Si el norte es evitar la barbarie en España, esto es, un gobierno del PP y Vox,  lo primero que hay que tener claro es cuándo hay que convocar las elecciones generales. La intervención de Sánchez en la reunión interparlamentaria socialista del martes pasado desmintió los rumores que situaban esas elecciones junto a las andaluzas, pero hay que terminar de precisar esto. En concreto, hay que aprovechar las elecciones autonómicas y municipales del 2027 para recuperar territorios y mejorar la sensación social de éxito de la izquierda. Si los resultados de los comicios territoriales del 2023 hubieran sido favorables para el PSOE, podría pensarse en un supermayo, pero fueron catastróficos con aquella campaña de cada día  un anuncio del presidente (del gobierno), y  todos los medios hablando de Sánchez y a verlas venir Ximo Puig, Juan Lobato, Francina Armengol y todos los demás. Queremos que el presidente se entere de las dos cosas, es decir, que en las elecciones autonómicas y locales el guapo no es él –su presencia resta en casi todos los territorios–,  y que se tiene que votar al final de la legislatura para que la izquierda tenga opciones de reeditar un acuerdo de coalición que mantenga al PP y Vox en la oposición.    

Aclarado esto, vayamos a los números que se deducen del barómetro de febrero del CIS, más allá de la estimación de Tezanos que sitúa al PSOE unos cuantos puntos por delante del PP, lo que no puede responder a un afán propagandístico porque no está escrito en ningún lado que situar primero a un partido en las encuestas que se publican le beneficie.    

Como ya ha explicado Rafael Ruiz en estas páginas (ver aquí), este barómetro de febrero del CIS ha traído dos  novedades importantes y la confirmación de otros resultados. La primera novedad es el empate al 31% de los votos válidos entre el PP y PSOE, lo que proporciona 135 escaños a los populares  y 128 a los socialistas. Según mis números son 136 y 129, lo que viene a ser lo mismo: el PSOE tiene que obtener 2,5 puntos más que el PP para empatar a escaños, y esto es consecuencia de los dos fijos por provincia que establece la Loreg. Con estos porcentajes y un escaño fijo por provincia, como explicamos aquí, el PP y el PSOE empatarían a 130. 

La segunda novedad, no menos importante, es un resultado de Vox del 14,5%, que equivale a  cerca de 3,5 millones de votos y  45 escaños (+12). En concreto, Vox ganaría un escaño en ocho circunscripciones donde se eligen ocho o más diputados (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Cádiz, Baleares y Las Palmas), todos a costa de Sumar, y otro escaño en cuatro circunscripciones donde se eligen siete o menos diputados (Santa Cruz de Tenerife y Salamanca a costa del PP, Tarragona se lo gana a Sumar y Albacete al PSOE). Precisando más esto, Vox consigue su resultado a partir de 2,4 millones de votos propios, 760.000 votantes del PP y 165.000 abstencionistas del 23J como aportes más significativos, aunque también ingresa 60.000 votantes del PSOE, 50.000 nuevos votantes y 30.000 votantes de partidos autonómicos. Como Vox sólo  transfiere alrededor de 250.000 votos al PP, su saldo actual con los populares es de medio millón de votos a favor. Además de esto, la transferencia de Vox al partido de Alvise se ha reducido considerablemente y, a día de hoy, SALF sería extraparlamentario con  370.000 votos. 

Los resultados que se confirman son los de Podemos y Sumar. Los primeros  obtendrían un millón de votos y dos diputados –Madrid y Barcelona a costa de Sumar–, y poco más puede subir, mientras que los de Yolanda Díaz han tocado fondo en 1,5 millones y 9 actas (-22), un resultado del que no pueden bajar porque es el estructural de los partidos que configuran la coalición.  En concreto, Sumar pierde los nueve escaños que gana Vox que acabamos de ver y otros tantos en favor del PSOE  (otro por Madrid y ya van tres, uno más por Valencia y van dos,  y uno por Málaga, Vizcaya, A Coruña, Zaragoza, Asturias, Granada y Girona). Esto suma una pérdida de 20 escaños a los que hay que sumar uno que gana el BNG en Pontevedra y otro que se lo lleva el PP en Córdoba.    

Con todo, PP y Vox están sumando en la actualidad 181 escaños que son 180 según Logoslab, suficientes para gobernar. Sin embargo, lo principal de este barómetro de febrero del CIS no son los números de situación sino su dimensión didáctica. 

Al PSOE le dice que su evolución en el mercado electoral está superando cualquier expectativa, lo que sucede a pesar de no enterarse de nada ni creérselo, porque ya me dirán ustedes qué hace Pedro Sánchez dando voces por España, o qué razón empuja a María Jesús Montero a hablar de fiscalidad el mismo día que el ministerio de Trabajo anuncia la subida del SMI. Cuanto más quietos estéis y más conscientes seáis de que os perjudica pesoear, mejor para todos. 

El mensaje para el PP es contundente: os está fallando la estrategia, si es que la tenéis, porque estáis cediendo a Vox medio millón de votos netos y Abascal ya es preferido a Feijóo en la mitad más joven del censo electoral. La dependencia de los populares de Vox es total y deberían comprender las cosas de otra forma. En el año 2015 aparecieron 3,5 millones de electores y 40 escaños diciendo "nosotros no votamos a los socialistas pero no somos como los del PP, queremos ser como los de Merkel". Luego pasó lo que pasó, y es que Albert Rivera no supo gestionar la oferta y Ciudadanos fracasó, pero esa era la demanda y esas personas no han desaparecido. Lo que significa que tú, PP de Feijóo, deberías dejar a Vox en su espacio y regresar a la normalidad democrática, definiendo una comunicación menos ansiosa, menos autoritaria  y más realista, más allá del cuento del gran centro-derecha que dejó de existir hace ya una década. Dicho de otra forma, tu problema no es Moreno Bonilla –Juanma–, sino las amigas de Milei, esto es,  Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, además de la tropa de jurásicos de los medios de la derecha y del PP de Madrid, como Aguirre o Aznar,  aunque estos últimos importan poco o nada, al menos en la Casa Blanca. 

A Vox le dice este estudio que va sobre ruedas, pero esto no nos sorprende porque el PP está haciendo funciones de viajante de esta formación desde que apareció, y la generalidad de las crisis atribuidas a este partido –que se marcha Olona y es el final, etc.–, son un puro invento de un sistema que se niega a aceptar la realidad y así le luce el pelo.  

Sobre Podemos y Sumar, el estudio confirma lo que ya sabíamos. La continuidad de un gobierno de coalición similar al actual es imposible sin una solución unitaria y superadora de la idiotez. En la tabla  figuran los resultados del 23J y a continuación mi estimación (JM25), la estimación de Logoslab (LOGOS), los resultados supuesta la suma lineal de las estimaciones actuales de Sumar y Podemos  (SUM+POD), la estimación del resultado mínimo ganador  en el supuesto de una nueva candidatura de unidad (UNIDAD), y la estimación resultante supuesta la reforma de la Loreg a un diputado fijo por provincia (1 FIJO). Saquen ustedes conclusiones. 

En cualquier caso, el problema que hay que resolver no es especialmente difícil y no justifica el pesimismo o incluso el derrotismo que percibimos en el ámbito de la izquierda. Peores las hemos vivido, mucho peores que ésta y se han solucionado.

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Jaime Miquel es analista electoral. 

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, gobernará la comunidad autónoma durante esta XI Legislatura, tras recibir el voto favorable de los 28 diputados de su partido, los siete de Vox y el del representante del PAR en la sesión de investidura celebrada este miércoles y jueves en el Parlamento autonómico, en la que ha desgranado las principales medidas de su Gobierno y ha debatido con los portavoces de los ocho partidos que componen la Cámara aragonesa, según informa Europa Press.

Azcón ha contado con el voto favorable de 36 de los 67 diputados, haciéndolo en contra los 23 parlamentarios del PSOE, los tres de CHA, los tres de Teruel Existe, el de Podemos y el de IU, de forma que ha obtenido la mayoría absoluta. Gobernará en coalición con Vox, aunque esta mañana ha ofrecido en la tribuna de oradores al PAR que se incorpore también al Ejecutivo.

El PP ganó las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo y Jorge Azcón, que se había presentado como el candidato a la Presidencia de Aragón, abrió un periodo de negociaciones que los comicios generales han dilatado varias semanas y en el que se ha reunido con todos los partidos, excepto con el PSOE.

Finalmente, ha cerrado sendos acuerdos, uno para la gobernabilidad de Aragón, con Vox, cuyo portavoz en las Cortes, Alejandro Nolasco, será vicepresidente primero, y otro de investidura con el diputado del PAR, Alberto Izquierdo.

Entre las medidas anunciadas durante el debate, el que va a ser nuevo jefe del Ejecutivo regional ha señalado una rebaja fiscal con la deflacción del IRPF, la práctica supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, el impulso a la libertad de elección de centro educativo y de la colaboración público-privada en sanidad. De los acuerdos con Vox y PAR, destaca la defensa de la reserva hídrica estatutaria. Con Vox también ha acordado la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Azcón ha garantizado que su Gobierno estará "por encima de los partidos políticos" y ha asegurado que el bienestar de los aragoneses "estará por encima de todo lo demás".

También ha manifestado que el suyo va a ser un gobierno "legítimo", que no solamente ha contado con respaldo en las elecciones autonómicas, sino en los comicios generales del pasado 23 de julio los partidos que lo integran han vuelto a revalidar el apoyo de los ciudadanos, tras lo que ha reconocido que "no ha sido fácil" alcanzar el acuerdo que posibilita su investidura.

Durante el debate de este jueves, la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha manifestado su "máxima preocupación" porque "sus intereses partidistas", los de Azcón, han estado por encima de los intereses de los aragoneses. Pérez ha agradecido el voto de los más de 197.000 aragoneses que apoyaron al PSOE en las elecciones autonómicas y ha afirmado que los socialistas se van a dejar la piel para defender el Estatuto de Autonomía, apelando a "la libertad, la igualdad y la justicia social", añadiendo: "Somos aragonesistas".

"Más Aragón y más Estatuto", ha reclamado Mayte Pérez, indicando que el Gobierno de Lambán entrega "un Aragón social, verde y digital" y que Azcón quiere "un Aragón más sumiso, reaccionario y liberal" tras "entregarse a la ultraderecha", avisando de que los socialistas estarán "enfrente" si PP y VOX derogan la Ley de Memoria Democrática.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha lamentado que se abra por delante "una legislatura dura, de retrocesos en lo social, de erosión del autogobierno, desguace del estado del bienestar y desmantelamiento de los servicios públicos".

A su entender, el Gobierno PP-Vox "va a defender intereses de clases, en detrimento de la mayoría social" y ha opinado que el cambio "no siempre es a mejor, no siempre es bueno", aunque ha reconocido la legitimidad de la nueva coalición fruto "de la aritmética de las urnas".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha propuesto internalizar el servicio de transporte sanitario urgente y suprimir el "obsoleto" modelo de implantación de las energías renovables en el territorio, al tiempo que ha defendido la creación de una comisión de investigación sobre renovables, así como una moratoria de las concesiones. Asimismo, ha exigido que el transporte sanitario urgente sea ininterrumpido, con UVI móviles dotadas de médico y menos tiempos de asistencia, advirtiendo de que "está en juego la igualdad de derechos". Guitarte ha urgido a mejorar la atención primaria, mejorar la banda ancha y mejorar la red de cajeros en el medio rural.

El portavoz de Podemos, Andoni Corrales, ha advertido que tras una legislatura "de avances", se inicia otra de "retroceso" y "al servicio de Madrid". Ha indicado a Azcón "que era evidente" que iba a poner por delante sus intereses y los de su partido a los aragoneses; "no sé por qué ha tardado tanto en anunciar que ceden a los antisistema" y permite "que la ultraderecha entre en el Gobierno de Aragón de su mano".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha asegurado que PP y Vox "están compartiendo una agenda peligrosa y retrógrada en lo moral y lo político", frente a lo que ha reivindicado "el ejercicio democrático" y ha emplazado a "acabar con la desigualdad".

Ha afirmado que Vox es "negacionista del cambio climático, de las violencias machistas, de la igualdad y las libertades, de los derechos o de la historia" y que el acuerdo de PP y Vox "no reconoce los retos de la Comunidad para salir con igualdad, solidaridad, justicia y reparto de cargas y derechos" al ser "un pacto neoliberal y ultra".

La portavoz del PP, Ana Alós, ha agradecido la confianza de los votantes y ha manifestado "el compromiso de gobernar para todos", tras lo que ha subrayado que los aragoneses "han censurado con su voto al Gobierno anterior". Alós ha defendido el pacto PP-Vox y ha dejado claro "que no había alternativa", salvo "someter a los aragoneses a unas nuevas elecciones hasta que el resultado favorezca al PSOE", haciendo notar que Vox es la tercera fuerza política de Aragón y que "los aragoneses han dicho no al cuatripartito" formado en la anterior legislatura por PSOE, Podemos, CHA y PAR.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha afirmado que ahora "empieza una nueva etapa que ha de ser determinante para el progreso de los aragoneses" y que cambiará las políticas "radicalizadas" del Gobierno de izquierdas, añadiendo "que a nadie debe extrañar" el pacto PP-Vox porque "Aragón es tierra de pactos".

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha sostenido que su formación "es la mejor garantía de que en Aragón no habrá un trasvase del Ebro", indicando que el acuerdo suscrito con el PP asegura "perfectamente la lucha de este Gobierno por el agua en este territorio y por la reserva hídrica que estamos seguros de que se va a proteger con uñas y dientes". "Y si no, pues ahora somos un poco amigos, pero seremos menos amigos".

Las primeras horas del plan de ahorro energético se han movido entre el desconocimiento y la incertidumbre. Este miércoles 10 de agosto han empezado a ser obligatorias las primeras medidas aprobadas en el real decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno. Desde esta medianoche los escaparates y los edificios públicos deben apagar sus luces a las 22 horas y la temperatura en el interior de multitud de locales debe limitarse a 27 grados.

El cumplimiento del decreto ha sido bastante desigual. La confusión y la flexibilidad de la norma ha hecho que en las calles de todo el país convivieran escaparates a oscuras con otros iluminados. El Ejecutivo señaló que el apagado de las tiendas podía esperar a las diez de la noche del miércoles, según recoge El País, pero han sido varias las empresas y edificios públicos que han optado por cumplir la norma esta madrugada.

Un empresario en Oviedo confesaba a El Mundo que la redacción del decreto no era clara. “No sabíamos si debíamos hacerlo a las 00.01 de ayer o a las 22.00 de mañana”, explicaba. Por su parte, un empleado del Corte Inglés de la Puerta del Sol se mostraba igual de confuso: “Pregunta a los jefes”, contestaba ante las preguntas de elDiario.es sobre las medidas. El edificio de Fnac en la calle Carretas, también en Madrid, apagaba sus luces mientras que los comercios de Inditex que lo rodeaban se mantenían encendidos. 

Únicamente los escaparates de los locales que a las diez de la noche estén vacíos deben apagar sus luces. En el caso de que su actividad prosiga pasada esta hora, podrán mantenerse iluminados. Era el caso del Primark en Gran Vía, que, según asegura elDiario.es, descargaba palés pasada la medianoche, y lo hacían iluminados. 

Estas restricciones no se aplican a monumentos, anuncios luminosos, rótulos o cartelería, según asegura El País. Por ello, Cibeles o el cartel de Schweppes en la Gran Vía de Madrid podrán seguir encendidos. Tampoco se han establecido restricciones en el alumbrado público. 

Climatización

Por otro lado, la temperatura de los locales climatizados no podrán superar los 27 –al igual que en invierno las calefacciones no podrán superar los 19 grados–. Esta medida se aplica a tiendas, supermercados, centros comerciales o grandes almacenes, así como oficinas, centros de la Administración, establecimientos culturales, estaciones y aeropuertos. 

Estas medidas y otras, como la instalación de puertas automáticas en los comercios para que no estén abiertas si está puesta la calefacción o el aire condicionado, Buena parte del paquete tendrá que aplicarse dentro de una semana, y se contemplan multas en el caso de que se incumpla. Estas serán de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.

El objetivo del Gobierno es ahorrar la energía suficiente para que España pueda ayudar a sus socios de la Unión Europea ante la previsible escasez de energía que sufrirá el continente este invierno. "La situación es crítica y se puede producir un corte de gas ruso en cualquier momento”, declaró la ministra de Transición Ecológica.

El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado cuatro nuevos acuerdos con Canarias, Cataluña, Galicia y Murcia en normas sobre las que existían discrepancias competenciales, compromisos que evitarán la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional, según ha informado Europa Press.

El pacto alcanzado en julio con el Gobierno de Murcia es sobre la Ley autonómica de Presupuestos para el ejercicio de 2022. En concreto, el acuerdo se refiere al artículo 59, que modifica el establecimiento y fijación del Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas adicionando dos nuevos artículos.

En este punto, ambas partes han acordado que el Ejecutivo murciano promoverá la correspondiente modificación legislativa para derogar estos preceptos introducidos por el artículo 59. También el Gobierno de López Miras incluirá en el desarrollo reglamentario los aspectos procedimentales del establecimiento y fijación del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

En lo que respecta a Canarias, el acuerdo alcanzado se refiere a la ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias. En relación con la disposición final tercera, ambas partes coinciden en que la expresión "cualquier otro acto de control preventivo municipal e insular" se entiende referida exclusivamente a los títulos habilitantes en materia territorial y urbanística de competencia insular o municipal, y en ningún caso a títulos ambientales.

Respecto a la disposición final séptima, apartado 38, ambas partes acuerdan interpretar la modificación operada en la Disposición transitoria séptima de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias en el sentido del que se refiere únicamente a los planes pendientes de aprobación, pero que cuentan con memoria ambiental en vigor.

Sobre la disposición final séptima, apartado 15, ambos gobiernos acuerdan interpretar la expresión "carácter provisional y limitado" del artículo 168.4 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, modificado por este apartado de la Ley en el sentido de que la Evaluación Ambiental estratégica de las normas sustantivas transitorias de ordenación solo podrá ser simplificada si la suspensión de planeamiento cumple los requisitos del artículo 6.2 de la Ley de evaluación ambiental.

Asimismo se han logrado sendos acuerdos con Cataluña y Galicia sobre la aplicación del decreto ley del Gobierno que adaptó directivas europeas en materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

En relación con el artículo 46 del texto refundido de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, ambas partes acuerdan que el Gobierno realizará las actuaciones procedentes tendentes a la modificación de su apartado 9 así como a añadir un nuevo apartado 10 a fin de garantizar las competencias de las comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores, todo ello con el tenor establecido con el acuerdo.

Lo mismo ocurre con los artículos del decreto 48, apartado 1, relativo al régimen sancionador; artículo 0, relativo a las sanciones accesorias; artículo 51, apartado 7; artículo 52, apartados 6 y 7; artículo 52 bis, apartados 1, 3, 5 y 6; y el punto segundo del epígrafe 'Instrucciones para su cumplimentación', letra A del Anexo I; todos ellos modificados por el artículo 82. Ambas partes acuerdan, en todos esos apartados, que el Gobierno realizará las actuaciones procedentes tendentes a la modificación en los términos fijados en el acuerdo.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca apoyo externo para controlar el funcionamiento de los hospitales levantados en la era Aguirre bajo diferentes modelos de concesión. El Ejecutivo madrileño acaba de poner sobre la mesa un contrato millonario para que una empresa privada asista durante los próximos años a la Administración regional en la monitorización de la prestación de servicios no sanitarios, la elaboración de pliegos o la supervisión del procedimiento de facturación y realización de la "liquidación anual" de la actividad realizada en aquellos centros nacidos al calor del conocido como modelo Alzira. En concreto, la adjudicataria, cuyo nombre aún no se conoce, será un apoyo de la denominada Unidad Técnica de Control de la Consejería de Sanidad en las labores de vigilancia de once hospitales que bajo distintos modelos se distribuyen a lo largo y ancho de la comunidad.

El paso de Esperanza Aguirre por la Puerta del Sol supuso un cambio importante en la sanidad pública madrileña. Cuando llegó al Ejecutivo regional, la dirigente conservadora se encontró con una veintena de hospitales totalmente públicos. Poco tardó, sin embargo, en apostar por nuevos modelos. El nuevo Puerta de Hierro, Infanta Cristina, Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste y Tajo se levantaron bajo el PFI, iniciativa de financiación privada por la cual la concesionaria se encarga de construir la infraestructura y ponerla a disposición del sistema público a cambio de gestionar los servicios no clínicos. Y el Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Torrejón y Villalba se pusieron en marcha con un sistema PPP, donde la gestión sanitaria es también privada.

El contrato sacado a concurso por el Ejecutivo madrileño gira alrededor de todos estos centros, además de la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Gómez Ulla, que se sostienen sobre convenios especiales. La empresa adjudicataria deberá desarrollar "labores auxiliares" de respaldo a la Administración en la vigilancia sobre el funcionamiento de los hospitales de la era Aguirre. "Deberá realizar una asistencia técnica de apoyo en la supervisión de índole técnico-administrativa, económica-financiera y legal de todas las actividades que deben prestar las sociedades concesionarias de los hospitales concesionados", recoge el pliego de prescripciones técnicas. El presupuesto base de la licitación, que todavía no se ha resuelto –en julio finaliza el plazo para presentar ofertas–, se ha fijado en cuatro millones de euros, a distribuir hasta 2025.

La empresa que se lleve el gato al agua tendrá que reforzar la labor de la Unidad Técnica de Control en multitud de tareas. Así, deberá verificar "los informes" que la sociedad concesionaria tiene que emitir con carácter periódico, asesorar a la Administración sobre "auditorías", estudiar los estados financieros de las concesionarias cada medio año o supervisar el estado de la infraestructura y el estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones, así como la correcta prestación de servicios no sanitarios relacionadas con la misma –limpieza, lavandería, restauración o mantenimiento, entre otros–. Entre sus obligaciones, además, también destaca el análisis de "las situaciones económico-administrativas y jurídico-legales" de las sociedades concesionarias para comprobar que cumplen con todas las obligaciones contenidas en el contrato.

No es la primera vez que el Gobierno regional se apoya en el sector privado para llevar a cabo estas labores de control. Ya lo hizo en 2011 y 2015, cayendo ambos encargos en manos de la consultora Hill International. Pero esta vez el presupuesto de licitación que pone sobre la mesa el Ejecutivo de Díaz Ayuso es mucho más elevado. E incluye entre las tareas del adjudicatario un aspecto que no se recogía en los viejos pliegos de prescripciones técnicas: la supervisión del procedimiento de facturación y la realización de la liquidación anual de la actividad realizada en la Jiménez Díaz, el Gómez Ulla y los cuatro centros modelo PPP: Rey Juan Carlos, Infanta Elena, Torrejón y Villalba. Dentro de esto se incluye, entre otras cuestiones, la actividad derivada de libre elección o la derivada de lista de espera quirúrgica

Esta es una cuestión capital en la gestión sanitaria. La Cámara de Cuentas de Madrid desveló antes de que estallara la pandemia que la Administración autonómica tenía en 2018 una deuda de 722,3 millones de euros con esta media docena de hospitales. Y hace solo unos meses el diario El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el cierre de 2019 se había incrementado hasta los 944 millones de euros. "Las cantidades que se encuentran pendientes de liquidación no tienen la consideración de deuda al no estar determinada con carácter definitivo la cantidad a abonar", sostuvo en la Asamblea el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que recordó la existencia en algunos casos de discrepancias a la hora de determinar la actividad realizada para fijar las cantidades a pagar.

Más allá de las cuestiones relacionadas con los hospitales levantados al calor del modelo impulsado durante la era Aguirre, el apoyo técnico también incluye la "elaboración de pliegos, supervisión y control" de los "contratos gestionados de forma centralizada" en la Unidad Técnica de Control de la Administración madrileña. En este sentido, el pliego de prescripciones técnicas recoge como "contratos centralizados de servicios" la limpieza integral, la lavandería de ropa hospitalaria y la vigilancia y seguridad de los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y los de Atención Especializada adscritos al mismo.

Un conjunto de trabajos de todo tipo para los que el Ejecutivo regional pide la puesta en marcha de un equipo multidisciplinar. Así, quien se haga con el contrato deberá poner a disposición de la Administración al menos una quincena de profesionales de todas las disciplinas: ingenieros, arquitectos, titulados sanitarios, economistas, abogados o expertos en facturación y control documental.

"Es una putada que me está creando ansiedad y angustia". Estefanía lleva días visitando residencias por toda la zona sur de la Comunidad de Madrid. El miércoles, en Las Camelias. El jueves, en el Centro Geriátrico Campodón. Todo lo mira con lupa. Al fin y al cabo, solo quiere que su marido esté atendido en las mejores condiciones. Pregunta siempre por el uso de las sujeciones. Y, por supuesto, pide que le dejen ver las áreas destinadas a personas con deterioro cognitivo. No busca un nuevo centro porque esté descontenta con el actual. Se ha visto obligada a ello después de que la residencia en la que se encuentra su pareja haya quedado fuera del nuevo acuerdo marco regional. No es la única. Es algo que afecta en estos momentos a más de 600 personas que disfrutan de una plaza concertada en suelo madrileño.

Tres años. Ese es el tiempo que lleva el marido de Estefanía, con un deterioro cognitivo que le impide moverse o comer con normalidad, moviéndose de un centro para otro. Estuvo seis meses en Amavir Humanes. Luego, consiguió una plaza concertada en Vitalia Leganés. Pero estalló la pandemia y su mujer decidió a toda prisa sacarle del centro, donde los contagios aumentaban día tras día. Durante tres meses le cuidó en casa con ayuda de los hijos. Luego, contrataron a una persona durante ocho horas diarias. Y así estuvieron hasta que le concedieron el traslado a Sanitas Getafe. "Ahí ha estado muy bien atendido, sin sujeciones, que es fundamental para mí, y en habitación individual", cuenta su mujer al otro lado del teléfono.

Tras tanto tiempo dando tumbos, por fin estaban contentos. Por el trato y por la ubicación del centro. "A cuatro estaciones de Metro de donde vivo", señala. Pero la pasada semana todo se torció. "Nos ponemos en contacto con usted para informarle que la residencia para personas mayores en la que vive actualmente, en plaza pública, va a finalizar el contrato suscrito con la Consejería de Familia", rezan algunas de las cartas recibidas por los usuarios de los centros. "Nos ha caído como un jarro de agua fría", asevera Julia, que tiene a su madre con alzheimer en otro de los centros del grupo, del que destaca su "profesionalidad", y que pide aparecer en el reportaje con nombre ficticio.

El origen del problema se encuentra en el nuevo acuerdo marco de la Comunidad de Madrid, que fija las condiciones de contratación de plazas concertadas en las residencias de mayores de la región para los próximos cuatro años. Hay centros con los que hasta la fecha había conciertos que o no han querido optar a renovarlos o que lo han intentado pero que se han quedado por el camino por no cumplir con algunos de los requisitos establecidos. En total, según los datos facilitados a este diario desde la Consejería de Políticas Sociales, hay catorce geriátricos en esta situación. Una decena de ellos no se han presentado al concurso. Los cuatro restantes sí, pero se han quedado finalmente fuera.

Desde el departamento no entran a valorar los motivos por los que una decena de centros han decidido no seguir manteniendo relación con la Administración. "No se puede obligar a una empresa a que opte", se limitan a decir. Pero a nadie se le escapa que el nuevo acuerdo marco es mucho más exigente con el sector residencial que el anterior. Y quizá ese sea uno de los motivos. El convenio, alumbrado durante el Gobierno de coalición, endurece el régimen sancionador, otorga al Ejecutivo regional mayor capacidad para retirar la gestión de estos centros e incrementa las ratios mínimas de atención directa. Eso sí, el precio diario por plaza concertada que paga la administración aumenta de 54,51 a 74,88 euros.

El descuelgue de estos catorce centros del nuevo acuerdo marco impacta directamente sobre las familias. Según los datos de la Consejería de Políticas Sociales, 649 mayores se verán obligados a cambiarse de residencia si quieren seguir manteniendo su plaza concertada. Es algo que sucede cada vez que se renuevan los convenios. De hecho, señalan desde el Ejecutivo regional, la puesta en marcha del último, el que se firmó en 2017 con Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol, afectó a algo más de un millar de residentes. "Administrativamente no nos queda otra, nos vemos obligados. Afortunadamente, es algo que se sucede cada cuatro o cinco años", dicen fuentes de Políticas Sociales.

Las familias buscan ahora nuevo centro de entre los que constan en la lista de adjudicatarios de plazas concertadas. Tienen hasta este domingo para entregar a los directores de las residencias en las que residen actualmente un impreso indicando cinco de ellos por orden de preferencia. En caso de no hacerlo, reza una carta recibida por los residentes, "se asignará el traslado en función de la disponibilidad de plazas existentes". Está previsto que las derivaciones se lleven a cabo antes del verano. Mientras tanto "continuarán viviendo en las que están", apuntan desde Políticas Sociales, departamento que entiende que puede resultar "molesto" pero que asegura que los traslados se harán de la manera "más ágil, cuidadosa e individualizada posible".

"Me han hecho polvo", se queja Estefanía, que no deja de darle vueltas al proceso de selección de nuevo centro para su marido. Julia, por su parte, no está dispuesta a que su madre, que padece alzheimer, pase por eso. "Después de dos años y medio de un duro periodo de adaptación, ella por fin estaba contenta. Su hogar es su salón, las caras que conoce y su habitación. Pero su situación es muy vulnerable y un cambio tan grande de sus hábitos la desestabiliza de nuevo por completo. No se le puede desahuciar así", se queja amargamente su hija al otro lado del teléfono.

Teniendo en cuenta la complejidad del caso, Julia está viendo si puede mantenerla en el mismo geriátrico. Aunque tenga que pagar la plaza privada. Es consciente de que el Ejecutivo regional tiene a disposición, para casos así, la conocida como Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), una ayuda periódica para financiar los gastos del servicio de atención residencial, diurna o ayuda a domicilio. En su caso, teniendo en cuenta que su madre tiene un grado tres de dependencia, le corresponderían entre 429 y 715 euros. Pero en el centro en el que están ahora mismo la plaza al mes está por encima de los 2.000 euros. Y la pensión de su madre apenas llega a los mil. "O se nos da el máximo o no llegamos", lamenta.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha superado este jueves con la ayuda de Vox su primera prueba de fuego en la tramitación de la conocida como Ley Ómnibus, la macrorreforma que actúa sobre medio centenar de textos normativos. Sobre la mesa, tres enmiendas a la totalidad de la oposición para devolver el texto al Gobierno madrileño. El debate ha sido intenso. Mientras la derecha ha defendido a ultranza el proyecto al entender que es necesario para "impulsar" la economía regional, el bloque de izquierdas no ha dudado en calificarlo de "atentado democrático". Es más, desde Unidas Podemos se ha amenazado incluso con llevarlo ante el Tribunal Constitucional.

El debate ha arrancado a mediodía. Frente a la Cámara Regional, colectivos ecologistas, vecinales y sindicatos protestaban contra la tramitación del texto con gritos como "¡Privatizar para robar!". En su interior, el consejero de Presidencia, Enrique López, tomaba la palabra. "Es un eficaz instrumento para el impulso de la economía y la modernización de la Administración", señaló durante su intervención el dirigente conservador, quien reprochó al bloque progresista que hace meses les criticasen por tener "poca actividad" y ahora por tener "mucha". "Estamos en una coyuntura que exige un Gobierno audaz y legislaciones corresponsables", aseveró.

Toda la oposición, incluido Vox, coincidió en afear al Ejecutivo regional las "formas" a la hora de tramitar la macrorreforma. "Un texto legal de esta envergadura no se puede presentar ni tramitar como se ha pretendido", afirmó el diputado de la formación ultra Pablo Gutiérrez de Cabiedes. Al fin y al cabo, el anteproyecto fue presentado a las puertas de Navidad y con una "urgencia" que solo daba siete días en plenas fiestas para presentar alegaciones. "Esto empezó con premeditación y alevosía, hurtando la posibilidad de participación", insistió la parlamentaria de Unidas Podemos Sol Sánchez.

Durante todo el debate, López trató de defenderse por esta cuestión. Dijo que se está ante una "minilegislatura" y que tienen un tiempo "muy limitado" para llevar a cabo los cambios normativos que pretende el Ejecutivo madrileño. "Lo sentimos, la vida es así. El anteproyecto se acabó en diciembre y teníamos que presentarlo entonces. Somos un Gobierno que trabaja en Navidades", espetó con ironía desde la tribuna de oradores. Una explicación que no convenció a la oposición. Pablo Gómez Perpinyà diputado de Más Madrid, llegó a tildar el texto de "atentado legislativo" o "una de las mayores estafas democráticas" de la historia de la Comunidad de Madrid.

La Ley Ómnibus es una ambiciosa reforma legal de casi dos centenares de páginas en la que se mete mano a nada menos que 50 textos normativos diferentes: 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. Incluye cambios en todo tipo de ámbitos. En materia urbanística, medioambiental, deportiva, de transparencia o de juegos de azar. También aborda modificaciones en el principal órgano fiscalizador regional, aquel que se encarga de poner la lupa sobre el uso que hace la Administración madrileña de los recursos públicos. Una macrorreforma que elimina tasas y trámites burocráticos con la que el Gobierno cifra en un millón de euros anual el ahorro a los contribuyentes.

La norma que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria da otra vuelta de tuerca más a una liberalización del suelo que se ha convertido en una de las señas de identidad de los conservadores en la región. Se introducen retoques en lo relativo a los denominados proyectos de alcance regional, una categoría que permite urbanizar incluso en zonas protegidas. Además, se legitima que los ayuntamientos puedan autorizar en suelos rurales la "rehabilitación", incluso con "destino residencial y hostelero", de "edificios existentes" aun cuando "se encontrarán en situación de fuera de ordenación" o se sustituye la obligación del promotor de ceder suelo al ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas por el pago de una cantidad monetaria.

Desde la izquierda centraron buena parte de sus críticas justo en los cambios en materia urbanística y medioambiental. "Vuelven ustedes a lo mismo que hacían Esperanza Aguirre e Ignacio González. Son ustedes un remake", aseveró la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera. Algo en lo que insistieron Unidas Podemos y Más Madrid, desde donde señalaron que lo que se pretende hacer dando otra vuelta de tuerca a la liberalización del suelo es resucitar el espíritu de Eurovegas bajo el pretexto del impulso económico. "Son un Gobierno inflamable para el medio ambiente", apuntó Perpinyá.

Desde la ultraderecha no ven con malos ojos reducir o eliminar las "trabas burocráticas". Pero otra cosa es disminuir los controles al Ejecutivo de turno. En esas cuestiones, aseguraron, que no cuenten con su voto. Hicieron referencia en este punto tanto a las modificaciones vinculadas a la Cámara de Cuentas como a los cambios en materia de transparencia. Sobre lo primero, la Ley Ómnibus plantea rebajar la barrera parlamentaria para designar a los consejeros del ente que se encarga de controlar el uso que la Administración madrileña hace de los fondos públicos –pasa de los dos tercios actuales a que puedan ser elegidos en último término por mayor número de votos–.

En cuanto a lo segundo, se deja fuera del escrutinio público ciertos encuentros del Ejecutivo madrileño, cuyos altos cargos no estarían obligados, según el texto, a publicar en sus agendas "la actividad de mera cortesía institucional" –la norma ni siquiera pone negro sobre blanco las características que deberían de tener los encuentros para que se entiendan como tal–. Cuestiones que se abordarán en profundidad durante el resto de la tramitación parlamentaria del texto. Un proyecto de Ley que desde Unidos Podemos han amenazado con poner sobre la mesa del Tribunal Constitucional.

Viernes, 13 de marzo de 2020. Quedan pocas horas para que el Gobierno active el primer estado de alarma. Y en la madrileña residencia de Monte Hermoso están con el agua al cuello. Aunque el foco de coronavirus detectado en las instalaciones empieza a tener mala pinta, las decisiones de las autoridades no terminan de llegar. Se ponen en contacto con la Administración regional. Piden auxilio a la Consejería de Sanidad. Pero apenas hay respuestas desde el otro lado. En solo cuatro días, 19 ancianos fallecen en el centro. Es solo el comienzo de lo que está por venir en unas residencias que acabaron por convertirse en la zona cero de la pandemia. Un agujero negro que ha segado la vida de más de 32.500 mayores. Una tragedia que ha puesto en evidencia la necesidad de repensar la fórmula de atención residencial.

Han pasado ya dos años desde que el avance del coronavirus frenara el mundo en seco. Pero para los empresarios, el modelo sigue sin haber evolucionado. "No ha cambiado demasiado", se lamenta al otro lado del teléfono Cintia Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP). Es cierto que ha habido movimientos, tanto por parte del Ejecutivo central como de algunas comunidades autónomas. O que se ha abierto un debate intenso alrededor de esta cuestión. Pero Pascual, no puede evitar ser pesimista. "Lo que ha pasado, lo que hemos vivido, es muy gordo. O lo transformamos ahora o no lo haremos nunca. Y el problema es que el sector público no se está moviendo lo suficiente", recalcan a infoLibre desde la patronal del sector.

Gobierno, empresarios y sindicatos llevan meses negociando el nuevo modelo. Hasta el momento, sobre la mesa se han puesto hasta cuatro borradores diferentes. El último, a finales de febrero. El documento pone el foco en varios aspectos importantes. Uno de ellos, el tamaño de los nuevos geriátricos. El objetivo del Ministerio de Derechos Sociales es poner coto a los llamados macrocentros. Y, para ello, su última oferta conocida fija el número máximo de usuarios por residencia en los 90, dando un plazo de siete años a los ya construidos para que se adapten a esa cifra. Son, no obstante, cuarenta residentes más que los que estableció el Ejecutivo central en el primer borrador, algo que no termina de convencer a las familias.

Los pasos dados por algunas comunidades autónomas también van orientados a desterrar de una vez este planteamiento de centros masificados. Es el caso de Cantabria o Navarra. Ambas fueron las primeras regiones en reformular su modelo tras el estallido de la pandemia. La primera, a golpe de orden. La segunda, de decreto. En suelo cántabro, los geriátricos no podrán contar con más de 120 plazas, mientras que en territorio navarro esa cifra se sitúa en las 130. Mucho más exigente pretendía ser el Gobierno de Castilla y León. Así, el Anteproyecto de Ley que puso sobre la mesa hace casi un año planteaba que la horquilla se moviese entre las 40 y las 72 plazas. Pero el adelanto electoral frenó en seco su tramitación.

Pascual no cree que la clave esté en meter la tijera sobre el número de plazas, sino más bien en garantizar la calidad de los servicios. "Puedes ser un centro de doscientas pero distribuidas en pequeñas unidades de convivencia", apunta. Sobre este modelo de atención residencial están trabajando también en suelo cántabro, navarro, asturiano o valenciano. Se trata de una aproximación a los planteamientos de cuidados de los países nórdicos. En Suecia, por ejemplo, predominan las denominadas Gruppboende, residencias conformadas por un conjunto de pequeños apartamentos en los que conviven grupos reducidos de internos, algo que facilita las relaciones sociales y que puede ser efectivo a la hora de atajar contactos ante futuras pandemias.

Más allá de la reducción del tamaño de los centros, el nuevo modelo residencial estatal sobre el que trabaja el Ejecutivo también busca que las administraciones refuercen la labor de vigilancia. Así, la cuarta propuesta plantea que haya un inspector por cada 25 centros, lo que supone una mejora respecto a las propuestas anteriores –uno por cada treinta– pero que se encuentra alejado de lo que exigen las familias –uno por cada quince–. Antes de que estallara la pandemia, España tenía un inspector por cada 1.686 plazas de residencias, según las cifras recogidas por el director de investigación de infoLibre, Manuel Rico, en su libro ¡Vergüenza! Es escándalo de las residencias.

Entre territorios, las diferencias eran realmente significativas antes de la crisis sanitaria. Así, mientras que esa misma ratio se situaba en uno por cada 806 en La Rioja, en otras regiones como Extremadura, Galicia, Asturias, Madrid o Aragón registraban uno por más de dos millares de plazas. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las más castigadas por la entrada del coronavirus en las residencias, puso sobre la mesa el pasado mes de febrero su Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales. Un texto que evitaba fijar objetivos. "La plantilla de personal inspector deberá tener una dimensión suficiente para garantizar el ejercicio de las funciones que la ley le encomienda", es lo único que se contempla.

La crisis sanitaria puso a todo el sector contra las cuerdas. Sobre todo, a sus trabajadoras. En pocos días, se vieron completamente desbordadas. Sin medios materiales. Y con un agujero de personal, arrastrado desde hace años, que cada vez se hacía más y más grande. Ellas solas, aisladas para poner a salvo a sus familias. Aterradas ante lo desconocido. Una presión brutal que ha terminado haciendo mella en el colectivo. "Física y mentalmente estamos agotados", recordaba hace unos meses Sonia Jalda, portavoz del colectivo Traballadoras das Residencias de Galicia (Trega). Un cóctel explosivo de depresión, ansiedad y estrés que terminó por arrasarlas a nivel psicológico.

Dos años después nada ha cambiado. "Las condiciones de trabajo siguen siendo igual de penosas", explica al otro lado del teléfono Jesús Cabrera, responsable Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO). Las plantillas, compuestas en su mayor parte por mujeres, continúan siendo totalmente insuficientes para atender a una sociedad cada vez más envejecida. No es un problema de ahora. Ya existía antes de que estallase la pandemia. Lo que pasa es que la crisis sanitaria sirvió para dejar al desnudo estas carencias de personal. "Hay que aumentar las plantillas para poder garantizar unos cuidados de calidad", exigen los sindicatos.

Este es uno de los pilares centrales de la normativa estatal en la que trabajan Gobierno y actores sociales, negociaciones que desde la patronal aseguran que se encuentran "estancadas". En su último borrador, Derechos Sociales sitúa la ratio de personal de atención directa (psicólogos, médicos, enfermeros o fisioterapeutas) en los 0,43 por cada residente, a alcanzar en enero de 2023, frente al 0,41 que habían puesto sobre la mesa en un documento anterior. Una cifra que la Comunidad de Madrid ha decidido situar en el 0,47 en su último acuerdo marco, el que fue presentado hace justo un año y que aún no ha sido aplicado.

El problema es que no resulta nada sencillo atraer a los profesionales a este sector. Y eso es algo que se puso de manifiesto durante el primer zarpazo del coronavirus. "Competimos con Sanidad y al final la mayoría prefiere ir antes a Ifema que a una residencia", señalaba en abril de 2020 en una de sus cartas el entonces consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero. La explicación, señala Cabrera, hay que buscarla en la brutal precarización de un sector donde menos de la mitad de los contratos son indefinidos a tiempo completo –el 48,8% en el último trimestre de 2021, frente al 48,1% en el segundo trimestre del año negro de la pandemia–.

Luego están las condiciones salariales. El último convenio colectivo estatal de los trabajadores de los centros residenciales privados expiró justo antes de que estallara la crisis sanitaria. Y, desde entonces, no ha habido manera de renovarlo. "La patronal lo mantiene bloqueado", denuncia Cabrera. Una parálisis que se ha traducido en una congelación de los salarios. Y eso que aquel texto contemplaba un alza anual de los conceptos retributivos en función al IPC siempre y cuando el PIB español hubiese experimentado en ese ejercicio un crecimiento anual superior al 2%. "En 2020 no sucedió, pero ahora la economía ha crecido por encima de esa cifra", apuntan desde CCOO.

Un gerocultor cuenta actualmente con un salario base de 959,27 euros. Y los enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales ni siquiera alcanzan los 1.300 euros. De ahí que los sindicatos hayan decidido dar un paso al frente. CIG, CCOO y UGT ya han anunciado una huelga para esta misma semana en Galicia, que sigue al parón protagonizado hace solo un mes por las trabajadoras del sector en Bizkaia. El objetivo, dignificar de una vez por todas un sector que, como el sanitario, puso toda la carne en el asador durante lo más duro de la pandemia.

El Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP), la patronal con mayor proyección pública, es consciente de que si se quiere construir un modelo centrado en las personas es fundamental aumentar ratios y salarios. "Todos los proveedores de estos servicios quieren una transformación de verdad. Y sabemos que los sueldos tienen que ser más altos y que es necesario más personal", asevera Pascual. Pero para ello es necesaria una apuesta decidida por parte de la Administración. España, dice, sigue invirtiendo poco en dependencia. "Un 0,76% del PIB, frente a una media europea que es del 2%", explica al otro lado del teléfono. Y, desde que estalló la crisis sanitaria, el "sector público" no se está "moviendo lo suficiente".

Pascual señala que cualquier propuesta de mejora del modelo debe ir acompañada de financiación y una detallada memoria económica. "No hay forma de que las comunidades autónomas digan que van a aportar más dinero para afrontar esos cambios", sostienen desde CEAP. Con el nuevo modelo, la patronal calcula que las administraciones deberían pagar al día por plaza residencial concertada alrededor de 80 euros. Ahora mismo, según sus cálculos, esas cifras varían mucho en función de la comunidad. En Asturias, Extremadura, Andalucía o Galicia ni siquiera alcanza los 53 euros diarios, frente a otras regiones que superan los 70. "Vamos a diferentes velocidades", reflexiona.

El nuevo Acuerdo Marco madrileño sitúa el precio diario de cada plaza en los 74,88 euros, una subida de más del 37% respecto al que fijaba el anterior. "Es un buen punto de partida", opinan los empresarios, que insisten en que ellos no pueden asumir en solitario el incremento de los "costes" a los que han tenido que hacer frente en los últimos meses. "Los mayores problemas los estamos encontrando con la luz y el gas. Ha habido casos en los que nos hemos topado con subidas de hasta el 300%", explicaban a este diario desde un potente grupo residencial privado el pasado mes de febrero. Y eso que, por aquel entonces, no había todavía estallado en Ucrania una guerra que ha puesto todo por las nubes.

Con una inflación disparada, algunos grupos están repercutiendo el incremento de los costes sobre los precios de los centros, que ya de por sí resultan prohibitivos para buena parte de los mayores. "En relación al coste de su estancia para el año 2022 le comunicamos que tendrá un incremento del 6,5%, en base al incremento del IPC de 2021", rezaba a finales de enero una carta enviada a los usuarios de un centro ubicado en la provincia de Salamanca y perteneciente a uno de los grandes grupos residenciales.

"Es cierto que habrá residentes que probablemente no puedan afrontar esas subidas", reconocen en privado algunas fuentes del sector pulsadas por este diario. Al fin y al cabo, en ese mismo ejercicio las pensiones contributivas y no contributivas apenas han aumentado un 2,5% y un 3%, respectivamente. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha advertido de los problemas que esto puede ocasionar "a medio y largo plazo" a los mayores, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Sobre todo, en un contexto de dificultades económicas como el que ha traído consigo la crisis sanitaria.

Noelia Sola apenas habla o camina. Con 81 años, es una de las usuarias de la residencia pública de Alcorcón, al sur de la capital. Allí pasó la durísima primera ola. Y allí continúa, en medio de un paisaje del que las restricciones siguen formando todavía parte. "Está costando que volvamos a la normalidad. Algunos centros no dejan todavía que los familiares puedan subir con los suyos a las habitaciones y continúan manteniendo horarios estrictos de visitas", cuenta Mariví Nieto, que además de hija de Sola es portavoz del colectivo Marea de Residencias. Y eso, dice, es un problema. Sobre todo, teniendo en cuenta el impacto que la crisis del coronavirus ha tenido sobre el desarrollo cognitivo de los mayores.

Dos años después del inicio de la pandemia, la palabra "decepción" está de forma permanente en boca de las familias. "Es frustrante que después de todo este tiempo no hayamos aprendido nada. Es evidente que se necesita un cambio radical en la gestión. Sin embargo, siguen existiendo los mismos problemas de recursos materiales y humanos de siempre", lamentan. A esto se añade el "abandono" que sienten por parte de las instituciones. Duele "mucho" que, después de todo lo vivido, parezca que se intente "tapar" lo sucedido.

Las comisiones de investigación parlamentaria son bloqueadas por las diferentes mayorías, a izquierda y derecha. Y las denuncias que llegan a manos de la Fiscalía terminan, en la mayoría de los casos, guardadas en un cajón. Según datos de Amnistía Internacional, casi nueve de cada diez investigaciones penales del Ministerio Público han sido archivadas. Una situación que no hace otra cosa que instalar, a ojos de las familias, un clima de "impunidad".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que "en Galicia no es necesario el proyecto España Suma" de Casado porque "en Galicia ya existe una fórmula que suma a la inmensa mayoría de los gallegos que es el Partido PopularPartido Popular", informa Europa Press.

Ahora bien, el presidente del Gobierno autonómico se ha referido al proyecto España Suma para "frenar que la izquierda de Sánchez, de Podemos y el independentismo catalán". Además, le ha deseado "éxito" a un proyecto que, desde su punto de vista, "tiene toda la seriedad".

Asimismo, Feijóo ha incidido en que "no creo que Génova imponga nada, al contrario, está ofreciendo la oportunidad de hacer frente a la inestabilidad política española", dada la posibilidad de unas cuartas elecciones. "El hecho de que un partido político haga una propuesta con luz y taquígrafos antes de unas elecciones para intentar una coalición preelectoral me parece algo bastante más serio que este juego de tronos que ocurre en este momento en nuestro país entre Podemos, el PSOE y los independentistas catalanes y vascos", ha subrayado el presidente de la Administración autonómica.

Por otra parte, Feijóo ha lamentado que "en España se está empezando a hacer política con minúsculas" y ha vaticinado que "ocurrirá lo que quiera el candidato Sánchez". "Si le interesa nuevas elecciones las habrá y todo parece indicar que así será, en contra de los intereses generales", ha precisado.

Al margen del panorama político español y gallego, el presidente del Gobierno gallego también ha sido preguntado por su opinión al respecto de las críticas vertidas por el PSOE andaluz contra su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por encontrarse de vacaciones durante la grave crisis sanitaria provocada por la listeriosis.

A este respecto, Alberto Núñez Feijóo ha manifestado que cree que "una persona tiene derecho a estar dos días y medio fuera de su despacho pero en comunicación permanente con los demás responsables de la Junta", como así "le consta", según ha dicho, que ha hecho Juanma Moreno. "Hay políticos en España que acreditan que cuando hay problemas siguen con sus vacaciones un mes, mientras que hay otros que cuando esto ocurre se cogen dos días y medio de un período de treinta", ha declarado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que la Comunidad autónoma "tiene retos importantes", pero también "grandes oportunidades" que "para su gestión exitosa" no pueden depender de un solo partido" y "no pueden ser privativos de la izquierda o la derecha, necesitan gobernazas transversales, moderadas, plenamente instaladas en la centralidad", como así lo han demostrado los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, informa Europa Press.

Lambán se ha pronunciado así en el discurso realizado tras prometer su cargo, después de ser reelegido presidente de la Comunidad el miércoles pasado, acto que se ha celebrado en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

En el acto han participado, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, así como el presidente del Parlamento autonómico, Javier Sada, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, además de diputados y representantes de otros parlamentos autonómicos y otras autoridades civiles y militares.

Lambán, que ha apelado "a huir de cualquier tentación frentista", ha apuntado que "la próxima semana se va a constituir un gobierno de coalición entre cuatro partidos políticos de ideología diversas, pero agrupados entorno a un ideal más sugerente, una manera de pensar y construir Aragón como un proyecto común".

Además de expresar su agradecimiento a los grupos que han hecho posible su investidura, PSOE, Podemos-Equo, Chunta Aragonesista (CHA), Partido Aragonés (PAR) e Izquierda Unida, así como a los ciudadanos que eligieron a los diputados de estos grupos, ha abogado por la "centralidad" en la política y por "la anteposición del interés general a los intereses de partido".

Lambán ha esgrimido que la política "no puede hacerse solo con la cabeza, también requiere de pasión" y de un "punto de locura razonada", para apelar "al genial caballero andante Don Quijote de la Mancha y a su altísima visión y alta altura de miras" para "compartir propósitos entre todos antes que encaminar nuestros esfuerzos políticos por la vía de nuestra ideología".

A su entender, a partir de ahí, "se abre un espacio de colaboración amplísimo y allí se ha inscrito el trabajo de estas cuatro fuerzas para formar el gobierno de los próximos cuatro años", un "acuerdo de cooperación" que "tiene como norma rectora el Estatuto de Autonomía de Aragón, que es en sí mismo un programa político formidable".

Lambán ha añadido que instrumento es el autogobierno, particularmente el gobierno de la Comunidad, para lograr un Aragón más social, verde, digital "y plenamente alienado y comprometido con la Constitución y con España".

Retos del nuevo Ejecutivo en Aragón

El presidente de Aragón ha desgranado algunas de las líneas de acción del nuevo Ejecutivo, como lograr una Comunidad "de hombres y mujeres libres e iguales", donde haya más derechos, un Aragón que encuentre "solución al problema demográfico, que es tanto como reinventarlo y hacer un modelo habitacional que se inscriba en los parámetros actuales de la economía y sea respetuoso con biodiversidad y el medio ambiente".

Igualmente, ha planteado el desarrollo de un Aragón "digital", para impulsar la industria 4.0, con el conocimiento como "principal factor de crecimiento" para subrayar que en esta Comunidad "sobra talento" y este puede ser territorio "líder" en esta materia.

Al mismo tiempo, ha apostado por un Aragón "firmemente alienado con la Constitución de 1978 y con este gran país que es España" porque esta tierra es "parte constituyente y constitutiva" de esta nación, algo que "le obliga a contribuir a la solución de sus problemas y le emplaza a construir la España del siglo XXI desde el ejercicio del autogobierno". El presidente de Aragón ha afirmado que el autogobierno "permite desplegar todas las posibilidades de cada Comunidad autónoma con el éxito asegurado porque la suma de las partes será siempre infitinamente superior al todo centralizado".

Ha esgrimido que los grandes proyectos estratégicos de Aragón "lo son también para España", entre los que ha citado la reapertura internacional de la línea ferroviaria del Canfranc, el Corredor Cantábrico Mediterráneo y el mudo logístico, y por eso ha pedido "un ejercicio de lealtad compartida", para que los proyectos de la Comunidad se entienda también como "prioritarios para España".

Lambán ha reconocido al respecto que en el actual Gobierno central "nos hemos encontrado siempre con respuestas positivas, que os agradezco y pido que trasladéis al presidente del gobierno", ha dicho a los representantes del Ejecutivo central en el acto.

El discurso del presidente ha contado también con una parte emotiva, en la que se ha declarado "un aragonés enamorado de su tierra que decidió servirla desde el noble ejercicio de la política", para asegurar que "si hubiera una hormona del aragonesismo", sufriría "trastornos importantes por exceso de la misma".

Lambán ha recordado a su familia, que ha dicho que tiene constancia de que desde el siglo XVIII está instalada en el municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros, dedicada a la agricultura, y ha expresado su admiración por el Pirineo, Ordesa, el Moncayo, las montañas ibéricas del sur, el Monasterio de San Juan de la Peña, la catedral de la Seo de Zaragoza y la de Albarracín.

"Las fuerzas o el talento que me queda lo podré al servicio de Aragón", se ha comprometido, tras asegurar que es "inenarrable" la sensación y el sentimiento de tomar posesión por segunda vez de un cargo que supone presidir una comunidad política que tiene mil años de historia.

"La confrontación dé paso a la cultura de la colaboración", pide Carmen Calvo

La vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, quien también ha intervenido en el acto, ha sostenido que el momento actual pide que "la confrontación dé paso a la cultura de la colaboración", que "la sociedad la vive con naturalidad y la política solo debe ser el reflejo de la realidad a la que pertenece" porque "no hay otra fórmula de asentar la convivencia de un país rico en todos y cada uno de sus registros, social, económico y territorial". "Tenemos que ir todos aprendido a construir una convivencia" con "nuevas fórmulas que hagan que la política solo pueda transitar por el espacio del respeto y del reconocimiento al otro".

Sobre Lambán, ha dicho que tiene "todos los saberes necesarios" y "sabes que el diferente no es tu enemigo, sino quien aporta otro punto de vista que nace de la libertad de los ciudadanos".

Para Calvo, "lo único y lo primero es la igualdad básica de todos los seres humanos, también de todos los españoles", el respeto a la libertad "que nos hace diversos" y que el progreso y el desarrollo "alcance a todos". "Eso es lo primero en Aragón y España, lo demás no es lo primero", ha sentenciado.

Ha añadido que el Gobierno de España "en este momento y en el futuro que nos depare la política caminará de los esfuerzos que Aragón haga por el resto de España", para señalar como retos comunes afrontar el cambio climático y el problema de la despoblación, "afortunadamente para España Teruel Existe", ha comentado en referencia a una plataforma ciudadana con este nombre.

También ha mencionado las políticas sociales, el "atajo de la violencia asesina de género que hace que las mujeres sean asesinadas por el hecho de serlo" y ha abogado por lograr la "igualdad rotunda en todas las de las desigualdades que hay que seguir desconstruyendo".

La candidata socialista María Chivite ha sido investida este viernes presidenta de Navarra al recibir el apoyo de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y la abstención de EH Bildu, lo que le ha dado la mayoría simple necesaria en la segunda votación para su investidura, informa Europa Press.

Después de que el jueves en la primera votación EH Bildu votara en contra, pasadas 24 horas cinco de los siete parlamentarios de la formación abertzale se han abstenido y los otros dos han votado en contra, tal y como estaba previsto, para posibilitar la investidura de María Chivite. Navarra Suma ha mantenido su voto en contra a la candidata socialista. De esta forma, Chivite ha sumado 23 apoyos, ha recibido 22 votos en contra y ha tenido cinco abstenciones.

Han asistido a la investidura, desde la tribuna de invitados, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el diputado socialista y secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán; el presidente del PNV, Andoni Ortúzar; la senadora navarra de Ciudadanos, Ruth Goñi; y el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, entre otros.

La líder del PSN toma el testigo de Uxue Barkos (Geroa Bai) en la Presidencia de Navarra tras haber acordado un programa de legislatura con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Presidirá un Gobierno de coalición que estará formado por 13 departamentos, ocho para el PSN, cuatro para Geroa Bai y uno para Podemos. Izquierda-Ezkerra ha declinado entrar en el Ejecutivo.

El Gobierno no tendrá mayoría en el Parlamento de Navarra, ya que suma 23 de los 50 escaños del Legislativo. María Chivite afirmó el jueves durante la presentación de su programa político que es "plenamente consciente" de que el Ejecutivo que presidirá "será un Gobierno sin mayoría absoluta, y que genera recelos en cierta parte de la sociedad", por lo que pidió "confianza".

Chivite reconoció que "es verdad que la confianza hay que ganársela, no es un acto de fe" y por ello ha asegurado que ofrece "diálogo a la Cámara, a los agentes sociales y económicos, a las entidades y organizaciones sociales, a todos los actores que contribuyen desde su actividad a construir Navarra, a dotar de valor a Navarra".

Por contra, el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, afirmó que la investidura de la líder del PSN con la abstención de EH Bildu "marca un antes y un después" y aseguró que Chivite "pasará a la historia como la socialista que dinamitó los acuerdos entre constitucionalistas en Navarra". "Se ha echado en brazos de EH Bildu y ha despreciado al 37 por ciento de los navarros que han votado a Navarra Suma y a muchos votantes socialistas que querían un gobierno constitucionalista", aseguró.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, advirtió de que sin la formación abertzale "no es posible construir ninguna alternativa a la derecha en Navarra" y subrayó que "no se puede ignorar que EH Bildu y lo que EH Bildu representa están presentes en las instituciones y en todos los ámbitos de nuestra sociedad".

Navarra Suma considera una "vergüenza democrática" y "una traición" la investidura de Chivite

El parlamentario de Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas ha calificado como "una auténtica vergüenza democrática" y "una traición al pueblo de Navarra" la investidura de la socialista María Chivte como presidenta de Navarra con la abstención de EH Bildu y ha advertido de que su coalición será "absolutamente implacable para que la democracia verdadera, el triunfo de lo que quiso la ciudadanía navarra, se imponga por las vías democráticas".

Carlos Pérez-Nievas ha afirmado, tras las investidura de Chivite, que "lo que está ocurriendo en el atrio del Parlamento con alegría y los de abrazos -en torno a la nueva presidenta- es una auténtica vergüenza democrática y una traición absoluta al pueblo de Navarra, están celebrado un triunfo que ellos creen haber conseguido sobre personas físicas, sobre los que estábamos en la lista de Navarra Suma, pero eso es absolutamente falso, Navarra no ha votado a María Chivite como presidenta en ningún caso, están celebrando una traición a la democracia, al voto de los navarros que no está representado por el Gobierno que se perpetrará la semana que viene".

Además, ha afirmado que el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ha acudido a la votación de investidura en el Parlamento de Navarra "a santificar este acuerdo". "El triunfador verdadero de este acuerdo de Gobierno es el PNV, que envía al señor Ortúzar para comprobar que todo sigue por el cauce normal, que nadie se sale de las líneas, eso es lo que nos toca, el PNV, que carece de representación en Navarra y que no es capaz nunca de alcanzar representación a través de Navarra, viene aquí camuflado en Geroa Bai para ser el verdadero triunfador", ha señalado.

Así, Pérez-Nievas ha subrayado que el PNV "tiene en estos momentos consejeros en el Gobierno y la Presidencia del Parlamento, por lo tanto lo que aquí se perpetra es el infantilismo político de creer que esto es ganarle personalmente, físicamente, en una lucha de egos a alguien". "La ciudadanía no ha querido que estos que se abrazan sean los triunfadores electorales, no tienen nada que celebrar", ha indicado.

En todo caso, el parlamentario de Navarra Suma ha lanzado "un mensaje de esperanza porque todos aquellos que votaron a Chivite para que no gobernara con nacionalistas, todos aquellos que votaron a Navarra Suma para que ganara el constitucionalismo, que somos amplísima mayoria, no están solos y defenderemos hasta las ultimas consecuencias el constitucionalismo en Navarra, nuestra comunidad foral y España como modelo de futuro".

La portavoz de Igualdad del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, ha asegurado este viernes que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz (Ciudadanos), "no merece" ocupar esta responsabilidad tras sus "calificativos machistas" contra la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, informa Europa Press.

Pérez se ha pronunciado de este modo en respuesta a las declaraciones de Ruiz en una entrevista con Europa Press durante la que ha que valorado que Susana Díaz se convirtiera en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la Junta, pero ha lamentado que haya "perdido el rumbo" tras "dejarse llevar por la ambición".

"Ya sabíamos que la consejera de Igualdad no es feminista, lo que no esperábamos es que además descalificara a una mujer que sí lo es solo por haber sido presidente de la Junta con un adjetivo profundamente machista", ha criticado la dirigente socialista, que se ha preguntado si Ruiz "dedicaría" los mismos calificativos al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En este sentido, Pérez ha asegurado que "no merece ser" consejera de Igualdad "una mujer que no respeta a una mujer que ha sido presidenta de la Junta y ha roto techos de cristal para otras muchas mujeres andaluzas". A su juicio, Rocío Ruiz "no es feminista, ni lo practica, ni se lo cree y además ofende con calificativos profundamente machistas", por lo que considera que "debería aprender, estudiar un poco y al menos guardar silencio y respetar la historia y la bandera del feminismo andaluz".

La dirigente socialista ha recordado que con Susana Díaz al frente de la Junta Andalucía lideró España con la aprobación de las leyes de Igualdad y contra la Violencia de Género y se alcanzó la transversalidad en todas las áreas del Gobierno andaluz con los presupuestos con perspectiva de género o las unidades de igualdad de género en todas las consejerías.

"Mujeres hasta entonces invisibles vieron cómo el Gobierno andaluz en su conjunto trabajaba por la igualdad entre hombres y mujeres con los hombres también como protagonistas", ha insistido Pérez, que ha definido a Susana Díaz como una "mujer valiente y feminista, consciente de que transformaba a mejor la sociedad andaluza, donde hombres y mujeres de la mano conseguíamos avances".

EH Bildu aboga por "posibilitar la investidura" de la candidata socialista, María Chivite, a la Presidencia del Gobierno de Navarra, aunque será una consulta vinculante a la militancia la que decida finalmente el sentido del voto de sus parlamentarios, informa Europa Press.

Este viernes, PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra formalizaron el acuerdo que les daría la suma de 23 escaños en el Parlamento de Navarra, a tres de la mayoría absoluta, lo que hace necesaria la abstención de EH Bildu para que la investidura prospere.

La Mesa Política de EH Bildu en Navarra explicó en una nota, a la espera de lo que decida su militancia, que "como dirección política a la que le corresponde hacer propuestas al conjunto de la militancia", ha tomado "posición respecto a la investidura, que ha sido refrendada por la Mesa de Hegoalde".

"Después de analizar todos los escenarios, los riesgos que comporta cada uno así como las oportunidades que se abren en cada caso para profundizar en nuestro proyecto político, propone la vía de posibilitar la investidura del Gobierno de coalición acordado por PSN, Geroa Bai y Podemos (I-E no formaría parte del Gobierno) a través de las abstenciones que sean necesarias", aseguró EH Bildu en una nota.

EH Bildu explicó que "entre las claves" que ha barajado para fijar esta posición, considera que "hay que evitar la recomposición del Régimen tal y como lo hemos conocido". "Por ello, en esta investidura debemos intentar impedir que eso suceda y cerrar el camino a esa posibilidad", añadió.

La Mesa Política de EH Bildu también tiene en cuenta que "no se perderían todos los pasos dados en la legislatura del cambio, no al menos completamente". "Viendo el preacuerdo programático presentado, lo que se aprecian son sobre todo generalidades y poca concreción. En algunos apartados hay también retrocesos, pero en general lo que domina es la ambigüedad", afirmó.

En cualquier caso, "una de las claves principales" que manejó la Mesa Política de EH Bildu es "la capacidad para condicionar e incidir en las políticas del Gobierno, ya que necesitaría nuestros votos en cada una de las cuestiones que quieran sacar adelante a lo largo de la legislatura". "Eso nos daría capacidad de incidir y de inclinar la balanza en algunos temas", ha afirmado.

La formación abertzale ha segurado que tiene claro que "asumiría el papel de oposición, sin ningún compromiso con respecto a ese Gobierno y con las manos libres para presentar las iniciativas pertinentes y tomar nuestras propias decisiones con base en nuestro programa y las necesidades de la ciudadanía navarra". "Esto nos daría la posibilidad de marcar perfil propio y afianzar nuestra referencia de alternativa de izquierdas", ha indicado.

Serán los militantes de EH Bildu los que tomen la decisión final

En todo caso, ha insistido en que será la militancia de EH Bildu en Navarra "la que tome la decisión final, una decisión que será vinculante para definir el sentido del voto del grupo parlamentario". Por ello, EH Bildu ha animado al conjunto de su militancia y base social "a seguir participando en el proceso de debate y tomar parte en la votación".

EH Bildu ha explicado que "lleva semanas en un proceso interno de debate sobre la toma de decisión en la sesión de investidura" y ha asegurado que "desde el mismo día de las elecciones" ha compartido "los análisis y reflexiones con su base social, ofreciendo marcos de debate tanto en asambleas de herrialde como asambleas comarcales".

La formación abertzale señaló que la pregunta de la consulta "será clara y concreta y ofrecerá la posibilidad de reflejar la opinión sobre las dos propuestas que se han ido manifestando claramente en los debates: abstención o voto negativo".

La fecha de la consulta vinculante así como la pregunta se harán públicas en los próximos días. Las personas que quieran participar en la consulta deberán estar inscritas antes del inicio de la misma. También se habilitarán las sedes de EH Bildu para realizar la votación de manera presencial en los horarios que se harán públicos.

Miguel Ángel Revilla ha tomado este sábado posesión del cargo de presidente de Cantabria por cuarta vez en su trayectoria política. El líder del PRC seguirá así al frente de un Gobierno de coalición con el PSOE que será "continuista", en el sentido de que "vamos a continuar igual, pero con más fuerza", informa Europa Press. Así lo ha expresado el Revilla tras jurar el cargo en un acto celebrado en el Parlamento, en el que también ha intervenido la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y que en nombre del Ejecutivo central ha dado la enhorabuena al regionalista y le ha deseado también suerte y éxito en este nuevo mandato.

A la toma de posesión han acudido además de familiares y amigos del presidente autonómico -que fue investido en el cargo el pasado jueves-, las principales autoridades de la Comunidad: el delegado del Gobierno, Eduardo Echevarría; el jefe del Legislativo, Joaquín Gómez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la fiscal superior, Pilar Jiménez; el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge; otros cargos civiles y militares, y todos los expresidentes de Cantabria, excepto Juan Hormaechea. Entre sus invitados, y además de su esposa, Aurora Díaz, hijas y hermana, destacaban el exfiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar; el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres; el periodista Luis del Olmo; el abogado catalán y militante del PRC José María Fuster-Fabra; el catedrático de Derecho penal Gonzalo Quintero Olivares; la directora de la Editorial Espasa, Ana Rosa Semprún; o el padre Ángel, que "es muy amigo mío", ha destacado el regionalista.

Su discurso, informal, ha sido seguido también por miembros de los gobiernos saliente y entrante, diputados y alcaldes, y lo ha pronunciado "con Rafa presente, siempre", palabras al inicio de su intervención con las que ha recordado, emocionado, al confundador del PRC, expresidente del Parlamento y exconsejero del Gobierno, Rafael de la Sierra, fallecido hace diez días tras una larga y dura enfermedad.

En su alocución, el presidente cántabro ha indicado que en la X Legislatura que acaba de comenzar sonará "la misma" música que en la anterior, "pero más fuerte". "Eso es lo que vamos a hacer", ha resumido. Con este símil, Revilla ha defendido el trabajo y gestión del anterior Gobierno PRC-PSOE y el pacto "absolutamente lógico" y que "da estabilidad" suscrito de nuevo por ambos partidos, que comandarán así la región los próximos cuatro años, como ya han hecho durante doce años. "Nos conocemos", ha valorado al respecto.

Para ello, y después de evidenciar que "no es mala cosa" que haya un Ejecutivo regional en "sintonía" con el central, ha recordado que regionalistas y socialistas llegaron a un acuerdo tras las elecciones y lo hicieron, además, "con celeridad", en "prácticamente tres días", algo que a sus ojos podría servir de "ejemplo" a España, porque "no hay nada más importante que la estabilidad". "Hay que llegar a un acuerdo", ha apelado Revilla, para quien "tiene que haber Gobierno", más cuando "no hay alternativa" al candidato socialista. Teniendo en cuenta esto último, ha pedido a los partidos de la oposición que no "bloqueen" el proceso, ya que unas nuevas elecciones "serían desastrosas". "La gente nos llamaría de todo", ha avisado.

Precisamente, el documento rubricado entre el PRC y PSOE también conlleva el apoyo, en caso de que fuese necesario, del diputado regionalista en el Congreso, José María Mazón, a la investidura de Sánchez que, por su parte, se comprometió a atender desde el Estado reivindicaciones de la Comunidad, como el pago de la deuda pendiente de las obras del Hospital Valdecilla, las conexiones ferroviarias a Madrid y Bilbao, y dotar de un apartadero al polígono industrial previsto en La Pasiega.

"Si no cumple, yo con 76 años, no voy a quedar mal"

Revilla se ha mostrado seguro de que esta vez el Gobierno central sí va a cumplir lo prometido, tras haber sido "engañado tantas veces". "No dudo que va a cumplir lo que ha firmado", ha manifestado, para expresar a continuación, y ante la ministra de Hacienda en funciones: "¡Por Dios! ¡Cumplidlo! Que en mi etapa final no estoy para bromas". A este respecto, el regionalista ha instado a los socialistas a que "no me obliguéis a ir por ahí armándola". "Si no cumple, yo con 76 años, no voy a quedar mal", ha advertido al socio.

De todos modos, ha reconocido la importancia de que se forme Gobierno en España y que haya Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que en caso contrario Cantabria deja de recibir la "barbaridad" de 130 millones de euros que se destinan a las personas más necesitadas.

En clave autonómica, el presidente ha valorado el descenso del paro, el crecimiento de la industria -el sector que "tira de la economía" y crea empleo estable y de calidad- y el turismo, que va "muy bien" aunque no se puede estar "a expensas" del tiempo. De esta última actividad, ha resaltado la evolución de pasajeros en el aeropuerto Seve Ballesteros, "una bomba de crecimiento" que cerrará el año con 1,25 millones de viajeros.

Y del Ejecutivo que ha dirigido y dirigirá, Revilla -que ha reconocido tener "muchos defectos" pero también virtudes como la tenacidad o la vocación política- ha ensalzado que es "previsible", pues entre otras cosas apoya proyectos que generen riqueza y progreso; y "honrado", toda vez que "la imagen de la corrupción" ha "desaparecido" de la Comunidad y de su política.

Estos valores contribuyen a "la imagen que estamos trasladando desde Cantabria" como una región "seria, acogedora y sin veleidades nacionalistas ni separatistas", algo que a su juicio "no tiene precio" y que es "el mayor logro" conseguido desde que gobierna (de 2003 a 2011, y desde 2015, aunque previamente -entre 1995 y 2003- fue vicepresidente con el PP). "Hoy a Cantabria la conoce todo el mundo para bien, como una referencia", ha defendido su presidente antes de finalizar su intervención.

El portavoz de Cs en la Comunidad, Francisco Igea, será el próximo vicepresidente y portavoz de la Junta que presidirá el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, en virtud del acuerdo alcanzado este viernes entre ambas formaciones para formar un Gobierno que contará con diez consejerías, una más que la pasada Legislatura, la de Transparencia y Regeneración Democrática.

Según el acuerdo que se ha cerrado este viernes, sólo una semana después de que se rubricara el pacto programático entre ambas formaciones, el PP llevará seis de las diez consejerías que conformarán la estructura de la Junta, concretamente la de Presidencia, Economía y Hacienda; Fomento y Medio Ambiente; Agricultura y Ganadería; Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación.

Por contra, Cs asumirá la dirección de las cuatro consejerías restantes como son Sanidad; Transparencia y Regeneración Democrática; Industria y Empleo y Cultura y Turismo.

Tanto Igea como el candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se han mostrado "muy satisfechos" con este acuerdo que se ha cerrado en los despachos de las Cortes con un apretón de manos y un "abrazo", como ha precisado el líder 'popular', quien ha explicado que será la próxima semana cuando se lleve a cabo la firma formal del documento en el que se especifique toda la estructura del Ejecutivo.

"Un choque de manos es esta tierra es tanto como una firma", ha asegurado Fernández Mañueco, quien ha abogado por llevar a cabo la sesión de investidura "cuanto antes", aunque, como ha precisado, es una cuestión que no depende de él sino del presidente de las Cortes, Luis Fuentes.

No obstante ha asegurado sentirse "preparado" para asumir la Presidencia de la Junta con la que tomará el relevo a Juan Vicente Herrera. "Soy consciente de la responsabilidad que asumo y espero dar respuesta desde este gobierno a las necesidades de los ciudadanos", ha garantizado.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos ha asegurado que hoy es un "buen día" para Castilla y León porque se ha acordado el reparto de las tareas dentro de un gobierno que ejecutará el acuerdo programático rubricado el pasado 21 de junio.

Así, ha defendido que la estructura acordada asegura las "medidas de cambio y regeneración" incluidas en el paquete de las 100 propuestas pactadas, además se garantiza la puesta en marcha de un sistema de funcionamiento que asegura la participación "de una manera conjunta" en las toma de decisiones del Ejecutivo.

"Es un buen acuerdo para todos", ha defendido, tras lo que ha detallado que él mismo ocupará la Vicepresidencia y Portavocía de la Junta aunque, por el momento, no se han precisado los nombres de quienes ocuparán las diez consejerías restantes dentro de una estructura "muy parecida" a la del Ejecutivo de Herrera, ya que únicamente se suma una nueva área, la de Transparencia y Regeneración.

En este sentido, Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que la estructura junto con el acuerdo programático avanzan hacia un gobierno "moderado y centrado en las personas" que, además, afronta los "retos de futuro" en la Comunidad desde el "compromiso" con el medio rural y los servicios públicos.

"Es un gobierno conjunto de colaboración e integración pensando en todo momento en los hombres y mujeres de Castilla y León", ha manifestado, tras lo que ha eludido hablar de las personas que encabezarán cada una de las consejerías en este momento.

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos en infoLibre con todas las reacciones este jueves de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del pasado domingo:

20.30. A los cambios que se están produciendo este jueves con el recuento y revisión de votos en la Junta Electoral de Cantabria en los ayuntamientos de Astillero, Ampuero, San Felices de Buelna, Reocín o Medio Cudeyo, se une el que ya se dio ayer en Torrelavega, donde Vox se quedó fuera de la Corporación municipal al perder el concejal que se le daba inicialmente y llevándoselo finalmente el PP. Donde parece que regionalistas y conservadores no llegan a un acuerdo sobre el reparto de ediles es en Entrambasaguas, para lo que tendrá que intervenir la Junta.

En el caso de Astillero, el PSOE pierde un edil, bajando de 5 a 4, y lo gana el PP, que pasa de dos a tres, por lo que el empate inicial entre Ciudadanos y el PSOE en 5 ediles se dehace. En Ampuero los socialistas ganan un concejal, pasando de 4 a 5. En Medio Cudeyo, donde han ganado los regionalistas seguidos de los socialistas, el PP se ha llevado un edil –que pasa de uno a dos– a costa del único que tenía Ciudadanos. En Reocín el PRC pierde un edil en beneficio del PSOE, que pasa de 3 a 4, aunque sin efectos dado que los regionalistas han ganado por mayoría absoluta. En San Felices de Buelna los socialistas han perdido un edil, bajando de uno a dos, en favor del PRC, que amplía la mayoría absoluta. En Santiurde de Reinosa, el PSOE se ha quedado sin representación tras perder sus dos ediles: uno que va para el PP (ampliando mayoría absoluta) y otro para el PRC.

19.10. La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Cazorla, en Jaén, ha dado por válido al PP el voto nulo en Peal de Becerro que lleva al empate técnico con el PSOE y que implica que la Alcaldía de este municipio de poco más de 5.000 habitantes de la Sierra de Cazorla se resuelva finalmente por sorteo. Según el coordinador general del PP de Jaén, Miguel Contreras, la JEZ se ha reunido esta misma tarde y ha acordado, "por unanimidad, dar validez al voto objeto de reclamación y rechazar las alegaciones formuladas por el PSOE". En el caso de que la resolución se haga firme, "nos encontraríamos ante la necesidad de sortear a quien se atribuye el último concejal en disputa", ha explicado Contreras.

19.00. El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona y ganador de las elecciones, Ernest Maragall, ha explicado que a lo largo de la tarde de este jueves enviará una primera propuesta de pacto que incluye los ejes principales que deberá abordar la negociación, y cuyo contenido no hará publico hasta que llegue a los comuns. Si bien ha avanzado que esta propuesta incluye objetivos de ámbito social y, en el de derechos y libertades, está más vinculado al proceso soberanista, ha asegurado que espera resultados en los próximos días. "Necesitamos discreción. No es momento de hablar de contenido ni de distribución de cargos. Justo abrimos negociaciones y hay voluntades compartidas", ha afirmado. 

18.40. El grupo municipal de ERC para Lleida encabezado por Miquel Pueyo –Esquerra-AM– ha iniciado contactos bilaterales con un equipo de JxCat-Lleida y Comú para "propiciar la consecución de un gobierno de cambio" en el Ayuntamiento tras asegurar que no existen líneas rojas entre los tres partidos. Sin embargo, precisa que para hablar de posibles acuerdos, los republicanos tienen que exigir a JxCat "un posicionamiento inequívoco contra la corrupción": "ERC debe dejar claro el compromiso con una política honesta y sin clientelismos". Por este motivo, y aunque Comú ha constatado las coincidencias de programa con ERC, sostiene que este partido debe exigir a JxCat que cese al expresidente de la Diputación Joan Reñé, investigado por supuesta corrupción.

En las elecciones del domingo, ERC, obtuvo siete de los 27 concejales que tiene el Ayuntamiento de Lleida, el mismo número que el PSC, mientras que JxCat logró seis; Cs, tres; el PP, dos, y el Comú, otros dos.

18.36. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya ha mantenido una primera toma de contacto tanto con su homólogo en Ciudadanos, José Manuel Villegas, como con el portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, para empezar a hablar de pactos postelectorales, según han informado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido. El bloque de centro-derecha puede desbancar a la izquierda en numerosas plazas y, para ello, es necesario abrir una intensa negociación. Por lo pronto, tanto el PP como Cs han designado un comité negociador que se dedicará a supervisar esas conversaciones y pactos contando con sus dirigentes autonómicos y provinciales.

17.00. Los ciudadanos que descalifican la coyuntura política que han dejado las elecciones generales del pasado 28 de abril suman el 52,8% de los entrevistados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, un porcentaje que es 26 puntos inferior al de los que consideraban que la situación estaba "mal o muy mal" en el estudio anterior. No obstante, tras las legislativas la clase política ha vuelto a la segunda plaza de problemas nacionales.  [Ampliación]

16.15. El PRC ha perdido definitivamente el diputado número 15, que se convierte en el número 7 del PSOE tras haberse concluido el recuento de votos en la Junta Electoral Provincial de Cantabria. Ahora se abre un plazo de impugnaciones de 24 horas. Así ha quedado determinado al acabar, sobre las 13.30 horas de este jueves, el recuento de votos que se inició ayer, a las 17.00 horas y se prolongó hasta las 22.00 horas, cuando quedó suspendido hasta este jueves a las 10.00 horas.

16.11. La vicesecretaria de Política Social del PP y diputada en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido "madurez" a Ciudadanos y Vox para "sentarse a hablar" con el objetivo de que no gobierne la izquierda en comunidades como Madrid. En este punto, ha advertido de que cada uno será "responsable de sus palabras y de sus hechos".

La jefa de campaña del Partido Popular para las elecciones europeas, Isabel García Tejerina (i), y la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra. | EFE

14.43. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha vuelto a advertir este jueves de que su partido no apoyará ningún gobierno autonómico ni local si el PP, pero también Ciudadanos, no se sientan con ellos para negociar porque, después de la experiencia en Andalucía, aseguran que ya no se fían de esos dos partidos.

13.48. El presidente de la Xunta y presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este jueves su esperanza de que Pedro Sánchez "elija bien a sus socios", y ha abogado por pactos que den "estabilidad" tanto en el Gobierno de España como en ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Diputaciones.

13.47. El candidato de Barcelona pel Canvi-Ciutadans a la Alcaldía de la capital catalana, Manuel Valls, ha instado este jueves al PP, al PSOE y a Ciudadanos a actuar en España con respecto a Vox igual que han actuado en la Unión Europea, donde apuestan por "rechazar todo acuerdo con la extrema derecha".

13.40. Vox ha registrado este jueves en el Congreso y en el Senado sendos escritos en los que exige a las respectivas Mesas que los cinco parlamentarios independentistas suspendidos por estar procesados por rebelión y en prisión preventiva no lleguen a cobrar ningún sueldo de las Cámaras.

13.26. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha exigido este jueves a Unidas Podemos dejar al margen posiciones "partidistas" en las negociaciones para formar gobierno y tener en cuenta que la ciudadanía reclama "estabilidad". "Cuando dice o yo o nadie está pensando solo en el partido", ha censurado.

12.50. El exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué ha señalado que la vuelta a la Barcelona "proyectada hacia el mundo" que "todos hemos admirado" durante años no es posible, a su parecer, con un gobierno local independentista ni "populista".

12.38. El diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha calificado de "poco adecuada" la propuesta del candidato apoyado por Ciudadanos Manuel Valls de apoyar a Ada Colau como alcaldesa de Barcelona para evitar que el Ayuntamiento esté en manos de un alcalde independentista, alegando que Ciudadanos es una "fuerza minoritaria" en la capital catalana.

12.21. La Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha enviado a los concejales elegidos en las elecciones municipales del 26 de mayo una propuesta de texto para que juren o prometan el cargo "por la república catalana".

12.17. El vicesecretario general de Organización del PP, Javier Maroto, ha señalado este jueves que para Ciudadanos es una "línea roja" la entrada de Vox en los gobiernos de centro-derecha y se ha mostrado abierto a atender sus razones durante las negociaciones. No obstante, ha pedido al partido de Albert Rivera que se siente a negociar porque eso no supone asumir los postulados del Vox. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha explicado que su prioridad es pactar gobiernos de coalición con Ciudadanos, que estén basados en programas de centroderecha y que permitan desarrollar políticas contenidas en el programa del PP, en línea con el acuerdo que se alcanzó en enero en Andalucía y llevó al conservador Juanma Moreno a la presidencia de la Junta.

12.10. El coordinador del PSOE para los pactos poselectorales, José Luis Ábalos, no se opone a la incorporación de miembros de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha dejado claro que esa posibilidad, de concretarse, no llegaría a ser una coalición de gobierno. En paralelo, la coportavoz del Consejo del Coordinación de Podemos, Noelia Vera, ha señalado que la formación no reconsiderará su posición en las negociaciones para un gobierno de coalición. [Ampliación]

12.07. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado este jueves que su partido hará acuerdos para "sacar el populismo" de Madrid y se ha comprometido con que Manuela Carmena "no siga siendo alcaldesa" de la capital. Así, ha insistido en que "no habrá acuerdos posibles" con el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, mientras no se distancie de las políticas de Pedro Sánchez y "asuma postulados de Ciudadanos".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. | EFE

11.24. El PP estudia permitir que la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, sea alcaldesa de Madrid a cambio de que la formación naranja les permita gobernar Murcia y Castilla y León, según ha informado El Periódico. 

11.21. La coportavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, ha señalado este jueves que el cofundador de la formación morada Íñigo Errejón "está en su derecho" si decide finalmente extender la marca de Más Madrid al resto de España y ha abogado por "escuchar y ver sus propuestas" porque eso es lo fundamental, "y no los liderazgos, los puestos o los sillones".

11.15. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado este jueves que su partido está "alejado" de Vox y que ni siquiera se va a sentar a negociar pactos con los de Santiago Abascal, por lo que ha rechazado de plano que vaya a haber acuerdos tripartitos en las comunidades y ayuntamientos. Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha rechazado sentarse a negociar con el partido de Santiago Abascal. "No nos vamos a sentar con Vox a negociar acuerdos de gobiernos. Ni entradas en el gobierno ni pactos de gobierno", ha recalcado.

11.09. La diputada y vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha avisado de que los planteamientos de Más Madrid "se distancian de la confianza de los votantes de Ciudadanos, que no votaron a 'Más Carmena" en las elecciones del 26 de mayo, y ha pedido responsabilidad para que la política de pactos no se convierta en un "mercadeo donde primen intereses particulares y se entre en un terreno de contradicciones".

11.07. El diputado de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que es "imposible" que su formación apoye un "pacto ajeno" de PP y Ciudadanos en el que no se respeten sus votos y ha avisado de que no habrá "ningún gobierno" de derechas en el que participe Cs apoyado por Vox "si antes no se firma un acuerdo". "La falta de respeto se ha acabado porque hemos aprendido que no es de fiar Ciudadanos, así que, o bien se sientan con nosotros y firman cara a cara un acuerdo en el que se llegue a un punto intermedio o no habrá ningún gobierno en ningún sitio de España en el que participe Ciudadanos apoyado por Vox", ha destacado en una entrevista en RNE.

10.40. El alcaldable del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, ha descartado este jueves encontrarse con ERC porque a su parecer subordina Barcelona al proceso soberanista, y ha esperado que su candidatura no pueda liderar el Ayuntamiento de Barcelona: "Queremos que la apisonadora del proceso no vuelva a Sant Jaume", en referencia al ayuntamiento de la capital catalana. Lo ha dicho en dos entrevistas en TVE y Telecinco recogidas por Europa Press, donde ha criticado a ERC por haber puesto las instituciones al servicio de la causa catalana "olvidando los problemas de la gente".

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni. | EFE

10.35. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, está "convencido" de que el socialista Luis Tudanca será el próximo presidente de Castilla y León porque, además de haber quedado primero en las autonómicas del domingo, el proyecto del PP en esa comunidad está "descompuesto" y adolece de una falta de liderazgo completo.

10.30. La alcaldesa en funciones y segunda en las elecciones municipales, Ada Colau, ha dicho que no es el momento de decidir alcalde, sino de sumar a las izquierdas: "No es el momento de decir quién será alcalde, ahora se debe buscar un acuerdo lo más amplio posible de fuerzas de izquierdas. Justo hemos empezado a hablar". Lo ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que también ha afirmado que no está recibiendo ningún tipo de presión para que el candidato de ERC y ganador de las elecciones, Ernest Maragall, no sea alcalde, aunque ha admitido que sí recibe opiniones de todo tipo: "Presiones no, pero recibo múltiples opiniones sobre la situación". Colau también ha defendido un pacto entre ERC, BComú y PSC: "Gobernamos juntos en el Área Metropolitana de Barcelona", y ha asegurado que en la reunión que mantuvo este miércoles con Maragall no exploraron la opción de que él sea alcalde, sino que solo hablaron de tejer consensos amplios de ciudad y emplazaron a sus equipos a negociar.

10.25. Sobre este asunto también habló Errejón en las entrevistas concedidas a eldiario.es y la Cadena Ser. Preguntado por la decisión de Valls, el cabeza de lista de Más Madrid ha dicho que entran nuevos "vientos" en la política y que su determinación "sitúa en un problema a la intransigencia de Cs, de Aguado y de Villacís, a los que retrata".

10.23. El líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, ha asegurado que ha ofrecido a la alcaldesa en funciones y segunda en los comicios, Ada Colau, los votos de los seis concejales que ha obtenido para preservar "el interés general de Barcelona, Cataluña y del resto del Estado", y ha dicho que no hay fisuras con Cs. "Entre dos males, debemos escoger. Y no queremos que Barcelona tenga un alcalde independentista", ha explicado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha insistido que su preferencia sería que el líder socialista en la ciudad, Jaume Collboni, fuera alcalde, pero ha recordado que no suman.

El líder BCN Canvi-Cs, Manuel Valls. | EFE

10.00. Sobre el caso del Ayuntamiento de Madrid y sobre si estarían dispuestos a apoyar a la cabeza de lista de Cs, Begoña Villacís, como alcaldesa, Errejón cree que su compañera de filas en el Consistorio, Manuela Carmena, debe seguir de regidora al ser la candidata "más votada" pero insiste en que no quiere aventurar ningún escenario sin antes sentarse hablar y que la decisión corresponde al grupo municipal de Más Madrid. A la oferta de negociación a la formación naranja, el candidato de Más Mádrid ha subrayado que ahora debe pronunciarse Ciudadanos sobre lo que quiere hacer. "Yo sospecho que lo tiene ya decidido", ha lanzado al recordar que en campaña electoral le preguntaron si estaría dispuesto a pactar con Vox y que desde la formación naranja siempre "dieron la callada por respuesta". 

09.40. Esta mañana, en otra entrevista en la Cadena Ser, ha agregado que desde su formación tratan "de hacer política útil". "Es una propuesta de sentarnos, una declaración de intenciones política. Yo haré todo lo que esté en mi mano para que el PP, enfangado en la corrupción, no esté al frente del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y que además se apoye a Vox, que quiere retroceder este país 50 años", ha afirmado Errejón. Ha insistido que desde su plataforma se plantean "sentarse a hablar" con PSOE y Cs para "explorar una alternativa".

09.30. El candidato de Más Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón,  espera poder sentarse a hablar con el PSOE y Ciudadanos "para explorar si hay alguna alternativa" a la derecha en la Comunidad de Madrid. "Ha habido conversaciones con el Partido Socialista, ha habido conversaciones cruzadas pero no directas con Ciudadanos y nosotros estamos tanteando la posibilidad de que pueda haber un acuerdo que tendrá que incluir Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid", desvela Íñigo Errejón en una entrevista en eldiario.es. "Creo que lo normal es que gobierne Manuela Carmena, que es la más votada y vamos a intentar llegar a acuerdos para eso", defiende. [Ampliación]

08.00. El Centro de Investigaciones Sociológicas presenta este jueves su barómetro de mayo, cuyo trabajo de campo se realizó justo después de las elecciones generales del 28 de abril y que incluye preguntas sobre las posibles coaliciones de gobierno. Con este estudio el centro demoscópico que preside José Félix Tezanos recupera la normalidad de sus barómetros mensuales, que se vio alterada con las citas electorales de abril y mayo.

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha asegurado que Vox no ha querido reformular su petición para conocer los nombres de las personas que trabajan en las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza, y el letrado de la Mesa de la Cámara le ha ofrecido una alternativa durante la reunión de dicho órgano para que no se vulnerara la Ley de Protección de Datos. Informa Europa Press.

Así lo ha indicado en rueda de prensa Bosquet después de que la Mesa del Parlamento haya rechazado este miércoles la propuesta de Vox y de que dicho grupo haya informado a los medios de que estaban dispuestos a reformular su propuesta, reclamando la experiencia laboral o el número de colegiado de dichos trabajadores en lugar del nombre y apellidos de los trabajadores, al objeto de conocer si estaban capacitados para ejercer dicha tarea.

La presidenta del Parlamento ha explicado que "no han admitido la corrección y podría haberse hecho sobre la marcha, pero debe existir la voluntad del proponente", y ha apuntado también que la propuesta de Vox no ha llegado a votarse por parte de los miembros de la Mesa porque no ha sido admitida a trámite al vulnerar la Ley de Protección de Datos, puesto que reclama "nombres y apellidos" de trabajadores.

A tenor de las declaraciones realizadas este miércoles por los miembros de Vox, Bosquet ha dicho que supone quereformulará la petición sobre estos trabajadores, que tendrá que volver a analizarse en una sesión posterior de la Mesa del Parlamento.

La comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid concluye en su informe, conocido este jueves, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su entorno crearon durante su mandato regional la Dirección General de Seguridad para hacer seguimientos a sus rivales políticos, informa Europa Press.

Según las propuestas de conclusiones elaboradas por los tres partidos de la oposición (PP, PSOE y Podemos), hubo seguimientos "demostrados" de varios asesores del Ejecutivo autonómico, exagentes de la Policía y la Guardia Civil, a varios políticos del PP. Los seguimientos se realizaron en un periodo previo a la celebración del Congreso Nacional del Partido Popular en Valencia, en un momento de rivalidad de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy por una parte, y de enfrentamiento no solapado entre Aguirre y el entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, también del PP, recuerdan.

"Las personas que fueron objeto de seguimiento comprobado estaban claramente posicionadas políticamente frente a Aguirre en el seno del PP, lo que induce a concluir que solamente podían tener en interés en conocer los movimientos o actividades de esas personas la propia Aguirre y su entorno más cercano", señalan. Para realizar estos seguimientos se necesitaba un dispositivo de seguridad del que la Comunidad de Madrid carecía "y para ello se creó la Dirección General de Seguridad y se incorporaron a ella los asesores de seguridad procedentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil", indica la investigación llevada a cabo por los diputados autonómicos.

Esa dirección fue ocupada por Sergio Gamón, que fue cesado tras conocerse el registro del Campus de la Justicia. Entonces, fue sustituido por Enrique Barón, "pero bien por su relación con Aguirre o bien por la necesidad de mantener un dispositivo que permitiera continuar con las actividades irregulares que se realizaban bajo su dirección, fue nombrado responsable de una nueva dirección de seguridad que se creó 'ad hoc' para él".

En ese sentido, la comisión anticorrupción apunta que entre los años 2008 y 2010 existieron y se mantuvieron con dinero público dos direcciones generales de seguridad en una comunidad autónoma "que no tiene ni tenía ninguna competencia en la materia". Aunque todos los asesores de seguridad que comparecieron en la comisión declararon que ellos no habían realizado estos seguimientos, "la negación fue en primera persona y es más que evidente que sí se produjeron ya que existen pruebas gráficas y conversaciones grabadas que lo corroboran", concluyen.

Y es que para los tres grupos de la oposición en la Asamblea "existió un mal uso de los fondos públicos por parte del Gobierno regional porque se realizaron seguimientos a personas que trabajaban en la Administración, empleando medios humanos y materiales pagados por la administración pública, con fines personales o partidistas y se utilizaron empleados públicos para hacer seguimientos a políticos como los señores Alfredo Prada, que fue consejero del Gobierno, y Manuel Cobo, concejal del Ayuntamiento de Ruiz Gallardón".

Las conclusiones de la comisión son tajantes al afirmar que para dichos seguimientos se utilizaron coches, teléfonos y ordenadores y realizaron partes de trabajo "de unos seguimientos que nada tenían que ver con la finalidad para la que fue concebida la Dirección General de Seguridad, según las informaciones oficiales". "Del hecho demostrado de la existencia de seguimientos y de las declaraciones efectuadas por asesores de seguridad que afirmaron que Sergio Gamón, siguiendo instrucciones de Ignacio González, les ordenó seguir a varios responsables políticos, se puede concluir que pudieron realizarse más seguimientos a cargos del Partido Popular o de otros partidos políticos", añaden.

Responsabilidades

Por todo ello, los parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos aseguran que la responsabilidad del Gobierno en este caso es más por acción que por omisión, ya que los hechos "se llevaron a cabo por asesores y cargos públicos nombrados a dedo por los responsables del Gobierno regional" y queda claro que desde la Presidencia y las Vicepresidencias "se hacía y deshacía (nombramientos, ceses, creación de supraestructura administrativa, etc.) al antojo de los intereses personales y partidistas y no del interés general".

En base a la investigación realizada por la comisión, establecen una responsabilidad política 'in vigilando' sobre Sergio Gamón, pues como director del Área de Seguridad "tuvo conductas omisivas en cuanto a sus quehaceres como jefe". Y también lo consideran responsable 'in eligendo', ya que fue "él quien fichó a los asesores procedentes de la Policía Nacional que dependían funcionalmente de la Dirección General y responsable 'in organizando' de "definir y repartir el trabajo entre sus subordinados y de una incorrecta organización de la actividad de su Dirección".

La comisión también culpa al consejero Francisco Granados como responsable 'in vigilando', ya que los asesores de seguridad que presuntamente realizaron los seguimientos empleando medios públicos para cometer acciones que no estaban dentro de los cometidos de la Dirección General de Seguridad ni de la Consejería dependían orgánicamente de él. Y responsable 'in eligendo' de la contratación de los asesores de seguridad procedentes de la Guardia Civil e 'in organizando' por "permitir, y presuntamente impulsar, conductas que se desviaban de la actividad de su área y de la legalidad", además de considerarle supuestamente también responsable de la contratación de detectives para hacer seguimientos a otros.

Además, la comisión considera al entonces presidente Ignacio González como responsable "in vigilando", ya que bajo su departamento "se realizaron los seguimientos a responsables políticos de su propio partido utilizando medios públicos para acometer acciones que no estaban dentro de los cometidos del Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Es responsable 'in eligendo' por ser él parte responsable de la contratación del director general y del subdirector general de seguridad, y responsable 'in organizando' por crear un dispositivo de seguridad en función de intereses partidistas y por permitir, y presuntamente impulsar, seguimientos y conductas que se desviaban de la actividad de su área y de la legalidad".

Por último, las conclusiones de la comisión anticorrupción apuntan a que la entonces presidenta autonómica Aguirre es, como creadora de la Dirección General de Seguridad, responsable 'in eligendo' del nombramiento de Sergio Gamón como director general y de encomendarle la labor de organizar una estructura para dar servicio a la Comunidad de Madrid. Y también responsable 'in vigilando' por "no haber detectado (voluntaria o involuntariamente) las irregularidades y actividades al margen de la legalidad que se pudieron realizar".

Carlos Rodríguez Sierra, que ha ejercido hasta ahora como abogado del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, así como letrado de la madre del 'Cuco', el joven implicado en el caso de Marta del Castillo, ha sido nombrado director general de la Oficina Judicial y Fiscal, según informa Europa Press.

El nombramiento de Rodríguez Sierra se incluye entre los doce que ha designado este martes el Consejo de Gobierno dentro de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local que dirige el vicepresidente del Ejecutivo andaluz y líder del partido naranja, Juan Marín.

Además de ejercer la defensa de Francisco Javier Guerrero en la causa de los ERE -excepto en la conocida como pieza política ya juzgada y a falta de sentencia-, Rodríguez Sierra ha sido letrado de la madre del joven conocido como el 'Cuco', condenado en 2011 a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento en relación al crimen de la joven hispalense Marta del Castillo, investigada por falso testimonio y condenada por el quebrantamiento de la orden de alejamiento que pesaba sobre el citado joven con respecto a la familia la joven sevillana.

El nombramiento de este letrado sevillano no ha estado exento de polémica. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha referido al mismo en el transcurso del debate que se está celebrando en el Congreso sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2019 cuando le ha echado en cara a Cs que haya optado por esta persona, preguntándole a Albert Rivera qué hubieran dicho si ese nombramiento hubiera corrido a cargo del anterior Gobierno socialista.

También el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, en un comentario en Twitter, ha tildado de "incomprensible" que "con los juristas de talento que tenemos en Andalucía, se elija al abogado del 'Cuco' y de narcotraficantes para alto cargo de Justicia en la Junta". Así, ha reclamado tanto al PP-A como a Cs "que se lo expliquen" al padre de Marta del Castillo.

Currículo de Rodríguez Sierra y más nombramientos

Nacido en 1957, Rodríguez Sierra es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogado especializado en Derecho Penal, ámbito en el que ha participado en numerosos procesos relacionados con la corrupción política e institucional, así como otros relacionados con delitos de salud pública y propiedad intelectual, informa la Junta en una nota. Abogado del turno de oficio general y de Penal Especial, también ha ejercido como letrado del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) y de distintas asociaciones como la Asociación de Comercio Ambulante o Asociación Villela del Polígono Sur. Así, tiene también una dilatada experiencia en el campo de la gerencia de empresas de comunicación y fue director del Grupo Recoletos en Andalucía, además de director comercial de la Cadena SER en Andalucía y director general de las publicaciones Sevilla Información y Economía y Empresas.

Asimismo, en la estructura de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local se ha nombrado como director general de Infraestructuras y Sistemas a Miguel Ángel Reyes Tejada; como director general de Justicia Juvenil, Cooperación y Mediación, al magistrado Francisco Ontiveros Rodríguez, y la nueva directora general de Políticas Migratorias será en adelante María del Mar Ahumada Sánchez.

Entre los delegados han sido designados por Almería, José Luis Delgado; por Cádiz, Miguel Rodríguez; por Córdoba, Purificación Joyera; por Granada, Elisa Isabel Fernández-Vivancos; por Jaén la portavoz provincial de Cs y miembro de la Ejecutiva Nacional, Raquel Morales; por Huelva, María Ángeles Muriel; por Málaga, Nuria Rodríguez; y por Sevilla, el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Diputación provincial, Javier Millán.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha nombrado este lunes al diputado por el PP en el Congreso por Ceuta Juan Bravo Baena como nuevo consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, en sustitución de Alberto García Valera, quien ha solicitado su baja como miembro del Gobierno por problemas de salud, según informa Europa Press.

García Valera tomó posesión del cargo el pasado 22 de enero dentro del Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs). Independiente y con experiencia en el Ministerio de Hacienda como director general de Tributos, García Valera era uno de los seis consejeros del nuevo Gobierno andaluz propuesto por parte del PP-A y tenía el encargo de empezar a elaborar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el presente ejercicio 2019. Según informa la Junta en un comunicado, la renuncia de García Valera se produce después de que el equipo médico que ha atendido al hasta ahora consejero por una dolencia cardíaca le haya prescrito que se mantenga en reposo absoluto, lo cual es "incompatible con la intensa labor que requiere el nuevo Gobierno andaluz en sus primeros cien días de andadura".

Juan Bravo Baena tomará posesión este martes

Por su parte, Bravo Baena tomará posesión del cargo este martes antes de la reunión del Consejo de Gobierno. El nuevo consejero, licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén, es un funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado que ha dedicado su vida profesional al sector público. Desde diciembre de 2015 ha sido diputado por Ceuta en el Congreso.

Experto en Derecho Tributario y lucha contra el fraude fiscal, tras superar varias oposiciones, ha trabajado desde el año 2001 en distintos departamentos de la Agencia Tributaria como técnico en la Unidad de Inspección y Delitos contra la Hacienda Pública, adjunto a la dependencia de recaudación de Córdoba o delegado de la Agencia. Se da la circunstancia de que asistió a la toma de posesión del propio García Valera, con quien guarda amistad tras coincidir en su etapa en la Agencia Tributaria.

Nacido en Palma de Mallorca en 1974 y casado, Bravo Baena tiene una especial vinculación con Jaén, ciudad a la que se trasladó a vivir en 1997 como jugador del equipo de División de Honor de fútbol sala Jaén Paraíso Interior. Allí cursó los estudios de Derecho, de Jaén son su mujer y sus tres hijos y allí ha vivido habitualmente hasta 2012, con diversos traslados por razones laborales que lo llevaron también a Córdoba, Granada, Madrid y Valencia.

García Valera dice que "su gestión será un éxito"

El consejero cesante, Alberto García Valera, ha destacado su "plena confianza en el éxito del futuro consejero de Hacienda, Industria y Energía", con quien coincidió en su etapa en la Agencia Tributaria, y ha valorado "la enorme motivación y preparación de los funcionarios de esta Consejería".

García Valera también ha querido mostrar su agradecimiento a Juanma Moreno, de quien ha destacado que "valoró mi perfil técnico e independiente y ha sido en todo momento muy respetuoso con las decisiones que he adoptado, tanto en la elección del futuro equipo de la Consejería como en aquellas líneas estratégicas que le he planteado para los próximos meses de Gobierno; estoy absolutamente convencido de que su gestión será un éxito, lo cual redundará en beneficio de todos los andaluces".

Por último, García Valera también ha mostrado su agradecimiento a todos los profesionales que se han embarcado en su equipo en estas últimas semanas, especialmente a su viceconsejero, Jorge Ramírez, que seguirán desempeñando el mismo cargo en la Consejería tras su relevo.