España, Eslovenia, Dinamarca, Suecia y Estonia han mostrado su apoyo público en Bruselas a la iniciativa My Voice, My Choice: for Safe and Accesible Abortion European Citizens Initiative, firmada por más de un millón de ciudadanos y a la que la Comisión Europea da la bienvenida al considerar que “los abortos inseguros son una cuestión de sanidad pública, que puede conducir a varios tipos de daño físico y severo estrés mental y por lo tanto poner en riesgo la vida de las mujeres”.

La demanda popular de 'Mi Voz, Mi Elección, en favor de un aborto seguro y accesible' es la duodécima iniciativa de este tipo gratificada con respuesta oficial de la Comisión desde el año 2012, una muestra del apoyo que el Ejecutivo comunitario ofrece a la propuesta frente a las exigencias recientes en el Parlamento Europeo por parte de la internacional ultraderechista en contra de regular y apoyar este derecho de las mujeres.

El Gobierno español ha trabajado para que cinco gobiernos europeos se uniesen en la carta liderada por Eslovenia con la que se buscaba respaldar en Bruselas la iniciativa ciudadana. Y la Comisión recoge el guante poniendo a disposición el Fondo Social Europeo, con una potencia de miles de millones en su cartera, para que los Estados miembros “mejoren el acceso igualitario a servicios sanitarios legalmente disponibles y accesibles”. De manera voluntaria, Bruselas permitirá a partir de ahora que cada país distribuya o redirija fondos de ese instrumento a garantizar el aborto.

Pese al apoyo financiero mostrado para un aborto incorporado a los sistemas de salud nacionales por las mujeres en condiciones de seguridad y legalidad, la Comisión está atada de pies y manos para imponer a los países la legalización del derecho. Según el propio artículo 168(7) del Tratado de Funcionamiento de la UE, cada capital tiene libertad para organizar su sanidad pública y, por lo tanto, la regularización del aborto es un área de responsabilidad estatal. Así que, como reconoce el Ejecutivo comunitario, cualquier “acción de la UE que impactase en la decisión de un Estado miembro sobre si permitir el acceso al aborto y en qué condiciones está excluida”.

España, explican fuentes diplomáticas sobre la disponibilidad de financiación comunitaria para garantizar el aborto, usará la vía que se habilite para ello, comprometida con el acceso efectivo a ese derecho. Pero no todos los Gobiernos de Estados miembros tienen este nivel de compromiso ni están dispuestos a legalizar el ejercicio de las libertades por parte de las mujeres. 

En un continente donde al año, según la Organización Mundial de la Salud, se practican cerca de 480.000 abortos y casi todos los Estados miembros de la UE lo han legalizado, Malta y Polonia son los únicos donde las leyes son abiertamente restrictivas. En la pequeña república mediterránea el aborto está completamente prohibido salvo si la vida de la mujer está en riesgo inmediato por complicaciones médicas, mientras que en Polonia el acceso de las mujeres a este derecho está restringido y sólo se permite si la vida o la salud de la mujer está en riesgo, el embarazo es resultado de una violación o existen severas anomalías en el feto.

Las últimas reformas legislativas en Malta datan de 2023 y declaran el aborto como ilegal en la mayoría de circunstancias, incluso en casos de violaciones o anomalías en el feto, con penas de cárcel de hasta tres años para la mujer y de entre 18 meses y cuatro años para quienes lo practiquen. La venta de la conocida como píldora del día después está, por supuesto, terminantemente prohibida. Debe ser un equipo de profesionales médicos el que apruebe la interrupción del embarazo sólo en caso de ese riesgo vital para la mujer.

La reforma legal del 2023 fue muy pequeña con la intención de incluir únicamente ese supuesto y sólo después de que una ciudadana estadounidense, Andrea Prudente, estuviese a punto de morir tras encontrarse de vacaciones en la isla y sufrir una complicación extrema en su embarazo. La imposibilidad legal de practicar una operación provocó que Prudente fuese evacuada a España, donde finalmente sí se le practicó un aborto. La ciudadana estadounidense denunció el código criminal de Malta por vulnerar la Convención Europea de Derechos Humanos y forzó el cambio normativo.

Muy diferente es la realidad para las mujeres en gran parte de la UE. En Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia el aborto está garantizado a petición de la mujer embarazada. Son 24 países, una amplia mayoría de la Unión, donde este derecho con diferentes matices y una gradualidad de limitaciones sí está permitido.

En la mayoría, esta decisión debe tomarse durante el primer trimestre de la gestación, con límites que van entre las 18 y las 24 semanas, pero en circunstancias específicas como el riesgo para la salud o la vida de la mujer el aborto puede practicarse a posteriori. Y por supuesto en estos Estados, las mujeres, sean adultas, adolescentes o niñas, que se hayan quedado embarazadas fruto de una violación tienen garantizado el acceso a la interrupción.

Sin embargo, hay también sombras en países como Alemania, Bélgica, España, Hungría, Irlanda, Países Bajos o Portugal, donde existen plazos obligatorios de mayor o menor duración desde que la intervención es solicitada por la mujer hasta que es efectiva. “Estos periodos de espera”, según el Center for Reproductive Rights, “socavan el acceso a tiempo y asequible a la atención y restringen los derechos de los mujeres y sus autónomas decisiones”.

El último informe de este centro sobre la situación de Europa sitúa también a Polonia por mantener “leyes altamente restrictivas” al aborto, destaca “tendencias positivas” como la retirada de las prohibiciones desde 2018 en Chipre, Finlandia, Irlanda y, fuera del espacio comunitario, Islandia, Irlanda del Norte o San Marino, pero también advierte “amenazas regresivas” en Hungría, Italia y la citada Polonia.

Y en Alemania, principal potencia de la UE y abanderada en muchos frentes de los derechos civiles, técnicamente el aborto sigue siendo ilegal, regulado por una ley de 1871 que lo criminaliza hasta con penas de cárcel de cinco años, aunque se han ido introduciendo excepciones y enmiendas para permitirlo durante los primeros doce semanas de gestación. En la década de los 70  en ese país nació la campaña 'Mi vientre me pertenece' y cincuenta años después las iniciativas ciudadanas en la UE se imponen, aunque crece la contestación. La actual de 'Mi Voz, Mi Elección' recibió 358 votos a favor como resolución favorable en el Parlamento Europeo y 202 en contra. No sólo se opusieron los tres grupos de extrema derecha, también 68 eurodiputados del PP y hubo otras 30 abstenciones de ese grupo.

Las empresas de juego más grandes del mundo están utilizando una ley de Malta poco conocida que anula las resoluciones judiciales de otros países de la Unión Europea para protegerse de tener que pagar millones de euros en potenciales demandas legales.

En virtud de una norma conocida como Ley 55, los tribunales malteses pueden “rechazar el reconocimiento y/o la ejecución” de cualquier sentencia extranjera que afecte a empresas registradas en la isla, lo que incluye a las decenas de empresas de apuestas que tienen su sede allí gracias a un clima ya favorable al sector del juego.

La ley protege de hecho a los dueños de marcas como Pokerstars, Betsson y Unibet de las sentencias dictadas fuera de Malta, que son cada vez más numerosas. Juristas de diversos países europeos consideran que la Ley 55 viola la legislación comunitaria e impide que se paguen miles de reclamaciones exitosas dictadas en los tribunales de los otros Estados de la UE.

Las reclamaciones transfronterizas por juego están aumentando en la UE, y las empresas con sede en Malta son objeto de muchas demandas. “La cantidad de pérdidas por juego que se reclaman en toda Europa probablemente alcanzará, tarde o temprano, los mil millones de euros”, afirma el abogado alemán Benedikt Quarch, cuyo bufete está trabajando en miles de casos.

Dada la importancia de lo que está en juego, la presión sobre la Comisión Europea para que impugne la normativa maltesa, en vigor desde 2023, es cada vez mayor. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Austria ha instado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a dictaminar si la normativa maltesa infringe la legislación de la UE.

Este trabajo del consorcio Investigate Europe sobre el agujero legal abierto por Malta para burlar los derechos de miles de ciudadanos europeos forma parte de una investigación más amplia sobre el sector del juego en Europa, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí las informaciones ya publicadas]. Medios de once países europeos difundirán la investigación.

Las autoridades de Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia están lidiando con un aluvión de demandas de los consumidores sobre el juego ilegal, principalmente en torno a sitios web operados por empresas con sede en Malta que, según han evaluado los tribunales nacionales, no tienen licencia para operar en sus países.

Se estima que solo en Alemania y Austria hay 50.000 reclamaciones en curso, según han declarado varios abogados a los periodistas. El bufete de abogados G&L Legal de Viena tramita él solo más de 15.000 casos, muchos de ellos relacionados con grandes multinacionales del sector con sede en Malta.

Karim Weber está encabezando el trabajo del bufete en la zona. El Tribunal Supremo de Austria ha fallado hasta la fecha a favor de sus clientes en cientos de casos que involucran a empresas basadas en Malta. Pero los tribunales de Malta aún no han reconocido ninguna de las más de 200 sentencias que el abogado les ha pedido que hagan cumplir, dejando a sus clientes sin las indemnizaciones económicas correspondientes.

Weber tiene planteadas reclamaciones de jugadores que suman 18 millones de euros contra Flutter, el principal grupo del sector del juego en el mundo. En uno de los pleitos, el Tribunal Supremo de Austria dictaminó en agosto de 2021 que se debía reembolsar al cliente de Weber todas las pérdidas que había acumulado en el sitio de Pokerstars, ya que su propietario, TSG Interactive Gaming Europe, una filial de Flutter en Malta, no tenía una licencia nacional para operar en el país.

El alto tribunal dictaminó que todas las transacciones entre los jugadores y la empresa eran inválidas, ya que la ley austriaca consideraba que Pokerstars actuaba ilegalmente. “Si el contrato es ilegal, es nulo y sin efecto. Es lo mismo que si me vendieras dos kilos de cocaína. El contrato sería nulo y sin efecto según el derecho civil”, explica Weber. Flutter ha impugnado tales veredictos y niega cualquier irregularidad.

Sin embargo, cuando se pidió al tribunal civil de Malta que hiciera cumplir la sentencia, el juez Toni Abela, quien pasó gran parte de su carrera en política y fue uno de los principales líderes del Partido Laborista de Malta, denegó la solicitud en julio de 2023. La decisión se produjo semanas después de que la Ley 55 fuera aprobada en el Parlamento. El Gobierno maltés describió la normativa como parte de una política a largo plazo para “fomentar el establecimiento de operadores de juego” en el país.

“Fue un mazazo. Esa ley fue tramitada por el Parlamento maltés en tres semanas con el consentimiento de la oposición”, recuerda Weber.

Weber y Quarch han presionado a la Comisión Europea para que intervenga. Pero a pesar de haber escrito una queja en 2023, la Comisión solo ha respondido hasta ahora diciendo que está “evaluando” la información.

La misma respuesta recibió en abril de 2024 la eurodiputada alemana Sabine Verheyen, una de las pocas críticas con el sector del juego en Bruselas. “Le reprocho a la Comisión no actuar adecuadamente. Creo que es importante que la Comisión haga realmente justicia a su papel de guardiana de los Tratados”, declara Verheyen. Investigate Europe obtuvo una respuesta igualmente vaga e inconcreta por parte de la Comisión Europea.

La aparente inacción refleja una inercia general en torno al juego en Bruselas. No existe normativa comunitaria que regule el sector, en 2017 la Comisión decidió cerrar una Unidad de Juego específica que había creado, mientras que una carta enviada en 2021 por 13 reguladores europeos en la que se pedían políticas comunes fue desestimada discretamente.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Austria espera que el TJUE tome medidas contra la Ley 55. En octubre de 2024, los jueces elevaron el caso al máximo tribunal de la UE, al entender que el hecho de que Malta no reconozca sus sentencias infringía la legislación comunitaria.

Miguel Poiares Maduro, ex abogado general del TJUE, está de acuerdo y afirma que la Comisión debería emprender acciones legales contra Malta por no respetar la legislación de la UE, con el llamado procedimiento de infracción. Poiares Maduro destaca que “la legislación de la UE establece el principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las decisiones judiciales”, En consecuencia, añade, “no corresponde a los malteses definir cuándo sus tribunales dejan de aplicar una decisión de otro Estado miembro”.

Según la legislación europea, cualquier ciudadano puede demandar a una empresa que vende servicios ilegales ante los tribunales del país donde “ocurrió el hecho perjudicial”. Los juegos de azar online, proporcionados por empresas que no tienen licencia, son un “hecho perjudicial”.

A Quarch le resulta difícil explicar a los clientes que, a pesar de ganar sus casos, es poco probable que recuperen su dinero: “Definitivamente hay miles de personas afectadas por la Ley 55 porque la mayoría de las empresas domiciliadas en Malta no pagan”. Estima que hay alrededor de 20.000 reclamaciones activas relacionadas con el juego ilegal en Alemania, mientras que las cifras van en aumento en los Países Bajos y Suecia.

Por su propia naturaleza, es difícil calcular la dimensión del juego ilegal. Yield Sec, dedicada al análisis de mercado, estima que el 70% de las apuestas online en la UE se realizan en portales que carecen de licencia, a través de 6.000 proveedores. H2 Gambling Capital, otra consultora, reduce la cuota del mercado negro a aproximadamente el 20 %.

Las posibles implicaciones financieras de la Ley 55 no pasan desapercibidas para la industria del juego de Malta, que representa alrededor del 12% de la producción económica del país.

“Si una proporción importante de las reclamaciones de los jugadores se ejecutara con éxito en Malta o en cualquier otra jurisdicción, podría tener un efecto adverso importante en nuestro negocio”, admitió en su último informe anual Flutter, cuyas marcas incluyen Sky Betting y Paddy Power.

Betsson también describe su “vulnerabilidad ante las reclamaciones de los clientes“, mientras que Kindred, que explota la marca Unibet, declara que la Ley 55 es “particularmente importante teniendo en cuenta el creciente número de litigios de clientes y los consiguientes esfuerzos de aplicación por parte de Alemania, Austria y los Países Bajos”.

El Gobierno de Malta y el regulador del juego de dicho país se negaron a responder a las preguntas de los periodistas.

Las empresas del juego argumentan que, como ya están registradas en un Estado miembro (Malta), tienen derecho a operar en todos los Estados de la UE. En respuesta a Investigate Europe, un portavoz de Flutter indicó que Pokerstars opera legalmente desde Malta y de acuerdo con “la libertad de servicios que fija la legislación comunitaria para todos los Estados miembros”. Dicho portavoz añadió que “las decisiones judiciales que se están tomando en virtud de la legislación austriaca son incompatibles con estos principios jurídicos establecidos de la UE, lo que ha sido confirmado por el tribunal maltés en su sentencia de 27 de febrero de 2025. Por ello, Pokerstars seguirá defendiendo enérgicamente esa posición en Austria y cuando se lleven ante los tribunales malteses”.

Algunas leyes estatales dicen lo contrario: una empresa debe tener licencia en el país y pagar impuestos para poder operar.

Esto explica en parte las interpretaciones opuestas sobre la Ley 55, algo que se ve amplificado por la falta de regulación común dentro de la UE. Stuart Kenny, fundador y ex director ejecutivo de Paddy Power, lamenta no haber presionado en su día para que se estableciera un control más estricto. Pero las empresas del sector están bastante contentas con el statu quo, admite.

“El sector no quiere que Europa lo regule, porque Europa sería mucho más estricta que los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales son tan adictos a los ingresos fiscales como los jugadores adictos lo son a las máquinas tragaperras online”, argumenta Kenny desde su casa en Dublín. “Es completamente absurdo que la UE se haya involucrado en tantos otros asuntos de salud, y con razón, pero el juego tiene una especie de cláusula de exclusión”, concluye.

La ausencia de leyes transfronterizas ha creado un mosaico de políticas nacionales diferentes en todo el bloque comunitario.

Finlandia tiene un monopolio estatal y prohíbe a los proveedores extranjeros dirigirse a sus ciudadanos. En Grecia, la liberalización del mercado dio lugar a un monopolio privado. Alemania, España, Francia, Italia y Portugal obligan a contar con licencia para operar en sus países. Y sancionar a quien no cuenta con autorización.

Pero no siempre es fácil. Como desveló Investigate Europe, entre 2021 y 2024, las autoridades españolas multaron a 75 empresas con sede en el extranjero por actividades de juego ilegal. La mayoría tenían su sede en Curazao, un paraíso fiscal en el Caribe usado masivamente por las empresas dada su laxa regulación del sector. Las multas impuestas a las empresas ascendieron a 350 millones de euros, pero la Hacienda española no logró recaudar ni un solo euro [puedes leer aquí una información sobre este tema].

Dentro de la UE, Estados como Malta, Chipre y Estonia intentan activamente atraer a las empresas de juego a través de una legislación favorable y bajos impuestos.

“Si nos fijamos en los operadores de casinos que trabajan en jurisdicciones extraterritoriales (off-shore), el primer lugar es Malta”, sostiene Quarch, quien considera obvia la conclusión que se debe extraer: “El mercado ilegal de juegos de azar online es un ejemplo muy interesante y desafortunado de cómo no funciona la aplicación de la ley en Europa”.

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Con información adicional de Eurydice Bersi, Manuel Rico, Maria Maggiore y Marta Portocarrero.

Edición: Chris Matthews.

España ha dado esta semana el primer paso real para la eliminación de las visas oro, los permisos de residencia que desde 2013 se conceden a extranjeros a cambio de una inversión inmobiliaria. Y lo ha hecho siete meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el fin de las visas: la comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado lunes el informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia en el que el PSOE ha colado la medida en una enmienda. La supresión de las visas había conseguido en la ponencia previa el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que no pidieron ningún cambio sobre el texto socialista. Finalmente, el informe sobre el conjunto del proyecto de ley –se pactaron 106 enmiendas transaccionales– sólo encontró el rechazo de Vox y el PP.

La eliminación de las visas oro tendrá que ser aprobada ahora por el pleno del Congreso, así que es posible que la abolición no entre en vigor hasta enero. Mientras, aprovechando la demora legislativa, se siguen concendiendo permisos a toda prisa. Hasta el punto de que a final de año podrían rozar las 4.788, de acuerdo con la estimación realizada por infoLibre, un 63% más de los concedidas en 2023. Los despachos de abogados consultados cifran en al menos un 25% el aumento de las visas tramitadas sólo desde abril, cuando el Gobierno hizo su anuncio.

Según los números del Ministerio de Vivienda, el 94% de las visas oro concedidas desde 2013, cuando se crearon, hasta diciembre de 2023 fueron a cambio de invertir en un inmueble: 14.576. Y de ellas, el mayor número las consiguieron ciudadanos chinos, el 22,8%. Es decir, 3.325 ricos asiáticos tienen permiso de residencia en España –y pueden viajar sin visado a los países del espacio Schengen– tras comprar un inmueble valorado en un mínimo de 500.000 euros.

Hay otras modalidades de visas oro: si la inversión es en deuda pública, ésta debe superar los dos millones de euros; si es en acciones, fondos o depósitos, el millón de euros. También puede obtenerse el permiso de residencia si se presenta un proyecto empresarial. Pero estas opciones han sido absolutamente marginales en la década de vida de estos incentivos a la inversión: Un 3% –371– se otorgaron a cambio de depósitos bancarios, pero sólo un 1% –114– por proyectos empresariales, otro 1% –167– a cambio de comprar acciones y un 1% más –214– a cambio de invertir en fondos. Sólo ocho visas se han concedido por adquirir deuda pública.

En la foto finish de las visas españolas, los chinos superan por poco a los rusos –3.175–, pero triplican a los británicos –1.098–, la medalla de bronce del podio. La mayoría de las propiedades adquiridas por estos extranjeros de oro se sitúan en Barcelona, un tercio, casi el doble que en Madrid –un 19%–. Aunque a nadie le sorprenderá que la zona favorita de inversión sea la costa, desde Cataluña hasta Málaga, pasando por la Comunidad Valenciana y Baleares.

A las visas oro les ha rodeado la polémica casi desde que nacieron. Y no sólo en España. De hecho, desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Así que Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

En cualquier caso, la mala fama de estos permisos de residencia selectivos va más más allá de los riesgos a la seguridad. Y de la presión que ejercen sobre el precio de la vivienda las compras de los millonarios extranjeros. Aunque tampoco es desdeñable. En Marbella las adquisiciones de inmuebles a cambio de visas oro supusieron el 7,1% en 2023, y el 5,3% en Barcelona, según las cuentas hechas por el Gobierno, que justifica así la necesidad de abolirlas en la “importante concentración geográfica, a nivel de municipio o distrito” de estas operaciones. “Localmente”, asegura el Ejecutivo sobre las visas, “están ejerciendo una presión anormal sobre la demanda y, por tanto, sobre el precio”.

Pero hay un factor adicional. Una investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia y del periódico portugués Expresso, socios de infoLibre en el consorcio internacional de medios OCCRP, revela que, en Portugal, Chipre y Malta, las visas oro se han visto envueltas en casos de corrupción, tráfico de influencias y clamorosas puertas giratorias, algunos de los cuales tienen como nexo común el grupo chino Delsk.

En Chipre, el exministro de Transportes Marios Demetriades es acusado de corrupción, soborno y blanqueo de capitales en una trama de pasaportes oro, un programa distinto al de las visas a cambio de inversiones que el Gobierno de la isla tuvo que cancelar en 2020 ante el cúmulo de irregularidades que lo rodeaban. Ese programa permitía obtener no la residencia, sino la ciudadanía chipriota. Demetriades y el dueño de Delsk, Jing Wang, están acusados de presentar facturas falsas a un banco de la isla para justificar una transacción de 3,6 millones de euros a JWP Pegasus, una sociedad chipriota propiedad del empresario chino. La fiscalía de Chipre sostiene que el exministro ayudó a acelerar la solicitud de ciudadanía de un ciudadano chino y a JWP le pagaron 2,5 millones para conseguirlo. Unos cargos que Delsk Cyprus negó a Times of Malta, el periódico que publicó parte de la investigación de la Fundación Daphne Caruana Galiza y OCCRP. Jing Wang tiene pasaporte chipriota e intentó, sin éxito, conseguir uno maltés.

En Malta, Delsk contrató como consultor al ex primer ministro del país Joseph Muscat, para que le asesorara sobre el programa nacional de visas oro en diciembre de 2020. Le pagaba un sueldo de 5.900 euros al mes. Según la investigación publicada por Times of Malta, los pagos de Delsk a Muscat fueron señalados como “sospechosos” por el proveedor de pagos maltés. Como se sabe, las empresas de servicios de pago, al igual que los bancos y otros agentes financieros, tienen la obligación de informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa de blanqueo de dinero. Y en el caso de Muscat, al ser una persona políticamente expuesta (PEP), el proveedor de pagos levantó una bandera roja: Muscat podía haber aprovechado sus relaciones con funcionarios del Gobierno para “influir” en los programas de ciudadanía y residencia de Malta. Además, destacó la naturaleza “vaga” del contrato que había firmado con Delsk. Muscat ha negado cualquier irregularidad, mientras que la empresa china asegura que recurrió al ex primer ministro “por su experiencia en Europa” y que su actividad en Delsk se centró en “elaborar análisis sobre la economía maltesa, el mercado inmobiliario y otras oportunidades de negocio”.

La investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia también revela que el agente local de Jing Wang en Malta gestionó casi la mitad de las solicitudes de visa cursadas por ciudadanos chinos en la isla entre 2016 y 2021. Además, destapó que al menos siete personas políticamente expuestas (PEP), un presunto delincuente y un individuo bajo sanciones internacionales figuraron entre quienes solicitaron una visa de oro maltesa en esos años. Un patrón que ya se desveló en 2023 en Grecia: 45 ciudadanos iraquíes intentaron conseguir una visa oro con documentos falsificados.

A modo de presentación en su página web, Delsk sitúa su nacimiento en 2008 en la ciudad alemana de Colonia. Pero su dueño es el empresario chino Jing Wang, sus oficinas centrales están en Pekín y presume de ser “una de las primeras empresas en introducir en China el negocio europeo de la inversión inmobiliaria”. Según la investigación de la Fundación Daphne Caruana, la propiedad real de Delsk se sitúa en las islas Caimán, adonde Jing Wang transfirió sus acciones en 2017. Tiene filiales en más de 30 países de todo el mundo. También cuenta con una en España.

Se llama Immocompletisimo Spain SLU y tiene su sede en Barcelona. Durante un tiempo funcionó bajo la marca Hooli Home, que aún mantiene activa Delsk en el resto del mundo. Pero en España el negocio no fue muy exitoso. Al menos a la luz de las cuentas que Immocompletisimo Spain ha remitido al Registro Mercantil y ha consultado infoLibre. Creada en 2016, es propiedad al 100% de la filial portuguesa del grupo, Imocompletissimo Consultoria de Imóveis SA, y como administrador único figura el propio Jing Wang.

Delsk se define como “una plataforma global de servicios de inversión” que se ofrece a sus compatriotas no sólo para gestionar inversiones inmobiliarias e inversiones en fondos, sino también para proporcionar todo tipo de asesoramiento profesional a los que quieren emigrar invirtiendo más allá de sus fronteras. Un mercado sin duda muy tentador: China es el país del que más millonarios emigrarán este año, 15.200, según el último informe sobre migración de patrimonios privados que elabora la consultora británica Henley & Partners. Serán un 10% más que en 2023. El segundo país que más millonarios perderá este año es Reino Unido, sólo 9.500. El informe no menciona la riqueza que unos y otros se llevarán consigo, pero en 2017, el periódico especializado Investment Immigration Insider cifraba en 10.000 millones de dólares el mercado de los inversores chinos que querían salir del país con sus patrimonios. Para hacerse una idea de la altura que alcanza la ola de emigrantes ricos chinos en todo el mundo, basta con recordar que más del 70% de las 81.125 visas a inversores concedidas por EEUU entre 2010 y 2019 las recibieron ciudadanos del gigante asiático, según cifras oficiales. En 2018, el 59% de los solicitantes de visas oro en Portugal eran chinos, el doble que en España. En Malta, el 88%. En Irlanda, se elevaban al 91%.

Según han informado a infoLibre fuentes del sector y exempleados de Hooli Home en Barcelona, la empresa china aterrizó en esa ciudad con una gran inversión y la vista puesta en abrir hasta seis oficinas. Finalmente puso en marcha tres. Al principio contaban con una flota compuesta de media docena de vehículos de alta gama y los chóferes y traductores necesarios. A los clientes chinos se les ofrecían tours por Barcelona, también visitaban Port Aventura u otros lugares de Cataluña. Incluso contrataron a un comercial ruso para atender a los clientes de esa nacionalidad.

Pero el negocio fue decayendo poco a poco y entró en barrena con el covid. Hasta que hubo periodos en los que no se vendía nada, aseguran las fuentes consultadas. “Se derivaban muchos clientes a Grecia, donde el importe mínimo para comprar una vivienda era menor, de 250.000 euros, también a Malta y a Portugal”, precisan. Malta, de hecho, era la delegación que “más funcionaba”.

En sus dos mejores años, 2017 y 2018, Immocompletisimo Spain llegó a facturar más de 1,1 millones de euros. Y a contar con una plantilla 24 personas. La empresa estaba dividida en dos secciones bien diferenciadas: los jefes chinos y los comerciales españoles. Estos buscaban las propiedades, aquellos cerraban las operaciones. Pero la comunicación entre ambas era inexistente, lamentan las fuentes: “Eran impermeables, no compartían información, no sabíamos cómo cerraban las operaciones”. “Opaca” es el adjetivo que utilizan para describir a la empresa.

Los clientes, añaden, venían del fondo de inversión de Hong Kong que forma parte del grupo Delsk. De hecho, las únicas operaciones con partes vinculadas que Immocompletisimo declara al Registro Mercantil son las que realiza con Hong Kong Delsk Business Co, propiedad al 100% de Jing Wang. Al principio la empresa se llamaba Jing Wang Properties (JWP), el nombre de otras sociedades constituidas por el empresario chino en otros países, como Malta o Irlanda. En esta última isla, se presenta como “distribuidora de un fondo autorizado por el Banco Central llamado JWP, que invierte el dinero del programa [de visas oro] en residencias de ancianos”. Las residencias son una de las opciones de inversión del programa irlandés de visas.

Según fuentes del sector, cuando se trata de clientes chinos, lo usual es trabajar con agentes freelance, de esa misma nacionalidad. “El mercado viene a través de esas agencias”, apuntan. Que les venden a los millonarios asiáticos “paquetes cerrados, que incluyen el inmueble y los trámites legales de la visa”. De esa burocracia se encargaban en Hooli Home despachos de abogados externos. Pero a veces la forma de actuar de estos intermediarios ha despertado suspicacias. “Dejamos de trabajar con ellos porque cobraban comisiones muy elevadas por inmuebles que no valían el precio que ofrecían a sus clientes”, indica un abogado de Barcelona a infoLibre. Lo inflaban hasta el mínimo legal de los 500.000 euros o les ofrecían oficinas o locales comerciales con una rentabilidad exagerada, detalla.

Otras fuentes inmobiliarias advierten de que, como a los chinos no les gusta pagar intermediarios, “la comisión iba incluida en el precio de la vivienda”.

La Fundación Daphne Caruana Galizia también refiere casos de precios inflados en Grecia y de clientes chinos que fueron estafados y, cuando llegaron al país, la propiedad prometida sencillamente no existía.

La emigración de millonarios chinos plantea además no pocos problemas legales. El Gobierno chino prohíbe a sus nacionales sacar más de 50.000 dólares al año por persona. Por lo que quienes invierten cantidades millonarias en el extranjero deben saltarse al mismo tiempo sus propias restricciones nacionales y las cada vez más estrictas regulaciones de la banca internacional. “Sacan el dinero a través de Hong Kong”, confirman varias abogados. O bien utilizan “hasta 10 familiares” y cada uno de ellos saca 50.000 euros... “Los bancos españoles no aceptan esa forma de trabajar”, zanjan enseguida.

Transparencia Internacional publicó en 2023 un informe sobre las visas oro españolas en el que criticaba “la falta de controles sobre diversos intermediarios, agentes y facilitadores”. Y pedía “regular adecuadamente las empresas y agentes facilitadores e intermediarios que ofrecen servicios de gestión de los visados”, por los “elevados riesgos de corrupción, blanqueo de capitales y delitos financieros” que plantean. “Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios operan incluso fuera de la jurisdicción española y los riesgos aumentan exponencialmente cuando estos intermediarios tienen políticas opacas y complejas estructuras de propiedad”, advertía.

No son los únicos. La OCDE y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) también alertaban el año pasado del mal uso que se hace en muchos países de los programas que regalan la residencia a cambio de inversiones. En concreto, ponían el foco en el “uso frecuente de intermediarios” y “el abuso por parte de facilitadores profesionales”, que “aumentan el riesgo de delitos financieros y corrupción, incluido el soborno en el extranjero”. Citan a los agentes inmobiliarios, los gestores de patrimonios, los abogados que tramitan las visas y las consultoras como posibles facilitadores del abuso de estos programas.

A fecha de diciembre de 2022, las últimas cuentas que ha presentado en el Registro Mercantil, Immocompletisimo Spain acumulaba pérdidas por importe de 1,47 millones de euros. No ha tenido beneficios en seis años y registra un patrimonio neto negativo de 1,64 millones. Es decir, está en causa de disolución, puesto que su capital social es el mínimo requerido para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La ley española establece que, si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a la mitad del capital social, una sociedad debe disolverse.

Immocompletisimo Spain ha quedado reducida ahora a una oficina en un bajo de Barcelona, donde ni siquiera figura en los buzones, según ha podido comprobar este periódico. En sus cuentas de 2022 consta que sólo tiene tres empleados fijos, una cifra de negocio de 53.696 euros y unas pérdidas de 202.156 euros. En la página web china de Hooli Home se pueden encontrar las ofertas de la empresa en Barcelona. Se limitan a alquileres en residencias de estudiantes universitarios, con precios entre 875 y 1.575 euros al mes. Lo mismo en Madrid. Hasta 2.000 euros al mes con todos los servicios incluidos.

Los números de su empresa matriz, la portuguesa Imócompletissimo Consultoria de Imóveis SA, tampoco son mucho mejores. Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, acumula 6,2 millones de euros de números rojos en sus 11 años de actividad. No tiene ni un solo empleado, pero en 2023 facturó 270.000 euros, no mucho pero por encima de los raquíticos 15.425 euros ingresados en 2019. Cerró el año pasado con unas pérdidas de 14.202 euros, lejos de los 2,35 millones que se dejó en 2019. A diferencia de su filial española, Hooli Home sí mantiene activa su página web portuguesa y tiene oficinas en el Parque de las Naciones de Lisboa.

En Portugal, según datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entre 2012 y 2022, 29.666 personas consiguieron una visa oro, como inversores o familiares de inversores. Más de la mitad procedían de los 30 países con mayor riesgo de lavado de dinero. Hasta 2023, el programa generó casi 7.000 millones de euros en inversiones y 10,7 millones en adquisiciones de propiedades, pero creó sólo 22 puestos de trabajo.

En teoría, pues, un buen negocio: los compradores con visa oro aportaron cerca de una cuarta parte de la inversión extranjera en el sector inmobiliario portugués, por sólo un 1,5% en España, según los datos de la Fundación Daphne Caruana Galizia.

Hay razones que explicaban el atractivo de las visas oro portuguesas hasta su eliminación el año pasado. Por ejemplo, tras cinco años de residencia, durante los cuales los solicitantes sólo deben pasar 63 días en el país, pueden pedir un pasaporte portugués. Porque a los titulares de la visas oro lusas les basta permanecer siete días en el país durante el primer año y 14 los siguientes para ser considerados residentes.

Además, el programa fiscal de Residente No Habitual (RNH) ofrece tipos impositivos favorables sobre la renta extranjera durante 10 años. Y no existe impuesto sobre el patrimonio ni de sucesiones.

infoLibre ha intentado ponerse en contacto con Immocompletisimo Spain, su matriz portuguesa y el propio grupo Delsk, pero no ha obtenido respuesta.

Tras semanas de espera y anuncios que no se concretaban, España, Irlanda y Noruega se suman a los 143 países que reconocen a Palestina como Estado. Las máximas autoridades de los tres países europeos, en el caso español ha sido el propio Pedro Sánchez en el Congreso, han anunciado este miércoles de manera simultanea que ratificarán su decisión el 28 de mayo.

"Hoy, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocemos el Estado de Palestina", ha dicho el primer ministro de Irlanda, Simon Harris. "Cada uno de nosotros dará ahora los pasos nacionales necesarios para materializar esta decisión", ha añadido durante una rueda de prensa desde Dublín. Harris ha subrayado que "es un día histórico e importante para Irlanda y para Palestina". "Creemos en la libertad y la justicia como principios fundamentales del Derecho Internacional y creemos que una paz permanente sólo puede lograrse a partir de la voluntad de la población", ha afirmado.

"En la previa al anuncio de hoy he hablado con otros líderes y homólogos y confío que más países se sumen a nosotros a la hora de dar este importante paso en las próximas semanas", ha señalado el primer ministro irlandés, quien ha trazado un paralelismo con el llamamiento realizado el 21 de enero de 1919 por Irlanda para su reconocimiento como Estado independiente.

Su homólogo noruego, Jonas Gahr Store, también ha anunciado el reconocimiento del Estado palestino, aunque en principio no formaba parte del acuerdo al estar fuera de la UE. "Hoy, Noruega da el paso", ha manifestado durante una rueda de prensa retransmitida por las autoridades noruegas a través de su página web. "Ha sido nuestra posición desde hace mucho tiempo", ha agregado, antes de abundar en que "la única solución viable al conflicto en Oriente Próximo es una solución real de dos Estados y el reconocimiento de Palestina es un apoyo a las fuerzas moderadas". Así, ha recalcado que "en medio de una guerra, con decenas de miles de muertos y heridos, debemos mantener viva la única alternativa que ofrece una solución política a israelíes y palestinos: dos Estados, viviendo juntos, en paz y seguridad".

"El pueblo palestino tiene un derecho fundamental e independiente a la autodeterminación. Tanto israelíes como palestinos tienen derecho a vivir en paz en sus respectivos Estados", ha sostenido, antes de subrayar que esta demarcación debe quedar fijada en las fronteras de 1967, "con Jerusalén como capital de ambos Estados", y "sin prejuicio a un acuerdo final sobre fronteras, incluidos intercambios de tierras". Store ha lamentado además que las "fuerzas moderadas han estado perdiendo terreno a causa de este prolongado y brutal conflicto" y ha defendido que la decisión de Oslo "podría hacer posible retomar el proceso de cara a lograr una solución de dos Estados y darle un renovado impulso".

A pesar de que los jefes de Gobierno de España, Irlanda, Eslovenia y Malta pactaron en marzo reconocer el Estado palestino cuando se diesen las "circunstancias adecuadas", los gobiernos de Eslovenia y Malta todavía no han decidido ratificar su decisión.

El Gobierno esloveno inició el 9 de mayo los trámites para avanzar en este reconocimiento, en un Consejo de Ministros del que salió el compromiso de tomar una decisión en firme antes del 13 de junio. Fuentes diplomáticas de Eslovenia explican a Europa Press que se trata sólo de un límite y que, por tanto, el aval definitivo puede llegar antes. En cualquier caso, el hipotético 'sí' del Gobierno, que se comprometía a examinar en estas semanas cuestiones como las negociaciones para un alto el fuego, la liberación de rehenes o reformas encaminadas a reforzar el papel de la Autoridad Palestina, se trasladaría a continuación al Parlamento esloveno para su examen primero en comisión y luego en pleno.

Por su parte, en Malta insisten en que mantienen "su voluntad de reconocer a Palestina", aunque fuentes del Gobierno maltés consultadas por Europa Press han matizado que esta iniciativa se consumará "cuando el reconocimiento pueda lograr una contribución positiva (al conflicto) y las circunstancias son las correctas". Con este fin, el Ejecutivo de Malta "está examinando los acontecimientos en Oriente Próximo para determinar el momento óptimo para este importante avance". Respecto a posibles plazos, estas fuentes han planteado que quieren dar el paso "cuanto antes", pero sin poner fecha.

A esta ecuación de movimientos se suma también Bélgica, que si bien reclamó junto a Irlanda y España a la Comisión Europa que examinara el actual marco de relaciones con Israel ha esquivado cualquier llamamiento al potencial reconocimiento de Palestina como Estado, con las elecciones generales a dos semanas vista. Fuentes oficiales belgas han dejado claro que su Gobierno, de coalición, no se sumará a los anuncios de Sánchez, Harris y Store, si bien el primer ministro, Alexander de Croo, reúne este mismo miércoles a todos sus vicepresidentes para abordar la situación en Oriente Próximo.

España, Irlanda y otros países de la Unión Europea estarían barajando reconocer al Estado de Palestina el próximo 21 de mayo, tres días antes del inicio de la campaña electoral europea. Ha sido la televisión pública irlandesa, RTÉ News, la que ha apuntado este miércoles por la noche esta fecha. Actualmente, ocho estados miembros de la UE reconocen al Estado de Palestina, siendo el más reciente Suecia en 2014.

Según la citada fuente y recoge Europa Press, los contactos entre España e Irlanda así como entre Eslovenia y Malta se han intensificado con vistas a que los territorios reconozcan conjuntamente el Estado palestino barajando el 21 de mayo como opción, que justamente coincide con el Consejo de Ministros en España.

No obstante, este mismo miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, no ha querido "anticipar" si España reconocerá al Estado palestino el próximo 21 de mayo, aunque ha dejado claro que la decisión de hacerlo está ya "tomada". En declaraciones a los medios antes de participar en un acto con motivo del Día de Europa junto al Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha incidido en que la decisión se conocerá cuando la adopte el Consejo de Ministros.

Albares ha dejado claro nuevamente que España es un país soberano para dar este paso y no tiene que hacer "seguidismo" en esta cuestión. Con todo, ha reiterado que el Gobierno sigue trabajando con otros países europeos para proceder al reconocimiento de Palestina de forma concertada cuando sea el momento adecuado. Asimismo, ha defendido que reconocer el Estado palestino es una cuestión de "justicia" y también de "humanidad".

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica el pasado lunes con el primer ministro irlandés, Simon Harris, en la que resaltaron la importancia de reconocer formalmente al Estado Palestino y se mostraron de acuerdo en dar "en breve" el paso, aunque sin entrar en posibles fechas.

Asimismo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reafirmó el martes tras el Consejo de Ministros la voluntad del Gobierno de reconocer a Palestina como Estado en el primer semestre del año conforme al "calendario" que ha fijado el presidente, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, haya reclamado en los últimos días dar el paso de forma inmediata.

En este sentido, reivindicó el papel de "líder" de Sánchez a nivel europeo e internacional sobre su postura a favor del reconocimiento del Estado palestino y sus contactos permanentes para "conseguir ese objetivo" que le llevó a firmar una declaración conjunta con Irlanda, Malta y Eslovenia en la pasada cumbre europea de marzo.

Toda Europa está gobernada por la derecha… ¿Toda? No, unas aldeas pobladas por irreductibles gobiernos de izquierda resisten, todavía y como siempre, al Partido Popular Europeo. Así podría comenzar, si estuviéramos en el mundo de Asterix y Obelix, un cómic sobre cómo afrontan los partidos socialdemócratas europeos las elecciones del próximo 9 de junio, a las que llegan gobernando tan solo en cuatro países de toda la Unión Europea (España, Alemania, Dinamarca y Malta), con un candidato de 70 años, Nicolas Schmit, que, a priori, no tiene nada que hacer contra la actual presidenta de la Comisión, la conservadora Ursula Von der Leyen, y con unas perspectivas electorales poco halagüeñas. Tanto es así que el portal Europe Elects les da en su proyección una pérdida de en torno a 14 escaños con respecto a los comicios de 2019.

El último varapalo para los socialdemócratas llegaba el pasado domingo, cuando uno de sus bastiones durante la última década, Portugal, caía en manos de la derecha. La pérdida era más dolorosa si atendíamos a los antecedentes: el Partido Socialista (PS) gobernaba con mayoría absoluta tras las elecciones de 2022 con uno de los líderes de izquierdas más carismáticos de todo el viejo continente, Antonio Costa. Sin embargo, todo comenzó a torcerse a finales del año pasado, cuando un caso de corrupción salpicó al gobierno y, de forma indirecta, al presidente Costa, que dimitió de todos sus cargos. 

Su relevo correspondió a Pedro Nuno Santos, uno de los políticos más a la izquierda del PS, que tenía la difícil tarea de sustituir a quien fuera uno de los líderes más importantes de la Portugal moderna. Por si esto por sí solo fuera poco, Santos se aupaba al liderato cuando todas las encuestas preveían una caída tremenda de apoyo al partido. Finalmente, los peores augurios se cumplieron y el domingo el PS perdió casi un tercio de sus escaños (de 120 a 77)

Aunque a día de hoy parece que puede acabar el ajustado recuento como el partido más votado, todo indica que le será imposible gobernar. De eso se encargará casi con toda seguridad Luis Montenegro, candidato de la Alianza Democrática, aunque con una geometría parlamentaria de mucha incertidumbre propiciada por la gran subida del partido de ultraderecha Chega, cercano a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia y al extremista Alternativa para Alemania (AfD).

La pregunta tras este nuevo varapalo para los socialistas portugueses y, por consiguiente, para los socialdemócratas europeos parece evidente: ¿Se puede hablar de una crisis en la socialdemocracia? Pedro Riera, profesor de ciencias políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y experto en comportamiento electoral, no lo tiene nada claro: "En el caso de Portugal, me parece apresurado decir que es una pérdida estructural, es decir, creo que tendremos que esperar a unas nuevas elecciones, incluso a dos o tres para ver si lo es o no. Obviamente, no hay que restarle importancia a dejarte entre un cuarto y un tercio de los votos, pero si vemos la evolución de los votos del Partido Socialista desde la transición, no son su peor resultado, aunque sí son los peores resultados del centroderecha”, explica Riera.

En opinión del profesor, es cierto que puede existir una crisis en la socialdemocracia, pero también en el centroderecha, propiciada, sobre todo, por el ascenso de los partidos populistas y de derecha radical que han hecho que las fuerzas más moderadas y tradicionales pierdan terreno. En el caso de los partidos de izquierda, ese retroceso les ha hecho quedarse en esos cuatro gobiernos, uno de sus índices más bajos de poder de cara a unas europeas en la historia.

Pero ¿cuál es la pócima mágica que ha hecho resistir a los partidos de izquierdas en esos cuatro países?

La respuesta es complicada, pues los casos son muy diferentes y tienen realmente poco en común. Ni siquiera se ponen de acuerdo en sus perspectivas electorales: mientras que en España y Alemania los partidos socialdemócratas están retrocediendo en las encuestas, tanto Dinamarca como en Malta se mantienen en primera posición según la media de encuestas de Politico. En el caso de nuestro país, Pedro Sánchez continúa por detrás del PP en la mayoría los sondeos y, aunque tampoco logró ser primera fuerza en las elecciones generales del 23 de julio, pudo mantenerse gracias a los pactos con Sumar y con los nacionalistas.

La posición del SPD alemán es incluso más precaria, el Ejecutivo presidido por Olaf Scholz está sufriendo el desgaste por la desaceleración económica aparejada a la guerra de Ucrania y en el último año ha caído hasta la tercera posición en las encuestas, perdiendo 10 puntos con respecto a los pasados comicios. Por delante se ubican los conservadores del CDU y la ultraderecha de Alternativa para Alemania.

Las elecciones alemanas serán el año que viene y es posible que sus resultados lleven a los socialdemócratas a perder un gobierno más. De hecho, Sánchez es ahora mismo el líder socialista que tiene, en teoría, más tiempo por delante hasta unas nuevas elecciones. Su caso es excepcional entre los socialdemócratas europeos, ya que es el único que gobierna en coalición con partidos a su izquierda. Ni en Alemania, donde el SPD lo hace acompañado de verdes y liberales, ni en Malta, ni en Dinamarca, donde los socialistas presiden apoyados en el centro derecha, un partido socialdemócrata gobierna de esa manera. Para Riera, esto es algo que no suele pasar en Europa y, cuando pasa, suele ser más común entre la derecha, principalmente porque la extrema derecha tiene ahora mismo más potencia electoral. La situación española se explica, para el profesor, principalmente por la falta de tradición en cuanto a coaliciones en nuestro país y por la ausencia, por tanto, de grandes coaliciones entre los dos principales partidos.

En el lado opuesto de la balanza está Dinamarca, donde Mette Frederiksen gobierna con el Partido Liberal y el Partido Moderado, ambos de centroderecha. Su partido ganó las elecciones de noviembre 2022, pero por la fragmentación partidista del sistema danés, Frederiksen tuvo que llevar a cabo unas negociaciones eternas para conformar gobierno. Los acuerdos hicieron que la primera ministra danesa diera un volantazo a la política que llevó a cabo durante su anterior legislatura y cambiara a sus socios de izquierdas por una coalición con el centroderecha, algo prácticamente inédito en la política danesa.

El último país de la Unión Europea en donde resiste la socialdemocracia es Malta, que además es el único en el que la izquierda gobierna con mayoría absoluta. Este hecho no es algo extraño, pues Malta es uno de los estados de la UE con un sistema bipartidista más perfecto. En las elecciones generales de 2022, el Partido Laborista de Robert Abela ganó los comicios al Partido Nacionalista, al que pertenece, precisamente, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por 38 a 29 diputados. 

En la otra cara de la moneda están Suecia y Finlandia, otros dos bastiones de la izquierda, que han caído, al igual que Portugal, durante la última legislatura europea. Los países escandinavos han sido tradicionalmente un lugar de dominio para la socialdemocracia, pero en las últimas elecciones, los votantes les han relegado a la oposición. Especialmente duro para esta familia política ha sido el caso de Suecia, donde la derecha moderada del primer ministro Ulf Kristersson gobierna apoyada en el partido de derecha radical Demócratas de Suecia, algo que ha supuesto fuertes críticas al PPE.

Con todo ello, la socialdemocracia, que fue el grupo hegemónico en la UE durante los primeros años, parece que seguirá perdiendo fuerza en el Parlamento y no parece que ni ellos ni el Partido Popular Europea puedan llegar al dominio que tenían antaño. “Creo que la hegemonía es una cosa del pasado porque lo que te supone es ganar claramente unas elecciones en diferentes partes a la vez y hacerlo de manera sostenida en el tiempo, lo cual es altamente improbable. Este concepto de hegemonía político-electoral de una corriente es muy complicado, porque el votante se ha vuelto muy heterogéneo y ofrecer un paquete de medidas que contente a muchos votantes a la vez y en diferentes sitios, es muy complicado”, concluye Riera. 

Rui Pinto llevaba más de cinco años esperando este momento. El informante portugués, en el origen de las revelaciones de Football Leaks, visitó el martes y el miércoles en Nanterre (Francia) los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos financieros y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, donde fue entrevistado en calidad de testigo. Se trata de la brigada de la policía francesa encargada de los mayores casos de corrupción y de delitos financieros.

Rui Pinto también acudió al departamento de informática de la Policía Judicial. Se sentó frente a seis ordenadores, donde los investigadores habían almacenado copias de discos duros encriptados incautados durante un registro en su domicilio de Budapest en 2019, a petición de la Justicia portuguesa. Después introdujo las contraseñas que daban acceso a su tesoro: más de 20 terabytes de datos, que contienen decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol. Y mucho más.

El joven, que ahora tiene 35 años, ya había facilitado parte de estos documentos desde 2016 a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germanin, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA).

Esas informaciones permitieron a varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrir investigaciones penales. Pero Rui Pinto tenía prohibido hasta ahora cooperar con ellos por falta de voluntad de la Justicia portuguesa, que le condenó el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel con suspensión de pena por piratería informática e intento de extorsión.

Aunque había empezado a cooperar con los fiscales franceses en 2018, Rui Pinto sólo pudo desencriptar sus discos duros hasta cinco años después, porque se lo impedía “un requerimiento de la Justicia portuguesa”, explicó este jueves durante una rueda de prensa junto a su abogado, William Bourdon.

“Es la primera vez que las autoridades judiciales de Francia y de otros países europeos distintos de Portugal tienen acceso pleno y sin restricciones a todos los datos. El trabajo de investigación comienza ahora”, declaró Rui Pinto.

Su visita a París fue organizada por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) en colaboración con Eurojust, el organismo europeo de cooperación judicial. Un comisario de policía belga, así como un fiscal y un agente de policía alemanes también estuvieron presentes para entrevistar a Rui Pinto y recuperar una copia de los datos. No había ninguno español. Otros países europeos podrán acceder a ella si lo desean a través de Eurojust. De hecho, los Países Bajos han manifestado su interés.

“La entrevista con Rui Pinto se llevó a cabo en presencia de investigadores extranjeros, en el marco de la asistencia judicial europea, bajo los auspicios de Eurojust”, confirmó la PNF a Mediapart. “Rui Pinto permitió el acceso a los voluminosos datos de Football Leaks, que los investigadores podrán ahora empezar a analizar, aunque por el momento no es posible determinar si guardan relación con investigaciones ya en curso. La asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados. [...] La cooperación de Rui Pinto fue esencial para permitir el acceso a estos datos, cuyo contenido parece prometedor”, añadió la Fiscalía Financiera francesa.

Los documentos sobre el mundo del fútbol, a los que ha tenido acceso Mediapart, podrían alimentar varias investigaciones francesas en curso.

La primera, abierta por la Fiscalía en diciembre de 2016 a raíz de una información de Footbal Leaks, se refiere en particular a la evasión fiscal del exjugador del PSG Javier Pastore. La segunda, sobre discriminación racial en el PSG, fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) presentó una segunda denuncia para intentar relanzar el caso.

Además, está la muy reciente investigación en torno al Paris Saint-Germain, dirigida por jueces de instrucción parisinos, sobre el posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Tras los primeros descubrimientos de los investigadores, Mediapart profundizó en Football Leaks y encontró documentos inéditos sobre esta operación, que demuestran que Gérald Darmanin y su jefe de gabinete actuaban entonces como asesores fiscales del Paris Saint-Germain. Gracias a la desencriptación de los datos llevada a cabo esta semana por Rui Pinto, los magistrados y policías encargados de la investigación tienen ahora acceso a estos documentos.

“Sé que hay muchas cosas en mis datos que aún no han sido exploradas, y el reciente caso de este ministro francés que facilitó los asuntos fiscales del PSG es un muy buen ejemplo de ello. Me siento muy satisfecho porque demuestra que los datos son poderosos”, destaca Rui Pinto. Para preservar el secreto de las investigaciones judiciales, el portugués no quiso precisar sobre qué temas le interrogó la policía: “Sobre todo me hicieron preguntas sobre clubes franceses y agentes de jugadores activos en Francia”. ¿Y sobre el PSG? “La respuesta a esta pregunta es evidente”, sonríe.

El examen del enorme volumen de documentos también podría llevar a varios países a abrir nuevas investigaciones judiciales. “Mis datos no sólo se refieren al fútbol, sino a muchos otros temas que no han sido publicados” por los medios de comunicación, asegura Rui Pinto. Por ejemplo, hay información sobre evasión fiscal en Malta (publicada por EIC como parte de los Malta Files), pero también datos que han permanecido secretos sobre las Islas Caimán y otros.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

La historia de la colaboración de Rui Pinto con la Justicia es digna de un thriller. A finales de 2018, justo después de la publicación de la segunda temporada de Football Leaks, el portugués, aún anónimo, inició la cooperación con la Fiscalía francesa, a la que entregó una muestra de 12 millones de archivos. Pero el proceso se interrumpió unas semanas después: en enero de 2019, Rui Pinto fue detenido en Budapest a petición de la Justicia portuguesa, que lo perseguía por piratería informática e intento de extorsión. La policía húngara se incautó en su domicilio de varios discos duros encriptados.

Es el inicio de un conflicto entre Francia, que quiere explotar la información, y Portugal, cuya prioridad es procesar a Rui Pinto. En febrero de 2019, la Fiscalía francesa compartió esa muestra de datos con Eurojust, que organizó una reunión con fiscales de nueve países. Un mes más tarde, justo antes de que Rui Pinto –y sus datos– fueran extraditados a Portugal, los fiscales franceses volaron a Budapest y obtuvieron de las autoridades húngaras una copia del contenido de los discos duros. “Los franceses recuperaron los datos a espaldas de los portugueses”, ríe Rui Pinto.

Pero los datos encriptados son inutilizables y Portugal no coopera con Eurojust. Pinto pasa un año en prisión preventiva. Pese al alcance de sus revelaciones, es el único protagonista de Football Leaks que ha pisado la cárcel. En diciembre de 2019, denunció en una entrevista con EIC que estaba siendo víctima de un procedimiento sesgado, ejecutado para servir a los intereses de los dirigentes del fútbol portugués, y en particular del poderoso Benfica de Lisboa, un “un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación”.

La situación cambió con la publicación, en enero de 2020, de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por el consorcio de medios ICIJ y basada en nuevos datos aportados por Rui Pinto a la ONG PPLAAF. Los artículos exponían las turbiedades financieras de Isabel Dos Santos, hija de un antiguo autócrata angoleño, y sobre cómo supuestamente blanqueó parte de su dinero en Portugal. “Las autoridades se sintieron muy avergonzadas por las revelaciones de Luanda Leaks, que crearon un terremoto en Portugal. Fue en ese momento cuando los fiscales portugueses empezaron a discutir sobre el acceso a los datos”, recuerda Rui Pinto.

En los primeros meses de 2020 se llegó a un acuerdo. El joven aceptó descifrar el contenido de sus discos duros y cooperar con la Fiscalía de Lisboa. A cambio, queda en libertad, se beneficia de la condición de testigo protegido y los fiscales se comprometen a sobreseer los procedimientos relacionados con cinco demandantes, entre ellos el Benfica. El acuerdo establece que estos procedimientos no se detendrán hasta 18 meses después, y sólo si se cumplen varias condiciones, entre ellas que Rui Pinto no vuelva a cometer ningún delito.

Una de las cláusulas de este acuerdo había permanecido hasta ahora en secreto. “Mientras no se cerraran los cinco procedimientos incluidos en el acuerdo, se me prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa”, desveló este jueves Rui Pinto. El portugués añade que los fiscales de Lisboa nunca le permitieron cooperar plenamente con los investigadores franceses. La Fiscalía gala solicitó los datos descifrados a Portugal ya en septiembre de 2020, pero nunca los obtuvo.

Los fiscales y policías franceses consiguieron finalmente la autorización para reunirse en Lisboa con el informante en Lisboa en 2023. “Pero tuvieron que enfrentarse a la resistencia de un fiscal portugués, el mismo que dirige la acusación contra mí”, denuncia Rui Pinto. “Los investigadores franceses llegaron con palabras clave e hice todo lo que pude para ayudarles a buscar los datos”, detalla. “Pero el fiscal empezó por oponerse a la transmisión de los datos, amenazando con que el asunto lo decidiera un juez. Era absurdo”, protesta, “al final intervino otro fiscal, el que había concluido el acuerdo conmigo, pero los franceses sólo pudieron llevarse una cantidad muy pequeña de datos”.

Rui Pinto tuvo las manos atadas más tiempo del previsto, porque el Benfica impugnó ante los tribunales el acuerdo entre el informante y la Fiscalía. El club portugués perdió definitivamente en noviembre de 2023. Fue en ese momento cuando se archivaron las diligencias incluidas en el acuerdo, cuando Rui Pinto fue liberado de sus compromisos y cuando por fin pudo ir a París a desencriptar los datos obtenidos por la Fiscalía francesa en Hungría.

Su comparecencia ante los investigadores franceses, belgas y alemanes este jueves le ha dado esperanzas. “Fue exactamente lo contrario de lo que vi en Portugal. Me sentí respetado y tuve la sensación de que la policía y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información. En Portugal, que yo sepa, nunca se han utilizado mis datos en el marco de investigaciones judiciales, y los investigadores nunca me han entrevistado para que les ayudara en este asunto”.

Para entender la conducta de la Fiscalía de Lisboa, hay que recordar que la ley portuguesa no permite, a diferencia de la de otros países europeos como Francia, utilizar documentos obtenidos ilegalmente como pruebas legales. “Pero eso no cambia, porque a los poderosos no les interesa”, critica Rui Pinto.

A su juicio, los fiscales portugueses nunca tuvieron intención de investigar basándose en sus datos: “Lo único que querían era saber qué contenían y utilizarlos para incriminarme”.

En este asunto, puede decirse que la Justicia portuguesa se ha mostrado especialmente esquizofrénica. A pesar del acuerdo de cooperación concluido en 2020, el fiscal acusó a Rui Pinto de 90 delitos, principalmente de piratería informática –que admitió en parte– e intento de extorsión –que el portugués niega­.

Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto ha recurrido. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Pero sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones –clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros– en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados. “Es acoso judicial”, suspira Rui Pinto.

“Hay una voluntad de la Justicia y de la industria del fútbol portugués de perseguir a Rui Pinto a perpetuidad”, denuncia su abogado francés, William Bourdon. “Este fraccionamiento en varios procedimientos de hechos idénticos ocurridos durante el mismo periodo es absurdo y contrario a los principios fundamentales de un juicio justo”, critica, “estudiaremos la viabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto”.

“El caso de Rui Pinto, cuyas revelaciones son de una magnitud comparable a las de Edward Snowden, demuestra el altísimo precio que deben pagar los informantes cuando se enfrentan a poderosas redes de corrupción”, añade.

“Mi vida está totalmente bloqueada”, se queja Rui Pinto. Vive bajo el estatus de testigo protegido. Se aloja gratuitamente en un lugar secreto custodiado por agentes de policía, debido a las amenazas que ha sufrido. El Estado portugués también le paga una renta “inferior al salario mínimo portugués [820 euros al mes], que por supuesto no es suficiente para ganarse la vida”. Tampoco para pagar a sus abogados, cuya minuta ha sido cubierta hasta ahora por la fundación The Signals Network. Esta ONG, especializada en ayudar a los denunciantes de corrupción, lanzó recientemente un llamamiento para conseguir donaciones con las que financiar su defensa.

“No puedo tener un trabajo porque implicaría tener contactos con múltiples personas, lo que va en contra de las condiciones de seguridad del programa de protección de testigos. Intento leer, ejercitarme. Y esperar que toda esta locura, esta lucha contra estos fiscales portugueses, termine por fin y pueda empezar a vivir una vida normal”.

Más de 700 migrantes han llegado a las costas italianas de Lampedusa en menos de 24 horas aprovechando la mejoría del estado del mar, mientras que la ONG Alarm Phone ha alertado de que una embarcación con 400 personas a bordo corre peligro de naufragio en el mar Jónico del Mediterráneo central, entre Italia, Malta y Grecia, recoge Europa Press.

Los migrantes que han llegado a Lampedusa son en su mayoría subsaharianos que han iniciado una huida a la desesperada de Túnez, después de que su presidente, Kais Saied, alentara a su expulsión forzada del país y animara a la población a ejercer violencia contra estas comunidades.

El mandatario intentó matizar posteriormente estas declaraciones pero las agresiones a los subsaharianos siguen siendo motivo de denuncia por las organizaciones humanitarias tunecinas.

Según La Repubblica, los recién llegados se suman a otros 700 migrantes llegados en días previos que ahora mismo están durmiendo al raso y soportando como pueden las todavía frías temperaturas nocturnas.

Por otro lado, la ONG Alarm Phone lleva toda la mañana de este domingo 9 de abril pidiendo ayuda en las redes sociales para socorrer a la embarcación a la deriva en el Jónico.

Alarm Phone entiende que la embarcación se encuentra ahora mismo en zona de rescate de Malta, sin combustible, y con una vía abierta que está obligando a sus ocupantes a desaguar la embarcación a golpe de cubo.

"Estas 400 personas no pueden ponerse a salvo por sí mismas, las autoridades deben enviar rescate urgentemente. Cualquier retraso podría ser fatal", alerta la ONG.

Los aviones que llegan al aeropuerto internacional de Lárnaca aterrizan al borde del mar. De un turquesa profundo. Puro Mediterráneo. Los turistas se desplazan a los hoteles y resorts por las calas de Chipre. Buscando a la vez descanso y 'beach clubs'. Pero el mar esconde un gran drama hacia adentro. Que muchos no quieren ver.

Los países de la Europa mediterránea se han convertido en entrada de miles de migrantes irregulares. Y no toda la UE mira de la misma manera esa realidad. Bruselas busca desde hace años un gran pacto migratorio y de asilo, pero nunca llega. El plazo que se ha dado la Unión es lograrlo antes de las elecciones europeas de mayo del año que viene.

Pero ahora mismo parece "muy difícil" porque hay muchas "piezas que encajar", según fuentes diplomáticas. España asume a partir de julio la Presidencia española rotatoria de la UE, con las migraciones como uno de los puntos clave. Pedro Sánchez es consciente y lleva ya tiempo escuchando a distintos mandatarios para ver hasta qué punto se puede encajar ese puzle. No quiere negociación de bloques, pero hay visiones comunes.

Sánchez inició este martes su tercera minigira para preparar la Presidencia española, con paradas en Nicosia (Chipre) y La Valeta (Malta). El miércoles toca una visita a Roma, donde se ve con Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi (y con una declaración sin preguntas, como ha organizado el país anfitrión, a pesar que La Moncloa estaba dispuesta a someterse a las cuestiones de los periodistas).

Estos países viven unas realidades migratorias similares. Y sus posiciones serán clave a la hora de negociar, ya que las naciones del centro y del norte están mucho más preocupadas por los movimientos secundarios y tiene un enfoque más "seguritario".

Sánchez, durante su encuentro con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, abordó esta cuestión, recalcando este mensaje: "España y Chipre están situados a ambos extremos del Mediterráneo y somos plenamente conscientes de la importancia de nuestros vecinos del sur. De la necesidad de que el nuestro sea un mar de paz, estabilidad y prosperidad".

El presidente chipriota acaba de llegar al poder (juró su cargo a finales de febrero) y Sánchez es el primer mandatario que lo visita en Nicosia. Según manifestó ante el español, la migración es una "asignatura pendiente" para la UE, dándole valor a que un país con la "fuerza" de España asuma ese intento de pacto. Con una coincidencia total: darle más prioridad a la relación con los países del sur. Los dos líderes incidieron en que la invasión de Ucrania no puede hacer olvidar a lo que está pasando en el otro lado del Mediterráneo.

Pero también Nicosia y Madrid tienen otros intereses comunes: la reforma en profundidad del mercado eléctrico en la Unión Europea. Sánchez le explicó a su homólogo la propuesta remitida ya por La Moncloa a Bruselas para cambiar las reglas del juego en un momento de elevada inflación, recordando la efectividad del tope ibérico.

El presidente español abogó por garantizar un aprovisionamiento energético seguro y a precios razonables. Es "prioritario", en su opinión, llevar cuanto antes esta reforma con factores como la descarbonización de las economías y el justo reparto de costes entre productores y consumidores. Los precios están marcando la realidad política europea, siendo uno de los principales motivos, por ejemplo, que acaban de llevar a los conservadores a ganar las elecciones en Finladia frente a la progresista Sanna Marin (aliada internacional de Sánchez).

En definitiva, resumió Sánchez: "Una reforma que nos permita contar con una energía más limpia y más barata". Para el presidente chipriota este también es uno de los grandes retos y espera que la Presidencia española sirva para un gran avance. Otro punto en el que Nicosia espera que sirva el papel de Madrid es la relación con América Latina, que cada día despierta más intereses en la Europa oriental.

Durante la conversación también salió un tema muy delicado geopolíticamente: la cuestión chipriota, una isla dividida entre la parte grecochipriota y la turcohipriota. De hecho, Christodoulides le pidió a Sánchez usar la buena relación con Turquía para intentar mediar e intentar buscar una solución.

El presidente español se comprometió en este sentido, respaldando una solución "dialogada y definitiva", esperando que se plasme en una federación bicomunal. "Rotundo apoyo", remarcó el dirigente socialista, apostando por la vía basada en el derecho internacional y en las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas". "España va a trabajar en esa dirección durante la Presidencia", apostilló,

España quiere revitalizar la conexión con Chipre en un momento en el que se cumplen cincuenta y cinco años del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Poco a poco van entrando empresas allí, como Alsa con varias líneas regionales. No había ido ningún presidente del Gobierno a Nicosia desde José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

El presidente español se trasladó luego, el martes por la tarde, hasta La Valeta, para reunirse con el primer ministro de Malta, Robert Abela, en el Albergue de Castilla. Los dos mandatarios siempre han mostrado gran conexión y pertenecen a la familia laborista europea.

El dirigente maltés y Sánchez también abordaron durante su reunión el tema de la migración, la reforma del mercado eléctrico y el problema de la inflación. Sobre el primer asunto, Abela incidió en la lucha contra las mafias y los flujos debidos a situaciones geopolíticas: "La inmigración irregular es una presión constante, la UE debe hacer más". "Malta puede tener un papel importante por su posición estratégica", señaló el primer ministro.

La cesta de la compra y el alto precio de la electricidad también es una obsesión de Malta. Con el hándicap de que se trata de un país insular, lo que hace que tenga impacto en la economía (con derivadas en el transporte, por ejemplo). "Miro hacia el futuro para trabajar juntos sobre legislaciones de la Comisión", comentó. Sánchez compartió con él que es "esencial" esa modificación del mercado, además de que sea "estructural".

Abela también pidió ayuda a Sánchez para solucionar problemas de abastecimiento de medicamentos en Malta, que históricamente venían del Reino Unido. Con otro asunto en el que irán de la mano: no a la política de austeridad. Los dos harán frente común en Bruselas para que la salida de la crisis no sea como en 2008, algo en lo que insiste siempre Sánchez pensando en la negociación de las reglas fiscales en la UE.

Reporteros sin Fronteras y más de una treintena de ONG han presentado este domingo 16 de octubre un comunicado conjunto en el que recuerdan la memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, especializada en casos de corrupción política, asesinada exactamente hace cinco años, y piden a las autoridades que aceleren los trámites para hacer justicia con los acusados de su muerte, recoge Europa Press.

Si bien los hermanos Alfred y George Degiorgio fueron sentenciados el viernes pasado a 40 años cada uno por su papel como "sicarios" en el asesinato de la periodista, las ONG lamentan que, a pesar de este "avance positivo", los procedimientos legales contra los presuntos proveedores de bombas y el presunto autor intelectual "siguen pendientes".

Galizia estaba trabajando en una grave filtración de datos relacionados con un proyecto para la construcción de una central eléctrica en el que estaba presuntamente involucrada una tapadera que recibiría fondos de compañías de Panamá, vinculadas al entonces ministro de Energía, Konrad Mizzi, y al que fuera jefe de Gabinete del Gobierno, Keith Schembri.

La Fiscalía ha acusado a los tres hombres de colocar la bomba bajo el asiento del conductor del coche de Galizia y de detonar la carga posteriormente desde una embarcación. No obstante, ha sido el millonario Yorgen Fenech el acusado de idear el asesinato.

Los cargos impuestos contra él se basan en el testimonio de un taxista, Melvin Theuma, que habría servido de intermediario entre Fenech y los hermanos Degiorgio. Theuma ha sido exonerado a cambio de sus declaraciones, mientras que Fenech ha negado todos los cargos imputados.

Las ONG también denuncian a las autoridades maltesas por una "falta de voluntad política" desde el asesinato de la periodista para reformar el sistema de protección a los trabajadores de la información en el país y expresa sus dudas "sobre si la clase política de Malta ha sacado alguna lección del asesinato".

Las grandes empresas del IBEX 35 suelen incorporar en sus informes anuales, desde hace años y forzadas por las obligaciones legales y reputacionales de transparencia, una declaración en la que niegan tener presencia en paraísos fiscales o incluso se comprometen a no crear filiales en esos territorios de baja o nula tributación y opacos para la Hacienda española. Muchas de las mayores compañías precisan que no hacen negocios en los países incluidos en las listas de paraísos fiscales del Gobierno español y de la Unión Europea. Ambas son cortas, distintas y su composición varía con los años, cuando Bruselas y Madrid introducen o suprimen uno u otro territorio en decisiones que tienden a ser polémicas. Ninguna de ellas, además, incluye a los estados miembros de la UE que se consideran seudoparaísos por su laxitud fiscal: Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre.

Pese a esas precauciones, las 35 mayores compañías de España mantenían en 2019 un total de 740 filiales en países de baja o nula fiscalidad, según el último informe de la ONG Intermón Oxfam, publicado en noviembre de 2020. Entre ellas se encuentran las cuatro grandes empresas eléctricas, en el centro de la polémica ciudadana y política por los precios de récord que están cobrando en los últimos meses en el recibo de la luz. Precisamente este miércoles marcará un nuevo máximo histórico al alcanzar los 190 euros el megavatio hora (MW/h). De acuerdo con la información que las propias compañías publican en sus informes anuales de 2020, Iberdrola, Naturgy, Endesa y Red Eléctrica poseen al menos 89 filiales en paraísos fiscales o en territorios con bajos impuestos. La mayoría corresponden a Iberdrola, que suma 58. Naturgy tiene 28. Red Eléctrica sólo dos y Endesa una.

En su Informe de Transparencia Fiscal, Iberdrola se prohíbe a sí misma constituir y comprar “sociedades residentes en paraísos fiscales o en territorios o países incluidos en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras”. Con una excepción: que la empresa se vea “obligada a ello por tratarse de una adquisición indirecta como parte de un grupo más amplio adquirido”. También asegura que entre sus “sociedades participadas controladas” no hay ninguna situada en paraísos fiscales de la lista española –que incluye a 32 países– ni en la lista negra de la UE –sólo 12 naciones–.

Pero si crea o adquiere una sociedad en un país de la lista gris de la UE –sólo nueve países– con el que España no tiene convenio para evitar la doble imposición, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán se obliga a sí misma a aprobar la operación en el consejo de administración. Es un procedimiento que Iberdrola denomina “seguimiento especial” y que también establecen Naturgy y Endesa.

Tales declaraciones y cautelas no son óbice para que Iberdrola posea un total de 47 filiales en Delaware (Estados Unidos), que no figura en ninguna de las listas anteriores, pero que exime de impuestos a las empresas allí registradas si no tienen actividad en el estado, ofrece grandes exenciones fiscales a las que sí la tienen y permite a los propietarios de las sociedades mantener su identidad en secreto. Así se ha convertido en el territorio de bajos impuestos favorito de las compañías del IBEX, adelantando incluso de los Países Bajos, por el número de filiales que han constituido en un pequeño estado del este con más empresas registradas que habitantes.

Iberdrola justifica su abultada presencia en Delaware por “su derecho mercantil y consolidada jurisprudencia” que, añade, proporciona “una gran seguridad jurídica en el ámbito mercantil”. Además, la eléctrica asegura que todas sus filiales en ese estado “tienen su domicilio fiscal y pagan los impuestos en los estados donde se encuentran los centros de actividad del grupo fiscal consolidado del que forman parte”. Niega, por tanto, que esas sociedades le reporten “ventaja fiscal alguna”. Por lo general, explica Intermón Oxfam, existe una sociedad en Delaware con el mismo nombre que otra situada en otro estado, de la que es filial (Atlantic Renewable, Avangrid Renweables, Vineyard Wind, PPM).

De Catar a Bermudas

La eléctrica tiene, además, sociedades en países de la UE con régimen fiscales preferenciales, baja tributación y opacidad: tres en Irlanda, de las cuales una es una financiera –Iberdrola Finance Ireland, DAC–, una en Países Bajos –Iberdrola International BV–, otra en Chipre –Rokas Aeoliki Cyprus, Ltd– y una más en LuxemburgoLuxemburgo –Iberdrola RE, SA–, una aseguradora. Finalmente, cuenta con Iberdrola QSTP LLC en Catar, otro país con fiscalidad laxa que estuvo en la lista negra de la UE hasta marzo de 2019.

En 2020 Iberdrola compró la australiana Infigen Energy, propiedad de dos sociedades radicadas en el paraíso caribeño de las islas Bermudas: Infigen Energy (Bermuda) Limited y BBWP Holdings (Bermuda) Limited, que la eléctrica dice haber liquidado ya. En su listado de filiales aparecen además otras tres sociedades con el mismo nombre, dos situadas en Luxemburgo y una más en Malta, todas ellas ya inactivas.

Finalmente, posee dos sociedades en Bulgaria, cuyo tipo del impuesto sobre beneficios es de sólo el 10%. Una de ellas es una inmobiliaria –Iberdrola Inmobiliaria Real State Investments–. También en Hungría, con el tipo de sociedades más bajo de la UE, un 9% –el de Irlanda es del 12,5%–, cuenta Iberdrola con una filial de renovables. Y en Costa Rica otra más de ingeniería.

A diferencia del resto de las eléctricas, Iberdrola publica los impuestos que paga “país por país”, una información que la UE aprobó antes del verano para las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros durante dos años y que aún no es obligatoria. Según sus propios datos, en 2020 la eléctrica de Sánchez Galán pagó 843 millones de euros en impuesto de sociedades por sus negocios en todo el mundo. De esa cantidad, 361 millones corresponden a España, pero no pagó ni un euro en Chipre, Costa Rica, Irlanda, Luxemburgo o Catar, por ejemplo. En Países Bajos, le devolvieron dos millones de euros. El año pasado se apuntó unos beneficios brutos de 5.053 millones de euros. “La constitución de sociedades del grupo Iberdrola obedece a criterios objetivos de negocio y no a estructuras de ingeniería fiscal”, concluye la eléctrica en su informe de transparencia fiscal.

Naturgy, seguros y sociedades de cartera

Naturgy suma 28 filiales en paraísos fiscales, aunque su información fiscal pública es mucho más reducida que la que proporciona Iberdrola. De hecho, sólo publica los beneficios que obtiene y los impuestos que paga en seis países –España, Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá–; el resto los agrupa bajo las rúbricas “resto de Latinoamérica” y “resto del mundo”. En su informe anual de 2020 niega tener filiales en los territorios de la lista negra española, como tampoco en 2019. Y cifra en 214 millones de euros el impuesto de sociedades abonado por sus beneficios globales, de los cuales 65 los ha pagado a la hacienda española.

Naturgy posee una aseguradora en Luxemburgo –Natural Re SA–, así como una firma de servicios financieros –Clover Financial and Treasury Services, DAC– y cinco comercializadoras en Irlanda. En Países Bajos cuenta con una sociedad de cartera –Unión Fenosa Gas Infraestructures BV– y una empresa de servicios financieros –Naturgy Finance BV–. En Panamá ha constituido dos sociedades de cartera –Distribuidora Eléctrica de Caribe SA y Generación Eléctrica del Caribe SA– y cinco filiales de distribución eléctrica, ingeniería y servicios. En Puerto Rico son cinco las firmas controladas por Naturgy, de las cuales tres son sociedades de cartera. En Costa Rica posee otras tantas, de generación eléctrica e ingeniería. Finalmente, en Singapur cuenta con una comercializadora de gas, Naturgy LNG Singapore Pte. Ltd. Pero, según sus propios informes, la compañía de Francisco Reynés está presente también en Omán y Taiwán. En 2019, además, hacía mención en su memoria del traslado de dos filiales –Buenergía Gas & Power Ltd y Ecoeléctrica LP– desde las Islas Caimán hasta Puerto Rico y de la liquidación de Gasoducto del Pacífico, también con sede en las mismas islas del Caribe.

Endesa y Red Eléctrica, sólo en Luxemburgo y Países Bajos

Endesa sólo informa de una sociedad en Países Bajos, International Endesa BV (IEBV), que liquidó en 2020. En su informe anual declara que sólo hace inversiones “en o a través de” paraísos fiscales “si existen importantes motivos económicos que lo justifiquen” distintos al de “minorar la carga tributaria”. “Endesa nunca ha utilizado entidades radicadas en paraísos fiscales con la finalidad de ocultar el verdadero titular de rentas, actividades, bienes o derechos”, sostiene. En cambio, “en el pasado” sí que ha tenido “alguna actividad no relevante” en otros países que, sin ser considerados paraísos fiscales por la Agencia Tributaria, “son considerados por determinados observadores externos” como territorios con una tributación más favorable que la española. No cita cuáles.

Endesa ganó 1.788 millones de euros brutos en 2020. Y pagó 229 millones en concepto de impuesto sobre sociedades.

Red Eléctrica Española (REE) dice en su memoria que no desarrolla actividad alguna en los paraísos fiscales de las listas española y europea, pero cuenta con una empresa de reaseguros en Luxemburgo,Luxemburgo Redcor Reaseguros, S.A (REDCOR), y una financiera en Países Bajos, Red Eléctrica de España Finance BV (RBV), constituida en 2003 para hacer emisiones de deuda, que trasladó a España el pasado mes de abril. Un portavoz de REE indica que instalarse en el Gran Ducado es una “práctica habitual” en el ámbito de los reaseguros por la “flexibilidad” que ofrece. La compañía asegura haber pagado 192 millones de euros en impuesto de sociedades en España en 2020, tras obtener unos beneficios de 726 millones.

Amancio Ortega prevé estrenar nuevo superyate. Y será el tercero que matricule en Malta. El año pasado, su sociedad maltesa Claritas Company firmó un contrato con el astillero holandés Feadship para la adquisición de una embarcación de recreo, que tendrá un coste de 180 millones de euros y deberá ser entregada al fundador y principal accionista de Inditex en 2024, según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre. Esta cifra casi dobla el precio de su actual barco, el Drizzle, que ascendió a 95 millones.

Amancio Ortega se convertirá así en dueño de uno de los yates más valiosos del mundo. En este momento hay una veintena de barcos que alcanzan los 180 millones de euros. Los cuatro más caros superan incluso los 500 millones. Forbes sitúa al empresario gallego como la undécima persona más rica del planeta en 2021, con una fortuna aproximada de 65.000 millones de euros.

Como desveló ayer infoLibre, Ortega decidió crear en 2008 en Malta una estructura societaria para abanderar la embarcación de lujo que adquirió aquel año. Un lustro después usó dicha estructura para adquirir un segundo yate. Y ahora ha cerrado su tercera compra. El país mediterráneo es, desde hace años, uno de los lugares preferidos por los multimillonarios para matricular sus barcos. De hecho, en noviembre de 2020, el Gobierno maltés presumió de que su “registro de superyates” era el “más grande” del mundo. Para ello es determinante su régimen fiscal, que resulta especialmente ventajoso para los barcos de recreo con más de 24 metros de eslora.

A preguntas de este periódico, un portavoz del magnate gallego explicó que la decisión de abanderar sus dos primeros barcos en Malta no obedeció a razones fiscales, sino al objetivo de “poder navegar por el Mediterráneo con la mayor discreción y privacidad posibles”. Este lunes, infoLibre contactó de nuevo con dicho portavoz para preguntarle si la “privacidad” seguía siendo una razón determinante a la hora de adquirir el nuevo yate de 180 millones también desde una sociedad maltesa. La respuesta fue la siguiente: “La protección de la privacidad fue la razón principal por la que en 2008 se decidió situar un barco de recreo fuera del territorio español, pero la elección en concreto de Malta estuvo también relacionada con las ventajas de carácter operativo que ofrece este país, y que facilitan mucho la gestión de los movimientos de un barco que navega tanto por aguas internacionales como por diferentes países del Mediterráneo. De hecho, Malta es el principal mercado de embarcaciones privadas dentro del territorio de la Unión Europea”.

Además, dicho portavoz destacó que “el régimen fiscal que ofrecía en 2008 Malta no era muy diferente del que se podía encontrar en otros muchos países de la UE. En este momento ese régimen fiscal ya no es aplicable a embarcaciones que navegan por la Unión Europea, por lo que no hay diferencia alguna desde el punto de vista tributario entre Malta y España en la adquisición de una nueva embarcación”.

Claritas Company informó sobre la adquisición del nuevo superyate en las cuentas correspondientes al ejercicio 2020, publicadas hace unos días en el Registro Mercantil de Malta. En dicho documento especifica que “la empresa suscribió una línea de crédito con el beneficiario del fideicomiso por valor de 180 millones de euros, para financiar la construcción de un yate a motor. Esta línea de crédito, no garantizada y sin intereses, se liquidará en un plazo máximo de seis años a partir de la fecha del contrato de crédito”. El beneficiario del fideicomiso es Amancio Ortega.

La sociedad también indica que, en 2021, la compañía ya pagó 29,5 millones de euros en concepto de “primer plazo” por la compra del buque. El astillero que recibió el encargo, Feadship, está especializado en yates de lujo de alta gama y ya construyó las otras dos embarcaciones que Ortega matriculó en Malta.

Cuentas de la sociedad maltesa Claritas Company, correspondientes al año 2020, donde informa sobre la adquisición del nuevo yate.

LAS DOS ÓPTICAS TRIBUTARIAS

La cuestión tributaria siempre se puede analizar desde dos ópticas: la del contribuyente y la de Hacienda.

Desde el punto de vista de Amancio Ortega, existe un triple ahorro al abanderar sus barcos en Malta y no en España, pese a ser este su país de residencia: en el impuesto de matriculación, en el IVA por el uso de la embarcación y en la cotización empresarial por la tripulación.

En el caso de su actual embarcación, Ortega desembolsó por los dos primeros tributos 5,2 millones en la isla mediterránea, frente a los 28,5 millones que habría pagado si tuviese bandera española. Un ahorro que consiguió en parte al beneficiarse del régimen fiscal especial para superyates vigente en Malta cuando la compra se realiza mediante leasing. A ello hay que sumar al menos 50.000 euros de ahorro al año por la cotización de los 18 tripulantes [puedes ver los detalles en esta información]. Antes ya tuvo otro barco en Malta, que le costó 50 millones de segunda mano, en cuyo caso el ahorro fiscal total para el empresario gallego se situó cerca de los ocho millones.

Es imposible, lógicamente, saber cuál será el sistema tributario de ambos países en 2024, cuando el dueño de Inditex matricule su nuevo barco. Pero suponiendo que sea el mismo que el actual, y que Ortega no se acoja esta vez a ningún régimen fiscal especial, una diferencia esencial será el impuesto de matriculación: en España es del 12% (21,6 millones para un yate de 180), mientras que en Malta se paga una cuota de registro casi simbólica (12,5 céntimos por tonelada al ser nuevo). También seguirían existiendo diferencias en el IVA por la utilización del barco (el 21% aquí y el 18% en la isla mediterránea) y por las cotizaciones sociales de los trabajadores, que son el triple más altas en España.

Desde la óptica de la Hacienda española, en los 13 años transcurridos desde que Amancio Ortega matriculó en Malta su primer yate, ha dejado de ingresar unos 40 millones de euros: 17,7 por el impuesto de matriculación –6 del primer Drizzle y 11,4 del segundo Drizzle–, más de 20 millones por el IVA y unos dos millones por las cotizaciones sociales de la tripulación. Una cuenta que crece año a año –en lo que se refiere al IVA y a las cotizaciones de la plantilla–, y que experimentará un salto importante en 2024, al no ingresar los 21,6 millones del impuesto de matriculación.

En Malta desde hace 13 años

La historia de las sociedades maltesas de Ortega se inicia en el primer semestre de 2008, cuando decidió adquirir una embarcación para navegar por el Mediterráneo. Al final compró un barco de segunda mano que se llamaba Twizzle, de 55 metros de eslora y que le costó 50 millones de euros. El dueño de Inditex rebautizó el barco como Drizzle –llovizna en inglés– y lo matriculó en Malta. Para esto último recurrió a una de las principales sociedades maltesas dedicadas a crear estructuras fiduciarias: Mamo TCV Advocates.

El 14 de abril de 2008 se constituía Crespusculum Holding Company Limited y un día después esta sociedad creó una filial, Drizzle Yachts XXI Limited. Como accionista de Crespusculum en el Registro Mercantil de Malta figura la firma TCV Management Trust Services Limited, parte del grupo Mamo TCV Advocates. Pero los malteses son meros testaferros, el dueño de Crepusculum siempre ha sido Amancio Ortega.

A principios de 2012, el empresario gallego vendió la embarcación a un empresario japonés, que la rebautizó como Issana. Pero antes había adquirido un buque nuevo, al que también llamó Drizzle, que tenía 67 metros de eslora y le costó 95 millones.

La compañía encargada de adquirir este segundo superyate de Ortega fue de nuevo Drizzle Yachts XXI, pero el empresario coruñés decidió constituir una nueva sociedad en Malta para transferirle la propiedad. Así nació Claritas Company en 2013, también creada como una filial de Crespusculum Holding. Claritas es la dueña del Drizzle desde julio de 2014. Y es la firma que ha encargado ahora el barco que le deben entregar en 2024.

En todo caso, la financiación de la estructura societaria maltesa corre íntegramente a cuenta de Amancio Ortega, que envía el dinero a Crespusculum y esta firma luego lo inyecta en Claritas. El empresario gallego afronta de esta manera no solo el pago por la adquisición de los superyates, sino también su mantenimiento. Claritas declaró unos gastos de funcionamiento de 9,34 millones en 2020 y de 9,48 millones en 2019.

Además del superyate en Malta, Amancio Ortega tiene desde hace décadas otra embarcación más pequeña abanderada en España para navegar por aguas de Galicia. La actual la adquirió en 2018, se llama Valoria B –una alusión a la localidad natal de su madre, Valoria la Buena (Valladolid)– y también fue construida por Feadship. Tiene 47 metros de eslora y su precio fue de 30 millones de euros.

Amancio Ortega ya era en 2008 el hombre más rico de España y estaba entre los 25 más adinerados del mundo. Su fortuna ascendía a unos 15.000 millones de euros. El pago de impuestos por un yate podría parecer una cuestión menor cuando se disfruta de un patrimonio tan inmenso. Y, sin embargo, el fundador y accionista mayoritario de Inditex decidió crear una estructura societaria en Malta para abanderar allí la embarcación de lujo que adquirió aquel año. Aquel país mediterráneo es, desde hace años, uno de los lugares preferidos por multimillonarios para abanderar sus barcos. De hecho, en noviembre de 2020, el Gobierno maltés presumió de que su “registro de superyates” era el “más grande” del mundo. Para ello es determinante su régimen fiscal, que resulta especialmente ventajoso para los barcos de recreo con más de 24 metros de eslora.

infoLibre ha tenido acceso a diversa documentación de dicha estructura societaria creada por Amancio Ortega en Malta, incluidos recibos de transferencias bancarias realizadas por el empresario gallego a la compañía maltesa Crepusculum Holding, encargada de aportar el dinero para la compra de los dos superyates que ha tenido sucesivamente matriculados en aquel país.

A preguntas de este periódico, un portavoz de Amancio Ortega aseguró que la decisión de abanderar los dos barcos en Malta no obedeció a motivaciones fiscales, sino al objetivo de “poder navegar por el Mediterráneo con la mayor discreción y privacidad posibles”. Además, destacó que las sociedades maltesas siempre han estado declaradas ante la Hacienda española: “Ni existe, ni ha existido nunca, nada irregular en esta operación”.

La embarcación que Amancio Ortega tiene ahora matriculada en Malta le costó 95 millones de euros. Si la hubiera abanderado en España, el dueño de Inditex habría tenido que pagar unos 24 millones más en concepto de IVA y de impuesto de matriculación. Otro ahorro fiscal, aunque de menor cuantía, es la cotización empresarial por los 18 tripulantes contratados, mucho más alta en España que en Malta.

El Twizzle, primer barco abanderado en Malta por Amancio Ortega en 2008 tras rebautizarlo como Drizzle, en una imagen de la web de Feadship, el astillero que lo construyó.

EL PRIMER DRIZZLEDRIZZLE

En el primer semestre de 2008, Ortega decidió adquirir una embarcación para navegar por el Mediterráneo. Al final se decidió por un barco de segunda mano que se llamaba Twizzle, tenía 55 metros de eslora y había sido construido en 2005 por el astillero holandés Feadship, especializado en la construcción de yates de lujo de alta gama. El precio abonado fue de 50 millones de euros.

El dueño de Inditex tomó dos decisiones: cambiarle el nombre y rebautizarlo como Drizzle –llovizna en inglés– y matricularlo en Malta, en vez de en España. Para esto último recurrió a una de las principales sociedades maltesas dedicadas a crear estructuras fiduciarias: Mamo TCV Advocates.

Así, el 14 de abril de 2008 se constituyó Crespusculum Holding Company Limited y un día después esta sociedad creó una filial, Drizzle Yachts XXI Limited. Como accionista de Crespusculum en el Registro Mercantil de Malta figura la firma TCV Management Trust Services Limited, parte del grupo Mamo TCV Advocates. Pero los malteses son meros testaferros, el dueño de Crepusculum desde su constitución es Amancio Ortega. En aquel momento no existía la obligación de declarar quién era el beneficiario último de una sociedad, así que era prácticamente imposible saber quién se escondía detrás del accionista fiduciario. Ahora, en su última directiva antiblanqueo, la Unión Europea ha establecido la obligación de que los Estados creen un Registro de Titularidades Reales que sea público. En Malta está operativo desde 2019 –en España aún no– y en el caso de Crespusculum, lógicamente, Amancio Ortega aparece como beneficiario último del 99% del capital de la sociedad.

Documento bancario de la transferencia de 14 millones de euros realizada por Amancio Ortega a la sociedad maltesa Crepusculum Holding, para una ampliación de capital, el 28 de abril de 2010.

Crepusculum abrió una cuenta en el Bank of Valleta, en la capital de Malta, a la que Amancio Ortega empezó a enviar los fondos necesarios para la adquisición y posterior mantenimiento de su superyate. La dinámica era siempre la misma: el empresario transfería el dinero desde una cuenta personal en el Banco Pastor en A Coruña a la entidad financiera maltesa –como banco corresponsal actuaba ING en Bélgica–, los fondos se utilizaban para afrontar ampliaciones de capital en Crepusculum, que de forma inmediata aprobaba una ampliación de capital en su filial Drizzle Yachts XXI. Esta última era la titular de la embarcación y, por tanto, la que corría finalmente con los pagos.

En mayo de 2008, un mes después de la constitución de ambas empresas, el dueño de Inditex ya había enviado a Malta 52 millones de euros, dinero dedicado en su mayor parte a la adquisición del primer Drizzle.

infoLibre preguntó a un portavoz del empresario gallego las razones por las que creó la estructura societaria en Malta. La respuesta fue la siguiente: “Amancio Ortega tenía una embarcación en España para navegar por Galicia. En un momento determinado decidió que le gustaría también navegar por el Mediterráneo, pero hacerlo con la mayor discreción y privacidad posibles. Y eso era más fácil realizarlo con un barco con sede en otro país. Quizá pueda parecer ilusiorio ahora, pero lo cierto es que durante muchos años consiguió navegar con esa privacidad. Y se eligió Malta porque es, tradicionalmente, un lugar de residencia de embarcaciones”.

Imagen de la web del astillero Feadship del Drizzle, botado en 2012, segundo barco con este nombre matriculado por Amancio Ortega en Malta.

EL SEGUNDO DRIZZLEDRIZZLE

Es cierto que durante casi una década Amancio Ortega surcó las aguas del Mediterráneo con esa “privacidad”. De hecho, los medios de comunicación nunca informaron sobre la existencia de ese primer superyate abanderado por el empresario en Malta. La primera información la daría en junio de 2017 el tabloide británico The Daily Mail, que publicó las fotos que unos paparazis le hicieron a Ortega en la cubierta de la embarcación cuando estaba cerca de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa. La prensa española se hizo eco de la información y presentó el barco como el “primer capricho del mágnate”.

En realidad, ese Drizzle que encontraron los fotógrafos en 2017 era el segundo barco con el mismo nombre adquirido por Ortega y abanderado en Malta. El primero lo adquirió como vimos en 2008 y se lo vendió a principios de 2012 a un empresario japonés, que lo rebautizó como Issana. Pero antes había encargado una nueva embarcación al astillero holandés Feadship. El segundo Drizzle –que esta vez ya salió de fábrica con este nombre– se inspiraba en el anterior, pero era más grande y lujoso. Así lo explicaba el astillero en su propia página web: “El Drizzle, de 67,27 metros, fue encargado por los propietarios de un Feadship de segunda mano, que habían pasado mucho tiempo a bordo y decidieron crear una versión a su medida”.

El barco, botado en 2012, dispone de tres cubiertas y tiene capacidad para alojar a diez personas en cinco camarotes dobles. La tripulación está formada por 18 personas. Tiene un depósito con una capacidad para 140.000 litros de combustible, lo que le otorga una autonomía de 4.000 millas naúticas y puede alcanzar una velocidad máxima de 16 nudos. El precio del gasoil oscila, pero llenar ese depósito los últimos años salió de media por unos 100.000 euros. El consumo también depende de diversos factores –como la resistencia del viento o el estado de la mar–, pero una travesía de ocho horas con los dos motores MTU de más de dos mil caballos de potencia que propulsan el Drizzle gasta unos 4.800 litros. En 2017, el superyate pasó de nuevo por los talleres de Feadship para un amplio reacondicionamiento, que incluyó ampliar la piscina en 1,5 metros, de forma que la nueva longitud del barco es de 68,77 metros.

Medios especializados en el sector calculan que los costes anuales de mantenimiento de una embarcación de recreo representan aproximadamente el 10% de su precio de adquisición, en cuyo caso el Drizlle saldría por más de nueve millones de euros al año. Esta cifra se confirma consultando las cuentas de la sociedad maltesa que es su propietaria, que declaró unos gastos de funcionamiento de 9,34 millones en 2020 y de 9,48 millones en 2019.

La compañía encargada de adquirir inicialmente este segundo superyate de Ortega con bandera maltesa fue de nuevo Drizzle Yachts XXI, pero el empresario coruñés decidió constituir una nueva sociedad en Malta para transferirle la propiedad. Ciertamente, si una persona considera prioritario mantener la “discreción” sobre la propiedad de un yate, una de las peores ideas imaginables es que la propietaria sea una firma que tenga exactamente el mismo nombre que el barco y que esté registrada en el país europeo preferido por los multimillonarios de medio mundo para abanderar embarcaciones de lujo. Así que, el 20 de junio de 2013, Amancio Ortega constituyó una tercera sociedad en Malta, Claritas Company, creada también como una filial de Crepusculum Holding.

Pero, más allá de tener un nombre que no era un hilo directo hacia Amancio Ortega en caso de que algún día trascendiese públicamente que el Drizzle era suyo –como ocurrió en 2017–, Claritas Company fue una pieza imprescindible para acogerse al régimen fiscal especial de Malta para el abanderamiento de embarcaciones de recreo. Por explicarlo de forma resumida, ese régimen consta de cuatro requisitos esenciales: que el barco lo adquiera una sociedad maltesa, que esta arriende la embarcación, que el arrendatario realice un primer pago del 50% del valor del yate y que el precio de adquisición final en el caso de que el arrendatario lo termine comprando sea al menos el 1% del valor del barco. Este régimen fiscal de compra a través de leasingleasing es especialmente beneficiosa para los superyates –aquellos que tienen más de 24 metros de eslora–, de forma que al final terminan pagando por la adquisición del barco un 5,52% de IVA. El tipo normal del IVA en Malta era en ese momento del 18% y en España del 21%.

Los documentos de las empresas maltesas de Amancio Ortega a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran que este esquema se siguió milimétricamente. El 19 de julio de 2013, Drizzle Yachts XXI Limited y Claritas Company –ambas sociedades de Ortega– suscribieron un contrato por el que la primera le arrendaba a la segunda el flamante yate adquirido en Feadship por un periodo de un año y un precio de 95,2 millones. En la fecha de entrega del barco, Claritas Company le abonó a Drizzle Yachts XXI la cantidad de 47,6 millones (el 50% de su valor). Una adenda establecía que Claritas tenía derecho a ejercer una opción de compra para adquirir el buque por la suma de 950.000 euros (el 1% del precio original). Lógicamente, no hay nadie que pague 95 millones por alquilar un barco durante un año que no ejerza luego una opción para comprarlo por 950.000 euros. Claritas ejerció dicha opción de compra el 14 de julio de 2014.

[Si quieres conocer en mayor detalle este régimen fiscal, puedes consultar las páginas 11 a 13 de este documento elaborado por la embajada de España en Malta. En este folleto de la compañía que actúa como testaferro de Amancio Ortega también se explica de forma más breve].

Drizzle Yachts XXI, una vez traspasada la propiedad del barco a Claritas, decidió disolverse en 2015. En la actualidad, por tanto, siguen operativas dos sociedades de Ortega en Malta: Crepusculum, la matriz que recibe el dinero directamente del empresario, y Claritas, la filial que es la titular de la embarcación.

A preguntas de este periódico, el portavoz de Ortega indicó que “no existe ningún contrato de alquiler entre Claritas y otra sociedad de Amancio Ortega. Simplemente, él cubre los costes de mantenimiento. Pero no es un barco que tenga actividad comercial de ningún tipo. No existe arrendamiento”.

En definitiva, en la operación de compra por leasing desarrollada en 2013 y 2014 participaron las tres sociedades maltesas del dueño de Inditex: el barco lo adquirió inicialmente Drizzle Yachts XXI, que se lo alquiló primero y vendió después a Claritas, y estas dos compañías obtenían sus fondos a través de Crespusculum. Esta última llegó a tener un capital social de 132,5 millones en septiembre de 2011. Ahora, esa cifra se sitúa en 93,5 millones.

El yate con el que Ortega navega por aguas gallegas, llamado Valoria B, en una Imagen de la web de Feadship.

EL AHORRO FISCAL

Desde 2008, Amancio Ortega ha tenido siempre dos yates: uno abanderado en España y otro en Malta. El que tenía para navegar por Galicia se llamaba Valoria –una alusión a la localidad natal de su madre, Valoria la Buena (Valladolid)– y fue sustituido en 2018 por el Valoria B. Este último también fue construido por Feadship, tiene 47 metros de eslora, puede acomodar a diez invitados y cuenta con nueve tripulantes. Su precio fue de 30 millones de euros. Su puerto base está en Sanxenxo (Pontevedra).

La comparación entre los impuestos abonados por el Valoria B y el Drizzle muestra con claridad qué ahorro consigue un residente en España al matricular un superyate en Malta.

En España las embarcaciones abonan el impuesto de Matriculación, que es un 12% del valor del barco. En el caso del Drizzle ascendería a 11,4 millones de euros. En Malta no existe este tributo, pero sí una cuota de registro (25 céntimos por tonelada neta sujeta a un mínimo de 187,5 euros) y una cuota anual (una tasa básica de 255 euros y una tasa de tonelaje de 40 céntimos por tonelada con un mínimo de 400 euros). Teniendo en cuenta que el Drizzle pesa 1.269 toneladas, la cuota de registro sería de 317 euros y la tasa anual de algo más de 750 euros. Pero al tratase de un barco de edad no superior a cinco años ambas disfrutan de una reducción (50% en la cuota de registro, por ejemplo). Al final, sumando la cuota de registro y las anuales abonadas en estos ocho años por el Drizzle, el importe total abonado no llega a 5.000 euros. El ahorro fiscal en el registro o matriculación del barco ha sido, por tanto, del 99,96%.

El Drizzle, a cambio, no puede estar en aguas españolas. Si lo hiciera, tendría que abonar ese 12% por impuesto de matriculación. El portavoz de Ortega aseguró a infoLibre que la embarcación se ha desplazado por diversos países del Mediterráneo, pero "nunca ha navegado por aguas españolas".

En segundo lugar está el régimen fiscal especial para la compra de embarcaciones de recreo mediante leasingleasing vigente en Malta. Este hace que el IVA se pueda reducir considerablemente, al abonar un 5,4% sobre el precio de alquiler y un 18% sobre el importe de venta tras el arrendamiento. En el caso del Drizzle ello suma 5,24 millones, lo que equivale al 5,52% del importe de compra. En España no existe ese régimen fiscal especial y la adquisición de un yate está sujeta al IVA general del 21% (17,1 millones). Así que por esta vía Ortega se ahorró 11,8 millones.

En tercer lugar están los costes de la tripulación. Al tener bandera maltesa, los trabajadores están sometidos al régimen laboral de aquel país. Más allá de los salarios –aunque los salarios sean más bajos en Malta nada impide a Amancio Ortega pagarle a sus trabajadores lo mismo que si estuvieran dados de alta en A Coruña–, el ahorro que se produce con seguridad es la cotización empresarial a la Seguridad Social. En España los trabajadores del mar cuentan con un régimen especial que sitúa en el 35% dicha cotización, mientras que en Malta está en el 9%. Es imposible fijar con precisión el ahorro fiscal en este capítulo sin conocer la nómina exacta de los 18 tripulantes del Drizzle. Forbes calcula que el capitán de un superyate puede llegar a cobrar hasta 180.000 dólares al año (unos 153.000 euros al cambio actual), mientras que el sueldo de los marineros puede oscilar entre los 21.000 y los 42.000 euros. En definitiva, un cálculo conservador sitúa en más de 50.000 euros la diferencia anual de cotizaciones empresariales entre Malta y España para la plantilla del Drizzle.

El portavoz del empresario gallego confirmó a este periódico que la tripulación “está contratada en Malta, como no puede ser de otra manera, ya que la embarcación cumple con la legislación del país donde tiene su sede”.

La comparación tributaria se completaría con el impuesto de Sociedades, aunque en este caso el dueño de Inditex no obtiene ningún beneficio por tener la empresa en Malta. Los accionistas de sociedades de Malta que no residan en ese país terminan abonando en torno a un 5% por los beneficios que obtiene la compañía. Pero Claritas nunca obtiene beneficios. Sirvan las cuentas de 2020: Amancio Ortega puso 9.342.218 euros para cubrir los gastos de funcionamiento y la firma ingresó dos euros por cobro de intereses bancarios. Esas dos partidas cubrieron exactamente los 9.342.220 euros de gastos de funcionamiento de la sociedad. De forma que el balance quedó a cero, no tuvo ni pérdidas ni ganancias. Con cantidades muy similares, ocurrió lo mismo con las cuentas de 2019 (ese año los gastos de funcionamiento fueron de 9.480.309 euros).

En definitiva, si el Drizzle hubiese sido matriculado en España como el Valoria B, habría abonado a la Agencia Tributaria unos 28,5 millones por Impuesto de Matriculación e IVA, mientras que en Malta ha desembolsado 5,2 millones. Una diferencia de 23,3 millones de euros. Si a ello se le añaden las cotizaciones empresariales más reducidas durante todos estos años, el ahorro fiscal conseguido por Ortega se sitúa alrededor de los 24 millones.

El único tributo relacionado con su superyate que el dueño de Inditex paga en España es el de Patrimonio, tal y como confirmó su portavoz a infoLibre: “Todos los años Amancio Ortega paga el Impuesto de Patrimonio. Y también se declaran, lógicamente, las transacciones exteriores que se realizan por el envío de los fondos necesarios para cubrir los costes de mantenimiento de la embarcación”.

El Parlamento Europeo ha pedido este jueves que los implicados en el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia asesinada en Malta cuando investigaba casos de corrupción, sean llevados ante la Jusiticia, apuntando a que se necesitan todavía más reformas para garantizar la libertad de prensa en la isla.

En una resolución aprobada con 635 votos a favor, la Eurocámara ha pasado revista a las últimas revelaciones del caso Caruana Galizia, apuntando a que resulta de "gran preocupación" la posible participación de ministros y cargos políticos en el asesinato de la periodista, según informa Europa Press.

Esto contesta a lo último que se conoce del caso, después de que el asesino confeso, Vince Muscat, haya desvelado que había planes para acabar con su vida años antes del homicidio. La intención de matar a Caruana Galizia supuestamente era del abogado David Gatt y del exministro de Economía Chris Cardona.

Los eurodiputados han tomado nota de las avances de la investigación y de los casos relaciones con episodios de corrupción y lavado de dinero, por lo que han reclamado que las pesquisas vayan más allá del entorno del ex primer ministro Joseph Muscat, y se investiguen posibles obstrucciones a los procesos judiciales.

En una reflexión general, la Eurocámara ha lamentado las persistentes amenazas a los valores europeos en Malta y ha reclamado reformas para mejorar la libertad de prensa, la independencia judicial y policial y la libertad de reunión. Pese a algunos avances en esta materia, a juicio de los parlamentarios se necesita un proyecto de "reformas estructurales".

El 16 de octubre de 2017, Caruana Galizia sufrió un ataque con coche bomba que acabó con su vida. El atentado conmocionó a la opinión pública de la isla y puso al entonces Gobierno del exprimer ministro Joseph Muscat –sin parentesco con Vince Muscat– en una situación muy delicada, al tener que desmentir en varias ocasiones la inocencia de dos miembros de su gabinete en el crimen de la periodista.

El 22 de septiembre de 2018, el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, recibe en su bandeja de entrada un correo electrónico del agente deportivo belga Christophe Henrotay. Un correo electrónico con el revelador título Factura traspaso Thibaut Courtois. El contenido del correo es tan escueto como ilustrativo: se trata de una factura en la que el agente pide dos millones de euros al Real Madrid en concepto de fee o comisión por haber gestionado el fichaje del portero Thibaut Courtois. Sánchez reenvía inmediatamente la petición a uno de sus empleados con el mensaje: “Por favor, arregla esto”. El belga Courtois había sido transferido al Real Madrid unas semanas antes por 40 millones de euros desde el Chelsea de Londres. Un traspaso del máximo nivel, por el que Henrotay quiere embolsarse su comisión del 5% lo antes posible.

Los documentos de Football Leaks que Der Spiegel consiguió y compartió con los periódicos belgas Le Soir y De Standaard y el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), al que también pertenece infoLibre, permiten seguir el rastro del dinero y examinar qué estructuras fiscales montan los agentes de jugadores. en paraísos fiscales como Luxemburgo, Malta, Países Bajos o Mónaco. Pues Christophe Henrotay, como muchos de sus colegas, ha diseñado una construcción muy compleja para optimizar el dinero que recibe de sus comisiones, que pasa por esos cuatro países. También revelan cómo el agente belga colaboró en el diseño de la doble estructura con la que el hoy guardameta del Real Madrid redujo a casi cero la tributación por sus derechos de imagen.

Lo que llama inmediatamente la atención de la factura que Henrotay envía al Real Madrid es que le solicita que no ingrese el dinero a través del Banque Edmond de Rothschild en su cuenta personal de Mónaco –como residente tendría que pagar cero impuestos por la operación–, sino en la cuenta de su empresa holandesa, Pilgrim Holland BV, una de las más de 6.000 sociedades buzón –un mero apartado postal y sin actividad aparente– que están registradas en el mismo distrito de La Haya, según el registro de empresas holandés.

Tamara Alexandra Eleonora van Koppen-Wingelaar fue la única directora de Pilgrim Holland BV durante dos años. No era la propietaria, sino una testaferro con experiencia en este tipo de empresas ficticias. De hecho, la misma mujer, registrada en la misma dirección, figura también como directora de otras dos empresas que a primera vista no tienen nada que ver con el fútbol: AB Laboratory Solutions BV –de la que van Koppen-Wingelaar dimitió en 2018– y Per Mare Per Terras BV –un hólding financiero copropietario de más de 50 empresas–.

Quien busque al verdadero propietario de Pilgrim Holland BV pronto se encontrará con un accionista principal domiciliado en Londres: World Image & Scouting Services Ltd, empresa inglesa constituida a nombre de Henrotay en 2003 y dirigida por una persona física y dos sociedades. La persona física es el tejedor de la telaraña fiscal que rodea al superagente belga: Stephane Postiferri, un banquero privado de Mónaco que trabaja para la empresa de gestión de activos Equiom SAM. Postiferri ha controlado y firmado casi todos los documentos de los traspasos importantes que Henrotay ha pilotado durante más de 10 años. También es director de las dos empresas ficticias del accionista principal de Pilgrim Holland BV: Global Assistance Services SA y CL Secretaries (Monaco) Limited. Se trata de otras dos empresas buzón que Postiferri utiliza habitualmente para otros clientes adinerados y que tienen apartados postales en las Islas Seychelles y en las Islas Vírgenes Británicas, dos notorios paraísos fiscales.

También llama la atención que World Image & Scouting Services –el principal accionista británico de Pilgrim Holland BV– cambiara su dirección en Londres nada menos que tres veces entre 2016 y 2019. Otra de las empresas de Henrotay está registrada igualmente en dos de esas direcciones: Foot Innovation Limited, la sociedad con la que el agente belga cerró muchos de sus grandes fichajes en años anteriores, incluidos los de otros famosos diablos rojos como Romelu Lukaku, Youri Tielemans y Yannick Carrasco. No es una coincidencia. Foot Innovation Limited también tiene una estructura de control similar a la de Pilgrim Holland BV y está dirigida por el mismo banquero monegasco, Stephane Postiferri.

Le Soir y De Standaard han preguntado al respecto a Christophe Henrotay, que no ha querido explicar la razón de esta compleja red fiscal. Tampoco ha respondido a la pregunta de por qué esperó tres años antes de registrarse como director de Pilgrim Holland BV, lo que no hizo hasta el mes pasado, el 12 de enero de 2021. “Por supuesto que no le corresponde a usted interrogar a mi cliente. Si hay que hacer preguntas relacionadas con una investigación en curso, son los investigadores quienes deben hacerlo y mi cliente las responderá como siempre lo ha hecho. El resto es un asunto privado. [...] Mi cliente niega haber cometido ningún delito y pretende que todo el mundo, incluida la prensa, respete el principio de presunción de inocencia”, ha sido la contestación enviada por su abogado.

Conexiones familiares

Pero los atajos fiscales de Henrotay no sólo discurren desde La Haya y Londres hasta los exóticos paraísos fiscales del Caribe. El agente belga también recurre a otros destinos menos atractivos y a veces lo hace con la ayuda de su familia, como muestran los documentos de Football Leaks.

Su hermanastro Martin Henrotay, por ejemplo, tiene su propia empresa en el Gran Ducado: Vision Foot SA. Es a esta sociedad a la que el AS Mónaco pagó un millón de euros por la renovación del contrato de Yannick Carrasco, cuando aún jugaba en el Principado. El hoy jugador del Atlético de Madrid es uno de los futbolistas a los que representa Christophe. No es tan sorprendente si se tiene en cuenta que el contrato de Carrasco señala a Martin Henrotay como representante del centrocampista belga en nombre de su hermanastro.

Y luego está su padre, Roger Henrotay, el hombre que enseñó a ambos hermanos los entresijos del oficio. Junto con Christophe, creó la agencia Samart SA en 2004 en Luxemburgo, que, durante las negociaciones del traspaso de Youri Tielemans del RSC Anderlecht al AS Mónaco, se utilizó como opción para recibir una comisión de traspaso de 1,5 millones de euros.

Chipre

Otra empresa buzón, con sede en los Países Bajos, plantea aún más preguntas: Tanguillo BV, empleada por Henrotay para recibir la comisión de 6,2 millones de euros que se le pagó por el traspaso de Youri Tielemans a Mónaco en 2017. En los registros oficiales de los Países Bajos sólo figura que esta misteriosa empresa tiene su sede en Nassaulaan 2A, en La Haya, a un paso de Pilgrim Holland BV. En la misma dirección se alojan nada menos que otras 259 empresas. No existe una conexión directa entre Henrotay y Tanguillo, salvo el nombre de John Willekes MacDonald, director de Tanguillo BV, que figura en negrita como beneficiario en el contrato que Henrotay suscribió con el RSC Anderlecht para el pago de la comisión de Tielemans. Junto con un socio holandés, Willekes MacDonald posee un fideicomiso internacional con oficinas en otros nueve paraísos fiscales.

Finalmente, el viaje termina en Chipre: en junio de 2018 Henrotay creó allí la empresa BFI Agency Limited, controlada por la sociedad chipriota Lexact Limited y varios testaferros. Antes se llamaba Pilgrim Sports Agency Limited, exactamente el mismo nombre que la empresa buzón creada por Henrotay seis meses antes en los Países Bajos. Henrotay recurrió a esa sociedad chipriota para el traspaso del defensa congoleño Christian Luyindama del Standard de Lieja al club turco Galatasaray por ocho millones de euros en 2018, una operación que está siendo investigada por la Fiscalía de Bruselas en relación con el caso por el que Christophe Henrotay fue acusado en septiembre de 2019 de blanqueo de capitales, corrupción privada, conspiración criminal y falsificación.

También Malta: la doble construcción fiscal de Thibaut Courtois

Aunque al mapa fiscal de Henrotay se le puede añadir un destino más: Malta. Para pagar casi cero impuestos por sus derechos de imagen en el extranjero, Thibaut Courtois se valió de una resolución fiscal de Luxemburgo y de una empresa maltesa. Hasta que la Hacienda británica se lo impidió.

El modo en que Henrotay elude al fisco se muestra en otro documento de Football Leaks: un correo electrónico de Christophe Henrotay al director general del club inglés Chelsea FC, Robert Hamblin. Con copia a Thierry Courtois, el padre de Thibaut, que trabaja para el agente del guardameta. En ese correo, de agosto de 2018, Christophe Henrotay pide al Chelsea que deje de pagar los derechos de imagen de Thibaut Courtois en el extranjero a la empresa luxemburguesa Global Image SA, “debido a un problema con el HMRC [Her Majesty's Revenue and Customs, la Agencia Tributaria británica]”.

El correo ha sido marcado como de “urgencia alta” porque hay mucho dinero en juego. Nada menos que 960.000 libras (1,1 millones de euros) en derechos de imagen para la temporada 2017/2018. En parte del propio Chelsea, en parte de Nike.

En principio, un futbolista que juegue en Reino Unido puede cobrar los derechos de imagen a través de dos empresas. Una británica que reciba el 20% y otra extranjera que ingrese el 80% restante. Muchos futbolistas belgas aprovecharon la oportunidad y eligieron Luxemburgo para crear una sociedad en el Gran Ducado con la que cobrar ese 80%. Gracias a un tax ruling –acuerdo fiscal– entre los clubes de la Premier League y Luxemburgo que permitía que el 80% de las cantidades enviadas al Ducado estuviera exento de impuestos, mientras que el 20% restante se gravaba al 29%, en la práctica la tributación se reducía a un 5,2% sobre el conjunto de los ingresos por derechos de imagen.

Pero para algunos futbolistas belgas ese mínimo porcentaje aún no era suficiente. Con la colaboración de Henrotay, Thibaut Courtois montó una segunda estructura fiscal, tal y como se muestra en los anexos del citado correo. Una doble construcción que lleva, vía Luxemburgo, a Malta. En el momento en que los derechos de imagen del Chelsea y de Nike fueron depositados en Luxemburgo, el dinero fue reempaquetado en bonos en libras esterlinas emitidos por la empresa maltesa Alter Domus Trustee Services Limited.

El objetivo de esta estructura de doble imposición era probablemente drenar todos los beneficios fuera de Luxemburgo, reduciendo a casi cero el tipo impositivo sobre el total de los ingresos procedentes de la “propiedad intelectual”. Así, el fisco de Luxemburgo no tiene ingresos sobre los que retener siquiera ese tipo impositivo reducido del 5,2%.

Pero en el verano de 2017 las autoridades fiscales británicas pusieron fin al esquema. En una circular del 16 de agosto de 2017, el HMRC endureció las normas para el pago de derechos de imagen de “personas de alto perfil, incluidos los deportistas de alto nivel”. En consecuencia, Courtois padre y Courtois hijo decidieron desprenderse de la empresa luxemburguesa y confiar todos los derechos de imagen a su sociedad británica: Global Image Rights UK Ltd. Ninguno de ellos, tampoco el Chelsea FC, han respondido a las preguntas sobre este asunto que les han formulado Le Soir y De Standaard.

Desde que se creó Doyen Sports Investments Limited en mayo de 2011 en Malta, muchas cosas han cambiado, pero no el accionista mayoritario, el ciudadano turco Malik Ali. Primero hubo modificaciones a través de la sociedad Benington Group Assets y, más recientemente, desde junio de este año, de forma directa e individual. Pero en una empresa que invierte decenas de millones de euros en el fútbol europeo, ¿quién es el verdadero propietario? ¿Quien figura formalmente como accionista mayoritario? ¿O quien financia realmente el negocio, sin que su nombre aparezca en los registros?

Doyen, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt, está siendo investigada en España por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, hasta ahora en manos de José de la Mata. Como resultado de la operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España. En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido. Entre 2013 y 2016, cuantifica el juez de la Mata, Doyen Sports facturó 22 millones de euros.

Además, mientras Mariano Aguilar aseguraba ser residente en Reino Unido, Juanma López afirmaba ante el fisco que vivía en Suiza. El primero no presentó declaraciones del IRPF entre 2013 y 2016. El segundo omitió en las suyas no sólo los ingresos que recibía de Doyen sino también las que le pagó el Real Madrid como agente del jugador Álvaro Morata.

Su negocio eran básicamente los llamados TPO (Third Party Ownership). El mecanismo consistía en que los clubes acudían a un tercero –como Doyen– para conseguir dinero con el que hacer fichajes, o bien ese tercero adquiría un porcentaje de los derechos económicos del jugador, que recibía al ser traspasado. Como resultado, el tercero tenía capacidad de influir en las decisiones de los clubes para vender a sus jugadores.

Ni un fondo ni un banco

El Parlamento Europeo decidió en 2015, en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que todos los Estados miembros de la UE pusieran en marcha registros que obligaran a las empresas a revelar quiénes son los UBO (Ultimate Beneficial Owners) los verdaderos propietarios. Para ser considerado tal no es necesario poseer más del 50% del capital de una sociedad, bastaba con el 25%. En el caso de Malta, que en 2018 adoptó una legislación sobre los beneficiarios efectivos, se estipuló que esta condición se aplique a las personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 25% de las acciones de una empresa o que ejerzan el control sobre ella por otros medios.

El portugués Nélio Lucas fue hasta principios de 2017 el presidente ejecutivo de Doyen y también su socio minoritario, con un 20%. Después dejó la empresa, pero fue obligado a testificar en el juicio de Rui Pinto, el informante que filtró los documentos de Football Leaks, sobre el ataque informático a Doyen en 2015. Tras declarar el pasado día 5, Nélio Lucas será escuchado de nuevo en el tribunal este martes, en una sesión que promete ser animada: en las primeras horas como testigo el empresario se irritó y se mostró impaciente por la cantidad de preguntas que se le hicieron sobre lo que era Doyen y cómo funcionaba.

La abogada del fondo, Sofía Ribeiro Branco, expuso ante los jueces que Doyen funcionaba como cualquier empresa comercial, sujeta a las mismas normas de información que cualquier empresa, sin opacidad. A partir de 2015 la FIFA prohibió los TPO y el negocio de la empresa se resintió. En cualquier caso, la forma en que Doyen operaba en sus primeros años era dudosa: una empresa comercial con sede en Malta que firmaba contratos que se referían a ella misma como un fondo.

“No era un fondo y nunca lo fue, pero podría serlo en el futuro”, dijo Nélio Lucas el 5 de noviembre, admitiendo que en muchos contratos se mencionaba a Doyen de hecho como un fondo, aunque legalmente no lo era. “La propia prensa nos llamó fondo”, añadió. “La prensa puede ser culpable de muchas cosas, pero las propias cláusulas de los contratos se referían a Doyen como fondo”, replicó enseguida la jueza Margarida Alves.

No, Doyen no era un fondo, a pesar de que tomaba participaciones relevantes en los derechos económicos de los jugadores. Tampoco era un banco, aunque había firmado acuerdos que financiaban y daban liquidez a varios clubes desesperados por conseguir dinero. ¿Y estaba realmente controlado por Malik Ali, según consta en el Registro Mercantil de Malta?

Los bancos españoles no hacen preguntas

Los documentos a los que tuvo acceso el consorcio EIC (European Investigative Collaborations), del que son miembros tanto Expresso como infoLibre, muestran que aunque Malik Ali era formalmente el mayor accionista de Doyen –a través de Benington Group Assets, con el 80%; el 20% restante pertenecía a Wood Gibbins & Partners, una sociedad de Nélio Lucas–, la empresa sólo existía gracias a Refik Arif, miembro de la rica familia Arif, que hizo una fortuna en Kazajstán y Turquía, primero con el negocio de las materias primas y los productos químicos, y luego en la construcción y la hostelería. Incluso entraron en Estados Unidos de la mano de Bayrock, asociándose con Donald Trump. El negocio resultó ser un fracaso.

La creación de Doyen Sports Investments en 2011 marcó la entrada de la familia Arif en el negocio del fútbol. Fue Malik Ali, sobrino de Refik Arif, quien dio la cara –y el nombre– en el negocio, y fue el portugués Nélio Lucas, que ya entonces actuaba como intermediario en transferencias de jugadores –tiene ficha en la Federación Española de Fútbol–, quien contribuyó con su experiencia en el sector. Pero fue Refik quien financió la apuesta.

Ese año la entrada de Doyen en el fútbol se financió con un préstamo de hasta 100 millones de euros que Refik Arif concedió a Malik Ali, quien a su vez utilizó esos fondos para financiar a Doyen Sports Investments, con un contrato por el que Doyen pagaba a Benington Group Assets un interés anual del 4,5%. En los informes anuales de Doyen en Malta se asume la existencia del préstamo de los accionistas –de Benington– pero la empresa nunca reveló que el verdadero financiador de la empresa fuera Refik Arif.

En su primer testimonio en el juicio de Rui Pinto, Nélio Lucas nunca mencionó a los Arif, se refirió siempre a Malik Ali. “Los ingresos de mi socio vinieron de su familia. Mi única preocupación era si ese dinero era legal. Hicimos una evaluación y el banco Barclays, en Inglaterra, se aseguró de que el dinero era limpio. Sabía que esos fondos provenían de las inversiones de su familia, pero no tenía que saber exactamente de dónde. Para transferir grandes sumas de dinero, los bancos hacían sus propias gestiones”, declaró el agente portugués, de acuerdo con la cita publicada por el diario luso Público.

Curiosamente, entre los documentos obtenidos por Football Leaks, se encuentra un correo de Lucas en el que se congratula de lo “rápido y fácil” que resulta hacer transferencias de fondos usando “bancos españoles” –en concreto, cita una sucursal de Barclays en España–, a diferencia de Credit Suisse, donde siempre les hacen “millones de preguntas” y les ponen millones de “dificultades”.

Poco después de que el blog Football Leaks publicara los primeros contratos de Doyen, en octubre de 2015, Refik Arif no estaba satisfecho con la forma en que la empresa llevaba a cabo sus negocios y quería más transparencia e información de Nélio Lucas y de la propia Doyen, donde hasta entonces Refik ya había inyectado 40 millones de euros –del total de hasta 100 millones de euros previstos en 2011–. Refik Arif quería un retorno de su inversión. Y quería un reembolso inmediato de 10 millones de euros. Como en muchos otros negocios, el dinero es el rey y quien financia manda. Aunque en el papel y en los registros oficiales Doyen nunca fuera propiedad de Refik Arif.

“Nada ilegal que ocultar”

En nombre de EIC y sus socios, la revista alemana Der Spiegel ha preguntado tanto a Doyen como a Nélio Lucas sobre el control efectivo de la empresa y la participación de Refik Arif en su financiación. “Doyen Sports Investments, sus accionistas e inversores siempre han actuado cumpliendo la ley y de acuerdo con asesoramiento especializado, con las normas y reglamentos de las diversas jurisdicciones en las que ha hecho negocios”, ha sido su respuesta, facilitada a través de la abogada Sofía Ribeiro Branco.

Doyen también dice que no tiene “nada ilegal que ocultar”. Y explica que, tras el ataque informático que sufrió en 2011, informó “inmediatamente a las autoridades competentes del intento de extorsión, que finalmente conduciría a la detención del hacker”. “Además, cabe destacar que la fuente de la información obtenida ilegalmente en la que se basan sus preguntas está siendo juzgada actualmente por múltiples delitos, entre ellos el acceso ilegítimo y la tentativa de extorsión”, concluye.

La posición de Nélio Lucas, que dejó Doyen a principios de 2017 y sigue viviendo en Londres, no es muy diferente. “La actividad de mi antigua empresa se realizó respetando la ley y las normas según los expertos que nos asesoraron”, respondió el agente portugués, negándose a confirmar las informaciones por la que le preguntó Der Spiegel, en nombre de EIC, pero repitiendo que “fueron obtenidas ilegalmente por un ciberdelincuente que está siendo juzgado por haber violado y expuesto la privacidad de varias partes”.

EIC pidió a Nélio Lucas que compartiera la evaluación que ante al tribunal dijo que se había hecho sobre el origen legítimo de los fondos que habían financiado a Doyen, y le preguntó si podía confirmar que el inversor era Refik Arif, mediante el préstamo de 100 millones de euros. Lucas rechazó hacer comentarios al respecto.

“El delito sólo puede combatirse denunciando las irregularidades a las autoridades competentes y, si es necesario, ayudándolas en las investigaciones. Tengo derecho a no hacer comentarios y debo abstenerme de hacerlo por respeto al tribunal. No comentaré ni compartiré las respuestas del testimonio dado en el contexto de un juicio en curso, especialmente cuando mi declaración aún no ha terminado”, argumentó Nélio Lucas a Der Spiegel.

Este martes el agente portugués se encontrará de nuevo con Rui Pinto en el Campus de la Justicia de Lisboa y con el tribunal que juzga a la fuente de Football Leaks desde septiembre. Portugal se halla en estado de emergencia, el fútbol necesita desesperadamente aficionados en los estadios y, cinco años después, las vidas de Lucas y Pinto son muy diferentes. El negocio de Doyen es una sombra de lo que fue.

La Policía cree que la periodista Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017, fue atacada porque estaba a punto de revelar irregularidades en un contrato de las administraciones públicas relacionado con una central eléctrica.

A principios de 2017 la periodista recibió 600.000 correos electrónicos de la empresa eléctrica Electrogas, propiedad en parte de Yorgen Fenech, principal sospechoso del asesinato, sobre la lucrativa concesión para proporcionar electricidad a la empresa suministradora estatal, según la versión policial presentada ante el tribunal que investiga el caso. La Policía investiga ya estos contratos.

Uno de los testigos, el inspector Kutz Zahra, ha confirmado que la Policía trabaja con la hipótesis de que el crimen buscaba evitar que se difundiera la información que tenía la periodista. "Fue asesinada por eso, por algo que iba a publicar", ha remachado.

Fenech fue acusado formalmente en noviembre del asesinato de Caruana Galizia, hechos que provocaron la dimisión del primer ministro maltés, Joseph Muscat.

El 16 de octubre de 2017, Caruana Galizia sufrió un atentado con coche bomba que acabó con su vida. El atentado conmocionó a la opinión pública de la isla y puso al Gobierno de Muscat en una situación muy delicada, al tener que desmentir en varias ocasiones la inocencia de dos miembros de su gabinete en el crimen de la periodista.

Pullmantur, la única naviera de cruceros española, solicitó el concurso de acreedores el pasado 22 de junio culpando a los “vientos en contra” generados por la pandemia. Ya antes había tenido que suspender todos sus viajes hasta el 15 de noviembre, lo que hizo saltar por los aires el alza del negocio que había conseguido el último año. Sin embargo, de española Pullmantur tenía ya muy poco.

Las oficinas las mantiene en España, con una plantilla de 261 personas, apenas el 5,3% de sus 4.932 trabajadores y ahora acogidos a un ERTE. El 40% de sus clientes, 400.000 pasajeros el año pasado, son españoles. Más de la mitad de su facturación procede de España.

Pero sus accionistas son dos holdings radicados en Países Bajos, RCL Holdings Coöperatief UA, y Luxemburgo, Cruises Investment Holding SA. El primero posee el 49% del capital y forma parte del gigante mundial de los cruceros Royal Caribbean, con sede en Miami. El segundo es un instrumento del fondo suizo Springwater, que lo controla a través de otra sociedad luxemburguesa, Springwater Cruises Holding.

Además, como ocurre desde hace tiempo con la mayoría de las navieras españolas, sus barcos ondean banderas extranjeras. En el caso de Pullmantur, la de Malta, donde tiene registrados sus tres cruceros, el Monarch, el Sovereign y el Horizon. Hasta enero de 2020, cuando lo jubiló, también poseía una cuarta nave, el Zenith, matriculada en la isla. Cada uno de estos barcos es, en realidad una sociedad distinta inscrita en el Registro Mercantil maltés. Una política también común a las navieras: one ship, one company. En Malta posee una quinta empresa, Pullmantur Cruises Ship Management Limited, que presta servicios de gestión a los buques.

Finalmente, para contratar a sus tripulantes Pullmantur utiliza una sociedad que ha creado en Bahamas, Pullmantur Ship Management Limited, una agencia de embarque para sus 4.600 trabajadores extranjeros. La mayoría de ellos son filipinos –886–, pero también los hay indios –611–, hondureños –524–, indonesios –508– o brasileños –411–. Así hasta 61 nacionalidades distintas. Sólo 110 españoles están embarcados en los cruceros de Pullmantur, según las cifras aportadas por la propia empresa en su informe no financiero de 2018.

Lejos quedan pues los tiempos en que Pullmantur era la naviera de Marsans, el grupo propiedad de Gerardo Díaz Ferrán. El expresidente de la CEOE se la vendió a Royal Caribbean en 2006, mucho antes de que Marsans declarara el concurso de acreedores en 2010 y de que su dueño terminara en la cárcel por vaciar la empresa y fraude fiscal. En 2016 fue cuando entró en el capital el fondo suizo Springwater.

Disputas con Hacienda

En España figura como sociedad dominante Pullmantur Holdings, que facturó en 2018 –las últimas cuentas que ha enviado al Registro Mercantil– un total de 344,50 millones de euros. Se apuntó entonces unos beneficios de 19,3 millones de euros. Sin embargo, en su informe no financiero la empresa asegura que no tiene ganancias en España y que no paga, por tanto, impuestos por ellas. Sí que perdieron dinero ese año las otras dos empresas que tiene registradas en territorio nacional, Pullmantur SAU –10,9 millones– y Pullmantur Cruises SL –9,1 millones–. El año anterior, en cambio, ambas sumaron 72,24 millones de euros en beneficios. También dice que no obtiene beneficios en Malta, aunque al mismo tiempo apunta en su informe un pago de 1,52 millones de euros en el impuesto sobre sociedades en esa isla, así como 74.272 euros en el impuesto sobre el tonelaje por sus cuatro barcos matriculados allí. Además, tributa en Colombia, donde posee oficinas comerciales y una filial, Cruceros Turismo de Colombia SAS, con 10 empleados. En total, entre impuesto sobre sociedades, IVA y dos impuestos locales de turismo e industria, ingresa en el fisco del país andino 379.537 euros.

En Bahamas informa de unos beneficios de 927.412 euros en 2018, por los que no paga impuestos.

Por lo que se refiere a España, Pullmantur abonó ese año 1,24 millones de euros en concepto de IVA, tras acogerse al régimen especial para las agencias de viaje, conocido como TOMS (Margen de los Tour Operadores), que le permite pagar el impuesto sólo sobre su margen de beneficio. En retenciones del IRPF y cotizaciones sociales de su plantilla española, Pullmantur empleó 3,17 millones más, explica en el informe.

Las cuentas de 2018 enviadas en el Registro Mercantil revelan además que, un año antes, la naviera había tenido que arreglar sus cuentas con la Agencia Tributaria, que le había inspeccionado las declaraciones del impuesto sobre sociedades, el IVA y el IRPF de la plantilla entre 2011 y 2015. Como resultado, Pullmantur pagó a Hacienda 1,75 millones de euros, de los que 1,27 millones correspondieron al impuesto sobre los beneficios, 430.000 euros al IRPF y 54.000 euros más al IVA. La Agencia Tributaria también le corrigió la declaración de bases imponibles negativas de esos años en el impuesto sobre sociedades, en una cantidad que no especifica. Se trata de una de las actuaciones habituales de la agencia, que consiguió aumentar el año pasado en 7.200 millones de euros las cuotas de las empresas tras reducir las bases imponibles negativas –las pérdidas– que éstas habían declarado incorrectamente. El 73% de esa cantidad correspondió a grandes compañías. Aparte de estos pagos, Pullmantur tiene recurridos otros 2,8 millones de euros que Hacienda le reclama por diferencias en el cálculo del IVA.

En 2019, la naviera anunció que había elevado la facturación un 5%, aunque eludió precisar el importe exacto alcanzado. Sólo aseguró que era su récord histórico en ventas. Aun así, la situación financiera de la empresa era, cuanto menos, apurada antes de la llegada del covid-19. En las cuentas de 2018 reconoce que su capital circulante era negativo en 106,82 millones de euros; es decir, se encontraba en insolvencia técnica: sus deudas a corto plazo eran superiores a sus créditos a corto plazo. En ese ejercicio, el patrimonio era negativo por importe de 90,64 millones de euros como consecuencia de las pérdidas acumuladas de años anteriores. Pero la empresa decía contar con liquidez suficiente para atender sus obligaciones durante 2019 y con el “apoyo financiero” de sus dos socios, Royal Caribbean y el fondo Springwater. De hecho, la primera le prestó 14 millones de euros en 2018.

infoLibre ha preguntado a Pullmantur por su situación financiera, las inspecciones de la Agencia Tributaria y el concurso de acreedores, pero la naviera ha declinado hacer ningún tipo de comentario, dado que se encuentra “en un proceso delicado” e inmersa en “diferentes negociaciones”.

Las ventajas fiscales del registro español no evitan la huida a Malta y Chipre

En España, el tercer país de la Unión Europea en tráfico portuario, el tonelaje inscrito bajo pabellones extranjeros supone un 52,9% de la flota controlada por armadores nacionales y supera, por tanto al de bandera española. Lleva ocurriendo dos años, aunque el porcentaje de barcos de pabellón español no ha dejado de recortarse desde 2012: se ha reducido en 11,6 puntos porcentuales. Según las estadísticas que elabora la Asociación de Navieros Españoles (Anave), a 1 de enero de este año de los 216 buques por encima de 300 GT –toneladas brutas, la medida del volumen del barco– en manos de armadores españoles, 106 ondean banderas extranjeras. De éstos, 29 son barcos de pasaje.

Malta es, después de Chipre y Madeira, el tercer registro favorito de los armadores españoles. Allí se encuentran inscritos el 15,1% de los buques que tienen propietario español pero bandera extranjera. Entre esos tres registros, comunitarios pero de baja tributación, acaparan el 75,7% de la flota controlada por armadores españoles. No obstante, por tonelaje, Malta sube al segundo lugar de la lista, por delante de Chipre; es decir, los barcos allí registrados son más grandes. Desde que ambas islas mediterráneas ingresaron en la UE, en 2004, el número de naves atraídas por sus ventajas fiscales no ha cesado de aumentar. Y ello pese a que desde 1994 España cuenta con un Registro Especial en Canarias (REC) que también proporciona un libérrimo esquema tributario, pensado precisamente para evitar la huida de los armadores a pabellones más o menos de conveniencia.

Así, los armadores que acuden al REC disfrutan de una bonificación del 90% en el impuesto de sociedades, así como otra bonificación del 90% en la cuota empresarial a la Seguridad Social de sus tripulantes y una deducción del 50% en la base imponible del IRPF de esos trabajadores. También están exentos de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. Y a los tripulantes no se les aplica el tope de horas extraordinarias establecido en el Estatuto de los Trabajadores. “Es un régimen fiscal bastante generoso”, concede el director general de Anave, Manuel Carlier, quien asegura que la preferencia de los armadores españoles por los registros extranjeros se debe menos a las ventajas tributarias que a la agilidad y rapidez de éstos en los trámites administrativos. “Dar de baja un barco en España puede costar tres meses; en cualquier otro registro basta con 48 horas”, lamenta.

Ni en Malta ni en Chipre está bonificado el pago de las cotizaciones sociales de las tripulaciones, por lo que no es inusual que éstas se contraten a través de empresas ubicadas en Bahamas, como hace Pullmantur, a la búsqueda del gratis total. Eso sí, en Malta no hay obligación de reservar un tanto por ciento de las tripulaciones a nacionales de la UE. En el Registro Especial de Canarias, por el contrario, las navieras deben contratar a ciudadanos comunitarios para los puestos de capitanes y primeros oficiales, y del resto, sólo la mitad pueden ser ciudadanos de fuera de la UE. Para emplear sin limitaciones a filipinos, indios y hondureños, por tanto, hay que irse a Malta o más lejos. “En un petrolero, un granelero o un portacontenedores, se embarcan entre 14 y 22 personas; en un ferry, unas 50; pero en un crucero pueden hacer falta 2.000”, explica Carlier, “por lo que el peso del componente laboral es brutal”.

Por ejemplo, Balearia, la principal naviera de ferries española, con 32 buques y rutas en las islas Baleares y Canarias, el norte de África y el Caribe, tiene 14 de ellos abanderados fuera de España. En 2018 sacó del Registro de Canarias el fast ferry Jaume II y lo matriculó en el de Chipre antes de que empezara a cubrir el trayecto entre Florida y Bahamas. También tiene inscrito en Chipre su otro ferry caribeño, el Bimini Blue Marlin, o el Hedy Lamarr, que une Valencia y Mallorca. Pero el Bahama Mama y el Passió per Formentera están registrados en Malta.

Es en esta isla donde Pullmantur paga el impuesto sobre el tonelaje, apenas 74.272 euros, un régimen especial del que también se benefician las navieras y que sustituye en España al impuesto sobre sociedades. Es alternativo y voluntario: la empresa que quiere acogerse debe solicitarlo a la Dirección General de Tributos, que entonces recibe una autorización por 10 años. A la naviera se le aplica entonces una fórmula objetiva según el tonelaje neto que posea. De forma que la resultante suele ser “una base imponible relativamente baja”, explica Manuel Carlier. Por lo general, este sistema interesa sólo a las empresas que tienen beneficios, precisa. Si prevén pérdidas, pueden solicitar su salida del régimen especial para el siguiente ejercicio, pero ya no pueden regresar. El director general de Anave calcula que la mitad de las navieras españolas tributan en el impuesto sobre el tonelaje en lugar de en el general de sociedades.

Cuatro filiales en Bahamas 

La presencia de Pullmantur en Bahamas es muy antigua, comienza cuando aún era parte del grupo Marsans. Según ha podido comprobar infoLibre en los cerca de un millón de documentos del Registro Mercantil caribeño proporcionados a este periódico y a sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC) por el colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets (DDoS), que actuó como intermediario de una fuente anónima, Pullmantur Ship Management Limited, la agencia de embarque, fue creada en Bahamas el 2 de enero de 2004. En 2005 y 2006, además, la naviera constituyó allí otras tres sociedades: Pullmantur Freedom Ltd, Pullmantur Leisure Ltd y Pullmantur Oceanic Ltd, cuyos consejos de administración encabezaba el entonces presidente de la empresa, Alfonso López Pérez. Esta última sociedad es en realidad el Oceanic, un buque de pasaje de 238 metros de eslora que compró en 2002 y vendió en 2009 tras navegar por el Caribe y el Mediterráneo. Un barco, una empresa, una vez más, o una sociedad cuyo único activo es la nave en cuestión.

Manuel Carlier recuerda que Pullmantur, tras una década en Anave, abandonó la patronal naviera española cuando la adquirió Royal Caribbean. Catorce años después, se desconoce cuál va a ser el futuro de los tres barcos de Pullmantur, que pertenecen a la empresa estadounidense y que, según publican estos días los confidenciales náuticos, pueden estar navegando en estos momentos en aguas del Mediterráneo camino del desguace en Turquía.

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, ha anunciado este lunes que también es la fuente de los 715.000 documentos que han hecho posible los Luanda Leaks, la filtración sobre Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y la mujer más rica de África, dueña hasta ahora de un conglomerado de empresas e inversiones cuyo valor supera los 2.000 millones de dólares. La justicia angoleña la acusa de malversar 1.000 millones de euros de fondos públicos a través de la petrolera estatal, Sonangol, mientras que la Fiscalía portuguesa está a punto de abrir su propia investigación por el uso de un banco local, Eurobic, para desviar fondos de la petrolera angoleña. La CNMV lusa también ha comenzado a inspeccionar una empresa portuguesa propiedad de Dos Santos, la teleoperadora Nos, así como la petrolera Galp, donde la multimillonaria tiene participaciones.

A través de un comunicado hecho público por su abogado, William Bourdon, Rui Pinto explica que a finales de 2018 entregó a la Plataforma para Proteger a los Informantes de África (PPLAAF) un disco duro con todos los datos relacionados con “las últimas revelaciones sobre la fortuna de Dos Santos, la de su familia y todos los actores que pueden estar involucrados en las operaciones fraudulentas perpetradas a expensas del Estado angoleño y, en su caso, de otros Estados”. Las nuevas informaciones sobre el origen sospechoso del inmenso patrimonio de la hija del expresidente angoleño han levantado un gran escándalo en Portugal.

Según explica Bourdon, abogado francés que preside la PPLAAF y antes ha defendido a otros whistleblowers internacionales como Julian Assange, Edward Snowden, Hervé Falciani Hervé Falcianio Antoine Deltour, el objetivo de Rui Pinto es ayudar a desentrañar las “complejas operaciones desarrolladas [por Dos Santos] con la complicidad de bancos y abogados, que no sólo empobrecen a los ciudadanos de Angola sino que también pueden haber dañado gravemente el interés general de Portugal”. También destaca que ha entregado los documentos “sin contraprestación alguna” y porque lo considera “un deber ciudadano”,  y consciente de los objetivos perseguidos por la PPLAAF.

70 millones de documentos

Rui Pinto está siendo procesado en estos momentos en un tribunal de su país, tras haber sido extraditado desde Hungría en marzo de 2019. La Fiscalía portuguesa lo acusa de 90 delitos, desde intento de extorsión hasta acceso ilegal, violación de correspondencia y sabotaje informático por los más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. La revista alemana los ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos han servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desveló las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

La suma de condenas por todos esos delitos que él niega puede suponerle a Pinto una pena total superior a los 25 años de cárcel, el máximo permitido en el país vecino.

Rui Pinto también se encuentra tras los Malta Files, las filtraciones que desvelaron cómo la isla mediterránea funcionar como un paraíso fiscal dentro de la UE: acoge grandes compañías y clientes con grandes fortunas que eluden el pago de impuestos en sus países de origen. La información compartida por Pinto permitó igualmente la publicación de los dudosos negocios inmobiliarios de Donald Trump y sus acuerdos con empresarios de Europa del Este, así como los sospechosos negocios petroleros de la familia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Histórica cooperación con EIC”“”

“Sin las revelaciones de los Luanda Leaks, posibles gracias a nuestro cliente, las autoridades regulatorias, policiales y judiciales no habrían hecho nada”, advierte Bourdon en su comunicado, “gracias a él, y sólo gracias a él, los ciudadanos portugueses y el mundo han accedido a la verdad de un extraordinario sistema de rapiña y corrupción, que daña gravemente a Portugal, Angola y otros países”.

De forma que el abogado francés insta a las autoridades lusas a “actuar y abrir las investigaciones, ya iniciadas en Angola al tiempo que les reprocha que hasta el momento sólo hayan solicitado la colaboración de Rui Pinto para que se autoincrimine por las filtraciones de Football Leaks. El portugués ya se ha ofrecido a las autoridades europeas como testigo para ayudar en la investigación de conductas corruptas en el fútbol. De hecho, un grupo de Eurojust –la agencia de cooperación judicial europea– lleva casi un año trabajando con parte de los datos de Rui Pinto.

William Bourdon recuerda que la colaboración de Rui Pinto con la PPLAAF se refiere “exclusivamente” a la entrega de este disco duro pero no menoscaba la “histórica cooperación” que ha mantenido con EIC desde que se hicieran públicos los Football Leaks. Por ejemplo, EIC publicó en 2017 cómo Isabel dos Santos obtuvo sin licitación, a través de una empresa offshore de Hong Kong, casi el 40% de un contrato de 4.500 millones de dólares para la construcción de una presa, aprobado por un decreto firmado por su padre, entonces presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, en 2015.

El 16 de octubre de 2016, Daphne Caruana Galizia, una conocida periodista de Malta, fue asesinada. Tres años más tarde, este caso pone en jaque al Gobierno maltés. La periodista, que dedicó parte de su vida a la investigación de los papeles de Panamá, denunció desde su blog varios casos de corrupción que implicaban a miembros del Gobierno maltés, liderado por Joseph Muscat.

Por sus investigaciones, la periodista ya había sufrido acoso e intimidaciones en otras ocasiones. En 1995 su perro apareció degollado, en 2006 colocaron pilas de neumáticos ardiendo alrededor de su casa y diez días antes de su asesinato denunciaba que estaba recibiendo amenazas y que la habían convertido en "la cabeza de turco de Malta".

En uno de sus últimos artículos, mencionaba a la empresa 17 Black y su vinculación con el primer ministro y miembros cercanos al Gobierno, ya que por aquel entonces se desconocía quien controlaba esa firma.

Los ejecutores: Vince Muscat, Alfred y George Degiorgio

En la madrugada del 16 de octubre de 2017, Vince Muscat (sin parentesco con el primer ministro) y los hermanos Alfred y George Degiorgio se trasladaron a Bidnija, lugar de residencia de Daphne Caruana, con el fin de colocar la bomba en el coche de la periodista.

Según la confesión de Muscat a la que ha tenido acceso Reuters, Alfred Degiorgio entró en el coche por la ventanilla trasera del Peugeot 108 tras forzarla con una palanca. Su hermano vigilaba en lo alto y Muscat el exterior de la casa de Daphne. Alfred, ya en el interior del coche, consiguió colocar la bomba bajo el asiento del conductor.

Los datos telefónicos de George Degiorgio confirman que se embarcó en un yate del Gran Puerto de la Valetta aproximadamente a la hora que la periodista salió de su casa. Según la Fiscalía, George envió un mensaje desde el yate a un dispositivo dentro del coche que hizo detonar la bomba.

Por este "trabajo" los asesinos obtuvieron 150.000 euros en metálico, según la declaración de Muscat a la que ha tenido acceso la agencia Reuters.

El intermediario: Melvin Theuma

Un taxista, Melvin Theuma, sería el intermediario entre los asesinos y la persona o personas que ordenaron el asesinato de la periodista. También sería el encargado de vigilar los movimientos de Caruana para encontrar el momento óptimo de realizar la ejecución.

Theuma fue arrestado el 14 de noviembre de 2019 como parte de otra investigación sobre juegos de azar ilegales. Tras su detención, ofrecería información sobre el asesinato de Daphne para conseguir el indulto, proporcionó pruebas que conducirían al arresto seis días después del empresario Yorgen Fenech.

A principios de diciembre, tras admitir que él había ejercido de intermediario entre los tres sicarios y el empresario, volvió a señalar a Fenech: "Puedo asegurar que Yorgen Fenech fue el único cerebro. Solo él habló conmigo", comentó el taxista, desmintiendo la declaración del empresario que tuvo lugar en el mes de noviembre.

El empresario: Yorgen Fenech

Fenech es el propietario de la empresa Wings Development Ltd. anteriormente conocida como 17 Black. Esta sociedad pantalla estaba en el punto de mira de las investigaciones de Daphne Caruana.

Según Melvin Theuma, Daphne Caruana fue asesinada por el temor de Fenech a las informaciones que pudieran ser publicadas sobre la propiedad de dicha empresa. Por este motivo se apresuró a cambiar el nombre, lo que dificultó en gran medida la identificación del dueño de la empresa con sede en Emiratos Árabes.

Según las informaciones de Reuters, la mencionada empresa funcionaba como vehículo para financiar empresas secretas en Panamá propiedad del jefe del gabinete del primer ministro, Keith Schembri, y del exministro de Turismo, Konrad Mizzi.

Yorgen Fenech fue detenido el pasado 20 de noviembre cuando intentaba salir del país en su yate y acusó, en la declaración judicial, a Schembri de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista.

El empresario ya ha sido imputado formalmente por su presunta complicidad y ha negado cualquier responsabilidad en el asesinato.

El jefe de gabinete del primer ministro: Keith Schembri

Sin un puesto oficial dentro del partido, Schembri actuó como consultor general para el primer ministro, Joseph Muscat.

En marzo de 2016, Daphne Caruana desveló que este y el ministro de turismo, Konrad Mizzi, abrieron empresas en Panamá después de las elecciones y crearon fideicomisos en Nueva Zelanda.

Tillgate Inc. y Hearnville Inc. fueron las empresas adquiridas por Schembri y Mizzi en el verano de 2015. Ambas empresas con sede en Panamá fueron compradas por la firma de servicios financieros Nexia BT en 2013 a través del archiconocido bufete Mossack Fonseca.

El 26 de noviembre dimitió de su cargo junto al ministro de Turismo, Konrad Mizzi. Tras la renuncia, Schembri fue interrogado por la Policía y puesto en libertad el 29 de noviembre.

El pasado miércoles 18 de diciembre, el exjefe de gabinete compareció como testigo en una vista judicial en la que se ha examinado una queja presentada por Fenech contra Keith Arnaud, uno de los investigadores del crimen, por supuesta sintonía con Schembri.

En dicha vista, Keith Schembri confirmó que asistió a los encuentros del primer ministro con representantes de las fuerzas de seguridad para tratar el asesinato de la periodista, reconoció su amistad con Fenech y admitió que habló con él 20 minutos antes de que intentase escapar del país. Sin embargo, negó que le filtrase información al empresario. 

Otro personaje a destacar en la relación entre Fenech y Schembri es el médico personal del empresario y del exjefe de gabinete, Adrian Vella. El doctor es sospechoso de actuar como mensajero entre ellos, incluso cuando Fenech se encontraba bajo custodia policial.

Ministro de Turismo: Konrad Mizzi

Este exministro de Turismo y anteriormente de Sanidad y Energía también bajo el mando de Joseph Muscat, aparecía en los Papeles de Panamá, junto a su socio Schembri. 

Tanto Tillgate Inc. como Hearnville Inc. fueron vinculadas posteriormente con 17 Black. Todo parece indicar que la investigación de Caruana sobre esta sociedad pantalla fue el móvil de su asesinato.

Al señalar directamente Fenech a Schembri como cerebro de la operación, apunta indirectamente también al exministro maltés.

Ministro de Economía: Chris Cardona

En enero de 2017, Caruana publicó que, mientras el ministro se encontraba en Alemania por asuntos oficiales, Cardona y su ayudante Joe Gerada visitaron un burdel. Cardona y Gerada negaron los hechos e iniciaron acciones legales por difamación contra la periodista. Sin embargo, antes de que el caso se defendiera en el tribunal, la periodista fue asesinada.

El 23 de noviembre fue interrogado por la Policía. El propio Cardona ha explicado en declaraciones al periódico Malta Today que la Policía le ha hecho cuatro preguntas, incluidas si estaba implicado en el asesinato de la periodista y si conocía a un sospechoso detenido en el marco de las investigaciones. Tal y como ha declarado al periódico maltés, las respuestas fueron negativas.

En la oleada de dimisiones del gobierno, también se propició la dimisión de Cardona, aunque posteriormente recuperó su puesto.

Primer ministro: Joseph Muscat

El primer ministro ya anunció que estará al frente del Partido Laborista hasta el 12 de enero y que dimitirá como primer ministro. Dada la magnitud de los escándalos que envuelven su figura, parece una decisión insuficiente para muchos.

Pero no solo la pésima gestión del crimen pone contra las cuerdas a Muscat. La posible implicación de altos cargos de su partido y los casos de corrupción sacados a la luz por Caruana ponen en tela de juicio su labor como primer ministro de Malta.

Los miembros ya mencionados de su partido no fueron los únicos del círculo de Muscat que se vieron envueltos en escándalos publicados por Daphne Caruana. Su esposa, Michelle Muscat, también apareció en su blog como beneficiaria de una empresa offshore en Panamáoffshore.

Ante esta esperada dimisión, las reacciones internacionales no se hicieron esperar y la petición de su dimisión inmediata se extienden desde las calles de Malta al Parlamento Europeo, que el pasado miércoles 18 de diciembre pidió la dimisión inmediata de Muscat como primer ministro.