Alvise Pérez ha cobrado 106.000 euros de una o varias empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha revelado infoLibre después de que el propio líder de Se acabó la fiesta (SALF) lo haya reconocido al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo para indicar que ha ingresado ese dinero por labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación". Pero, ¿para qué empresa o empresas? No se sabe y el eurodiputado se niega a aclararlo.

Los europarlamentarios están obligados a presentar estas declaraciones de intereses y mantenerlas actualizadas. Estos documentos deben detallar las actividades e ingresos que tengan antes y durante su mandato, con la intención de poder fiscalizarlos y evitar conflictos de intereses. El código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo las tienen que rellenar, establece que deben indicar "cualquier actividad remunerada realizada paralelamente al ejercicio del cargo, incluido el nombre de la entidad" de la que reciban ingresos.

A pesar de ello, Alvise oculta el nombre de la empresa o empresas que le han pagado e indica únicamente que se trata de compañías "españolas" y "del sector de la comunicación". Tal y como explica a infoLibre Raphaël Kergueno, responsable de Políticas de Transparencia Internacional Unión Europea (UE), los eurodiputados que trabajan como autónomos —como es el caso de Alvise— en muchas ocasiones detallan únicamente la cantidad total de sus ingresos y la actividad a la que se dedican de forma genérica, sin especificar quiénes son sus clientes.

De hecho, Alvise asegura a infoLibre que ha rellenado la declaración de intereses de la forma que le ha dicho el Parlamento Europeo. Según el eurodiputado, la Eurocámara le comunicó que "el código de conducta no se aplica a los ingresos que declaramos los eurodiputados cada trimestre de varias empresas". 

infoLibre ha preguntado al Parlamento si esto es cierto, pero el equipo de la institución ha rechazado dar detalles de la posible conversación con Alvise porque no comentan casos individuales. Aun así, el Parlamento Europeo asegura que las declaraciones deben "contener una lista detallada de información, incluyendo cualquier actividad remunerada que se realice paralelamente al ejercicio del cargo" y reitera a infoLibre que los eurodiputados deben indicar el "nombre de la entidad" de la que cobran, algo que Alvise no ha hecho.

Kergueno explica que la redacción del código de conducta sobre este asunto no es del todo clara y eso da lugar a este tipo de problemas. La última vez que Transparencia Internacional estudió las declaraciones de intereses de los eurodiputados fue a finales de 2024, con la formación del nuevo hemiciclo tras las elecciones de ese año. La ONG denunció que varios eurodiputados habían declarado de forma opaca actividades "como 'trabajador autónomo' o 'miembro del consejo de supervisión' [de una empresa] (sin indicar a qué entidad podría pertenecer)".

En 2023 la misma organización analizó al detalle la información de los parlamentarios que afirmaban trabajar como autónomos. La conclusión fue que el 42% omitía datos clave en sus declaraciones de intereses, como es el caso del nombre de sus clientes, al igual que ha hecho Alvise. 

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas limitaciones. No pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la UE ni trabajar para compañías que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. La ocultación de quién está pagando a Alvise impide saber si en su caso se da alguna de esas dos circunstancias.

Alvise Pérez se ha negado a aclarar a infoLibre para quién trabaja o ha trabajado, pero asegura que "no son un lobby ni nada que condicione mi mandato". El eurodiputado define la empresa o empresas como de "asesoría y comunicación" y "de lo mío", sin mayor explicación al respecto. 

Pero Kergueno deja clara la importancia de conocer de quién cobran los eurodiputados: "Revelar la identidad de los clientes es necesario para poder evaluar si existe algún conflicto de intereses derivado de una actividad externa, como la de los eurodiputados que trabajan como consultores o abogados. Sin esa información, no se puede evaluar si existe o no el conflicto de intereses", cuenta el miembro del capítulo europeo de Transparencia Internacional.

En la misma línea se explica Vicky Cann, investigadora de Corporate Europe Observatory, una organización que denuncia la influencia de las empresas y sus grupos de presión en las políticas de la UE. Cann detalla a infoLibre que "no hay justificación para ocultar los nombres de los clientes que han pagado por servicios de consultoría". "La transparencia debe ser lo mínimo que podemos exigir en este caso, ya que, de lo contrario, nadie puede comprender el alcance de los conflictos de intereses, si ese trabajo tiene vínculos directos o indirectos con la labor parlamentaria, o en qué medida podría constituir una labor de lobby", remata. 

En el caso de Alvise, es muy probable que ese pago corresponda a una única empresa. En una entrevista este mes de octubre el eurodiputado aseguró: "Solo con una asesoría mía cobro 106.000 pavos [sic]". Y solo dos semanas después actualizó su declaración de intereses para añadir que había ingresado, precisamente, 106.000 euros.

Raphaël Kergueno explica, como se ha señalado, que esta falta de transparencia entre los parlamentarios se produce "porque la normativa es confusa" y por la falta de supervisión de la Eurocámara. El experto pone como ejemplo a los eurodiputados que ejercen como autónomos o aquellos que trabajan para consultorías o despachos de abogados. Aunque la normativa exige de forma genérica que indiquen el "nombre de la entidad" de la que cobran, para ese tipo concreto de casos no especifica que deban detallar todos los clientes a los que se factura. Según explica Kergueno, en la práctica a los eurodiputados que son autónomos "se les está permitiendo no identificar a sus clientes".

En las respuestas a infoLibre, Alvise afirma que ha rellenado la declaración de la forma que le ha dicho "la propia Administración del Parlamento a través del servicio responsable de la verificación de las declaraciones de intereses" y que, aunque no sea público, él remite al Parlamento no solo la declaración de intereses, sino "toda la información" sobre estos ingresos, incluyendo el nombre de la empresa e, incluso, las "facturas". 

infoLibre ha preguntado a la Eurocámara por la veracidad de todas estas afirmaciones, pero la institución ha declinado valorar casos personales. Kergueno dice que la supuesta orientación que el Parlamento Europeo habría dado a Alvise indicando que hay que rellenar la declaración de intereses sin listar los clientes concretos podría ser cierta. Coincide también Cann, que asegura que no le sorprendería, aunque añade que "no se ajustaría al espíritu de la ley ni a una aplicación ambiciosa de las normas éticas con el fin de crear una cultura de transparencia y responsabilidad" en Bruselas.

De todos modos, como se ha explicado, esa falta de transparencia sobre las empresas de las que cobran los eurodiputados no se da solo en el caso de Alvise. A pesar de ser algo recurrente, no ha habido sanciones por ello, según asegura Transparencia Internacional UE, organización que lleva años investigando el asunto. 

El código de conducta de los eurodiputados no solo establece cómo deben cumplimentar la declaración de intereses, sino que también posibilita las sanciones para cuando lo hacen mal. Pero "el Parlamento Europeo nunca ha sancionado a un eurodiputado por no identificar a los clientes de los que cobra como autónomo", explica Kergueno. Tampoco hay constancia de que se le haya pedido a ninguno que añada esa información, aunque los detalles de las investigaciones sobre las declaraciones de los eurodiputados son privados —únicamente se hacen públicas las sanciones finales al respecto—.

Aun así, ha habido otros casos sonados. Uno de ellos es el de la actual ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, que fue eurodiputada entre 2009 y 2019. En su tiempo en la Eurocámara, indicaba simplemente que recibía ingresos paralelos como "abogada", pero no declaraba quién le estaba pagando por ello. En su declaración de intereses de 2018 aseguraba cobrar por esas labores 16.000 euros brutos mensuales.

Tras diversas investigaciones periodísticas, se pudo saber que había recibido grandes cantidades de dinero de empresas como Renault. De hecho, la Justicia francesa la está investigando por, presuntamente, haber cobrado 900.000 euros por trabajos de asesoría para la empresa automovilística que, en realidad, no realizó. Todo ello mientras tenía escaño en Bruselas.

"Se desveló que trabajaba para empresas como Renault y que la cantidad que cobraba era significativamente mayor a lo que declaraba. Todo ello gracias a la prensa. En ningún momento el Parlamento Europeo le preguntó quiénes eran sus clientes o para quién trabajaba cuando finalmente resultó que había un caso real y claro de conflicto de intereses. Estaba utilizando su posición para favorecer a las empresas de las que cobraba", explica Kergueno.

Por ello, hay quien directamente defiende la prohibición para los eurodiputados de ejercer labores de consultoría paralelamente a su labor parlamentaria, como hacía Dati o está haciendo Alvise. Cann asegura que "todas estas funciones de consultoría deberían prohibirse, ya que este tipo de trabajo, ya sea como abogado o como consultor, implica cobrar dinero de unos clientes y existe un alto riesgo de que los intereses de esos clientes entren en conflicto o incluso superen al interés público, que debería ser la motivación principal de todos los cargos electos".

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la sentencia que le obliga a facilitar las memorias anuales de la empresa público-privada Madrid Network.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha inadmitido a trámite el recurso de casación del Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligaba a la Comunidad a facilitar la información requerida por un ciudadano a través del Portal de Transparencia.

La petición ciudadana solicitaba la copia de todas las memorias anuales recibidas por la Comunidad de Madrid procedente de Madrid Network, como consecuencia del convenio firmado entre la Consejería de Economía y Hacienda y Madrid Network con fecha 23 de mayo de 2011, que el TSJM estimaba al estar comprometidos fondos públicos.

A esa empresa público-privada, según publicó 'eldiario.es', la expresidenta Esperanza Aguirre transfirió 80 millones de euros concedidos por el entonces el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid como préstamo destinado a desarrollo e innovación , además de un pago de 1,8 millones de euros a una empresa del exministro Cristóbal Montoro.

La Comunidad de Madrid justificó que no facilitaba los datos porque podrían ser "susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades", si bien el Tribunal Supremo considera que la Administración regional no ha concretado qué datos podrían verse comprometidos "ni tampoco que esos daños puedan configurarse como reales y efectivos y no simplemente potenciales".

Y entiende que, en la ponderación de los intereses públicos y privados que pudieran enfrentarse en este caso, deben prevalecer claramente "los intereses públicos derivados del derecho de cualquier ciudadano a conocer como se manejan los fondos públicos y el cumplimiento de los fines que justifican el otorgamiento de subvenciones".

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha argumentado que la Comunidad de Madrid no había entregado las memorias requeridas porque "es una asociación privada", y había dudas sobre cuestiones relacionadas con la protección de datos de personas y de instituciones que estaban en esos expedientes.

Al haber una resolución judicial que aclara esa cuestión, ha precisado que la Comunidad de Madrid no tendrá "ningún problema en poder facilitar la información que obre" en su poder.

Y ha añadido que se ha reclamado a Madrid Network "todos y cada una de los préstamos y de las cantidades que en este momento se nos adeudaría" por parte de la asociación, y que el Gobierno regional también ha recurrido a los tribunales. PSOE y Más Madrid apuntan al pasado de Díaz Ayuso en Madrid Network

Desde la oposición han cuestionado las resistencias de la Comunidad a publicar esas cuentas y han hecho hincapié en la relación laboral de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con Madrid Network, donde trabajó “hace casi veinte años” como “redactora de web y notas de prensa”, según ella misma dijo.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ve en Madrid Network “la línea de puntos que une la etapa corrupta de Esperanza Aguirre con los orígenes políticos de Ayuso”, y cree que el “desfalco” de "al menos 50 millones de euros" en la entidad tiene “toda la pinta de haber ido a parar a los bolsillos de amigos y amiguísimos del PP”.

Y la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, ha asegurado que Madrid Network "debe ya cerca de 70 millones de euros a la Comunidad de Madrid" y ha recordado que es una de las entidades implicadas en los presuntos pagos ilegales a Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro.

Real Madrid, FC Barcelona y Juventus han contratado a una firma de lobistas británica, Flint, para vender la Superliga entre políticos, funcionarios de la UE y periodistas. Pese al revés sufrido por la iniciativa nada más hacerse pública el pasado abril, los tres clubes quieren mantener vivo el proyecto y, para ello, necesitan revertir la imagen negativa de una liga que ha sido vista como un intento de la élite del fútbol por multiplicar sus beneficios. Según publica la revista alemana Der Spiegel, Flint ha preparado ya un plan, resumido en 10 páginas y titulado Preparar el camino para la Superliga: la estrategia para la reconstrucción, el reinicio… y la victoria, por el que ha cobrado 55.000 euros.

En lo que se pretendió un auténtico golpe de efecto, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y otros 11 clubes europeos, que incluían a Barça, Atlético de Madrid, AC Milán, Inter de Milán, Juventus, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Tottenham Spur, anunciaron el 19 de abril la creación de la Superliga. Pero, las protestas de miles de aficionados británicos y la desaprobación del primer ministro británico, Boris Johnson, del presidente francés, Emmanuel Macron, y hasta del español, Pedro Sánchez, echó por tierra en cuestión de unas pocas horas un proyecto que se preveía multimillonario.

Aun así, Florentino Pérez, que se ha presentado como el principal promotor de la iniciativa, insistió en su momento en que la Superliga seguía viva. Y, según explica Der Spiegel, está decidido a sacarla adelante, necesitados como están los clubes de nuevos y mayores ingresos que los que les proporciona la Liga de Campeones, la competición estrella de la UEFA. La enorme deuda de los equipos les apremia en la búsqueda de negocio. El dueño de la constructora de ACS presenta la Superliga como la única fórmula para “salvar el fútbol”. “Cuando no tienes más ingresos que los de la televisión, la única manera de rentabilizarlos es haciendo partidos más competitivos y con más atractivo entre los grandes clubes”, argumentó en el programa El Chiringuito la noche siguiente al reventón de la liga fallida.

De hecho, se mantiene la empresa creada hace cinco meses con el nombre de la Superliga. Con domicilio social en la calle de Ortega y Gasset de Madrid y página web, se llama European Super League Company SL. Según la revista alemana, los representantes del Real Madrid, sus aliados de Barcelona y Turín y algunos empresarios españoles tenían previsto pactar sus próximos pasos en una conferencia telefónica semanal, cuya celebración se aprobó en un consejo de administración el pasado julio, de acuerdo con el acta de la reunión.

“Superliga 2.0”

En el plan que presentó a los tres clubes, Flint promete lanzar una campaña “a prueba de balas” contra los ataques de los rivales de la que denominan a partir de ahora “Superliga 2.0”. Pero los lobistas les aconsejan que no repitan la demostración de fuerza de la pasada primavera. En su lugar, proponen un plan gradual y a largo plazo. Su objetivo: desacreditar a la UEFA como patrocinadora de la Copa de Europa. Para ello, aspiran a crear “una plataforma más creíble para comunicar el mensaje clave a responsables políticos y medios de comunicación: que el fútbol europeo necesita un nuevo modelo de negocio y que hay que romper el monopolio abusivo de la UEFA”.

El problema, precisa Der Spiegel, es que, según los expertos del sector que ha consultado, los planes Florentino Pérez están condenados al fracaso. Desde el golpe de Estado del pasado abril, el proyecto “simplemente carece de apoyos”, explica el directivo de un club alemán.

Por el contrario, Flint quiere poner el foco en lo que la élite de los clubes considera un agravio: están “sistemáticamente infrafinanciados” y sus ingresos por competiciones de la UEFA son “insatisfactorios”. Ni una palabra, en cambio, sobre su problema de costes. El FC Barcelona tiene una deuda de 1.350 millones de euros, mientras que la Juventus de Turín y el Real Madrid se encuentran entre la espada y la pared debido a la mala gestión de los últimos años y a las elevadas pérdidas durante la pandemia.

Hasta la Comisión Europea y con corresponsales de diarios económicos

Aunque en un primer paso, un juez de Madrid ha dado la razón a los clubes de la Superliga y ha dictado que su creación está amparada por el derecho de la competencia de la UE, la UEFA también ha anunciado acciones legales, por lo que el litigio terminará dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en Luxemburgo. Los expertos jurídicos de Flint ven posibilidades de una victoria ante el TJUE. Sin embargo, ganar sólo en los tribunales, sin “ganar los corazones y las mentes” de los aficionados y los creadores de opinión, advierte el plan de los lobistas, “no será suficiente”. Así que Flint quiere revertir la imagen negativa de la Superliga, con “actos discretos” y reuniones informativas con políticos, funcionarios de la UE y periodistas seleccionados, asegura Der Spiegel.

Entre las personas citadas en el documento, se encuentra un estrecho colaborador del vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas; parlamentarios de la UE amantes del fútbol, como el eurodiputado polaco y exfutbolista Tomasz Frankowski, y “líderes de opinión” de medios de comunicacióncomo los corresponsales en Bruselas de Financial Times o Frankfurter Allgemeine Zeitung.Financial TimesFrankfurter Allgemeine Zeitung. Los expertos de Flint se ofrecen a preparar a los fundadores de la Superliga para las reuniones que deberán mantener con estos contactos. Por ejemplo, los clubes deben dar señales de transparencia, sugieren, pero en ningún caso revelar demasiados detalles, porque podrían “dar lugar a conflictos”. Se trata más bien de dar a estos VIP la sensación de que tienen un “acceso privilegiado” a la Superliga, apunta la revista.

Sin embargo, reconocen también que todo este montaje servirá de poco mientras Florentino Pérez y sus aliados no den marcha atrás en una de sus mayores exigencias: un círculo cerrado de clubes de primer nivel sin ascensos ni descensos corre el riesgo de fracasar ante el TJUE. La permeabilidad de las ligas, la posibilidad de clasificarse para una categoría superior mediante el éxito deportivo, forma parte de la esencia del fútbol europeo. Así que los expertos de Flint señalan en su documento que no tendría sentido volver a presentarse con una liga que se opone a este principio. Los aficionados y los políticos se levantarían en armas otra vez.

Asesora de la Superliga y personada ante el juez

Der Spiegel también ha tenido acceso al plan que una consultora española, A22 Sports Management, presentó a los tres clubes rebeldes y que incluye toda una serie de cambios en las reglas de la Superliga. A22 Sports Management fue la empresa que solicitó al juez de lo Mercantil número 17 de Madrid medidas cautelares frente a las sanciones anunciadas por la UEFA contra los clubes disidentes. Según un auto de mismo magistrado donde éste legitima la personación de la sociedad, A22 Sports Management “intervino en el diseño, creación, promoción, financiación e implementación de la Superliga, y actúa como asesor de European Super League Company SL para la organización de la Superliga europea de fútbol”.

Así, la nueva competición podría adaptarse a la estructura de torneo de la Liga de Campeones, con una Superliga 1 y una Superliga 2 entre las que podría haber ascensos y descensos. En uno de los varios escenarios propuestos, los autores de la presentación esbozan incluso la permeabilidad con las competiciones de la UEFA, detalla la revista. Además, se incluye la posibilidad de que desciendan tres clubes de la división superior y suban dos clubes de la Superliga 2. También se podría conceder una plaza mediante invitación a otro “gran club”.

Der Spiegel ha preguntado sobre la Superliga tanto a la agencia A22 Sports Managementcomo al Real Madrid, al FC Barcelona y a la Juventus de Turín, que han declinado hacer ningún comentario por escrito. Pero Flint sí le confirma que ha conseguido el contrato. 55.000 euros al mes más gastos para llevar adelante su campaña. “En el mundo del fútbol profesional, calderilla”, zanja la revista alemana.

La controversia sobre la necesidad de conceder ayudas directas a las empresas, cada vez más intensa según se prolongaban las restricciones por la pandemia y se sucedían las peticiones de empresarios, expertos y hasta del Banco de España, cristalizó con los últimos 11.000 millones de euros en medidas de apoyo a la solvencia que el Gobierno aprobó el pasado día 11. De esa cantidad, 7.000 millones irán directamente a cubrir los gastos fijos de los negocios y las facturas con proveedores; el resto, a esquemas para reestructurar la deuda de las empresas y para recapitalizarlas. Hasta ese momento, el Ejecutivo había preferido reforzar la liquidez de autónomos y pymes ofreciendo avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una primera línea de 100.000 millones de euros entre marzo y junio y otra de 40.000 millonesotra de 40.000 millones más entre julio y noviembre. Además de reforzar el capital de las grandes compañías a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y nutrido con otros 10.o00 millones.

España siguió entonces la misma ruta que el resto de los países de la Unión Europea. En la primera fase de la pandemia, al menos, los avales públicos para que los bancos prestasen a las empresas fue el “instrumento predominante” empleado por los gobiernos europeos para hacer frente a los problemas de liquidez de los negocios cerrados por el confinamiento, según destaca el Banco Central Europeo (BCE) en su Boletín Económico del pasado enero. En Francia, Alemania, Italia y Reino Unido representaron más de la mitad de los fondos anunciados para sostener el tejido productivo, subraya el think tank Bruegel. También se utilizaron los bancos públicos para conceder préstamos directamente a las empresas con tipos de interés subvencionados. En total, calcula el BCE, se aprobaron garantías públicas por un importe equivalente al 16% del PIB de la zona euro, unos 1.910 billones de euros.

En todo caso, los volúmenes destinados por cada Estado a estos préstamos garantizados son muy distintos. Una buena muestra de la desigual potencia de tiro de las economías nacionales. Alemania apartó 832.000 millones de euros para avales públicos, casi seis veces más que en España. Y casi la mitad de la partida europea total. Pero si se mide cada programa en porcentaje del PIB, puede compararse con más fiabilidad. Así, el país que más apostó por los préstamos garantizados fue Italia, con un importe equivalente al 25% de su PIB, que se eleva hasta el 32% –571.000 millones de euros– si se incluyen los planes de recapitalización y los avales a las empresas exportadoras. Porcentualmente, más que Alemania, que ha destinado a este fin el 24,3% de su PIB. Le sigue el Reino Unido, con un 15,4% –340.300 millones de euros– y Francia, con un 14% –342.000 millones de euros–. El esfuerzo de España fue de un 12,2% de su PIB, esos 140.000 millones en avales a los que ahora se añaden 4.000 más para reestructuración de los préstamos ICO ya concedidos y con problemas para ser devueltos, y para recapitalizar empresas medianas a través de la semipública Cofides.

En cambio, Estados Unidos optó por un diseño diferente priorizando las ayudas directas a las empresas: del total de 4,18 billones de euros que suman los tres macropaquetes de medidas aprobados, más de la mitad, 2,61 billones, se han dedicado a ayudas directas, de los cuales 28.600 millones corresponden al último plan de rescate presentado por Joe Biden. Equivalen a un 10,3% de su PIB y a casi el triple de lo que Washington ha consignado para avales públicos, unos 803.000 millones de euros, a los que hay que sumar ahora otros 7.250 millones incluidos en el nuevo programa del presidente demócrata.

El triple de avales que de ayudas en Alemania

El reparto en Europa de estos dos tipos de mecanismos ha sido a la inversa. Alemania destinó a ayudas directas un 8,3% de su PIB, tres veces menos que a avales públicos, pese a que fue la que mayor volumen de recursos dedicó a este fin de las cinco grandes economías de la zona euro junto a Reino Unido, que apartó para subvencionar a las empresas la mitad que a garantizar préstamos. Francia presupuestó 124.000 millones en ayudas directas, casi un tercio de lo que asignó a avales públicos. Italia, apenas un 3,4% de su PIB –61,3 millones de euros–, ocho veces menos que a préstamos garantizados. Finalmente, España destinó tres veces más a avales que a subvenciones a los negocios tocados por el virus.

No hay que olvidar tampoco que, además de estos dos modelos de ayudas, los gobiernos han aplicado moratorias en pagos de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Según los cálculos de Bruegel, fue Italia el Estado que más se decantó por los aplazamientos, con un volumen equivalente al 13,2% de su PIB –253.300 millones–, seguida de Francia –8,7%– y Alemania –7,3%–. Estados Unidos le dedicó un 2,6% y Reino Unido un 2%. España, apenas un 0,4% –5.300 millones–.

“No se puede reducir la discusión a si las medidas deben ser de un tipo o de otro, tienen que ser de los dos”, explica Lídia Brun, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas. “Al principio [de la pandemia] se trataba de distribuir el coste del confinamiento en el tiempo, pero con la prolongación de la crisis no se puede, ya no se trata de pérdidas puntuales, sino que se están deteriorando los balances de las empresas”. El problema se verá cuando las empresas españolas tengan que competir en el mercado único con empresas cuyos gobiernos las han ayudado más y mejor, advierte. Para el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, otorgar avales de hasta el 100% como han hecho algunos países o subvencionar los tipos de interés de los préstamos garantizados hasta dejarlos casi en cero como en Francia equivale casi a una ayuda directa. Y las ayudas directas son a fondo perdido tanto como lo puede ser un aval del 100% a una empresa que quiebra, aclara. Lo mismo cree Lídia Brun. Los avales al 100% “son otro tipo de ayuda” desde el momento en que los bancos “pierden el incentivo a hacer bien su trabajo: conseguir que le devuelvan el dinero”.

España ha concedido casi nueve veces más garantías que Alemania

Cuestión aparte es el grado de ejecución de las medidas aprobadas. Ya lo resaltó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, en una carta reciente a los eurodiputados que ha sido utilizada por el Gobierno español para hacer valer su gestión contra los perjuicios económicos de la pandemia. Del total de 3,12 billones de euros que los 27 miembros de la UE han destinado a ayudar a las empresas, sólo se han desembolsado hasta ahora 542.000 millones, un 3,3%. Pero el país cuyas empresas más ávidamente han recurrido a las ayudas ha sido España, con un volumen desembolsado que equivale al 7,3% de su PIB. Por el contrario, Alemania sólo ha gastado el 3% de lo presupuestado, Francia el 6,4% e Italia el 6%.

A diciembre de 2020, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), el banco público alemán, había otorgado 103.000 avales por valor de 44.000 millones de euros, apenas el 5% del programa disponible. La cifra equivale al 1,3% de su PIB –el menor de los cuatro grandes países europeos–, mientras que en España el grado de ejecución de estos mecanismos de garantías –el mayor de los cuatro– se eleva al 9,7% del PIB, según los cálculos que publicó el BCE el pasado mes de enero.

El ICO ha concedido garantías hasta el 28 de febrero para 1,003 millones de operaciones; es decir, casi 10 veces más que su gemelo alemán. El importe total avalado asciende a 91.770 millones de euros, el doble que la KfW. Lo que se traduce en 120.799 millones de euros de financiación para 628.455 empresas. El 89% de ellas eran micropymes –menos de 10 empleados– y autónomos. Del total, 127.351 pertenecen al sector del turismo, el ocio y la cultura, el grupo más numeroso entre los beneficiados. De acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el ICO, aún quedan disponibles unos 6.500 millones de euros de la primera línea –100.000 millones– y unos 37.000 millones de la segunda –40.000 millones–. Por tanto, se ha desembolsado ya un 65% de las cantidades presupuestadas.

Además, la SEPI ha concedido ya 968 millones de euros en préstamos participativos y ordinarios a cuatro grandes empresas consideradas estratégicas: Ávoris Corporación Empresarial (Viajes Barceló y Globalia), Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra Líneas Aéreas. La compañía de renovables Abengoa acaba de pedir también la ayuda de este fondo, que dispone de 10.000 millones de euros.

En Francia, que comparte con España el mayor uso de este instrumento de toda la UE, Bpifrance ha otorgado 110.600 millones de euros en préstamos garantizados para 634.720 empresas al cierre de 2020, según BPifrance. Un 37% del programa presupuestado.

Con datos a 10 de marzo, el Fondo de Garanzia había concedido 1,76 millones de avales. Según el Ministerio de Economía italiano, hasta ahora las empresas han pedido financiación por valor de 145.300 millones de euros. El Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) también ha otorgado 21.900 millones de euros, en 1.626 operaciones para sostener a grandes empresas.

En Reino Unido, hasta el 25 de febrero pasado, se ha gastado el 63% de los fondos destinados al Bounce Back Loan Scheme (BBLS), el programa para pymes creado por el Gobierno de Boris Johnson al que han recurrido 1,5 millones de negocios británicos afectados por el covid-19. Sólo este esquema ha supuesto el 94% de los préstamos con aval concedidos, hasta sumar 45.610 millones de libras –53.096 millones de euros– del total de 72.930 millones desembolsadas, de acuerdo con las cifras publicadas por el Tesoro británico y recogidas en el último informe elaborado por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes. El Gobierno británico destinó una partida de 330.000 millones de libras a garantías públicas, repartidas en tres programas distintos: además del ya citado BBLS, otro para empresas medianas hasta 45 millones de libras de facturación y un tercero para las grandes que superen ese volumen de negocio. Del primero se han gastado 22.000 millones de libras y del segundo, 5.290 millones. Los tres caducan este mes de marzo, pero ya tienen un sucesor, el Recovery Loan Scheme, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de este año.

En Estados Unidos, el Paycheck Protection Program (PPP), destinado a avalar préstamos de hasta 10 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas, ha concedido hasta el 7 de marzo pasado un total de 7,55 millones de créditos, por un importe de 687.374 millones de dólares –574.057 millones de euros– según las cifras publicadas por la Small Business Administration (SMB), la entidad pública encargada de su gestión. El Instituto Americano de Censores Jurados de Cuentas (AICPA) calcula que aún quedan disponibles unos 140.000 millones, por lo que Biden sólo ha ampliado en 7.250 millones la partida destinada al PPP en su plan de rescate.

Condiciones menos atractivas, atascos burocráticos

La dispar aceptación de los préstamos garantizados en cada país de la UE –pese a que las características de los programas son muy similares, todos han seguido en buena medida las guías fijadas por la Comisión Europea– obedece a varias razones. El BCE considera que en España las empresas acudieron en masa a los préstamos ICO a falta de medidas de alivio fiscal, como moratorias de pagos, y de ayudas directas. Mientras que en Francia los bajos tipos de interés, que rondan el cero, resultaban especialmente atractivos. Por el contrario, las empresas alemanas no han recurrido a los avales porque estaban menos endeudadas que el resto de las europeas cuando surgió la pandemia, su confinamiento fue menos estricto que el español y el italiano, y tenían a mano generosas ayudas directas y moratorias de impuestos. Además, dice el BCE, las condiciones de los préstamos garantizados no eran tan favorables. Para los italianos, el problema en un primer momento fue el atasco burocrático que sufrieron los solicitantes cuando se pusieron en marcha los avales públicos y que sólo se vio aliviado a partir del verano, con el consiguiente aumento de las operaciones.

Al cabo de un año de pandemia, la prolongación de las restricciones a la actividad económica ha cambiado el escenario. Conforme pasaban los meses, el ritmo de solicitudes se iba ralentizando. Ahora, con los avales públicos casi agotados, al menos en España, cobran protagonismo las ayudas directas, al tiempo que se abren paso los mecanismos para reestructurar los préstamos pedidos en 2020, cuya devolución se complica mientras se retrasa la vuelta al crecimiento.

Empresas y autónomos dispondrán este año de 7.000 millones de euros en ayudas directas para evitar que la falta de solvencia les aboque al cierre. Las comunidades autónomas serán finalmente las que hagan el reparto de esa cantidad, una vez que el Estado se la transfiera en un plazo que no debe superar los 40 días, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. De esa cantidad, 2.000 millones serán sólo para Canarias y Baleares, las dos comunidades autónomas que más están sufriendo las restricciones a la actividad económica impuestas por el covid-19, con caídas del PIB que duplican las del resto de los territorios. Cada autónomo que tribute por el régimen de estimación objetiva podrá recibir un máximo de 3.000 euros, mientras que el resto de los trabajadores por cuenta propia y las empresas percibirán entre 4.000 y 200.000 euros.

El real decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se complementará con una orden que, en un plazo de “un mes y 10 días”, precisó la ministra, fijará el reparto de los fondos a las comunidades autónomas y permitirá a éstas empezar a conceder las ayudas. La “batería de medidas”, como la calificó la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, suma 11.000 millones de euros, lo que eleva a un importe que equivale al 2% del PIB los mecanismos contra la crisis aprobados para este año. Los puestos en marcha en 2020 ya sumaron un 20% del PIB, recordó la ministra.

“El objetivo de este paquete es estructural”, explicó Calviño, “conseguir que la economía española tenga músculo para cuando llegue la recuperación en la segunda parte del año”. Se trata de apoyar a las empresas viables, subrayó varias veces, que tengan problemas de solvencia, a fin de que puedan mantener la actividad y el empleo, “utilizando sus fondos para contratar trabajadores en lugar de para pagar sus deudas”.

En esa misma dirección se ha aprobado también la extensión hasta fin de año de las moratorias concursales –para solicitar el concurso de acreedores– y se amplía hasta abril el periodo para retrasar los ingresos tributarios sin intereses.

Mantener la actividad hasta junio de 2022

El plan del Gobierno se compone de un primer paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros, que podrán solicitar empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído entre un 20% las primeras y hasta un 40% los segundos y las micropymes –menos de 10 empleados– respecto a 2019. Son ayudas no reembolsables y finalistas, que podrán destinarse a cubrir las deudas contraídas a partir de marzo de 2020, ya sea por pagos a proveedores, suministros, salarios, alquileres o con los bancos. Están destinadas a empresas y autónomos de más de un centenar de sectores, incluidos la hostelería y el comercio, el transporte, la cultura y el deporte. A cambio, los beneficiarios deberán mantener la actividad hasta junio de 2022, no podrán repartir dividendos ni subir los sueldos a sus directivos, ni pueden estar domiciliadas en un paraíso fiscal.

De esa cantidad, 2.000 millones de euros las recibirán Canarias y Baleares, y los 5.000 millones restantes se distribuirán entre las otras 15 comunidades autónomas según los criterios recogidos en la normativa europea: la caída del PIB, el desempleo general y el desempleo juvenil en diciembre de 2020. Hasta ahora, las comunidades autónomas habían recibido del Estado 27.000 millones de euros. Apoyado en esa experiencia previa, Montero y Calviño expresaron su confianza en que las comunidades autónomas “gestionen con agilidad” las nuevas ayudas. Para ello, dijo Calviño cuando los periodistas le preguntaron por la moción de censura en Murcia y el posible adelanto electoral en Madrid, la “estabilidad política es fundamental”. “Espero que la Comunidad de Madrid no sufra ningún despiste respecto a cuál es la prioridad: luchar contra la pandemia y proteger el tejido productivo”, apuntó.

Las discrepancias en el seno del Gobierno sobre el diseño de estas ayudas se han saldado con una cantidad ligeramente inferior a la que Unidas Podemos defendía –8.000 millones– y con un reparto que finalmente ejecutarán las comunidades autónomas, y no la Administración central como pedía la formación morada.

Código de Buenas Prácticas voluntario

El segundo instrumento incluido en el real decreto-ley es una línea de 3.000 millones de euros para reestructurar los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según las cifras que facilitó Nadia Calviño, hasta el momento se han movilizado más de 121.000 millones de euros en este tipo de préstamos, creados el año pasado para atender a los problemas de liquidez de las empresas. Ahora se extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitarlos.

La renegociación de la deuda la llevarán a cabo los bancos con las empresas que recibieron los préstamos del ICO, que podrán convertirlos en préstamos participativos, cuyos intereses suelen ir vinculados a los beneficios y tener periodos de amortización y carencia superiores a los normales. También podrán conseguir una extensión del plazo de vencimiento. Y sólo “como último recurso”, señaló la ministra de Asuntos Económicos, que no utilizó la palabra “quita”, se podrán “conceder ayudas directas para reducir la financiación”. Esas quitas han sido precisamente el caballo de batalla de las negociaciones que durante los últimos meses ha mantenido el Gobierno con los bancos. Las entidades financieras rechazaban de plano las quitas generalizadas. Así que el Ejecutivo se ha limitado a redactar un Código de Buenas Prácticas, voluntario para los bancos, a fin de “coordinarlos” y garantizar “el buen uso de los recursos públicos”, precisó Nadia Calviño.

Empresas medianas

El tercer elemento es un fondo de recapitalización para empresas medianas, de 1.000 millones de euros, que gestionará Cofides, una empresa semipública en cuyo capital participan, además del ICO y el ICEX (Instituto de Comercio Exterior), Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell. A estas ayudas podrán acceder las empresas que no tienen tamaño suficiente para solicitar las del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dotado de 10.000 millones de euros y que sólo puede conceder financiación por encima de los 25 millones. En este caso, Cofides negociará préstamos, ordinarios o participativos o incluso entrará en el capital de las empresas.

La ministra de Asuntos Económicos rechazó que estas ayudas directas lleguen tarde a las empresas, una de las críticas que más se han lanzado desde las patronales, según iba prolongándose la pandemia; por el contrario, repitió que el Gobierno se está “anticipando” a los problemas de solvencia empresarial que pueden surgir este año y amenazan con causar un “impacto macroeconómico”.

La junta extraordinaria de accionistas de Prisa convocada para el próximo 18 de diciembre puede terminar votando un punto del día inesperado: la oferta de compra “no solicitada” que ha presentado el empresario Blas de Herrero por El País, Cinco Días, As, la Cadena Ser, 40 Principales y Cadena Dial. Dependerá de la decisión que tome este mismo viernes su consejo de administración, convocado de urgencia para debatir la propuesta, abrir una negociación o directamente rechazarla. El dueño de KissFM y Dkiss ha comunicado a este órgano en una carta su intención de adquirir los medios de comunicación escritos, radiofónicos y audiovisuales del grupo a través de una sociedad de responsabilidad limitada en la que le acompañarán “un grupo de inversores”, liderado por él. Su objetivo es hacerse con una participación significativa, no necesariamente de control. Mientras Prisa se ha limitado a contestar que el consejo estudiará la propuesta, la CNMV suspendió la cotización bursátil del grupo durante unas horas. Al cierre del parqué, la maltrecha acción del grupo, que ha llegado a valer menos de 50 céntimos y consiguió remontar hasta los 92 al final de la mañana, ganaba un 21%.

La cuantía de la oferta está situada entre los 150 millones y los 200 millones de euros. En cualquier caso, una cifra que fuentes de Prisa consideran “muy escasa” si se tiene en cuenta, explican, que la radio tuvo un beneficio operativo neto (Ebitda) de 63,3 millones en 2019 y la prensa, de 12,1 millones más. No obstante, el 73% del resultado de Prisa procede de la editorial Santillana: 175 de los 242 millones de su beneficio operativo correspondieron el año pasado a su negocio educativo. Además, los resultados de este ejercicio han sufrido el impacto del covid-19. Hasta septiembre, Prisa reconocía un perjuicio de la pandemia que cifraba en 119,4 millones de euros, tras provocar una caída del 50% del Ebitda frente a los nueve primeros meses del año anterior.

Es más, en el primer trimestre de 2020 Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. De esa cifra, 6,4 millones corresponden a Prisa Noticias y de éstos, a su vez, son imputables al diario El País 5,36 millones de euros. El PaísDe forma que el grupo ha puesto en marcha un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros que incluye un ERTE y recortes de salarios para la plantilla.

Blas Herrero, en una imagen de archivo.

Pero además de unas cuentas poco lustrosas, Prisa lleva años doliéndose de una voluminosa deuda. Llegó a situarse por encima de los 5.000 millones de euros y ahora alcanza los 1.061 millones, el triple de su valor en Bolsa. Tras el cierre de la venta del negocio español de Santillana –al grupo finlandés Sanoma, por 465 millones– el pasado octubre, el grupo está reestructurando 400 millones de esa deuda. Que constituye el principal hueso para la operación del empresario asturiano. Porque, además de pagar por los activos, el quid está en cómo se reparten esos pasivos entre las dos unidades de negocio que se pretenden segregar, cuántos millones corresponden a los medios de comunicación que quiere comprar Herrero y cuántos al negocio de educación que Prisa intenta vender.

Apoyos y oposición

Según han explicado a infoLibre fuentes del entorno de Blas Herrero y han confirmado fuentes de Prisa,  para la compra el empresario asturiano cuenta con el apoyo del Banco Santander. También con el de los mexicanos Roberto Alcántara, Carlos Slim y Carlos Fernández González e incluso con el de la familia Polanco y los próximos al expresidente Felipe González. Aunque menos por entusiasmo que por el hecho de que no ven “otra alternativa” teniendo en cuenta el balde de la deuda. El banco presidido por Ana Patricia Botín es el acreedor de un 20% de esas obligaciones. Además, el dueño de Kiss FM ha dado “garantías de continuidad” al actual equipo directivo de Prisa; en concreto, a su presidente, Javier Monzón, y al consejero delegado, Manuel Mirat. Lo que puede interpretarse como un gesto vinculado al Santander, valedor de un Monzón cuestionado por otros accionistas desde el primer momento, entre otros motivos por su pasada gestión en Indra.

Fuentes del sector apuntan hacia el también presidente de Openbank como posible “muñidor” de la operación de Herrero. Y a éste, como una suerte de “testaferro” del Santander, en un intento del banco por evitar la imagen nefasta de un medio de comunicación en manos de una entidad financiera. Es decir, hay que acabar con la inestabilidad de Prisa, vendiendo también el negocio de Santillana en América Latina para eliminar toda la deuda que aún tiene, y hay que salvar a los medios de Prisa, porque son fundamentales para la buena salud del sistema democrático. Y Blas Herrero sería “la única opción al alcance”, advierten las mismas fuentes, que destacan como clave final la línea conservadora de los principales protagonistas.

Por el contrario, Herrero se enfrenta a la oposición del mayor accionista del grupo, Amber Capital, y de su fundador, Joseph Oughourlian, los principales adversarios de Javier Monzón. Lo mismo ocurre con HSBC. De hecho, desde junio, cuando se celebró la junta ordinaria de accionistas de Prisa, en la que el fondo Amber se abstuvo al votar el nombramiento de Monzón, se mantiene una tregua que pendía en buena parte de la venta de Santillana. Oughourlian, con el 29,8% de las acciones, puede forzar la dimisión del presidente recabando apoyos en el consejo de administración para convocar una junta de accionistas extraordinaria. El Santander sólo tiene directamente el 4,1% de las acciones. Y Telefónica , con el 9%, es el árbitro en la pugna. También podría serlo en la decisión sobre la venta a Blas Herrero. Según las fuentes consultadas, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete mantiene su intención de no participar en “ninguna batalla mediática” y sólo terminaría aceptando la operación si viera que la mayoría la apoya. 

En el frente del no, aseguran otras fuentes relacionadas con la operación, se sitúa igualmente el Gobierno, que no contempla con agrado la llegada al principal grupo de medios español de un empresario cuyas posiciones ideológicas coloca ahora muy lejos de las que en los años 90 le incluían entre los próximos a Alfonso Guerra. Fuentes de Moncloa no descartan, además, que el objetivo principal de la operación sea buscar un alza del precio de la acción de Prisa, mientras niegan haber mantenido contacto alguno con Blas Herrero. El empresario asturiano se presenta acompañado de un grupo de empresarios que su entorno califica de “independientes” y con los que pretende aglutinar entorno a un 33% del capital. Se desconoce si el dinero necesario para cubrir esa oferta saldrá de sus promotores o vendrá avalado por la misma entidad bancaria acreedora.

Una láctea, un litigio con Onda Cero y una TDT

Blas Herrero fundó la cadena Radio Blanca en 1989, en un salto a los medios de comunicación desde la industria láctea. El empresario asturiano presume de haber pasado su infancia y adolescencia, hasta los 22 años, repartiendo leche, primero en carro, después a caballo y finalmente en una furgoneta. En los años 80 ya era el dueño de la lechera RAM y luego de un grupo con una treintena de sociedades, incluidas inmobiliarias y concesionarios de coches. Por entonces, sus contactos con el PSOE asturiano le permitieron obtener nueve concesiones de FM. Onda Cero, recién creada por la ONCE, emitía a través de las emisoras de Radio Blanca. Herrero se convirtió en su vicepresidente.

En 1999, Telefónica, a la que ahora tendría que seducir Herrero en el consejo de administración de Prisa, compró Onda Cero y ésta firmó con el empresario asturiano un acuerdo: crearía una cadena temática cuya gestión publicitaria correría a cargo de la radio de Telefónica durante 10 años, a razón de 18 euros por oyente y calculando una audiencia de medio millón de personas. Así nació Kiss FM en 2002. Un año después tenía 1,3 millones de oyentes. Las disputas por unas cifras que habían superado las firmadas en el contrato terminaron en los tribunales. El caso se dilató años hasta llegar al Tribunal Constitucional, que dio la razón a Blas Herrero. En 2007 Telefónica –entonces presidida por César Alierta– y Antena 3, los dueños de Onda Cero, tuvieron que pagarle 208 millones de euros. Él había pedido 600 millones.

Con ese remanente, Herrero creó una sociedad de capital riesgo, fundó varias sicav y emprendió también la aventura audiovisual. Si en un primer momento se apoyó en sus contactos con el PSOE, los que ahora se le atribuyen en el PP le consiguieron una licencia de TDT en octubre de 2015, la que utiliza Dkiss. Ahora, al tiempo que pugna por hacerse con El País y la Ser, intenta entrar en Duro Felguera, empresa de infraestructuras que acaba de pedir un rescate de 100 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tras ganar su duro litigio a Onda Cero, en noviembre de 2007, El Mundo le publicó un largo perfil. Una vez revisada su trayectoria empresarial, Blas Herrero enumeraba sus proyectos para el futuro: la sociedad de capital riesgo, un grupo mediático, musicales en la Gran Vía basados en las canciones de los 80 radiadas en Kiss FM... “Y adquirir o participar en un importante grupo de comunicación de ámbito nacional o internacional”. Trece años después, ha dado el paso para intentar conseguirlo, con el apoyo inicial del Santander. 

La junta general de accionistas de Prisa se cerró el pasado 29 de junio con una tregua entre dos de sus principales accionistas, el fondo Amber y Banco Santander, que mantiene en su puesto al presidente del consejo de administración, Javier Monzón. Pero el dueño de Amber, Joseph Oughourlian, que pugna por levantar de su silla a quien también preside Openbank –filial del Santander–, reclamaba igualmente un cambio en la gestión que incluía la venta de Santillana, responsable de más de la mitad de los ingresos del grupo y de 175 de los 242 millones de euros de su resultado bruto de explotación. Casi cuatro meses después de aquella junta general, Prisa ha anunciado que se desprende del negocio de su filial educativa en España. Se la queda el grupo de medios y educación finlandés Sanoma Corporation por 465 millones de euros, que pagará en efectivo, una vez descontados los 53 millones de deuda que acumula Santillana España. Es decir, Prisa mantiene la joya de la corona de la editorial: el negocio en América Latina, un mercado potencial de 18 millones de estudiantes y donde dice ser líder en 17 países.

En esa misma junta general, el consejero delegado de Prisa, Manuel Mirat, apuntaba ya a “una futura puesta en valor de activos como Santillana” para recortar la enorme deuda que lastra al grupo desde hace más de una década. También defendía la continuidad de la “política de desinversión de activos no estratégicos” que ha sido la tónica de los últimos años.

Así, el cierre de la venta de Santillana España depende del éxito de un contrato de lock-up, una operación para refinanciar la deuda de Prisalock-up,, para la que de momento el grupo ha conseguido el acuerdo del 79,7% de los bancos acreedores. Con ese contrato pretende reestructurar 400 millones de los más de 1.060 millones de euros que aún debe. Además de ampliar hasta 2025 sus planes de vencimiento y obtener una liquidez de 275 millones. A cambio, se compromete a reducir su apalancamiento neto un cuádruplo en 2023. Para que se cierre definitivamente el acuerdo de refinanciación, Prisa tiene ahora que conseguir que se adhieran a él el resto de los acreedores. Si no logra que todos ellos lo firmen, entonces abrirá “un procedimiento legal o judicial” que permita su aplicación.

Media Capital, Cuatro, Mediaset, Digital Plus, Alfaguara...

Para recortar una deuda que en 2008 alcanzó los 5.500 millones de euros, a Prisa no le ha quedado más remedio que desprenderse de buena parte de su músculo. La lista de desinversiones es larga y no le faltan fiascos. Ya en 2008 vendió su sede en la Gran Vía de Madrid, la de El País en la calle de Miguel Yuste y la de Radio BarcelonaEl País en la calle de Caspe, todo por 315 millones. Un año después se deshizo de un 25% de Santillana. En 2010 obtuvo 916 millones por el 100% de Cuatro y el 44% de Canal Plus. En 2014 continuó la hemorragia. Penguin Random House le pagó 72 millones de euros por las editoriales Alfaguara, Taurus, Suma de Letras, Objetiva, Altea y Fontanar. Mientras que de Telefónica conseguía sólo 725 millones de euros por Digital Plus. Un precio ruinoso, teniendo en cuenta que en 2007 había pagado 2.053 millones por el 53% de la televisión de pago. También ese año se deshizo de su participación en Mediaset, un 3,7%, a cambio de 125 millones más.

En 2017 Prisa hizo su primer intento de vender Media Capital, el mayor grupo de medios de comunicación de Portugal. El elegido fue  Altice, una compañía holandesa, y el precio, 440 millones de euros. Sin embargo, las autoridades de la competencia portuguesa impidieron la operación. En septiembre de 2019, Prisa firmó un acuerdo con otra compañía lusa, Cofina, pero por mucho menos dinero, 170,6 millones de euros, que finalmente se rebajaron a 123,3 millones, tras un nuevo freno del regulador portugués. La operación se deshizo y no ha sido hasta el pasado mes de septiembre cuando Prisa ha conseguido desprenderse de Media Capital, al colocar el 64,5% de sus acciones a “varios inversores” por sólo 36,8 millones de euros. Unos meses antes, en mayo, había vendido otro 30,2% a Pluris Investments, otra sociedad portuguesa, por 10,5 millones.

Además, al mismo tiempo que Prisa reducía perímetro, la familia Polanco perdía posiciones. Ya sólo posee el 7,6% de las acciones. Como mantiene un pacto de sindicación con el empresario mexicano Roberto Alcántara, ambos suman el 16,5%. El fundador del gupo, Jesús Polanco, falleció en julio de 2007, seis meses antes de la OPA sobre Sogecable, la operación que disparó su deuda y que aún está digiriendo hoy.

Una cuota de mecado del 30% en libros de texto en América Latina

Ahora Santillana se suma a la dieta forzosa de Prisa. Pese a la venta, la editorial mantendrá la propiedad de todas sus marcas y suscribirá un acuerdo de licencia exclusiva a favor de Sanoma para el uso de las marcas Santillana y Loqueleo en la Unión Europea, excluido Portugal, y Richmond en España. El negocio español que Prisa acaba de vender a los finlandeses representa el 21% del negocio mundial de la empresa, con una facturación que el propio grupo cifra en 128 millones de euros, según la información que ha facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De forma que el grueso de su actividad se desarrolla en América Latina. Allí tiene una cuota de mercado del 30% en libros de texto y un 24% en suscripciones digitales, un segmento ahora impulsado por la pandemia del covid-19. De hecho, si en 2011 sólo contaba con 56.000 alumnos digitales, en el primer trimestre de este año ya eran 1,71 millones. Equivalen al 45,6% de sus clientes latinoamericanos.

Tras hacerse pública la venta de Santillana España, las acciones de Prisa se dispararon un 28% en la Bolsa. Llegaron a cotizarse a 70 céntimos, un leve consuelo para el descalabro que vienen sufriendo los títulos del grupo editor de El País desde hace años. Su capitalización a 1 de septiembre era de sólo 289,83 millones de euros, un 71,6% menos de lo que valía al cierre de 2019, 1.020,4 millones. Sus acciones se hundieron hasta un 61,2% desde el 12 de marzo, cuando cotizaban a 1,056 euros. En septiembre valían 40 céntimos.

En el primer trimestre de este año, Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. El grupo que publica El País y posee la Cadena Ser ha reconocido un impacto negativo de la crisis del covid-19 en sus ingresos de 25,5 millones de euros, que le ha obligado a aplicar un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros. Incluye recortes de salarios para la plantilla y un ERTE en El País.

El ministro de Justicia, Juan Campo, avanzó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo un aumento de los concursos de acreedores de hasta el 246% este año y nada menos que del 619% en 2021. Es sólo uno de los datos que revelarán la intensidad del parón productivo causado por el coronavirus: “De los 7.000 presentados en 2019 a 50.000 el año próximo”, precisó. De momento, sólo se conocen los concursos inscritos en los Registros Mercantiles hasta el mes de marzo, 1.001, un 9,6% más que un año antes, pero 29 menos que en el último trimestre de 2019. En abril apenas se han inscrito 44 concursos, y 84 en mayo, debido al estado de alarma, que ha frenado las comunicaciones internas de los procedimientos concursales. Para hacerse una idea de la caída, en abril de 2019 se inscribieron 285 concursos. Habrá que esperar pues, antes de tener una imagen real de la magnitud del daño infligido por la pandemia y el confinamiento a las empresas.

No obstante, empiezan a quedar al aire las primeras heridas. Pullmantur, la única compañía de cruceros española –aunque propiedad desde 2006 de Royal Caribbean y del fondo suizo Springwater a través de sociedades radicadas en Luxemburgo y Holanda– acaba de solicitar el concurso de acreedores. “Los vientos en contra generados por la pandemia son demasiado fuertes para que Pullmantur los supere sin una reorganización”, ha lamentado la empresa en una declaración muy marinera. La naviera cerró 2019 con un aumento anual de ingresos, pero el coronavirus la obligó enseguida a cancelar todos los viajes hasta el 15 de noviembre en sus tres cruceros, Sovereign, Horizon y Monarch. Pullmantur era parte del desaparecido Grupo Marsans, propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En el aire, casi 5.000 empleos, de ellos 370 en España.

Intu Properties es la promotora británica dueña del 50% de los centros comerciales Xanadú (Madrid) y Puerto Venecia (Zaragoza). Si no alcanza este viernes un acuerdo con los bancos a los que debe dinero, tendrá que presentar concurso de acreedores en Londres. El procedimiento puede afectar al futuro del centro comercial de Arroyomolinos, cuya otra mitad pertenece al fondo estadounidense Nuveen. Ya antes de la pandemia Intu vendió su 50% de Puerto Venecia, el mayor centro comercial de Europa, a una joint venture integrada por Generali Real Estate, filial de la aseguradora italiana, y la alemana Union Investment. La otra mitad del centro zaragozano sigue en manos del fondo de pensiones público canadiense CPP. El cierre de los centros comerciales por culpa del covid-19 ha dado la puntilla a una compañía que el año pasado perdió 2.293 millones de euros y carga con una pesada deuda de 5.200 millones.

La cadena de casas de apuestas Codere y la de clínicas dentales Dentix se han salvado de momento y en el último minuto. Con unas pérdidas de 97,1 millones de euros en los tres primeros meses de este año –nada menos que 11 veces las del mismo periodo de 2019– y el cierre de sus locales tras el estado de alarma, Codere necesitaba una financiación adicional superior a los 100 millones de euros que ha encontrado en un hedge fund, según ha publicado El Confidencial. El pasado lunes presentó el acuerdo a su consejo de administración, que ha convocado junta general de accionistas para el 24 de julio. Casi al mismo tiempo, Ernst & Young ha manifestado las “dudas significativas” que tiene sobre la capacidad de la empresa de apuestas para continuar funcionando, por las tensiones de liquidez que le ha supuesto el cierre de los locales. Durante el confinamiento sólo pudo mantener abierto el canal online de apuestas y a su término, únicamente ha reanudado las operaciones sobre las carreras de caballos en Uruguay. Mientras, la junta general no se prevé pacífica: los antiguos gestores de la compañía, José Antonio y Javier Martínez Sampedro, piden la dimisión de tres consejeros, nombrados por los tres fondos que poseen la mayoría del capital, Silver Point Finance, Prudential y Abrams Capital. Al tiempo, el consejo de administración ha solicitado un aumento de 20 millones de euros en sus remuneraciones, y una reducción de capital para conseguir liquidez.

Por su parte, Dentix ha vuelto a abrir sus tiendas tras llegar a un acuerdo con otro fondo, el estadounidense KKR, que ha renunciado a que la cadena dental le devuelva los 160 millones de euros que le había prestado. Esa deuda obligó a la empresa a acogerse al preconcurso de acreedores el pasado marzo, del que aún no ha salido a la espera de firmar otro acuerdo con el resto de los bancos que financian a los pacientes.

Peor suerte ha tenido la cadena de pastelerías Mamá Framboise. Tras cerrar las seis que tenía en Madrid durante el confinamiento, ha tirado la toalla y no continuará con la actividad después de casi 10 años. La pandemia va a arrasar en el sector del consumo. Por culpa directa del parón de casi tres meses, como en Mamá Framboise, o porque éste ha dado la puntilla a negocios que ya venían tocados. Es el caso de las tiendas de ropa infantil Tuc Tuc, que presentó el concurso en mayo. También propiedad de un fondo, Endurance Partners, declara 25 millones de euros de pérdidas. Ya estaba en preconcurso antes de que se extendiera el covid-19 y en 2018 tuvo que cerrar sus tiendas en Francia. Aún cuenta con otras en Turquía, México, China, Estados Unidos y Portugal. En España peligran 250 puestos de trabajo.

Scytl, pese a pertenecer a un sector muy alejado de la distribución textil, ha acabado de forma similar. La compañía tecnológica ya estaban en preconcurso desde diciembre y ha entrado en concurso y pedido la liquidación al juez en mayo. Su deuda alcanza los 75 millones de euros. La empresa saltó a los titulares de los periódicos tras adjudicarse los contratos para el recuento de los votos en las elecciones europeas y municipales del año pasado. Era la primera vez desde 1978 que Indra no se ocupaba de un recuento electoral, que Scytl consiguió con una rebaja del 20% en el precio de licitación. pero los problemas sufridos en ambas convocatorias devolvieron a Indra el concurso en la siguiente cita electoral. Según la empresa, en cambio, “no se produjo ningún fallo en el volcado de los datos”, sino que se trató de “simples errores de transmisión de datos desde las mesas, como sucede en todos los procesos electorales”. Poseen buena parte de su capital el fondo luxemburgués Balderton Capital, los estadounidenses Industry Ventures, SAP Ventures y Vulcan Capital y el irlandés VY Capital Ireland.

Aerolíneas e industrias

El aéreo va a ser otro sector letalmente impactado por la pandemia. Pero mientras las compañías de bandera han recibido enseguida generosas ayudas de sus respectivos gobiernos, –Lufthansa, Alitalia, KLM– las más pequeñas han empezado a cerrar. Level Europe es una filial del grupo Vueling, a su vez integrado en IAG, la compañía propietaria de Iberia. Con sólo tres aviones en Austria y otros tres en Países Bajos, explotaba 16 rutas en Europa. Tras quedarse sin el 99% de su demanda estos tres meses, presentó concurso en Viena, donde tiene su sede, el pasado día 18.

También ha dejado sus aviones en tierra Flyest, una de las aerolíneas de Air Nostrum, el grupo valenciano propiedad de Carlos Bertomeu. La empresa, que operaba en Argentina, ha sufrido la prohibición de vuelos en ese país hasta el 1 de septiembre, decretada por el Gobierno de Buenos Aires. Aunque también reprocha a éste la falta de ayudas públicas al estilo de las que se han concedido en Europa.

En la industria, la pandemia ha acabado con empresas punteras que arrastraban problemas previos. Nissan en Barcelona o Alcoa en Lugo han decidido no esperar ni un minuto más para echar el cierre tras años de pérdidas, pero también de desinversiones. A la parálisis del mercado de la automoción por culpa del covid-19 ha atribuido Vauste Spain el concurso de acreedores que ha solicitado este mismo mes. La empresa, adquirida el año pasado por un grupo de Emiratos Árabes Unidos, DSA Group, es la antigua Tenneco Automotiv, una factoría de amortiguadores de Gijón que ya estuvo a punto de cerrar en 2016 y vivió un largo conflicto laboral. Ese año lo adquirió un fondo de inversión alemán, Quantum Capital Partners, que salvó la primera amenaza de desaparición. Hoy sus 130 trabajadores vuelven a encontrarse con ella.

Aunque no ha presentado el concurso, el grupo siderúrgico Gallardo Balboa ha anunciado un plan de reestructuración financiera con los bancos acreedores que incluirá la venta de la empresa. La pandemia ha perjudicado tanto su liquidez como su posición financiera, según ha aclarado el grupo extremeño, por lo que pidió un aval del ICO que le fue denegado “pese a cumplir los requirimientos”. Tiene a parte de sus 900 trabajadores acogidos a un ERTE.

Mucha más prolongada ha sido la agonía de la antigua Uralita, hoy denominada Coemac. Solicitó el concurso de acreedores el pasado enero y el juez lo declaró en mayo. Coemac, en manos de la familia Serratosa, arrastra aún el lastre de las múltiples reclamaciones judiciales derivadas del amianto que Uralita fabricó durante años y que es cancerígeno. Las indemnizaciones la han dejado sin liquidez, asegura.

Cadáveres y fondos buitre

El camino hacia la insolvencia del grupo canario Ralons ha sido igualmente largo y nada tiene que ver con la pandemia. Es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, también dueño de Seguridad Integral Canaria y otras empresas de la seguridad privada en el punto de mira durante toda la crisis por sus cuestionables prácticas laborales. Ramírez, que fue condenado por el Tribunal Supremo por una delito urbanístico y luego indultado por el Gobierno, apareció como uno de los donantes del PP en los papeles de Bárcenas. El grupo incluye desde guarderías y servicios de limpieza hasta empresas de formación y de vigilancia. Unos 2.000 trabajadores. En estos momentos, Miguel Ángel Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, está siendo investigado por fraude fiscal y a la Seguridad Social, ya que según el fiscal, no pagó ni el IRPF ni las cuotas de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria entre 2009 y 2016. Seguridad Integral Canaria se declaró en concurso en enero de 2018 con un pasivo de 22 millones de euros.

Pero la pandemia se ha llevado por delante no sólo a empresas frágiles o ya heridas, también ha fabricado algunos cadáveres exquisitos, como las tiendas de lencería Victoria's Secrets en Reino Unido. La marca estadounidense abrió el pasado 31 de agosto su primera tienda en España, en Madrid. O la cadena de lujo de Diane von Furstenberg, que ha cerrado en Londres y en Estados Unidos sólo mantendrá abierto su local de Nueva York. También cuenta con una tienda en Madrid. Latam, la mayor línea aérea de América Latina, y Virgin Australia han seguido el mismo camino a los juzgados.

Una nota es común en casi todos estos procesos: la presencia de fondos de inversión rondando los cadáveres empresariales. Bien porque son los propietarios de las firmas en concurso ­–Pullmantur, Codere, Dentix, Tuc Tuc, Scytl,– bien porque aparecen como interesados compradores. –Codere, Tenneco–.

Christine Lagarde se estrenó este jueves al frente del Banco Central Europeo (BCE) lanzando un mensaje optimista sobre la alicaída economía comunitaria. “Los riesgos en el horizonte son ahora menos pronunciados que meses atrás”, aseguró en referencia a la guerra comercial entre Estados Unidos y China –“las negociaciones van en mejor dirección”, apuntó– y a las elecciones en el Reino Unido, cuyo resultado eliminará un “elemento de incertidumbre”, el Brexit desordenado. De hecho, calificó de “alentador” el panorama resultante no sólo del alivio de las tensiones globales, sino también de los signos de “estabilización” que el BCE percibe en la desaceleración económica general.

Un día después, su vicepresidente, Luis de Guindos, incluso pronosticó un “rebote” de la actividad en la Unión Europea a partir de mediados de 2020. “La desaceleración económica que arrancó en 2018 está tocando fondo”, resumió.

En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para el último trimestre del año, del 0,4% al 0,55%, casi el mismo –0,54%– que adivina para los tres primeros meses del año próximo. Analistas Financieros Internacionales (Afi) también va a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para el final del año, según avanza Rui Mota Guedes a infoLibre. Afi pronosticó un alza del PIB para este ejercicio del 1,9%, dos décimas menos que el Gobierno, pero Mota Guedes cree más que probable que la economía española alcance el 2% –ocho décimas por encima de la media de la eurozona– a la vista de su comportamiento en el tercer y cuarto trimestre.

“Nunca vimos el panorama de alarma que se extendió después del verano y que poco menos que nos abocaba a una nueva crisis”, explica por su parte María Jesús Fernández, analista de Funcas, el gabinete de estudios de las cajas de ahorro. El diagnóstico es compartido: por una parte, las incertidumbres exteriores se han disipado y los riesgos no se han materializado; por otra, durante los últimos años la economía española “no ha generado desequilibrios”, indica la analista de Funcas, que puedan perjudicar a su actual “buena salud”, como la describe el analista de Afi. “Está más equilibrada ahora que en el pasado, con una cuenta corriente positiva, menores importaciones y menos inversión en vivienda”, detalla Rui Mota. Ni ha creado burbujas ni asimetrías que puedan terminar contrayendo el consumo o la inversión; el endeudamiento privado se ha reducido, las empresas están menos apalancadas y disponen de más recursos propios; el coste de la deuda para particulares y compañías se encuentra en mínimos históricos.

Además, se sigue generando empleo, recuerda el analista de Afi, “aunque con menos fuelle” que cuando la economía crecía por encima del 3%. Según la previsión de Funcas, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentará este mes en 54.200 personas, de forma que para todo el año el empleo crecerá en 491.000 personas respecto a 2018, un 2,6%. Menos que en 2018, cuando aumentó un 3%. Pero será el sexto ejercicio consecutivo en que España mejorará su número de ocupados. El año, por tanto, cerrará con 19,28 millones de personas con trabajo, la cifra más elevada desde 2011.

En resumen, la economía nacional continuará desacelerándose, pero lo hará de forma “suave”. Para 2020 Afi prevé que el PIB español crezca un 1,7%, dos décimas menos que su última estimación para el año que ahora acaba. Aun así por encima del cálculo del BCE para la zona euro, sólo del 1,1% para el próximo ejercicio, que se elevará hasta el 1,4% en 2021 y 2022.

Ajuste fiscal

Ni Funcas ni Afi creen que las dificultades para formar gobierno tengan un impacto reseñable en el crecimiento a estas alturas del año. Rudi Mota no considera probable una nueva convocatoria de elecciones. “Nuestro escenario principal es que se forme un gobierno con el PSOE”, resume. Y María Jesús Fernández sostiene que sólo una política “muy disruptiva” del futuro Ejecutivo podría perjudicar al PIB. “Como una derogación de la reforma laboral, por ejemplo”, precisa. Además, como los nuevos Presupuestos no estarán listos hasta mediado el próximo año, su efecto no se notará hasta entonces.

No obstante, la analista de Funcas espera que haya continuidad en la política fiscal. Los ajustes de 9.600 millones de euros que Bruselas exige a España para cumplir con el objetivo de déficit no deberían tener consecuencias. “Además, cada vez se habla más en Europa de que hay que aflojar las políticas fiscales, por lo que ya se verá si ese ajuste es necesario o cómo se aplicará, si en un ejercicio o en un periodo más largo, por ejemplo”, precisa Rudi Mota. María Jesús Fernández advierte de que si no se cumple con el déficit el crecimiento será aún mayor, “pero a costa del crecimiento futuro”. Por eso la analista de Funcas prefiere medidas que reduzcan el déficit estructural, “en lugar de dejar que sea sólo el ciclo el que lo recorte”.

Guerra comercial y Alemania

En cualquier caso, ambos expertos coinciden en que el elemento que debe someterse a vigilancia es el exterior. Porque, pese a que Donald Trump acaba de anunciar “un gran acuerdo” con China que paraliza la imposición de unos aranceles previstos para este próximo domingo, se trata sólo de la “fase uno” de la negociación. Y Alemania puede ser el principal perjudicado de una guerra comercial con China, apunta Rudi Mota. El motor germano, que tira de la economía española y ha escapado por la mínima de la recesión en este final de año, crecerá en 2020 un raquítico 0,5%. “Pero disfruta casi de pleno empleo [su tasa de paro era del 4,8% en noviembre] y los salarios crecen por encima del 2%”, recuerda el analista de Afi.

De hecho, el Bundesbank se apuntó este mismo viernes al discurso optimista: la economía alemana acelerará su expansión en 2021 y 2022, con un 1,4% de mejora del PIB, gracias a un “crecimiento más vigoroso de las exportaciones” que reactivará su industria. También el Green Dealpublicitado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen –movilizar 100.000 millones de euros para convertir a Europa en un territorio neutro en emisiones en 2050–, puede ser un potente revulsivo económico y “dará más margen de maniobra también a Alemania”. “Pero eso no será antes de 2021”, advierte Mota Guedes.

Para María Jesús Fernández, el punto débil español, y europeo, es también el reto tecnológico y su efecto sobre la productividad, que aún no se está notando, lamenta.

Entre Cersa y la Comunidad madrileña, el reaval concedido a Avalmadrid para cubrir un posible impago del préstamo de MC Infortécnica ascendió a 308.154 euros, según los datos de Avalmadrid conocidos por infoLibre. De esa cantidad, 206.123 euros corresponden a Cersa y los 102.030 euros restantes, a la Comunidad de Madrid. Es decir, una parte significativa del préstamo que dejaron impagado los padres de Ayuso puede terminar pagándola el Gobierno que ahora preside Ayuso.

A 30 de junio de 2019, la deuda viva que la empresa de los padres de Ayuso mantiene con Avalmadrid era de 270.000 euros.

MC Infortécnica dejó de pagar el préstamo el 15 de diciembre de 2011. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid aprobó abonar a Caja España, la entidad que se lo había concedido, el importe impagado por MC Infortécnica, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios para solicitar el aval: una nave en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios. Pero hasta el 26 de noviembre no entregó a Cobralia, la empresa que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros.

Pero jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. Y Avalmadrid permitió con su desidia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido siete de los 14 bienes inmuebles que los socios de la empresa tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Ocho inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y el resto ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos.

Los padres de Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia. 

Avalmadrid firma con Cersa cada año un contrato de reafianzamiento. El último es de 2018 y establece una cobertura de entre el 35% y el 80% de los riesgos asumidos por la sociedad de garantía madrileña. Sumando el reafianzamiento de Cersa y el de la Comunidad madrileña, el reaval concedido a la operación con MC Infortécnica se sitúa en el 75% del total.

Descontrol con los reavales

Avalmadrid reavala tres de cada cuatro operaciones de aval que aprueba. Su límite es de 625.000 euros por empresa. Y de 80 millones de euros en total. Según su último informe anual, la sociedad de garantía madrileña tenía reavalados a 31 de diciembre de 2018 un total de 163,5 millones de euros, de los cuales la Comunidad de Madrid asume 4,5 millones. De ellos, 102.000 euros corresponden a la empresa de los padres de Ayuso.

La política de reafianzamiento de Avalmadrid cambió a partir de julio de 2014, cuando implantó un límite por operación financiera que debía ser equivalente a las cantidades máximas de reaval estatal y autonómico en cada momento y que Cersa fijó en un millón de euros. Lo hizo tras recibir un requerimiento del Banco de España, que había encontrado riesgos por importe de 78,4 millones de euros en acreditados y avalados cuyas operaciones carecían de reafianzamiento.

Pese a haberse comprometido a aplicar esa medida desde el 1 de enero de 2013, Avalmadrid tardó 19 meses en hacerlo, como consta en la propuesta de resolución sobre el expediente sancionador que el Banco de España abrió a la sociedad de garantías madrileña en junio de 2018. Y mientras tanto continuó aprobando operaciones que superaban ese máximo. Su consejo de administración incluso aprobó en ese tiempo un acuerdo para elevar ese límite en un 75%, que incluso pudiera excederse para novaciones, reafianzamiento y reestructuración de operaciones financieras en vigor.

Por el contrario, en otros casos, como aseguraba el Banco de España, la sociedad de garantías madrileña aprobó operaciones que se quedaban sin reaval, una vez que consumía el tope concedido por Cersa y la Comunidad de Madrid para ese año. En 2018, el 90,5% de los avales –76,6 millones de euros– que concedió Avalmadrid contaban con refianzamiento, según consta en su informe anual.

Mario Draghi ha vuelto a retrasar la subida de tipos de interés que se anunciaba para finales del próximo verano. El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió por unanimidad el pasado día 7 aplazar la esperada alza en el precio del dinero hasta finales de año. Algunos de sus miembros incluso apoyaban demorarla a marzo de 2020. Este mismo lunes, el Banco de España asegura en su informe trimestral que los mercados posponen la subida nada menos que hasta octubre del año que viene. Es decir, los tipos de interés en mínimos históricos acompañarán a la economía europea un año –y medio– más.

“Cuando estás en una habitación oscura, te mueves con pasos pequeños. No corres, pero sí te mueves”. Fue la descriptiva imagen que el presidente del BCE utilizó para explicar la decisión. La habitación oscura es el recorte de las previsiones de crecimiento de la economía europea para este año y el próximo, lastradas por la incertidumbre: el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la recesión de Italia y la vulnerabilidad de sus bancos, la crisis del sector del automóvil alemán, los siempre vulnerables mercados emergentes.

Así que el italiano ha vuelto a echar mano de sus herramientas de política monetaria para intentar amortiguar la desaceleración que sufren las economías europeas. El Banco de España cree que las medidas adoptadas por el BCE han sido “efectivas” hasta ahora “a la hora de guiar las expectativas de los mercados financieros”. Y en este momento, de nuevo, deberían “mitigar el alcance” del frenazo de la actividad al favorecer “unas condiciones financieras más holgadas”. A medio plazo, el supervisor prevé “la prolongación de la actual fase expansiva de la economía española”. 

Los economistas consultados por infoLibre coinciden cuando se les pregunta por los efectos de la decisión del BCE en España. El mantenimiento de los tipos dará “muchísimo oxígeno” a la economía nacional, resalta Juan Laborda, profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III. Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas, prefiere compararlo con el “despeje” de un defensa en el fútbol. España y la Unión Europea ganan tiempo, “un año más”, apunta Javier Santacruz, economista jefe del think tank Civismo, mientras se resuelven –o no– las incertidumbres geopolíticas y tanto españoles como europeos acuden a las urnas en los próximos tres meses.

Porque la economía española sigue creciendo, y por encima de lo que lo hacen las de sus vecinos europeos: un 2,1% este año según prevé Bruselas, un 2,2% de acuerdo con los cálculos del Gobierno, del Banco de España y de Funcas, la fundación de las cajas de ahorros, mientras que la eurozona sólo mejorará un 1,1%, anticipa el BCE tras bajar seis décimas su anterior predicción. Alemania sólo crecerá un 1%, si los cálculos de su Gobierno aciertan, Francia lo hará en un 1,5%, Reino Unido en un 1,2%. Italia se quedará en el 0,6%.

“La economía española tiene su propia autonomía, hasta ahora no le ha afectado la incertidumbre política y sigue con una tendencia fuerte pese a que los últimos gobiernos casi no han tomado medidas que le sirvieran de revulsivo”, explica Santiago Carbó. De forma que la decisión de Draghi no está pensada para España, sino para el resto de Europa, asegura, y con la vista puesta en el resultado incierto de las elecciones al Parlamento de Estrasburgo del 26 de mayo: “[El presidente del BCE] Ha querido crear certeza por si hay dificultades políticas tras los comicios y asegurar que la tasa de crecimiento del crédito no sea negativa, porque eso sí sería un síntoma grave de desaceleración”.

Más financiación

Juan Laborda no duda en calificar a Mario Draghi de “bendición” para la economía española. “Está haciendo una política monetaria moderna y para España es beneficiosa”, elogia. “Permite refinanciar al Tesoro en un contexto, además, de buen comportamiento del consumo gracias al aumento de los salarios y de las pensiones”, recalca. Aunque no sólo financia al Tesoro con su política de expansión cuantitativa –ampliando la barra libre de liquidez con subastas de crédito barato–, sino también a las empresas, añade el economista, con lo que se retrasará la desaceleración.

Además, los bajos tipos seguirán permitiendo a los bancos y empresas refinanciar su deuda con costes más bajos. También beneficiará a los particulares con hipotecas si su interés es variable. Pero perjudica a quienes tienen su dinero en depósitos, que seguirán sin apenas remuneración, y a la renta fija, que reduce su rentabilidad.

Además, los bancos continuarán sufriendo con unos márgenes por intereses en mínimos. Es decir, no se acabará su problema de rentabilidad. Con el dinero casi gratis y las nuevas y más estrictas regulaciones de capital impuestas por Basilea III, el negocio bancario tradicional se resiente.

No es el único aspecto “problemático” que Javier Santacruz advierte en el mantenimiento a mínimos de los tipos de interés. “Ya casi no queda ninguna herramienta de intervención de la política monetaria”, lamenta, “por lo que habrá que inventarse nuevos mecanismos” si aparece en el horizonte otra crisis. Por eso considera que más importante que frenar la desaceleración es prepararse para que la próxima crisis sea “más corta y menos intensa” que la última. ¿Cómo? Recuperando las herramientas de política monetaria y fiscal, rebajando el enorme endeudamiento público mediante el ahorro en las cuentas del Estado y creando un “colchón”, recomienda.

Los peligros de la deuda y la burbuja

También pone el foco Santiago Carbó en el peligro de la deuda pública, que se convertirá en una bomba cuando los tipos suban. Juan Laborda apunta en la misma dirección. En el momento en que el BCE deje de aplicar su pócima mágica, España es vulnerable por su elevada deuda externa, la mayoría de ella pública. “Si, cuando se vaya Draghi, los alemanes rompen con la política desarrollada hasta ahora y le dan la vuelta, nos destrozarán porque carecemos de soberanía monetaria… y acabarán con el euro”, vaticina. Está previsto que Mario Draghi abandone la presidencia del BCE en octubre de este mismo año.

Tanto Carbó como Laborda defienden una mayor unión fiscal, la unión bancaria completa, un presupuesto único, un fondo de garantía de depósitos único… “Necesitamos avanzar en la arquitectura de la unión monetaria”, resume el economista de CUNEF, “porque de la próxima crisis ya no nos sacan los instrumentos ad hoc usados hasta ahora por el BCEad hoc”. Laborda apunta más lejos, a una política de New Deal –un programa de millonarias inversiones públicas– como la que preconizan ahora los demócratas en Estados Unidos. “Para una recuperación consolidada europea sigue faltando un impulso fiscal definitivo porque las empresas no han hecho suficiente inversión en capital”, recomienda.

Javier Santacruz también teme que los bajos tipos sirvan de gasolina para crear burbujas. “Es un peligro, sí”, admite Laborda, pero Carbó matiza que no es un efecto “generalizado” esta vez, sino que lo limita a Madrid y Barcelona. La construcción se está recuperando del desplome que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria. “Sólo me preocuparía si todo el país fuera partícipe de ella”, apunta, “pero ahora son los fondos de inversión y extranjeros adinerados los que compran, no es la misma burbuja de antes”.

Santiago Carbó cree que el final de la larga –y “anómala”, subraya– era de tipos mínimos pillará a España de forma muy distinta a como la atrapó la anterior recesión. “La economía está creciendo, y su crecimiento es muy estable, no inquieta a los mercados ni a los inversores pese al incierto panorama tras las elecciones del 28 de abril”, describe. Por lo que, a su juicio, habría que aprovechar la prórroga de los tipos bajos para contener la deuda pública, y para fomentar la innovación. El Banco de España recomienda reanudar el proceso de consolidación presupuestaria y tomar medidas para conseguir un “funcionamiento más eficiente” de de los mercados. Laborda también destaca el “entorno más favorable” en que se mueve la economía española, ahora que “por primera vez” la renta disponible está por encima del IPC gracias a las subidas salariales, el alza en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las pensiones, la política fiscal es expansiva y el BCE financia. ¿Su talón de Aquiles? De nuevo, la deuda pública, que equivale al 97,02% del PIB –es decir, casi duplica lo que produce la economía nacional– y no ha dejado de crecer desde 2007, cuando sólo representaba el 35,6% del PIB. En cuanto suban los tipos, más costará pagar los intereses de la deuda. El año pasado el gasto en esa partida supuso 31.547 millones de euros, un 2,6% del PIB.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, el polémico empresario de seguridad privada, y otras ocho personas más, entre familiares y empleados, por desviar fondos y bienes de Seguridad Integral Canaria (SIC) para eludir el pago de los 14,8 millones de euros que adeuda a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La titular del juzgado considera que, del relato de los hechos y de la documentación que aporta el fiscal, se aprecian indicios suficientes de los delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. SIC se declaró en concurso de acreedores el 3 de enero de 2018.

La descripción que hace la fiscalía de las operaciones desarrolladas por Miguel Ángel Ramírez para evitar al fisco y a la Seguridad Social desvela, además, el entramado de sociedades y personas que el empresario canario ha utilizado no sólo para no pagar, sino también para ocultar que él es el propietario real de otras firmas de seguridad cuya titularidad siempre negó. Según consta en el auto con el que la jueza abre diligencias y al que ha tenido acceso infoLibre, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera hicieron seguimientos a los querellados.

Así, además de Ramírez, el fiscal se querella contra Margarita Robayna Curbelo, esposa del empresario, dos primos de éste, Jorge y Manuel Hernández Ramírez; contra Héctor de Armas, actual propietario de SIC y antes su administrador; Alicia Rosa Pérez Sánchez, administradora de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y apoderada de Marsegur –ahora llamada Novo Segur–, ambas empresas de seguridad low cost; Jacobo López Redondo, gerente de Sinergias de Vigilancia y Seguridad; Antonio Redondo Álvarez, director general de Marsegur-Novo Segur; y Jesús Miguel Acosta Ramos, administrador de esta última sociedad. En el relato de la fiscalía también aparecen el padre de Ramírez, Francisco Segundo Ramírez Méndez, propietario de un 1% de las acciones de Sinergias de Vigilancia y al mismo tiempo empleado suyo, así como dos de sus hijas, contratadas en la misma empresa.

Según explica la jueza en el auto, las actuaciones bajo investigación revelan que Ramírez es el titular real de todas esas empresas y que se sirve de “familiares y amigos” como “detentadores de las participaciones o cargos sociales” a fin de “evitar ser descubierto” en el intento de “desviar fondos para eludir su embargo”.

De acuerdo con la Fiscalía, SIC debía a Hacienda a fecha de 26 de junio de 2018 un total de 7,06 millones de euros por retenciones practicadas a sus trabajadores pero no ingresadas en la Agencia Tributaria, por el IVA repercutido a sus clientes pero no ingresado en las arcas públicas, y por un número de actas levantadas por la Inspección por el impuesto sobre sociedades. Además, la empresa adeuda 6,46 millones de euros por cotizar a la Seguridad Social por su plantilla menos de lo legalmente establecido, tras ser anulado por el Tribunal Supremo su polémico convenio de empresa, que fijaba salarios por debajo del convenio del sector, más otros 1,3 millones de euros por no pagar las cotizaciones durante cinco meses de 2017. En total, 14,82 millones de euros.

A esas deudas hay que sumar las que investiga otro juzgado, el número 8 de Las Palmas, por no haber practicado a la plantilla la retención legal por las horas extraordinarias de 2009 a 2013, que el empresario camufló como dietas para eludir tanto el pago de IRPF como de las cuotas a la Seguridad Social.

Venta de la cartera de clientes

Para cobrar el total adeudado, la Agencia Tributaria acordó embargar a SIC cuentas bancarias, créditos comerciales y arrendaticios, dos BMW 520D –un modelo de más de 50.000 euros–, bienes inmuebles, títulos no cotizados y ocho fincas situadas en Las Palmas y San Cristóbal de la Laguna. También la Tesorería de la Seguridad Social ha abierto un procedimiento ejecutivo.

Y con el fin de evitar que ambos organismos cobren, el fiscal cree que Miguel Ángel Ramírez ha diseñado toda una red de operaciones de desvío de fondos y bienes desde SIC hacia sus otras empresas, ayudado por el resto de las personas implicadas.

Una de esas acciones es la venta de acciones de la Unión Deportiva Las Palmas, club de Segunda División que preside Miguel Ángel Ramírez, que figuraban en poder de SIC. La Agencia Tributaria dictó su embargo en noviembre de 2017, pero no pudo llevarlo a cabo porque SIC se las había vendido a Ramírez, por su importe nominal, inferior al real, lo que la Fiscalía tacha de ilegal. Además, SIC no recibió ni un euro por la venta con el argumento de que Ramírez había prestado antes 200.000 euros a la empresa. Sin embargo, según el ministerio público, la empresa ocultó en sus cuentas que Ramírez también debía a SIC dos millones de euros, una deuda cuya devolución se aplazó hasta 2035.

Otra operación bajo sospecha fue la venta de la cartera de clientes de SIC la venta de la cartera de clientes de SICa otra de las empresas del grupo oculto de Miguel Ángel Ramírez, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. En teoría, por un precio de 37,44 millones de euros, que debía abonar en 60 cuotas de 624.000 euros cada una. Pero tampoco ha pagado, como denunciaba también en su informe el administrador concursal de SIC el pasado mes de noviembre. El fiscal asegura que Ramírez utilizó a Sinergias de Vigilancia para “despatrimonializar” SIC, tras venderle su principal activo, la cartera de clientes que le suministraba la mayor parte de su facturación.

Empleada y accionista

Así, el ministerio público desenreda la trama que une a ambas empresas. El 99% de SIC pertenece a Miguel Ángel Ramírez, mientras que el 99% de Sinergias aparecía a nombre de Alicia Rosa Pérez Sánchez y el 1% restante, al padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez. Alicia Rosa Pérez es trabajadora de SIC, con un sueldo de 24.000 euros netos y una cuenta bancaria con un saldo medio de 1.304 euros en 2012 y saldo negativo al finalizar ese año. Eso no le impidió comprar las acciones de Sinergias de Vigilancia por 59.000 euros en 2013, unos fondos de origen desconocido según el fiscal, y desembolsar otros 5.940 euros para adquirir 99 acciones de Servicios de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares SL, también propiedad del padre de Ramírez.

Aunque la vinculación entre ambos parece aún más estrecha. Alicia Rosa Pérez es la “beneficiaria de una tarjeta de crédito muy exclusiva, denominada America Express Centurion y sin límite, cuyo titular es Miguel Ángel Ramírez”, destaca la Fiscalía. A partir de 2015, además, Pérez Sánchez comienza a cobrar tanto de Sinergias de Vigilancia como de Gestiones y Asesoramientos 3000 SA, cuyos socios son los dos primos del empresario, Jorge y Manuel Hernández Ramírez, pero cuya propiedad real el fiscal no duda en atribuir al propio empresario. Es más, Alicia Rosa Pérez vive en un inmueble en Las Palmas cuyo titular es Gestiones y Asesoramientos 3000 SA. El ministerio público termina su perfil de Pérez Sánchez destacando que, pese a ser administradora de Sinergias de Vigilancia, los seguimientos a que fue sometida por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera –que depende de la Agencia Tributaria– revelaron que no iba nunca a las oficinas de la empresa. En resumen, la Fiscalía intenta fundamentar que la mujer es una testaferro de Miguel Ángel Ramírez.

Lo mismo sucede con su padre, Francisco Segundo Ramírez, jubilado desde 2013 pero a sueldo tanto de SIC como de Sinergias de Vigilancia a partir de marzo de 2015 por un 25% de la jornada. Después pasó a cobrar sólo de la segunda empresa, 95.000 euros al año, pese a que el sueldo para el cargo de administrador es inferior, 56.314 euros. Tampoco al padre del empresario lo vieron jamás los agentes de Vigilancia Aduanera entrando o saliendo de las oficinas de la empresa que le pagaba.

Conexiones entre las tres empresas

Pese a que Ramírez siempre ha negado cualquier relación tanto con Sinergias como con Marsegur-Novo Segur, los sindicatos no se han cansado de repetir que el empresario canario las utilizaba como marcas blancas. Estas y SIC han sido blanco de sus denuncias durante años por recortar los salarios de los vigilantes hasta un 40% respecto al convenio del sector. Los convenios de empresa de las tres han sido anulados por el Tribunal Supremo, el último, el de Sinergias de Vigilancia, el pasado 22 de febrero. El informe del fiscal destapa los múltiples lazos entre ellas. Las marcas “Sinergias de Vigilancia y Seguridad” y “Sinergias de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares” figuraron hasta 2017 a nombre de Ramírez y desde esa fecha, al de Alicia Rosa Pérez. SIC es titular de los dominios de internet svs.com.es y marsegur.es. Los teléfonos móviles de esas empresas están dados de alta en Vodafone a nombre de SIC, que los pagaba con una cuenta de su propiedad en el Banco Santander. El autorizado de Sinergias de Vigilancia para acceder al sistema RED de la Seguridad Social es Mar Asesores y Consultores, de la que han sido administradores únicos Miguel Ángel Ramírez, Mara Rosa Marrero, Gladys Jesús Acosta, a su vez apoderada de Marsegur desde julio de 2015, y finalmente Jorge Hernández Ramírez, uno de los primos del empresario canario.

Pero SIC vendió su cartera de clientes no sólo a Sinergias de Vigilancia, sino también a Marsegur y a Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA. Alicia Rosa Pérez compró igualmente 100 acciones de Marsegur, donde aparecía como apoderada hasta un mes y medio antes de adquirir los títulos de Sinergias de Vigilancia ya citados. Las oficinas en Las Palmas y Madrid de Marsegur están ubicadas en inmuebles propiedad de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA.

Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA está participada por el grupo Ralons –propiedad de Miguel Ángel Ramírez– y su primo Jorge, que también es su administrador y, al mismo tiempo, empleado de SIC. Ramírez fue quien dio de alta esta marca. Su domicilio social se encuentra en las mismas oficinas de SIC y de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA. El fiscal explica que la empresa no tuvo actividad alguna hasta que en febrero de 2018 SIC le cedió parte de sus clientes y se dieron de alta en ella 18 personas que trabajaban para SIC, declarada en concurso sólo un mes antes.

El centro de la trama: una asesoría que acumula inmuebles

Por lo que respecta a Gestiones y Asesoramiento 3000 SA, el ministerio público deja claro que no se dedica a realizar trabajos de asesoramiento, sino que es un “mero titular de los bienes y fondos desviados del entramado societario” de Ramírez. Sus socios, los primos del empresario, son al mismo tiempo empleados de la supuesta asesoría, con sueldos de 32.324 y 49.420 euros cada uno. En sus declaraciones de patrimonio cifran en sólo 2.000 euros –Jorge– y 20.000 euros –Manuel– el dinero que guardan en sus cuentas bancarias. Pero el fiscal asegura que sólo en acciones de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA poseen  10 millones de euros el primero y cinco millones el segundo. Según la Fiscalía, la empresa declara unos activos por importe de 44 millones de euros y un patrimonio de más de 21 millones. Además, el propio Miguel Ángel Ramírez cobró de esta empresa 316.684 euros en 2016 por “asesoramiento”.

El ministerio público constata una irregularidad más: en teoría, Gestiones y Asesoramiento 3000 presta servicios a SIC por una tarifa que equivale al 1,35% de su volumen de negocio, según establece el contrato entre ambas empresas. Pero en 2016 Gestiones y Asesoramiento, que facturó ese año 95,01 millones de euros, pagó a la empresa de seguridad 2,05 millones de euros; es decir, un 60% más de lo que debería. En 2017, le ingresó 2,02 millones, para un volumen de negocio de 71,16 millones. Además, resalta el fiscal, Gestiones y Asesoramiento no asesoraba a SIC, sino que ese trabajo lo realizaban “terceras empresas”.

Otro vínculo: Gestiones y Asesoramiento avaló a SIC ante el BBVA por 700.000 euros en una operación de factoring – una empresa traspasa el cobro de facturas a su favor y a cambio obtiene de forma inmediata el dinero de esas operaciones con un descuento–. El informe del fiscal llega a calificar de “inaudito” que Gestiones y Asesoramiento 3000 constituyera una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad para garantizar un préstamo que se le concedió a SIC.

Pero la parte más sustanciosa de la actividad de esta asesoría se refiere, en realidad, al patrimonio que gestionaba. A su nombre han llegado a figurar hasta 128 fincas. Una de ellas, “bastante lujosa” y situada en San Bartolomé de Tirajana, resalta el fiscal, está cedida en arrendamiento con opción de compra a SIC desde 2008 por una renta mensual de 25.000 euros. El inmueble sólo puede destinarse a vivienda, no a oficina o comercio. El ministerio público dice que desconoce la finalidad de ese alquiler y el porqué de su elevado precio, “salvo que sea para justificar traspasos de dinero desde SIC hasta Gestiones y Asesoramiento 3000”.

El divorcio de Ramírez

Esta sociedad también era dueña de un inmueble en la calle de Serrano de Madrid, en plena milla de oro de la capital, que vendió a Marmotor, otra empresa propiedad al 99,64% de Miguel Ángel Ramírez. El precio fue de 1,5 millones de euros, pero el pago de 1,1 millones se difirió hasta el 31 de diciembre de 2025 y, “sorprendentemente”, precisa el fiscal, no se exigió ninguna garantía. Tampoco fue requerida garantía en las ventas de un ático en Las Palmas y otro inmueble en la misma ciudad adquiridos por Ramírez a esta empresa en diciembre de 2015. Ramírez se subrogó en el préstamo hipotecario y el resto del pago, 408.496 euros, quedó aplazado hasta febrero de 2018 en el primer caso y 204.659 euros, hasta junio de 2024 en el segundo. Lo curioso es que ambas viviendas fueron adjudicadas a la esposa de Ramírez, Margarita Robayna, como parte del acuerdo de divorcio, el 1 de diciembre de 2015.  Y la operación de compra tiene fecha de 22 días después. El País publicó en diciembre de 2016 las sospechas de la Fiscalía de que el empresario había simulado el divorcio para ocultar su patrimonio.

Otro intento de ocultación detallado por el ministerio público se refiere a La Milagrosa Lomo de Báez, una finca valorada en 1,62 millones de euros que Ramírez ha donado a la Fundación Canaria Ralóns, de la que es patrono y cuyo domicilio se encuentra también en las oficinas de SIC. Allí es donde vive el empresario, asegura el fiscal. Según su informe, con esa donación, Gestiones y Asesoramiento 3000 no sólo desvía patrimonio sino que además elude el pago de una deuda de 448.082 euros que mantiene con la Seguridad Social por no ingresar las cotizaciones de sus trabajadores durante cinco meses de 2017 y 2018.

La mala situación económica que arrastra SIC no le impidió comprar 16 BMW entre 2014 y 2017. Trece de ellos los traspasó a Marmotor, algunos sólo 10 días después de su adquisición, otros al cabo de un mes. Marmotor, dice el fiscal, los cede luego a terceros, que no identifica. En 2014 SIC hizo compras a esta empresa por importe de 533.453 euros y en 2016, por otros 343.000.

El declive de un grupo basado en el bajo coste

Tras dar el salto a la Península y convertirse en una de las adjudicatarias favoritas de las administraciones, con contratos millonarios en el Metro de Madrid, el Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional, el Ministerio de DefensaSIC llegó a superar los 2.500 trabajadores. Pero su política de salarios mínimos la arrastró a los tribunales. A Miguel Ángel Ramírez lo demandaron sus vigilantes, pero también la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De momento, ha pagado en reclamaciones salariales de sus trabajadores 3,3 millones de euros, según consta en el informe del concurso de acreedores de SIC. A la Seguridad Social le ha abonado cuatro millones más por las cotizaciones sociales de los vigilantes que no pagó en su día. Además, la Agencia Tributaria le reclama ocho millones de euros por retenciones del IRPF de sus trabajadores que no ingresó al camuflar parte de los salarios como dietas.

Aunque el protagonismo de Ramírez en los medios de comunicación tuvo que ver en un primer momento con una condena del Tribunal Supremo por delito urbanístico y a su aparición en las listas de donantes del Partido Popular. Sus buenas relaciones con el ministro de Industria José Manuel Soria levantaban sospechas. Ramírez también utilizó el método Villarejo y grabó conversaciones con el juez Salvador Alba y otros magistradosel juez Salvador Alba, así como a dos tenientes coroneles que le pedían sobornos para conseguir contratos en el Ministerio de Defensa y que terminaron condenados.

Ahora todas sus empresas están en horas bajas. El Supremo ha anulado los convenios colectivos que le permitieron ganar concursos públicos con los salarios más bajos. Ha perdido sus principales contratos con las administraciones y se ha replegado a Canarias. SIC está en manos de su antiguo administrador, Héctor de Armas, que acusa a Ramírez de hundir la empresa. Y Sinergias y Novo Segur –también en concurso de acreedores– deberán afrontar el pago de los sueldos que sus trabajadores les reclamen en los juzgados y que ambas firmas les escatimaron privándoles del convenio sectorial. Todo ello sin contar con las responsabilidades que se deriven de las investigaciones judiciales en curso.

Los clubes de fútbol deben 249 millones de euros a la Agencia Tributaria y otros 43,88 millones a la Seguridad Social. Según el Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado las actuaciones de ambas administraciones para conseguir el cobro de las cantidades adeudadas por los clubes, éstas se redujeron de forma “relevante y continuada” en el caso del fisco, desde los 635 millones en que estaba calculada a finales de 2010, pero no así en el de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que incluso ha aumentado desde esa fecha. De los 249 millones debidos a Hacienda, 31 millones se consideran incobrables. De los 43,88 millones de euros exigidos por la TGSS, casi seis millones están igualmente calificados como de imposible cobro. No es de extrañar el volumen si se tiene en cuenta que a fecha de diciembre de 2017 un total de 46 clubes de fútbol se encuentran en concurso de acreedores.

En cualquier caso, desde 2010 la Agencia Tributaria canceló deuda por importe de 1.638 millones de euros tras conseguir su ingreso por parte de los clubes y otros 289 millones por anulaciones, prescripción, quitas o por ser calificada de incobrable, así como, en algunos casos, por haber sido “incorrectamente cargadas las cantidades en los sistemas informáticos de la agencia, por retrasos en el reflejo de resoluciones judiciales y otras deficiencias en el control interno”. No obstante, ese 15% de ingresos perdidos es para el Tribunal de Cuentas una cifra “adecuada en relación con las de otros sectores económicos”.

Entre 2010 y 2015 la Agencia Tributaria levantó un total de 198 actas de inspección a 36 clubes de fútbol. La mitad de ellas se referían a los pagos a cuenta a trabajadores y profesionales y un 20% al pago del IVA y a las retenciones efectuadas a no residentes. Básicamente, fueron inspeccionados los grandes clubes y aquéllos que sufrían graves problemas económicos. Pero el informe no cita ni en este capítulo ni en ningún otro qué clubes fueron investigados. El montante de las actas levantadas asciende a 69,5 millones de euros, de los que se han ingresado 56,5 millones. De ellas, cinco fueron por delito fiscal, por importe de 13 millones de euros, casi el 20%. Pero no precisa qué clubes fueron denunciados por ello. Tampoco los que, sin llegar al delito, cometieron infracciones tributarias y fueron sancionados. Además, la Agencia Tributaria dictó 5.094 diligencias de embargo a los clubes de fútbol por valor de 99,1 millones de euros. La mayor parte de esa cantidad corresponde al embargo de derechos federativos, audiovisuales, ayudas al descenso, contratos de esponsorización y quinielas, puesto que gran parte de los clubes carecen de activos tangibles, precisa el Tribunal de Cuentas: los estadios e instalaciones deportivas suelen ser de propiedad municipal.

El informe del órgano fiscalizador incluye un rapapolvo a la Seguridad Social por su gestión de los aplazamientos concedidos a los clubes de fútbol para pagar sus deudas. Entre 2010 y 2015 la TGSS concedió 208 aplazamientos a 93 clubes, por importe de 42,53 millones de euros. De ellos fueron incumplidos 117, un número que, a juicio del Tribunal de Cuentas, cuestiona la eficacia de concesión de estas prórrogas como procedimiento de cobro. Es más, muchos de esos aplazamientos se aprobaron pese a que los clubes habían incumplido reiteradamente aplazamientos anteriores. Y ése es precisamente uno de los motivos que la ley establece como causa para denegar solicitudes posteriores. El informe cita el caso de un club de fútbol, al que no identifica y que consiguió seis aplazamientos. Incumplió cinco de ellos y el sexto sigue vigente. En la actualidad la sociedad está en concurso de acreedores. A otro club la TGSS le concedió cinco aplazamientos y los incumplió todos. En 2015 se disolvió.

Aplazamientos sin garantías

Pero no es la única irregularidad. Cuando una sociedad no cumple las condiciones de pago del aplazamiento, la Seguridad Social debe iniciar el procedimiento de apremio y ejecutar las garantías otorgadas para conseguirlo. Sin embargo, la TGSS no lo hizo en ninguno de los casos. Por el contrario, concedió nuevos aplazamientos. Además, a nueve de estos clubes se les otorgó la nueva prórroga de pago con la misma garantía que habían presentado para conseguir el aplazamiento anterior que habían incumplido, no con una nueva o adicional. Sólo puede eximirse a una sociedad de constituir una garantía cuando la deuda total sea inferior a 30.000 euros o cuando ingrese al menos un tercio de la deuda si ésta es inferior a 90.000 euros. O bien por “causas de carácter extraordinario”, que debe autorizar expresamente el secretario de Estado de la Seguridad Social.

Pues bien, de los 227 aplazamientos concedidos a clubes de fútbol en esos cinco años, en 116 éstos no presentaron garantías, más de la mitad. Y en casi el 15% de los casos la razón esgrimida fueron “causas de carácter extraordinario” que el Tribunal de Cuentas no considera “debidamente fundamentadas”. Por ejemplo, a un club se le otorgó el aplazamiento sin necesidad de garantía pese a que había incumplido previamente otras tres prórrogas de pago.

La misma laxitud advierte el informe incluso cuando los clubes sí constituyen garantías para solicitar un aplazamiento. De hecho, “de forma generalizada”, la Seguridad Social no exige la declaración responsable preceptiva o una justificación documental de la imposibilidad de obtener un aval o certificado de seguro de caución. En numerosas ocasiones, además, las garantías se constituyen sin considerar la situación económico-financiera del club –por ejemplo, que se halle inmerso en un concurso de acreedores–, por lo que la garantía termina siendo insuficiente. Ocho de los clubes examinados no cumplían los requisitos legales para presentar las garantías y otros cinco las constituyeron fuera de plazo.

Más ineficacias: a dos clubes a los que se otorgó una prórroga para pagar su deuda, la TGSS se la concedió por duplicado: al club de fútbol original y a la sociedad anónima deportiva que se les obligó a constituir por ley a partir de 1991, pese a tratarse de la misma persona jurídica. En otros casos, la Seguridad Social no consideraba la deuda de la sociedad anónima deportiva a la hora de conceder un aplazamiento al club, o viceversa. O embargaba las cuentas de la sociedad anónima pero al mismo tiempo concedía un aplazamiento al club de fútbol del que había surgido.

El Tribunal de Cuentas concluye que, dado el elevado porcentaje de incumplimientos y que éstos, por tanto, no son eficaces para recuperar las deudas, la Seguridad Social debería haber limitado “la discrecionalidad que, en general, preside la gestión de los aplazamientos”. La norma permite a la TGSS “apreciar discrecionalmente” las circunstancias que concurren en la solicitud de un aplazamiento, pero el tribunal cree que sus responsables deberían “analizar de forma restrictiva” su concesión, en vista de los resultados.

Quitas de hasta el 85% y plazos de espera de 34 años

También critica el informe los “elevados porcentajes de quita” que la Seguridad Social aprueba en los convenios con los clubes de fútbol en situación de concurso. En su mayoría, alcanzan al 50% de los créditos ordinarios y subordinados, aunque en algún caso han llegado hasta el 85%. El Tribunal de Cuentas destaca que esas quitas provocan un “importante detrimento en el patrimonio de la Seguridad Social”, cifrado en más de seis millones de euros, aunque esa cantidad, precisa también, se encuentra infravalorada.

Para algunos clubes de fútbol, además, la TGSS ha aprobado plazos de espera para pagar tan elevados que superan el límite legal de cinco años, hasta un máximo de 34 años. Algunos no concluirán hasta 2037. Así, de los 46 concursos presentados, 33 seguían vigentes a 31 de diciembre de 2017.

Otra de las señales de la manga ancha con que se trata a los clubes de fútbol es, según el Tribunal de Cuentas, que la Seguridad Social no ha abierto ninguna actuación para reclamar la deuda de un club de fútbol a los administradores u otras sociedades vinculadas –lo que se conoce como derivación de responsabilidad–, vulnerando así sus propias directrices, que le exigen “agotar el procedimiento de apremio frente a todos los sujetos responsables del pago”.

Finalmente, el informe reprocha a la TGSS que desde 2015 no haya evaluado si han sido eficaces o no las actuaciones que ha llevado a cabo sobre la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales, pese a que también se lo exige la ley.

La deuda de las familias bajó un 0,1% en agosto, hasta los 705.977 millones de euros, lo que supone 911 millones de euros menos que el mes anterior, según los datos publicados este lunes por el Banco de Españay recogidos por Europa Press. En tasa interanual, el endeudamiento de los hogares españoles cayó un 0,1% respecto a agosto de 2017, con un descenso de 979 millones de euros.

En los últimos meses la deuda de los hogares españoles ha ido en general bajando hasta situarse en niveles previos a la crisis debido a la reducción paulatina de los préstamos contraídos, a la caída de los tipos de interés y al abaratamiento de los créditos. El descenso de la deuda de las familias en el octavo mes del año se debe principalmente al descenso de los créditos destinados a la vivienda, que se situaron en 524.257 millones de euros, un 0,2% menos a nivel mensual y un 1,8% inferior a nivel interanual.

A pesar del descenso de la inversión de los hogares en vivienda durante los últimos años, el importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone en torno al 74,2% del mismo. Por su parte, se incrementaron los créditos destinados al consumo, que se situaron en 181.720 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,2% frente a los datos del mes de julio y un 5% más que el importe registrado en el mismo mes del ejercicio precedente.

La deuda de las empresas cae a su nivel más bajo desde 2006

De su lado, las empresas redujeron también su deuda en el mes de agosto. En concreto, la deuda de las empresas se situó en 872.281 millones de euros, un 0,7% menos que un mes antes y un 2,7% menos que en el mismo mes del año pasado. De hecho, la cifra supone el nivel más bajo de deuda empresarial desde mayo del año 2006.

La reducción de la deuda empresarial en agosto se explica, fundamentalmente, por la bajada de los préstamos de entidades de crédito residentes, frente al aumento de los valores distintos de acciones y el mantenimiento de los préstamos del exterior. En concreto, los créditos de entidades residentes bajaron hasta los 488.092 millones de euros, un 1,3% menos mensual y un 4,5 inferior a la cifra del mismo mes del año anterior, al tiempo que los valores distintos de acciones se elevaron un 0,6%, mensual, hasta los 99.129 millones, un 6% por encima de la cifra de hace un año (99.129 millones). Por último, los préstamos del exterior se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel que el mes anterior, en 285.060 millones, si bien bajaron un 2,5% a nivel interanual.

La deuda de las familias subió un 1,3% en junio, hasta los 712.011 millones de eurosdeuda de las familias, el mayor repunte en lo que va de año, con 9.447 millones de euros más que el mes anterior, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España recogidos por Europa Press, que muestran que el endeudamiento familiar registra su nivel más alto desde noviembre de 2017.

En tasa interanual, el endeudamiento de los hogares españoles cayó un 0,5% respecto a junio de 2017, con un descenso de 3.580 millones de euros. De esta forma, el endeudamiento de las familias sube en junio tras haber iniciado el año con un retroceso del 0,4% en enero, que se moderó en febrero (-0,2%), y tras la subida del 0,3% de marzo y la estabilización en abril (+0,04%).

A pesar del alza de junio, en los últimos meses la deuda de los hogares españoles ha ido bajando hasta situarse en niveles previos a la crisis debido a la reducción paulatina de los préstamos contraídos, a la caída de los tipos de interés y al abaratamiento de los créditos.

El aumento de la deuda de las familias en el sexto mes del año se debe principalmente al alza de los créditos destinados al consumo, que se situaron en 186.315 millones de euros, que se elevaron un 4,7% a nivel mensual y un 3,9% a nivel interanual.

También subieron, aunque menos, los créditos destinados a la vivienda, que se situaron en 525.696 millones de euros, lo que representa un incremento del 0,18% frente a los datos del mes de mayo, pero un 1,9% menos que el importe registrado en el mismo mes del ejercicio precedente.

A pesar del descenso de la inversión de los hogares en vivienda durante los últimos años, el importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone en torno al 75% del mismo.

La deuda de las empresas se mantiene estable

De su lado, las empresas redujeron ligeramente su deuda en el mes de junio. En concreto, la deuda de las empresas se situó en 880.815 millones de euros, prácticamente la misma cifra que un mes antes (880.959 millones), pero un 2,5% menos que en el mismo mes del año pasado. La cifra supone el nivel más bajo de deuda empresarial desde junio de 2006.

La ligera reducción de la deuda empresarial en junio se explica, fundamentalmente, por la bajada de los valores distintos de acciones y por el descenso de los préstamos del exterior, mientras que, por el contrario, subieron los préstamos de entidades de crédito residentes.

En concreto, los créditos de entidades residentes crecieron hasta los 498.885 millones de euros, aún por debajo de la cifra de 519.294 millones del mismo mes del año anterior, al tiempo que los valores distintos de acciones bajaron hasta los 97.926 millones, también por encima de la cifra de hace un año (94.257 millones).

Por último, los préstamos del exterior también cayeron respecto al mes anterior, hasta los 284.004 millones, frente a los 286.526 millones de mayo, y respecto a hace un año, cuando los créditos se situaron en 290.387 millones.

La lista de grandes morosos que por cuarto año consecutivo acaba de difundir la Agencia Tributaria constata que algunos de los que capitanean empresas con deudas fiscales superiores al millón de euros han logrado sortear el veto de la legislación española y hacerse con contratos de distintas administraciones públicas. ¿Cómo? A través de compañías limpias que sí están al corriente de sus obligaciones tributarias, uno de los principales requisitos que deben cumplir los aspirantes a hacerse con cualquier licitación pública sea cual sea su ámbito e importe.

En ocasiones, son las mismas empresas que aparecen en la lista de morosos las que obtienen ese tipo de contratos valiéndose de una estratagema que podría definirse como de geometría tributaria variable: pagan la deuda que ya se ha situado en fase ejecutiva -y que es la que da lugar a embargos y a la inclusión en la lista de morosos-, se garantizan así un certificado de estar al corriente de sus obligaciones y luego dejan de pagar bien esa misma deuda o aquellos otros impuestos que en el momento de la adjudicación del contrato público se encontraban todavía en periodo de abono voluntario.

Si el resultado es favorable (está al corriente), se emite de forma automática; si es desfavorable, se revisa antes de su emisión para revisar que no exista un pago muy cercano en el tiempo que no se hubiese grabado aún en las aplicaciones.

"Los certificados de estar al corriente tienen seis meses de validez. Si en el momento de expedirlo el resultado es favorable, es decir, que está al corriente, se emite de forma automática; si es desfavorable, se revisa antes de su emisión para verificar que no exista un pago muy cercano en el tiempo que no se hubiese grabado aún en las aplicaciones", aseguran portavoces de la Agencia Tributaria (AEAT).

¿Está entonces el fisco inerme frente a quienes sortean la prohibición de contratar gracias al asesoramiento de expertos en trucos legales o mediante la utilización de empresas cumplidoras cuyos propietarios de carne y hueso lo son también de compañías morosas? "Es a la administración que licita un contrato y no a la Agencia Tributaria vigilar el cumplimiento de las condiciones que exige la Ley de Contratos del Sector Público", reponden sus portavoces.

Un experto que pide reserva de identidad responde así: "Hay auténticos trileros expertos en modular qué impuestos deben abonar para seguir teniendo contratos públicos o evitarse embargos y como el sistema es garantista resulta difícil evitar que se salgan con la suya".

  Contratos de todos los colores con efecto sandwich

Hace un año, infoLibre ya ofreció una relación de empresas de servicios que se habían hecho con contratos públicos pese a figurar en las listas de morosos con Hacienda. En algún caso, como el de Unipost SA, que luego acabó envuelta en la polémica política y la investigación judicial sobre el referéndum independentista del 1 de octubre, se da una circunstancia que ejemplifica cómo la prohibición de contratar puede acabar en papel mojado. Unipost obtuvo una adjudicación pública –de 2,3 millones del Ayuntamiento de Madrid–  justo un día antes de que se cerrara la lista de morosos de 2016, en la cual figura con una deuda de 5,4 millones. El BOE confirma que la adjudicación tuvo lugar el 30 de diciembre de 2016. Y la lista de morosos de ese año confirma que los datos se cerraron a 31 de 2016.

En la siguiente lista, cerrada a 31 de diciembre de 2017, el nombre de Unipost vuelve a constar entre los grandes morosos, ahora con una deuda que duplica de largo la del año anterior: 11.765.826 euros. Pero lo cierto es que a lo largo de ese año había obtenido contratos de administraciones gobernadas por distintos partidos. Si el del consistorio madrileño, regido por Ahora Madrid, abrió la serie (se formalizó el 25 de enero), le siguieron otros del Ayuntamiento de Málaga (PP), Mérida (PSOE), Barcelona (Barcelona en comú) o Torredembarra (ERC). Es lo que podría llamarse el efecto sandwich: la misma empresa que aparece en dos listas consecutivas consigue entre la una y la otra esquivar la que sobre el papel constituye una férrea prohibición de contratar con poderes públicos.

Las fuentes consultadas en la Agencia Tributaria denegaron ofrecer cualquier dato concreto que permita explicar qué sucedió ahí. "Hacienda no puede desvelar datos de ningún contribuyente", dicen sus portavoces.

Y si ese fenómeno suscita dudas sobre la eficacia real de la norma, la concesión de contratos para empresas hermanas de otras deudoras plantea el mismo debate. En los cuatro listados de grandes morosos, que incluyen a quienes, con pufos superiores a un millón, bien no han alcanzado con Hacienda un acuerdo para fraccionar o suspender el pago o bien lo suscribieron para luego incumplirlo, infoLibre ha localizado tres ejemplos de sociedades cuyos principales accionistas o administradores ocupan una posición de relevancia en otras mercantiles que siguieron obteniendo contratos públicos. 

Un club de fútbol -el Hércules CF- dos empresas del grupo Novasoft, dedicado a las tecnologías de la información, y al menos cuatro de urbanismo y promoción inmobiliaria, ambas accionarialmente vinculadas al urbanista de cabecera del PP madrileño, Leopoldo Arnáiz, sirven de ejemplo de la situación descrita. Todas ellas mantienen deudas vivas. Y sus grandes accionistas operan no obstante con las administraciones públicas. 

El Hércules CF, que según el último listado de morosos adeudaba a 31 de diciembre de 2017 más de tres millones de euros (3.138.285) a Hacienda, permanece desde hace años ligado de manera indisoluble al también alicantino Enrique Ortiz. Con una trayectoria que lo presenta como uno de los empresarios de cabecera del PP valenciano, Ortiz fue uno de los nueve hombres de negocios de esa comunidad que en el segundo juicio del caso Gürtel celebrado en la Audiencia Nacional confesó haber financiado al PP durante la etapa de Francisco Camps.

Ni la construcción ni el fútbol agotan el espectro de actuación de Ortiz, el de las magdalenas, como se referían a él los participantes en la trama. A través de una de las filiales de su grupo Cívica, Gerocentros del Mediterráneo, Ortiz participó desde su inicio junto con la familia Cotino -apellido clave en el universo político-empresarial del PP valenciano- en Centros Residenciales Savia SL. Con Ortiz como propietario del 42,5%, Centros Residenciales Savia renovó hace apenas tres meses su posición de dominio en el sector de la atención geriátrica: consiguió el mayor número de plazas concertadas por la Generalitat valenciana para residencias de ancianos. La suma de lo adjudicado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra, de Compromís, asciende a 27 millones de euros.

Pero si en el caso de Ortiz la pieza en común entre sociedades tan dispares como un club de fútbol y una empresa de servicios de geriatría es él mismo, en el del arquitecto  Leopoldo Arnáiz los vínculos crecen. Urbanista de cabecera del PP madrileño, Arnáiz levantó un auténtico emporio empresarial con una treintena de sociedades donde no siempre aparece su nombre pero cuya verdadera propiedad acabaron desvelando distintos procesos.

El más importante de ellos, uno emprendido por blanqueo a instancias de la propia Agencia Tributaria y que terminó con una sentencia absolutoria en el Tribunal Supremo, que ratificó así la sentencia dictada por la Audiencia de Madrid. Ambas resoluciones consideran no obstante probado que Arnáiz "compatibilizó la función pública y privada que desempeñaba ocultando el dominio que sobre múltiples sociedades ostentaba a través de testaferros u hombres de pajaa través de testaferros u hombres de paja que en muchos casos le eran facilitados por la que fue su secretaria personal y de máxima confianza durante años (...) y que le permitían mantenerse en el anonimato".

Entre las sociedades dominadas o participadas por Arnáiz hay cuatro que se repiten en las listas de grandes morosos: Gamadortiz, Gamávila, Valle del Duero y Grupo 2 Reunidos. Todas son sociedades limitadas. Entre las cuatro mantienen una deuda viva con Hacienda de 35,7 millones. Nada de ello fue óbice para que una quinta compañía del arquitecto, Arnáiz-Urbimática SL, obtuviera en 2015 al menos tres contratos públicos: dos de la Comunidad de Madrid por 75.000 euros en total y  que terminaron costándole el puesto al alto cargo de Cristina Cifuentes encargado de la adjudicación; y uno de 35.000 euros otorgado en agosto de ese año por la sociedad estatal Red.es.

El tercer ejemplo lo ofrece la marca Novasoft. El 4 de marzo de 2016, el entonces alcalde del municipio madrileño de Valdemoro, Guillermo Gross, de Ciudadanos, suscribió un contrato de 57.717 euros con Francisco Barrionuevo Cantó, presidente del grupo Novasoft y uno de los imputados en el denominado caso Invercaria, donde se investigan desde hace seis años las subvenciones otorgadas por la empresa homónima andaluza, de titularidad pública.

Para la fecha en que Gross firmó el documento por el que el consistorio de Valdemoro formalizaba con Novasoft Servicios Tecnológicos SL el contrato de soporte técnico de la web municipal, otras dos mercantiles del grupo ya aparecían en la lista de morosos de Hacienda desde el año anterior: Novasoft Corporación Empresarial, que según la última relación de Hacienda debía 3,5 millones a 31 de diciembre de 2017; y Novasoft Ingeniería SL, que ostenta una deuda en vigor por 1,3 millones. Ambas se encuentran en liquidación.

El grupo también fue objeto de polémica en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz cuando el consistorio, gobernado por el PP, adjudicó el verano pasado el mantenimiento de las webs municipales a Novasoft Servicios Tecnológicos SL, igualmente administrada entonces por Francisco Barrionuevo y cuya condición de imputado en Invercaria recordó de inmediato la oposición.

¿Sabía el ayuntamiento que dos empresas dirigidas por Barrionuevo y pertenecientes al conglomerado Novasoft figuran desde el primer momento en la lista de grandes morosos con Hacienda? Este periódico trasladó esa pregunta a los portavoces del consistorio de Torrejón. Y la respuesta fue la siguiente: "El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz no tenía conocimiento a la hora de realizar la adjudicación si la empresa anteriormente citada tenía relación o no con otro tipo de sociedades que pudieran tener deudas tributarias. No existe obligación de este ayuntamiento ni de ninguno de este país, de investigar a los licitadores y detectar posibles relaciones con empresas inmersas en procedimientos judiciales, y que por lo tanto supusiera una prohibición a la hora de licitar".

Como recuerdan los portavoces del municipio madrileño, la normativa de contratación pública exige "requerir a las empresas licitadoras los certificados expedidos por las administraciones pertinentes de estar al corriente de pago de impuestos y de cuotas de Seguridad Social, así como una declaración responsable conforme al artículo 71 de la ley 9/2017 de Contrato del Sector Público, sobre no encontrarse en prohibición de contratar con la Administración".

La Ley de Contratos del Sector Público señala en su artículo 140 que al presentar la documentación en una licitación pública cuando las empresas declaran estar al corriente en el cumplimiento de estas obligaciones en el momento de presentar la documentación. Es una vez que la mesa de contratación propone al adjudicatario del contrato cuando se le pide la documentación que acredite que cumple los requisitos para ser el adjudicatario tal como declaró al inicio del procedimiento.

Retomando el hilo del comienzo, eso significa que si el certificado de estar al corriente es solicitado justo cuando la empresa acaba de ponerse en orden con Hacienda, bien liquidando la deuda que ya está en fase ejecutiva, bien aplazándola mediante un acuerdo de fraccionamiento o logrando su suspensión mediante la presentación de un recurso judicial, la ley le permite beneficiarse de contratos públicos. 

  Los "vacíos legales" y el piloto rojo

Pese a las sucesivas modificaciones, la Ley de Contratos del Sector Público siempre ha mantenido intacto un párrafo que hace extensiva la prohibición de contratar con los poderes públicos "a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión", de otras compañías en las que hubiesen concurrido razones para el veto contractual.

El problema, remarcan expertos en la materia consultados por este periódico, estriba en que la redacción del propio artículo resulta "imprecisa o vaga" a la hora de fijar los límites. "El sistema legal -concluye el administrativista Beltrán Gambier, cofundador de Transparencia Internacional España– está diseñado para vigilar que las entidades que contratan con las administraciones públicas estén en regla pero nos encontramos con personas y entidades que se escapan de esa vigilancia sin ser a veces incluso  ni detectados porque hay una suerte de vacío legal en la norma". "Debemos reflexionar –agrega el jurista – sobre qué hacer para impedir que empresas vinculadass a otras que se encuentran incursas en distintas infracciones legales puedan acceder a contratos públicos". 

"Habría que colocarle un piloto rojo a quienes van dejando tras sí empresas con deudas fiscales para operar con otras nuevas", espeta José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda que ha hecho bandera de la lucha contra el fraude y la corrupción. Según Gestha, aunque las listas de morosos gozan de gran vistosidad, Hacienda solo logra recuperar uno de cada tres euros exigidos. De hecho, no hay forma de saber si cuando una lista anual refleja un montante de deuda inferior al año siguiente eso significa que los deudores han pagado o si, por el contrario, implica que esa deuda ha sido cancelada... por prescripción.

Mollinedo rememora cómo Gestha propuso que la reforma de la Ley General Tributaria que desde 2015 permite la publicación de la lista de morosos autorizase también a divulgar el nombre de los administradores de las empresas deudoras.

"No se tuvo en cuenta nuestra observación", conviene Mollinedo, quien introduce aquí un matiz de relevancia: que el administrador no tiene por qué ser culpable, en el sentido amplio del término, sino "alguien que ha actuado de buena fe y no ha podido evitar una insolvencia sobrevenida". Pero -y esta segunda precisión de Mollinedo enlaza con la almendra del problema- sí deberían estar en la lista aquellos administradores de hecho o de derecho a los que la Agencia Tributaria haya declarado responsable solidario o subsidiario de la deuda. 

La Ley General Tributaria (LGT) establece quiénes han de ser considerados responsables solidarios de la deuda tributaria [pincha aquí para leer los artículos 42 y 43 de la LGT]  . Y en primer lugar, señala a aquellas personas que "sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria". Es decir, introduce el elemento de lo que en el lenguaje común se denominaría mala fe.

Ahora bien, una declaración de responsabilidad solidaria nunca posee carácter automático. El Reglamento General de Recaudación Tributaria preceptúa [pincha aquí para leer el artículo 124] que ese procedimiento "se iniciará mediante acuerdo dictado por el órgano competente que deberá ser notificado al interesado". Y no siempre -alertan expertos que piden mantenerse en el anonimato– se emprenden los trámites que conducirían a una eventual declaración de responsabilidad. 

El grupo Mediaset, propietario de Telecinco y Cuatro, ha nombrado como consejeros independientes a la exministra de Ciencia Cristina Garmendia, a la expresidenta de Unicef España Consuelo Crespo Bofill y al ex consejero delegado de Sogecable Javier Díez de Polanco. Sustituyen al presidente de Endesa Borja Prado de Eulate, al exvicepresidente de Arcelor José Ramón Álvarez-Rendueles y al fundador del Registro de Economistas Auditores Ángel Durández Adeva.

Según explica la compañía en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Prado, Álvarez-Rendueles y Durández han presentado su dimisión al haber agotado el plazo legal para seguir siendo consejeros independientes.

Javier Díez de Polanco, además, presidirá el comité de auditoría y formará parte de la comisión ejecutiva de Mediaset, han desvelado a infoLibre fuentes próximas a la empresa.

El sobrino del fundador de Prisa, Jesús Polanco, abandonó el grupo en mayo de 2009, tras una dura pugna con su ahora expresidente Juan Luis Cebrián. En ese momento Prisa acumulaba una deuda indigerible de 5.000 millones de euros tras lanzar una OPA para hacerse con el 100% de Sogecable. Hasta entonces, Díez de Polanco había sido director general de El País, As y Cinco Días, así como consejero delegado de la Cadena Ser y director general del grupo. También pasó por el grupo Santillana. Una vez fuera de Prisa, recaló como consejero de Iberdrola México en 2011.

Consejeras de grandes compañías

Cristina Garmendia fue ministra de Ciencia y Tecnología en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras pasar por el consejo de la consultora Everis, en 2015 fue nombrada presidenta de la Fundación Cotec, dedicada a promover la innovación como motor de desarrollo y que preside el rey. También es consejera de Gas Natural.

Consuelo Crespo Bofill, además de presidir Unicef España, ha sido consejera de Acciona y Tubacex.

El presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, ha propuesto a Manuel Polanco Moreno, hasta ahora vicepresidente ejecutivo, para que le suceda al frente del grupo. Tras fracasar los intentos de colocar en la presidencia a Javier MonzónJavier Monzón y Jaime Carvajal, será Manuel Polanco, hijo del fundador del grupo, Jesús Polanco, quien ocupará el sillón, aunque sin poderes ejecutivos. Según fuentes del consejo consultadas por infoLibre, la batuta la llevará Manuel Mirat, consejero delegado desde el pasado septiembre, apoyado en dos hombres de su equipo: el director financiero, Guillermo de Juanes, y el secretario general del grupo, Xavier Pujol.

Estos cambios, sin embargo, no significan que Juan Luis Cebrián abandone las riendas editoriales. Al menos, las del periódico El País, el principal medio del grupo Prisa. Pese a las repetidas declaraciones en que expresaba sus deseos de retirarse –“estoy tratando de irme desde hace años ya”, aseguraba en la entrevista que publicó este miércoles El País, “si no me he retirado antes ha sido por responsabilidad”–, Cebrián permanecerá como presidente de honor del periódico que fundó en 1976. También estará al frente del consejo editorial que nombrará al director de El País y dictará su línea editorial y la del resto de los medios del grupo. Un consejo que dependerá de una fundación en cuyo patronato también estará el hasta ahora presidente ejecutivo.

Antes de abandonar la primera línea, además, Juan Luis Cebrián será retribuido con 1,6 millones de acciones de Prisa, que ahora valen 1,2 euros cada título, es decir, 1,92 millones de euros en total. Pero, según una valoración interna del grupo, alcanzarán en un plazo razonable los tres euros. El fundador de El País se ha hecho merecedor de ese premio, según ha aprobado el consejo, por “su contribución al éxito del plan de recapitalización y estabilización financiera de la sociedad”.

Cebrián percibirá este año, además, 1,2 millones de euros más pactados con anterioridad, dentro de un plan de jubilación a cuatro años.

El ejecutivo se embolsa ahora cantidades millonarias por solucionar la crisis de deuda que padece Prisa desde 2008, cuando la compra de Sogecable la disparó hasta los 5.000 millones de euros. La abultada cifra no sólo obligó a Cebrián a desprenderse de Localia, Cuatro, Alfaguara, su participación en Telecinco y Mediacapital, sino también a dejar entrar en el accionariado de Prisa a sus acreedores: Santander, Caixabank, HSBC. Y a los fondos Liberty y Amber.

Retribuciones polémicas

Además, en 2012, el mismo año en que fueron despedidos de El País 129 trabajadoresdespedidos de El País 129 trabajadores en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), percibió una remuneración total de 13,6 millones de euros.

El año pasado, Cebrián cobró 1,76 millones de euros. De esa cantidad, su sueldo fijo es de un millón de euros. Ingresó también 692.000 euros como bonus a corto plazo –por haber cumplido los objetivos de Ebitda, cash flow e ingresos de transformación del grupo– y otros 70.000 euros por un concepto que no precisa el informe de remuneraciones remitido por Prisa a la CNMV. El grupo paga a Juan Luis Cebrián 48.000 euros por el alquiler de la vivienda de Madrid donde reside.

Las retribuciones del periodista siempre han sido motivo de controversia, dentro y fuera del grupo. El pasado mes de marzo, el principal accionista de Prisa, John Oughourlian, consejero delegado y fundador de Amber Capital, votó en contra del informe de retribucionesvotó en contra del informe de retribuciones del grupo porque no estaba “conforme con la propuesta de la Comisión de Nombramientos”. Otros cuatro consejeros se abstuvieron en la votación: María Elena Pisonero Ruiz, Blanca Hernández Rodríguez, Alfonso Ruiz de Asín y Dominique D’Hinnin, todos ellos independientes. Este mismo miércoles, Oughourlian ha tomado la palabra en la junta de accionistas para acusar a directamente a Cebrián de “mentir descaradamente” y para hacerle responsable de “una pésima gestión”.

Dos de los consejeros citados presentaron el miércoles su cese, que fue aprobado por la junta de accionistas: Elena Pisonero y Alfonso Ruiz de Assin. También abandonan el consejo Alain Minc, Gregorio Marañón Bertrán de Lis y José Luis Leal Maldonado. Antes de celebrarse la junta, además, comunicaron su dimisión Glen Moreno y el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, en desacuerdo con la sucesión tal y como ha quedado dispuesta por Cebrián. Su candidato para el puesto que ahora ocupará Manuel Polanco era Jaime Carvajal, consejero delegado del banco de inversión Arcano. Según las fuentes consultadas por infoLibre, Carvajal retiró su candidatura, pese a contar con el apoyo de los principales accionistas, porque las condiciones de Cebrián para permanecer en el grupo le parecieron inasumibles. Los nombres que sustituirán a los consejeros independientes destituidos estarán vinculados a los principales acreedores del grupo.

Ampliación de capital aprobada

Estos cambios en el consejo de administración fueron aprobados en la junta general de accionistas celebrada este miércoles. Tres horas de reunión en las que Cebrián tuvo que escuchar no sólo las duras críticas de Oughourlian sino también de otros accionistas minoritarios. La acción de Prisa ha perdido el 80% de su valor desde que el periodista fue nombrado consejero delegado, en 2008.

Antes de irse de la presidencia ejecutiva, el fundador de El País ha conseguido sacar adelante en la junta de accionistas la ampliación de capital de 450 millones de euros que necesitaba para hacer frente a la fragilidad financiera de Prisa: aún tiene una deuda de 1.543 millones de euros. Fuentes de uno de los principales acreedores explican a infoLibre que el plan aprobado tiene un doble objetivo: evitar la venta de Santillana que pretendía Cebrián –y que supone la principal “caja de liquidez” del grupo Prisa– e impedir que la empresa “cayera en manos de fondos extranjeros cuyo interés es eminentemente especulativo”. Las mismas fuentes admiten que para cubrir la ampliación de capital era condición imprescindible la salida de Cebrián “del poder ejecutivo de la empresa” y restan importancia a su papel respecto a la línea editorial. Los accionistas de referencia –y acreedores principales– consideran que Cebrián no podrá tomar “ninguna decisión que afecte a la administración económica del grupo”.

Polanco ha sido el tercer candidato en la retardada sucesión de Cebrián al frente del grupo. El primero fue el expresidente de Indra Javier Monzón, quien renunció al puesto por los mismos motivos que Carvajal. Pese a contar con el visto bueno de Santander, Telefónica y Caixabank, no tenía el del Gobierno. Según explican las mismas fuentes, Cebrián acudió a la Moncloa la víspera del consejo de administración para recabar el respaldo desde el Ejecutivo a su plan.

Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas cayeron un 12,4% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 975, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.

En concreto, las familias que se declararon en concurso de acreedores ascendieron a 209, lo que supone un aumento del 4,5% respecto al mismo trimestre de 2016, mientras que las empresas concursadas cayeron un 16,1%, hasta sumar 766 procedimientos de quiebra.

En tasa intertrimestral (tercer trimestre del año sobre segundo trimestre de 2016), el número de deudores concursados cayó un 33,1%, con un descenso del 22% en el número de familias declaradas en concurso y del 35,6% en el caso de las empresas concursadas.

De las 766 empresas que entraron en concurso en el tercer trimestre, 92 eran sociedades anónimas, con un descenso interanual del 11,5%, mientras que 629 eran sociedades limitadas, un 14,7% menos que en el tercer trimestre de 2016.

Las personas físicas con actividad empresarial redujeron los procesos concursales un 33,3% en tasa interanual, hasta totalizar 30, y los redujeron un 55,9% respecto al trimestre anterior.

Durante el tercer trimestre, los concursos voluntarios cayeron un 12,3% en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 922, en tanto que los concursos necesarios cayeron un 14,5%, con un total de 53 procesos.

Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios cayeron un 25,5% en tasa interanual y los abreviados, un 10,2%, hasta 120 y 855 procesos, respectivamente.

Comercio y construcción, sectores con más empresas en concurso

El 21,4% de las empresas que entraron en concurso entre julio y septiembre tenían como actividad principal el comercio (164 concursos), mientras que el 16,1% se dedicaba a la construcción (123) y el 15,4% a la industria y la energía (118).

Asimismo, la estadística refleja que el 54,2% de las empresas concursadas tiene menos de seis asalariados, y dentro de ellas, el 26,7% no tiene trabajadores a su cargo. El 25,5% de las empresas concursadas tiene una antigüedad de 20 o más años, en tanto que el 21,5% se fundaron cuatro años atrás o menos.

Según el INE, el 25,5% de las empresas concursadas de menos de cuatro años de antigüedad operaban en el sector del comercio, mientras que el 53,9% de las que tenían 20 o más años de antigüedad se dedicaban a la industria y energía y al comercio.

Catalauña, a ala cabeza de los concursos

Por comunidades, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el tercer trimestre, dado que acapararon más de la mitad del total de procedimientos. En concreto, Cataluña sumó 198 concursos, Madrid registró 155 y Comunidad Valenciana, 138.

Las regiones con menos suspensiones de pagos en el tercer trimestre fueron Cantabria (7), La Rioja (7) y Navarra (12).

La comunidad que más recortó su número de deudores concursados durante el tercer trimestre fue Cantabria, con un descenso interanual del 56,3%, hasta 7 procedimientos. Por el contrario, Asturias fue la región que más los incrementó, con un alza del 70%, sumando en total 17 concursos.

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.

No es el más grande, ni el más antiguo. Pero se ha coronado como el rey mundial de las reestructuraciones. Houlihan Lokey ha sido contratado por los fondos buitre que han comprado a los bancos la deuda de las autopistas radiales en quiebra. Y será con los profesionales de este banco de inversión con sede en Los Ángeles con quienes tendrá que pelearse el Ministerio de Fomento para intentar que la factura del rescate a las ruinosas vías de peaje sea lo menos gravosa posible para las arcas públicas.

Según publicó El Confidencial, los fondos King Street, Taconic y SVP Global, los tres mayores tenedores de deuda de las nueve autopistas quebradas, han encargado a Houlihan Lokey que defienda sus intereses frente al Estado. Es posible que también se les unan JP Morgan, Deutsche Bank y Goldman Sachs, igualmente entrampados en el fiasco de las radiales. Estos fondos oportunistas compraron la deuda de los bancos españoles que financiaron la construcción de las autopistas. Un total de 3.800 millones de euros, de los que sólo 1.300 corresponden a entidades financieras extranjeras.

Santander, Caixabank, Sabadell, Bankia y Banco Popular comenzaron a desprenderse de su deuda cuando se hizo patente que las concesionarias estaban abocadas a la liquidación. Y lo hicieron vendiendo con quitas extraordinarias de hasta el 90%. Aun con esos descuentos, los acreedores de las radiales confían en que el Estado, obligado a aplicar su cláusula de responsabilidad patrimonial, satisfaga sus expectativas de negocio.

Y éstas no son pequeñas. La patronal de las constructoras, Seopan, cifró en su día en 5.500 millones de euros el coste del rescate. Para hacerse una idea del volumen de la factura, basta con recordar que el Gobierno acaba de aprobar un recorte del gasto público de 5.493 millones de euros para este año. Y que Bruselas exige otro tijeretazo de igual cuantía para 2018 a fin de cumplir el objetivo de déficit. Fomento, sin embargo, no admite que la cifra vaya a superar los 2.500 millones.

Pues bien, para hacerse con su parte del pastel, los fondos buitre han contratado al mejor. Houlihan Lokey negoció para que los acreedores cobraran en las mayores quiebras de la historia. Como la de Lehman Brothers en 2008, el pistoletazo de salida de la crisis financiera, que se hundió con unos activos valorados en 659 millones de euros. También la de WorldCom en 2002, que significó la desaparición de 100 millones de euros en activos y superó a la de Enron, declarada sólo nueve meses antes. Fueron hasta entonces los dos mayores escándalos corporativos de la historia de Estados Unidos. El banco se encargó igualmente de defender los intereses de los acreedores de Chrysler y General Motors, los gigantes del automóvil que cayeron en la bancarrota en 2009.

Las mayores quiebras de España

Houlihan Lokey es una entidad joven, si se la compara con Goldman Sachs, fundado en 1869, y JP Morgan, en 1871. Nació en 1972. También es mucho más pequeña: en el segundo trimestre de 2016 facturó 178 millones de euros, mientras que Goldman, sólo en su división de banca de inversión, alcanzó los 1. 470 millones en el tercer trimestre y JP Morgan, 6.217 millones.

Hasta 1987 no se dedicó a la actividad que hoy es su bandera, la asesoría en restructuraciones financieras. Y hasta 2001 no abrió su primera oficina fuera de Estados Unidos, en Londres. Cotiza en bolsa sólo desde 2015. En España opera desde 2004, aunque no se instaló en Madrid hasta diciembre de 2008. Su cartera de clientes es también aquí de renombre e incluye las quiebras de mayor volumen de la crisis. Negoció a favor de los acreedores de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que hasta el hundimiento de Abengoa lucía el triste título de ser la mayor suspensión de pagos de la historia española, con un pasivo de 5.200 millones de euros. Houlihan Lokey se encarga igualmente de asesorar a los fondos de inversión que compraron bonos de la multinacional de ingeniería andaluza. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores con un pasivo de 20.000 millones.

Otro fiasco empresarial de postín, el de Isolux, está en manos del banco de inversión de Los Ángeles, que fue contratado para refinanciar su deuda. Houlihan restructuró también la de Panrico, lo que se tradujo en la entrada del fondo Apax Partners y luego de Oaktree en el capital de la empresa de bollería. Bodybell, otra empresa en manos de fondos de inversión –pasó de N+1/Mercapital y Dinamia a HIG–y con una deuda abultada, utilizó los servicios del banco angelino. O Codere, la multinacional del juego de azar, cuyos bonistas, de nuevo fondos buitre, se apoyaron en Houlihan Lokey para negociar con el dueño de la empresa y hacerse con la mayoría del capital. La historia es conocida: BBVA y Banesto vendieron su deuda a fondos oportunistas y éstos después se quedaron con Codere.

Sólo dos días con Pescanova

Pero hasta el momento el capítulo más llamativo de la historia de Houlihan Lokey en España es su brevísimo paso por Pescanova, otro escándalo corporativo de primera página. Duró sólo dos días laborables. El 6 de marzo de 2013 la multinacional gallega anunció que había contratado a la firma estadounidense para refinanciar su deuda financiera, que llegó a sumar 3.400 millones de eurosllegó a sumar 3.400 millones de euros. Al banco sólo le dio tiempo a celebrar una primera reunión con los bancos acreedores –el principal, el Sabadell, con una deuda de 200 millones–. Pero nada más.

El lunes, 11 de marzo, Pescanova comunicó a la CNMV que suspendía su relación con Houlihan Lokey. El supervisor abrió inmediatamente una investigación por un posible abuso de mercado de sus gestores. Según publicó entonces Vozpopuli, Houlihan Lokey fue quien abandonó a Pescanova después de intentar cuantificar el monto de la deuda y no conseguir de los responsables de la compañía pesquera la información que les solicitaba.

Sobre el futuro de las radiales aún no han comenzado las negociaciones. Fomento tiene un plazo de seis meses para calcular el importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, una vez se dictamine la liquidación de las autopistas. Y ésta pasará antes por los tribunales. En cualquier caso, el ministro, Íñigo de la Serna, ya advirtió en el Congreso de que será “muy difícil” alcanzar un acuerdo para el rescate después de que los bancos hayan vendido su deuda a los fondos buitre. Ésos a los que representa Houlihan Lokey.