El Gobierno de Pedro Sánchez admite que en sus conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) está sobre la mesa la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat al que se encargaría la tarea de recaudar el 100% de los impuestos en esta comunidad.

Así lo indican fuentes del Gobierno, que remarcan que esa potestad, la de recaudar la totalidad de los impuestos de Cataluña, viene recogida el Estatut. En ese sentido, desde Moncloa y también desde Ferraz insisten en que la propuesta que los socialistas harán a ERC para que apoyen la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, pasa por desarrollar lo ya recogido en el Estatuto de Autonomía.

Las negociaciones están en marcha, y están siendo pilotadas por el PSC, que hasta el momento no ha comunicado "ni avances ni retrocesos" respecto a un acuerdo con los republicanos que pueda abrir las puertas del Govern a Illa.

No obstante, reconocen que sobre la mesa está la negociación de este consorcio tributario -una propuesta que ya había lanzado Illa durante la campaña electoral de las elecciones catalanas del 12M- y que esta medida puede suponer la recaudación del 100% de los tributos, aunque no se han concretado los detalles ni el porcentaje de tributos que asumiría.

En concreto, el artículo 204 del Estatut, dedicado a la Agencia Tributaria de Cataluña, señala que "la gestión, recaudación, liquidación e inspección" de los tributos del Estado recaudados en Cataluña "corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo".

"Para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior, se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña", indica la ley autonómica.

Actualmente ya existe la Agencia Tributaria de Cataluña y de hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró dispuesto a desarrollarla, según indicó a finales de 2023 en Barcelona, donde acudió para reunirse con el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC).

Después de aquella reunión, al ser interrogado sobre si estaría dispuesto a desarrollar la Agencia Tributaria catalana, el jefe del Ejecutivo no cerró la puerta y dijo que "es algo que está en el Estatuto de Autonomía" y está "por desarrollar". "Cuestión distinta es como se materializa", apuntó a continuación.

Hasta el momento, el Gobierno ha venido sosteniendo que busca una "fórmula imaginativa" sobre la financiación para Cataluña que pueda cumplir las expectativas de ERC, que permanece en una posición de máximos y sigue reclamando soberanía fiscal y recaudar y gestionar el 100% de los tributos.

Esto supondría salir del régimen común de las comunidades autónomas y transitar hacia un sistema de concierto y cupo, como el que tienen País Vasco y Navarra, que recaudan todos los impuestos y después pagan una parte al Estado; una opción inaceptable para el Ejecutivo de Sánchez, que considera que se trata de una línea roja, según ha defendido en las últimas semanas.

De gran defensor de la recentralización y de la devolución a los ministerios de competencias de las Comunidades Autónomas a adalid del Estado de las autonomías. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha adaptado su discurso sobre la organización del Estado para sacar el máximo partido de las comunidades autónomas gobernadas por su partido y hacer frente desde ellas a las políticas del Gobierno de coalición. Con Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como principal ariete frente a Pedro Sánchez.

No ha sido de la noche a la mañana. La transformación del líder conservador ha sido gradual desde que relevó a Mariano Rajoy y adoptó un discurso claramente favorable a una recentralización. Pero se ha intensificado en las últimas semanas, coincidiendo además con el abandono de algunas de las ideas que había venido defendiendo y que coincidían con el ideario antiautonomista de Vox.

El proyecto de Ley de Educación, pendiente de completar su tramitación en el Senado, y la apuesta del Gobierno y de algunos de sus socios por incorporar al debate sobre la reforma de la financiación autonómica la introducción de mecanismos que impidan a Madrid cometer dumping fiscal —aprovechar la pujanza económica derivada de la capitalidad para competir de forma desleal con otras comunidades que no pueden permitírselo— le han servido de base para izar la bandera del autonomismo.

“Para esto sirve el Estado autonómico”, llegó a asegurar hace unos días Casado cuando defendió que las comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislen contra la aplicación en sus escuelas de la reforma educativa aprobada por mayoría absoluta del Congreso. “Cuando nosotros defendemos el Estado Autonómico recuerdo que también es para estas situaciones”, argumentó entonces. “Cuando hay un Gobierno en La Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que en las comunidades autónomas pueda gobernar otro partido”.

Es una línea argumental que Casado también ha utilizado esta semana para fundamentar su oposición a la armonización de la fiscalidad autonómica que defienden no sólo el Gobierno sino algunos de los barones conservadores, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aunque con matices.

El líder del PP ha aprovechado para criticar a ambos lados del espectro político: al PSOE y a Vox. A los primeros les reprochó “hablar tanto de autonomía” o de “confederalismo” y que “luego no permitan que la autonomía fiscal se ponga en funcionamiento”. A los segundos, el partido de Santiago Abascal, les recuerda lo útil que resulta el Estado autonómico. Los que “hablan tanto de centralismo no se dan cuenta de que el Estado de las autonomías, cuando gobierna alguien como Sánchez, es bueno para eso, para que en las autonomías donde gobiernan otros haya un margen fiscal o educativo para seguir creciendo”.

Así que Casado piensa enfrentarse a quien quiera poner fin a la autonomía fiscal de Madrid y las comunidades del PP. Si eso ocurre, se propone recurrirlo. “Y seguramente lo ganaremos, porque la Constitución y la ley en vigor consagran esta autonomía”, declaró el pasado lunes.

Aparentemente no está dispuesto a aceptar ni siquiera la armonización que defendió esta semana Feijóo y que apoyaron los barones conservadores de otras comunidades: una armonización para bajar impuestos. Lo que propone Feijóo “ya existe”, sostiene Casado en referencia a que la ley permite a los Gobiernos autonómicos ajustar hacia arriba o hacia abajo su tramo del IRPF. Y en el resto no quiere horquillas; quiere la supresión, como ha hecho Madrid en relación con el impuesto del patrimonio o el de sucesiones. No aceptaría una armonización a la baja porque “el concepto armonización iría contra la competencia fiscal que sí que está reconocida en las administraciones autonómicas”, afirma.

Que cada autonomía pueda hacer lo que quiera en materia fiscal no es algo malo, defiende ahora Casado, sino una “sana” y “positiva competencia fiscal, sobre todo para los ciudadanos, que es para los que tenemos que gobernar”.

En su afán autonomista, el líder del PP defiende ahora con entusiasmo el régimen especial de determinadas comunidades, incluido el País Vasco y Navarra, algo que para Vox y para Ciudadanos constituye anatema.

“España es un país plural”

“La Constitución es muy plural y tiene rasgos incluso confederales”, afirmó Casado esta semana, y citó “el convenio [económico] de Navarra”. “O federales, como el concierto en el País Vasco”. El PP no los discute, proclamó en una entrevista en Antena 3, “todo lo contrario: los defendemos”. Igual que “el régimen económico y fiscal en Canarias, o el régimen que tienen Ceuta y Melilla. Porque España es un país plural”, proclamó.

El nuevo Casado sostiene que “el margen que tienen las autonomías —no solo en fiscalidad, también en educación, haciendo frente a los estragos de la ley Celaá, también cuestiones relativas a la elección de médico y hospital en la sanidad, o en los asuntos sociales— es positivo”.

Elvira Rodríguez, exministra, responsable económica del PP y con una amplia experiencia negociadora en materia de financiación autonómica, abundó en la misma idea este martes en RNE. Una comunidad tiene derecho a bajar los impuestos y otra a no hacerlo, eso es “plenamente constitucional”, indicó. Y tanto uno gobierno como el otro se someten “al contraste de las urnas cada cuatro años y los ciudadanos sabrán qué es lo que eligen”, defendió.

Las ideas que defienden ahora Pablo Casado son bien diferentes de las que abanderaba cuando se hizo con la Presidencia del PP y enterró el discurso moderado de su antecesor. Primero al hilo del conflicto catalán; después empujado por un deseo indisimulado de disputar las banderas de Vox, cuya capacidad de atraer a los votantes más derechistas del PP quedó patente en las elecciones celebradas desde entonces.

Casado proponía en aquellas fechas suspender indefinidamente la autonomía catalana nada más llegar al Gobierno. Y que el Estado recuperase las competencias educativas, de manera que las comunidades se limitasen a gestionar lo que el Gobierno central decida sobre los contenidos de las asignaturas y sobre la lengua de la enseñanza, que el PP quería reservar al castellano. También la creación de un MIR para la educación, un examen nacional que permitiese a la Administración central controlar quién va a dar clase con independencia del territorio en el que vaya a hacerlo.

En sus primeros meses al frente del PP fue introduciendo propuestas en esta línea en materia de sanidad, justicia, política penitenciaria —Cataluña es la única comunidad que la tiene y el País Vasco la tiene reconocida en el Estatuto de Gernika— y política hidráulica.

Entonces Casado defendía reformar la Administración para “reforzar la presencia del Estado” en todos los territorios. Había que reforzar las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno en todas partes porque, según él, “no se puede querer lo que no se ve”. “No puede ser que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos”.

Esa reforma, alegaba, permitiría concretar las competencias de titularidad estatal y exigir la lealtad debida a las autonomías. Y establecerá una “moratoria de transferencias de competencias mal gestionadas”, para lo cual proponía que el Gobierno “audite y evalúe su cumplimiento” con el fin de “paralizar la cesión de nuevas transferencias si [los Gobierno autonómicos] están siendo desleales”. Su plan pasaba por no conceder una transferencia más a las autonomías, ni siquiera las reconocidas en los Estatutos. Como, por ejemplo, las 37 pendientes con Euskadi, que el PP vasco también reclamaba.

Casado no defendía entonces la autonomía fiscal, sino que el nuevo sistema de financiación autonómica permitiese al Estado “supervisar” que las comunidades “hagan un buen uso de los recursos de todos los españoles”. Una tutela que, de hacerse realidad, pondría fin a la capacidad de los Gobiernos autonómicos de determinar sus prioridades de gasto.

El PP proponía entonces que por ley la lengua española fuese “vehicular” cuando los funcionarios se dirigiesen a los ciudadanos. “Cuando gobierne el PP, las Administraciones estarán obligadas a comunicarse con el ciudadano en español” y el conocimiento de las lenguas cooficiales dejará de ser un requisito para obtener una plaza en la función pública allí donde existen lenguas cooficiales.

En busca de esa armonización entre comunidades, Casado también defendía establecer la “prevalencia” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales, con el argumento de que “el monopolio de la fuerza corresponde al Estado”. Además de igualar legalmente sus salarios.

Aquellas ideas fueron objeto de una corrección en cuanto estalló la pandemia a la vista de que los barones conservadores tiraban de su poder territorial para plantar cara al Ejecutivo, especialmente la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este jueves que espera que 2018 sea el año en el que los grupos parlamentarios consensúen las bases de un texto articulado para un nuevo estatus jurídico-político para Euskadi, ya que es un año "sin elecciones" y los partidos políticos pueden "hablar con libertad sin sentir unas elecciones a sus espaldas".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Urkullu ha indicado que "debemos defender el autogobierno reconocido, porque también puede estar en entredicho", y que, de cara al futuro, "nadie debería renunciar a sus principios u objetivos", aunque ha matizado que, "si el objetivo es la cohesión de la sociedad", los distintos grupos parlamentarios deben buscar "acuerdos para construir una sociedad".

Derecho a decidir

Asimismo, ha asegurado que no teme el debate sobre el derecho a decidir, "si es pactado y consensuado"derecho a decidir, y ha recordado que en 1990 el Parlamento vasco ya aprobó una resolución sobre el derecho a decidir".

Además, el lehendakari ha señalado que 2018 también debería ser el año en el que "desaparecieran las siglas de ETA", aunque ha destacado que, "por encima de las palabras", debe quedar claro que "una época de 50 años ha terminado y no se va a repetir".

¿Es viable la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de hacer del concierto económico vasco un “modelo de referencia” para resolver de una vez por todas el problemas de la financiación autonómica? La respuesta a esa pregunta tiene muchos matices, pero en general es negativa, según la opinión de los expertos consultados por infoLibre. La idea del presidente vasco, expresada en un artículo publicado por El País en el que defendía la validez del modelo de concierto frente a las críticas que ha recibido en las últimas semanas, es que el sistema vasco es tan positivo que incluso puede permitir “avanzar en un nuevo sistema descentralizado de financiación que resulte más eficiente, justo y solidario” porque “es un sistema acordado, eficiente y transparente de administración de los recursos tributarios”.

“La eficacia” del concierto económico (el acuerdo bilateral que regula las relaciones tributarias y financieras entre España y Euskadi), argumenta Urkullu, “depende de un adecuado ejercicio de responsabilidad, rigor presupuestario y equilibrio financiero. Además, aporta con carácter obligatorio y prioritario una cantidad (el cupo) destinada tanto a sufragar las cargas generales del Estado, sus funciones básicas, como a contribuir al Fondo de Compensación Interterritorial”.

Núria Bosch, catedrática de Economía Pública de la Universidad de Barcelona y directora de la Cátedra de Federalismo Fiscal del Instituto de Economía de la misma ciudad, lo tiene claro: “No es viable generalizar a las 17 comunidades el sistema del País Vasco”. El modelo del cupo sólo funciona con territorios ricos. Las comunidades pobres, con menos capacidad fiscal, “no tendrían recursos suficientes para financiar sus gastos”. Sólo sería posible implantar el concierto en alguna comunidad rica, pero generalizarlo es inviable, sostiene Núria Bosch

Urkullu tiene razón, precisa Bosch, en que el concierto “implica mucha responsabilidad fiscal”, porque “lo que hace es decir: ‘te doy los impuestos pero espabílate; con esto has de financiar tus gastos y, si no te llegan, es tu problema”. Pero eso funciona en una comunidad que tenga recursos y “que sabe que le llegarán”. La que no esté en esa situación “tendrá que subir sus impuestos y hacer une fuerzo fiscal superior para tener los mismos servicios y eso significa inequidad territorial”. Ylo que Euskadi aporta para otras comunidades, recuerda Bosch, es muy inferior a lo que entregan los territorios ricos del régimen común, como Cataluña, Madrid o Baleares.

Este es el motivo por el que, en su opinión, sólo sería viable implantar el concierto en “alguna comunidad rica” que “hiciera una aportación a otras comunidades para la solidaridad”. Pero “generalizarlo es imposible”. De hecho, recuerda, el deseo de muchas comunidades no está ahí.

Sí sería también viable, añade Bosch, que el nuevo modelo de financiación “cediera más responsabilidad fiscal, pero siempre con un sistema de nivelación y de solidaridad”.

Juan Antonio Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la UNED, recuerda que nadie sabe muy bien cómo se calcula el cupo, la parte de los ingresos del País Vasco que pasan al Estado. “No digo que el cálculo de ingresos y gastos no sea correcto, pero la impresión de todos los estudiosos es que los criterios son muy favorables al País Vasco y a Navarra”.

Generalizar el cupo, razona, tendría como ventaja que los criterios deberían estar “necesariamente equilibrados, seria una forma de evitar dudas sobre si ingresos y gastos están calculados con criterios más favorables a unos que a otros”. Pero generaría un problema: la fragmentación de la gestión de Hacienda en beneficio de los grandes defraudadores, que tendrían más fácil eludir los controles, tal y como ya ocurre a escala de la Unión Europea. La solución no tiene por qué ser el cupo, puede ser mediante la gestión de deterninados tributos, defiende José Antonio Gimeno

La ventaja más importante resultado de aceptar la propuesta de Urkullu sería, en opinión de Gimeno, “que acabaría el discurso de que es Madrid quien no da dinero”. Con este modelo lo que ocurriría es que “usted tiene su hacienda y la controla, en ingresos y gastos. No venga con peticiones”. La solución, como se viene poniendo encima de la mesa desde hace años, recuerda el catedrático de la UNED, pasa “porque cada comunidad tenga ingresos suficientes para sus gastos. No tiene por qué ser cupo; pueden ser mediante la gestión de tributos determinados”. Lo que propone el líder del PSC, Miquel Iceta, con una administración de hacienda compartida, sería “una forma de avanzar en esa dirección” sin poner en peligro la necesaria unidad de la información tributaria.

Gimeno admite que un sistema de cupo “lleva a que los ricos sean más ricos y los pobres mas pobres”. Por eso sería necesaria “una contribución clara a un fondo de redistribución razonable”, porque “lo que no puede pasar” es que después de aplicar ese fondo “quede mejor” quien no contribuye que quien sí lo hace. “Una redistribución que no lleve a que sea mejor estar abajo que arriba”.

“No es un absurdo, tiene sus pros y sus contras. Hace 30 años”, recuerda, “a Pujol se le ofreció y no lo quiso, porque era más cómodo el modelo del victimismo: ‘yo gasto, no corro en esa parte de impopularidad de los impuestos” y echo la culpa al Gobierno central. “Ya se ha visto que ha ido dando su juego”, recuerda.

Al final, la solución pasa por “la suficiencia tributaria”: que todas la comunidades tengan ingresos suficientes y asuman la responsabilidad de decidir en qué gastan el dinero y que presión fiscal aplican. Pero manteniendo la gestión compartida. Y después, si quieren más, que puedan subir impuestos. La culpa ya no sería del Gobierno.

El problema, naturalmente, sigue siendo cómo fijar los criterios del gasto, pero eso ya ocurre en el sistema actual: a algunos les favorece la insularidad, a otros el envejecimiento o la dispersión.

Desde el punto de vista de José Antonio Gimeno, harían faltas tres condiciones para que, hipotéticamente, un sistema así funcionase: que las comunidades autónomas tuviesen capacidad para establecer sus ingresos en función de los gastos a los que tienen que hacer frente; que la administración central se limitase a redistribuir un fondo de compensación (de manera semejante a los fondos de cohesión de la UE) y que hubiese “transparencia informativa tributaria”.

Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y miembro de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica en representación de Galicia, es mucho más crítico en torno a la viabilidad de la propuesta de Urkullu.

En su opinión, a la hora de juzgar el concierto, “la pregunta que hay que hacerse es cómo es posible que, con tipos impositivos similares o inferiores, el País Vasco y Navarra tengan muchísimos más recursos para las políticas autonómicas que Madrid o Cataluña”. La explicación, subraya Lago, “es que ellos no aportan lo que deberían atendiendo a su capacidad tributaria. De hecho, las dos principales anomalías en las balanzas fiscales son País Vasco, Navarra y Canarias“, en este caso “por su régimen especial”. Ambos territorios “disfrutan de un marco fiscal envidiable” gracias a la forma en la que se computa el cupo y a un nivel de renta per cápita “claramente superior a la media”.

El cálculo del cupo no es transparente, opina el catedrático gallego —“ni los expertos en financiación autonómica tienen claro el detalle de los cálculos”—. Y su generalización a todas las comunidades autónomas daría lugar a un caso “único en el mundo”. “El sistema foral es propio de una estructura confederal, como la Unión Europea”, muy distinto al de un Estado federal, en el que el Gobierno central no “renuncia a su poder tributario en una parte del territorio”. Santiago Lago cree que “sería un paso intermedio hacia la desintegración fiscal y política de España”

Un sistema foral generalizado “y en las condiciones que rigen hoy en País Vasco y Navarra sería un paso intermedio hacia la desintegración fiscal y política de España”, afirma sin dudarlo. “Pasaríamos a ser una confederación de 17 comunidades autónomas regidos por el principio de que ‘cada palo aguante su vela’. Sería un disparate” que beneficiaría fiscalmente a quienes tienen más capacidad y menos necesidades de gasto per cápita. Y perjudicaría a los que se hallan en situación contraria.

A pesar del entusiasmo con el lehendakari ha defendido su propuesta, las reacciones fueron negativas también desde la política. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, pintó un panorama sombrío: hacer lo que propone Urkullu supondría “la desaparición de la Hacienda común española, de la solidaridad y del Estado moderno, que nació para recaudar impuestos” y que no lo hiciera en su territorio cada uno de “los reyes y los señores feudales”. Es una idea “inaceptable e inasumible” que, aprovechó para acusar, el PSC quiere implantar en Cataluña.

El candidato de los socialistas catalanes a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, preguntado por la propuesta de Urkullu, aseguró que “si salieran los números, tendría un gran defensor” en él. Lo que hace falta, destacó, es “encontrar un sistema que sea justo, suficiente, solidario y equitativo”. Y en eso cuenta con el beneplácito del líder del PSOE, Pedro Sánchez, aunque “lo de los barones va por barrios”, admitió.

Xavier Domènech, también aspirante a la Presidencia catalana, en este caso por Catalunya En Comú-Podem, celebró la apertura de este debate, pero rechazó abiertamente convertir el cupo en “un nuevo café para todos”.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), dejó claro que sigue estando en contra de cualquier intento de “romper la caja de la Seguridad Social” porque sería poner “en peligro el futuro” de España. Entiende que Urkullu defienda a su tierra, precisó, pero no que este país esté permanentemente “a subasta” durante las negociaciones en el Congreso. “Que un presidente del Gobierno esté utilizando las inversiones públicas y la financiación para ir sumando voluntades en el Congreso ha sido un déficit de la democracia española que hay corregir", concluyó.

En la misma línea se pronunciaron los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León, Javier Fernández (PSOE), Juan Vicente Herrera (PP) y Alberto Núñez Feijóo (PP), que coincidieron este lunes en un acto conjunto. Feijóo señaló que la iniciativa de Urkullu aumentaría la renta de los territorios que ya son los más ricos, en detrimento de los de menor renta. El sistema de financiación es “para los ciudadanos” y no para las 17 autonomías. “No se trata de dividir el conjunto de ingresos entre 17 territorios, sino entre 48 millones de ciudadanos”, ha recordado.

Herrera recordó que la Constitución consagra la igualdad de los españoles y la “prohibición expresa” de que de las diferencias entre territorios se deriven privilegios económicos y sociales de unas comunidades sobre otras. A su juicio, es “de lógica aplastante” que, de aplicarse el sistema del cupo al resto de autonomías, “resultaría una España en dos bloques y una brecha entre autonomías”.

El presidente de Asturias rechazó también que el sistema del concierto se pueda implantar en otras comunidades.

El viento sopla de cola para Ciudadanos, que avanza con fuerza en las encuestas mientras el electorado lo sitúa cada vez más claramente en la derecha. Hay nervios en el PP. Nacido en Cataluña como partido vocacionalmente antinacionalista, la crisis derivada del procés despliega para la formación de Albert Rivera y los suyos un escenario político óptimo, al menos en términos electorales, según analizan los sociólogos y politólogos consultados por infoLibre, que a su vez consideran –aunque con distintos matices– que aún no es un partido que pueda competir por el liderazgo electoral en España.

El contexto político favorable, la unidad interna y el liderazgo sin discusión de Rivera obran como principales ventajas de Ciudadanos. Sus debilidades residen en la aún muy mejorable implantación en el ámbito rural y en la poca fortaleza de su estructura. Queda además por saber si en el futuro Ciudadanos volverá a defraudar las expectativas despertadas en las encuestas, donde el partido naranja suele obtener mejores resultados que en las urnas. "Las perspectivas son buenas para Ciudadanos. Pero con cautela. El votante del PP es menos elástico de lo que suelen indicar las encuestas. A la hora de la verdad, con la activación de la campaña electoral, aparece la idea del voto útil al PP. Y eso a quien más factura pasa es a Ciudadanos. Veremos", indica Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III y editor de Politikon.

De momento, Rivera se mueve como pez en el agua en un panorama de polarización y ausencia de puentes entre las distintas corrientes políticas en liza. Ciudadanos es el partido que hace parecer al PP tibio en la defensa del interés del Estado central español ante las exigencias periféricas, precisamente en un contexto en el que la clave nacional e identitaria domina el debate político. Nada de lo que hace el PP en materia territorial le parece a Ciudadanos suficientemente firme y resolutivo. Recuerda a lo que el PP de Mariano Rajoy hizo con los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de "traicionar a los muertos" por ETA, vender Navarra al País Vasco y rendirse al independentismo catalán con el Estatut. Una de esas sutiles crueldades de la política.

El partido de Rivera empezó la legislatura incómodo por su incapacidad para reivindicar con verosimilitud su papel de partido que mantiene al PP a raya en cuestiones de corrupción y elevación del listón moral de la política. Pero, a medida que el foco se ha ido alejando de la corrupción y posándose sobre Cataluña, Ciudadanos se ha crecido (en un dibujo opuesto al trazado por Podemos). Ahora el partido naranja lleva la iniciativa. Ha sido el principal defensor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. También ha sido el más entusiasta en el apoyo a la dura respuesta judicial al frustrado proceso independentista. Vista la buena recepción a la actitud de mano dura y a la "defensa de la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan", ahora la formación naranja explota el recurso de la censura del cupo vasco. Esto le permite desmarcarse de PP, PSOE y Podemos y enarbolar un discurso con el que pretende rentabilizar el descontento por los supuestos privilegios arrancados al Estado por las comunidades con sólidos movimientos nacionalistas. En los medios conservadores, en sus columnas de opinión y tertulias, Rivera recibe cada vez más aplausos por su inflexibilidad en la "cuestión nacional". Locutores como Federico Jiménez Losantos tienen claro que está en el buen camino.

Las encuestas apuntan a que Ciudadanos podría ser el partido del llamado "bloque constitucionalista" más votado en las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Y a nivel estatal, va lanzado. Entre julio y octubre ha subido tres puntos en estimación de voto, del 14,5% al 17,5%, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado justo después del frustrado referéndum del 1 de octubre, con la crispación por la crisis catalana en máximos. Mientras tanto, bajan el PP (de 28,8 a 28), el PSOE (de 24,9 a 24,2) y Unidos Podemos y sus alianzas (de 20,3 a 18,5). El partido de Rivera acaricia la tercera posición en las encuestas.

El CIS está plagado de datos que animan el optimismo de Rivera, que es el hombre al que ahora todos atacan. Pablo Iglesias nunca ha dejado de hacerlo. En el PSOE Pedro Sánchez asimila a Ciudadanos con el ultraderechista Vox y Adriana Lastra compara a Albert Rivera con José Antonio Primo de Rivera, quien fuera líder del fascismo español y fundador de Falange Española, fusilado en 1936, ya durante la guerra, por inducción a la rebelión contra la República. Y eso a pesar de que los socialistas gobiernan Andalucía gracias un acuerdo de investidura con Ciudadanos. Y a pesar de que Sánchez y Rivera llegaron a firmar un acuerdo para la investidura del primero en febrero del año pasado. Por su parte, el PP acusa a Rivera de "oportunista" por su posición contra el cupo vasco. Ciudadanos está en la diana precisamente porque va para arriba. Lo teme especialmente el PP. Un 10,4% de los votantes del PP en las pasadas elecciones generales daría ahora su papeleta a C's. Además el partido naranja comienza a superar una de sus asignaturas más difíciles, la fidelidad de voto, donde ya supera el 75%. Consolida electorado y crece hacia la derecha. Las alarmas han saltado en Génova.

La intención directa de voto a Ciudadanos ha subido desde julio a octubre del 9,2% a 11,3%, mientras los otros tres grandes partidos estatales caen. También caen todos menos Ciudadanos en el indicador de voto más simpatía. De los cuatro principales líderes políticos, Rivera es el más valorado con 3,75 puntos. Todo esto ocurre mientras C's se escora a la derecha desde el punto de vista de la opinión pública. Si a principios de 2015 los encuestados del CIS situaban al partido en el 5,1 (siendo 1 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha), ahora lo colocan en el 6,7, aún lejos del 8,22 del PP.

Ciudadanos se beneficia del drástico incremento de la población que considera a Cataluña el principal problema, que ha pasado del 0,9% al 15,6%. Cataluña ha irrumpido como el segundo problema de España. El mensaje de C's gana adeptos en un contexto de fuerte escepticismo hacia el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, romo revela la encuesta del CIS. El discurso centralista cae en un terreno abonado. A pesar de que el debate sobre la posible reforma de la Constitución suele ubicarse en la necesidad o no de federalizar el Estado y dar más competencias a las autonomías, con el objetivo de atemperar las tensiones independentistas, hay un 28,2% de los españoles que defienden una España o bien sin autonomías o bien con comunidades con menos margen de actuación.

"No nos preocupa. Ciudadanos gana encuestas y pierde elecciones", ha manifestado Pablo Iglesias sobre el ascenso del partido naranja. ¿Es esta vez diferente? ¿La crisis catalana ha lanzado (ahora sí) al partido naranja, autoproclamado centrista y liberal, con un líder admirador de Kennedy y Adolfo Suárez que sueña con ser el Macron español? infoLibre analiza la evolución y las perspectivas de Rivera y los suyos.

  1. Jugando en casa y sin mochila

Antonio Alaminos, profesor de Sociología de la Universidad de Alicante, parte de una base: vivimos en una sociedad "donde las memorias ideológicas están cada vez más segmentadas generacionalmente". La "clave del éxito" del partido de Rivera –se verá si puntual o no– es "no tener historia ni historias", lo cual le da "maniobrabilidad y verosimilitud". "Ciudadanos llega con un perfil muy plástico que le permite posicionarse en cada tema en los máximos de apoyo", señala Alaminos, que ve a Rivera ubicándose siempre "en el máximo de sentido común". "Cuando Iglesias se mete con su ignorancia política, realmente lo está elogiando", afirma. Su ascenso actual, según Alamina, deriva "directamente de la crisis catalana". "Juega en casa", resume. Alaminos considera que "su futuro a nivel nacional dependerá de los espacios que los medios de comunicación le dejen tras la crisis catalana".

¿Y los puntos débiles? La endeblez organizativa y la escasa implantación territorial. "Su crecimiento acelerado le ha llevado a una estructura de cuadros frágil. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana incorporando cargos exiliados del PP, o en Andalucía cediendo sus siglas como partido a asociaciones de extranjeros para reivindicaciones urbanísticas [en el ámbito municipal]", repasa Alaminos. No considera un problema, en cambio, su fuerte dependencia del liderazgo de Rivera. "Es como cualquier partido que despega. Es así y debe ser así en la primera fase", apunta. El profesor cree que Ciudadanos está "convirtiéndose en un partido espejo del PP", pero sin sus mochilas en cuestiones espinosas como el aborto, la homosexualidad... Ello lo abre a electorados y generaciones suspicaces ante el PP.

La victoria electoral en España sigue siendo aún un objetivo inalcanzable para C's, según Alaminos. "Es muy difícil. "Tiene efectos techos regionales muy evidentes. Dependiendo de la capacidad política del PP y del PSOE tendrá o no futuro para pelear la cabecera. Al no depender de sí mismos, y sí de las torpezas ajenas, es difícil de calcular a medio plazo", concluye.

  2. Incómodo con la corrupción, en su salsa con el 'procés'

El voto de Ciudadanos reacciona con la activación de la cuestión nacional. Las banderas españolas en los balcones son una buena noticia para Rivera. "Es una reacción de inflamación", señala Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, que pide "cautela" en las conclusiones sobre el último CIS. Eso sí, sin negar que el panorama político está de dulce para Rivera, cuyo partido "crece de manera natural hacia la derecha" con Cataluña en la cabecera de los telediarios.

Las cosas han ido mejorando para la formación naranja desde el arranque de la legislatura. "Al principio estaba en tierra de nadie con su posición de marcaje a la corrupción. Ahí tiene serias dificultades para hacerse creíble porque había investido al PP, que después no transigía con sus demandas. Era una situación incómoda. El tema territorial es un vector bueno para ellos", añade Simón. La explicación de esa incomodidad es que "nunca han pactado con nacionalistas e independentistas", a diferencia de PP y PSOE.

Simón resume así el mensaje con el que Ciudadanos está socavando la supremacía del PP en el electorado conservador: "Ayúdanos a ser imprescindibles para que el PP no sea chantajeado por los nacionalistas". Esta idea puede conectar tanto con votantes españolistas de las periferias plurinacionales como con el cabreado de Castilla, Andalucía o Canarias, que cree que su comunidad está siendo postergada por atender los conflictos o demandas nacionalistas, analiza el politólogo. Esto es, afirma Simón, "una mina" para Ciudadanos, que se coloca en una posición "más dura que el PP". Ahí se sitúa la estrategia sobre el cupo vasco, que ha puesto a Ciudadanos en posición de protagonista absoluto. El partido naranja prevé llevar ahora mociones contra el cupo vasco a todos los parlamentos autonómicos, intentando así generar contradicciones en el PP y el PSOE. Además los costes para Ciudadanos son mínimos en el País Vasco, donde el electorado ha hecho hasta ahora el más completo vacío a su propuesta. "Si consiguen politizar el tema del cupo, a lo mejor incluso se cuelan allí como hizo UPyD", opina Simón.

El politólogo cree que C's ha concluido ya su desplazamiento a la derecha. "Ya no va a moverse más. Nació en el centroderecha y ha ido escorándose, en parte porque sus rivales han sabido colocarlo ahí", afirma el profesor. El adversario más constante en la crítica es Podemos. Aunque C's se ha nutrido fundamentalmente de desencantados de PP y PSOE, también hay "un pequeño flujo de voto protesta, no ideológico", procedente de Podemos, que jamás votaría bipartidismo pero sí puede irse a Ciudadanos como opción nueva. Si la mecha de Cataluña sigue encendida, este grifo podría continuar goteando.

Simón no ve creíble la idea de Ciudadanos peleando por la victoria electoral en España, pero sí que alcance el 20% y deje de ser "el eslabón débil" del multipartidismo, ya que la frontera del 15% es la que empieza a machacar la representación en el Congreso por efecto de la ley electoral. Uno de los problemas, apunta el editor de Politikon, es que C's no es propiamente un partido, sino más bien "una plataforma electoral en torno a un candidato", Albert Rivera. "Los partidos necesitan identidad de camiseta, identificación [del electorado] al margen de su líder", apunta Simón. La contrapartida positiva es que es un partido "muy disciplinado internamente", aspecto en el que flaquean PSOE y Podemos.

  3. Activación de una pulsión dormida

Ojo con llevar demasiado lejos las conclusiones sobre Ciudadanos, alerta Jordi Pacheco, decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña. En su comunidad se está produciendo –afirma– "la activación [política] de un sector de la población que normalmente era pasivo y ahora está movilizado". "Hablamos de sectores poco interesados en la política, con poca propensión a ir a votar, pero que jamás han creído que hubiera una verdadera posibilidad de cambio de estatus. Ahora han visto que sí, que ese cambio de estatus es posible. Y se han movilizado para evitarlo. Eso es lo que están recogiendo las encuestas", señala Pacheco. Y eso es también lo que se ha visto en las masivas manifestaciones convocadas por Societat Civil Catalana, que llenaron las calles del centro de Barcelona de banderas españolas y catalanas. El espejismo de que la calle es nacionalista se ha desvanecido. Ahí puede forjarse una idea de "voto útil" antinacionalista que beneficie a Ciudadanos en Cataluña, situando al PP en una situación casi irresoluble. La realidad parece haber conspirado para favorecer a Rivera, que es quien ha empujado al PP a aplicar el 155, pero que a su vez "no está directamente implicado en su aplicación", ya que ésta corresponde al Gobierno del PP, que es quien se anota en el historial la suspensión de la autonomía de Cataluña, analiza Pacheco.

A esto se suma la imagen "más dinámica, moderna y joven" de Ciudadanos, que contrasta con la del PP, continúa analizando. Con todo ello el partido naranja erosiona a PP y PSOE pero también –aunque en menor medida– al catalanismo moderado. "Aquí es difícil, aunque hay casos, cantidades poco importantes. La mayor parte del nuevo voto a Ciudadanos proviene de la desmovilización", opina Pacheco, que cree que el partido naranja se beneficiaría de una elevada participación, por encima del 80%. Ahora bien, reitera Pacheco, no conviene trasladar este esquema interpretativo al resto de España, donde Ciudadanos carga con el pesado lastre de su escasa implantación en el ámbito rural, donde el voto tiene más inercia y continuidad y el bipartidismo es más fuerte.

¿Es posible una victoria del partido de Rivera en España a medio plazo? "No lo veo descabellado. El PP tiene un electorado muy mayor, puede haber un relevo generacional en el voto de la derecha, sobre todo a medida que vaya apareciendo gente nueva en el censo", apunta Pacheco. Hacen bien Mariano Rajoy y los suyos, opina Pacheco, en temer a Ciudadanos. También porque en España ha habido una "evolución de la opinión pública", donde cada vez abunda más la perspectiva de que "ha habido un exceso de descentralización en España, con demasiadas competencias de las comunidades autónomas". Ahí reside parte del éxito del discurso de Ciudadanos sobre el supuesto "adoctrinamiento" a través de la educación y la televisión pública en Cataluña.

Pacheco resalta la simetría del ascenso de Ciudadanos y el retroceso Podemos, fenómeno que ve "relacionado claramente con la cuestión del modelo de Estado". "En España hablar de federalismo, de descentralización, y por supuesto más allá de eso, te hace perder voto. Ya lo ha advertido [Carolina] Bescansa", apunta Pacheco.

  4. Límites de un "partido escoba" con poca estructura

En política la novedad aporta la ventaja de la ingravidez. El pasado pesa. "Ciudadanos no se moja en muchos grandes temas. Aprovecha que va ligero de equipaje para evitar tomar partido en cuestiones esenciales" que podrían suponerle un desgaste, señala María Corrés, politóloga de la Universidad Complutense. En Cataluña el partido de Rivera está "en su espacio natural, totalmente cómodo, y con más credibilidad que el resto porque nunca ha pactado con nacionalistas ni en Cataluña ni el País Vasco". Por lo tanto, afirma, "es posible que Ciudadanos continúe su ascenso a costa de un descenso del PP".

No obstante, es mejor ser prudentes en cualquier pronóstico. "Puede ser que la encuesta del CIS magnifique los resultados de Ciudadanos, al estar muy activa la cuestión Cataluña, y que no sean extrapolables a unas elecciones generales", afirma Corrés. Ve "muy difícil" la hipótesis de que Ciudadanos pelee realmente por el liderazgo político en España, especialmente por su falta de implantación en la España interior más despoblada "y sobre todo en el País Vasco y Galicia". "La ley electoral le perjudica en provincias pequeñas, son las reglas del luego", señala. También tiene el problema de su "falta de estructura". "UPyD tenía algo, pero no la quisieron [en Ciudadanos]. Macron en Francia nos ha enseñado que un partido puede ganar siendo la plataforma de un candidato, pero es muy difícil", opina Corrés.

El sociólogo y politólogo Albert Balada observa un "margen de crecimiento importante" de Ciudadanos. "Nació en Cataluña como una opción para determinado electorado del PSC, pero ha encontrado su veta en el centro derecha", señala. El resultado es una especie de "partido escoba", que recoge votantes "por la izquierda y por la derecha". Pero en España esas opciones de centro nunca han cuajado, ¿no? Esto no lo ve así Balada. "Depende del enfoque. También puede decirse que España es un país de partidos de centro", afirma. A su juicio, es poco probable que Ciudadanos pueda todavía competir por el liderazgo político en España, pero sí le parece posible que suba drásticamente su número de diputados, situándose en el entorno de 60.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ve "legítimo" que Ciudadanos cuestione la Ley de cupo vasco y reclama más contribución de Euskadi a la solidaridad entre comunidades autonómicas.

Fernández se ha mostrado respetuoso con la posición del partido de Albert Rivera y no ha querido comentar las críticas realizadas por la vicesecretaria general del PSOE y diputada por Asturias en el Congreso, Adriana Lastra. "Ha pedido disculpas y no hay nada más que decir", ha puntualizado, añadiendo que es "legítimo" que el partido "cuestione lo que considere oportuno".

Además, durante una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, el presidente asturiano ha reclamado que el cálculo del cupo vasco se haga bien para que resulte "neutral" y favorezca que el País Vasco amplié su contribución a la solidaridad.

En este sentido ha indicado que mientras la comunidad foral aporta del orden de 27 millones, otras autonomías del régimen común con similar o incluso menor renta media aportan unos 200 millones, como Baleares, o más de 1.000 millones en el caso de Cataluña o Madrid.

"Hay que insistir en ello: nadie cuestiona el concierto vasco y navarro. Está en la Constitución. Pero sí es verdad que no contribuyen lo suficiente al Fondo de solidaridad", ha incidido.

Para Javier Fernández, "debería haberse hecho simultánea" la nueva Ley del cupo y la reforma del sistema de financiación para las comunidades del régimen común, apelando a la existencia de "equilibrio" entre autonomía y solidaridad.

Respecto a la posibilidad de una "quita" de la deuda para Cataluña o para otras, como Comunidad Valenciana o Andalucía, el presidente del Principado ha exigido que ese debate se desarrolle en un "marco multilateral" dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "No admito que nadie lleve ventaja en esto", ha advertido, aprovechando para reclamar una reforma para que el Senado sea efectiva como "cámara territorial".

En cuanto a la reforma de la Constitución, Javier Fernández sostiene que es necesaria para dar encaje a las comunidades autonómicas y el reparto de competencias. "Hay que hacerlo porque han pasado 40 años", ha señalado, asegurando que sería "un lastre" pensar que debe modificarse la Carta Magna por la situación de Cataluña.

Asimismo, en cuanto a la decisión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de apoyar al Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el que fue presidente de la gestora socialista sostiene que su partido está en este asunto "donde tiene que estar".

Se trata de una "decisión adecuada" para Javier Fernández, que no hace "ningún reproche" a Sánchez por respaldar al Ejecutivo después de defender el "no es no" a la investidura de Rajoy. El presidente asturiano dice que en política "hay que tener paciencia, algo de sentido del humor y sobre todo mucha amnesia; y yo me aplico mucho a la amnesia y, en ese sentido, estoy cultivando el olvido".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha lamentado la falta de seriedad "de algunos" para dar estabilidad a España y a su modelo territorial y ha reclamado también una explicación "detallada" sobre la revisión del cupo Vasco, una materia en la que la transparencia y la claridad son "esenciales".

Así se ha manifestado el presidente de la Junta de Castilla y León en un artículo de opinión Sobre el Cupo Vasco y la financiación autónomica publicado este lunes en El País del que se hace eco Europa Press, en el que Herrera hace una especial mención al Ministerio de Hacienda para conocer la repercusión del cupo Vasco para las comunidades autónomas ante la "clave" de si las disparidades han disminuido o han aumentado.

"Una pregunta sencilla que temo no tenga respuesta satisfactoria", advierte Herrera en este artículo en el que recuerda que tras el nuevo cupo el País Vasco ha anunciado ya nuevas rebajas y ventajas fiscales, en especial relacionadas con la actividad y beneficios de las empresas, "lo que provocará una injusta y gravísima competencia entre comunidades", como es el caso de Castilla y León con la rebaja del Impuesto de Sociedades.

Herrera invita también al Ministerio de Hacienda a repasar el informe elaborado por la Comisión de Expertos para el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica que explica que las particularidades constitucionales de los regímenes especiales, como el Concierto del País Vasco, son admisibles "siempre que no impliquen privilegios económicos" en cumplimiento del principio de igualdad esencial entre todos los españoles.

"El Informe indica que la regulación de dichos regímenes especiales debe ser completamente transparente, incluyéndose todos los detalles relevantes en la Ley correspondiente, y no en acuerdos bilaterales de difícil acceso para terceros", lamenta Herrera, quien no ha dudado al respecto de que los diputados hayan contado con toda esa información a la hora de aprobar la revisión del cupo para apuntar que las autonomías no la tienen.

El presidente de la Junta ha recordado también la urgencia de reformar el modelo de financiación autonómica pendiente desde 2007 para poder superar "graves insuficiencias" para cubrir los servicios básicos esenciales, como ocurre en Castilla y León, para lamentar al respecto que no parecen existir en este momento los acuerdos necesarios entre los grandes partidos para impulsar esta "vital reforma" a través de la negociación multilateral que tenga en cuenta los intereses de todos, como tampoco ocurre para sacar adelante los presupuestos, añade.

Dicho esto insiste en su llamamiento al Ministerio de Hacienda para que no se abran más debates ni se agraven los ya existentes en coherencia además con la voluntad y esfuerzo de consenso logrado en la última Conferencia de Presidentes a la que acudieron los jefes de los ejecutivos de todas las comunidades con excepción de Cataluña y País Vasco.

Feijóo reclama más información

A estas reclamaciones se ha sumado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha reclamado al presidente del Gobierno que se de más información sobre el cupo vasco, porque "el sistema de financiación afecta a todos los españoles". "Este sistema se negocia y cada vez deberíamos de tener más información de cómo se negocia el cupo", ha dicho.

Así se ha manifestado en una entrevista en Onda Cero. No obstante, ha matizado, "no pretendo hacer un problema del cupo, sino que cuando se negocie el siguiente sería correcto que hubiera transparencia al 100%".

Asimismo, ha criticado que "mientras unas Comunidades Autónomas pagan a otras se les condonan los intereses", ya que, según afirma, Cataluña ha recibido dinero durante la crisis y se les ha perdonado los intereses: "Sería un disparate mezclar financiación con cuestiones identitarias".

En este sentido, ha alegado que el sistema de financiación "se negoció en su día entre Cataluña y Zapatero, las comunidades autónomas nos adherimos", y ha cargado contra "la misma Cataluña que ahora plantea la independencia", porque, según Feijóo, "sienten que no están financiados de forma suficiente".

Con la reforma del sistema de financiación atascada y con visos de que no se empezará a negociar hasta pasadas las elecciones catalanas del 21D, la aprobación en el Congreso de los Diputados la semana pasada del cupo vasco provocó los recelos de algunas comunidades autónomas, también de las gobernadas por el Partido Popular.

A estas críticas respondió este lunes en un desayuno informativo en Madrid el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. En el acto, organizado por Nueva Economía Fórum, y que contó con la presentación de Mariano Rajoy, el exministro de Sanidad consideró que "es responsabilidad de los partidos no azuzar diferencias, sino aportar decisiones".

Según Alonso, "si se quiere buscar el agravio y la diferencia, se puede hacer". Pero pidió "mesura en este tema" y que no se haga demagogia recordando que los ciudadanos vascos "también" pagan las infraestructuras, como el AVE, para el resto de los españoles.

Este lunes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, lamentó la falta de seriedad "de algunos" para dar estabilidad a España y a su modelo territorial y reclamó también una explicación "detallada" sobre la revisión del cupo vasco.

"Una pregunta sencilla que temo no tenga respuesta satisfactoria", advierte Herrera en un artículo en El País en el que recuerda que tras el nuevo cupo el País Vasco ha anunciado ya nuevas rebajas y ventajas fiscales, en especial relacionadas con la actividad y beneficios de las empresas, "lo que provocará una injusta y gravísima competencia entre comunidades", como es el caso de Castilla y León con la rebaja del Impuesto de Sociedades.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo también ha reclamado explicaciones.

Sobre la posibilidad de una reforma de la Constitución, Alonso planteó que cualquier iniciativa al respecto "debe plantearse desde la lealtad a la Constitución". Y que no es aceptable que se inicie "para demolerla".

El ex portavoz de los conservadores en el Congreso fue muy crítico con la posición de Ciudadanos respecto al cupo vasco. "Es muy irresponsable", dijo achando la actitud de la formación de Rivera al escaso respaldo electoral en Euskadi.

Con esta crítica como telón de fondo, Alonso advirtió de que este tipo de rechazos pueden buscar "un nacionalismo a la inversa", el del "Euskadi nos roba". "El nacionalismo nunca es bueno", dijo. Ni siquiera, "el nacionalismo español".

La ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez ya ha fijado su hoja de ruta para las próximas semanas. Lo hizo hace unos días en la reunión extraordinaria de la dirección que desplazó a los máximos dirigentes del partido a Valladolid.

En primer lugar, el PSOE ha decidido tratar de “despegarse” del PP después del cierre de filas motivado por la declaración de independencia del Parlament catalán. Los socialistas han vuelto a subrayar su discurso social y a enfatizar los casos de corrupción del PP con el objetivo de marcar distancias con Mariano Rajoy tras varias semanas de intensa coordinación que culminó con la aprobación de mutuo acuerdo de la intervención de la autonomía catalana. Se trataba de hacer “oposición de Estado”, justificaba Pedro Sánchez, para hacer frente a los independentistas.

Los socialistas han decidido, en segundo lugar, no cargar las tintas contra Podemos después de llegar a la conclusión de que esa confrontación no les favorece en Cataluña. Sánchez, además, sigue defendiendo que el PSOE es “la izquierda que aspira a unir a la izquierda; lo dijimos en el 39 Congreso y mantenemos y sostenemos este compromiso”, tal y como reafirmó hace apenas unos días ante los barones del partido. “Queremos unir a la izquierda porque en España hay una gran mayoría social progresista que sólo gobierna cuando se une” en torno al PSOE.

La tercera gran decisión estratégica de los socialistas es quizá la más relevante. La dirección de Pedro Sánchez, según fuentes consultadas por infoLibre, ha puesto en el centro de la diana a Ciudadanos, el partido no independentista con mejores expectativas en las elecciones catalanas del 21 de diciembre y al que el PSC quiere disputar una buena parte del electorado que no se identifica con el independentismo.

El tono beligerante contra el partido de Albert Rivera ya se ha hecho visible en los últimos días. Los socialistas utilizan dos argumentos básicos para atizar a Ciudadanos: son los responsables de que el PP, ahogado por los escándalos de corrupción e incapaz de gobernar, se mantenga en pie, y son “la otra derecha” y, por tanto, el objetivo a batir por las formaciones de izquierda en las próximas elecciones.

Este planteamiento encaja con la estrategia del PSC en Cataluña, que quiere disputar a los de Rivera el primer puesto entre las fuerzas no independentistas y, por tanto, una posición clave a la hora de formar gobierno en el caso de que PDeCAT, ERC y la CUP no tengan mayoría absoluta o que, aún consiguiéndola, no sean capaces de fraguar un programa común de Gobierno en Cataluña para los próximos años.

Los mensajes que salen de Ferraz tienen todos el mismo molde: Ciudadanos es “la media naranja del PP”, PP y Cs son “las dos derechas”, Rivera es la muleta de Rajoy y no ha hecho otra cosa que “abrazar todas las tesis del PP” y su partido “ha pasado al PP por la derecha”.

En el fondo de este planteamiento está el deseo del PSC de querer disputar a Cs el voto moderado en Cataluña, uno de los motivos por los que su candidato, Miquel Iceta, acabó participando activamente en las manifestaciones por la unidad de España que se celebraron en Barcelona. Aquellas movilizaciones pusieron en el mercado electoral a un gran numero de catalanes descontentos con el independentismo cuya atención se disputaban en exclusiva Cs y PP, pero a los que ahora también se dirigen los socialistas. No por casualidad la cabeza visible de aquellas manifestaciones fue el exministro Josep Borrell, al que el PSC reserva un papel relevante en los últimos días de la campaña catalana.

El PSC trata de obtener su propia tajada del grupo de ciudadanos que no son partidarios de la independencia, incluso aquellos que son nacionalistas pero que no se identifican con el intento de ruptura unilateral protagonizado por los independentistas, y que al mismo tiempo no están dispuestos a votar al PP, al que consideran responsable de haber sembrado el malestar en Cataluña que ha llevado a casi la mitad de la población a apoyar el divorcio con España.

Para que los ciudadanos visualicen al PSC como la fuerza transversal capaz de representar al bloque más moderado del electorado —se presentan a sí mismos como la opción “del sentido común”— es por lo que Iceta decidió dar entrada a antiguos militantes democristianos que hasta hace poco formaban parte de una de las dos almas de la desaparecida Convergència i Unió.

El espacio de “la mayoría”

El propio Sánchez subraya, siempre que tiene ocasión, su apuesta por abrir “un nuevo tiempo” entre los dos extremos: los que se quieren ir y los que pretenden recentralizar el Estado. Un espacio en el que, en palabras del secretario general del PSOE, “habita la mayoría de la ciudadanía en Cataluña”. Se trata, señaló en la reunión del Comité Federal del día 11 de noviembre, de “romper la política de frentes que nos trajo hasta aquí, porque esa lógica de bloques es la que bloquea [sic] precisamente la solución a la crisis en Cataluña”.

Este objetivo, la búsqueda de una solución de gobierno transversal, no es nuevo en el PSOE. Pedro Sánchez ya lo había asumido mucho antes del referéndum de 1 de octubre. Su alianza preferida era entonces una que incluyese al PSC y al PDeCAT, siempre y cuando en esta formación se hubiesen impuesto ls tesis más moderadas, lo que finalmente no parece haber ocurrido. En aquellos días los socialistas otorgaban enorme valor político a la experiencia de trabajo conjunto que han acumulado con la antigua Convergència en muchos ayuntamientos catalanes y en instituciones como la Diputación de Barcelona en los que aún hoy, pese a la crisis soberanista, todavía comparten tareas de gobierno.

La idea entonces era tender puentes hacia el PDeCAT. La antigua Convergència, calculaban los socialistas, iba a necesitar alianzas más allá de Esquerra para reparar los daños que el pacto con los republicanos les ha causado, pero el renovado liderazgo de Carles Puigdemont, insólito candidato a la Presidencia de la Generalitat —huyó a Bélgica para eludir la acción de la justicia española y hacer más visible el conflicto soberanista—, dificulta mucho esta salida.

Queda ahora por ver si será posible una fórmula con Esquerra, siempre que renuncie a la independencia unilateral, y con Catalunya en Comú. O si, en el caso de que el PSC sea el partido más votado de los no independentistas en un Parlament sin mayoría absoluta de PDeCAT, ERC y las CUP, Iceta está dispuesto a ser presidente con los votos de Ciudadanos y del PP.

Las únicas líneas rojas que los socialistas han puesto hasta ahora sobre la mesa son que no pactarán con quienes pretendan repetir la vía unilateral hacia la independencia y que no investirán a ningún candidato de la derecha (PP y Cs).

Lo que no podrá hacer el PSOE es apuntarse el éxito que pretendía como artífice del diálogo parlamentario para solucionar la crisis catalana. Al boicot inicial de los nacionalistas (ERC, PDeCAT, PNV y Bildu) y de Unidos Podemos a la comisión de evaluación del Estado de las autonomías se ha sumado ahora la actitud de PP y Cs, que este jueves dejaron claro a los socialistas quién tiene el control: ambas formaciones han forzado la suspensión virtual de la comisión hasta el mes de enero.

A este contratiempo se suma el potencial desestabilizador que para el PSOE tiene el debate sobre financiación autonómica y que amenaza con enfrentar a los presidentes autonómicos socialistas más hostiles a Sánchez (Susana Díaz, Emiliano García Page o Javier Fernández) con el PSOE vasco e incluso con el PSC en plena batalla electoral en Cataluña.

Los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias e incluso el de Aragón, Javier Lambán, y sobre todo Ximo Puig, el jefe de Gobierno de la Generalitat valenciana, exigen mejoras en la financiación de sus territorios no necesariamente compatibles con los intereses de Euskadi y de Cataluña. En esta última comunidad Miquel Iceta se dispone a defender un “pacto fiscal” que muchos socialistas identifican con el cupo vasco. Por si fueran poco los intereses enfrentados, la presidenta de Baleares sigue su propia estrategia en busca de un estatus especial como el que ya disfruta Canarias en virtud de su insularidad.

Euskadi –y de forma casi idéntica Navarra– paga al Estado unos gastos de comunidad más o menos fijos, para sufragar la defensa, la política exterior, las instituciones políticas y judiciales estatales y otros servicios provistos por el Estado. El sistema se llama Concierto y la cifra resultante, que se negocia de manera bilateral entre los gobiernos respectivos, se denomina Cupo. A cambio, el País Vasco fija y recauda sus propios impuestos y gasta en lo que quiere.

El modelo es de 1878, fue suspendido por Franco excepto en Álava, la única provincia que fue dócil al golpe militar de 1936, quedó consagrado en la Constitución Española, y fue firmado ya en democracia tras una negociación de un año, en 1980, cuando ETA mataba a una persona cada cuatro días –93 fueron los asesinados ese año–. Es fácil imaginar el ambiente que rodeaba las largas negociaciones, con las pistolas amenazantes, con un Suárez a punto de dimitir y un golpe de Estado en plena gestación.

Es verdad que la Euskadi de hoy no es las provincias vascongadas de entonces, azotadas por una crisis industrial brutal, un paro desbocado y una situación social crítica. La apuesta del PNV de aquella época fue un acto de fe en su propia capacidad. Una fe que no tuvo Pujol, que rechazó el sistema en esas mismas fechas. Cuando Artur Mas y Montilla quisieron reclamarlo, décadas después, ya era demasiado tarde. El vecino listo ya se había reformado el piso a su gusto, y no estaba la comunidad de vecinos para conceder privilegios al pesado pedigüeño catalán.

Pero precisamente porque el País Vasco de hoy no es el de entonces, y porque el malestar de las comunidades autónomas con respecto al modelo de Estado se ha hecho evidente, empiezan a surgir los desacuerdos más enconados. Pedro Sánchez ha tenido que pacificar a sus líderes territoriales, y el Gobierno ha tenido que renovar su promesa incumplida de revisar por completo el modelo de financiación de la finca.

Hay muchas justificaciones, históricas y políticas, de los conciertos vasco y navarro –pueden verse en el interesante artículo del líder vasco de la negociación de 1980–.  Pero es evidente que a día de hoy el modelo resulta claramente beneficioso para Euskadi y para Navarra, que aportan menos de lo que reciben y menos de lo que les correspondería transferir según su peso económico. La respetable Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica lo hizo saber este verano en el informe que le encargaron todos los presidentes, con la notable ausencia, síntoma de su pocas ganas de solidaridad con los demás, de expertos vasco, navarro y catalán. Euskadi y Navarra no están contribuyendo a la igualdad de los españoles, y el resultado final es que los maltrechos agricultores andaluces o los ganaderos de Castilla y León están financiando las excelentes escuelas vascas.

Pero no habrá cambios por el momento. Primero, porque para derogar el Concierto hay que reformar la Constitución y más allá de las vagas promesas de Rajoy a Sánchez y de los brindis al sol que pueda hacer la comisión parlamentaria correspondiente, ese melón no se va a abrir ahora. No hay acuerdos mínimos en prácticamente nada de lo sustancial. Rajoy, conocido por su renuencia al riesgo, que él llama lío, no va a permitir un debate real y consecuente sobre la Constitución. Y el resto de las fuerzas políticas no serían capaces de unirse en una alternativa consensuada. Apostaría mi mano derecha a que esta Legislatura no va siquiera a alumbrar las líneas de una reforma constitucional seria que cuente con unos acuerdos transversales mínimos.

Y segundo, el Concierto permanecerá inalterado porque el PNV, a pesar de su pequeño tamaño en el Congreso de los Diputados –seis escaños–, resulta ser un partido crucial. No sólo porque sus votos pueden ser necesarios para un Gobierno en minoría, sino porque en los últimos años, después de Ibarretxe y tras la rendición de ETA, el nacionalismo vasco actúa como contraste moderado, civilizado y tranquilo del nacionalismo catalán. Eso para el Gobierno, y también para el PSOE y para Ciudadanos, tiene un valor incalculable. Ninguno de los tres quiere molestar al PNV más de lo imprescindible. El Concierto, insolidario como es e inequívocamente desigual, es un mal menor al lado del inmenso follón del independentismo catalán.

Se dice que la política es el arte de lo posible, y es cierto. Por injusto que sea que dos comunidades autónomas tengan un sistema de financiación completamente distinto de las demás y hoy nítidamente insolidario, no es posible cambiarlo en este momento. No hay quien le ponga el cascabel a ese gato. Pero no nos engañemos. Que no sea posible cambiarlo no significa que sea justo. El vecino vasco puede apelar a los derechos adquiridos por sus bisabuelos y puede decorar su piso en silencio, parcialmente con el dinero de los demás. Puede incluso caernos simpático en comparación con el tinglado que ha montado la pandilla catalana que habita el quinto derecha. Pero en algún momento, quizá cuando ganemos confianza entre todos, alguien debería decirle que ya es hora de contribuir a los espacios comunes de manera proporcionada. Algún día, si el edificio sigue en pie, claro.

El debate del cupo vasco y del concierto económico en el Pleno del Congreso se convirtió este jueves en un reproche de todos los grupos parlamentarios a la posición de Ciudadanos en contra de ambas leyes, a las que presentó sendas enmiendas a la totalidad.

La iniciativa salió adelante con el rechazo del 10% de la Cámara: los 32 diputados de Ciudadanos y los cuatro de Compromís. Tampoco recabó el apoyo de Bildu, que optó por la abstención, ni del diputado valenciano de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que no participó en la votación.

En el debate previo, el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, dijo que el problema no es el sistema sino lo que Euskadi acaba pagando, el "cuponazo", como lo llamó, que "no responde a un cálculo técnico, sino a un amaño político" entre el PP, el PSOE y el PNV.PSOE

Según explicó, Ciudadanos cree que ambas normas "trabajan por la desigualdad e inciden en la insolidaridad territorial" y aprecian un "fraude a la Constitución", concretamente al artículo 138, que dijo que ninguna comunidad podrá gozar de ningún privilegio económico ni social.

Rivera también criticó la propia tramitación de las leyes, con carácter de urgencia y en lectura única, y se preguntó por qué no es urgente reformar el sistema del resto de comunidades (salvo Navarra), pendiente desde 2014.

El líder de la formación naranja denunció que el acuerdo sobre el cupo hará que una comunidad "rica" como el País Vasco sea "subvencionada en casi un 30% por el resto de españoles". "¿Cómo podemos aceptar esta injusticia, señor Montoro?",preguntó, acusando al Gobierno de haberse "pasado por el arco del triunfo" la opinión de los expertos en financiación autonómica, informa Europa Press.

Por último, afeó al PNV que diga que "no hay ambiente" para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 pero sí lo haya para pactar el cupo. También arremetió contra el PSOE por respaldar el acuerdo sobre la aportación vasca pese a considerarse un partido "progresista", y contra ERC y PDeCAT. "Como buenos supremacistas, les gusta el privilegio", dijo a estos últimos, acusándoles de buscar otro "cuponazo" para Cataluña.

El PNV ve "seguridad jurídica"

Idoia Sagastizabal defendió la posición del PNV y del Gobierno vasco a favor de estas normas, que dan "seguridad jurídica" y que no suponen privilegio. "No es nada de eso, ni la panacea", reiteró. "El pago del cupo es obligatorio independientemente de la situación financiera del País Vasco, esto nos obliga a gastar cuidadosamente", defendió.

Aseguró que es malintencionado hablar "de nada parecido a un paraíso fiscal" porque la presión impositiva en Euskadi es algo superior que en el régimen general y porque aporta al Estado el 6,24%, cuando su peso económico y su población es menor. "Pagamos el 6,24% del AVE Madrid-Valencia y el fondo de solidaridad interterritorial, cuyo monto establece el Gobierno y del que Euskadi no es la beneficiada", agregó.

La diputada también defendió que si el País Vasco tiene un gasto per cápita más alto, es porque la renta es más elevada, tiene más competencias y una "eficacia más alta" en la gestión. "Deberían mirar al futuro dejando de demonizar el éxito ajeno", le dijo a Ciudadanos.

Por el PP defendió las leyes el vasco Javier Maroto, que dedicó su intervención casi por completo a criticar a Ciudadanos por su posición, que le ha provocado "durar un cuarto de hora en el País Vasco". "Cuando uno hace un discurso mirando al sol a ver cómo calienta mejor cada día, tiene un nombre: oportunismo", ha dicho, para afearle que haya participado en la manifestación en Valencia por otra financiación en la que se corearon consignas como "dadnos la llave de la caja". "Oportunismo", insistió.

A continuación le recordó que pasó de censurar la aplicación del 155 en Cataluña a defenderla, "dos editoriales de periódico después", y le preguntó si acabará votando contra el régimen canario por ser también diferente, o si votará a favor porque Ciudadanos sí tiene representación política en las islas, a diferencia de en Euskadi.

El PSOE habla de comunidades "infrafinanciadas"

Pedro Saura presentó el voto a favor del PSOE de ambas leyes, pero le ha dijo a Montoro que "sí hay una discriminación" entre comunidades autónomas, no causada por el cupo: la infrafinanciación de muchas autonomías porque no se ha reformado el sistema del régimen común. "Sí hay una discriminación clara, algunas comunidades están escandalosamente infrafinanciadas", dijo.

Acusó a Montoro de haber demostrado desidia por no haber presentado desde 2014 una propuesta de reforma del sistema de régimen común, tampoco pese a haberse comprometido a ello el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Conferencia de Presidentes de enero.

Saura aseguró que el PSOE está dispuesto a negociar desde la base de que todos los españoles tienen derecho a los mismos servicios y que estos se financien con suficiencia al margen de los ciclos económicos.

El portavoz socialista lanzó también un dardo a Ciudadanos porque se opone a la ley del cupo, pero apoya los Presupuestos de 2017 que recogen las cifras derivadas de estas normas, lo que Euskadi paga y recibe, lo mismo que ocurrirá en 2018. "Si le quedara señor Rivera un mínimo de coherencia haga una enmienda a la totalidad de los Presupuestos del 18", le dijo.

Gobernarse a sí mismos

Nagua Alba defendió por Unidos Podemos ambas leyes "por argumentos diferentes al PNV" y que no son históricos, sino porque los ciudadanos tienen derecho a gobernarse a sí mismos, dijo la portavoz, que también criticó la postura de Ciudadanos.

Alba defendió la negociación bilateral de la financiación de todas las autonomías y reclamó suficiencia financiera para todas ellas, porque "es inexplicable que en el siglo XXI Extremadura se manifieste para tener un tren en condiciones", añadió. "Es una injusticia para la ciudadanía", añadió.

Si las comunidades del régimen común no están bien financiadas, ha dicho, no es por el cupo vasco sino por el fraude fiscal o la corrupción. "El 'cuponazo' son las amnistías fiscales de Montoro. Culpar de las injusticias a un territorio es falso", añadió.

"Se termina no aceptando la diversidad ideológica y política"

El PDeCAT manifestó su voto a favor, explicó Ferran Bel, que también se dirigió a Rivera para advertirle de que demuestra que no acepta la diversidad lingüística, cultural, económica. "Y se empieza así y se termina no aceptando la diversidad ideológica y política, los catalanes lo sabemos", dijo.

Compromís confirmó su voto en contra porque reclama mejor financiación también para el resto de comunidades "sin ningún tipo de privilegio" y ha cargó contra Ciudadanos por su posición, a su juicio farisea porque en otros aspectos no defiende. "Estamos hartos de que la política española siga el eje Madrid-Euskadi-Cataluña, muy hartos", manifestó.

Marian Beitalarrangoitia, de EH Bildu, defendió que el Concierto "son los restos" de los derechos históricos vascos, que no son un privilegio sino al contrario, a juicio de su grupo: "Aportamos para el pago de la monarquía o la Armada, cuestiones nada prioritarias para la ciudadanía vasca". Su partido votó a favor del Concierto y se abstuvo en el cupo.

Por parte de UPN, Iñigo Alli defendió el régimen foral que rige también en su comunidad y ha anunciado su voto a favor del cupo en lugar de la tradicional abstención del partido navarro ante estas normas. "Nadie puede poner en duda estas singularidades", dijo.

Desde Foro, Martínez Oblanca censuró que Ciudadanos no se oponga a otras "dádivas" que a su juicio reciben otras comunidades como Cataluña, en este caso, en condonación de intereses. Y la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas cargó contra Rivera, al que acusó de "no decir verdades, manipular la Constitución" y de hacer populismo. Anunció el apoyo de su partido al cupo vasco y al régimen foral navarro.

Casi todo lo que está pasando tiene relación directa o indirecta con el estallido catalán o encuentra justificación en las ondas desatadas por el mismo, a la espera de comprobar si el 21 de diciembre abre algún nuevo camino que sirva de “reconstituyente” a un Estado que ahora mismo está hecho unos zorros.

Con la actualización del Cupo el Gobierno cumple su compromiso con el PNV en el acuerdo de Presupuestos para 2017, al tiempo que incumple lo que prometió a principios de año a todas las demás comunidades: que antes de 2018 tendría lista la reforma de la financiación autonómica pendiente de revisión desde 2014. Una vez más, Rajoy pone por delante su interés partidista a costa de abrir un nuevo frente en la crisis territorial, y de paso coloca a su principal adversario, Pedro Sánchez, en una mayor debilidad ante sus propias filas. Niquelado (para los intereses del PP).

Lo que internamente le reprochan a Sánchez desde Andalucía, Valencia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha o Baleares no es tanto el voto a favor del Cupo (con el argumento de que se trata de un compromiso obligado por la Constitución) sino que se apruebe su actualización sin exigir como condición previa lo que precisamente acordó la Ejecutiva federal del PSOE en su reunión del pasado lunes: una reforma urgente de la financiación autonómica que garantice la igualdad de toda la ciudadanía en el acceso a servicios públicos de calidad independientemente de dónde vivan, así como resolver los problemas de déficit excesivo acumulado por comunidades claramente infrafinanciadas (como Valencia o Andalucía, entre otras).

Es verdad que la Constitución reconoce al País Vasco y a Navarra su singularidad como territorios forales, y establece el Cupo y el Concierto (fórmulas procedentes del siglo XIX) como marco que regula sus relaciones financieras con el Estado central. Los gobiernos de esas comunidades recaudan todos los impuestos y pagan al Estado una cantidad por las competencias no transferidas o servicios que realiza el Estado. Esa cantidad debe revisarse cada cinco años, pero durante la última década no ha habido acuerdo sobre la actualización de la misma.

La mayoría de los expertos (incluidos los elegidos este mismo año por PP y PSOE como asesores para la revisión de la financiación autonómica) consideran que el País Vasco y Navarra deberían contribuir a la solidaridad interterritorial, y recuerdan que el mantenimiento de ese marco económico es excepcional en el panorama internacional. Pero nunca hasta ahora se había puesto tan en entredicho desde la política. El estallido catalán ha abierto (también) esa caja de los truenos.

La reforma constitucional pendiente

El principal argumento esgrimido hasta ahora desde el PSOE para justificar su apoyo al Gobierno en la reacción a las decisiones tomadas por los independentistas catalanes es el compromiso de Mariano Rajoy para abordar una reforma constitucional dentro de seis meses, una vez concluidos los trabajos de la citada comisión parlamentaria que analice el funcionamiento del modelo autonómico. Pero hace justo una semana, tras la constitución formal de la comisión, el portavoz del PP ya soltó la primera bofetada: “No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución…” Por si alguien pensara que José Antonio Bermúdez de Castro es un verso suelto, la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha encargado estos días de echar más agua fría a las expectativas de esa posible reforma. El tercer mimbre del 155, Albert Rivera, directamente ha proclamado que la comisión planteada por el PSOE “no tiene ningún futuro”.

De modo que este jueves, tras esa aprobación del Cupo que tanto ha encabronado a barones y baronesas socialistas, se reúne por primera vez una comisión que se sabe de dónde viene (el estallido catalán) pero no se sabe a dónde conduce. Lo mejor que le ha pasado a la propuesta de Pedro Sánchez ha venido de fuera de la política. Diez catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de distintas universidades y diferentes posiciones ideológicas han presentado esta misma semana un documento consensuado bajo el título Ideas para una reforma de la Constitución. Si Rajoy se tomara la molestia de leerlo (son sólo quince páginas) descubriría que quienes saben de esto mucho más que la plantilla de abogados del Estado capitaneada por la vicepresidenta sí que consideran necesario y urgente “afrontar la reforma de la Constitución” para poner remedio no sólo a la crisis de Cataluña sino a la “seria crisis constitucional en que estamos inmersos”.

Es muy probable que José Enrique Serrano, el diputado socialista que el propio PP deseaba en la presidencia de  la comisión, plantee que los autores del citado documento sean oídos en el Parlamento. Que sean escuchados ya es más difícil, a pesar de que sus planteamientos (inspirados en varios modelos federales) son tan pragmáticos que hasta evitan apellidar la reforma como “federal”, conscientes de la identificación que la derecha española hace de inmediato con la República. Existen otras propuestas de reforma constitucional también sólidamente argumentadas (por ejemplo la de Federalistas de Izquierda).

Todas parten, como es lógico, de un análisis de los errores y defectos del Estado autonómico, así que todas pueden y deben ser atendidas en esta comisión parlamentaria. Pero que no se engañe Sánchez ni pretenda engañar a nadie: la mayoría de quienes forman la comisión no creen en absoluto en ella. Desde el PP y Ciudadanos se dedicarán a devaluar su utilidad porque ya lo han hecho antes de nacer. Quieren pensar desde el PSOE que tras las elecciones del 21-D quizás cambien las cosas, incluso que Unidos Podemos y los grupos nacionalistas se replanteen su ausencia de la comisión que este jueves se estrena. Nada es imposible, pero a la vista del orden del día parlamentario de este jueves, es más visible el entendimiento del PNV con Rajoy que el de Sánchez con Iglesias.

P.D. Finalizada la primera reunión de la Comisión territorial, hemos sabido que el PP, Ciudadanos y UPN han rechazado que las primeras comparecencias se produzcan el 4 de diciembre, como pretendía el PSOE. De modo que, con el argumento de que no deben coincidir sus trabajos con la campaña electoral catalana, la comisión no echará a andar en realidad hasta enero.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este jueves que "la salida al laberinto político territorial" del Estado "se encuentra en el horizonte del Estado confederal", que institucionalice la consulta a la ciudadanía sobre su futuro "de manera legal, pactada" y con garantías.

También ha reclamado que se avance en el reconocimiento jurídico-político, social y cultural "de las realidades nacionales vasca, catalana y gallega, además de la española".

Asimismo, ha defendido que Euskadi siga su "vía propia, la vía vasca", para lograr un nuevo estatus con el fin de "seguir avanzando en su construcción nacional y social". "Planteo la posibilidad de acordar un nuevo pacto político expresión de nuestra nacionalidad propia y diferenciada, tal como recoge el artículo primero del Estatuto de Gernika", ha afirmado, para apuntar que debe acordarse "un pacto bilateral con el Estado" que "garantice sus poderes y competencias".

Durante su intervención en el debate de política general, Urkullu se ha referido a "la visión de futuro del autogobierno vasco", el cuarto pilar de su programa de Gobierno, ha emplazado al Gobierno de Mariano Rajoy el traspaso a Euskadi de 37 transferencias pendientes "para zanjar el contencioso estatutario" después de 37 años de "incumplimientos".

El lehendakari ha asegurado que el primer compromiso de su Ejecutivo es "avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika" y, para ello, ha aprobado un informe actualizado sobre las competencias no transferidas, un total de 37, que, tal como aseguró el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, serán facilitadas mañana a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Nuestro Gobierno ha declarado y demostrado voluntad de negociación y acuerdo, esperamos una actitud de reciprocidad por parte del Gobierno español".

La vía de la bilateralidad, reactivada en la Comisión Mixta del Concierto y la Junta de Seguridad, es el camino que nos puede permitir zanjar el contencioso estatutario y completar las 37 transferencias pendientes tras 37 años de incumplimiento", ha añadido.

"Convivencia entre identidades diferentes"

En cuanto al nuevo estatus para Euskadi, ha señalado que éste debe aprobarse en el Parlamento vasco "con el mayor consenso" y sus "Bases y Principios" deberán consensuarse en la ponencia de autogobierno. "El ideal del Autogobierno se encuentra en la concordia y la convivencia entre identidades diferentes, sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo", ha destacado.

Con el fin de favorecer "el máximo consenso", Iñigo Urkullu ha realizado unas reflexiones con el fin de "facilitar el desarrollo y avance de los trabajos" parlamentarios, como son "ubicar la cuestión del autogobierno vasco en el ámbito político de la Unión Europea", analizar "el reconocimiento de Euskadi como nación y la consideración de los Derechos Históricos como poder constituyente", asentar "el concepto de bilateralidad y su aplicación efectiva, y disponer "de una precisa capacidad de decisión en el ámbito del Estado, la UE y la acción internacional".

En el horizonte europeo

Iñigo Urkullu ha señalado que "la Europa unida era, desde su fundación, el proyecto político para construir una federación de naciones y pueblos en torno a un proyecto compartido".

A su juicio, "es necesario que el protagonismo político y decisorio se transfiera a los pueblos y naciones que integran la diversidad europea". "En este nuevo escenario, sería necesario configurar una estructura basada en el principio de subsidiariedad que permita un reparto de competencias y, también, de soberanía", ha aseverado.

Por ello, ha apostado por "avanzar en un modelo capaz de unir los elementos positivos de los modelos confederal y federal, que limite la exclusividad del Estado-Nación, tanto en el ámbito interno como internacional". "Esta vía podría abrir, también, una alternativa constructiva para la ineludible reforma del modelo de Estado, que debe partir de la asunción de su propia realidad plurinacional", ha señalado.

Poco antes de que los ánimos se caldearan hasta alcanzar el punto de ebullición en que se encuentran en estos momentos, un puñado de economistas del Institut d’Economia de Barcelona (IEB), nacido en el seno de la Universidad de Barcelona y en cuya fundación se sientan desde La Caixa hasta Gas Natural Fenosa y Abertis, publicó un informe sobre La esperada reforma de la financiación autonómica. En sus páginas, el exconseller de Economía Antoni Castells pide para Cataluña un “tratamiento específico” en materia fiscal, a la manera de Escocia, Quebec o Flandes, que a su juicio podría “rebajar la pulsión independentista”. Dos años antes, el expresidente Artur Mas había atribuido al rechazo de Mariano Rajoy a su propuesta de Pacto Fiscal el rumbo hacia la independencia que ha tomado el Gobierno catalán. “El golpe de puerta a esta aspiración fue muy grande y, a partir de aquí, la historia es conocida y no hace falta que insista”, explicó en la clausura de la presentación del nuevo modelo de Administración Tributaria de Cataluña, que la Generalitat había encargado a un grupo de expertos en 2013.

Ese Pacto Fiscal se presentaba como la adaptación a Cataluña de los conciertos económicos vasco y navarro. Un modelo único en el mundo –como presumen sus defensores y reprochan sus detractores–, basado en los “derechos históricos” reconocidos a los territoriales forales –Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra– y que fue aprobado en su forma actual en mayo de 1981.

Desde entonces, y mediante un pacto bilateral que se renueva cada cinco años entre los gobiernos del País Vasco y Navarra, y el Gobierno central, ambas comunidades autónomas recaudan, liquidan y gestionan todos los impuestos –12 estatales y 11 autonómicos–. Después, pagan un cupo al Estado, un tanto por ciento de los gastos que para éste suponen las competencias no transferidas –desde las embajadas hasta la defensa pasando por las prisiones o la Seguridad Social– así como de las amortizaciones e intereses de la deuda pública. Ese porcentaje es el 6,24%, la contribución del País Vasco al PIB nacional, y del 1,6% en el caso de Navarra. También contribuyen al Fondo de Compensación Interterritorial en ese porcentaje, pero no a los otros fondos de solidaridad entre comunidades autónomas: los de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, de Suficiencia Global, de Competitividad y de Cooperación.

Según ha calculado Pedro Luis Uriarte, exconsejero de Economía que negoció el Concierto Económico en 1981, el País Vasco ha pagado desde entonces hasta 2016 un total de 26.000 millones de euros al Estado, 11.558 euros por habitante. El último acuerdo sobre el cupo, firmado el pasado julio, fija en 1.300 millones el pago al Estado que deberá hacer el País Vasco este año.

Uriarte, que se ha convertido en el gran divulgador de las bondades del Concierto Económico Vasco, no tiene ninguna duda: desde un punto de vista técnico, el traslado del modelo a Cataluña es “perfectamente posible”. Aunque también destaca que sería necesario cambiar la Constitución y que las posibilidades “políticas” de sacar adelante una iniciativa de ese tipo son “muy limitadas, por no decir nulas”, teniendo en cuenta la oposición de los principales partidos nacionales. A su juicio, el Pacto Fiscal podría ser una “estación intermedia” entre la situación actual, con un “régimen general que perjudica a Cataluña”, y la independencia.

Cuando la Generalitat dijo no al concierto

El exconsejero tacha de “error histórico” que Cataluña rechazara en 1980 negociar con el Estado un concierto económico como el vasco. Según relata en su libro El Concierto Económico Vasco: una visión personal, el entonces ministro de Hacienda de UCD, Jaime García Añoveros, se lo ofreció al conseller Ramón Trias Fargas, mientras negociaban la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). El histórico dirigente de Convergència lo descartó, cuenta Uriarte, porque le pareció “políticamente inconveniente” hacerse responsable de la recaudación de impuestos, una actividad impopular, a las pocas semanas de haberse constituido el Gobierno de la Generalitat presidido por Jordi Pujol. Menos aún cuando el país se encontraba en plena crisis económica. Pero también lo desechó porque pensaba que Cataluña obtendría más recursos negociando con el Gobierno a cambio del apoyo convergente en el Congreso. “Además, los políticos catalanes consideraban el Concierto Económico Vasco como una antigualla”, apunta el exconsejero. Ramón Trias, asegura, “miraba el concierto por encima del hombro, y ésa pudo ser una poderosa razón psicológica que le impidió ver su validez”.

Uriarte también menciona una carta de Jordi Pujol enviada en 2006 al exconsejero vasco de Educación Pedro Miguel Etxenique. “Los catalanes no tenemos concierto económico porque no lo quisimos”, reconoce el expresidente. Pese a que Convergència, cuenta Pujol en su carta, intentó introducirlo en las negociaciones que dieron lugar al Estatuto de Autonomía Catalán en 1978, la oposición de PSC, PSUC y UCD lo impidió.

“Nunca se tomó en serio [Copiar el Concierto Económico Vasco], ni siquiera en 2012 [cuando Artur Mas planteó el Pacto Fiscal]”, le rebate Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. “sólo lo planteaba Artur Mas para que no le pidieran la independencia los suyos”. Carreras explica que el Concierto Económico es “neutro”, pero el cupo es “injusto”. “En el cálculo de esa cantidad, que es muy complicado y muy oscuro, se hacen trampas”, indica, “eso es lo que habría que cambiar”. El catedrático sí que pide un nuevo sistema de financiación autonómico, “pero para todas las comunidades autónomas”.“Subvencionadas por territorios más pobres”

Como Carreras, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, considera el concierto vasco “discriminatorio”, “un privilegio económico”. En 2012 estudió el Pacto Fiscal y concluyó que era “inviable constitucional y políticamente, y desaconsejable en términos de racionalidad económica y administrativa”. Según sus cálculos, un concierto económico con Cataluña supondría detraer 11.000 millones de euros de la financiación del régimen común, de la cuantía que recibe el resto de las comunidades autónomas. Y lo que ganaría Cataluña con este nuevo modelo no sería sustancioso: 1.000 millones de euros.

Además, De la Fuente cifra en 4.500 millones la cantidad que hasta 2007 el País Vasco se ahorró gracias a un cálculo del cupo a su juicio excesivamente favorable para la comunidad autónoma. De esta forma, los vascos han disfrutado estos años de una financiación por habitante superior en un 60% a la media de las comunidades del régimen común, “pese a contar con una normativa fiscal que tradicionalmente ha sido más laxa”. Como Carreras, De la Fuente destaca que si los principios del concierto vasco se aplicaran “de forma medianamente razonable, el sistema debería ser casi neutral”. Por el contrario, tanto el País Vasco como Navarra “están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres”. Entre ellos, la propia Cataluña, dice el director de Fedea, que cifra en 1.000 millones de euros esa “aportación” extra a la financiación vasca.

En su libro, Pedro Luis Uriarte no se muestra de acuerdo con las acusaciones de “privilegio” que se lanzan contra el Concierto Económico. Y resalta que el Estado gasta en el País Vasco “mucho menos de lo que aporta a través del cupo bruto”. En concreto, entre 2001 y 2014, 15.638 millones de euros menos. Además, asegura que los vascos “llevan pagando desde hace 35 años un 33% más de lo que les correspondería por su población”, el 4,66% de la española –paga por el 6,24% de su aportación al PIB–.

Respecto a Cataluña, el exconsejero vasco cita el trabajo realizado por Elisenda Paluzie, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona. El estudio concluye que, aplicando el cupo vasco a Cataluña, el déficit fiscal catalán con el Estado –entre 15.000 y 17.200 millones– se habría reducido hasta los 6.000 millones de euros.

“Todos los estudios confirman que el Concierto Económico es favorable a los vascos”, coincide con De la Fuente José María Durán-Cabré, investigador del Institut d’Economia de Barcelona. Pero advierte de que el modelo vasco no es “replicable” en Cataluña. El PIB catalán equivale al 18,9% del nacional, tres veces el vasco, lo que haría inviable el régimen común. A no ser que se cambiara el cálculo del cupo, incorporándole un mecanismo de redistribución entre comunidades autónomas, precisa.

Reforma profunda del sistema actual

En cualquier caso, Durán-Cabré cree que, desde un punto estrictamente técnico, existen “otros modelos mejores que el Pacto Fiscal”. Por un lado, antes de pensar en una Agencia Tributaria propia, a su juicio habría que considerar las economías de escala y de especialización, y los ahorros que se consiguen cuanto mayor sea el tamaño del organismo. Según la Generalitat, el coste de una Hacienda catalana independiente ascendería a 700 millones –desde los 280 millones actuales–. Otra investigadora del IEB, Núria Bosch, calcula que la nueva Hacienda catalana debería tener entre 7.000 y 8.000 trabajadores. Ahora los empleados de la Agencia Tributaria en Cataluña, de la Agència Tributària de Catalunya, las oficinas liquidadoras y los organismos autónomos de las diputaciones suman 5.000 personas.

Por otro lado, Durán-Cabré defiende una reforma “profunda” del actual sistema de financiación autonómica. “No es equitativo y, en términos de eficiencia, desincentiva la actividad en las comunidades más ricas”, advierte. Según explica, los resultados de aplicar los fondos de solidaridad territorial están lejos de ser “justificables”.

Así, de acuerdo con el mapa de financiación que elabora el IEB, con cifras de 2014, las comunidades más beneficiadas por los actuales mecanismos de nivelación son Cantabria y La Rioja, que ya antes de aplicarse estos fondos se encuentran por encima de la media en cuanto a recursos. La más perjudicada es la Comunidad Valenciana, que termina con menos recursos después de utilizar los fondos de solidaridad autonómica y ya antes está por debajo de la media. Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades más ricas, son también las que más recursos pierden. Canarias los duplica gracias a los mecanismos de nivelación, y Extremadura los aumenta un 56%. Andalucía, sólo un 17%.

El investigador del IEB cree que la solución a estas disfunciones es un sistema fiscal federal que aumente la responsabilidad tributaria y dé “más poder en la gestión y administración de los impuestos a las comunidades autónomas que así lo quieran”.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha advertido este viernes de que "el cupo vasco es como un misterio de Fátima, falta de transparencia en cómo se distribuye el dinero, nadie sabe muy bien cómo se calcula, está como en una nebulosa" y "los ciudadanos tenemos derecho a saber qué criterios se aplican a la hora de distribuir el dinero" y "por qué una comunidad autónoma puede tener 2.500 euros más por habitantes que otra".

Según ha informado Europa Press, Oltra, que se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por este tema, ha asegurado que el Gobierno central no va hacerles "entrar en una guerra entre territorios" pero sí ha querido expresar su "profundo rechazo a cómo se toman las decisiones sobre financiación de los distintos territorios. No se pueden tomar de forma unilateral sin escuchar el resto de necesidades de las comunidades autónomas", ha censurado.

"Aquí uno monta un pollo y le tapan la boca con el dinero de todos", ha lamentado. Con el dinero que se invertirá en cada persona en el País Vasco, "con el dinero que con esta reforma tendrá cada persona que vive en el País Vasco, si lo trasladáramos a la Comunitat Valenciana tendríamos 12.000 millones más de euros en el presupuesto, 2.500 euros por cada valenciano". "Prácticamente sería doblar el presupuesto", ha calculado.

Acusa al Gobierno de trato desigual

Así es "obvio que no tenemos las mismas oportunidades". "¿Cómo se justifica desde el Gobierno de España este trato desigual?", se ha preguntado, al tiempo que ha manifestado su "preocupación" por la manera en que el Gobierno central distribuye la financiación entre las distintas comunidades autónomas, de forma "partidaria, oportunista y arbitraria".

Frente a esta situación, ha reclamado una "solución global, con criterios objetivos" para que todos los territorios estén "bien financiados" y ha querido dejar claro que esto no tiene nada que ver con el concierto vasco, una "figura constitucional", ha dicho, "que ningún miembro del Gobierno valenciano ha cuestionado ni cuestionará".

En este sentido ha abogado por una "distribución solidaria" en la que las autonomías más ricas paguen más que las pobres, pero ha advertido de la "anomalía" de la Comunitat Valenciana, que, según ha puntualizado, "siendo pobre paga a las ricas", algo que "no tiene justificación, es arbitrario, injusto e inconstitucional. Las decisiones en este momento en financiación son inconstitucionales", ha sentenciado.

En cualquier caso, el Consell apuesta por "tejer alianzas, porque no es buena pedagogía intentar enfrentar territorios" y ha animado a buscar una "solución común de financiación suficiente para todos los territorios de España".

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, ha respondido a quienes critican el pacto del Gobierno con el PNV para sacar adelante los presupuestos de 2017, que incluye una revisión del Cupo vasco, afirmando que eso no habría sido necesario si el PSOE se hubiese abstenido para aprobar las cuentas.

"Ahora que se habla de su el PNV ha conseguido o no, de Coalición Canaria, si el PSOE se hubiese abstenido como sucede en muchos países de Europa donde partidos rivales acuerdan temas importantes, habría presupuestos y no estaríamos negociando con partidos nacionalistas ninguna partida, o a lo mejor sí, pero sólo para sumar de forma adicional", ha dicho en una entrevista en Antena 2 recogida por Europa Press.

En todo caso, el dirigente popular ha defendido el acuerdo alcanzado con el PNV, empezando por decir que "no se está explicando bien lo que es el Cupo vasco". Conforme al Concierto económico de esta comunidad, son las Diputaciones forales vascas las que recaudan los impuestos y después el País Vasco paga al Estado una cantidad por los servicios que éste presta en su territorio en virtud de las competencias no transferidas.

Maroto ha señalado que el sistema de financiación de País Vasco y Navarra, qu eno están incluidas en el régimen común, "no es ni mejor ni peor, simplemente diferente" y que no hay "privilegio", afirmando que su financiación "unas veces es más y otras menos", incluso que "cuando hay menos recursos el País Vasco tiene menos recursos que los demás".

Así, ha detallado que en los presupuestos de 2017 habrá 5.400 millones más para transferencias a las comunidades autónomas pero el País Vasco se llevara "cero" de ese importe.

La devolución de 1.400 millones de euros de la Hacienda estatal al País Vasco corresponde a una liquidación del Cupo pendiente desde 2007. "Las competencias y la financiación han ido variando en el tiempo y desde 2007 no se habían corregido", ha argumentado, añadiendo que el País Vasco "no había recibido el ajuste que sí habían recibido otras comunidades por el cambio en la financiación".

Además, ha negado que el Gobierno haya resuelto esta liquidación cuando ha necesitado los votos del PNV, sino que "se resuelve cuando se puede" después de años de situación económica "angustiosa". "Ahora hay más recursos para repartir entre todas las comunidades, excepto el País Vasco y Navarra porque se lo tienen que pagar de su bolsillo, es el momento de hacer ese ajuste", ha defendido Maroto.

No son "votos a cambio de dinero"

Tras recordar que el importe del Cupo –cuya base para el próximo quinquenio se ha fijado en 956 millones– es "un 5% de los recursos", ha admitido que le duele que se vea la negociación como "votos a cambio de dinero".

En esa línea, ha remarcado que otros asuntos pactados con el PNV van a ser beneficiosos para todos. Además, Maroto cree "importante" tener al PNV "en la moderación mejor que en la radicalidad". Según su análisis, el PP es a su vez en el País Vasco el "eje de la moderación" porque es quien garantiza los presupuestos vascos y "poder dialogar entre partidos moderados es positivo".

El Gobierno vasco y central han cerrado finalmente un acuerdo sobre las liquidaciones del Cupo y la nueva ley quinquenal. Los detalles del acuerdo los ha ofrecido este mismo miércoles el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu en Vitoria: el Ejecutivo español devolverá al vasco 1.400 millones de euros. Además, se ha establecido un Cupo provisional para 2017 de 956 millones que será el base del próximo quinquenio.

El pacto, firmado en Madrid por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco de Hacienda, cierra "diez años de incertidumbre financiera" entre ambos gobiernos, según ha destacado el consejero vasco.

Entre los aspectos clave del acuerdo sobre el Cupo –la suma que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas–, se encuentra la fijación de la cuantía a devolver por parte del Estado derivada de las discrepancias en el cálculo del Cupo entre los años 2007-2016 y las políticas activas de empleo. El importe de dicha cuantía se ha fijado en 1.400 millones de euros.

Además, se ha fijado un Cupo Provisional para 2017 de 1.300 millones de euros, que tras descontar los 344 millones de políticas activas de empleo, se quedará en 956 millones a pagar.

El texto acordado entre ambos gobiernos será aprobado en una Comisión Mixta del Concierto Económico a celebrar en la segunda quincena de mayo. El Gobierno Vasco ha destacado que el acuerdo supone entrar en "un periodo de estabilidad financiera" tras "normalizar y regularizar" las relaciones entre ambos ejecutivos, según ha explicado Azpiazu en una rueda de prensa en Vitoria.

El acuerdo contempla una "homogeneización" del denominado 'Cupo Líquido' y del índice de actualización del año base 2007. De esa forma, se fijan unos cupos Líquidos y compensaciones financieras definitivas para los ejercicios 2007-2015, y unas compensaciones provisionales para 2016.

La liquidación arroja un saldo de 1.248 millones de euros a favor de Euskadi. El pacto contempla la valoración definitiva del periodo 2011-2015 y la valoración provisional de 2016 del coste de las políticas activas de empleo. La liquidación arroja un saldo de 152 millones de euros.

En los pasados días, el Gobierno vasco había constatado avances en la negociación que mantenía con el Ejecutivo central en torno al Cupo y este mismo martes el propio portavoz, Josu Erkoreka, aseguraba que se estaba "a las puertas" de lograr "una paz fiscal para quince años" en Euskadi.

Según ha informado Europa Press, en la negociación, ambos Gobiernos trataron de llegar a un acuerdo sobre la liquidación de los Cupos correspondientes a los dos últimos quinquenios, el 2007-2011 y el de 2012-2016, además de definir la nueva Ley Quinquenal.

La controversia, defienden los socialistas de Euskadi, viene dada en buena medida por la complejidad del sistema. A diferencia de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas, Euskadi (y Navarra) recaudan sus impuestos y después pagan al Estado una cantidad por las competencias que no ejerce la administración autonómica. El importe se negocia entre País Vasco y el Estado, y se fija por ley cada cinco años. Si no hay acuerdo, se prorroga la anterior. Esa es la situación actual –pervive la norma de 2007-2011–, pues el Ejecutivo vasco y el central se reclaman mutuamente cantidades de ejercicios anteriores y no han sido capaces de cerrar un nuevo pacto.

La posición oficial del partido a nivel federal la fijó ya este jueves su secretario general, Pedro Sánchez. Aseguró que el verdadero debate es el de "actualizar la financiación autonómica" y que no "están en cuestión" ni el concierto vasco ni el cupo. "La gran ventaja del PSOE es que lo tiene escrito", reiteró Sánchez, quien se remitió a la Declaración de Granada aprobada por el partido en julio de 2013. Ese documento señala, literalmente, que "la institución del concierto y el convenio del País Vasco y Navarra deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional, sin perjuicio de perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica".

Andalucía y Valencia, contra el cupo

Las palabras del candidato a la Moncloa de los socialistas vienen a reconvenir a federaciones como la valenciana y especialmente la andaluza, que en los últimos días se desmarcaron de esa línea y reabrieron el debate sobre la financiación vasca a poco más de dos meses de las elecciones generales. Apenas 24 horas después de las primeras declaraciones de Díaz, la secretaria general del PSE Idoia Mendia le respondió: Euskadi, dijo, no tiene "un régimen privilegiado" ni recibe dinero del Estado, sino que lo aporta al conjunto. "Susana ha dicho que hay un desequilibrio y que es un privilegio. Por ese lado, creo que cada uno tiene que encargarse de lo suyo", zanjó Mendia.

Pero la líder andaluza insistió en sus planteamientos y su respuesta no se hizo esperar. Llegó el miércoles: “Los que están pidiendo solidaridad en Cataluña ahora resulta que la niegan en Euskadi”, ironizó. A su llegada a un desayuno informativo, apuntó que "cuando se defiende la igualdad, se defiende que un ciudadano en cualquier rincón de España tenga la misma sanidad, la misma educación y los mismos servicios públicos" y que, a su juicio, es "una realidad" que en la actualidad no todas las comunidades autónomas están "bien financiadas". Hay que "modular" el cupo en defensa de "la igualdad de todos los ciudadanos", reiteró.

A la polémica se sumó este jueves el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, uno de los barones socialistas próximos a Díaz. Puig consideró que el concierto vasco "hay que respetarlo", pero que "el resultado del cupo no puede llevar a asimetrías como las que se producen en estos momentos". Si en los últimos años la Comunidad Valenciana hubiera recibido la financiación media que tienen Euskadi y Navarra, ahondó, eso le habría supuesto 9.000 millones de euros más al año. Finalmente, y sin "quitarle nada a nadie", pidió que los valencianos sean "tratados con igualdad".

El PSE, entre la espada y la pared

En el PSE no ocultan su malestar con esas posiciones. La propia Idoia Mendia declaró también este jueves que "los temas vascos a veces pueden resultar complejos" pero que Euskadi "aporta" al conjunto del Estado, y llamó a respetar la consabida Declaración de Granada. "No es ningún Gobierno autonómico quien propone modificaciones sobre el cálculo del cupo", sostuvo en clara referencia a las palabras de los líderes de otras federaciones socialistas, de quienes dijo que "algunos acaban de llegar" a la Presidencia autonómica y tienen "problemas gravísimos" para hacer los presupuestos.

"Y eso lo entiendo –continuó–, pero se trata de arreglar lo que no funciona y no de fastidiar lo que funciona. Los vascos siempre hemos sido solidarios". Fuentes del PSE consultadas por infoLibre apuntan que el debate sobre el concierto es "extemporáneo", que "ahora no toca". "¿Un privilegio? Eso hay que verlo con números, y no hacer un debate en el aire", añaden. Los socialistas vascos sostienen que el sistema "puede llegar a ser favorable en su resultado final" pero que implica "asumir un riesgo", porque deja a la comunidad fuera del reparto de ayudas extraordinarias que dependan del Estado, como el fondo de liquidez extraordinaria o el de pago a proveedores.

Especialmente críticos se muestran con la presidenta Susana Díaz. "Susana nos complica la vida". "Nos obliga a hacer mucha pedagogía para explicar que no se trata de cambiar el sistema, sino que se propone, si acaso, actualizar la cuantía del cupo como dice la ley". "Cosas como las que ella dice con las que se dicen cuando se habla desde el desconocimiento". Son algunas de las frases con las que se opina en el PSE sobre la actuación de la líder andaluza, que con sus posiciones introduce un elemento en el debate político vasco que hasta ahora no está presente y donde la posición de los socialistas no es fácil. Añaden que, además, el PNV estaba "fuera de juego" de cara a la campaña de las generales y que ahora "sobreactúa" porque ha encontrado un caballo de caballa: la defensa del sistema foral.

Las reticencias hacia Susana Díaz se comparten en el PSC. Los socialistas catalanes comparten la idea de actualizar la cantidad que Euskadi entrega al Estado cada año, pero consideran que el gesto de la presidenta andaluza, habida cuenta del calendario electoral, "es poco conveniente". "Es un tema que no toca en este momento", comenta un dirigente de la formación, pero "todo el mundo quiere poner su granito de arena" y "[el PSOE de] Andalucía intenta llevar un poco la voz cantante". "En el PSC –reitera este miembro de la dirección de los socialistas catalanes– estaremos con el PSE, aunque creamos que el cupo puede generar desigualdades".

Debate en Euskadi

En el País Vasco las reacciones al debate interno en las filas socialistas no se hizo esperar. El PNV llevó la voz cantante como defensor del particular sistema de financiación. El lehendakari Urkullu advirtió de que no permitirá una "modificación unilateral" del concierto. "Es una línea roja que no vamos a admitir que se traspase", pues "es un sistema histórico, legal, solidario y eficaz, pactado en la ley y que sólo redunda en beneficio de la ciudadanía", dijo. Se da la circunstancia de que, tras las últimas elecciones municipales y forales, nacionalistas y socialistas pactaron gobernar juntos diputaciones forales y numerosos ayuntamientos.

Para tratar de frenar esa ofensiva del PNV y calmar los ánimos, el PSE presentó este jueves dos iniciativas en la Cámara vasca. La primera, una proposición no de ley, insta al Parlamento a "reiterar su compromiso con el Concierto Económico", a solicitar la "actualización del Cupo" en los términos que establece la ley y a que las administraciones estatal y autonómica "defiendan y expliquen" todas las "peculiaridades" del sistema "a fin de que no se cuestione esta figura y se aleje cualquier duda sobre la misma". En la segunda, se pregunta al lehendakari Urkullu por los pasos que dará para lograr ese acuerdo con el Gobierno de Madrid.

El resto de fuerzas no han dejado pasar la ocasión e incluso el PP cargó contra las críticas de miembros del PSOE al concierto económico vasco. "Defendemos contundentemente su existencia", dijo el vicesecretario del PP Javier Maroto, quien este jueves proclamó la "férrea defensa" del cupo por parte de los conservadores y calificó de "sorprendentes" los "ataques" de PSOE y Ciudadanos al mecanismo. "Que haya partidos que estén cuestionando el concierto económico es para mirárselo", juzgó.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado la "campaña institucional y política" de los últimos días que "pretende cuestionar del Concierto Económico vasco", lo que ha calificado como un "ataque deliberado a un sistema histórico, pactado, legal, solidario y eficaz, que solo redunda en beneficio de la ciudadanía" y ha advertido de que "cualquier modificación unilateral del concierto económico, es una línea roja que no podemos permitir que se traspase".

Urkullu ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del sexto congreso de colectividades vascas en el exterior que se está celebrando en el Palacio de Montehermoso de la capital alavesa.

Tras destacar que Euskadi cuenta con "un pueblo con una historia, una cultura y una clara vocación de autogobierno", ha denunciado que, "en estos momentos, asistimos a una campaña institucional y política que pretende cuestionar del Concierto Económico vasco".

Urkullu ha subrayado que el Concierto es "la clave de bóveda de nuestro autogobierno", por lo que "cualquier modificación unilateral del concierto económico, es una línea roja que no podemos permitir que se traspase".

"No entendemos que este ataque deliberado a un sistema histórico, pactado, legal, solidario y eficaz, que solo redunda en beneficio de la ciudadanía", ha defendido.