó en una llamada con periodistas. Para atenuar el impacto sobre la salud del evento, incidió en que hará falta poner toldos, zonas de hidratación y aire acondicionados en todas las instalaciones. 

Tras la alarma de los primeros días, el consenso científico ya ha aclarado que el hantavirus no tiene por ahora capacidad para convertirse en una pandemia global, pero el brote del barco MV Hondius ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que enfermedades regionales o latentes puedan desencadenar un nuevo brote global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una lista de patógenos que vigila de manera especial, como el zika o el virus Nipah, aunque los expertos subrayan especialmente el riesgo de los virus de transmisión respiratoria, como el SARS o la gripe A, con alta capacidad para mutar en versiones más transmisibles.

La crisis de la gripe aviar de 2003, el SARS de 2003 o el ébola de 2014 llevaron a la OMS a elaborar en 2017 una lista de de más de 20 patógenos y familias de patógenos que cumplen con los requisitos para llegar a provocar pandemias o epidemias, entre los que destacan los coronavirus, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa, el SARS (síndrome respiratorio agudo grave), el virus Nipah, la fiebre del valle del Rift, el zika y el conocido como patógeno X. Muchos de ellos están activos en puntos concretos del planeta y contagian a decenas o miles de personas cada año.

Natalia Rodríguez-Valero, investigadora de ISGlobal y médica de salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona, opina que la próxima pandemia que afronte la humanidad probablemente no estará protagonizada por un virus desconocido o escondido en un lugar remoto, como el hantavirus de Los Andes, sino que llegará de un virus bien conocido, como los que enumera la OMS. "Realmente no nos preocupa el potencial pandémico de los virus que pueda traer un turista, como en el hantavirus. Pueden ocurrir crisis puntuales, pero los que más me preocupan a mí son los virus respiratorios, como la gripe aviar", señala la experta.

Según explica, el peligro de descontrol de las enfermedades infecciosas está en su capacidad para propagarse, y muchos de los virus más remotos o mortales se contagian mediante fluidos corporales o contactos muy estrechos, como la variante Andes del hantavirus, que tiene un número básico de reproducción (conocido como R0) inferior a 1. Es decir, por cada persona infectada, de media se produce menos de un contagio, lo que impide que la enfermedad se extienda de manera imparable. 

Krutika Kuppalli, experta en pandemias y exasesora de emergencias sanitarias en la OMS, coincide también en que los virus respiratorios son los que suscitan "mayor preocupación". "Los virus de la gripe (especialmente las cepas de gripe aviar como el H5N1), los coronavirus y ciertos paramixovirus (el sarampión y el virus Nipah) siguen ocupando los primeros puestos de esa lista", explica a preguntas de infoLibre. Su riesgo se basa en su capacidad para saltar fronteras muy rápidamente y propagarse antes de poder ser detectados.

Varios expertos consultados ponen a la gripe aviar (H5N1), una variante de la gripe A, como el mayor peligro a largo plazo, como destaca Marina Segura, alto cargo de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Explica que, como otros virus respiratorios basados en ARN, tiene una alta capacidad para mutar y adaptarse a los humanos, aunque hasta ahora los casos que se dan son mínimos y ocurren principalmente en granjas de pollos, donde el contacto humano y animal es muy elevado, pero no hay constancia de que las variantes actuales se transmitan de persona a persona.

No obstante, no todos los virus que vigila la OMS y los expertos en salud global son aerosoles que se contagian por el aire, como los virus respiratorios. Muchos de ellos se mueven también mediante las picaduras de insectos, y la preocupación en la comunidad científica es cada vez mayor porque el cambio climático facilita su expansión. El virus Crimea-Congo se contagia principalmente por la picadura de garrapatas, cuya población está creciendo drásticamente por el aumento de las temperaturas en otoño e invierno. En España se detectaron tres positivos el año pasado.

Los mosquitos son otro vector clave que extiende virus críticos como la fiebre del valle del Rift, el virus del Nilo Occidental o el dengue, y el aumento de las temperaturas está llevando a estos insectos a expandirse por el mundo. En España, el virus del Nilo causó estragos en el verano de 2024 porque los mosquitos autóctonos –los que tienen capacidad de infección– tienen cada vez más ciclos reproductivos. Mientras que el mosquito tigre, que transmite el dengue y el chikunguña, ya está completamente establecido en todo el sur y este de España, y gana terreno año a año.

Otros virus de alto riesgo como el ébola, el virus de Marburgo o el Nipah se contagian por el contacto con fluidos, excrementos o sangre de personas infectadas, y llega a los humanos a partir del contacto con animales infectados, de manera que tienen capacidad para generar epidemias locales, pero es difícil que lleguen a extenderse y derivar en pandemias.

Estos virus zoonóticos, los transmitidos por animales, también comienzan a preocupar cada vez más debido al cambio climático, el turismo de masas o la deforestación, porque los cambios en los ecosistemas –que aceleran los movimientos de animales y personas– y el mayor contacto de humanos con animales como monos, murciélagos o roedores, facilita la aparición de brotes, como el reciente de hantavirus.

Otra enfermedad que alarma a la comunidad científica es el sarampión, según Marina Segura. Este virus tiene un número básico de reproducción de 18 –cada afectado la transmite de media a 18 personas– y que vive un resurgimiento muy fuerte en este momento, con más de 200.000 contagios en los últimos tres años solo en Europa, un peligroso incremento astronómico que la OMS achaca a la desinformación sobre las vacunas.

Lo que evita que el sarampión se desate es la muy elevada tasa de vacunación, que en España alcanza el 93,8% para las dos dosis recomendadas, una cifra inferior a la de años atrás, provocando que España perdiese el pasado enero su condición de país libre de sarampión. En Estados Unidos, las trabas que ha puesto la Administración Trump a la vacunación infantil contra el sarampión llevó en 2025 a multiplicar por ocho los casos confirmados frente al año anterior, hasta superar los 2.000, y tres niños murieron.

En la última lista de virus de riesgo pandémico de la OMS, elaborada en 2024, los expertos dan mucho más peso que en las dos entregas anteriores al conocido como patógeno X, un término que no se refiere a ninguna enfermedad concreta, sino al hecho de que cualquier familia viral conocida tiene el potencial de transformarse y suponer una amenaza a gran escala. Esta advertencia incluye la necesidad de vigilar patógenos menos peligrosos y desarrollar plataformas de investigación adaptables a todo tipo de virus.

"El concepto de enfermedad X reconoce que la próxima pandemia podría estar causada por un patógeno actualmente desconocido con potencial epidémico o pandémico. La covid-19 fue, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo la enfermedad X se hizo realidad", reconoce Krutika Kuppalli.

El cambio climático ya no es una advertencia lejana ni un concepto reservado a informes técnicos: se ha instalado en nuestra vida cotidiana con una naturalidad inquietante.

Lo notamos en las noches que ya no refrescan, en las alergias que empiezan cuando aún llevamos abrigo, en los precios de los alimentos que suben sin explicación aparente. Está ahí, atravesando conversaciones y rutinas, mientras intentamos convencernos de que todavía queda tiempo para reaccionar.

Pero los datos desmienten esa comodidad. El Informe europeo de 2026 del Lancet Countdown, citado por Enrique Alpañés en su artículo de El País del pasado 23 de abril, muestra que la temporada de polen en Europa se ha adelantado entre una y dos semanas respecto a los años 90, y que casi todas las regiones analizadas han registrado un aumento de muertes atribuibles al calor entre 2015 y 2024. En España, el impacto es especialmente duro: en Ciudad Real, las muertes por calor se han triplicado en ese periodo. No son cifras abstractas, son señales claras de que el clima se está descontrolando mientras la respuesta política sigue siendo insuficiente.

El calor y las alergias apenas rozan la superficie del problema. UNICEF advierte que, en América Latina, el cambio climático está empujando a millones de niños y adolescentes hacia una pobreza cada vez más difícil de revertir. Incluso en el escenario más optimista, 5,9 millones de menores adicionales podrían caer en la pobreza de aquí a 2030 si no se actúa con decisión (UNICEF, Clima, pobreza e infancia: América Latina en alerta, 2025). Las sequías, las inundaciones y las olas de calor no solo destruyen cultivos: también rompen trayectorias educativas, saturan sistemas de salud y debilitan redes de protección que ya eran frágiles. El clima extremo no llega solo: arrastra derechos.

El informe del Plan International sobre América Latina y el Caribe es especialmente contundente: las niñas y adolescentes están entre las más afectadas por la crisis climática, no por una cuestión biológica, sino porque las desigualdades de género existentes se agravan cuando el clima se vuelve extremo. El documento detalla cómo los fenómenos climáticos —sequías prolongadas, inundaciones, huracanes— alteran de forma directa su vida cotidiana y sus oportunidades de futuro. Cuando el agua escasea, son ellas quienes suelen recorrer distancias mayores para conseguirla, lo que aumenta el riesgo de violencia sexual y reduce su asistencia a la escuela. Tras un desastre climático, las niñas tienen más probabilidades que los niños de abandonar la educación, ya sea para asumir más tareas domésticas o porque los centros educativos dejan de ser espacios seguros.

El informe también alerta de un patrón especialmente preocupante: en contextos de pérdida de ingresos o destrucción de cosechas, aumenta el matrimonio infantil como estrategia desesperada de supervivencia familiar. La salud menstrual es otro punto crítico que el informe visibiliza: la falta de agua y saneamiento dificulta la higiene menstrual, incrementa el riesgo de infecciones y provoca ausencias escolares que se acumulan mes a mes. Y cuando las familias se ven obligadas a desplazarse por inundaciones o sequías, las niñas enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y trata. Plan International resume esta situación con una idea clara: la crisis climática actúa como un multiplicador de desigualdades. No solo destruye infraestructuras o cosechas; también erosiona derechos, limita opciones de vida y profundiza brechas que ya eran profundas antes de que el clima empezara a desestabilizarse.

Todo esto no ocurre en el vacío. La forma en que el cambio climático golpea con más fuerza a unas personas que a otras no es casualidad ni mala suerte: es el resultado de un modelo económico que se sostiene sobre desigualdades previas y que, cuando el clima se desestabiliza, las hace estallar. Y aquí es donde las voces ecofeministas llevan años poniendo el foco: en cómo la crisis ecológica y la crisis de cuidados son dos caras de la misma moneda. No se puede entender una sin mirar la otra.

La ética del cuidado aporta una clave útil para entender por qué la crisis climática desborda tanto a las personas como a las instituciones. Desde los años 80, autoras como Carol Gilligan y Nel Noddings han señalado que nuestras sociedades se organizan como si la autonomía fuera la norma y la vulnerabilidad la excepción, cuando en realidad dependemos de redes de apoyo y de un entorno material que sostiene la vida. La ética del cuidado no se centra en emociones, sino en reconocer esa interdependencia y en asumir la responsabilidad que implica en términos sociales y políticos.

Aplicada al contexto climático, esta perspectiva permite ver algo que a menudo queda oculto: cuando los fenómenos extremos se intensifican, lo que se pone en juego no es solo la infraestructura física, sino la capacidad de las comunidades para sostener la vida cotidiana. Las olas de calor saturan los sistemas sanitarios; las inundaciones interrumpen la educación; las sequías obligan a reorganizar el tiempo y el trabajo dentro de los hogares. Y en ese reajuste, las cargas recaen de forma desigual, casi siempre sobre quienes ya estaban en posiciones más frágiles.

Hablar de cuidados en este contexto no es hablar de gestos individuales, sino de política pública. Significa reconocer que sin servicios sociales robustos, sin infraestructuras adaptadas al clima, sin redes comunitarias fuertes y sin una redistribución real del tiempo y del trabajo, cualquier transición ecológica será insuficiente. La ética del cuidado no pide que las personas “cuiden más”, sino que los Estados y las instituciones asuman su responsabilidad en garantizar condiciones de vida dignas en un mundo que cambia rápido.

Por eso este enfoque apunta directamente a quienes toman decisiones. La evidencia científica lleva años marcando el ritmo; lo que falta es una respuesta política a la altura. Regular, invertir, anticipar y proteger no son opciones: son obligaciones en un escenario donde la vulnerabilidad ya no es un asunto privado, sino un problema estructural. La ética del cuidado, entendida así, no suaviza el debate climático: lo endurece, porque obliga a mirar de frente lo que realmente sostiene nuestras sociedades.

La acción ciudadana no puede sustituir a la responsabilidad institucional, pero sí puede marcar el ritmo. Y hoy ese ritmo es desigual. Hay administraciones que han empezado a tomar medidas —planes de adaptación, zonas de bajas emisiones, inversiones en energías renovables—, pero la escala del problema supera con creces la velocidad de la respuesta. A esto se suma un escenario político complejo: el avance de fuerzas que cuestionan la evidencia científica y el negacionismo climático de sectores de la derecha tradicional están ralentizando decisiones que la comunidad científica considera urgentes.

El problema no es solo lo que se hace, sino lo que no se hace. Mientras algunos gobiernos avanzan, otros retroceden o bloquean políticas ya aprobadas. Y en medio de ese vaivén, una parte creciente de la población se informa a través de contenidos virales, desinformación y campañas que trivializan la crisis climática o la presentan como un debate ideológico. En este contexto, la acción ciudadana no es un gesto simbólico: es un mecanismo para sostener el debate público en torno a hechos verificables y para exigir coherencia a quienes gobiernan.

La experiencia demuestra que las transformaciones profundas suelen empezar fuera de las instituciones. Las movilizaciones climáticas, las plataformas vecinales que reclaman sombra y espacios habitables, las comunidades energéticas que democratizan el acceso a la energía o los colectivos que denuncian la violencia ambiental en territorios vulnerables están empujando a los gobiernos a actuar incluso cuando el clima político no acompaña. Esa presión es la que convierte la urgencia científica en urgencia política.

Pero la responsabilidad última sigue siendo institucional. La ciudadanía puede señalar prioridades, pero son los gobiernos quienes deben garantizar que la adaptación y la mitigación no dependan del lugar donde se vive ni del nivel de ingresos. La crisis climática no se resolverá con voluntarismo ni con gestos aislados: exige políticas públicas estables, inversión sostenida y una defensa activa del espacio informativo frente a la desinformación.

El mensaje final es claro: no estamos ante un destino inevitable, pero sí ante una advertencia inequívoca. La desigualdad puede crecer o puede reducirse; la vulnerabilidad puede agravarse o mitigarse. Lo que ocurra dependerá de decisiones políticas concretas y de la capacidad colectiva para exigirlas. La inacción también es una elección, y sus consecuencias ya están aquí.

El futuro no está escrito: se disputa. Y esa disputa ya ha empezado.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

En el 2008, llegó a las carteleras El curioso caso de Benjamin Button, película basada en un breve relato escrito en 1922 por F. Scott Fitzgerald. Su protagonista nace con el aspecto físico de un octogenario que, a medida que pasa el tiempo, ve cómo su cuerpo rejuvenece mientras que sus experiencias son sentidas de una manera “normal”. Button vive la vida al revés, rejuvenece y, en cierto modo, vuelve al origen, pues fallece siendo un niño.

Un efecto similar se ha producido a raíz de las lluvias caídas en los primeros meses de 2026, que han convertido el tramo inicial del Guadiana, en el entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, en un “Benjamin Button hidrológico”. Sus aguas retroceden, discurren río arriba y terminan infiltrándose en la tierra. Aunque el fenómeno no es nuevo, no es tan conocido; en gran medida porque no resulta habitual.

En este enclave de Castilla-La Mancha, las tablas fluviales representan un ecosistema de humedal único en Europa Occidental, caracterizado por el desbordamiento de ríos en tramos llanos con muy poca pendiente y que actúan como grandes encharcamientos en los márgenes de su curso.

En condiciones normales, Las Tablas de Daimiel se formaban por la confluencia de dos ríos. Por un lado, el Cigüela, nacido en las serranías conquenses, que llegaba a Daimiel después de atravesar la llanura manchega. Por otro, el Guadiana, que nacía en los Ojos –hoy secos–, donde recuperaba en superficie el agua sobrante del acuífero subterráneo situado bajo La Mancha para unirla, kilómetros después, a las procedentes del Campo de Montiel, que discurrían por el Azuer, uno de sus afluentes.

Durante siglos, el sistema fluvial de Las Tablas funcionó de manera equilibrada. Agua, clima y suelos dieron lugar a un ecosistema dominado por un bosque mediterráneo progresivamente humanizado. Desde el siglo XIII, la Orden de Calatrava favoreció la roturación de tierras y su conversión en dehesas destinadas al pasto de ganado –generalmente ovino– que, cada invierno, llegaba a la zona procedente de las tierras altas de Castilla.

Agua, bosque y pastos convivieron en Las Tablas en un escenario natural con unas enormes potencialidades económicas. Aquel espacio, conocido entonces como Real Dehesa de Zacatena, gozó de protección, al menos desde que Felipe II dictó unas ordenanzas con el objetivo de regular los aprovechamientos forestales, piscícolas y cinegéticos que, desde entonces, estuvieron vigilados por un guarda mayor.

Uno de los elementos más prototípicos del lugar fueron los molinos de ribera, de enorme importancia en la época preindustrial. Incluso puede decirse que, en una región seca como La Mancha, fueron más numerosos y económicamente más determinantes que los gigantes a los que se enfrentó don Quijote.

Varios de ellos datan de época musulmana. Sin embargo, el sistema de molinos hidráulicos del Alto Guadiana quedó configurado a lo largo del siglo XVI. A mediados de aquella centuria, entre los Ojos del Guadiana y el límite oriental de Zacatena –en un tramo de unos veinticinco kilómetros de río– llegaron a funcionar diez ingenios. Los molinos del Guadiana también actuaron como puentes y pesquerías, así como eficaces presas que retuvieron el agua del río y ampliaron la superficie encharcada.

Aunque su uso y gestión dieron lugar a pleitos y conflictos institucionales, el sistema funcionó con eficacia durante siglos. Cuando las ideas ilustradas propias del setecientos persiguieron aumentar las tierras cultivables y desecar el cauce del Guadiana, se hizo imprescindible derruir algunos de estos molinos y limitar el funcionamiento de otros. El fracaso de aquellos proyectos mantuvo en pie la mayoría de estos ingenios hasta bien entrado el siglo XX, cuando la dictadura franquista recuperó las ideas del siglo XVIII. En aquella ocasión no hubo marcha atrás.

Los trabajos de canalización del Guadiana que se llevaron a cabo a finales de los años 1960, hicieron más profundo el cauce natural del río, alteraron el curso de las aguas, redujeron el encharcamiento de la ribera y limitaron la capacidad de molienda de las piedras que hasta entonces habían sido el motor de la economía local. Las presas fueron inutilizadas y el paisaje cambió radicalmente.

El regadío intensivo y la alteración de la dinámica natural del Guadiana condujeron a una situación insostenible. Las Tablas perdieron su equilibro natural, puesto que las aguas superficiales (cada vez más escasas) dejaron de encontrarse con las subterráneas, que ya no manaban del acuífero por la sobreexplotación a la que se le sometió.

Fue entonces cuando algunos recordaron el efecto regulador de las presas de los molinos, pero el estado de ruina en que se encontraban tras años de inactividad hizo imposible su rehabilitación. Sin embargo, el plan de regeneración hídrica que se puso en marcha en los años ochenta del siglo XX recuperó la esencia de su funcionamiento.

Para salvar Las Tablas se levantaron varias presas. Las dos más importantes fueron la de Puente Navarro y la del Morenillo. La primera se sitúa a la salida del Parque, a escasos metros del antiguo molino de El Navarro, mientras que la segunda se alza allí donde el Cigüela y el Guadiana se encuentran. La misión de ambas es mantener el nivel encharcamiento y asegurar una mínima lámina de agua, algo que, en los últimos años, ni tan siquiera ha sido posible debido, en parte y entre otros factores, a los efectos del cambio climático y la presión antrópica, que han reducido las lluvias y aumentado las extracciones del acuífero que antes alimentaba de manera natural al Guadiana.

La tercera presa es el molino de Molemocho (restaurado en 1998), que hunde sus cimientos en el río y que cierra la superficie encharcada de Las Tablas por su extremo suroriental.

La existencia de estas tres barreras cobra sentido en momentos puntuales, marcados por la abundancia de lluvias, dando lugar a fenómenos como el que ha ocurrido este año o como el acaecido durante el ciclo húmedo que tuvo lugar entre 2009 y 2013, un periodo de lluvias por encima de la media.

Cuando el cielo es generoso, el Cigüela vierte en Las Tablas y la superficie encharcada llega a su límite. Entonces, el agua rebasa la barrera central (presa del Morenillo), sigue su camino y desborda Puente Navarro. Si los niveles de encharcamiento persisten, incluso se hace necesario abrir las compuertas del Molemocho.

Es justo en ese momento cuando, como Button, el Guadiana desafía el orden natural y su corriente remonta el cauce en busca de su origen. El fenómeno no solo es curioso, sino muy positivo porque el agua termina infiltrándose en el subsuelo y contribuye a la recarga del acuífero.

Cierto es que es una situación anómala, temporalmente corta y que suele durar lo que dura la inundación máxima de Las Tablas, pero no es menos verdad que alerta acerca de la necesidad de controlar los niveles de encharcamiento y de lo mucho que la historia de las infraestructuras hidráulicas de aquella comarca puede enseñar a propios y extraños del lugar.

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Francisco J. Moreno Díaz del Campo es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Castilla-La Mancha. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La tarifa regulada de la luz es el precio de la electricidad fijado por el Gobierno bajo un sistema controlado, en lugar de depender completamente del mercado libre. Actualmente se conoce como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y bajo su paraguas se encuentran el 29% de los hogares en España. La intención de esta tarifa es dar más estabilidad a lo que cada usuario debe pagar a fin de mes, pero la Comisión Europea considera que este escudo socava la competencia a largo plazo y reduce los incentivos para que los usuarios adopten comportamientos que favorezcan la eficiencia energética. Por ello pide a España y a otros cinco países con la misma regulación (Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia), una hoja de ruta para su extinción con plazos definidos.

Además, para Europa la intervención en los precios puede actuar como un freno para la participación de los consumidores, ya que se observa que las tasas de cambio de suministrador suelen ser inferiores en los Estados miembros donde este tipo de intervenciones benefician a un mayor porcentaje de clientes. Otra de las razones que esgrime es el riesgo de crear ventajas indebidas para algunos suministradores. “Todas las empresas eléctricas deben disfrutar de igualdad de acceso a los clientes y la carga financiera de las intervenciones debe distribuirse de manera equitativa”, recoge el documento. Pero para las asociaciones de consumidores esta medida solo beneficiaría a las grandes empresas del sector.

Desde Facua critican la posición de Bruselas, ya que actualmente no existe una alternativa a la que los consumidores puedan acogerse. “Es ponerse del lado de las empresas que inflan precios y beneficios. Sería dejar a los consumidores sin una tarifa que les protege y que provocará un encarecimiento generalizado, porque la PVPC está, generalmente, por debajo de la tarifa del mercado libre”, señala su portavoz, Rubén Sánchez. 

Actualmente la factura eléctrica de un usuario medio con la tarifa regulada registró una caída del 14,5% en abril con respecto a marzo, tras la entrada en vigor de la rebaja del IVA al 10% y del impuesto especial de la electricidad al 0,5% dentro de las medidas del Gobierno para combatir el impacto del conflicto en Oriente Próximo. La guerra en Irán no afecta solo al petróleo y al gas, sino que llega al precio que pagamos por encender el interruptor, por ejemplo, a través de las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas), que trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. 

En España, los consumidores pueden elegir entre una tarifa PVPC, una de libre mercado, una tarifa plana o un bono social. Mientras que este último es un descuento de entre un 25% y un 60% (dependiendo del caso) destinado a familias numerosas, pensionistas o personas con rentas bajas, las otras tres modalidades son contratos con diferentes condiciones de cálculo de precio. El importe del mercado libre depende de las comercializadoras y estas pueden aplicar promociones o descuentos al precio de subasta diario. La tarifa plana, por su parte, supone pagar una cuota estable al mes, aunque a riesgo de que, si los precios bajan o su consumo es bajo, el usuario pueda estar pagando de más. 

Para Sánchez la cruzada de la Comisión Europea contra la tarifa regulada es un error, ya que quienes se vean expulsados de ella no necesariamente podrían acogerse al bono social y terminarían pagando más por la luz. "Seguramente habría un nuevo modelo, pero la inmensa mayoría terminaría en el mercado libre", concluye el portavoz de Facua.

No es la primera vez que Bruselas recomienda a España diluir la tarifa regulada. En 2024 ya había reclamado que se limitase su acceso solo a personas “vulnerables”. En 2025 la polémica continuó y en febrero de ese año la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, salió en defensa de mantener la medida. Aagesen señalaba entonces que el PVPC es una tarifa dinámica que se basa en precios de mercado, pero protege a los consumidores. Insistía además en que no se trata de una tasa fija que perjudique la competencia, sino que está sujeta al mercado mayorista. Además puntualizaba que los consumidores podían elegirla o no, ya que hay otras opciones a nivel nacional. 

En el informe conocido este martes, Bruselas vuelve sobre estos puntos. Señala que una tarifa controlada desdibuja los cambios de precio que pueden percibir los consumidores, por lo que desincentiva el cambio de compañía y también la competencia entre empresas. Aunque paradójicamente el mismo informe señala que en España el cambio de suministrador para mejorar la tarifa es algo habitual, con una tasa de rotación cercana al 20%. Además, señalan que los mercados regulados son menos atractivos para la aparición de nuevos operadores y no favorecen las ofertas.

En España, son cinco grandes compañías las que se reparten el mercado, con un 90% de los clientes domésticos adheridos a alguna de ellas. Son Iberdrola (33%), Endesa (32%), Naturgy (14%), Repsol (7%) y TotalEnergies (4%), por este orden, las eléctricas con mayor tamaño del mercado de hogares, de acuerdo con los datos de la CNMC.

Otro de los argumentos de la Comisión tiene que ver con la eficiencia energética, ya que una tarifa estable no incentiva a los usuarios a desplazar su consumo hacia las horas de menos coste, algo que ayuda, según ellos, a equilibrar el sistema.

Bruselas pide a España una hoja de ruta y plazos concretos para la finalización de esta tarifa que ahora beneficia a los hogares, pero también a las microempresas. Por el momento, el Ministerio de Transición Ecológica no se ha manifestado, aunque en el paquete de medidas para abordar la crisis derivada del conflicto de Irán apuntaba en la dirección contraria. Aagesen no descartaba en ese momento incrementar el bono social eléctrico, como ocurrió en los primeros momentos de la guerra de Ucrania.

La guerra en Ucrania actuó como un punto de inflexión en la política energética europea. La creencia liberal de que la creación de densas redes de interdependencia económica disuadiría a las potencias revisionistas hostiles de cualquier tipo de agresión colapsó al constatar que Rusia había instrumentalizado la interdependencia, transformando los gasoductos en armas de presión geopolítica.

La guerra obligó a redefinir la política energética, que abandonó la esfera del libre mercado para incorporarse a la agenda de seguridad del proyecto comunitario. La Unión Europea respondió con el plan REPowerEU, cuyo objetivo final era desacoplarse energéticamente de Rusia y aumentar la autonomía estratégica del bloque. Esta estrategia se fundamentó en la diversificación de socios a corto plazo, y en la transición verde como camino estructural para aumentar la producción energética interna y reducir así las importaciones. Sin embargo, la transición verde también entraña nuevos riesgos para la Unión, abocándonos a la posibilidad de transformar la dependencia de hidrocarburos en una nueva dependencia de tecnologías y materias primas críticas.

La transición energética basada, en gran medida, en la energía solar y eólica, así como en la movilidad eléctrica y el almacenamiento en baterías, requieren del uso intensivo de tecnología y materias primas críticas que la Unión no controla. Según las proyecciones de la Comisión Europea, para 2030 la demanda de litio y de tierras raras puede multiplicarse por doce y por seis, respectivamente.

En este escenario, China se consolida como el actor dominante al controlar el 60% de la extracción minera de tierras raras y dominar más del 90% de la capacidad de su refinado y procesamiento a nivel mundial. La UE depende en gran medida de China para sus importaciones de paneles solares, y en un 98% para el suministro de imanes de tierras raras. En términos geopolíticos, Europa corre el riesgo de estar cediendo las llaves de su futuro industrial y tecnológico a Pekín. 

Aunque el plan REPowerEU es una estrategia a largo plazo, las crisis energéticas han demostrado que la dependencia de flujos externos es una vulnerabilidad sistémica que solo puede mitigarse mediante una mayor soberanía tecnológica y energética.

Desde el giro estratégico adoptado en 2019, las instituciones europeas definen a China bajo una triple dimensión: socio comercial, competidor económico y rival sistémico. En este sentido, basar el modelo económico europeo en las importaciones procedentes de China supone ceder a Pekín una poderosa herramienta de coerción geoeconómica. En caso de tensión, China podría instrumentalizar las cadenas de suministro de las que la UE depende como armas geopolíticas. China ya ha demostrado que está dispuesta a hacerlo. En línea con el embargo de tierras raras que impuso a Japón en 2010 por una disputa territorial, en 2023 introdujo restricciones a las exportaciones de galio, germanio y grafito, como represalia en la guerra tecnológica y comercial con Washington. A inicios de este año, Pekín ha impuesto también controles a la exportación de tecnologías de procesamiento y de uso dual, reforzando su dominio en la cadena de valor.

La abrupta ruptura con Moscú nos dejó una lección inequívoca: construir dependencias asimétricas confiando en que los mercados tienden a corregirse por sí solos representa un riesgo existencial para nuestra economía y nuestra sociedad. Durante el siglo XX la supremacía estadounidense se fundamentó en el petróleo. En el siglo XXI el poder residirá en aquellas potencias que logren liderar la economía descarbonizada y actúen como desarrolladores de tecnología verde, relegando a un papel subordinado a quienes se limiten a ser meros importadores. Es el momento de aprender de nuestros errores para salir reforzados.

La transición energética es un imperativo medioambiental, pero también una necesidad en términos de seguridad y relevancia geopolítica. Hay que asegurarse de que la transición verde sea también segura y no nos exponga a nuevas vulnerabilidades. La respuesta inmediata ya la articula el plan REPowerEU, pero es el momento de actuar con determinación y visión largoplacista, dotándonos de una política industrial ambiciosa que concilie la vocación de libre comercio con la soberanía en sectores críticos, para no sustituir la dependencia de los hidrocarburos rusos por la sumisión tecnológica china.

Para ello resulta necesario diversificar nuestras asociaciones tecnológicas y extractivas, apostar por la economía circular y el reciclaje de minerales, invertir masivamente en infraestructura energética común, sobre todo en interconexiones entre los Estados miembros, y establecer cadenas de valor propias mediante el reforzamiento de nuestra base industrial y nuestra capacidad de procesamiento de materias primas críticas. Se trata de un paso inevitable que Bruselas ya intenta articular mediante las recientes herramientas legislativas, como la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas o la Ley de Materias Primas Fundamentales.

Hay que tener presente que esta estrategia de reducción de riesgos y diversificación de socios comportará un mayor acercamiento a los países del Sur Global para construir alianzas duraderas y fiables. Sin embargo, la UE debe confrontar su propia hipocresía para no fundamentar la transición energética en lógicas neocoloniales y extractivistas. 

Los beneficios de las tecnologías verdes se han concentrado en los países del Norte Global, mientras que se han externalizado los costes sociales y medioambientales de dicha transición, lo que ha conllevado la vulneración sistemática de los derechos humanos en las minas de cobalto en la República Democrática del Congo, la deforestación asociada a la extracción de níquel en Indonesia o los problemas de estrés hídrico en los países latinoamericanos derivados de la extracción de litio. La UE es una potencia eminentemente normativa y la necesidad de seguridad energética no puede contradecirse con nuestros valores. De ahí que debamos apostar por establecer alianzas comerciales equitativas y recíprocas, garantizando que el valor añadido se quede en los países de origen bajo elevados estándares sociales y medioambientales. En definitiva, asegurarnos de no construir nuestra autonomía a costa de la devastación ajena.

La inestabilidad creciente del sistema internacional exige abandonar la ingenuidad. La política comunitaria debe resolver urgentemente el «trilema energético»: garantizar un suministro seguro, asequible y sostenible (también en términos sociales), asumiendo que la energía ha dejado de ser un mero bien comercial para convertirse en el núcleo de la seguridad comunitaria.

La guerra en Ucrania sirvió como punto de inflexión para el despertar geopolítico de la Unión. Ahora, la guerra en el golfo Pérsico y el consiguiente cierre del Estrecho de Ormuz actúan como un contundente recordatorio de la necesidad de reducir nuestras dependencias externas para reforzar la autonomía estratégica europea en un entorno cada vez más volátil y hostil.

Las crisis de combustibles fósiles son el espejo que refleja los riesgos que afrontan las energías limpias: una transición verde sin soberanía material jamás será una transición segura.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.

El primer punto del acuerdo de Gobierno de Extremadura consiste en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una medida que no es de competencia regional, sino nacional. El pacto propone también eliminar por completo la ecotasa autonómica que paga la instalación, librando a Iberdrola, Endesa y Naturgy del pago de más de 80 millones de euros al año.

En 2025, el Gobierno extremeño del PP ya anunció, de hecho, la reducción progresiva del 50% en ese pago, pero ahora será finalmente retirado en su totalidad de aquí a 2029. Tanto en Aragón como en Extremadura, la coalición se compromete también a facilitar la construcción de líneas eléctricas, que a menudo chocan durante su desarrollo con las normativas de protección de espacios naturales.

Otro punto polémico del pacto extremeño, que también recoge el acuerdo aragonés, es la intención de desregular leyes rurales básicas de protección ambiental relacionadas con la caza, la pesca o los espacios naturales protegidos (como las ZEPA), bajo el pretexto de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario" y el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", pese a que esta fue impulsada por el PP Europeo en 2020.

En Extremadura, esta desregulación se resume, por ejemplo, en su compromiso de aplicar siempre que sea "legalmente posible" el principio de la declaración responsable, que abre la puerta a la construcción o alteración del espacio sin justificar previamente su impacto en el medioambiente, presuponiendo que el ciudadano actuará siempre con la buena voluntad. En esta Comunidad, de hecho, Vox tendrá también a partir de ahora la Consejería de Desregulación.

Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón, opina que esta nueva coalición, en la que la extrema derecha gana peso, es el siguiente paso a lo que ya se había vivido hasta ahora. "Es sintomático que en Aragón Vox haya pedido la Consejería de Medioambiente, porque su intención siempre ha sido desmontar esta área. Lo preocupante es que el PP ha integrado estas ideas y ahora van un paso más allá", señala.

En la región del Ebro, los conservadores aspiran, por ejemplo, a redoblar su apuesta por los centros de datos, pese a los estudios que advierten del excesivo consumo de agua y luz en un momento en que las redes eléctricas tienen serios problemas para hacerse cargo de nuevas demandas y la sequía es una de las mayores amenazas de España en un futuro cercano. Sobre la política hídrica, los dos pactos de Gobierno son una apuesta total por el incremento del regadío cuando los expertos advierten que España va camino de una reducción drástica de las precipitaciones.

Un caso paradigmático de las ambiciones de PP y Vox en el regadío, una promesa habitual para ganar el voto rural, se da en Extremadura, donde aseguran que llevarán por fin el riego a la Tierra de Barros (Badajoz), "tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes", se lee en el acuerdo. 

Joan Corominas, presidente de la Asociación Nueva Cultura del Agua y experto en regadío, ha estudiado a fondo este proyecto, que lleva más de 20 años en un cajón, y opina que ese compromiso se va a incumplir, y tanto PP como Vox lo saben.

"La realidad es que ni PP ni PSOE han podido sacar adelante este regadío, y todos hablan de Barros con la boca pequeña porque saben que no tiene futuro", opina el ingeniero agrónomo. Principalmente, el proyecto nace muerto porque el 75% del agua que supuestamente alimentaría ese regadío parte del embalse de Alangue, "que en los últimos años no ha pasado del 20% de capacidad", afirma.

En todo caso, Corminas añade que, incluso si hubiese agua, la infraestructura no ayudaría a la agricultura familiar, sino a las grandes empresas agrícolas, que son las que más acceso tienen al agua y mejor optimizan su uso. "En Andalucía, el 80% de los agricultores tienen el 20% del agua de riego, y el 20% tiene el 80%. Las grandes fincas son las que ganan en estos casos", comenta.

En Aragón, el problema que describe el experto se repite con otra de las propuestas del nuevo Gobierno. Aunque no detalla cómo, PP y Vox se comprometen a revisar de nuevo la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que ya fue reescrita en 2023 por el PP precisamente para deshacer la protección del pequeño ganadero en beneficio de la industria intensiva del cerdo. Entonces se eliminó, entre otros, un artículo que limitaba las explotaciones a un máximo de 720 unidades de ganado mayor, facilitando la ampliación y el impacto ambiental de las granjas.

"El pasado Gobierno de PP y Vox derogó la anterior ley de agricultura familiar, y eso que ya se quedaba corta a la hora de proteger al pequeño ganadero. Ahora, con la entrada de Vox, todo esto no solo se va a acelerar, sino que lo van a convertir en su bandera", valora Iturbe, de Ecologistas.

El activista recuerda también que la expansión ganadera en Aragón ya ha dejado a decenas de pueblos sin agua potable porque sus acuíferos están contaminados por purines. Según un informe reciente de Greenpeace sobre contaminación de agua potable, entre el abuso de fertilizantes en la agricultura y los excrementos de los animales de granja, en 2024 hubo más de 3.000 municipios en España que superaron concentraciones de nitratos en agua por encima de lo recomendado por la ciencia. Docenas de ellos estaban en Aragón, como Azuara (Zaragoza), Ariño (Teruel) o Chimillas (Huesca), donde los niveles de nitratos superaron en algún momento del año los 50 mg/l, el límite legal.

En Aragón, Vox ya tuvo durante un breve periodo un consejero de Agricultura, Ángel Samper, entre 2024 y 2025, cuando fue cesado contra su voluntad tras la ruptura nacional de PP y Vox por su desacuerdo sobre la acogida de menores migrantes. Donde más poder llegó a acumular en este sector fue en Castilla y León, donde estuvo al mando de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024, y a la que también renunció por las desavenencias entre las cúpulas de los dos partidos.

En Extremadura, Vox mantuvo además, de manera breve, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde fue responsable de algunas áreas agrícolas, como caza o incendios, y por donde el partido ultra pasó de manera atropellada entre 2023 y 2024. La primera consejera de Vox en esa cartera, Camino Limia, no llegó a los tres meses en el cargo, mientras que su sucesor, Ignacio Higuero, rompió con el partido nueve meses después de ascender, en julio de 2024, y un año después dimitió por mentir en su currículum.

Estas experiencias, además de ser políticamente accidentadas, dejaron episodios traumáticos para algunos profesionales del sector primario, como la crisis de la tuberculosis bovina de 2023 en Castilla y León. El consejero agrario Gerardo Dueñas contradijo el histórico consenso del mundo ganadero y prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, medida que además era ilegal y ponía en peligro a las vacas sanas de otras regiones. Cuando la promesa fracasó, la intentona se tradujo en disturbios, un detenido, y abrió una brecha política en el sector primario. 

A nivel administrativo, tampoco parece que haya habido un cambio notable en la vida de los agricultores en las comunidades gobernadas por los conservadores. En la actual crisis derivada de la guerra de Irán, el principal apoyo al sector ha llegado del descuento del Gobierno central sobre el gasóleo B (el agrícola) y de una ayuda del Ministerio de Agricultura de casi 900 millones de euros a la compra de fertilizantes.

País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado además ayudas extra de 1.000 millones de euros (la primera) y 400 millones (las otras dos), mientras que Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuatro bastiones de la derecha con un fuerte peso agrario, todavía no han activado ayudas complementarias.

Un análisis de infoLibre publicado en febrero sobre las ayudas autonómicas al campo para apoyar la contratación de seguros agrarios también mostró que comunidades en las que Vox ha participado en el Gobierno autonómico tampoco han tenido una especial atención sobre sus profesionales. Castilla y León, Extremadura y Aragón se encuentran en la mitad inferior de la tabla que compara la participación autonómica sobre el total subvencionado en todas las regiones españolas.

No hay duda de que la foto quedará preciosa. El jueves 23 de abril, la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, llevando a sus homólogos del G7 al bosque de Fontainebleau. Paralelamente a la cumbre que reúne en París hasta este viernes a los ministros de Medio Ambiente de los países más ricos del planeta, Francia tiene mucho con lo que impresionar en este lugar emblemático de la historia de la conservación de la naturaleza.

Detrás de la postal, los ecosistemas están, en Francia como en otros lugares, cada vez más degradados. Pero la intención concreta de Monique Barbut con la que acoge esta nueva reunión internacional es la de lanzar una “alianza para la financiación de la naturaleza y los pueblos”. El objetivo es conseguir más fondos públicos y privados para la protección de la biodiversidad y favorecer la aparición de proyectos de financiación comunes.

También hay otros temas en la agenda: la lucha contra la desertificación, la protección de los océanos, el refuerzo de la resiliencia del sector inmobiliario o la preservación de los recursos hídricos. En cada uno de estos temas, la idea es “intercambiar buenas prácticas”, indica el gabinete de la ministra.

El tema del cambio climático, en cambio, se evita cuidadosamente. Y es que el objetivo de la reunión es también acercarse a la administración Trump, representada por la número dos de la Agencia Federal de Medio Ambiente (EPA), Usha-Maria Turner.

Una estrategia asumida plenamente por el gabinete de la ministra Barbut, quien explica que han optado por “no abordar de frente la cuestión del clima, porque abordar este tema de frente con Estados Unidos en el marco del G7 no permitía enviar mensajes de unidad”. “Hemos querido centrarnos en temas menos conflictivos”, precisa, “[y demostrar que] se puede trabajar con Estados Unidos, aunque conozcamos sus posiciones”.

En materia de biodiversidad, es evidente la urgencia: cerca de un millón de especies animales y vegetales se encuentran hoy en peligro de extinción en el planeta y más del 85 % de los humedales mundiales ya han desaparecido. Ante esta riqueza que se desmorona, los fondos disponibles se asignan mal.

En su último informe publicado este invierno, la IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) indicó que, en 2023, alrededor de 7,3 billones de dólares habían tenido impactos directamente negativos, de los cuales 4,9 billones de dólares procedían de financiación privada y 2,4 billones de dólares de gasto público. Cifras que no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en favor de la conservación: en 2023 solo se destinaron 220.000 millones de dólares de fondos públicos y privados a actividades que contribuyen a la conservación y restauración de la biodiversidad.

En este contexto, ¿qué puede aportar esta cumbre? Se pedirá a los bancos públicos de desarrollo, pero también a los actores privados, que participen más en la protección de los ecosistemas. La idea es crear un club “informal”, en el que “se invite a filántropos, sobre todo estadounidenses, pero también a fondos de impacto, a financiadores públicos de la biodiversidad, como la Agencia Francesa de Desarrollo o el Fondo Mundial para el Medio Ambiente”, precisa el gabinete de la ministra. Un club que se reunirá dos veces al año para crear “un efecto red” y, también en este caso, “intercambiar buenas prácticas”.

En definitiva, se trata, en esta fase, de una operación de comunicación, y no hay que esperar que el viernes por la noche se anuncie una dotación económica concreta. El objetivo es demostrar que hay un montón de actores “dispuestos a trabajar juntos para proteger la biodiversidad en todo el mundo” y que se puede enviar este mensaje en un periodo “en el que todo va mal y la agricultura está retrocediendo en materia medioambiental”, subraya el gabinete.

En el entorno de la ministra, se celebra además un “acuerdo” con Estados Unidos sobre esta alianza que, de materializarse, abarcará también 140 áreas protegidas de África, las áreas marinas protegidas y la pesca ilegal.

Frente a los efectos mediáticos y a la imagen de una administración escéptica con el cambio climático, las expectativas de las ONG medioambientales son muy concretas en cuanto a la urgencia de frenar el colapso de la biodiversidad.

Es el caso del WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), partidario de la financiación tanto pública como privada en este ámbito, sin que ello sea el principio y el fin de una política de conservación. “Esperamos que esta financiación se condicione a la adopción de medidas contra la deforestación o la desertificación, pero también que se establezca una moratoria sobre las ayudas públicas a la agricultura que provoca el deterioro de zonas sensibles o con alta biodiversidad”, precisa Antoine Pugliese, responsable de finanzas sostenibles de la ONG. “Y las subvenciones agrícolas que son perjudiciales deben reorientarse hacia sistemas que restauren los suelos y los entornos”.

Y lo más importante, una política centrada en la financiación y en la asignación de subvenciones públicas no debe, en ningún caso, sustituir las leyes y los marcos normativos vinculantes. “Es la normativa lo que protege la naturaleza. Un hábitat destruido por una empresa nunca puede compensarse realmente”, recuerda Antoine Pugliese, quien aboga, en nombre del WWF, por un enfoque “pragmático”, entre el desarrollo de la financiación y el mantenimiento de una serie de salvaguardias.

Una visión que no cuenta con el consenso del mundo ecologista, donde otras organizaciones temen que, con el desarrollo del enfoque financiero, se produzca una mercantilización de la naturaleza que no haría más que agravar el problema. Es el caso del Green Finance Observatory (GFO), una ONG crítica con las finanzas verdes. “Se oye decir con demasiada frecuencia que la falta de protección de la biodiversidad se debe a la falta de financiación”, subraya su director, Frédéric Hache. “Eso es falso: la razón principal es la falta de regulación.”

Aunque coincide con WWF en señalar la necesaria reorientación de las subvenciones públicas, a este experto le preocupa sobre todo las formas que podría adoptar el desarrollo de la financiarización, entre el mercado de "créditos de biodiversidad" —que Francia puso en marcha hace dos años con carácter experimental y que está llevando a nivel internacional— y los mecanismos de compensación para autorizar proyectos que invaden los espacios naturales.

Para Frédéric Hache, compensar la destrucción de un ecosistema con la protección de otro lugar no tiene ningún sentido: “No conocemos la riqueza de esos entornos ni el conjunto de relaciones ecológicas que las especies mantienen entre sí. Hasta ahora solo se ha cartografiado el 20 % de las especies, y cada año se descubren una media de 18.000 más. Somos incapaces de recrear un ecosistema. Lo que hay que hacer es evitar la destrucción en su origen”.

Traducción de Miguel López

En 2021, la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, anunció un plan de cero emisiones para 2040, con un gran anuncio a toda página en The New York Times. La empresa, que contaminaba más que países como Italia y casi tanto como Francia, acabó en los tribunales por "marketing falso y engañoso" y sus directivos terminaron diciendo que ese eslógan era simplemente "una aspiración", pero nunca fue un compromiso legal.

Este es solo uno de los casos que recoge una investigación internacional sobre greenwashing, el nombre que recibe la práctica empresarial que consiste en hacer promesas ambientales sin fundamento o lanzar mensajes ecologistas para ganarse al público basándose en afirmaciones dudosas o falsas. El estudio, publicado este miércoles en la revista PLOS Climate, analiza 1.233 afirmaciones ambientales de compañías ganaderas y lácteas, y concluye que el 98% cumplen con las condiciones del greenwashing.

Se califican así porque se consideran promesas inverificables, que no están acompañadas de estudios científicos, que se basan en falsas soluciones o que son insignificantes en comparación con el volumen total de emisiones de las compañías. El 38% de esos reclamos (467) consisten en compromisos a futuro imposibles de corroborar, como "garantizar la recuperación de 600.000 millones de litros de agua en regiones con escasez hídrica para 2030", que era una de las promesas analizadas por los autores.

La lista está formada por todas las afirmaciones verdes realizadas por las 33 mayores empresas del mundo en lácteos y carne entre 2021 y 2024, y Danone y Nestlé están en el puesto uno y dos de las compañías que más afirmaciones han hecho con greenwashing. Aunque estas empresas son industriales –compran la leche y otros productos a los ganaderos–, las emisiones de los animales forman parte de su cadena de valor y son su responsabilidad. 

De la lista de empresas analizada, la francesa Danone es la que más compromisos ambientales ha adquirido en sus informes públicos y páginas web (106), pero prácticamente todos se catalogan como greenwashing, según este estudio. La siguiente es la suiza Nestlé, seguida de CP Group (Tailandia), Danish Crown (Dinamarca) y Hormel Foods (EEUU).

"Las empresas cárnicas y lácteas hacen muchas promesas y aportan muy pocas pruebas que las respalden. Al igual que la industria de los combustibles fósiles, que ha utilizado el greenwashing durante las últimas décadas para retrasar la adopción de medidas climáticas significativas, la industria cárnica y láctea podría estar engañando a los consumidores y a los inversores", escriben los autores, liderados por Maya Bach, del departamento de Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Miami.

La investigación se ha centrado en el sector de producción de alimentos porque representa el 16,5% de los gases de efecto invernadero, siendo uno de los más agresivos con el planeta, principalmente debido a las emisiones de metano de los rumiantes, de los gases de efecto invernadero provocados por el estiércol, por las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes y por la tala derivada de la producción de piensos.

Marina San Martín Calvo, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos, opina que estos resultados son importantes en países como España, donde la ganadería láctea y cárnica tiene un peso muy importante. "Estos datos evidencian una brecha significativa entre el discurso corporativo y la evidencia real. Sería recomendable exigir mayor transparencia y evidencia científica en las afirmaciones climáticas porque contribuirían a una transición más creíble y efectiva hacia sistemas alimentarios realmente sostenibles”, dice en un comentario publicado en la agencia Science Media Centre.

Una de las fórmulas de greenwashing más repetidas en este sector –a la que recurren 17 de las 33 empresas analizadas– es la promesa del net zero, las cero emisiones netas de CO2, generalmente para 2050. Este mensaje se encuadra dentro del llamado future-washing, basado en publicar compromisos para las próximas décadas de ayudar al planeta pero con ninguna intencionalidad real de cumplirlos.

Un informe de Foodrise, una ONG europea, se pregunta cómo Danone cumplirá su compromiso net zero en 2050 si en ningún plan de negocio recoge reducir la cabaña ganadera de la que se provee, la principal fuente de contaminación. Por ahora, la compañía francesa solo dice que para hacerlo introducirá prácticas de agricultura ecológica, soja libre de deforestación y estiércol gestionado de manera eficiente de aquí a 2030, medidas insuficientes para lograr su meta de 2050.

Tras analizar los 1.233 mensajes verdes de estas compañías, solo tres de ellos (de las empresas Fonterra, California Dairies y Perdue) estaban amparados en estudios científicos, y dos de ellos ligados a "revistas científicas estrechamente alineadas con la industria agrícolas". Solo el 29% (356 promesas) se apoyaba en algún tipo de evidencia, mientras que "más de dos tercios de las afirmaciones medioambientales carecían de pruebas, lo que dificultó evaluar su credibilidad", según los autores. 

Aunque más de 300 mensajes analizados estuvieran apoyados en información, no significa que fueran legítimos ya que la inmensa mayoría de ellos no superaron la prueba de greenwashing, basada en un test de Noémi Nemes, de la Universidad de Viena, y otros autores, creado en 2022. Solo 20 de los enunciados verdes analizados estaban libres de indicadores greenwashing, aunque el estudio aclara que no consistían en promesas, sino en argumentos genéricos, como que "en Estados Unidos, entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen nunca llegan a consumirse", uno de los mensajes que han superado el examen.

Los autores recogen en el estudio algunos de los eslóganes vacíos que se han encontrado, donde se publicitan acciones limpias que representan una parte ínfima de las emisiones de estas compañías. Como la británica ABP Group, que publicó que iba a iniciar un proyecto para "buscar maneras de implantar un modelo de producción sostenible" de carne en una granja de 100 hectáreas, sin aclarar qué medidas iba a implementar. O como el gigante francés Lactalis, que publicitó el cambio de una caldera de una de sus plantas.

"En lugar de buscar un cambio transformador, muchas empresas parecen dar prioridad a pequeñas mejoras en la eficiencia y promocionan ampliamente iniciativas a pequeña escala o piloto que apenas repercuten en la huella medioambiental global de la ganadería", se lee en el estudio.

Los investigadores también dan a entender que esta corriente de publicidad verde ha desatado en el último lustro una carrera empresarial por lanzar mensajes aparentemente ecologistas. En septiembre de 2020 solo cuatro de las 35 mayores cárnicas y lácteas del mundo tenían compromisos cero emisiones, y hoy son 17.

Todavía no consigo superar la resaca de la misión Artemis II. Y eso pese a que el entusiasmo de las televisiones, los tertulianos y la portadas de los periódicos no ha logrado despertar en mí ningún atisbo de emoción ante la supuesta epopeya espacial. En realidad, lo único que han conseguido es obsesionarme con un viejo libro budista, el Lankavatara Sutra. Compuesto entre los siglos IV y V, sus enseñanzas fueron decisivas para el nacimiento del budismo Chan en la China del siglo VIII, una corriente idealista y defensora de la iluminación interior como camino hacia la sabiduría. Esta escuela fue rebautizada en Japón como Zen, nombre que causó furor entre los profesionales del marketing New Age que, en la segunda mitad del siglo XX, se encargaron de divulgarla por Occidente.

El Lankavatara Sutra está repleto de metáforas lunares, especialmente de aquellas que nos invitan a reflexionar sobre el reflejo de la luna en el agua. Pero, sobre todo, lo que más me evoca la odisea espacial de la Artemis II es un aforismo incluido en sus páginas: “Así como los ignorantes se aferran a la punta del dedo y no a la luna, así también aquellos que se aferran a la letra, no conocen mi verdad”. La idea nos previene para no confundir la sabiduría y la verdad con las doctrinas, meras herramientas en el camino del conocimiento. Esta enseñanza (que harían bien en no olvidar algunos que se autoproclaman como la izquierda pura) inspiró un proverbio que los tecnócratas de la New Age acabaron convirtiendo en una frase recurrente de pretensiones transcendentales: “Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo”.

En la misión lunar de la NASA ha habido mucha luna. Y dedos señalándola. Pero no los dedos de sabios, aunque no falten quienes destaquen los éxitos científicos de la misión. Sin duda no pocos avances técnicos habrá. Sin embargo, en la práctica, el viaje espacial solo aspiraba a probar algunos elementos técnicos. En suma, ha sido como un ensayo de Rosalía que se nos ha presentado como el concierto del año. O un entrenamiento del Barça convertido en el acontecimiento deportivo de la temporada. Así mismo, la odisea espacial también ha servido  para enseñarnos impresionantes fotos de la cara oculta de la Luna. De hecho, parecía como si Artemis II no tuviera otro objetivo que el de presentarnos a los astronautas como unos siderales Cartier-Bresson capaces de superar con su mirada artística las frías imágenes captadas en 2019 por la sonda china Chang’e 4. 

Esas fotografías han sido cruciales para convertir la misión espacial en un espectáculo. Un espectáculo de prestidigitación gracias al truco de invertir el orden de la sentencia budista: la omnipresente imagen del astro lunar se encargaba de distraer la mirada del espectador para ocultar la ágil presencia del dedo que la señalaba. Dedo que no era del sabio sino del necio. Esta espectacularización no sorprende conociendo el perfil científico del director de la NASA, Jared Isaacman. Amigo íntimo de Elon Musk, hombre de negocios con un patrimonio estimado en unos 2.000 millones de dólares, Isaacman siempre ha estado obsesionado con el espectáculo. No en vano, los vuelos de exhibición marcaron su carrera como aviador, tanto como sus intentos –más o menos afortunados– por batir diferentes récords en nombre de supuestas causas filantrópicas. Puro espectáculo. Y siguió cultivándolo al convertirse en astronauta: su único mérito para pasar a la posteridad fue el de haberse convertido en el primer terrícola que, a bordo de uno de los cohetes de su amigo Musk, hizo una apuesta deportiva desde el espacio. La primera quiniela sideral de la historia.

Por eso no faltan motivos para ocultar el codicioso dedo de Jared Isaacman con el brillo del satélite lunar. Porque los oropeles con que han envuelto a la Artemis II no disimulan las miserias que acechan a la agencia espacial estadounidense. Por lo pronto, la administración de Donald Trump ya ha adelantado que aplicará un recorte del 23% en su presupuesto del próximo año, lo que obligará a suspender casi la mitad de sus misiones científicas. Eso sí, el programa Artemis, con su plan para volver a pisar la Luna en 2028, se salva. Pero al precio de reconvertirse de nuevo en espectáculo, en una película de carrera espacial y Guerra Fría frente a China, llena de efectos especiales y tensión a raudales. Uno de esos remakes a los que nos tiene acostumbrados Hollywood en estos tiempos sin imaginación. En cualquier caso, ni eso garantiza la viabilidad del proyecto: la NASA depende de los servicios de las compañías privadas para aterrizar en el satélite; pero ni SpaceX, de Musk; ni Blue Origin, de Jeff Bezos, están en condiciones de garantizarle que tendrán las naves que necesitan.

Así las cosas, su pugna con China amenaza con convertir a la agencia espacial norteamericana en uno de aquellos patéticos villanos, encarnados por Jack Lemmon y Peter Falk, en la carrera de los autos locos de la comedia de Blake Edwards. No es casual que mientras el vehículo de exploración espacial chino Yutu-2 descendió hace siete años sobre la superficie lunar y logró hacer germinar las semillas que transportaba, los astronautas de la NASA se han limitado ahora a acercarse a su órbita en una cápsula espacial con el retrete averiado, entre orina congelada y “misteriosos” olores. Pocos contrastes dejan más al descubierto este declive del imperio americano que tan brutal está resultando. Por eso, hasta resulta entrañable el ejercicio de melancolía que algunos comentaristas hacían estos días, coincidiendo con las arremetidas y amenazas de Trump contra el Viejuno Continente, al poner como ejemplo a la Artemis II de la fructífera colaboración entre Europa y Estados Unidos.

Y mientras los dedos necios apuntan a la Luna, el del sabio se desespera señalando la Tierra. La cara oculta de la Tierra, donde más de un millón de libaneses son desplazados por las bombas israelíes, donde decenas de palestinos siguen siendo asesinados, donde el último emperador americano sueña con ser Yhavé y nos anuncia caprichosamente el apocalipsis en Irán o el bloqueo del mundo, acompañado por un conejito de Pascua.

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José Manuel Rambla es periodista.

La señora Cayetana Álvarez de Toledo (PP) ha moderado en Madrid la presentación del libro El ecologista de derechas. Al decir de los dos economistas que lo han escrito, el cambio climático (en adelante CC) va a afectar de manera importante a España pero sus consecuencias no serán catastróficas. El hecho de que las derechas de siempre apadrinen este libro indicaría que sí, ahora sí, las evidencias científicas los han convencido: el CC está aquí y ha llegado para quedarse. Parece que los autores manifiestan que la mitigación es menos importante que la adaptación. Por eso defienden el uso de las renovables, en concreto de las furgonetas eléctricas. Además, afirman que lo que hagamos aquí no es importante. El meollo de la cuestión climática está en lo que hagan China e India. 

Hemos de anotar lo que se ha publicado de lo dicho por el expresidente don José María Aznar sobre el libro: “Contribuye a la construcción de un marco conceptual para abordar uno de los debates decisivos de nuestro tiempo, el medioambiental, desde una perspectiva de centroderecha”. El mismo que en 2008 apadrinaba la publicación del libro Planeta azul (no verde) del presidente checo Václac Klaus (un negacionista de la gravedad del calentamiento ya visible entonces), editado por FAES. Entonces criticaba a los "abanderados del apocalipsis climático" y animaba a "plantar cara a todos los enemigos de la libertad" (sic).

Debemos congratularnos de que esta percepción climática sea muy diferente a aquella que manifestaba en el año 2007 otro anterior presidente del Gobierno de España, también del PP, por cierto. Negaba la existencia del CC porque un primo suyo de Sevilla, físico y profesor de universidad para más señas, le había desmentido lo que por todo el mundo se veía claro. Hace unos años, el señor Trump reclamaba el uso del calentamiento global para mitigar los efectos de las intensas nevadas del noreste de su país, en una visita a Nueva York. 

Parece que la preocupación por el CC empieza a generalizarse. Covering Climate Now nos hace llegar la iniciativa “Proyecto del 89%”, destinada a evidenciar que existe una mayoría silenciosa global que quiere, demanda, una acción climática continua. The 89 Percent Project es básicamente una iniciativa periodística global. Se basa en que la inmensa mayoría de la población mundial —entre el 80% y el 89%, según estudios científicos recientes— exige que los gobiernos tomen medidas más contundentes contra el CC. Sin embargo, este hecho no se refleja en la cobertura informativa. En España sucede algo parecido, según el INE. 

En realidad, lo que se persigue es evitar la espiral del silencio. Se lo han propuesto periódicos de alcance global tan importantes como The Guardian, que daba a conocer, a comienzo de este año, un estudio en el que se demostraba que “los parlamentarios británicos subestiman el apoyo a las políticas medioambientales”. A pesar de conocer los retos de la energía solar y la eficiencia energética, o los impuestos a la carne y los gravámenes a los viajeros frecuentes, los políticos no lograron comprender el interés de la ciudadanía por las políticas que abordan el calentamiento global. Los políticos de allí se mostraron menos dispuestos a votar a favor de las políticas socioambientales o a defenderlas. Da la impresión de que los parlamentarios españoles “son muy británicos”.

Aun con todo, demos la bienvenida a la llegada del PP a la lucha por el clima. A ver en qué consiste la perspectiva de centroderecha.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Soledad Gallego (56 años, Albacete) fundó hace ahora tres años la división española y mediterránea de ClientEarth, una organización de abogados sin ánimo de lucro que defiende el medioambiente en juzgados en todo el planeta. Si el activismo ambiental se remonta al siglo pasado, la defensa de la naturaleza desde el punto de vista jurídico ha sido durante las últimas dos décadas una travesía en el desierto para unos pocos abogados que decidieron "elegir el otro lado", como lo llama Gallego. 

Al salir de la facultad decidió que nunca trabajaría para una empresa privada que contaminara porque ya eran demasiados los que tiraban por ese camino, así que trabajó durante 20 años en diferentes ONG, principalmente en SEO/BirdLife, hasta unirse finalmente a ClientEarth en 2019. Tras haber participado en casos con magistrados y fiscales de todo el país, tiene claro que hay un déficit de formación ambiental en la judicatura.

En la prensa hay casos todos los días de contaminación de suelos, robo de agua, vertidos tóxicos… y muchos de estos casos llevan años produciéndose. ¿Hay impunidad en España con los delitos ambientales?

Yo no creo que haya impunidad, aunque sí hay que estar muy vigilantes. Por una parte debemos debatir sobre si la sociedad civil puede acceder a la justicia para defender el medio ambiente. Y por otra, es muy importante que los jueces y los tribunales estén especializados en un área que es cada vez más compleja, y que cuenten con los medios y expertos adecuados.

En España nuestro derecho ambiental deriva del derecho europeo, que es uno de los más avanzados que hay en el planeta. Tenemos las directivas de aves, de hábitats, de restauración de la naturaleza, la directiva marco del agua… Todas ellas están traspuestas a la normativa española, y están muy bien, pero al final siempre tenemos un problema de aplicación y cumplimiento efectivo de la ley.

¿Cuáles son las barreras más evidentes que se encuentran?

Una barrera son los procedimientos judiciales, que son muy largos. Otra, que no se aplican medidas cautelares, y si los proyectos que son muy dañinos para la naturaleza no se paran desde el principio, por mucho que ganes el juicio, como en el caso de la urbanización de Valdecañas, el daño ya está hecho. O bien no hay acceso a abogados especializados. O los costes son excesivos, porque no olvidemos que mucha gente implicada en estos casos es voluntaria y está poniendo su dinero personal para pelear por el bien colectivo. 

¿Por qué se decidió por el derecho ambiental?

Cuando estudié Derecho, el derecho ambiental ni existía, pese a que estaba presente en todo lo que nos rodeaba. En cualquier contrato de obra pública, por ejemplo. Vi que había muchos abogados trabajando en proyectos que dañaban el medioambiente, pero que había muy pocos en el otro lado para protegerlo, así que empecé trabajando en ONG y puntualmente con algún gobierno, pero me prometí no trabajar con ninguna empresa que contaminara o dañara el medio ambiente.

¿Y cómo está la profesión hoy en día?

Cada vez hay más abogados que siguen esta línea. Muchos de los que llegan a ClientEarth trabajan en despachos corporativos típicos, pero deciden que quieren trabajar de otra manera. Es una decisión personal y es cierto que económicamente se gana más en el sector privado, pero la parte vocacional es tan importante que compensa.

Usted ha trabajado con ONG y ahora colabora con ellas, ¿cuál es la relación entre activistas y abogados?

El derecho ambiental empodera a las ONG, nos necesitamos mutuamente. Ellas conocen los problemas sobre el terreno y saben lanzar el mensaje social, pero es importante que haya expertos jurídicos para llevar a cabo las campañas. Proteger el medioambiente tiene que ser también un trabajo profesional, con los medios adecuados, porque lo que tenemos enfrente es un desafío enorme. Hay mucho trabajo voluntario que es importante, pero nosotros creemos que tiene que estar profesionalizado.

¿Cómo ve a la nueva generación de juristas? ¿Hay interés por el medioambiente?

El derecho ambiental está ahora muy al día en las facultades. Hay universidades con ramas específicas e incluso un Centro de Estudios de Derecho Ambiental en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, una referencia en este mundo. Es cierto que cuando no saben bien a dónde dirigirse, empiezan en el sector privado y luego saltan aquí, pero ya vemos abogados y abogadas jóvenes que quieren dedicarse a ello directamente porque están muy concienciados.

¿Y cómo ve los estamentos más altos? ¿Los jueces y fiscales de España están bien formados en medioambiente?

Hay jueces y fiscales que están especializados porque han ido llevando bastantes temas relacionados con agua o con contaminación. Por ejemplo, trabajamos en un caso de Galicia, el embalse de As Conchas, donde los jueces ligaron perfectamente la contaminación con la vulneración de los derechos humanos. Sobre todo es importante que conozcan el derecho europeo porque normalmente los incumplimientos son de la normativa europea. 

Luego hay otros jueces a los que les cuesta más adaptarse o que desconocen más la materia, porque es realmente compleja. Pero también es cierto que nosotros lo que intentamos siempre es abrir nuevas líneas jurídicas, que haya debate. Porque a lo mejor la primera vez no funciona, pero el juez va tomando contacto con la información, con el sistema legal, con las normas… y poco a poco va aprendiendo más del tema, hasta que llega a tomar decisiones más fundamentadas. Lo que es muy importante, igual que pasa en otros países, es que los jueces se formen y se especialicen con algún tipo de curso.

¿Y los fiscales? Al final son ellos los que tienen que levantar la liebre en muchos casos.

La Fiscalía entra en los casos penales. En los administrativos no intervienen de manera general, solo en algunos relacionados con la ley de responsabilidad medioambiental. Hay fiscales especializados en medioambiente, como Antonio Vercher, que acaba de fallecer, e hizo un trabajo pionero como primer fiscal coordinador de sala de Medioambiente y Urbanismo. Y luego en cada Tribunal Superior de Justicia hay un fiscal también especializado. Lo que pasa es que hacen falta más porque hay tantos casos, tanto trabajo… Y es esencial que cuenten con los medios y apoyo de expertos que necesiten.

¿Han trabajado en algún caso reciente donde hayan visto todos estos problemas?

Nos han dado la razón en un caso de Galicia, en el embalse de As Conchas, donde había vecinos viviendo junto a un agua contaminada; no podían ya casi ni respirar, y estaba a punto de derivar en un problema de salud pública. Alegamos vulneración de derecho fundamental a la vida, que es una norma fundamental en España, pero para demostrarlo hemos necesitado a investigadores del CSIC, a abogados de España y de otros países… Ha sido un trabajo enorme.

Parece increíble que haga falta movilizar tantos recursos para un incumplimiento tan obvio. Cuántos casos como este quedarán sin resolver porque no cuentan con equipos así.

Pues sí, lo bueno es que como la sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, puede usarse como precedente para casos similares en otros sitios. Como no podemos llegar a todos los sitios, al menos intentamos también trabajar para legislar y evitar que ocurran en el futuro, como en las negociaciones de Bruselas sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza o el Reglamento de Deforestación Importada.

¿Y cómo es el derecho ambiental desde el otro lado? ¿Las empresas tienen buenos abogados para encontrar agujeros legales?

Bueno, por supuesto. Para defender los intereses de una empresa o un sector en medioambiente hace falta gente especializada, y hay lobbies muy fuertes en Bruselas y en los países, tanto para elaborar la legislación como para aplicarla. Al final, como abogado llega un momento en el que tú decides si quieres defender los intereses privados de una empresa o de un sector, los intereses colectivos. Y probablemente también sean muy buenos abogados ambientales. Dependiendo de para quién trabajes estás en un lado o en el otro.

Cuando trabajó en litigios ambientales europeos, ¿vio una diferencia entre las capacidades de los juristas españoles y los de otros países? ¿Hay una mejor preparación en lugares como Bruselas?

Sí, hay países como China que tienen jueces y fiscales especializados en medioambiente y les forman para ello. Y ocurre también en otros países. Eso hace falta en España, aunque aquí tenemos también cosas buenas. Por ejemplo, en derecho de aguas, aquí puedes recurrir un Plan Hidrológico de cuenca y muchas otras normativas relacionadas con la Directiva Marco del Agua, y eso no se puede hacer en Polonia o en Alemania. Otra cosa es cuando llegas al tribunal con términos como “caudal ecológico”,"conectividad de ríos”... que son auténticas tesis doctorales que hay que explicar al juez.

El regulador del sector eléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha publicado este viernes una lista de seis compañías eléctricas que van a ser investigadas por su posible implicación en el apagón del 28 de abril del año pasado. Los funcionarios consideran que estas empresas presuntamente fallaron a la hora de cumplir sus obligaciones de controlar y estabilizar la red eléctrica, y la suma de esos errores contribuyó a que aquella mañana se produjese un cero eléctrico en España y Portugal que duró 16 horas.

Las energéticas señaladas son, ordenadas por número de procedimientos incoados: Iberdrola (7), Endesa (7), Naturgy (5), Red Eléctrica (1), Repsol (1) y Bahía Bizkaia Electricidad (1). Dos de los expedientes atribuidos a Endesa e Iberdrola corresponden a una investigación específica sobre las centrales nuclear de Ascó y Vandellós II, en Tarragona.

De esta manera, el regulador pone el ojo sobre las principales compañías energéticas del país, siendo Iberdrola la mayor comercializadora de España, seguida de Endesa, Naturgy y Repsol. En el caso de Red Eléctrica (REE) se trata del operador del sistema.

Salvo Red Eléctrica, a todas las empresas se las acusa "presuntamente" de saltarse el artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico, mientras que al operador se le investiga por incumplir presuntamente el artículo 64.25. La infracción del artículo 65.8 se considera "grave" según esa normativa, mientras que la 64.25 se tipifica como "muy grave".

Según esa normativa, una infracción muy grave se pena con multas de entre 6.000.000 y 60.000.000 euros, mientras que una grave se penaliza con entre 600.000 y 6.000.000 de euros. En ambos casos, la ley recoge también la posibilidad de "inhabilitación de actividades del sector eléctrico", "suspensión de las autorizaciones" o "pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones" durante un periodo de hasta un año (en el caso de infracciones graves) o tres años (muy graves),

"La CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas", ha publicado el regulador, aunque añade que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial". Tampoco garantiza que estas investigaciones resulten en una acusación concreta a estas compañías.

El artículo 65.8, que presuntamente se han saltado cinco de las seis señaladas, es una versión atenuada de otros tres artículos "muy graves" de la ley del sector eléctrico, que se resumen en que las empresas desconectaron sus instalaciones o no cumplieron con los criterios técnicos necesarios. Cuando esos fallos "no concurran las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente" pasarán de juzgarse como "muy graves" a "graves", de manera que se sobreentiende que la CNMC no considera que estas compañías, por sí mismas, pusieron en riesgo la garantía del abastecimiento eléctrico aquel día.

En el caso del artículo 64.25, que presuntamente incumplió Red Eléctrica, supone a su vez fallar en cuatro puntos del artículo 30 de esa ley, la que recoge las obligaciones del operador del sistema. Esos cuatro apartados, resumidos, explican que REE debe "programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica (...) de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad", así como "proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada".

Tanto la investigación oficial del Ministerio de Transición Ecológica como la llevada a cabo por los expertos independientes europeos concluyeron que docenas de instalaciones eléctricas de generación dejaron de operar correctamente en los instantes previos al apagón. Primero, dos plantas del suroeste de España fallaron, dando lugar a fuertes oscilaciones de frecuencia y tensión en la red. El operador de la red, Red Eléctrica, puso entonces en marcha diversas medidas para paliar esos desajustes, que a su vez provocaron un incremento de la tensión progresivo que terminó tirando la red.

Pero no fueron las únicas. A medida que subió la tensión, se comenzaron a desconectar por seguridad plantas solares y eólicas de todo el país, pero lo hicieron cuando los niveles de esta se situaban todavía por debajo de lo que la normativa obliga a soportar. Esta situación  agravó el problema aún más porque se generó un efecto dominó: aumentó aún más la tensión y provocó que otras plantas se desconectasen.

En concreto, la red de transporte tiene una tensión media de 400 kV, pero todos los que se conectan a ella deben soportar picos de hasta 435 kV. Según el estudio de los investigadores europeos, publicado en marzo, de las 19 subestaciones eléctricas –los nudos a los que se conectan los generadores de una zona– que se estudiaron, solo seis se apagaron dentro del rango legal, nueve incumplieron y del resto no se hallaron datos concluyentes.

Las plantas renovables no son las únicas que fallaron ese día. Las plantas térmicas –principalmente las centrales de gas natural– tenían la obligación de controlar la tensión de la red, pero "algunas" de ellas, según el informe europeo, fallaron a la hora de hacerlo, incumpliendo los procesos de operación de Red Eléctrica y contribuyendo al apagón. Esas instalaciones reciben una remuneración millonaria por ese trabajo, que en 2025 ascendió a 1.200 millones de euros–.

La lista de eléctricas investigadas por la CNMC se ha publicado en la tarde del viernes, si bien el regulador ya anunció por la mañana que iniciaba estas investigaciones. La razón para no publicar hasta las 18:00 horas es que debían esperar a que cerrase el Ibex-35, donde cotizan algunas de estas compañías. Una medida tomada para evitar un impacto directo en su valor bursátil.

Desde el pasado 1 de abril, la Xunta permite de nuevo la pesca de la anguila en las rías de Arousa y Vigo pese al progresivo deterioro de esa especie en los ríos gallegos, al igual que ocurre con la lamprea o el salmón, que también deja capturar. Ese mismo día, el 1 de abril, el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, firmaba una respuesta oficial en la que advertía de que “no hay indicios de recuperación de la anguila” y que “es necesaria una mayor ambición para hacer frente a la mortalidad debida al medio ambiente y, al mismo tiempo, seguir adoptando medidas en materia de pesca”.

Sin embargo, el Gobierno gallego, pese a admitir su “declive”, viene rechazando elevar la protección de la especie. El año pasado se pescaron 37.000 kilos en Galicia.

Este año la anguila puede capturarse durante medio año, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, en las rías de Arousa y Vigo, y entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en la de Ferrol. Con todo, el comisario de Pesca, a preguntas del eurodiputado socialista César Luena, acaba de insistir, en una respuesta al Parlamento firmada ese mismo 1 de abril, en que la anguila está “en peligro crítico”. Así lo declaró la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La respuesta del comisario señala que “la conservación y la gestión de la anguila europea, una especie en peligro crítico, deben basarse en consideraciones en materia de pesca y medio ambiente para abordar la mortalidad provocada por el ser humano”. Según dice, sin identificar zonas geográficas, los planes de gestión de la especie “no se cumplieron en su mayoría” y “no hay indicios de recuperación de la anguila”. Por eso pide a los Estados que mejoren la protección de la anguila y revisen sus planes de gestión.

El comisario europeo de Pesca añade que “algunos Estados miembros adoptaron medidas más estrictas mediante la inclusión de la anguila europea en la lista de especies estrictamente protegidas o la prohibición de la pesca de la anguila durante todo el año”.

Eso es lo que quiere hacer el Gobierno de España, pero varias comunidades, entre ellas Galicia, lo rechazan. Hace dos meses la Xunta se jactó de “frenar” la intención del Estado de prohibir la pesca de la anguila al tiempo que subrayaba que el año pasado se pescaron 37.371 kilos. Según el Gobierno gallego, supusieron un volumen de negocio “próximo a los 800.000 euros” para 93 barcos, de los que no detalla si pescan también otras especies ni el porcentaje de negocio que supuso la anguila en relación con otras capturas.

La respuesta del comisario no solo pone el foco en la pesca, sino también en el deterioro ambiental como causa del declive de la especie. Un “declive” que admite la Consellería do Mar, pero para decir que “no está vinculado al tipo de captura, sino a causas estructurales ampliamente documentadas por la comunidad científica”. Causas que no cita, pero que podrían ser los embalses, la contaminación o el cambio climático.

Sin embargo, cuando se le pregunta por sus actuaciones para frenar el deterioro en los ríos gallegos de especies migratorias como la anguila, la lamprea o el salmón, la Consellería de Medio Ambiente, en respuesta a Praza.gal, se limita a hablar de cuotas de captura decrecientes en lugar de otras iniciativas de mejora ambiental. Esto es, al tiempo que el departamento con competencias en pesca dice que la pesca no es la única causa del declive de la anguila sino también otros problemas ambientales, el departamento con competencias en medio ambiente pone el foco solo en la pesca justificando que las cuotas de capturas son cada vez menores.

Mientras, cocineros y entidades ecologistas piden más protección en los ríos gallegos no solo para la anguila —para la que Adega insiste en pedir una veda total y su catalogación como especie en peligro crítico de extinción—, sino también para la lamprea y el salmón.

Los cambios de paradigma a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán son cada día más tangibles. Muchos Estados europeos, entre ellos España, se han lanzado a los despachos para crear y modificar nuevas relaciones comerciales internacionales que les permitan asegurarse su ración de hidrocarburos y minerales críticos.

África es el lugar elegido para desarrollar estos ejercicios extractivistas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmaba recientemente que el Gobierno ha multiplicado sus contactos bilaterales y consultas políticas con el continente vecino para así "consolidar una asociación duradera". 

A raíz de estos movimientos, el escritor y experto en relaciones internacionales Sani Ladan comenta con infoLibre que "el paradigma está cambiando, pero no necesariamente hacia algo más justo para África, si no hacia algo mucho más competitivo y mucho más violento".

Estos movimientos se enmarcan dentro de la Estrategia España-África 2025-2028, un plan de negocios bajo el que se han creado numerosos organismos, como la Comisión Interministerial para África (CIMA) o el Consejo Asesor España-África, entre otros. 

La Unión Europea tampoco se ha quedado atrás. Su programa Global Gateway , al cual se destinan más de 300.000 millones de euros, está desarrollando, entre sus proyectos, corredores estratégicos, una red de transporte de materias primas que conecta entre sí a diferentes países a lo largo del continente africano y, por supuesto, con Europa.

"Lo que estamos viendo no es el fin del extractivismo, sino una forma actualizada de esos nuevos imperialismos", afirma Ladan. "Muchas veces se habla de una cooperación, de que vamos a ayudar, pero es importante que la sociedad entienda que los Estados no tienen amigos, tienen intereses".

Tras la colonización de muchos países africanos por Estados europeos, sus economías y estructuras de poder quedaron profundamente desestabilizadas. Las independencias, ocurridas en su mayoría a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, fueron duramente castigadas por los países colonizadores, que compraron a sus élites para así perpetuar estos roles de poder.

El doctor en Ciencias Históricas, Dagauh Komenan, también ha hablado con infoLibre sobre este asunto: "Existen mecanismos internacionales que obligan a estos países a seguir manteniendo una relación con la metrópolis", asegura el experto. "En muchos casos, cada vez que un país africano ha intentado diversificar de verdad sus socios comerciales se han producido conflictos, golpes de Estado y disturbios a nivel interno".

Un ejemplo explícito de este intervencionismo militar es el de Francia. El país europeo ha realizado más de 50 intervenciones directas dentro del continente africano para apoyar rebeliones armadas y fomentar cambios de gobierno en distintos países, como en Senegal, Chad o Gabón. "Los medios occidentales intentan mostrar a los dirigentes que miran por el beneficio de la población como los peores que existen. Es una lucha para ver quién controla la narrativa en ese sentido", añade Ladan.

Los intereses de España se concentran en la búsqueda de energía y en el control de la "inseguridad", es decir, del flujo migratorio.

Atendiendo esta primera parte, y en la carrera por conseguir suministros tras el cierre del Estrecho de Ormuz, Albares retomaba la relación diplomática con Argelia, el mayor proveedor de gas del país, en una visita oficial a finales de marzo. 

La compraventa energética entre ambos Estados se había suspendido en 2022 tras el apoyo de España al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que impedía una libre autodeterminación del territorio. El ministro asegura que el asunto ha sido mencionado un par de veces en las conversaciones, pero "sin profundizar", lo que reafirma su posición junto a su también socio estratégico: Marruecos.

Rabat es, junto a otros países africanos, colaborador en materia de este "control migratorio", y a tal efecto se le entregan materiales antidisturbios. Algo que también sucede con Mauritania, un país donde el Gobierno abrió dos cárceles para migrantes que incluyen la detención de bebés en edad lactante, algo que la legislación española imposibilita. Según la Fundación porCausa, en una investigación que publicó en 2025, estas instalaciones fueron desarrolladas por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una organización autodenominada como "de cooperación" y dependiente del Gobierno.

Ladan contrapone estas medidas con el reciente anuncio de una regularización de más de medio millón de personas migrantes, y asegura que ese proceso "no es mérito del Gobierno, sino de la sociedad civil y de los colectivos de migrantes que han estado durante mucho tiempo luchando". El experto en geopolítica asegura que el del PSOE "es el mismo Gobierno de la masacre de Melilla y es el mismo que mantiene a un ministro como Marlaska en el Ministerio del Interior".

Las políticas imperialistas y los negocios energéticos en África han convertido al continente en una de las regiones del mundo más castigadas por el cambio climático. Mientras en Europa y España se promueve la transición ecológica, los materiales necesarios para sostenerla se extraen sin respetar el medio ni los derechos de quienes los obtienen. 

"Europa reduce su huella de carbono interna mientras externaliza parte del impacto ambiental a otros territorios", reflexiona Ladan. "Aquí te dicen que necesitan un coche eléctrico para proteger el medio ambiente, pero al mismo tiempo un niño de nueve años tiene que trabajar en una mina de litio en el Congo para que tú puedas tener el coche eléctrico con baterías de litio".

La extracción de estos minerales críticos implica un impacto directo en el continente a través de la contaminación del agua y, por consiguiente, de la degradación de sus suelos, lo que genera que las poblaciones locales se vean forzadas a desplazarse. Esta problemática alrededor de la minería también puede alimentar conflictos preexistentes, como ocurre en la República Democrática del Congo y en Ruanda.

Como respuesta a las consecuencias del cambio climático, Occidente ofrece a África una serie de préstamos para mitigar estos efectos: "Se debería plantear como una reparación a estos países, pero en lugar de eso es un préstamo que tienen que devolver con intereses", asegura Komenan.

Estoy seguro de que muchos de los que decidan leer este artículo conocen la inmortal obra de J.D. Salinger El guardián entre el centeno. El protagonista se imagina que es una persona que agarra o sujeta a los niños que alocados caminan sin darse cuenta de que están al borde del precipicio. A mí los niños alocados me recuerdan a los negacionistas del cambio climático producido por los ataques suicidas al medioambiente. Actúan irracionalmente, como niños caprichosos que se niegan a reconocer una realidad irrefutable que solo pueden negar personas fanáticas o irracionales que desprecian las evidencias científicas. En el fondo, todos sabemos que no son niños jugando en un campo de centeno, sino guardianes, incluso violentos, de unas estructuras productivas que sacrifican todo al lucro y la avaricia. 

La inmensa mayoría de la humanidad ha tomado conciencia del grave riesgo que supone el desprecio a las advertencias de los científicos y de las personas que, como mi entrañable amigo y compañero Toni Vercher, lamentablemente fallecido hace unos días, han luchado desde su magisterio ejercido en la Fiscalía Especial del medioambiente y sus conocimientos científicos para crear una conciencia impulsada por los académicos, cuerpos y fuerzas de seguridad, instituciones políticas e incluso con la valiosa aportación de la Iglesia católica en la Carta Encíclica del Papa Francisco Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. No me resisto a reproducir un pasaje: "La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Nada de este mundo nos resulta indiferente".

El dominio del inglés permitió a Vercher transmitir sus conocimientos a la comunidad internacional y, a pesar de haberse jubilado recientemente, conservaba su condición de miembro del grupo de Fiscales europeos sobre medioambiente. He tenido la suerte de compartir con él numerosos encuentros y seminarios, y me consta que lo que más le satisfacía era inculcar su pasión por la naturaleza a los funcionarios de los organismos oficiales relacionados con la protección del medio ambiente. Sus enseñanzas fructificaron en la creación de una unidad de élite de la Guardia Civil (el SEPRONA) que ha servido de ejemplo a otros países. Hemos compartido muchas sesiones con los agentes y bomberos forestales, y en sus numerosas intervenciones públicas transmitía, con argumentos sólidos y convincentes, la necesidad de inculcar el respeto por la naturaleza y la obligatoriedad de incluirlo en los planes de enseñanza.

Nuestras vidas se cruzaron, por azares del destino, en torno a asuntos judiciales relacionados con el medioambiente. En un momento determinado de mi ejercicio como magistrado del Tribunal Supremo cayó en mis manos la que iba a ser la primera sentencia sobre un delito medioambiental. Se trataba de una emisión de lluvia ácida que arrasó hectáreas de bosque por la quema de carbón en una central generadora de energía eléctrica. Tuve el honor de ser el padrino de su toma de posesión como Fiscal del Tribunal Supremo. Charlábamos con frecuencia por teléfono o aprovechando los ratos libres para tomar café.

Su brillantísimo currículo académico (Cambridge, Harvard y otros muchos) y sus reconocimientos internacionales, como el nombramiento como presidente del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE) –creado en el marco del Consejo de Europa, un cargo que le permitió colaborar en el desarrollo de instrumentos políticos y judiciales comunes, relacionados con el funcionamiento y las actividades profesionales de los fiscales–, nunca le endiosaron ni le hicieron perder su cercanía y su amor a la Tierra. Pensaba dedicar parte del tiempo libre que le proporcionaba la jubilación a cultivar con sus manos un pequeño huerto cercano al pueblo valenciano que le vio nacer, Tavernes de la Valldigna. Por supuesto, nunca pensó en abandonar su gran pasión por la defensa de la Tierra, a la que vemos empequeñecida y en cierto modo indefensa desde las naves espaciales.

Escribió varios libros sobre la utilidad del derecho penal para frenar las agresiones al medio ambiente: Delincuencia urbanística y Tropiezos éticos y prácticos en la protección penal del medio ambiente, entre otros. En este último título pone de relieve una cuestión en la que coincidimos la mayoría de quienes nos hemos dedicado al estudio del derecho penal. Sus efectos disuasorios son escasos y paliativos. Es más eficaz el derecho administrativo sancionador aplicado a las industrias contaminantes y, por otro lado, la prohibición de realizar actividades industriales o urbanísticas sin el estudio previo del impacto ambiental. Es decir, no es suficiente un buen derecho penal, es necesario algo mejor que el derecho penal.

La vorágine extractiva que hiere, en el literal sentido, la Tierra Madre (la Pachamama, según el pueblo indígena de la Amazonia) la ejercen potentes y desalmadas corporaciones que solo buscan el enriquecimiento a costa del daño al ser humano y al medioambiente. Su prepotencia no las detiene ante los derechos de los demás. No dudan en asesinar a los defensores de la Tierra (Berta Cáceres) y por supuesto pueden influir en los legisladores para evitar los obstáculos reguladores o apartar a jueces y fiscales que pretenden poner coto a sus desmanes. Como dijo Mahatma Gandhi: "En la Tierra hay bienes suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no los suficientes para satisfacer la avaricia de algunos”.

Antonio Vercher, querido amigo, donde quiera que estés, ten la seguridad de que la Tierra te estará agradecida. Tus enseñanzas y tu ejemplo permanecen en tu obra. Luigi Ferrajoli, al que hemos propuesto para el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, y en menor medida mi persona estamos trabajando para que la humanidad reclame y respete una Constitución sobre la Tierra. No la oímos, pero la Madre Tierra nos está pidiendo a gritos que nos movilicemos antes de que sea tarde.

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José Antonio Martín Pallín ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

El 96% de los entornos escolares de los núcleos urbanos en España supera los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un análisis llevado a cabo por Ecologistas en Acción en 66 localidades de diez comunidades autónomas.

Tras analizar el entorno de 412 centros educativos, solo 17 de ellos estaban por debajo del máximo aconsejado por la OMS, que sitúa el límite en los 10 microgramos por metro cúbico.

Este baremo no coincide exactamente con el que marca la nueva Directiva de Calidad del Aire, aplicable ya pero que será obligatoria desde enero de 2030 y que tiene como referencia los 20 microgramos. Según este criterio, el 60% de los centros (249) incumple la normativa.

Ocho de las 412 escuelas analizadas, el 2%, están incluso por encima de los 40 µg/m3, el límite legal vigente desde 2010, ha explicado en la presentación del estudio Paco García del Olmo, coordinador de la campaña de ciencia ciudadana de la organización.

Los resultados, "muy alarmantes" según Ecologistas en Acción, son fruto del análisis realizado en los principales entornos urbanos de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Baleares, La Rioja, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Un dato que la organización considera también preocupante es el de la mala calidad del aire en el interior de los centros escolares: por primera vez se han analizado las mediciones hechas en los patios, los pasillos o las aulas dentro de 34 colegios y el 80% presentó valores superiores a las recomendaciones de la OMS.

García del Olmo ha atribuido este factor a la contaminación de fondo en las ciudades.

"Es tanta, que hay unos límites por debajo de los cuales no se puede bajar. Si en la puerta de una escuela tenemos 30 microgramos, es muy fácil que en el aula haya 15", ha indicado.

Los pediatras Anna Knorr y Ferrán Campillo han explicado que en el caso de los niños cualquier nivel de NO2 es preocupante. Los pequeños, han advertido, sufren más efectos irritantes en las vías respiratorias debido a los porcentajes encontrados.

Esta es la quinta campaña para la medición de NO2 que hace Ecologistas en Acción en entornos escolares, con un total de 985 escuelas analizadas en cerca de 100 núcleos urbanos.

Los resultados agregados de esos cinco periodos hablan de que el 98% de los entornos escolares supera la recomendación de la OMS.

A lo largo de las cinco campañas se han observado "muy pocas mejoras a nivel global" y una constante: por donde pasan más coches, los niveles son más altos. Una calle peatonalizada siempre presenta mejores valores que otra que no lo está.

Ecologistas en Acción ha subrayado que "la contaminación no baja de un día para otro" y que falta poco tiempo para 2030, cuando será obligatorio estar por debajo de los 20 microgramos.

La implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades "no implica una bajada inmediata del NO2", ha indicado García de Olmo.

"Va todo tarde. Las medidas que se ponen en marcha incluyen tantas excepciones, son tan lentas, que no vemos grandes mejoras", ha añadido.

No obstante, la organización ecologista considera que "hay medidas eficaces" para preservar la salud infantil y conseguir entornos educativos saludables y seguros.

Rubén Soussé, de Ecologistes en Acciò Catalunya, ha detallado algunas propuestas para reducir la contaminación en las vías perimetrales de los centros escolares, como restringir el tráfico motorizado en su entorno, limitar la velocidad de circulación a 20 km/h, crear caminos escolares y carriles bici practicables y seguros para las familias y priorizar el transporte público, compartido, en bicicleta y peatonal.

Otras medidas que recomienda la organización pasan por eliminar los aparcamientos dentro de los centros escolares y limitarlos en las calles de alrededor y por penalizar la doble fila en la puerta de las escuelas.

Por el puerto de Barcelona, algo no encaja.

Una calma que no es del todo calma. Como si debajo hubiera movimiento, pero aún no tocara enseñarlo.

Entonces lo ve.

A cierta distancia, uno de los barcos insignia de Greenpeace. Enorme, pero discreto. Casi escondido. Como si supiera que todavía no le toca estar.

Se acerca. Es una mujer. Está viendo, en tamaño real, una parte de su propia vida. Treinta años de una ayuda pequeña, casi invisible, de pronto materializada en acero y mástiles.

Piensa: ellos ponen el green. Y también el peace. Y eso no es poca cosa.

Más tarde, alguien le dice:

—Ahora vamos a zarpar con la parte peace.

No le explica mucho más. Tampoco hace falta.

Hay una escalera con un cordón y un cartel: “solo para miembros de Greenpeace”.

Se queda un segundo quieta. Luego piensa: treinta años pagando cuotas... igual algo de esto también es mío.

Y cruza.

Arriba la recibe un chico coreano, sonrisa impecable, inglés justito.

—Pasa, pasa.

La deja en un despacho. Se hace la ilusión de que es el del capitán. Fotos de mares, de hielo, de animales. Todo lo que ese barco intenta proteger, colgado en las paredes.

Se queda en silencio un momento. Le gusta. Ese silencio que dice bastante de lo que admira de todo esto, sin necesidad de explicarlo.

Entra el responsable:

—Hola. ¿Qué necesitas?

A la timidez la supera su afán por saber. Quiere información sobre la próxima misión. Y sobre la flotilla que está a punto de salir.

El responsable le dice que van a acompañar a la flotilla desde fuera, dando apoyo y preparados por si hiciera falta.

Ella le dice que es socia desde hace casi treinta años. Él se lo agradece. Como si fuera importante.

Se queda pensando en ese gesto. Gente que dedica su vida a algo enorme... y aun así te dan las gracias a ti.

—Mañana hacemos puertas abiertas —le dice—. Si quieres venir.

Y viene.

Hoy ya no hay silencio. Hay gente. Curiosos, sensibles, despistados. Y gente de la organización que se mueve con eficacia tranquila.

Le preguntan el nombre. Comprueban que es socia. Le dan una pegatina especial. Pequeños rituales que te hacen sentir útil, y un poco menos minúsculo ante lo que representan.

Entonces pregunta:

—¿Por qué no tenéis la bandera palestina en los mástiles?

Dicen que no saben. Que creen que no tienen.

—Yo tengo una —dice—. Y no es de Amazon. Está hecha por palestinos.

Eso cambia algo. Se nota.

Llaman al responsable.

Vuelve a aparecer, el mismo del día anterior, con una sonrisa aún más amplia. Le explican que quiere donar la bandera. Él escucha, asiente.

Explica que probablemente la llevarán, pero no en un mástil. Mejor no provocar más de la cuenta.

—Piensa que es lo que más les cabrea.

Entonces, sin pensarlo demasiado, suelta:

—No pasará nada. Esa bandera tiene un escudo protector.

Lo dice así. Como si fuera lo más normal del mundo.

El responsable no se ríe. No lo cuestiona.

—Entonces nos la llevamos.

Cuando baja por la escalera, tres mujeres la están esperando.

Una le dice a otra:

—Cuéntale lo de la bandera, la que lleva el escudo protector.

Repite la historia, reconfirmando algo que ni sabe de dónde le salió. Tal cual.

La otra escucha, seria. Como si tomara nota.

—Tráela mañana. La recibirá nuestra directora.

Entiende que ha calado. La importancia de la bandera. Y de su escudo.

Al día siguiente vuelve.

No hay misterio ya. Ni silencio. Solo gente trabajando, preparándose para la misión. Con la emoción de lo que representa y la incertidumbre de lo que pueda ocurrir.

La directora sale a recibir la bandera. Transmite esa seguridad serena de quien tiene claro su lugar

y su motivo. Sin gesto heroico, sin necesidad de imponerse.

La miran, como queriendo creerlo, comprobando que sí, que es esa. La del escudo.

Alguien saca un rotulador. No estaba previsto, pero de pronto parece lógico. La firman. Como una manera de dejar constancia. De decir: esta es la bandera, la que vale.

Queda el acuerdo de que la recogerá a la vuelta. Será señal de que han regresado y de que todo ha salido bien.

En realidad nunca dependió de ella. Ni de su escudo, ni de sus teorías improvisadas. Ahora se impone la cruda realidad.

Solo queda seguirle. Como si fuera una especie de corresponsal silenciosa.

Sufrir con esperanza y desear que todos —ellos, el buque de Greenpeace y la flotilla— lleguen a buen puerto.

—Así empiezan algunas historias —piensa—, una leyenda.

De las buenas, con un final feliz.

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Teresa Peyrí Cortés es fotógrafa y gestora de proyectos culturales y audiovisuales.

Cientos de ganaderos dedicados a la leche denuncian desde hace dos semanas una bajada brutal de los precios a los que les compran el producto las grandes marcas de leche. Un porcentaje importante del sector, que algunos cifran en alrededor del 40% de los profesionales, tenían que negociar en marzo un nuevo precio al que vender durante el siguiente trimestre, y se encontraron con propuestas hasta un 20% inferiores respecto al periodo anterior. El sector primario denuncia que no puede rechazar las malas ofertas porque la alternativa es tirar la leche, mientras que la industria contesta que han tenido que ajustar precios porque en España se estaba pagando el litro muy por encima del resto de Europa.

Según Charo Arredondo, responsable de lácteos en la organización agraria COAG, el golpe ha sido sobrevenido porque, en algunos casos, la propuesta ha llegado con menos de una semana de margen antes del vencimiento del contrato de marzo. Sabían que el mercado europeo llevaba meses de precios a la baja y que terminarían llegando a España, pero que no esperaban recibir ofertas que rebajaban entre 5 y 10 céntimos el acuerdo anterior con solo unos días para aceptarlas o rechazarlas.

"No tenemos alternativa porque el producto es perecedero. Un grupo de productores de aquí de Cantabria se negó a ceder, y terminaron haciéndolo a las 23.55 horas del 31 de marzo porque habrían tenido que deshacerse de la producción. Y la industria no cedió en ningún momento porque sabían que tenían todo el poder para negociar", dice la portavoz, que también es ganadera. Sobre el precio de la leche en el supermercado, Arredondo explica que no han notado cambios en las últimas semanas, ni hacia arriba ni hacia abajo, pese a que ahora ellos venden más barato.

Entre las marcas citadas por los profesionales afectados están todas las grandes que se pueden encontrar en el supermercado: Central Lechera Asturiana, Pascual, Lactalis (RAM, Lauki, Puleva) o Celta, entre otras. Estas empresas compran la materia prima a pequeños, medianos y grandes ganaderos, a veces agrupados en cooperativas, y después de tratarla y envasarla con su marca, la ofrecen a las grandes superficies, que también realizan una enorme presión hacia los eslabones inferiores de la cadena para mantener el precio a raya (con el litro de leche siempre a entre 0,90 euros y 1,30 euros) y no espantar al consumidor. 

En la base de esa pirámide, el producto se vende a aproximadamente 0,50 euros el litro de leche, con unos céntimos arriba o abajo en función de la producción interna y del mercado internacional. En este caso, en el mes de febrero –el último dato del Ministerio de Agricultura y antes de las nuevas ofertas que han desatado la polémica– la leche se pagó al ganadero de media a 0,54 céntimos/litro en España. 

Los recortes en las ofertas de abril varían por comunidad autónoma y por marca, pero van desde los 2 o 3 céntimos/litro en País Vasco hasta los 7 céntimos, o incluso 10 céntimos, en Galicia, según José Ramón González, responsable de Ganadería en la organización agrícola UPA. De las grandes regiones productoras españolas, Asturias es en la que más justas habrían sido esas negociaciones, añade González. Estos datos de precios no son oficiales porque no quedan registrados en ningún sitio –debido a que son acuerdos privados entre empresas y particulares– pero es una horquilla que coincide con la que maneja COAG. Esas bajadas suponen reducir de un mes a otro entre un 5% y un 20% los ingresos de un ganadero de leche. 

La industria lechera contesta que esta situación tenía que llegar tarde o temprano porque desde el verano pasado hay un exceso de leche en todo el mundo que ha hundido los precios del litro. Grandes productores como Alemania, Francia o Países Bajos recortaron el precio de la leche pagada al productor entre un 8% y un 29% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según datos de la Comisión Europea, mientras que España lo incrementó un 8%, la mayor subida de toda la Unión Europea. Además del mayor incremento, España también tenía en febrero la leche más cara en origen del continente: 8 céntimos por encima de la media de la UE.

Luis Calabozo,director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), explica que esa diferencia de precios radica principalmente en el sistema español de negociación de ventas. Mientras que en el centro de Europa es común cerrar un precio nuevo de la leche cada mes, en España suelen ser trimestral, semestral o anual, de manera que, hasta ahora, no se había trasladado esa caída al mercado. Y ahora se repercute toda de sopetón.

"El diferencial de precios ha protegido al ganadero español desde septiembre", valora Calabozo, "pero es imposible seguir manteniendo esos precios porque supondría perder mercado exportador. De hecho, a la larga terminaría afectando al ganadero porque la falta de interés en nuestros productos podría llevarle a tirar la leche", continúa el portavoz de la industria.

La explicación que da a esa bajada brusca del precio de la leche en origen está en el mercado internacional. El año pasado hubo una superproducción de leche en Europa, con 2,5 millones de toneladas extra sobre un año normal, que se sumaron a una bajada de la demanda de leche en los hogares. Estos dos sucesos ocurrieron tras cuatro años de subidas ininterrumpidas en el precio de la leche, en un récord muy superior a picos anteriores, de manera que, a mediados del año pasado, se produjo una corrección de su precio a lo largo de todo el continente. 

José Ramón González, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), insiste en que ellos estarían dispuestos a negociar una bajada progresiva en los acuerdos de venta a la industria, pero que esta imposición es inadmisible, y potencialmente ilegal. La ley de la Cadena Alimentaria prohíbe que ningún eslabón de la producción venda a pérdidas, y este desplome de los precios pone a algunos ganaderos al límite de esa norma. "Podríamos negociar una pequeña bajada, pero no tan sorpresiva y abusiva, poniendo a los ganaderos por debajo de coste. Eso es ilegal y lo hemos denunciado al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la AICA", afirma.

La AICA es la Agencia de Información y Control Alimentarios, la que se encarga de investigar que se respetan los precios justos en la cadena alimentaria, un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene siempre un ojo puesto sobre el sector lácteo, acostumbrado a los abusos. El año pasado, fue, de hecho, la segunda rama más estudiada de las que tiene bajo competencia, con más de 1.300 controles, y ya ha avisado de que en 2026 reforzará la vigilancia todavía más tras las quejas de los ganaderos.

Ambas partes del conflicto se sentaron esta semana con el Ministerio de Agricultura, a raíz de la polémica con los contratos lácteos, pero el Gobierno se mantiene, por ahora, al margen mientras no haya evidencias de contratos abusivos por debajo de precio de producción. "En cuanto a la negociación, es un tema entre partes donde el ministerio no puede entrar", valoran fuentes de este organismo a infoLibre.

Una destructiva bomba social extremadamente peligrosa es que el poder actúe contra la ciudadanía mundial. Lo tenemos muy cerca; lo sentimos muy lejos, si solamente nos asimos a la visible e inmediato. Podemos considerar como axioma global la idea de que la violencia tapa el sentido común; ese que nos inclina a pensar que el diálogo siempre es preferible a un conflicto brutal. Lo son las actuales guerras, aunque aquí vamos a referirnos solamente a la actual en Oriente Medio. Tras el preludio del genocidio de Gaza, viene ahora  el epítome de la guerra iniciada por el señor Netanyahu con el patrocinio del señor Trump. Todas las guerras comportan demasiadas amarguras en forma de bajas civiles, con previsibles daños ambientales y unas vergonzosas violaciones del derecho internacional.

El actual atraco militar que desempeñan Israel, Estados Unidos y el Irán represor de los ayatolás son los principales contaminadores del equilibrio humanitario siempre deseable. Refuerzan los vínculos entre la guerra, el poder y la destrucción ambiental; todo es amargura ética. Otro tanto sucede en Ucrania y en todos esos lugares de los que las grandes agencias no nos sirven noticias. 

Los impactos de la guerra actual del petróleo –nos atrevemos a llamarla así aunque lleva el hiriente contaminador moral del caudillo israelí– son tremendos. Nos tememos que serán perturbadores duraderos de la vida de los más pobres. Escasearán el petróleo, el gas o la energía comunitaria; o serán tan caros que los países pobres se sumirán en el desconsuelo social. La cascada inflacionista la pagarán los más pobres, incluso las clases medias; por todo el mundo.

Parece que la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) ha aconsejado a sus países miembros que adopten  medidas para responder a los posibles amargos efectos de la guerra, y la consiguiente crisis energética. Entre otras, reducir la velocidad en las autopistas y fomentar el teletrabajo. Teme una interrupción del suministro ahora que las dianas de los bombardeos buscan instalaciones petroleras. La AIE también manifestó estar dispuesta a liberar las reservas de los países para mitigar la que declaró la "mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero". Me pregunto las afecciones ambientales, económicas y sociales que la guerra provocará en las poblaciones pobres de las mega ciudades africanas o asiáticas. El estrecho de Ormuz se estrecha mucho más para Asia, a donde va casi el 90 % del GLP (gas licuado del petróleo) que lo atraviesa. 

Todo lo anterior interacciona con la preocupación climática. Estos días hemos leído justificaciones de que la acción climática es demasiado costosa. Ya se encargan la extrema derecha y las grandes empresas de instrumentalizar la inestabilidad social para bloquear el bienestar global. Despliegan sus batallas o guerras contra la protección del medioambiente. Se comenta que la misma Unión Europea se está rearmando con dineros hurtados a la protección ambiental y a la cooperación internacional para reducir desigualdades. 

Se hubieran paliado una parte de los efectos si las energías renovables fuesen el pegamento vivencial de los estados. Se dice que en España –después de tres años de fuertes inversiones en eólica y solar– el gas ha determinado el precio de la electricidad, por ahora, solo en el 15% de las horas en 2026, en comparación con el 89% en Italia. La diferencia viene motivada por los años de inversión en energía solar y eólica, con aciertos y errores, pero generadores de electricidad. Ayudaría reconocer que el gas es un débil eslabón climático y productivo. Cuanta más energía se autogenere un país, en forma de energías renovables respetuosas con el entorno, menos dependerá del exterior. Se suprimen amarguras varias.

En realidad, mucho nos tememos que medidas como las subvenciones, que vendrán, no hagan sino reposicionar a los combustibles fósiles. Ya se encargan de difundir esta solución los mensajes públicos de las grandes petroleras sobre el cambio climático en los últimos años, en los que invierten elevadas sumas de dinero. Los medios de comunicación, complacientes con ellas, difuminan los efectos contaminadores. Se olvidan de que la quema de petróleo, gas y carbón es la principal causa del aumento de la temperatura global y de las olas de calor, sequías, tormentas y subida del nivel del mar que de él se derivan. Una noticia publicada en Reuters estos días informaba de que “en respuesta al conflicto, las compañías eléctricas en Asia están "aumentando la generación de energía a partir del carbón para reducir costos y salvaguardar el suministro energético",

Me impresiona la claridad con la que ve esta amarga guerra bélica y climática un artículo publicado en Social Europe (19/03/2026) titulado libremente como “¿Conflicto armado o supervivencia mutua? Viene a esclarecernos que el militarismo y el colapso ecológico no son emergencias separadas. Sino la misma contingencia, que se retroalimenta en una espiral que la humanidad no puede permitirse ignorar. Copiamos casi textualmente. El mundo se hunde en el militarismo, las confrontaciones múltiples y la guerra que amenaza al mundo entero. Justo cuando la humanidad más necesita una cooperación internacional para afrontar la crisis climática.

Lo podemos comprobar en el compadreo con el que hablan algunos presidentes de países –el señor Trump a la cabeza– que demandan un aumento vertiginoso de los presupuestos militares; no les importa justificar la destrucción. Es más, cargó contra España porque el presidente Sánchez “solo” se comprometió a que apenas alcanzase el 2%. Donald Trump habría declarado que Estados Unidos podría atacar varias veces el mayor centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg, en Irán; "solo por diversión". La bravuconería es moralmente grosera. La cultura política que este señor exhibe, y sus muchos imitadores en países diversos con una incultura políticosocial “en la que la devastación de lugares lejanos se discute con ligereza, como si la matanza de extranjeros apenas importara”.

En ese artículo tan inspirador, anteriormente mencionado, se remarca que la guerra no es solo una catástrofe humanitaria; también es una catástrofe ambiental. Algunas estimaciones sobre las emisiones durante el genocidio de Gaza afirman que las de GEI se acercaron al total anual de 36 pequeños países. La militarización no es inocua para el medioambiente: consume enormes cantidades de combustible, energía, acero, hormigón, materiales escasos, talento científico y recursos públicos. Además, las bombas contra la ética global no hacen sino incrementar el miedo de la población, la rivalidad entre países diversos. En suma, la amenaza de la militarización actual trunca la cooperación internacional de la que depende la construcción de un mundo sostenible; ¡Cuántas reuniones para los llamados “alto el fuego” de Gaza, o la reducción de la supuesta amenaza nuclear iraní han fracasado! La inutilidad de las malas intenciones.

Wislawa Szimborska (Nobel de Literatura 1996) se preguntaba en su poema “Principio y fin”: “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar… Aquellos que sabían de qué iba la cosa, tendrán que dejar su lugar a los que saben poco. Y menos que poco. E incluso prácticamente nada.” Recordemos la cordura de Rosa Regàs: “No hay cosa más amarga que la inutilidad.”