Comunicados, vídeos publicados en redes sociales o incluso copias de cartas enviadas al Gobierno: durante todo el fin de semana del 1 y 2 de agosto, así como el lunes 3 de agosto, la derecha y la extrema derecha francesas se han volcado en alimentar el fantasma de una avalancha migratoria. No han dejado de desplegar su discurso xenófobo sobre un fondo de imágenes difundidas ad nauseam de jóvenes “inundando” las playas, de fuerzas del orden “desbordadas” y de habitantes de Ceuta “indignados” por la presencia de jóvenes marroquíes.

Días antes, el jueves 30 de julio, varias decenas de miles de personas habían logrado entrar en el enclave español. Apenas 48 horas después, España expulsó a la mayoría de estos exiliados y anunció una “vuelta a la normalidad”. ¿El culpable de lo ocurrido? La “laxitud” del Gobierno socialista español, que en abril puso en marcha un plan de regularización de los indocumentados en la península, según sostienen la derecha y la extrema derecha francesas.

Como era de esperar, fue Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional (RN), quien publicó el mayor número de tuits en X —media docena solo el viernes— para denunciar los acuerdos de Schengen y exigir una “reunión de urgencia del Parlamento Europeo en sesión plenaria extraordinaria”.

“Al regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales, […] Pedro Sánchez ha abierto las puertas de Europa a todo tipo de peligros. El resultado está a la vista: desde hace varios días, miles de migrantes acuden en masa al enclave de Ceuta. Mañana estarán en nuestras calles, en contra de la voluntad del pueblo francés”, fantaseó el eurodiputado ya el jueves. Jean-Luc Mélenchon le contestó inmediatamente.

“El señor Bardella debería abstenerse de comentar temas que no comprende. Repetir los argumentos de Trump es ridículo. La afluencia tiene lugar a mil kilómetros de nuestra frontera. Ceuta está en África. Las personas que se encuentran en el enclave de Ceuta no pueden cruzar a nado el estrecho de Gibraltar y no tienen ninguna otra posibilidad”, respondió el líder de La Francia Insumisa.

Con dos tuits, Marine Le Pen, presidenta del grupo RN en la Asamblea Nacional, pidió por su parte que Francia refuerce “sin demora” sus controles fronterizos. “En 2027 pondremos fin a esta locura reservando la libre circulación de Schengen a los ciudadanos de la UE “, prometió, sin explicar cómo lo llevaría a cabo, en sintonía con su aliado Éric Ciotti, alcalde de Niza, quien también aseguró que “las imágenes de Ceuta serán mañana las de Francia si no se hace nada”.

Como si las imágenes le hubieran despertado, Éric Zemmour volvió a mostrarse especialmente agitado estos últimos días. Sin escatimar superlativos, el ensayista se declaró alarmado ante una “marea de migrantes que se abalanza sobre Ceuta” para “asaltar” la frontera española. “Lo que nuestras élites denominan cobardemente ‘flujos migratorios’, los pueblos europeos pueden verlo como lo que es: una invasión. Es hora de restablecer nuestras fronteras y poner en marcha la remigración; de lo contrario, nuestros pueblos serán arrasados por ese tsunami”, declaró el experiodista de Le Figaro, condenado en múltiples ocasiones por incitación al odio y por racismo.

Siempre dispuesto a ir un paso más allá que la extrema derecha, el exministro del Interior de Emmanuel Macron —y actual candidato a las presidenciales—, Bruno Retailleau, también se apresuró a sumarse al coro xenófobo del fin de semana. “Hoy España, mañana Europa […]. Las normas de Schengen con España ya no son sostenibles. Hay que enviar una señal clara y aplicar sin demora el reglamento de retorno para dejar de sufrir por fin”, declaró el líder del partido Los Republicanos (LR), sin ocultar su orgullo por haber propuesto “excluir a España” de la Unión Europea ya en primavera.

Una idea retomada en los últimos días por la neofascista italiana Giorgia Meloni, respaldad por Dinamarca y Finlandia, pero imposible de aplicar y rechazada de plano en Bruselas, según la Agencia France-Presse.

En LR, sin embargo, predominaba la exigencia de aplicar “sin demora” la directiva de retorno, aprobada en junio por el Parlamento Europeo. Una medida que contempla, entre otras cuestiones, crear centros para migrantes en los países fronterizos de la UE, como han reclamado el ex primer ministro Michel Barnier y Éric Ciotti, quien ha escrito en este sentido al primer ministro, Sébastien Lecornu, para pedirle que haga frente a la “avalancha migratoria”.

Otro ex primer ministro de Emmanuel Macron que reclama la creación de estos hubs —considerados inhumanos por la izquierda y cuestionados por el propio presidente de la República en nombre de los “valores de la UE”— es Édouard Philippe, quien también intervino el viernes en el debate migratorio.

En una extensa publicación, el candidato a la presidencia, inmerso en una pugna soterrada con Bruno Retailleau por hacerse con el electorado de LR, sostuvo que “los países de origen y de tránsito deben asumir sus responsabilidades” y que “no es aceptable que un país pueda decidir por sí solo sobre regularizaciones masivas que crean un efecto llamada para todo el continente”. “Quiero acabar con una forma de impotencia migratoria”, insistió el líder del partido Horizontes, al que algunos siguen viendo como la “derecha limpia” e incluso como una alternativa “aceptable” en 2027 para una parte de la izquierda.

Su texto provocó inmediatamente la reacción de Marine Le Pen: “Recordatorio: este mensaje de gran firmeza lo publica un primer ministro que ha concedido cada año un 30% más de permisos de residencia y un 60% más de estatutos de refugiado que el socialista François Hollande. Se acabó la broma”, ironizó. Sintiéndose aludido, el alcalde de Le Havre respondió que, como primer ministro, había demostrado “firmeza” con las órdenes de abandono del territorio francés (OQTF), había reducido la concesión de solicitudes de asilo “a pesar del aumento vertiginoso de las peticiones” y había impulsado la aprobación de la ley de asilo e inmigración de 2018. A cada cual sus victorias.

En cuanto a los medios conservadores franceses, no han lamentado las más de 70 muertes contabilizadas hasta el momento por las autoridades españolas. Más bien se han alarmado ante una supuesta amenaza de “invasión” a las puertas de Francia.

En la mañana del 3 de agosto, el debate continuó en el plató de CNews, donde pudo escucharse al presentador de L’heure des pros comparar al presidente del Gobierno español con un “bombero pirómano”, pedir un referéndum para derogar los acuerdos de Schengen o mencionar a los “2.000 menores” que siguen en Ceuta, entre los que —sugirió— podría haber incluso “terroristas infiltrados”.

La cadena de Vincent Bolloré tampoco dejó pasar la oportunidad de hacerse eco de las declaraciones conspirativas del presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei: “Pedro Sánchez utiliza a estos migrantes para naturalizarlos y hacer que voten por él con el fin, digamos, de perpetuar su tiranía”. “Tiene toda la razón, la inmigración es una fuente de votos para algunos partidos de la izquierda del espectro político”, aplaudió Sabrina Medjebeur, presentada como “ensayista y socióloga”, cuando en realidad es una propagandista de extrema derecha.

Traducción de Miguel López

“Una mujer estuvo inconsciente durante diez minutos. Llevaba tres días sin comer”. Con este episodio, Lara Salceda, integrante del equipo jurídico de No Name Kitchen, resume la situación que ha presenciado durante los últimos días en Ceuta. Entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos y la crisis ha dejado al menos 88 muertos, según el último balance del Gobierno de la ciudad autónoma, donde la organización humanitaria de asistencia social trabaja sobre el terreno desde 2021. 

Las primeras señales de alarma, asegura, no llegaron con la entrada masiva del pasado jueves, sino unos diez días antes. “Empezaron a llegar unas 300 o 400 personas al día”, recuerda. Aunque esta ruta suele registrar un aumento de los cruces a nado o por la valla durante determinadas épocas, Salceda sostiene que entonces el volumen comenzó a ser muy superior al habitual.

La organización advirtió pronto de que el sistema de acogida estaba desbordado. El CETI llevaba unas dos semanas completo y, antes incluso del jueves, alrededor de un millar de personas esperaba fuera de un centro con capacidad para unas 700, según sus cálculos. No Name Kitchen trataba de informarles de que podían solicitar protección internacional, aunque tenían que esperar para poder iniciar el procedimiento. Mientras tanto, el reparto de agua y comida resultaba “muy escaso” para el número de personas concentradas allí. “La gente empezó a darse cuenta de que iba a haber problemas y de que el proceso sería muy lento por falta de recursos”, resume.

Salceda subraya que la primera reacción de quienes sobreviven al trayecto suele ser de alivio. “Cuando llegan sienten un gran alivio porque no tenemos que olvidar que en esta ruta muere mucha gente”, explica. Muchas personas celebran haber alcanzado Ceuta después de dejar atrás “su vida, su familia, sus costumbres y todo” con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Sin embargo, esa euforia inicial se diluye conforme pasan los días y descubren la falta de plazas, la lentitud de los trámites y las dificultades para conseguir algo tan básico como comida o agua.

La entrada de miles de personas obligó a No Name Kitchen a reorganizar su actividad. El equipo sanitario se centró en atender a quienes llegaban con rozaduras provocadas por los trajes de neopreno y cortes sufridos al salir del mar entre las rocas. “Vimos que lo que necesitaban inicialmente era ayuda sanitaria”, recuerda Salceda.

El equipo jurídico, del que forma parte la entrevistada, comenzó a recopilar nombres, datos y testimonios para dejar constancia de la presencia de estas personas en territorio español ante el riesgo de que fueran devueltas. Fue mientras realizaba ese trabajo frente al CETI cuando una mujer perdió el conocimiento.

Siete personas tuvieron que cargarla en brazos para acercarla hasta el centro, situado en una zona elevada. Desde las instalaciones les lanzaron una botella de agua y la mujer terminó recuperándose después de permanecer unos diez minutos inconsciente y comer unos dátiles. “Llevaba tres días sin comer”, relata Salceda, que denuncia además una “escasez de agua importantísima”.

Entre quienes esperaban en el exterior había personas procedentes de Sudán, Mali, Chad, Guinea, Senegal, Yemen o Afganistán. Muchas, destaca la integrante de No Name Kitchen, habían recorrido durante meses rutas especialmente largas y peligrosas. “Hay personas que iniciaron el viaje hace ocho o nueve meses, incluso un año, y llega hasta aquí y se encuentra con que no puede ni beber agua ni comer”, lamenta.

Salceda asegura, además, que algunas personas, especialmente las procedentes de Marruecos, Argelia y otros países del Magreb, evitaban permanecer en lugares visibles por miedo a ser localizadas y devueltas.

No Name Kitchen colabora habitualmente con entidades como Luna Blanca, vinculada a la mezquita de Sidi Embarek, y con otras asociaciones que acompañan a personas migrantes y refugiadas en Ceuta. Durante estos días, las organizaciones han intentado cubrir las necesidades más urgentes, desde el reparto de alimentos y agua hasta las curas y el asesoramiento. “Intentamos hacer distribuciones de comida y agua, pero está siendo muy complicado”, reconoce Salceda.

La llegada de miles de personas ha superado, afirma, la capacidad de unas entidades con recursos limitados. “Las organizaciones hacemos lo que podemos, pero tenemos los medios que tenemos”, resume. Su principal crítica se dirige a las administraciones, a las que reclama que garanticen unas condiciones mínimas de asistencia: “Necesitamos que la Administración se mueva y no lo está haciendo”.

Según Salceda, la respuesta institucional se ha concentrado en el control de las calles y de la frontera, mientras la atención humanitaria ha quedado relegada. La integrante de la ONG describe que las fuerzas de seguridad han perseguido y devuelto principalmente a ciudadanos marroquíes y argelinos, mientras migrantes procedentes de otros países permanecían junto al CETI sin suficiente comida ni agua.

“Lo que está haciendo la Administración es sacar a la Policía, al Ejército y a la Guardia Civil y tratar de ‘limpiar las calles’”, denuncia. La integrante de No Name Kitchen considera que esa actuación está generando un trato diferente según el país de origen y asegura que se está buscando “a las personas de Marruecos para llevarlas a la frontera”, mientras el resto continúa esperando en condiciones precarias.

La crisis coincide con el enfrentamiento entre No Name Kitchen y el Gobierno de Ceuta por Sobrevivir al limbo, un informe sobre el consumo de sustancias y las conductas autolesivas entre menores migrantes no acompañados. La Ciudad Autónoma ha cuestionado la metodología del estudio y ha pedido a sus servicios jurídicos que valoren si algunas afirmaciones pueden perjudicar al sistema público de protección, a sus profesionales o a las entidades colaboradoras.

La Administración sostiene que el trabajo se apoya en una muestra indeterminada, testimonios insuficientemente contrastados y observaciones que no permiten generalizar sobre la situación de los menores acogidos. Frente a esas críticas, Salceda reivindica el conocimiento directo de quienes acompañan a estos jóvenes: “Nosotros trabajamos sobre el terreno y el terreno significa literalmente estar en la calle”.

Según relata, antes de la actual crisis ya encontraban a menores fuera de los recursos de acogida y consumiendo pastillas, calmantes y otras sustancias. “Las utilizan para aliviar la situación de miseria y dolor que sufren”, explica. A ello se suma, advierte, la facilidad para conseguirlas.

La representante de No Name Kitchen defiende que el documento recoge esas observaciones y los testimonios obtenidos durante su trabajo. “Tratamos de reflejarla situación que observábamos a partir de nuestro trabajo sobre el terreno y de las entrevistas, con las evidencias disponibles y una metodología rigurosa, para hacer un acto de denuncia”, sostiene.

Salceda rechaza que el objetivo sea desacreditar a los profesionales del sistema y sitúa el foco en la necesidad de actuar ante lo que la organización observa. “La infancia y las personas menores tienen que estar especialmente protegidas”, concluye.

En una rueda de prensa celebrada el 12 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendía la apertura que las autoridades han demostrado desde el día siguiente al doble terremoto que asoló el país en la noche del 24 al 25 de junio. “Todos los equipos de rescate han entrado sin visado, todos, más de cuatro mil socorristas internacionales”.

“¿Han visto los vídeos de Bukele?”, preguntaba a la prensa, refiriéndose a la ayuda humanitaria enviada por El Salvador y difundida por su mediático presidente, a pesar de que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019. El diputado pretendía así demostrar que no se había levantado ninguna barrera burocrática o ideológica en el camino de los equipos extranjeros que acudían a ayudar a los damnificados.

En efecto, poco después de la catástrofe, se oían decenas de idiomas en la costa venezolana de La Guaira: inglés, italiano, árabe, vietnamita y francés, entre otros. Equipos de rescate acudieron en masa desde todo el mundo, al igual que las ONG. “Tenemos equipos que han entrado con una facilidad nunca vista antes”, exclama Laura (ficticio), trabajadora humanitaria que lleva varios años viviendo en Venezuela.

“Todas las ONG, incluida la mía, llevan mucho tiempo teniendo problemas con gran parte de sus empleados, a quienes las autoridades no conceden visados, a pesar de la emergencia humanitaria que vive el país desde hace al menos diez años”, explica la joven. “Es un secreto a voces: nuestros trabajadores suelen entrar con un visado de turista y tienen que salir del país cada tres meses, para volver inmediatamente y renovar el visado por otros tres meses más.”

Pero desde el 25 de junio, todo es más fácil, continúa Laura: “Hablamos directamente con el Gobierno, que nos escucha, algo que era imposible hace tan solo unas semanas”. La joven, “fascinada” por lo que está pasando, comenta que tiene “la impresión de estar en otro país”.

“Al pasar por los servicios de inmigración del aeropuerto, me dijeron: Bienvenido a Venezuela”, cuenta el periodista francés Benjamin Delille, que nunca recibió una bienvenida semejante cuando fue corresponsal en el país durante dos años. Había acudido a cubrir las consecuencias del terremoto para Libération, sin visado de prensa, y le preocupaba su entrada en el territorio. Esta vez fue más rápida que nunca.

“Por primera vez, me pareció que los policías y los militares eran accesibles, se podía hablar con ellos”, testifica. “Pero no creo que fuera una instrucción oficial, sino más bien la emoción… Son chavales y estaban tan conmocionados como nosotros por lo que veían”.

Para Phil Gunson, analista del think tank International Crisis Group, “estamos ante una apertura forzada por parte del Gobierno”, muy lejos, en su opinión, de presagiar una transición democrática. “Reconozco que hay cambios positivos, como la apertura a los medios de comunicación, pero siempre es posible dar marcha atrás”, considera con pesimismo.

Benjamin Delille, a pesar de la acogida inicial, lo ha sufrido en carne propia. Apenas había abandonado el país tras pasar varios días entre los escombros de La Guaira, “y sin que las autoridades le hubieran molestado en ningún momento”, cuando un vídeo publicado en las redes sociales de su periódico fue destacado por la cuenta oficial X del palacio presidencial: una captura de pantalla con la etiqueta roja de FAKE denunciaba una información “sesgada, parcial y falsa”.

“No he recibido ningún correo electrónico, ni derecho de réplica”, explica el periodista. “Sin embargo, me puse en contacto con el Ministerio de Comunicación”. En el vídeo, se grababa a sí mismo frente a unas viviendas sociales destruidas y relataba la lentitud con la que llegaba la ayuda gubernamental.

“Para el Gobierno, mantenerse hermético no era un capricho, sino una forma de impedir las críticas que, a la larga, podrían convertirse en una exigencia de cambio. La apertura a la que estamos asistiendo supone un riesgo para ellos”, analiza Phil Gunson.

En las redes sociales hay muchas personas que, tras haberlo perdido todo, afirman que “ya no tienen miedo a denunciar” la lentitud de los socorros, la sensación de abandono o incluso la corrupción.

Wilmer Antonio Cruz, un rescatador voluntario, conocido como “el topo de La Guaira” por haber participado sin descanso en las operaciones de rescate, es una de las personas cuya indignación se ha difundido miles de veces en Internet. En un vídeo, frente a las ruinas, con una camiseta atada a la cabeza, se dirige a una periodista y pregunta, con los ojos enrojecidos: “¿Cómo vamos a sacar nosotros todos estos escombros con palas y cubos? ¿Vosotros veis las excavadoras del Gobierno?”

Wilmer Antonio Cruz pagó caro su momento de gloria. Tras convertirse en el estandarte de la protesta entre los escombros, desapareció durante unos días, detenido con toda probabilidad por las fuerzas policiales. Tras ser puesto en libertad, permanece en silencio. “El aparato represivo del Estado sigue intacto, no ha cambiado nada en ese sentido”, subraya Phil Gunson.

Ante las ruinas del OPP 26, un complejo de torres de viviendas sociales, un hombre comentaba discretamente el 7 de julio: “No hemos visto ninguna máquina en diez días. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros sabemos cuál es la realidad”. Forma parte del comité local de distribución de alimentos, un bastión del chavismo. “Prefiero no dar mi nombre, pero estoy convencido de que podríamos haber estado mejor preparados”, explicaba indignado. Ese día, casi dos semanas después de la catástrofe, seguía esperando a que sacaran de entre los escombros el cuerpo de su hija adolescente.

En La Guaira crece la ira contra un Gobierno cuya legitimidad sigue en duda. Delcy Rodríguez sustituyó a Nicolás Maduro tras su secuestro el 3 de enero, pero la Constitución prevé la celebración de elecciones en un plazo máximo de ciento ochenta días, lo que llevaba hasta el 3 de julio.

Al ser preguntado sobre el tema el 12 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, afirmó entonces que el Gobierno no tenía “la cabeza para eso”. Pero, el 14 de julio, la opositora Dinorah Figuera, expresidenta del Parlamento elegido en 2015, anunció la puesta en marcha de una agenda de trabajo con los dirigentes chavistas para “impulsar una vía democrática”. Dinorah Figuera agradeció, en el mismo contexto, a Estados Unidos por “el apoyo” a la transición, precisando que no se trataba en absoluto de una “intervención”.

Pero desde el 3 de enero es precisamente Washington quien da las órdenes en Venezuela, imponiendo la agenda de votaciones en la Asamblea, las citas de la presidenta y el control de los fondos, todo ello “sin ninguna transparencia”, precisa Phil Gunson, analista del International Crisis Group. En su opinión, “ambos gobiernos tienen los mismos instintos y parecen estar en la misma onda: nada de apertura”.

Traducción de Miguel López

La Tierra no es más que una frágil esfera azul, nuestro hogar común viajando a cien mil kilómetros por hora alrededor del Sol. Dicen los astronautas que vista desde allí arriba no se distinguen fronteras separando territorios.

Por eso, cuando tiembla Venezuela, tiembla también España, somos una sola familia herida por el mismo pulso telúrico. Los devastadores terremotos que la sacudieron el pasado 24 de junio no son para nosotros una noticia internacional más, ni sus víctimas una fría cifra en un teletipo de agencia, sino un recordatorio brutal de nuestra propia fragilidad. Bajo los escombros podría estar cualquiera de nosotros. La mano que busca a un hijo desaparecido entre el polvo y el hormigón podría ser la nuestra. El llanto de una madre es un lenguaje que no precisa traducción. El dolor humano es universal, nos hermana en la desgracia y nos interpela en la conciencia.

El Proyecto Genoma Humano demostró que compartimos más del 99,9% de nuestro ADN. Somos extraordinariamente diversos en culturas, creencias y costumbres, pero biológicamente somos una única tribu errante. La neurociencia explica que cuando vemos sufrir a seres humanos activamos circuitos cerebrales que nos permiten experimentar como propio el dolor ajeno y nos empujan a acudir en su ayuda.

La psicología social lleva décadas documentando este fenómeno: en los grandes desastres, los seres humanos no suelen responder con egoísmo, sino con cooperación. La solidaridad emerge de manera instintiva. Quizá la supervivencia de nuestra especie dependa precisamente de eso. No llegamos hasta aquí por ser los más fuertes ni los más rápidos; sobrevivimos porque aprendimos a proteger a los débiles, a alimentar a los niños, a levantar al caído y a compartir el fuego en medio de la noche.

Sin embargo, cada vez que la Tierra se sacude, cada vez que una guerra convierte los hogares en escombros o una inundación arrastra la vida de miles de personas, la humanidad se enfrenta a una pregunta esencial: ¿seguimos siendo una comunidad moral o nos hemos resignado a ser meros espectadores del sufrimiento?

El fascismo, en todas sus máscaras, ha levantado su discurso sobre la premisa de que no toda vida humana tiene el mismo valor y para que la sociedad sea capaz de ignorar el sufrimiento ajeno, antes debe deshumanizar a quienes considera enemigos. Necesita desactivar nuestra empatía natural, convertir a las personas en números, en amenazas, en categorías abstractas (“menas”, “negros”, “moros”, “sudacas”…). En sus discursos emplean metáforas animales, niegan la inocencia de los niños o justifican la violencia como una necesidad inevitable. El psicólogo Albert Bandura llamó a este proceso “desconexión moral”, un mecanismo mediante el cual dejamos de ver al otro como un semejante y comenzamos a percibirlo como alguien cuya vida vale menos. Entonces la compasión se apaga y cualquier barbarie se vuelve posible.

Pero el terremoto de Venezuela desnuda la falacia de esa jerarquía fascista. Los desastres no preguntan por el color de la piel ni la religión de sus víctimas, ni si son chavistas u opositores. La naturaleza no entiende de ideologías. El dolor, en su desnudez, nos devuelve a nuestra condición común: frágiles, mortales, necesitados los unos de los otros.

En un tiempo de muros, de polarización y de discursos que intentan convencernos de que estamos irremediablemente divididos, la Tierra sigue enviándonos el mismo mensaje: somos una sola comunidad de seres humanos viajando juntos por el cosmos. Quizá la esperanza de nuestra supervivencia como especie dependa precisamente de recordar eso: en la capacidad de extender la mano cuando otro ser humano cae.

Mientras Venezuela cuenta a sus heridos, busca a sus desaparecidos y abraza a sus supervivientes, el resto del mundo tiene la oportunidad de demostrar que la humanidad sigue siendo algo más que una palabra. Ojalá que el dolor de los venezolanos se transforme en un latido que despierte nuestra conciencia adormecida.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

Caracas (Venezuela).– “Nos plantamos delante de las excavadoras, subimos a las máquinas y les quitamos las llaves a los conductores…”. Karina Castro, de unos treinta años, lo perdió todo el miércoles por la noche con el derrumbe de su edificio. Junto con una decena de vecinos supervivientes, hartos de esperar ayuda, lo apostó todo el domingo por la tarde: “Veíamos pasar esas máquinas de camino al club de playa, donde están los ricos con sus yates. Era inaceptable que no nos ayudaran”.

Al final, consiguieron que los operarios de la maquinaria les echaran una mano. “Sabemos que ellos no tienen la culpa, pero los necesitábamos para mover una losa. A mano, era imposible”, añade. Los vecinos de este complejo de viviendas sociales, instalados en campamentos improvisados frente a las ruinas de su edificio, estuvieron retirando los escombros a mano durante cuatro días. Formaron cadenas humanas para rebuscar entre los escombros e intentar encontrar supervivientes. “Al final, llegaron grupos de rescatistas mexicanos, franceses y americanos, y nos dijeron que no debíamos volver allí, que era demasiado peligroso”, nos dice, agotada.

La joven está enfadada. “¡Durante cuatro días, cuatro!”, insiste, “no vimos a nadie del Gobierno, ni bomberos, ni Protección Civil, ni militares. Quizá con su ayuda hubiéramos podido salvar a mi prima, que está enterrada ahí abajo. O quizá no, nunca lo sabremos”. Con sus ojos clavados en las ruinas, queda en silencio.

Antes, ese mismo día, Karina Castro se había desplazado a la morgue improvisada al aire libre, en el puerto de La Guaira, a los pies de enormes silos de hormigón visibles a kilómetros de distancia. Allí se acumulan los cadáveres a la espera de ser identificados.

“La gente estaba tranquilamente en sus casas; obviamente, nadie llevaba el carnet de identidad en el bolsillo", dice la joven. "Así que tuve que entrar allí y mirarlos uno por uno hasta encontrar a mi prima. Los cadáveres están en el peor estado que te puedas imaginar”. Se le hace un nudo en la garganta: “El olor es horrible allí. ¿Lo hueles? Se me ha impregnado en la ropa”.

Su ira y su desesperación son compartidas por los damnificados de la región de La Guaira y de la capital. Frente a las ruinas de lo que era un hotel en Catia La Mar, hay dos mujeres sentadas en la acera. “No puedo irme”, cuenta Marisela, “mi hermana estaba aquí, trabajaba en la cocina”.

A Marisela le gustaría poder recuperar su cuerpo. “Han llegado unas miniexcavadoras; las ha pagado el dueño del hotel”, explica, “pero cuando pedimos que cavaran un poco más para encontrar a mi hermana, el conductor de la máquina me pidió 500 dólares”. Incapaz de desembolsar tal suma, Marisela tuvo que ver cómo se marchaba la máquina.

Desde entonces no se mueve de la acera, sin dejar de mirar los escombros: “Si alguna vez llega una excavadora para despejar los escombros, quiero ver si encuentran a mi hermana”. Una semana después del terremoto, Marisela no se hace ilusiones. Espera que saquen un cadáver, al que le gustaría enterrar en una “sepultura digna”.

Muchos cadáveres acabarán en fosas comunes. Su vecina, que le hace compañía, cuenta que entre su marido y ella sacaron los cuerpos de sus suegros. “Aquí hay que hacerlo todo uno mismo, no hay que esperar ayuda del Gobierno”, dice con amargura. Son sobre todo los vecinos y vecinas, personas particulares, quienes trabajan entre los escombros, sin equipo, con un simple trapo tapándose la boca.

Jesús es un joven que se considera un “topo”, por cómo se cuela por los huecos entre la chatarra y el hormigón. “Nunca había hecho esto antes, pero en seis días he adquirido experiencia; incluso he trabajado con los americanos”, dice con una risa un poco nerviosa. Un rescatista profesional que le acompaña comenta: “Aquí, en Venezuela, no tenemos material. La gente está frustrada porque hemos tardado en llegar, pero sin vehículos ni gasóleo, ¿qué queréis que hagamos?”.

Pasan los días y, mientras las posibilidades de encontrar supervivientes son ya prácticamente nulas, el cansancio y la frustración se acumulan y cada vez hay más altercados entre la población y las fuerzas del orden.

En redes sociales, los vídeos lo documentan. En un lugar, un padre desesperado que ha perdido a sus hijos le grita a un joven militar con la mirada perdida: “¡Suelta el arma, joder, y ven a ayudar!”. En otro, los equipos de rescate interpelan violentamente a un agente de policía que bloquea el paso en una carretera en mal estado.

La tensión va en aumento, en un clima de desconfianza frente a un Gobierno corrupto que gran parte de la población considera ilegítimo. “No voy a dar nada a los funcionarios, ni una prenda de ropa, ni una botella de agua”, exclama una joven en el centro de donaciones de la Universidad Central. “Esa gente son unos ladrones, no vamos a empezar a confiar en ellos ahora. Por eso he decidido donar aquí y no en un organismo gubernamental”.

Beat von Däniken, responsable de la cooperación suiza, considera, sin embargo, que “el Gobierno está haciendo esfuerzos, [y que] hay que evitar politizar la situación”. Este extrabajador humanitario, que ha intervenido en varias ocasiones en zonas afectadas por catástrofes naturales, ha podido mantener una conversación con el viceministro de Protección Civil, a quien le ha “sugerido algunas cosas” y ha sido “escuchado”.

“El Gobierno también ha facilitado la entrada de los equipos internacionales al territorio”, afirma. Más de 3.000 socorristas extranjeros están trabajando sin descanso entre las ruinas. “Ningún país está preparado para un desastre de esta magnitud. Suiza tampoco lo estaría”, añade Von Däniken.

Muchos venezolanos consideran no obstante que la catástrofe resulta más difícil de gestionar debido a que el Estado ya estaba debilitado. “Hace años que el hospital está desbordado. No hay camas suficientes, a veces faltan medicamentos, no hay personal suficiente”, confiesa Julia, enfermera de cuidados intensivos, que intenta llegar al pueblo de Naiguata, al este de la región de La Guaira, donde vive su madre con sus dos hijos pequeños.

Lo ha perdido todo en el terremoto, pero da las gracias “al cielo” por haber salvado a su hijo y a su hija, de 9 y 10 años. “Como enfermera de cuidados intensivos, gano 200 bolívares, es decir, 25 céntimos de dólar. ¿Te imaginas quién quiere seguir trabajando en estas condiciones? Yo lo hago por convicción, pero además trabajo con pacientes privados”.

El sistema sanitario público de Venezuela está en crisis. Más de la mitad de los quirófanos no funcionan y las infraestructuras están en mal estado. “Al principio de la catástrofe” —cuenta Julia—, “los heridos empezaron a llegar a los dos únicos hospitales de La Guaira. Pero, muy pronto, ya no fue posible acogerlos”.

En un hospital público de Caracas, donde se atiende a cientos de heridos, un traumatólogo explica a Mediapart que “necesita más equipos de radiología quirúrgica”. “Sin estos aparatos”, detalla, “no puedo operar a tantos pacientes como me gustaría. Nuestro hospital se ha renovado algo últimamente, pero partíamos de un punto tan bajo que aún queda mucho por hacer”.

Por último, surgen preguntas sobre la construcción de los edificios venidos abajo. “¿Cómo es posible que se hayan derrumbado como castillos de naipes?”, se pregunta una vecina, que busca el edificio de su hermana por las calles de Catia La Mar. Lanza una mirada horrorizada a los pequeños complejos de viviendas sociales de Playa Grande: “Mira cómo se han ido abajo. Parece que estuvieran construidos con poliestireno”.

Lleva años siendo cuestionada la calidad de las construcciones de la “Gran Misión Vivienda”, un programa social puesto en marcha en 2011 por Hugo Chávez para dar vivienda al mayor número posible de personas. Pero, en la región de La Guaira, la destrucción es total, mucho más allá de las viviendas sociales.

“No hay duda de que hay edificios, algunos de alto standing, que se han construido sobre terrenos inestables”, analiza un arquitecto de Caracas que prefiere mantener el anonimato. “Y desde luego sin cumplir las normas antisísmicas. Edificios así, de más de quince plantas, construidos sin ningún tipo de control, solo se han podido levantar a base de mordidas”.

Traducción de Miguel López

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en el puerto de Ashdod (sur), y difundió un vídeo en el que aparecían maniatados y hacinados en el suelo mientras se burla de ellos. "¡Bienvenidos a Israel!", aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera nacional y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

Las imágenes también muestran a los cientos de detenidos en esa posición hacinados bajo el sol mientras un altavoz emite el himno de Israel. "Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo", recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes. Con él reitera la postura del Gobierno israelí, según la cual la misión para entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza y romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 es una posición de apoyo al grupo islamista Hamás.

El centro legal en Israel a cargo de la defensa de los activistas, Adalah, denunció en un comunicado la que califica como una "política criminal de abuso y humillación contra los activistas". "Estos eventos se han producido después de que Adalah documentara patrones similares de maltrato contra activistas de las anteriores misiones de la flotilla, por las que Israel no rindió cuentas", continúa el texto, con el que Adalah llamó a la comunidad internacional a tomar medidas.

Agarrados por el cuello y maniatados a la espalda, los activistas caminan en las imágenes guiados por policías israelíes que se cubren la cara. También al comenzar las imágenes, uno de estos agentes reduce, agarra de la cabeza a una mujer que grita "¡Libre Palestina!" al pasar ante ella el titular de Seguridad Nacional y la empuja hacia el suelo.

Los en torno a 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran en el puerto de Ashdod, desde donde podrán ser o directamente deportados del país o trasladados a prisiones israelíes como la de Ketziot, en el desierto del Néguev.

Lejos de rectificar, Ben Gvir defendió después la difusión del vídeo y volvió a presentar a los miembros de la flotilla como “partidarios del terrorismo”. Su respuesta llegó tras las críticas del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que calificó las imágenes de “vergonzosa exhibición”, y después de que Italia convocara al embajador israelí en Roma para protestar por el trato recibido por los activistas, entre los que hay ciudadanos de unos 40 países.

En un mensaje publicado en X, el ministro ultraderechista sostuvo que dentro del propio Gobierno israelí hay quienes, a su juicio, “todavía no han entendido” cómo se debe actuar ante quienes apoyan a Hamás. “Israel ha dejado de ser un niño al que se le pueden dar bofetadas”, afirmó Ben Gvir, antes de advertir de que quienes lleguen a territorio israelí para “apoyar el terrorismo” recibirán “un golpe” y no “la otra mejilla”.

No es la primera vez que Ben Gvir se dirige de esta forma a activistas de flotillas rumbo a Gaza. En octubre, ya acudió a una prisión del desierto del Néguev a la que habían sido trasladados cerca de 400 detenidos, después de que varios de ellos denunciaran haber permanecido con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas tras ser deportados a Turquía.

Desde su entrada en el Gobierno, el ministro, responsable de la Policía israelí, ha impulsado una línea especialmente dura en los centros de detención y prisiones israelíes, con medidas que organizaciones de derechos humanos han vinculado a la reducción de alimentos, higiene y condiciones básicas para los presos palestinos. También ha defendido la pena de muerte para condenados por asesinatos cometidos como actos de terrorismo, una medida que llegó a ser aprobada por el Parlamento israelí.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este miércoles la actuación del ministro de Seguridad Nacional, hacia los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud. En un comunicado enviado por su oficina, afirmó que la forma en que fueron tratados “no se ajusta a los valores y normas de Israel”.

La crítica, sin embargo, no supone un cambio en la posición del Ejecutivo israelí sobre la flotilla. Netanyahu defendió que Israel tiene “todo el derecho a impedir” que estas embarcaciones intenten romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza y calificó la iniciativa como una acción “provocadora” de simpatizantes de Hamás.

El primer ministro trató así de marcar distancia con las formas empleadas por Ben Gvir, pero no con el fondo de la actuación israelí. En el mismo comunicado, aseguró que ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que los activistas sean deportados “lo antes posible”.

La censura de Netanyahu se suma a la expresada por el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, que también criticó la difusión del vídeo y lo calificó como una “vergonzosa actuación”. De este modo, el episodio ha abierto una fractura dentro del propio Gobierno israelí, aunque limitada al tratamiento público de los detenidos y no a la interceptación de la flotilla ni al bloqueo sobre Gaza.

La condena del ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, añadió además una dimensión interna a la polémica. Saar acusó a Ben Gvir de dañar deliberadamente la imagen del Estado de Israel y trató de separar la actuación del ministro ultraderechista del trabajo de otros responsables israelíes implicados en la operación. Su mensaje, al afirmar que Ben Gvir “no representa a Israel”, evidenció el malestar dentro del propio Gobierno por el uso político y propagandístico de unas imágenes que han provocado críticas diplomáticas internacionales.

El Gobierno español elevó este miércoles el tono contra Israel tras la difusión de las imágenes de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a convocar a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladarle su protesta por el trato “monstruoso, indigno e inhumano” que, a juicio del Ejecutivo, están recibiendo los integrantes de la expedición.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció la decisión desde la Embajada de España en Berlín, tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul. Además de la convocatoria diplomática, el Ministerio remitió una nota verbal a las autoridades israelíes en la que rechaza el “trato humillante” a los activistas y exige “disculpas públicas”.

Albares recordó que entre los detenidos hay 44 españoles, aunque el Gobierno aún está pendiente de confirmar la cifra exacta y sus identidades. Según explicó, el cónsul de España en Israel se desplazó al lugar donde se encuentran los activistas para prestarles asistencia, pero las autoridades israelíes no le permitieron entrar. Sí pudo, en cambio, mantener contacto con los abogados encargados de su defensa.

El jefe de la diplomacia española insistió en que Israel será responsable de lo que pueda ocurrirles a los ciudadanos españoles detenidos. También subrayó que, para el Gobierno, se trata de una detención ilegal, al haberse producido en aguas internacionales, “donde Israel no tiene ningún derecho a tocar a ningún español”. Exteriores ya había remitido días antes una protesta formal por el asalto a la embarcación, que participaba en una misión humanitaria hacia Gaza.

Albares también recordó que Itamar Ben Gvir tiene prohibida la entrada en España y aseguró que pronto podría tenerla en el conjunto de la Unión Europea. Sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro integrantes de la flotilla, entre ellos el hispanopalestino Saif Abukeshek, el ministro rechazó cualquier vínculo con Hamás y sostuvo que este pasó en tres ocasiones por una autoridad judicial israelí sin que se planteara acusación alguna en ese sentido.

La reacción española se suma a la de Italia, país en el que la protesta tuvo también un componente especialmente directo por la presencia de ciudadanos italianos entre los detenidos. El Ejecutivo de Giorgia Meloni y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, reclamaron explicaciones formales a Israel y exigieron disculpas por el trato recibido. Roma subrayó que las imágenes difundidas por Ben Gvir no solo vulneran la dignidad de los detenidos, sino que también ignoran las peticiones trasladadas previamente por el Gobierno italiano para garantizar su protección y su liberación.

Francia también se sumó a la protesta diplomática. El ministro de Exteriores, Noël Barrot, convocó al embajador israelí para trasladarle su “indignación” y pedir explicaciones por un trato que calificó de “inadmisible”. Aunque París reiteró su desaprobación hacia la iniciativa de la flotilla, Barrot subrayó que los ciudadanos franceses detenidos deben ser tratados “con respeto” y liberados cuanto antes.

La reacción francesa refuerza así la presión europea sobre Israel, después de las protestas de España, Italia y Portugal. Barrot recordó además que las imágenes difundidas por Ben Gvir han sido censuradas incluso por miembros del propio Gobierno israelí, en referencia a las críticas de Netanyahu y del ministro de Exteriores, Gideon Saar.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud y deportado por Israel tras diez días detenido, también cuestionó que la actuación de Ben Gvir pueda presentarse como un episodio aislado. Desde el Parlamento Europeo, afirmó que el vídeo refleja “la naturaleza criminal de Israel” y sostuvo que el ministro ultraderechista “representa al Gobierno”, pese a las críticas internas de Netanyahu y Saar.

Abukeshek también señaló que el Ejército israelí “no sale a interceptar barcos en mitad del mar sin ninguna orden” y acusó a la Unión Europea de permitir este tipo de actuaciones con una respuesta insuficiente. Sus declaraciones llegan después de que varios países condenaran las imágenes y de que Exteriores convocara de nuevo a la representante diplomática israelí en Madrid.

El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques, recoge EFE. 

La propia Flotilla denuncia en sus canales que "lanchas militares están interceptando" sus barcos "a plena luz del día", a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla. 

En una nota de prensa, la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) ha confirmado que cuatro de sus barcos (Adalah, Tenaz, Perseverance y Lina Al Nabulsi) están siendo atacados e interceptados por las fuerzas israelíes. Además, han denunciado que 50 minutos después del inicio de la interceptación, los militares abordaron 57 de los barcos de la flotilla.

También han sido informados de que los participantes serán trasladados a un gran buque de carga que desde la Flotilla llaman el "buque prisión", para luego ser llevados al puerto israelí de Ashdod.

"Este cerco militar marca el inicio de otra agresión ilegal en alta mar, cuatro días después de que 54 embarcaciones civiles zarparan de Marmaris para establecer un corredor humanitario y romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza", informaron en una nota en su canal de Telegram.

Y agregaron que "al interceptar hoy la flotilla en un perímetro de 250 millas náuticas y dentro de la zona SAR de Chipre, el régimen israelí continúa demostrando un desprecio sistemático por el derecho marítimo internacional, la libertad de navegación en alta mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)"

Esta flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007; sin embargo, el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes asaltaron e inutilizaron 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen y, en algunos casos, denunciaron maltrato.

Israel advirtió este lunes que den marcha atrás al medio centenar de barcos de la Global Sumud Flotilla. "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente", reza un comunicado.

Este domingo, el Moll de la Fusta de Barcelona volvía a ser el epicentro de la acción humanitaria. La Global Sumud Flotilla (GSF) zarpaba con destino Gaza, pero las condiciones meteorológicas impedirán que la misión se adentre en aguas internacionales como ha explicado Thiago Ávila. "Nuestra idea era salir hoy hasta aguas internacionales y dirigirnos a Sicilia", decía Ávila, pero los planes harán que la misión humanitaria parta del Moll de la Fusta y amarre en otro puerto barcelonés.

La previsión es que "en un día o dos máximo" la flotilla pueda partir hacia aguas internacionales, una vez mejoren las condiciones meteorológicas, con una flota de 100 embarcaciones y 3.000 participantes de un centenar de países, entre los que se encuentran médicos, educadores, voluntarios e investigadores.

Esta nueva misión supera ampliamente la del año pasado. Desde la organización reconocen que navegan “no a pesar de la guerra, las escaladas, las amenazas y los frágiles y quebrantados alto el fuego, sino debido a ellos” porque para los organizadores “esperar cuesta vidas".

Como novedad con respecto a la misión del pasado septiembre, en esta se incluye un convoy terrestre que salió de Mauritania este viernes. "Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", ha subrayado Saif Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla.

La flotilla está previsto que llegue a Gaza hacia el 20 de abril, con una escala de una semana en el sur de Italia.

La Global Sumud Flotilla surgió en 2025 como una alianza de diferentes ONG como Coalición de la Flotilla de la Libertad, Marcha Mundial hacia Gaza, la Flotilla Magreb Sumud y Sumud Nusantara. La palabra que vertebra todo procede del árabe, Sumud, que significa “firmeza” o “perseverancia constante”.

La propia flotilla se define como un movimiento global integrado por ONG, trabajadores humanitarios, médicos o estudiantes “unidos para defender la dignidad humana y el derecho internacional, independiente de cualquier gobierno y sin afiliación política”, asegura la propia organización. 

Compuesta por un crisol de profesionales que tienen el objetivo de ayudar al pueblo palestino, su Comité Directivo internacional está integrado por figuras como Thiago Ávila, que fue detenido tras la interceptación de la flotilla en 2025; Saif Abukeshek, activista palestino-catalán afincado en Barcelona con más de veinte años de trabajo en la ONG Palestina en Europa; Susan Abdallah, concejala noruego-palestina; la italiana Maria Elena Delia, física y coordinadora de la delegación italiana; y la activista alemano-turca Sümeyra Akdeniz Ordu.

Entre las entidades que participarán en la botadura se encuentran Greenpeace, Open Arms, Urgence Palestine, Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network, la Comunitat Palestina de Catalunya, Pallasos en Rebeldía, el Sindicat de Llogateres, la CGT, el USTEC y el Centre Delàs. 

Para esta nueva misión, Greenpeace pone a disposición de la organización como apoyo marítimo, técnico y logístico su Arctic Sunrise, un rompehielos de 50,5 metros de eslora con capacidad para 30 personas que forma parte de la organización desde 1995.

A la flotilla también se suma Open Arms. Gerard Canals, jefe de operaciones de la ONG española de rescate en el mar, explicó en la rueda de prensa celebrada en el Parlament de Catalunya que la organización aportará su buque homónimo como "apoyo técnico, logístico y sanitario". 

No es la primera vez que la ONG intenta romper el bloqueo a Gaza. Ya hubo un primer intento junto a la ONG World Central Kitchen pero la iniciativa se interrumpió tras el bombardeo israelí que mató a siete trabajadores humanitarios. 

Canals justificó la decisión de la ONG de Camps de participar con un barco en que “no posicionarse es permisividad. Nos sumamos para actuar y no solo para mirar". Pero el jefe de operaciones advierte de que “no sería la primera vez que se nos ha imposibilitado” la navegación sin limitaciones y ha pedido a la Dirección General de la Marina Mercante permiso para navegar libremente.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, su alcalde, Jaume Collboni, aseguró que “el consistorio apoya esta misión colaborando tanto en su viabilidad económica como en el acompañamiento institucional y logístico necesario para hacer posible el evento" y, para esta salida hacia Gaza la aportación municipal se incrementará un 60% respecto a la iniciativa del pasado año.

La rama española de la flotilla ha logrado recaudar para esta singladura cerca de 30.000 euros en la plataforma de crowdfunding Chuffed, muy cerca de los 35.000 que ha conseguido la agrupación Global Sumud Arabian Gulf, la delegación que más aporta. El conjunto del proyecto ha conseguido sobrepasar los 450.000 euros.

Ariadna Masmitjà, una de las responsables de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, celebró que Barcelona vuelva a ser el epicentro de la misión, pero denunció el impacto directo en Cataluña de lo que ocurre en Palestina. Cargó contra el aumento del gasto militar en detrimento de las políticas sociales. Señaló al Banco Santander, BBVA y CaixaBank por "financiar la industria militar mientras especulan con la vivienda", y a la multinacional ICL por "proveer el fósforo blanco para las bombas sionistas del genocidio en Gaza mientras contamina las aguas catalanas".

Desde la organización defienden que no se trata de una iniciativa externa de solidaridad, sino de una respuesta a un mandato: "La sociedad civil palestina ha instado a los movimientos de solidaridad internacional a movilizarse. Su voz guía cada decisión que tomamos".

La GSF denuncia que el contexto regional ha empeorado: "A medida que la atención mundial se ha ido desplazando hacia el conflicto regional más amplio, el régimen israelí ha intensificado su agenda genocida, endureciendo el bloqueo, estrangulando la ayuda, ampliando los asentamientos, acelerando el robo de tierras y enterrando sus crímenes de guerra bajo el caos".

La directora ejecutiva de Greenpeace para Oriente Medio y Norte de África, Ghiwa Nakat, destaca el posicionamiento de su organización y el apoyo a la flotilla contra “los crímenes de guerra, la hambruna intencionada, la limpieza étnica, el genocidio y el ecocidio. Esta flotilla es un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que pongan fin a su silencio, protejan la acción humanitaria y actúen con urgencia”.

Además, no se ha querido olvidar de “la devastación que ahora se extiende a Líbano y que ya ha sufrido Gaza a través de una destrucción implacable y un sufrimiento humano cada vez mayor”.

La misión busca establecer una presencia permanente y especializada. A bordo irán personal sanitario, constructores, investigadores y otros miembros de la sociedad civil preparados para trabajar junto al pueblo palestino en la reconstrucción de la Franja.

Las exigencias políticas de la flotilla están fundamentadas en el derecho internacional. Las peticiones van desde la “apertura de un corredor marítimo y terrestre permanente hacia Gaza”, como se pidió en la primera misión, hasta que la reconstrucción de la Franja sea “liderada por palestinos, libre de control extranjero, condiciones políticas y desplazamientos”. 

Tambíen exigen la “rendición de cuentas por genocidio mediante la ejecución de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional (CPI)”, contra Benjamin Netanyahu y otros cargos de su Gobierno.

La primera expedición de la flotilla arrancó el pasado 31 de agosto desde Barcelona. Entre los pasajeros figuraban la activista medioambiental Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o los actores Liam Cunningham y Susan Sarandon. Las embarcaciones transportaban –al igual que ahora– agua potable, alimentos, leche en polvo para bebés, pañales, prótesis y medicamentos.

Una semana más tarde, en Túnez, los barcos Family y Alma fueron abordados mientras estaban fondeados, pero a medida que la flota avanzaba, más de 15 drones llegaron a atacar las embarcaciones.

España e Italia despacharon buques de guerra como gesto de protección: la fragata italiana Virginio Fasan y la española Furor pusieron rumbo a la flotilla hasta que se tuvieron que retirar a escasas millas de la zona de exclusión israelí.

La noche del 1 de octubre, las fuerzas navales israelíes interceptaron la flotilla a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza. Usaron cañones de agua, cortaron comunicaciones, abordaron los barcos a punta de pistola y confiscaron la mayor parte de la flota al amanecer. Israel detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev. 

La respuesta de la organización fue entonces la misma que ahora: "Vamos con más personas, más barcos y más fuerza frente a la represión", dijo Abukeshek al ser preguntado por una posible detención.

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) destinará un fondo de emergencia de 1,5 millones de francos (1,6 millones de euros) para su respuesta en Irán, donde los ataques de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero han causado según la Media Luna Roja nacional al menos 787 muertos, según recoge EFE.

De acuerdo con lo indicado en rueda de prensa por el portavoz de la federación, Tommaso della Longa, el fondo tiene como objetivo proporcionar asistencia vital a unas 200.000 personas durante nueve meses. "Todas las sociedades nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja de la región están en máxima alerta ante cualquier posible necesidad de respuesta", agregó.

En Irán, por ejemplo, equipos médicos de emergencia fueron desplegados en las zonas atacadas para proporcionar primeros auxilios, atención a los heridos y evacuación médica a hospitales. 

En Israel, los 39.000 trabajadores y voluntarios de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) están movilizados con toda su flota de ambulancias, y desde el 1 de marzo han atendido a 121 personas, incluyendo casos de traumatismos, heridas por metralla y crisis de ansiedad.

La Flotilla Global Sumud partirá desde Barcelona dos semanas más tarde de lo previsto —el próximo 12 de abril— para intentar romper el bloqueo naval de la Franja de Gaza, anunció este jueves en Estambul la organización humanitaria islamista IHH, que coordina la participación turca en la iniciativa, informa EFE.

Inicialmente, la salida estaba prevista para el 29 de marzo próximo desde el puerto de la capital catalana. El convoy marítimo, compuesto por decenas de embarcaciones, se ampliará gradualmente con la incorporación de barcos procedentes de otros puertos del mar Mediterráneo.

Se estima que en total participarán más de cien barcos, con delegaciones de unos 50 Estados y participantes individuales de 150 países, sumando miles de personas, señaló IHH en un comunicado.

La misión no solo transportará ayuda humanitaria, sino que también pretende trasladar a Gaza más de un millar de médicos y enfermeros, además de equipos de construcción, abogados e investigadores de crímenes de guerra, indicó la nota.

La flotilla inició su primera travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona en septiembre pasado, llegando a contar con hasta 40 barcos durante el trayecto hacia Gaza.

Israel interceptó las naves entre el 2 y el 3 de octubre en aguas internacionales y detuvo a un total de 473 tripulantes, que posteriormente fueron deportados a sus respectivos países.

Lo mismo ocurrió con los 145 participantes de los nueve barcos de la flotilla ‘Libertad-Thousand Madleens’, que se aproximó una semana más tarde a Gaza. Desde octubre pasado rige allí un frágil alto el fuego, a la espera de que Hamás sea desarmada y puedan iniciarse los trabajos de reconstrucción de la Franja palestina.

Más de 71.000 palestinos, entre ellos muchos civiles, murieron en los ataques de Israel contra Gaza y las posiciones de Hamás, en respuesta a la ofensiva terrorista del 7 de octubre de 2023, cuando unos 1.200 israelíes fueron asesinados y unos 250 secuestrados.

El Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este lunes mediante un comunicado que Oxfam, la confederación británica de 21 ONG independientes, cesará sus operaciones en Gaza a partir de este 28 de febrero, según informa EFE.

El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año -entre ellas Oxfam- debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza como Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo.

Además de Oxfam, de esta lista forman parte, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Médicos Sin Fronteras (MSF), aunque el comunicado no los menciona.

El nuevo sistema de registro, introducido en marzo de 2025 por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora israelí, incluye polémicos motivos para denegar su inscripción.

Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover "campañas de deslegitimación contra Israel", así como la obligación de las ONG de enviar una lista de sus trabajadores palestinos, algo a lo que varias de ellas se han negado afirmando que compromete su seguridad.

En su mensaje de este lunes, además de informar del cese de actividades de Oxfam, el ministerio incluye unas declaraciones realizadas por la exdirectora ejecutiva de la ONG Halima Begum en una entrevista concedida el pasado día 13 al canal de televisión británico Channel 4 News.

Begum alegó haber sido "presionada para utilizar el término genocidio" en relación con Gaza sin lo que describió como suficiente fundamento fáctico.

El mensaje del ministerio incluye las acusaciones de antisemitismo realizadas por Begum a miembros de la dirección de la organización durante la mencionada entrevista, así como de mantener "un enfoque desproporcionado en la crisis de Gaza" en comparación con otras crisis humanitarias a nivel mundial.

Sus declaraciones públicas "reflejan la narrativa y la intensidad del antisemitismo dentro de Oxfam", declaró, según el comunicado, Amichai Chickli, ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

Desde el alto el fuego, en vigor desde hace cuatro meses, al menos 603 personas han muerto y 1.618 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023.

Los organizadores de la Flotilla Global Sumud (GSF, en inglés), que intentó el pasado año llevar ayuda humanitaria a Gaza antes de ser interceptada por Israel, anunciaron este jueves en Sudáfrica sus planes para una nueva misión, marítima y terrestre, con "miles" de personas que empezaría el 29 de marzo.

La nueva flotilla arrancará su viaje desde Barcelona, antes de ampliarse en otros puertos del mar Mediterráneo de manera gradual, algo que se verá combinado con un convoy por tierra, todo ello con el objetivo de crear un corredor humanitario con Gaza. "Hoy, la Flotilla Global Sumud anunció la mayor intervención humanitaria coordinada para Palestina de la historia", señaló la GSF a través de su cuenta de la red social X (Twitter), después de que se hiciera el anuncio en una rueda de prensa en la sede de la Fundación Nelson Mandela, en Johannesburgo (norte).

Así, el 29 de marzo "una flotilla marítima unificada y un convoy humanitario terrestre" partirán de manera simultánea, movilizando a miles de personas originarias de más de 100 países, en "una respuesta coordinada y no violenta al genocidio, el asedio, la hambruna masiva y la destrucción de la vida civil en Gaza"."Este es el enemigo al que nos enfrentamos. No es una persona. Es una forma de vida que determina el futuro de otras naciones", afirmó Saif Abukeshek, del Comité Directivo de la GSF.

La misión del próximo marzo incluiría más de mil doctores, enfermeras y trabajadores sanitarios, además de educadores, ingenieros, equipos de reconstrucción e investigadores de crímenes de guerra y "ecocidio", detallaron los organizadores, entre los que se encontraba este jueves en Johannesburgo Mandla Mandela, nieto del fallecido expresidente sudafricano Nelson Mandela.

La GSF ya anunció el pasado diciembre en un comunicado su intención de lanzar una nueva misión en la primavera de 2026 y señaló que esta tendría 100 barcos de ayuda humanitaria y más de 3.000 participantes procedentes de más de cien países.

Entonces, la Flotilla estimó en más del doble la capacidad de esta nueva misión comparada con la de 2025 y destacó que su objetivo no sería solo la "simple entrega de ayuda humanitaria", sino también una "presencia civil sostenida y especializada" en los territorios palestinos para reconstruir "la infraestructura civil básica destruida por dos años de genocidio".

La Flotilla Global Sumud inició su primera travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona el pasado 1 de septiembre a Gaza para transportar ayuda humanitaria y desafiar el bloqueo israelí en el enclave palestino. Israel interceptó, entre el 2 y el 3 de este octubre, más de cuarenta barcos y detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel, algo que los activistas denunciaron como una "detención ilegal".

Una semana más tarde, Israel confiscó los nueve barcos —un buque y ocho veleros— que conformaban una segunda flotilla, la conocida como Libertad-Thousand Madleens, y arrestó a alrededor de 145 activistas que se encontraban a bordo.

Los activistas detenidos fueron deportados a sus países de origen a lo largo de las semanas que siguieron a su arresto por parte de la Marina israelí. 

Una extraordinaria filtración reciente de dos millones de correos electrónicos provenientes del Ministerio de Justicia de Israel ha permitido que la asociación de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, llevara a cabo un trabajo de investigación, resumiendo y relacionando lo que ya se conoce como Archivos de Israel con muchos de los aspectos y episodios más ominosos de su acción política y militar, incluyendo algunos casos judiciales muy concretos.

Entre aquellos que se refieren a España, el periodista Ignacio Carrascón ha señalado el caso Al Daraj, en el que las víctimas palestinas de un bombardeo israelí recurrieron en 2002 a la Audiencia Nacional gracias a la Ley de Jurisdicción Universal vigente en nuestro país en aquel entonces. Esa norma se modificó en 2009 por acuerdo de los ministros de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, e israelí, Tzipi Livni, para que sólo pudiera aplicarse en el caso de que las víctimas fuesen españolas.

En 2010, el asalto israelí al barco Mavi Marmara, pionero de la Flotilla de la Libertad, que causó diez muertos y en el que hubo ciudadanos españoles secuestrados por tropas israelíes, motivó un nuevo procedimiento ante la Audiencia Nacional. De ahí que, para contrarrestarlo, la norma fuera nuevamente modificada en 2014, en este caso por el gobierno del Partido Popular, a fin de incluir el requisito legal de que los acusados se encontrasen en España.

Los Archivos de Israel abarcan muchos otros casos y países. Los correos hacen asimismo referencia, por ejemplo, a la demanda por presuntos delitos de odio contra una asociación sionista española, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), auxiliar de Israel en sus ataques a organizaciones o instituciones que se manifiestan a favor del pueblo palestino. Y en Francia, señalan los tentáculos israelíes que han intentado que no se especificase el origen de los productos importados de los asentamientos (ilegales), diferenciándolos así de aquellos procedentes de Israel.

En todo caso, la divulgación de esos correos hace que destaquen varios elementos en común.

Israel ha tenido tradicionalmente en cuenta que sus violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional, sus crímenes de lesa humanidad y genocidio, podrían ocasionar que las víctimas y asociaciones de muchos países interpusieran demandas judiciales ante sus respectivos tribunales, a pesar de la complicidad en la Ocupación por parte de muchos gobiernos y Estados.

Esto le ha llevado desde siempre a poner en marcha unas pseudoinvestigaciones internas que, junto a la propaganda, la aceptación acrítica del relato sionista por parte de Occidente y la labor de despachos de abogados y de lobbies políticos, han conseguido hasta ahora dos resultados transcendentales desde el punto de vista jurídico: que se considere a la justicia israelí como homologable a la de cualquier país democrático y respetuosa, por tanto, con el Derecho; y reforzar, por consiguiente, la impunidad de la que disfruta Israel, con toda clase de parabienes en todos los demás ámbitos: económicos (Acuerdo de Asociación con la UE, pertenencia a la OCDE); militares (socio de la OTAN en muchas de sus prerrogativas, incluyendo armamento y ejercicios militares); deportivas y culturales, FIFA, UEFA, FIBA, Eurovisión... De todo lo cual carece, por contraposición, la Rusia invasora.

De hecho, antes del archivo del caso Al Daraj, la Fiscalía, si bien admitiendo que podría ser considerado crimen de lesa humanidad, pedía su inadmisión en la Audiencia Nacional, ante la reiterada argumentación de la administración israelí de que ese caso estaba siendo ‘investigado’ por el ejército y la justicia israelíes, aspecto este repetido en cualquier demanda que interpongan los palestinos y las organizaciones de derechos humanos israelíes en la que se aporten pruebas o testimonios de cualquier atropello del ejército o de los colonos israelíes. Sólo que el resultado de esas investigaciones, de las leyes vigentes y de su interpretación por parte del aparato israelí judicial es que los casos que prosperan suelen rondar, en las mejores circunstancias, el 3%.

La demanda por el caso Al Daraj fue interpuesta por víctimas palestinas de un bombardeo acontecido en Gaza el 22 de julio del año 2002. Siguiendo su política de asesinatos extrajudiciales, Israel lanzó una bomba de una tonelada para acabar con la vida de un miembro de Hamás, ocasionando la muerte de quince personas –la mayoría de ellos niños y bebés– y causando heridas a otras 150. El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) documentó el caso y seis palestinos ejercieron la acusación, la Asociación Al Quds de Málaga realizó un trabajo relevante de traducciones y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) ejerció la acusación popular. La Audiencia Nacional llevó a cabo unas primeras diligencias tras aceptar su competencia por crímenes de lesa humanidad. Entre los acusados se encontraba el actual ministro sionista de Agricultura y Desarrollo Rural, Avraham Dichter. La complicidad de las autoridades españolas llevó a que, poco después del cambio legal de la Ley de Jurisdicción Universal, fuera invitado Dichter por el Ministerio de Defensa a través del CESEDEN. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le rindió pleitesía en una visita a Israel en febrero de 2023.

Las autoridades israelíes afirmaron que había una ‘investigación’ en curso y esa afirmación de parte fue admitida por la justicia española, y reiterada en tantas y tantas demandas en Israel o en otros países. Es el paraguas utilizado por Israel para parar y anular las demandas, en caso de que no se hayan cambiado las leyes en los países donde se presentaron las acusaciones.

En el caso del Mavi Marmara, ya con víctimas españolas, y con el CSCA de nuevo como acusador popular, su archivo fue obligado, como dijimos, por el nuevo cambio de la jurisdicción universal del Partido Popular en el año 2014. En el auto del archivo se pedía la comparecencia de los acusados en el juzgado, entre ellos de Benjamín Netanyahu, en caso de que alguna vez pisasen territorio español. Pero, ahí, nuestro Tribunal Supremo (en sus jueces Angel Hurtado, Concepción Espejel y Enrique López), por primera vez cambió el auto ratificado por la Audiencia Nacional y pidió la eliminación de los registros policiales correspondientes para que no se reclamase a Netanyahu.

Los correos filtrados recogen el importante papel desempeñado en esta estrategia de impunidad jurídica israelí por el bufete Cuatrecasas como partícipe en la misión de elaborar estrategias obstruccionistas, litigiosas y de cabildeo para contribuir a elaborar ciertas normas o abortar otras que interesen a Israel en su política de impunidad jurídica.

Carrascón también menciona que otros muchos correos tienen como protagonista a la asociación ACOM, dirigida por el sionista David Hatchwell, la cual promueve muchas demandas contra ayuntamientos y entidades que se manifiestan a favor de la causa palestina o proponen medidas contra la política criminal y colonial israelí, y a las que acusan de discriminación y antisemitismo. En los correos se hace referencia a la demanda que interpuso el CSCA contra ACOM por crímenes de odio y que, finalmente, fue archivada por considerar el tribunal que, si bien había expresiones públicas de ACOM antipalestinas, árabes o musulmanas, exageraciones o falta de veracidad en sus publicaciones digitales, primaba la libertad de expresión sobre otras consideraciones. Vistos los correos filtrados, hay fundadas sospechas sobre si habría de considerarse a ACOM una suerte de agente extranjero.

La justicia española y europea, la occidental, ha normalizado a Israel en el sentido de que le han otorgado gratuitamente una suerte de validación, de homologación jurídica. Y ello, a pesar de la evidencia de que la justicia israelí forma parte de la política del Estado colonial y del apartheid de Israel que han legitimado la ocupación, la tortura, la discriminación de la población palestina, el castigo colectivo, las expropiaciones y expulsiones, el hambre y la destrucción gratuita, el asesinato y el genocidio.

A finales de julio de este año 2025, yo mismo fui secuestrado junto a mis compañeros en el barco Handala, como parte de la Flotilla de la Libertad. Llevados a tierra, la acusación formulada en nuestra contra fue la de querer entrar ilegalmente en Israel, cuando en realidad navegábamos por aguas internacionales rumbo a Gaza. La justicia israelí homologada asume el secuestro en aguas internacionales por parte del ejército de ocupación y acepta, además, el cargo de que los secuestrados queríamos entrar ilegalmente en el país. Con ello se da a entender que el Estado de Israel y su tan subsidiaria justicia consideran la palestina Gaza como parte de Israel, que pueden formular las acusaciones que deseen a modo de excusa y no van a recibir ningún correctivo por sus actuaciones. Es lo que está ocurriendo: impunidad y homologación judicial.

Y falta tiempo para que se revierta esta situación.

¿Para cuándo la ruptura de acuerdos con esa justicia de la potencia colonial, del apartheid, justificadora del genocidio de los palestinos?

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Egipto ha intensificado el envío de suministros esenciales a Gaza para ayudar a su población a afrontar el invierno después de que varias personas murieran por las lluvias y el frío en los últimos días en el enclave palestino, informaron este miércoles diversas fuentes egipcias.

Decenas de miles de mantas, prendas de ropa de invierno, colchones y tiendas de campaña han sido enviados en los últimos días en convoyes de camiones desde la ciudad egipcia de Rafah, junto con alimentos, medicinas y combustible, según fuentes de la Media Luna Roja Egipcia.

El último de esos convoyes salió a primera hora de este miércoles desde la ciudad egipcia de Rafah, en el norte del Sinaí y fronteriza con Gaza, hacia el cruce de Kerem Shalom, ubicado entre el enclave palestino, Egipto e Israel y controlado por el Estado judío.

Compuesto por "decenas de camiones", el nuevo convoy transporta ayuda alimentaria, suministros médicos y artículos de higiene personal, así como mantas, ropa de invierno y suministros de calefacción, apuntó el canal de televisión egipcio Al QaheraNews, cercano a los servicios de inteligencia del país norteafricano.

Indicó que junto a ese material, los vehículos también transportan derivados del petróleo necesarios para el funcionamiento de los hospitales, la generación de electricidad y el transporte de heridos.

Al QaheraNews hizo hincapié en que "casi un millón y medio de palestinos sufren las repercusiones de la agresión, además de una severa ola de frío y lluvias que se mantiene desde hace más de 15 días, lo que ha provocado el colapso de muchas tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas y ha provocado la muerte de niños como resultado del frío extremo".

Egipto mantiene en la ciudad de Al Arish, vecina de Rafah, una "zona logística" para recibir y almacenar la ayuda humanitaria enviada por organizaciones internacionales y locales, así como por varios Estados del mundo, para los gazatíes.

La ayuda ingresaba de forma directa a través del cruce fronterizo con Rafah, que era el único no controlado por Israel, pero los envíos fueron suspendidos después de que el Ejército israelí ocupara la parte palestina de ese paso terrestre en mayo de 2024.

Los envíos se reanudaron en julio pasado a través de Kerém Shalom, donde las autoridades israelíes inspeccionan los camiones antes de autorizar su ingreso o no en Gaza, y la cantidad de ayuda ha ido aumentando tras la firma del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en octubre pasado.

El ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, cifró el pasado lunes en al menos 405 el número de las personas que han perdido la vida por ataques israelíes en la Franja desde la entrada en vigor del alto el fuego, y en más de 15 en las últimas semanas por el temporal de invierno, incluido un bebé de dos semanas por hipotermia.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, cerca de 71.000 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.192 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.

Israel anunció este martes que reabrirá el cruce de Rafah (sur de la Franja de Gaza) durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto, según un comunicado oficial, según informa EFE.

"De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá en los próximos días exclusivamente para la salida de residentes de la Franja de Gaza hacia Egipto", indicó en una nota el COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

El comunicado especifica que la salida de los gazatíes a través del cruce de Rafah se facilitará mediante "la coordinación con Egipto, tras la aprobación de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea", de forma similar al mecanismo que funcionó en enero de 2025.

Hasta ahora solo han estado abiertos los cruces de Zikim, Kerem Shalom y Kissufim, que operan en exclusiva para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

La ofensiva y el bloqueo de los cruces se mantuvo hasta el 10 de octubre, cuando se implementó el alto el fuego en vigor y se reabrieron algunos pasos fronterizos para la entrada de provisiones de carácter humanitario y mercancías.

No obstante, entre los puntos del Plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que sustenta ese cese de las hostilidades, también figuraba la apertura del paso de Rafah, área del sur de Gaza bajo control israelí, que sigue cerrado y que hasta su clausura era la única ventana de la Franja al mundo para el transito de personas y cargamentos no controlados por Israel.

En Rafah, además, continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás -algunos centenares según el Ejército israelí- y se han producido incidentes con las tropas de Israel desde el alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había mantenido anteriormente que la apertura del paso de Rafah "se considerará dependiendo de cómo (el grupo islamista palestino) Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado".

Las tropas israelíes todavía controlan más del 50% del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.112 palestinos en ataques israelíes y más de 170.986 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

La polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), organización estadounidense encargada por Israel de repartir comida en la Franja desde mayo hasta el alto el fuego de octubre, anunció este lunes el cese de sus operaciones en el enclave palestino. "En un momento crítico, la misión de ayuda de emergencia liderada por Estados Unidos ayudó a sentar las bases para el alto el fuego y el futuro de Gaza", esgrime la GHF en un comunicado.

La GHF es una organización sin ánimo de lucro, integrada por exmilitares estadounidenses, empresas privadas de seguridad y operadores humanitarios, pero la ONU destacó meses atrás que no trabajaba según los principios de la ley internacional humanitaria y sus métodos llegaron a causar cientos de muertos en Gaza.

Desde que la organización desembarcara en Gaza, con tres centros de operaciones en el sur y otro en el centro de la Franja -que sustituyeron a 200 puntos de reparto de la ONU-, la distribución se convirtió rápidamente en un caos, con palestinos agolpándose en las instalaciones para conseguir alimentos y constantes escenas en las que eran repelidos con violencia.

Este caos se mostró en una situación de bloqueo de la entrada de ayuda a Gaza por parte de Israel, que fue total a partir de marzo hasta que en mayo comenzó a actuar la GHF, una organización que no llegaba a cubrir las necesidades de los gazatíes, lo que derivó en una situación de hambruna declarada este verano por una organización avalada por la ONU.

Desde la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 2.100 palestinos han muerto mientras acudían a solicitar ayuda humanitaria, entre ellos quienes se encontraban en las cercanías de los centros de GHF o de camino a estos, según las Naciones Unidas. "Con la creación del Centro de Coordinación Civil-Militar para Gaza y un renovado compromiso de la comunidad humanitaria internacional, la GHF cree que ha llegado el momento del cese de operaciones", culminó el director ejecutivo de GHF, John Acree, en el comunicado.

La entidad difundió este lunes, además, un informe de impacto de sus labores en Gaza a las que, pese a los episodios de desesperación y muerte en los repartos, calificó como de "récord". "En respuesta al llamamiento del presidente Donald Trump para que la ayuda llegara directamente a la población de Gaza, la GHF construyó un nuevo modelo desde cero: sitios seguros, personal local verificado, operaciones disciplinadas y entrega directa a los civiles sin interferencia de Hamás ni de otros actores", añadió la organización.

Según sus cálculos, desde que se establecieran a finales de mayo, distribuyeron en la Franja más de 3 millones de cajas de alimentos, con un total de 187 millones de comidas; entregando más de 5.6000 toneladas de patatas y 1.300 de cebollas; así como 1,1 millones de suplementos alimenticios para niños con desnutrición.

Sin embargo, debido a que emergió como sustituto a la labor humanitaria realizada por Naciones Unidas, a la que el Gobierno israelí repetidamente acusaba de connivencia con las milicias de Hamás, no hay una vía transparente para verificar los datos proporcionados.

La GHF reconoce en su comunicado de este lunes que llegaron como "iniciativa temporal" y que tenían "planes de expandirse a más centros", pero que decidieron suspender sus operaciones a mediados de octubre -tras el último alto el fuego- cuando EE.UU. y la comunidad internacional devolvieron las tareas humanitarias a las diferentes agencias de la ONU.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) reportó el 22 de noviembre, su última actualización de la situación en Gaza, que "a todas la misiones de la ONU destinadas a recoger cargamentos de ayuda en el cruce de Kerem Shalom se les denegó el acceso" dicho día.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes “no avanzar” en la aprobación de las sanciones propuestas por Bruselas contra Israel ante el nuevo “contexto” del conflicto en Gaza con el alto el fuego, pero tampoco decidieron retirarlas de la mesa por la “frágil” situación en la Franja.

“El contexto ha cambiado desde que se presentaron las medidas. Así que hoy lo hemos debatido y ha habido opiniones muy divergentes", reconoció la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios.

Ante esa situación, Kallas dijo que el área de entendimiento que encontraron consistió en que “por ahora no avanzamos con las medidas, pero tampoco las retiramos, porque la situación es frágil”.

“Necesitamos ver realmente una mejora en la ayuda humanitaria que llega a Gaza” y que las autoridades israelíes desbloqueen los ingresos para la Autoridad Palestina, destacó.

“Necesitamos ver que los periodistas y los trabajadores humanitarios puedan entrar. También necesitamos ver que el registro de las oenegés internacionales no esté restringido. Estas fueron las preocupaciones que plantearon los Estados miembros”, comentó.

La Comisión Europea propuso el pasado 17 de septiembre suspender el trato comercial preferencial a Israel así como sancionar a dos de sus ministros, los radicales Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, en la postura más dura hasta el momento contra el Gobierno israelí por la situación en Gaza.

Igualmente, propuso sancionar a siete colonos violentos israelíes -de manera que los bienes que puedan tener en la UE queden congelados y no puedan entrar en territorio comunitario- y a diez miembros del buró político de Hamás, unas medidas que necesitarán ser aprobadas por unanimidad por los Veintisiete para que puedan aplicarse.

A su llegada a la reunión, la jefa de la diplomacia comunitaria había señalado que el alto el fuego decretado en Gaza superó una “buena primera pase” pero advirtió de que aún hay trabajo por hacer, en especial en el campo humanitario.

“El alto el fuego en Oriente Medio ha superado su primera prueba de resistencia. Por lo tanto, creo que ha sido una buena primera fase. Pero, por supuesto, debemos trabajar para ver qué más podemos hacer para lograr una paz sostenible en Oriente Medio”, indicó Kallas.

Según dijo, aún “queda mucho por hacer para que llegue la ayuda humanitaria y para que el alto el fuego se mantenga”.

Por lo que se refiere a las dos misiones civiles de la UE dedicadas a Palestina, la de asistencia fronteriza EUBAM Rafah y la de apoyo policial EUPOL COPPS, Kallas explicó que los ministros debatieron “qué más podemos hacer para contribuir al plan de paz” entre el Gobierno israelí y el grupo islamista Hamás, auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La política estonia destacó que, nada más conocerse ese plan, la UE repasó qué podía aportar a cada punto, incluido el uso de esas dos misiones.

Afirmó que están estudiando la ampliación de su mandato, pero en todo caso dejó claro que, por lo que respecta a EUBAM Rafah, para que pueda volver a ser desplegada debe recibir la aprobación tanto de Egipto como de las autoridades israelíes.

Tanto Francia como España pidieron hoy que la misión EUBAM amplíe sus competencias.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, planteó hoy reforzar EUBAM Rafah para que también pueda ocuparse del tránsito de bienes a la Franja, "que deben llegar en masa a Gaza para aliviar el sufrimiento de la población palestina”.

“Tenemos que trabajar por consolidar ese alto el fuego”, enfatizó su homólogo español, José Manuel Albares, quien concedió en que las misiones civiles de la UE EUBAM Rafah y EUPOL son “fundamentales” y “tienen que irse ensanchando en su mandato para conseguir participar dentro de todo lo que es la estabilización” de ese territorio palestino.

En ese contexto, pidió la reapertura del paso de Rafah y recordó que España tiene el mayor contingente dentro de la operación EUBAM.

Albares insistió además en que “no puede volver a repetirse” una violación del alto el fuego en Gaza, con bombardeos de Israel y la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria.

Israel bombardeó el domingo varios puntos de la Franja de Gaza y mató a decenas de personas como respuesta a lo que interpretó como una "violación" del acuerdo por parte de Hamás, después de que unos enfrentamientos en la mañana en la zona de Rafah, (sur) dejaran dos militares israelíes muertos.

El Gobierno de Israel decidió este domingo suspender el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras retomar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes e informa EFE.

La Cadena 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza del domingo en Rafah (sur de Gaza), en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega.

Once gazatíes, entre ellos siete menores de edad y dos mujeres, fueron atacados por el ejercito israelí el viernes mientras viajaban en un minibús hacia su hogar en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza, informó cerca de la medianoche el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, según informa EFE.

La Defensa Civil en Gaza recuperó este sábado nueve cadáveres, informó el servicio de emergencias en un comunicado. "Están siendo transferidos al Hospital Bautista", recoge el texto. Las víctimas del ataque son la familia Shaban, según Defensa Civil.

Aunque inicialmente Defensa Civil señaló que en el ataque murieron los once tripulantes del vehículo, hoy uno de sus portavoces dijo a EFE que uno de ellos, que resultó herido, fue atendido en el Bautista el viernes.

Sobre el cadáver restante, apuntó: "No se halló ni rastro de su cuerpo. Creemos que quedó volatilizado por los cohetes".

"Pedimos a Dios que podamos encontrar algo del cuerpo", añadió, para sentenciar: "Antes o después".

Los rescatistas no llegaron al lugar hasta casi un día después dada la peligrosidad que plantea la presencia del Ejército israelí en la zona, por lo que no han accedido al área hasta coordinarse con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En el lugar del ataque los rescatistas encontraron el cadáver de un niño partido por la mitad, como muestra una imagen compartida con periodistas gazatíes por uno de los paramédicos de la misión, Abudllah al Majdalawi.

"El vehículo cargaba once civiles, incluyendo siete menores y dos mujeres, todos de la misma familia. Habría sido posible advertirles o hablar con ellos de manera que no hubiera llevado a la muerte", recogió el comunicado de Basal.

En la tarde del viernes, el Ejército israelí disparó y atacó con artillería un minibús que se dirigía a Zeitún después de que este cruzara la denominada "línea amarilla", la demarcación imaginaria hasta que las tropas se retiraron cuando comenzó el alto el fuego en Gaza.

Preguntado por EFE, el Ejército aseguró que el vehículo era "sospechoso" y que se acercó a las tropas de forma que lo vieron como "una amenaza inminente hacia ellas". En este contexto, primero lanzaron "disparos de advertencia" contra la furgoneta y, después, "eliminaron la amenaza".

Hamás condenó este sábado la masacre, denunciando además que constituye una nueva violación del acuerdo de alto el fuego.

"Esto es un crimen total que revela la intención premeditada de la ocupación (israelí) de atacar a civiles indefensos sin justificación", asegura el grupo islamista en su comunicado.

Este protocolo de actuación del Ejército (las tropas pueden atacar cuando se sienten amenazadas y el método de aviso son disparos de advertencia) ha dado lugar a numerosas masacres de civiles en Gaza. Uno de los casos más conocidos, en marzo de este año, fue el asesinato de 15 rescatistas y paramédicos cuando se dirigían a una misión (así como los compañeros que acudieron a asistirles cuando desaparecieron) en Rafah, sur de Gaza.

Más de 30 palestinos han sido asesinados en Gaza por cruzar la denominada "línea amarilla" desde que se firmó el alto el fuego. En la mayoría de casos consultados por EFE al Ministerio de Sanidad del enclave, se trataban siempre de personas que intentaban volver a sus casas, de las que se habían visto desplazados.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla", pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella, aunque el Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, visitará este jueves el paso de Rafah, en la península del Sinaí egipcio, donde pedirá que todos los cruces hacia Gaza abran para que entren miles de camiones cada semana, según informa EFE.

"Esta ruta es un recurso vital para el abastecimiento de alimentos, medicamentos, tiendas de campaña y demás ayuda vital. Queremos verla llena de camiones, como parte de un aumento masivo de ayuda tras el acuerdo de paz", aseguró Fletcher.

En el breve vídeo que subió a su cuenta oficial de X, indicó que es una "necesidad urgente" que "cruces deban estar abiertos" para que entre ayuda "a gran escala" y que ingresen "miles de camiones cada semana".

Asimismo, dijo en el clip que visitará hospitales donde se encuentran "muchos niños evacuados de Gaza y que reciben tratamiento".

El miércoles, Fletcher dijo desde El Cairo que la ayuda a los civiles en Gaza no puede utilizarse como "moneda de cambio" y que su organización no tolerará obstáculos a su suministro. 

Tras la firma el lunes del pacto que puso fin al conflicto entre Israel y Hamás, aseveró que "este es un momento de gran esperanza, aunque precaria".

Fletcher denunció que aunque a principios de esta semana pudieron empezar a ampliar su ayuda humanitaria "tras meses de frustración y bloqueos", el martes afrontaron nuevos obstáculos para implementar lo acordado. 

La ONU había confirmado este martes que los cruces fronterizos de Israel a Gaza estaban cerrados y pidió al Gobierno israelí y a Hamás respetar los acuerdos establecidos en el alto el fuego para poder escalar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave.

Camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar ayer desde el cruce egipcio de Rafah hacia los pasos israelíes de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso a la Franja de Gaza, según informó la televisión egipcia Al Qahera News.

El paso de Rafah, en el norte de Egipto, era la única vía no controlada por Israel para el paso de personas y mercancías al enclave palestino hasta que fue cerrado en mayo de 2024 tras el control de su lado palestino por el Ejército israelí.

Desde esa fecha la ayuda que entra en Gaza sale en camiones desde la vecina ciudad de Al Arish, también en el Sinaí egipcio, cruza una carretera entre Egipto y el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por Israel, y solo entra en el enclave palestino si es autorizada por las autoridades israelíes.

El acuerdo de paz, que representa la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, contempla, entre otros puntos, la apertura de todos los cruces y la entrada de unos 600 camiones de ayuda humanitaria a diario en el enclave palestino.